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En primer lugar, conviene hacer mención de la situación de la economía argentina en el período en consideración y la incidencia de las relaciones económicas con Gran Bretaña sobre su evolución y sobre el comercio exterior, para luego abordar las razones de la crisis económica de 1890 y sus repercusiones. 
   
En cuanto a la situación económica al comienzo del período cabe destacar que, pesar de que durante la década de 1880 se dio una notable expansión de los factores de producción, tierra, trabajo y capital en el marco de  la estabilidad política lograda tras la asunción de Julio Argentino Roca al poder, estos años de expansión inicial no tuvieron aún como factor dinámico a las exportaciones agropecuarias. Más bien, en esta década, un enorme flujo de inversiones precedió a la expansión de las exportaciones que se registró en las décadas posteriores.
   
Esta tendencia fue producto de la necesidad de los inversores y agentes económicos británicos de colocar sus enormes recursos financieros en áreas no sujetas a la competencia de otros capitales no británicos, la existencia de altas tasas de rentabilidad para las inversiones británicas en la Argentina (entre el 10% y el 15% de dividendos en algunos años) y la confianza de los inversores y agentes económicos británicos en las posibilidades exportadoras de la economía argentina.
   
Ahora bien, las inversiones británicas en la Argentina impulsaron el desarrollo de la infraestructura básica sobre la cual tuvo lugar la expansión comercial de las décadas posteriores. (1) Este torrente inversor estimuló a largo plazo el desarrollo del comercio exterior. A corto plazo, el peso de las inversiones como componente de las importaciones argentinas superó en importancia al crecimiento de las exportaciones durante la década de 1880, dando como resultado permanentes saldos negativos en la balanza comercial, cada vez mayores hasta el estallido de la crisis de Baring en 1890. La creciente importación argentina de productos británicos como hierro, acero, materiales para ferrocarriles, cercos de alambre, máquinas trilladoras y arados de acero, inducida por las inversiones inglesas, creció con más rapidez que las exportaciones argentinas, generando una crisis de 1884 a 1886, prolegómeno de la crisis de 1890.  
    De modo que en la década de 1880 Gran Bretaña fue la principal abastecedora de las importaciones argentinas, las cuales, como ya se ha dicho, crecieron más rápidamente que las exportaciones. Según los datos provistos por el Anuario del Comercio Exterior, mientras en 1881 la Argentina exportó al Reino Unido por valor de 3,9 millones de pesos oro e importó de dicho país por 16 millones de pesos oro, en 1890 las exportaciones argentinas con destino al Reino Unido, de 19,3 millones de pesos oro, fueron claramente superadas por las importaciones de origen británico, cuyo valor fue de 57,8 millones de pesos oro. Estas últimas representaron en promedio, durante esa década, el 34,7% del total, con una variación de entre 28,8% en 1881 y 40,6% en 1890. Por su parte, las exportaciones argentinas con ese destino representaron en promedio el 12,9% del total, fluctuando entre 6,7% en 1881 y 19,1% en 1890.
   
El valor de las exportaciones argentinas a Gran Bretaña en ese período fue superior al de décadas anteriores, pero siempre inferior al de las importaciones de ese origen. La composición de esas exportaciones fue cambiando progresivamente, pasando de los productos tradicionales como cueros, lana, y sebo a otros nuevos como trigo, maíz, lino y carne de cordero congelada. (2) 
   
Dentro del conjunto de exportaciones argentinas, sobresalen las de origen agropecuario, ya que  en la década de 1880 los cereales se transformaron en una de las principales exportaciones argentinas. La extensión de los ferrocarriles, la Conquista del Desierto y la inmigración masiva fueron los factores que contribuyeron a que esto sucediera. De una exportación anual promedio de menos de 20 toneladas de granos en 1875-79 se pasó a más de 400 toneladas en 1885-89. (3)
 
    En las exportaciones ganaderas los productos tradicionales como lana, tasajo y cueros todavía persistieron, aunque los dos últimos comenzaron a revelar signos de estancamiento. Asimismo, cobró importancia la exportación  a Europa de ganado en pie. Y en esta década se acentuó el proceso de "desmerinización" del ganado lanar. El merino fue reemplazado por la raza Lincoln, de mejor carne y lana más acorde con las exigencias del mercado europeo. Este cambio permitió la producción de carne ovina congelada para la exportación, de mayor calidad entonces que la carne bovina, que la industria frigorífica comenzó a producir sólo en los últimos años de la década. Entre 1885 y 1889 se exportó un promedio anual de 11.000 toneladas de carne ovina congelada, que en los cinco años representaron más de 4 millones de pesos oro. (4)
   
Estas tendencias del comercio exterior hicieron que en la década de 1880 comenzara a desarrollarse lentamente la industria frigorífica, la cual alcanzaría su plenitud sólo después de 1900, con la producción de carne refrigerada. La lentitud de este proceso de expansión queda de manifiesto en las cifras de exportación de carnes: a fines de la década de 1880 el tasajo todavía representaba el 48% del valor total de exportación de carnes preparadas y en vivo; los vacunos en pie, 28%, y las carnes congeladas, apenas 19%. (5)
   
Esta evolución fue posible ya que a fines de la década de 1870 se habían introducido dos nuevos métodos de congelamiento de la carne: el método Carré Julien, de congelamiento a -30º C y el método Tellier, de enfriado a 0º C.  El primer método, que permitía un mayor tiempo de conservación de la carne, prevaleció debido a las limitaciones técnicas del momento. Fue aplicado por los británicos en primer lugar en Australia (1880) y luego en la Argentina. Los frigoríficos británicos que se instalaron en el Río de la Plata se especializaron, por lo tanto, en la exportación de carne congelada o frozen beef. A diferencia de los británicos, los norteamericanos -que irrumpieron en la industria frigorífica a partir de 1907 con la adquisición de la gigantesca planta de La Plata Cold Storage por Swift & Company-, utilizaron el segundo método, de enfriado de las carnes, más perecedero que el congelado -duraba sólo 40 días-, pero que preservaba mejor el sabor de la carne. Los frigoríficos norteamericanos se especializaron entonces en la exportación de carne enfriada o chilled beef.
   
El gobierno argentino, percibiendo el potencial de la industria, aprobó una serie de leyes para favorecerla. La Ley 1.308, aprobada en 1883, eliminó los derechos de exportación de la carne por diez años. La Ley 2.234, sancionada en 1887, garantizó un subsidio anual al comercio de exportación de ganado y carne. Además, en 1888 se decretó la exención de impuestos sobre los materiales de embalaje importados necesarios para los frigoríficos. Por último, la Ley 2.402 fijó una garantía del 5% sobre el capital que fuera invertido en la industria de la carne durante diez años. En general, todas estas leyes tenían por objeto atraer inversiones que promovieran la exportación de carne.  
    Esta invitación del gobierno argentino fue por cierto respondida por los inversores locales y extranjeros. El primer frigorífico del país, The River Plate Fresh Meat Company, fue fundado en Campana, en 1882, por el británico George Drabble. Ese mismo año, un frigorífico fue abierto en San Nicolás por la familia argentina Terrason. Este último establecimiento, que se dedicó a producir carne ovina congelada, operó entre 1883 y 1898. En 1885, un grupo de ganaderos argentinos formó una cooperativa de productores llamada "La Congeladora Argentina", con el objeto de producir carne congelada.
   
La presencia argentina más importante en la industria de exportación de carne fue la de La Negra Compañía Sansinena de Carnes Congeladas, creada por la conversión de la grasería de Gastón Sansinena en un frigorífico, que comenzó a exportar carne de carnero congelada en 1885. Otros emprendimientos locales fueron los frigoríficos La Blanca y el Frigorífico Argentino. Las empresas locales, sin embargo, por su débil capitalización, no pudieron resistir la competencia extranjera. (6)  
    Otra transformación sustantiva de la economía argentina durante la década de 1880 fue la aparición de amplias compañías de capital compartido (joint-stock companies), como fruto del uso generalizado del servicio de correos a través de barcos de vapor, del cable submarino y de mejoras en los medios de comunicación internos. Cabe recordar que ya durante la década anterior los servicios postales interior y exterior habían mejorado, logrando incrementar las comunicaciones entre Europa y la Argentina e incluso un cable financiado por el capital británico había sido colocado entre la Argentina y Europa, proveyendo un medio aún más rápido de comunicación hacia julio de 1876.  Además, el 1º de abril de 1878 la Oficina Postal de la República Argentina se había incorporado a la Unión Postal Universal.
   
Estas mejoras, a la vez que hicieron posible las operaciones de estas compañías de capital compartido, implicaron también el ocaso de las tradicionales casas de importación y exportación. Las últimas, que fueron un rasgo característico de la economía argentina desde 1810, se volvieron improductivas durante la década de 1880. (7)  
    A partir de ese momento, las casas mercantiles de exportación-importación británicas cedieron rápidamente terreno a las compañías de capital compartido del Reino Unido y de los competidores europeos. Las casas italianas y alemanas, sostenidas por amplios mercados de inmigrantes, ofrecían en forma lucrativa bienes de inferior calidad y más baratos que los de las casas británicas. Estas últimas, satisfechas con las oportunidades abiertas en períodos anteriores, estaban más de acuerdo con la industria británica de principios del siglo XIX. El desarrollo industrial que tuvo lugar con posterioridad, basado en la industria pesada, la construcción de barcos y el transporte no tenía relevancia para las casas comerciales acostumbradas al manejo de bienes de algodón. El colapso de las casas mercantiles británicas contribuyó a la declinación relativa del comercio británico en el cierre del siglo XIX a pesar de la masiva corriente de capital británico que, al amparo de la estabilidad económica y política argentina, se hizo presente en este período. (8)
   
En cuanto a las inversiones extranjeras, cabe destacar que durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las mismas, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos. 
    Esas inversiones se diferenciaban de las anteriores por el monto, el origen, la incidencia de la garantía estatal y el carácter de los grupos inversores. El monto de dichas inversiones extranjeras en 1891 fue casi nueve veces mayor que el de 1875, y las mismas empezaron a mostrar alguna diversificación, pues durante la década de 1880  comenzó a fluir capital de otros países europeos, especialmente de Francia, Alemania y Bélgica. La garantía estatal disminuyó -antes de 1880 más de la mitad de las inversiones extranjeras contaba con ella-, en tanto durante el gobierno de Juárez Celman sólo la tuvo el 25% del total invertido.
   
Si bien la participación de intereses ligados al comercio británico en el Río de la Plata y a miembros de la comunidad británica residente en la Argentina (e.g., Armstrong, Lumb, Fair, Drabble, etc.) decayó en la década de 1880, las inversiones británicas representaron dos terceras partes del total de inversiones extranjeras en esos años.
   
Más aun, las inversiones de capital británico crecieron en la década de 1880 a un ritmo mucho mayor que en las décadas precedentes, pasando de poco más de 20 millones de libras en 1880 a 157 millones de libras en 1890. (9) En 1880 la Argentina había ocupado el cuarto lugar entre las inversiones británicas en América Latina, pero en 1890 ya ocupaba el primer lugar, puesto que mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Por entonces, la Argentina había absorbido entre el 40 y el 50% de todas las inversiones británicas fuera del Reino Unido. (10)  
    Del total de las inversiones británicas en la Argentina, Alec George Ford estima que entre 1885 y 1890 el 35% correspondía a préstamos al gobierno (nacional o provinciales), 32% a ferrocarriles y un 24% a las cédulas hipotecarias. Después de la crisis de 1890 declinaron los préstamos al sector gubernamental, pero los ferrocarriles y las compañías de tierras mantuvieron su posición y se incrementaron las inversiones británicas en bancos y frigoríficos. A su vez, Donald Easum calcula que hacia el año 1890 el 39% correspondía a ferrocarriles, 30% a empréstitos gubernamentales, 14% a cédulas hipotecarias, 7% a servicios públicos urbanos, 5% a bancos y 3% a compañías de tierra. (11)  
    Durante el gobierno de Miguel Juárez Celman hubo una fiebre inversora británica en ferrocarriles. Del total invertido por los británicos en la Argentina en ese lapso, entre 65% y 70% se destinó a financiar en forma directa o indirectamente a los ferrocarriles, a través de empréstitos al gobierno argentino. Esta tendencia fue alentada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que se desprendieron de los ferrocarriles que controlaban. Como resultado, mientras que en 1880 el gobierno nacional y algunos gobiernos de provincias administraban el 50% de los ferrocarriles en explotación, hacia final de la década sólo retenían el 20%, debido a la adjudicación de nuevas líneas férreas a compañías extranjeras y la venta de muchas de las operadas por los gobiernos provinciales. El Ferrocarril Oeste, por ejemplo, hasta entonces propiedad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue vendido a una compañía británica.  
    En consecuencia, la red ferroviaria se expandió de 2.516 km. en 1880 a 9.432 en 1890 y 16.563 en 1900. El capital británico jugó un rol crucial en esta expansión. Easum, quien calcula el total de las inversiones británicas en la Argentina en 1890 en alrededor de 175 millones de libras, considera que en ese año la inversión británica en ferrocarriles alcanzaba 67,5 millones de libras -cerca del 40% del total del capital británico invertido en la Argentina- mientras que veinte años más tarde la misma era de 166,3 millones de libras y equivalía al 57% del total. Zalduendo, por su parte, estima que las inversiones británicas en ferrocarriles argentinos se elevaban a 9,5 millones de libras en 1880 y ascendían en 1890 a 61,2 millones. (12)
   
En realidad, el total de las concesiones aprobadas durante este período se ha calculado que posibilitaba la construcción de alrededor de 26.000 kilómetros, muchas de las cuales afortunadamente no se llevaron a cabo pues hubieran implicado el 45% del presupuesto nacional de 1890. La participación de los capitales británicos fue básica en el aprovisionamiento de material rodante, rieles, locomotoras, vagones de carga y de pasajeros y furgones especiales. Los restantes países proveedores fueron, principalmente, Estados Unidos, en el rubro de locomotoras y vagones de pasajeros, y Francia, en el de vagones de carga. Por su parte, la inversión nacional se limitó al armado de vagones de carga y furgones. (13)
   
Dentro de este conjunto de inversiones ferroviarias en la Argentina, tuvieron intervención decisiva empresas ya consolidadas desde la década de 1850, como Petto & Betts en el Ferrocarril Sud, y Brassey & Wythes en el Central Argentino. Estas empresas se ocuparon de la construcción de ferrocarriles contra el pago en acciones que luego colocaron en la Bolsa de Londres.  
    Además, los grupos inversores -tanto británicos como no británicos- de la década de 1880 estuvieron muy vinculados a intereses financieros, con fuerte participación de los bancos que actuaron en la concesión de empréstitos. Entre las firmas británicas que participaron en la colocación de empréstitos del gobierno, se destacaron Baring Brothers, Murrieta (de destacada actuación hasta la crisis de 1890) y Morgan (desde mediados de la década de 1880). La primera contaba a su favor con una larga trayectoria en emisiones de títulos latinoamericanos, por lo que disponía de una amplia clientela para esa clase de títulos y de contactos con las esferas oficiales. Murrieta, a pesar de su trayectoria más corta, logró ocupar un importante especio debido a sus vinculaciones con influyentes sectores locales, y Morgan, si bien era más importante, estuvo menos vinculada con la Argentina, por lo cual su actuación se produjo de manera secundaria como apoyo de otras firmas. (14)  
    Las inversiones en empréstitos ya venían solventando desde el decenio anterior los gastos del gobierno nacional y de las autoridades provinciales vinculados a la construcción, mantenimiento y consolidación del Estado argentino.  Mientras que durante la década de 1870 los empréstitos habían financiado los gastos militares del gobierno central (e.g., la Guerra del Paraguay, los levantamientos de López Jordán en Entre Ríos y las rebeliones de 1874 y 1880 en Buenos Aires), a partir de la década de 1880 los empréstitos estuvieron más vinculados a fines económicos como, por ejemplo, la prolongación de los ferrocarriles Central Norte y Andino por el empréstito de 42 millones de pesos oro en 1885. También entre 1898 y 1902, con motivo de los problemas limítrofes con Chile, el gobierno argentino debió recurrir a empréstitos para financiar sus compras de armamentos militares, especialmente navales. (15)  
    En cuanto a las inversiones británicas en cédulas hipotecarias, fueron especialmente relevantes a partir de la segunda mitad de la década de 1870, en consonancia con la expansión de la frontera tras la Conquista del desierto en 1879, la ampliación de la red ferroviaria y el fracaso de muchos proyectos de inversión en tierras que se valorizaban en forma permanente.
   
La primera firma británica que intervino con cédulas hipotecarias fue la River Plate Trust Loan & Agency, fundada en 1881 para liquidar los activos del Banco Mercantil, fundido con la crisis de 1873-1876. Sus créditos se dirigieron a un sector muy restringido de terratenientes-exportadores, pues fue el único sector capaz de garantizar la devolución de los préstamos en oro en una época de rápida desvalorización del papel moneda.
   
También invirtieron en este canal de los créditos hipotecarios capitales franceses y belgas, bajo la forma de inversiones indirectas. Los franceses proporcionaron fondos al Crédito Territorial y Agrícola de Santa Fe, controlado por un grupo local. Los belgas se dirigieron hacia las cédulas del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, emitidas en papel moneda para su circulación interna y comercializadas en Europa a través de firmas intermedias. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, se vio muy afectada por la crisis Baring de 1890-1891. (16)  
    Como ya se ha mencionado, la crisis de 1890 o “crisis Baring” constituye un importante punto de inflexión en la historia de las relaciones anglo-argentinas. Sus causas internas fueron la excesiva expansión monetaria y la deuda del gobierno y los bancos. (17) La fuerte depreciación del papel moneda, al amenazar la rentabilidad de los inversores, paralizó la entrada de nuevos capitales. (18) Según Alec George Ford, los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados, precipitando la crisis de Baring. (19)  Las consecuencias de la crisis se manifestaron durante toda la década del 90. En particular, el crecimiento del riesgo produjo un descenso de la inversión extranjera.  
    Ahora bien, la crisis también fue producto de causas externas. Carlos Díaz Alejandro sostiene que fue uno de los ciclos de depresión, típicos de economías exportadoras como la argentina, que recurrentemente frenaron su expansión económica entre 1862 y 1930 (los otros ciclos de depresión económica ocurrieron en 1875-1876 y en 1914-1917). Estos ciclos se iniciaron debido a sequías, cambios en la demanda de mercancías en los mercados mundiales y fluctuaciones en la inversión extranjera. (20)  
    Para Ford, la crisis Baring no fue causada por la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, como alegaron los contemporáneos, sino que fue una crisis de crecimiento. (21) Los préstamos extranjeros declinaron antes de que pudiesen madurar los proyectos de inversión y expandir la producción de bienes exportables lo suficiente como para saldar la deuda contraída sin esfuerzos. El desarrollo argentino necesitaba tiempo, pero los prestamistas europeos no lo concedieron.  
    Ferns sostiene, en cambio, que el desfase temporal entre el aumento de inversiones y el incremento productivo, sólo explica parcialmente la crisis. (22) Para él los factores políticos fueron cruciales. Las autorizaciones concedidas para la construcción de ferrocarriles donde los amigos del gobierno lo desearan, sin relación con las posibilidades productivas, forzaron a las compañías ferroviarias a dejar de invertir en locomotoras y vagones, para hacerlo en extensiones de líneas con el fin de excluir a otra compañía rival u obtener beneficios garantizados del gobierno. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras atravesadas por estas redes. De este modo, el favoritismo de Juárez Celman socavó la confianza de los inversores extranjeros en la Argentina y precipitó la crisis de Baring.  
    En oposición a Ferns, Rory Miller duda de que la mala administración del gobierno de Juárez Celman haya sido la causa primaria de la crisis, aunque los funcionarios del gobierno pudieron haber contribuido secundariamente con su irresponsabilidad. (23) En 1890, afirma Miller, hubo pánico en Europa por razones totalmente ajenas a la política económica argentina, tales como, por ejemplo, el fracaso del proyecto de Ferdinand de Lesseps del canal de Panamá y la situación, cercana a la bancarrota, del banco de depósitos francés Comptoir National d'Escompte, luego de un intento por controlar la oferta mundial de cobre. Estas razones ajenas a la Argentina afectaron la confianza de los inversores, haciendo mucho más dificultoso que a principios de la década de 1880 la obtención de préstamos para este país. Finalmente, Miller remarca que Baring Brothers cometió dos errores fatales: imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápidamente, sin asegurar sus inversiones de capital. Baring  sobrextendió sus negocios, de modo que, aun sin la ayuda de las autoridades argentinas, igualmente se hubiese producido su colapso.
   
Para Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde la posición del grupo cercano a Juárez Celman explica sólo en parte la génesis y desarrollo de la crisis de Baring, habiendo contribuido también a provocarla la actitud de excesiva confianza de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina. (24) Esta confianza los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a particulares. La administración de Juárez Celman se benefició con una situación sumamente favorable en el mercado de capitales, pero esta ventaja, con su abuso, trajo complicaciones.  
    Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos.  Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa. Y en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La catástrofe no vino inmediatamente, gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no pudo aceptar la propuesta, ya que la política de austeridad propuesta por los bancos hubiera debilitado su apoyo político. (25)
   
Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de austeridad económica que contaron con la aprobación de los banqueros europeos. Entre estas medidas se destacaban el pedido de renuncia al presidente del Banco Nacional -vinculado con la administración de los Bancos Garantidos- y el aumento del 15% en los impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los impuestos en oro (26).
   
Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez Celman y los "nuevos ricos", principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos.
   
Como es bien sabido, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891. (27)  
    El acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la circulación monetaria. (28) Este acuerdo permitió al gobierno enfrentar a los intereses rurales y sobre todo a los "nuevos ricos" de la administración anterior.  El crédito del gobierno había sido salvado, pero pocos meses después las autoridades argentinas comenzaron a reconsiderar la conveniencia del arreglo que, además, había generado protestas populares antibritánicas. Dichas protestas se registraron en los ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata, de los cuales el siguiente testimonio de The Buenos Aires Standard  del 5 de junio de 1891 da cuenta:

“Los banqueros y millonarios de Londres no pueden tener idea de los amargos sentimientos engendrados por el infortunado préstamo "Moratoribus-Rothschild". Aparentemente imaginaban estar haciendo un gran favor a Argentina al impedir la bancarrota financiera de Baring Brothers. Pero todo el negocio se ve aquí desde una perspectiva muy diferente (...). Las banderas inglesas en la Plaza Victoria fueron desgarradas por argentinos bien trajeados (...) y la reciente corrida para retirar fondos del Banco de Londres fue celebrada y aplaudida en muchos círculos que anteriormente nunca nos habían demostrado ninguna mala voluntad (...)”. (29)

A pesar de este arreglo con los banqueros británicos, el gobierno de Pellegrini, decidido a solucionar la crisis, tomó medidas que afectaron a los bancos de propiedad extranjera, acusándolos de distribuir grandes dividendos. El impuesto a los depósitos en bancos extranjeros, el aumento de las patentes de licencia de compañías de seguros extranjeras, y la prohibición de aumentar los precios de las compañías de tranvías y de gas, generaron inquietud en el Foreign Office, que recurrió a los juristas de la Corona para comprobar si esas medidas violaban o no los términos del tratado anglo-argentino de 1825. Los juristas recomendaron al gobierno británico una actitud pasiva, alegando que el tratado de 1825 nada establecía sobre compañías por acciones, compañías de seguros u otras compañías. El impuesto del 2% sobre los depósitos establecido por Pellegrini no justificaba, en la opinión de esos juristas, la intervención del gobierno británico.  Ellos habían estudiado la legislación argentina y considerado la experiencia de las empresas británicas en otras partes del mundo. Habían encontrado así que tanto Francia como Grecia aplicaban impuestos a compañías de seguros británicas. Además, las medidas del gobierno argentino se aplicaban a todos los bancos extranjeros, no sólo a los británicos, de modo que no había violación del tratado  de 1825. 
    Convencido por estos argumentos, el Foreign Office decidió no inmiscuirse en las medidas que Pellegrini impulsaba para resolver la crisis. La estabilización y recuperación de la economía argentina reforzó esta actitud prescindente de las autoridades británicas, a pesar de las presiones de la banca.  En ocasión de un discurso en Mansion House, el canciller inglés Robert A. Cecil, marqués de Salisbury, rechazó en nombre del Foreign Office la presión intervencionista de la City de Londres con las siguientes palabras, que reflejaron la política de no intervención oficial británica:
 

“No tenemos la menor intención de constituirnos en la Providencia en ninguna de las disputas sudamericanas. Hemos sido presionados, seriamente presionados, para que asumamos el papel de árbitro, de árbitro compulsivo, en las disputas que se registran en la parte occidental de América del Sur (...) Hemos sido también seriamente presionados (...) para que emprendamos el saneamiento de las finanzas argentinas. Sobre ninguno de estos puntos el Gobierno de Su Majestad se halla dispuesto, en modo alguno, a asumir las funciones de la Providencia”. (30)

Aunque la crisis financiera de Baring repercutió tanto en la comunidad argentina como en la británica, no constituyó una crisis en la relación bilateral. Cada uno de los gobiernos contribuyó a la resolución de la crisis dentro de su propio medio, no mediante la confrontación o la negociación recíproca como entidades soberanas. La solución a la crisis económica se gestó, por el lado argentino, con la reforma fiscal y financiera de Pellegrini, antes de que Baring se enfrentase a la bancarrota y que el gobierno británico se encontrase envuelto en ella, pero esto no fue percibido por los contemporáneos. (31)
   
El gobierno argentino no pagó sus obligaciones con recursos propios, sino con los que provinieron del empréstito Rothschild. Las medidas adoptadas por el gobierno de Pellegrini tuvieron eco favorable en Londres. Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los Bancos Garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin garantía. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas. 
   
Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel.  Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora de la competencia extranjera.  Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especularon con tierras y valores mobiliarios). (32) 
   
El Presidente Luis Sáenz Peña continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, mas allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña. (33)
   
Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que orientó productivamente los excedentes de renta del Estado argentino, resolvió el problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.

  1. Ver, respecto de este desequilibrio entre la importancia de las inversiones  extranjeras y el relativamente lento crecimiento de las exportaciones, los artículos de Alec George Ford, "Comercio exterior e inversiones extranjeras, 1880-1914", en Gustavo Ferrari y Ezequiel Gallo (comp.), La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, pp. 503-505, y Mario Rapoport, "El modelo agroexportador argentino, 1880-1914", en Mario Rapoport (compilador), Economía e historia. Contribuciones a la historia económica argentina, Buenos Aires, Tesis, 1988, pp. 174-178.  

  2. Annual Statements of Trade and Navigation, citado por Rory Miller, Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London and New York, Longman, 1993, pp. 174-178.

  3. Comité Nacional de Geografía, Anuario Geográfico Argentino, Buenos Aires, 1941, p. 380, citado por Carlos F. Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Haven and London, Yale University Press, 1970, Statistical Appendix, p. 474.

  4. Ibid. 

  5. Horacio C.E. Giberti, Historia de la ganadería argentina, Buenos Aires, Hyspamérica,  1986,  p. 173.

  6. Se necesitaban grandes sumas de dinero para construir una planta frigorífica, no menos de 200.000 libras esterlinas hacia fines del siglo XIX. El costo de mantenimiento y de personal era también considerable. Esta situación implicaba que empresarios pequeños o medianos quedaban automáticamente descartados de la industria frigorífica (excepto, por supuesto, como accionistas). En consecuencia, el número posible de competidores quedaba limitado en la práctica por la necesidad del gran volumen y capital. Era imposible que alguien instalara un pequeño frigorífico y que, con el tiempo y una buena administración, lo pudiese convertir en un gran frigorífico. Bajo semejantes condiciones, los dueños de frigoríficos procuraban grandes volúmenes de comercio y fuentes regulares de suministro. Ver al respecto Peter H. Smith, Carne y política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 48-49.

  7. Brazil and River Plate Mail, July 8, 1874, p. 3; August 22, 1874, p. 5; July 8, 1876, "Argentine Progress", JRL 1221/1, Liverpool, 26 Sept. 1872, Heald to Milroy, fuentes citadas por Vera Blinn Reber, British mercantile houses in Buenos Aires, 1810-1880, Ph.D. dissertation, University of Wisconsin, 1972, pp. 104, 117 y 118.

  8. GP 1/1899-1903, "International Trade and the Present Market of Argentine Trade", pp. 8-12; "English Wholesale Trade in the River Plate", South American Journal, 3 August 1889. "Our Trade with the Argentine Republic", The Economist, July 20, 1889, pp. 927-928, citado por V.B. Reber, op. cit., pp. 278-279.

  9. Estas cifras corresponden a J. Fred Rippy, British Investments in Latin America: 1822-1949. A Case Study in the Operations of Private Enterprise in Retarded Regions, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1959, p. 159.  Por su parte, Ferns presenta en su texto la cifra de 150 millones de libras, aunque aclara que algunos observadores calcularon un valor mucho mayor como, por ejemplo, Arthur Herbert, Secretario Comercial de la delegación británica en Buenos Aires, quien estimó las inversiones en 204 millones. Sin embargo, con  falta de coherencia, Ferns coloca en el cuadro 1 del Apéndice estadístico de su obra la cifra de 174,7 millones de libras, señalando que esta estimación se basa, luego de haber sido objeto de muchas correcciones, en el cálculo hecho por el Secretario Comercial en Buenos  Aires publicado en Parliamentary Papers, 1892, LXXXI, pp. 92-93. A la vez Ferns  menciona el cálculo de J.A. Williams de 184,5 millones de libras, citado en la obra de éste, Argentine International Trade Under Inconvertible Paper Money, 1880-1900, Cambridge, Mass., 1920, p. 103. Cfr. H.S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1968, p. 397 y Apéndice estadístico, pp. 490-492. Por su parte, Roberto Cortés Conde, "Auge de la economía exportadora y vicisitudes del régimen conservador, 1890-1916", en Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde, Argentina: La República Conservadora, Colección Historia Argentina, vol. 5, Buenos Aires, Paidós, 1972, pp. 139-140, cita a Rippy, y Donald Boyd Easum, The British-Argentine-United States Triangle: A Case Study in International Relations, Ph.D. dissertation, Princeton University, 1953, pp. 23-24, basa sus estimaciones en la cifra mayor de Ferns. 

  10. R.Cortés Conde, op. cit., p. 140; H.S. Ferns, op. cit., p. 397.

  11. Ver estos porcentajes en Alec George Ford, El patrón oro: 1880-1914. Inglaterra y Argentina, Buenos Aires, Editorial del Instituto Di Tella,  1966, p. 153, y en D.B. Easum, op. cit., p. 24, quien cita como fuente a H.S. Ferns, The Development of British Enterprise in Argentina, 1806-1895, Ph.D. thesis, Cambridge University, 1950, p. 182.

  12. D.B. Easum, op. cit., pp. 23-25. Easum cita como fuente de sus cifras una tabla en Departamento de Agricultura, Dirección Nacional de Comercio e Industria, Comercio Internacional Argentino, Buenos Aires, 1916, p. 46, basada a su vez en las estadísticas de la Dirección General de Ferrocarriles, Ministerio de Obras Públicas, Buenos Aires. También remite a Ernesto Tornquist & Co., The Economic Development of the Argentine Republic in the last Fifty Years, Buenos Aires, 1919, pp. 116-117, y a A.B. Martínez y M. Lewandowski, The Argentine in the Twentieth Century, New York, 1915, p. 94. 

  13. Eduardo A. Zalduendo, "Aspectos económicos del sistema de transportes de la Argentina (1880-1914)", en G. Ferrari y E. Gallo (comp.), op. cit., pp. 448-449 y 442-443.

  14. Andrés Regalsky, Las inversiones extranjeras en la Argentina (1860-1914), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1986, p. 21.

  15. Ibid., pp. 37-38.

  16. Las cédulas hipotecarias y el crédito bancario constituyeron los medios principales de los propietarios rurales para financiar sus operaciones en la década de 1880. Las cédulas fueron instrumentos para tomar en préstamo y prestar dinero. Pero no existió ninguna ley argentina o contrato que protegiese de las pérdidas a aquellos que invirtieron su dinero en cédulas. El poder adquisitivo obtenido por la venta de cédulas se empleó en la Argentina de cuatro maneras: 1) la inversión para mejoras en el agro y ganadería; 2) el despilfarro y lujo de los propietarios rurales; 3) la especulación en tierras; y 4) la construcción urbana (por ejemplo, series de cédulas del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires se dedicaron a la construcción de La Plata). Respecto de las inversiones extranjeras en créditos hipotecarios, ver ibid., pp. 43-44, y H.S. Ferns, Gran Bretaña y..., op. cit.,  pp. 370-372.

  17. La Ley Argentina de Bancos Garantidos tomó por modelo la ley bancaria estadounidense de 1863-4 y fue sancionada por el gobierno de Juárez Celman (1886-1890). Por ella se permitía la creación de una multiplicidad de bancos de emisión. Para emitir billetes dentro del nuevo régimen, los bancos debían contar con un capital mínimo de 250.000 pesos y comprar bonos del gobierno nacional a un 4 ½ % de interés. Estos bonos serían depositados en el Banco Nacional a cambio de billetes standard. También el oro pagado al gobierno a cambio de los bonos sería depositado en el Banco Nacional por dos años antes de ser aplicado a la amortización de la deuda externa argentina. Ningún banco fuera del sistema podía emitir billetes. Todos los bancos que estaban dentro del sistema serían inspeccionados por una agencia gubernamental y se publicarían balances mensuales y anuales. Los bancos insertos en el nuevo sistema serían conocidos como bancos garantidos porque el gobierno nacional, con la esperanza de atraer más capitales extranjeros, se comprometía a compensar a los acreedores cualquier déficit restante después de la venta de los bonos, cubriendo su emisión en el caso de que fracasara cualquier banco del sistema. Desde el punto de vista del gobierno, lo interesante del sistema de bancos garantidos era que ofrecía al gobierno nacional la posibilidad de influir en la política de préstamos de los bancos privados. Además de estimular nuevas inversiones extranjeras en el sector bancario, buscaba amenguar los efectos de futuras crisis financieras internacionales sobre la economía argentina. Con este sistema, el gobierno recibiría oro del sistema bancario y podría hacer frente a sus obligaciones externas. Pero esta solución dio lugar en realidad a una intensa fiebre especulativa, ya que muchos bancos, que no dispusieron de oro, comenzaron a vender bonos propios en el exterior para obtenerlo y poder así emitir. En otras palabras, mientras el gobierno recibió oro del sistema bancario para pagar la deuda externa, los bancos se endeudaron en el exterior provocando un aumento de ésta: los préstamos se pagaron con nuevos préstamos. La espiral ascendente de préstamos y de emisión inflacionaria de billetes hizo prever, en consecuencia, la proximidad del colapso financiero de 1890, causado por el desquicio monetario y financiero. Ver, al respecto, Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978, pp. 320-321; Charles Jones, "Los bancos británicos", en G. Ferrari y E. Gallo (comp.), op. cit., pp. 531-532 y M. Rapoport, op. cit., p.210.

  18. A. Regalsky, op. cit., p. 16. Consultar también los trabajos de H.S. Ferns, Gran Bretaña y...,  op. cit., pp. 439 a 451; A.G. Ford, El patrón oro..., op. cit., pp. 158-159 y 164;  M. Rapoport, op. cit., p. 209; Oscar Cornblit, Ezequiel Gallo (h.) y Arturo O' Connell, "La generación del '80 y su proyecto. Antecedentes y consecuencias", en Desarrollo Económico, Vol. 1, Nº 4, Buenos Aires, 1961; y Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, La formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, Paidós, 1973, p. 49.

  19. A.G. Ford, El patrón oro..., op. cit., p. 153.

  20. C.F. Díaz Alejandro, op. cit., p. 9.

  21. Alec George Ford, "Argentina and the Baring Crisis of 1890", Extract from Oxford Economic Papers, New Series, Volume 8, Number 2, Oxford at the Clarendon Press, June 1956, pp. 127-128. Consultar también del mismo autor "Comercio exterior e inversiones extranjeras, 1880-1914", en G. Ferrari y E. Gallo, (comp.), op. cit., p. 507.

  22. H.S. Ferns, Gran Bretaña y..., op. cit., pp. 409-410.

  23. Rory Miller, op. cit., p. 154.

  24. Ezequiel Gallo, "La gran expansión económica y la consolidación del régimen conservador liberal, 1875-1890", en E. Gallo y R. Cortés Conde, op. cit., p. 50.

  25. F.O. 6/404, Pakenham a Salisbury, 15 de octubre de 1889, citado por H.S. Ferns, Gran Bretaña  y..., op. cit., p. 448.

  26. La ley de Bancos Garantidos dio lugar a una intensa fiebre especulativa por parte de los bancos dentro del sistema, quienes se endeudaban en el exterior para obtener oro.  En otras palabras, la ley acentuó lo que buscó paliar: el monto de la deuda externa argentina.  Entre 1886 y 1890 la Argentina tomó prestados, por esta vía, casi 700 millones de pesos oro, y la balanza comercial no logró compensar la ascendente deuda externa.  Para colmo,  desde que la ley pasó por el Congreso en 1887, el circulante se duplicó, generando una fuerte inflación. Pero ese no fue el único inconveniente. Tampoco logró la ley de Bancos Garantidos su segundo objetivo: promover la inversión extranjera en el sector bancario. Los bancos privados reaccionaron en forma negativa ante la nueva legislación. Hacia febrero de 1888, ninguno  de los bancos privados existentes se había adherido a la ley de Bancos Garantidos. El Gobierno de Juárez Celman reaccionó presentando una propuesta  para imponer un gravamen a los depósitos de todos los bancos no incluidos en el sistema de dicha ley. Los británicos inmediatamente enviaron mensajes  al ex presidente Julio Argentino Roca, entonces en Londres, "explicándole el gran perjuicio que el gobierno se causará a sí mismo... para que el general Roca  pueda disuadir al gobierno de tales procedimientos". Pronto se formó en Buenos Aires un comité integrado por los gerentes del Banco de Londres, el Banco Inglés del Río de la Plata y el Banco Italiano, quienes hicieron sentir su presión al gobierno. Como resultado de ésta, fracasaron los sucesivos intentos de los ministros de finanzas del período por imponer gravámenes a los bancos privados no insertos en el régimen de la ley de Bancos Garantidos. Ver Ch. Jones, op. cit., pp. 532-535. La cita textual pertenece a Archivos de Mandatos  y Agencias del Río de la Plata (Mandatos), Records of the English Bank of the River Plate Ltd. (E.B.R.P.), Jones a casa matriz, 16 de febrero de 1888. Estos asientos, ahora destruidos, se conservaban anteriormente en las oficinas de la compañía en Avenida de Mayo, en Buenos Aires.

  27. Cabe aclarar que en el seno de la Comisión Rothschild existieron tres opiniones respecto de la actitud a tomar con la deuda argentina. Un grupo sostuvo el punto de vista ortodoxo de que la Argentina debía hacer las reformas necesarias y pagar la deuda sin la ayuda de ningún préstamo. Otro grupo, encabezado por los miembros alemán y francés de la Comisión, eran  partidarios de otorgar a la Argentina un pequeño préstamo de 1.500.000 libras para pagar las obligaciones del momento, a cambio de que el gobierno argentino redujese el circulante, reformase los bancos, cobrase el 100% de los impuestos en oro, impusiese un fuerte impuesto a las tierras y redujese el presupuesto público. El tercer grupo, encabezado por Rothschild y los miembros británicos de la Comisión, abogó por conceder un préstamo mayor a la Argentina, de 12 a 15 millones de libras, que tendría el efecto de bajar el oro y ayudar a los ferrocarriles, cuyos beneficios en ese momento estaban reducidos por la alta cotización del oro. Algunos círculos sospecharon que Rothschild deseaba con su solución "liberal" mantener durante un tiempo los títulos argentinos  en el mercado de valores y ayudar así a Baring Brothers a descargar sus haberes en círculos públicos más amplios. Los distintos miembros de la Comisión no se pusieron de acuerdo, los banqueros franceses y alemanes se retiraron y Rothschild y los ingleses impusieron su criterio, con lo cual el gobierno argentino logró un acuerdo bastante liberal con los bancos.

  28. Basado en el texto del acuerdo publicado por La Nación, en F.O. 6/418, 4 de enero de 1891, citado por H.S. Ferns, Gran Bretaña y..., op. cit., pp. 458-459. 

  29. The Buenos Aires Standard, 5 de junio de 1891, cit. por Carlos Marichal, Historia de la deuda externa de América Latina, México, D.F., Alianza Editorial Mexicana, 1988, p. 190. 

  30. Discurso del canciller inglés Robert A. Cecil, marqués de Salisbury, citado en The Times, 30 de julio de 1891, fuente citado por H.S. Ferns, Gran Bretaña y..., op. cit., p. 463 y en "Las relaciones angloargentinas 1880-1910", en G. Ferrari y E. Gallo (comp.), op. cit., p. 647. Ver también el artículo "'No seremos Dios en la Argentina', sostuvo el canciller británico", en Diario de la Historia Argentina, Nº 82, agosto 1891, p. 2, citado en Jorge Perrone, Diario de la Historia Argentina, tomo 2, 1852-1916, p. 130.

  31. Ver al respecto H.S. Ferns, "Las relaciones angloargentinas, 1880-1910", en G. Ferrari y E. Gallo (comp.), op. cit., pp. 648-649.

  32. R. Cortés Conde, op. cit., pp. 98-99.

  33. H.S. Ferns, Gran Bretaña y..., op. cit., pp. 470-471. Ver también los trabajos de R. Miller, op. cit., pp. 155 y 158 y Carlos Marichal, A Century of Debt Crises in Latin America: from Independence to Great Depression, 1820-1930, Princeton, Princeton UP, 1989, pp. 162-163. Consultar también H.S. Ferns, "Las relaciones angloargentinas, 1880-1910", en G. Ferrari y E. Gallo (comp.), op. cit., p. 649 y Carlos Marichal, Historia..., op. cit., pp. 190-191. 

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