Visite nuestra página principal

Capítulo II: Argentina 1820-1853: una constelación de mini-Estados

 Como ya se señaló, uno de los mitos cruciales de la historiografía de las relaciones exteriores argentinas es que este país era un Estado reconocible desde su Independencia. Ya hemos argüido que en tanto un Estado se define por el monopolio de la fuerza legítima y la acuñación de moneda, las provincias argentinas no constituyeron un Estado hasta por lo menos la caída de Rosas. Más aún, lo que hoy llamamos República Argentina, que emergió de la amalgama entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, no nació hasta 1860, consolidándose sólo con la Guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 1870. Excepto en el nivel municipal (los cabildos), no hubo continuidad entre las instituciones virreinales y las del Estado argentino, que representan una entidad política y jurídica nueva, casi tan ajena al virreinato de Río de la Plata como puede serlo el Imperio Inca frente al Perú de hoy. Este hecho politológico genera algunas dificultades políticas: por ejemplo, que la República Argentina no es el Estado sucesor del virreinato (y por ende no posee derechos sucesorios en Uruguay, Bolivia, Paraguay, ni en las Malvinas).
    No obstante la claridad de estos conceptos, subsiste una suerte de sub-mito que es necesario desarticular para terminar de demostrar que la Argentina no fue un Estado hasta por lo menos 1852: el viejo cliché de que las relaciones exteriores de la Confederación estaban en manos del gobernador de Buenos Aires. Este es el argumento que con mayor fuerza intenta demostrar que, a pesar de la anarquía interna, existía un Estado argentino, al menos frente a los demás Estados.
   Esta es la leyenda con que historiadores mitómanos (pero políticamente funcionales a los intereses de un Estado incipiente e inseguro de sí mismo), intentaron demostrar que la República tenía un lugar inequívoco en el sistema interestatal de principios y mediados del siglo XIX. Y esta es la leyenda que, con toda saña e intención traviesa, intentaremos demoler en el presente capítulo. En él demostraremos cuán frecuentes fueron las excepciones a esta norma, y documentaremos algunas de las muchas instancias en que las provincias argentinas se comportaron como Estados auténticamente soberanos no sólo frente a las otras provincias-estados, sino también frente a Estados ajenos al ámbito "argentino". La delegación, por parte de las provincias soberanas, de las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires, no sólo estaba sujeta a una voluntaria renovación anual, sino que más allá de la retórica, tenía vigencia cuando le convenía a una provincia, y perdía su vigencia en cuanto dejaba de convenirle (siempre que su poder se lo permitiera). De hecho y de derecho, las provincias tenían poder de veto sobre el ejercicio de las relaciones exteriores de parte de Buenos Aires, y este poder de veto era en sí mismo una manifestación de las potestades soberanas provinciales.
    Por cierto, Córdoba tuvo incluso su propio ministro de Relaciones Exteriores, lo que no es novedad para los historiadores provinciales. ¿Pero quién subrayó jamás este hecho en el contexto de una discusión sobre las relaciones exteriores argentinas? Nadie osó jamás vincular las dos discusiones, la de las historias provinciales con la de la historia de las relaciones internacionales argentinas, porque eso hubiera sido "poco patriótico". De tal modo, los intelectuales abdicaron de su papel inquisidor y se convirtieron en serviles cultores del poder y de dogmas sin fundamento. Y el país perdió estatura intelectual y se subdesarrolló mentalmente. No obstante, que estos capítulos se escriban es señal de que no todo está perdido para la inteligencia argentina.

Ir a página anterior Home Ir a página siguiente

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.