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Mientras la "verdadera" competencia por el sur se desarrollaba por estos canales políticos y militares, un intenso y erudito debate tuvo lugar entre argentinos y chilenos respecto de los títulos históricos a los territorios del sur. Aunque este debate probablemente haya tenido muy poco que ver con el desenlace del proceso de negociación, se percibió como su mismísimo centro, y ha modelado las actitudes hacia asuntos territoriales de generaciones enteras de argentinos y chilenos. Los dos actores principales fueron Vicente G. Quesada del lado argentino y Miguel Luis Amunátegui del lado chileno. Ambos se esforzaron por demostrar sobre la base de documentos de la Corona española que toda la región, incluyendo ambas costas, correspondía a la jurisdicción legal de sus respectivos Estados. Para desarrollar estos argumentos debieron recurrir a todo tipo de falacias. Su objetivo era demostrar que la intención de la Corona española había sido incluir a esos territorios en sus respectivas jurisdicciones, porque había un acuerdo previo respecto de que cada república sería heredera de los dominios que le habían sido adjudicados a cada jurisdicción colonial (1).
    Este acuerdo, conocido como el uti possidetis juris, era bastante razonable respecto de aquellas tierras que habían sido bien exploradas y en alguna medida ocupadas. Con respecto a aquellas tierras que jamás habían estado bajo el control efectivo de conquistador alguno, sin embargo, el acuerdo no era aplicable porque, al menos en el caso de los territorios del sur, los títulos históricos eran completamente contradictorios y superpuestos (2). Que éste hubiera sido el caso era previsible. El Rey español tenía el interés de asegurarse contra las pretensiones de otras potencias. Para hacerlo debía alentar a sucesivos conquistadores a explorar la región. Pero el sur era tan poco atractivo que no sólo no se asentó allí conquistador alguno sino que tampoco lo hicieron otras potencias. Incentivos sucesivos se dieron a conquistadores sucesivos sin resultado alguno. Un estudio objetivo de las capitulaciones y cédulas reales muestra claramente la existencia de superposiciones y contradicciones. Las jurisdicciones otorgadas eran enormes, especialmente al principio; el territorio realmente explorado y ocupado era una porción muy pequeña de la jurisdicción teórica total. Una jurisdicción teórica grande, sin embargo, daba al conquistador amplia libertad de moverse y elegir la tierra en que debería establecerse y fundar sus ciudades. El monarca buscaba asegurar sus derechos expandiendo la conquista efectiva del territorio a través de una práctica administrativa que jamás pretendió establecer los derechos soberanos de nadie sino de sí mismo. En el caso de territorios sin ocupar que se encontraban entre territorios ocupados, la Corona con frecuencia transfería jurisdicciones cuando creía que al hacerlo se servirían mejor los intereses de la conquista. También por motivos administrativos, territorios ocupados se transferían frecuentemente de una jurisdicción a otra (3). Esto generalmente se hacía de manera prolija, sin contradicciones, para evitar conflictos entre conquistadores, gobernadores o virreyes. Pero en el caso de territorios remotos y sin ocupación no se tomaban estos recaudos, y superposiciones jurisdiccionales contradictorias sin una anulación válida de títulos anteriores fueron la regla más que una excepción (4).
    Sin embargo, Quesada y Amunátegui estructuraron sus argumentos como si el supuesto deseo de la Corona fuese un absoluto y como si una contradicción fuese impensable. Al hacer esto, ambos incurrieron en falacias y ambos hicieron trampa. Los trucos de Quesada fueron quizás menos sutiles que los de Amunátegui, pero los argumentos de éste no eran en la instancia final mucho mejores que los de Quesada (5). Para el argentino, la mayor dificultad surgía del hecho embarazoso de que la Real Cédula del 1º de agosto de 1776, que fundara el Virreinato del Río de la Plata, no hace ni la más mínima mención de los territorios del sur al definir las fronteras del nuevo virreinato. Quesada argüía en forma poco convincente que no se mencionaban porque se daba por sabido que pertenecían a Buenos Aires. A su vez, Amunátegui argüía en forma igualmente poco convincente que los derechos chilenos se rastreaban a través de varias cédulas reales, algunas de las cuales habían sido perdidas, a los dominios otorgados a Simón de Alcazaba en el sur el 21 de mayo de 1534. Este argumento tropezaba con dificultades debido a que mucho después de esa fecha continuaba la superposición de jurisdicciones otorgadas a conquistadores del Río de la Plata, y a que las capitulaciones del Rey con Alcazaba no le concedían tierras sobre el Atlántico, como pretendía Amunátegui, sino que sólo lo autorizaban a desembarcar allí, agregando que quizás se le concedieran esas tierras eventualmente. El punto muy fuerte que el chileno tenía a su favor era que en 1775, es decir un año antes de la fundación del Virreinato, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, el geógrafo de la Corona española, había publicado un mapa (reproducido al final de este capítulo como Mapa 16 y 16 bis) mostrando los territorios del sur como chilenos. Por otra parte, el punto fuerte del argentino era que con posterioridad a la creación del Virreinato la mayor parte de las expediciones a la costa patagónica se pusieron a cargo de Buenos Aires (6). Este hecho se compagina bien con una línea de pensamiento más realista. Es muy probable que cualesquiera hayan sido los títulos previos, el establecimiento de Buenos Aires como capital virreinal eventualmente hubiera conducido a poner bajo su jurisdicción a la Patagonia al oriente de los Andes, por razones prácticas de esencia administrativa: era más fácil ordenar expediciones por mar desde allí que desde parte alguna del territorio chileno ocupado, que estaba más lejos. La misma línea de razonamiento, sin embargo, conduce a la conclusión de que la costa sur del Pacífico nunca hubiera sido puesta bajo la jurisdicción de Buenos Aires. Esta hipótesis está apoyada por el mapa presentado al Rey por el Secretario de Marina de la Corona española, Juan de Langara, en 1798 (Mapa 17), el que a lo largo de la costa sur del Pacífico dice "Reyno de Chile", mientras a lo largo de las costas del Atlántico Sur dice "Costas Patagónicas" en letras de un mismo tipo e importancia. No traza límites, ya que no es una mapa jurisdiccional sino de las costas, y está mucho más cerca de la posición chilena que de la argentina ya que para nada menciona al Virreinato, ni siquiera en territorios del sur de la actual Provincia de Buenos Aires que el mapa abarca, pero el hecho de que las palabras "Costas Patagónicas" se contrapongan geográficamente a las palabras "Reyno de Chile" y tengan la misma importancia quizás pueda considerarse significativo. Esta conjetura se basa en el hecho que después de la creación del Virreinato, razones prácticas hacían poco convincente la inclusión de la Patagonia oriental en la jurisdicción chilena. De todas maneras, ningún documento real había sido emitido cuando se generó la crisis de la Independencia a partir de 1810. Si los chilenos tenían una ventaja pequeña en el contradictorio conjunto de documentos reales disponible, la perdieron cuando en sus primeras cuatro constituciones definieron su propio territorio como limitado por los Andes hasta el Cabo de Hornos, demostrando, como se dijo, que su propia percepción de sus límites legales no incluía territorios sureños al este de los Andes, hasta que un poderío incrementado les permitió aspirar a más.
    Por otra parte, la pretensión argentina de que la costa sur del Pacífico cayese en jurisdicción del Río de la Plata carece por completo de fundamento. Aunque cédulas reales tempranas otorgan jurisdicción a los conquistadores del Río de la Plata en lo que es ahora Chile central, no es posible llegar honestamente a la conclusión de que esa costa era del Virreinato si se somete el conjunto de la documentación disponible a un análisis objetivo. Sopesando todos los factores, puede decirse que los límites fijadas por el Tratado de 1881 se acercan a los que la Corona española hubiera fijado eventualmente, aunque la idea misma de intentar deducir lo que el Rey teóricamente deseaba a partir de una masa contradictoria de documentos, y después de la experiencia subversiva de la guerra de la Independencia, tenga poco sentido (7).
    Como ya se dijo, el debate entre Amunátegui y Quesada estuvo plagado de trampas y falacias por parte de ambos. Un comentario aparte, sin embargo, merece la maniobra más burda de Quesada, quien llegó al extremo de viajar a Sevilla para traer consigo una copia adulterada de las capitulaciones del Rey con Pedro de Mendoza, que en lugar de decir que se le adjudicaban a Mendoza doscientas leguas de tierra por la Mar del Sur (el Pacífico) hacia el Estrecho de Magallanes, decía que la concesión era hasta el mencionado estrecho. Para comprender el significado de esta trampa se debe tener en cuenta que el Rey firmó tres capitulaciones en un mismo día, el 21 de mayo de 1534, con Diego de Almagro, Pedro de Mendoza y Simón de Alcazaba, concediéndoles doscientas leguas por la Mar del Sur a cada uno, hacia el Estrecho de Magallanes. La jurisdicción de Almagro se hallaba al norte de los otros dos y al sur de la de Pizarro. La de Mendoza seguía a continuación de la de Almagro, y la de Alcazaba comenzaba donde terminaba la de Mendoza. En las tres capitulaciones se usó la palabra hacia, indicando la dirección en que habrían de contarse las doscientas leguas desde el límite norte de cada jurisdicción. Ahora bien, como los títulos argentinos se originaban en la capitulación de Mendoza, y los chilenos en la de Almagro y (supuestamente) también en la de Alcazaba, Vicente G. Quesada pretendió borrar de la historia a Alcazaba y suponer que la concesión de Mendoza llegaba hasta el estrecho de Magallanes, agenciándose una copia adulterada de la capitulación para "demostrar" su punto.
    El fraude de Quesada era sumamente grosero ya que era fácil de desmentir. Por otra parte, si bien el Rey se contradecía con frecuencia en adjudicaciones territoriales, no iba a contradecirse el mismo día, adjudicándole a Alcazaba parte de lo que le adjudicaba a Mendoza. La trampa es tan burda que parece claro que con ella Quesada no buscó tanto convencer intelectualmente a sus adversarios, como adoctrinar a sus compatriotas preparándolos para una guerra posible.
    Naturalmente que uno también puede ir a Sevilla, siguiendo las pisadas de Quesada en el Archivo General de Indias. El original de la capitulación puede consultarse en el Indiferente General 415; la letra y la ortografía son, como es dable esperar, arcaicas. "Hacia" se escribe con z y basta trazar una corta raya para transformar el "hacia" en un "hasta" moderno (ver ilustración). Cualquiera que lea unas pocas páginas del Indiferente, sin embargo, se da cuenta rápidamente de la diferencia entre "hasta" y "hacia", ya que ambos términos aparecen muchas veces y la escritura de "hasta" no presenta ninguna rareza. No hay pues dudas para una persona honesta respecto del hecho de que el Rey le concedió a Mendoza doscientas leguas hacia y no hasta el Estrecho de Magallanes.
    Como se dijo anteriormente, las falacias de Amunátegui fueron más sutiles pero no más honestas. Rehusaba reconocer, por ejemplo, que la jurisdicción de Mendoza sobre el Atlántico no está claramente establecida en su capitulación y que las doscientas leguas se aplican al Pacífico pero no al Atlántico. Esto se enlaza con el hecho ya mencionado de que pretende que la capitulación de Alcazaba le otorga jurisdicción en el Atlántico, cuando la letra de la misma se refiere sólo a derechos de exploración. A Amunátegui le convenía forzar las letras de ambos documentos: olvidar la ambigüedad de la jurisdicción atlántica de Mendoza limitándola a doscientas leguas, y hacer de cuentas que la referencia que hace el Rey de derechos de exploración de Alcazaba en el Atlántico y su mención de la posibilidad de que eventualmente le adjudique esas tierras si resultaba conveniente para la Corona, implicaba ya de por sí una concesión. La concesión nunca llegó a concretarse, en parte al menos porque la expedición de Alcazaba terminó en fracaso rotundo: se trata de un típico caso de incentivo que no funcionó. Extrapolaciones y falacias de este tipo abundan en los argumentos de ambos Quesada y Amunátegui y contribuyeron a la construcción de mitos contrapuestos en la cultura política argentina y chilena, que tuvieron una profunda repercusión política y económica.

  1. El debate se desarrolló lentamente, después de la ocupación del Estrecho de Magallanes con el establecimiento de Fuerte Bulnes por parte de Chile el 21 de setiembre de 1843. La protesta argentina se presentó el 15 de diciembre de 1847. La primera presentación del caso argentino fue quizás la de Pedro de Angelis, Memoria Histórica sobre los derechos de soberanía y dominio de la Confederación Argentina a la parte austral del continente americano comprendida entre las costas del Atlántico y la gran Cordillera de los Andes desde la boca del Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos incluso la Isla de los Estados, la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes en toda su extensión, Buenos Aires, 1852. Esto fue refutado por Miguel Luis Amunátegui, Títulos de la República de Chile a la soberanía y dominio de la extremidad austral del continente americano, Santiago, 1853. Amunátegui fue a su vez refutado por Dalmacio Vélez Sarsfield, Discusión de los títulos del gobierno de Chile a las tierras del Estrecho de Magallanes, Buenos Aires, 1854. Esto a su vez motivó una nueva publicación de Amunátegui, un panfleto producido en Santiago en 1855. Como consecuencia de ello dos obras se publicaron en Buenos Aires, una por Manuel Ricardo Trelles, Cuestión de Límites entre la República Argentina y el Gobierno de Chile, 1865, y una por Vicente G. Quesada, La Patagonia y las tierras australes del continente americano, 1875. Trelles también publicó sus puntos de vista en "La República Argentina y Chile", La Nación, 3 de abril de 1874. Estos escritos argentinos motivaron una nueva respuesta de Amunátegui, la cual fue quizás la obra más importante y seria de este debate, Cuestión de Límites entre Chile y la República Argentina, Santiago, 1879. Finalmente, la obra de Amunátegui llevó a Quesada a publicar su "Historia Colonial Argentina" en sucesivos números de la Nueva Revista de Buenos Aires durante 1884 y 1885, eso es, después de la firma del tratado de límites de 1881.

  2. Pedro de Valdivia fue confirmado Gobernador de Chile por el Rey el 31 de mayo de 1552. Sin embargo, en 1569 el Rey aún nombraba a sus adelantados en el Río de la Plata como herederos al título de Pedro de Mendoza, que decía que éste tenía jurisdicción sobre Chile central, al otorgarle doscientas leguas por la Mar del Sur, al sur de la jurisdicción de Diego de Almagro. Valga esto como un ejemplo sumamente significativo de las múltiples contradicciones de la Corona en este sentido. Se trataba de una contradicción sin consecuencias prácticas, ya que nada estaba más lejos del poder real de aquellos adelantados que la región donde gobernaba Pedro de Valdivia.

  3. Como ejemplos de territorios sin ocupar que se encontraban entre territorios ocupados y que se transfirieron de una a otra jurisdicción, tómese el caso del Paposo, en el Desierto de Atacama. Debido a las ambiciones de un sacerdote que quiso establecer allí una parroquia, el 3 de junio de 1801 y el 26 de junio de 1803 se le ordenó al Gobernador de Chile que realizara allí importantes inversiones. Las órdenes no fueron obedecidas y por ello el territorio se transfirió a la jurisdicción de Lima, para mortificación del virrey, quien se quejó a la Corte el 8 de marzo de 1804. A veces lo que un gobernador o virrey menos quería era la incorporación de territorios sin recursos a su jurisdicción. Por otra parte, el caso fue muy diferente respecto de jurisdicciones atractivas. Tómese por ejemplo el caso de Arica, bajo la jurisdicción de Lima pero ambicionada por Charcas, que presionó a la Corte para que le fuera transferida, produciéndose así una situación ambigua cuando, por Real Cédula del 22 de junio de 1593, se ordenó que Arica continuara bajo la jurisdicción de Lima pero que su corregidor aceptase los mandatos de la Real Audiencia de Charcas. Véase J. Vial Solar, Los Tratados de Chile, Vol. 1.

  4. No es necesario llegar tan lejos como la Patagonia para encontrarse con estas contradicciones. Tómese, por ejemplo, el caso del desierto de Atacama. Según la real cédula del 20 de noviembre de 1542, la Audiencia de Lima limitaba con Chile por el Pacífico. La real cédula del 26 de mayo de 1573, por otra parte, establecía una jurisdicción territorial mayor para la Audiencia de Charcas, concediéndole tierras sobre la costa del Pacífico entre las jurisdicciones de Lima y Santiago, en la región de Atacama. Esta medida nunca fue anulada. Sin embargo, en 1801 el Paposo era tratado como si correspondiera a la jurisdicción de Santiago y en 1803 fue transferido a Lima, como se dijo en la nota previa. No es sorprendente que chilenos y peruanos interpreten la real cédula de 1573 como un error, mientras los bolivianos la usan como prueba de la legitimidad de su ocupación de Atacama en el siglo diecinueve, antes de que la Guerra del Pacífico nuevamente los privara de esa región. La verdad parece ser simplemente que era una jurisdicción teórica que no interesaba a los conquistadores y administradores posteriores, que preferían no cargar con el peso de las inversiones que requería. En tales casos, la Corona podía omitir esfuerzos por ser coherente en la concesión de jurisdicciones. La fuente para las cédulas reales es Vial Solar, op.cit.

  5. Ejemplos de trampas y falacias se presentarán más adelante en el texto.

  6. El mapa de Cano y Olmedilla puede consultarse en el Archivo General de Indias de Sevilla, en los archivos del gobierno británico de Kew Gardens, Londres, y en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, entre otros sitios. Se titula "Mapa Geográfico de la América Meridional dispuesto y gravado por don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Geógrafo Pensionado de S.M." Como se observa en la reproducción ofrecida en el Capítulo 1, divide al "Reyno de Chile" en "Chili Antiguo" por el norte y "Chile Moderno" por el sur. Incluye una leyenda que dice "Chile Moderno, que los geógrafos antiguos llamaron Tierra Magallánica, de los Patagones y los Césares, tan celebrados del vulgo cuando no hai en estos países naciones más crecidas que los Aucas, Puelches, Toelches y Serranos, de quienes demanan otras parcialidades que tratan con los Españoles". Este mapa anula la hipótesis de que la Patagonia pudiera corresponder a la jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires. A partir del mismo, se podía argüir que la Patagonía pasó al Virreinato porque era parte de Cuyo (pretensión harto difícil de demostrar), que a su vez se transfirió de Chile al Río de la Plata en virtud de la cédula real de creación del Virreinato, pero nunca que la ausencia de una mención de estas tierras en esa real cédula se debió a que se daba por sentado que era parte de Buenos Aires. La comprobación de medidas administrativas que ordenaban expediciones a la Patagonia desde Buenos Aires es evidencia mucho menos fuerte que el mapa. No es extraño que por razones prácticas las expediciones a la costa se ordenaran desde Buenos Aires mientras las expediciones al Neuquén se ordenaran desde Santiago. Naturalmente, es probable que por esas mismas razones prácticas la Patagonia al este de los Andes hubiera pasado eventualmente a la jurisdicción del Virreinato, pero esto nunca llegó a concretarse oficialmente, quizá porque la crisis napoleónica destruyó al Imperio antes de tiempo. El punto no es que la Patagonia debió haber sido chilena, sino que el uti possidetis juris es inaplicable para territorios que no estaban conquistados, que eran remotos y prácticamente desconocidos, y que no eran españoles sino indígenas (más allá de las pretensiones de la Corona española, muy comprensibles en el contexto de la competencia inter-imperial de la época).

  7. El mapa de Juan de Langara puede consultarse en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Está encuadernado junto con el de Cano y Olmedilla en un volumen titulado "Los Dominios Españoles en América". El mapa se titula "Carta Esférica de las Costas de la América Meridional desde el Paralelo de 36º3 de Latitud S. hasta el Cabo de Hornos levantada de orden del Rey en 1789, 90, 94 y 95 por varios oficiales de su Real Armada. Presentada a S.M. por mano del Exmo. Sr. Dn. Juan de Langara, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, año de 1798".

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