• Inversiones norteamericanas en la Argentina

Como ya se ha señalado, durante el período de la primera posguerra, es decir, entre 1918 y 1939, se dieron importantes cambios en la composición y dirección de las inversiones extranjeras en la Argentina. Mientras las inversiones británicas en el mercado argentino se detuvieron durante la Primera Guerra y los inicios de la posguerra y se recuperaron sólo lentamente en la última parte de la década de 1920, Estados Unidos se convirtió en la mayor fuente de inversión externa argentina de posguerra. Una estimación calcula que hacia 1930 las inversiones norteamericanas en la Argentina ascendían a casi la tercera parte del total de las británicas, habiéndose incrementado de un monto de 39 millones de dólares en 1913 a 654 millones de dólares en 1931. (1)
    Otras fuentes también mencionan el rápido crecimiento de las inversiones norteamericanas en  la Argentina ocurrido durante la década de 1920, señalando que pasaron de 75 millones de pesos oro en 1920 a 200 millones en 1923 y 505 millones de pesos oro en 1927. Pero este crecimiento llegó a un tope en 1931, con un monto de 807 millones de pesos oro, cayendo luego a 590 millones de pesos oro en 1934 y a 550 millones de pesos oro en 1937, situación que contrastó con el leve incremento en estos mismos años de las inversiones británicas, alemanas y francesas. (2) 
    El período de 1930 a 1934 se caracterizó por una marcada declinación de las inversiones norteamericanas en la Argentina, tanto privadas como públicas. Las inversiones directas permanecieron en el nivel alcanzado en 1930 y sólo se registró un pequeño volumen de nuevas inversiones de capital durante los años de la depresión (1929-1933). Entre 1930 y 1934 ocho nuevas plantas de manufacturas norteamericanas se establecieron en la Argentina, con una inversión de capital total estimada de 10 millones de dólares. (3) 
    Algunos desarrollos específicos se dieron en el sector petrolero. El general José Félix Uriburu, quien asumió el poder como consecuencia del golpe militar de septiembre de 1930, solicitó al director general de YPF Enrique Mosconi la colaboración con su gobierno. Este, que era un firme opositor a la dictadura militar, rechazó tal pedido, tras lo cual debió exiliarse en Europa. Dejando aislado a Mosconi y desterrando la amenaza de la nacionalización, Uriburu creó un clima favorable para las compañías petroleras extranjeras. Durante su gestión, las firmas petroleras extranjeras expandieron sus operaciones rápidamente, casi duplicando el volumen de producción anterior al golpe, en tanto la producción de YPF, presa de la desorganización administrativa y la estrechez financiera, apenas creció 9% entre 1930 y 1932. (4)
    Si bien el gabinete de Uriburu contó con representantes de los intereses económicos norteamericanos, alemanes y británicos operantes en el país, ninguno de ellos representaba exclusivamente intereses petroleros. Por ejemplo, la cartera de Agricultura había sido confiada a Horacio Béccar Varela, quien había sido presidente del directorio local de la Galena Signal Oil, firma importadora rival de la Standard Oil, y miembro del directorio de la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia, asociada a los ferrocarriles británicos; de la compañía petrolera Río Atuel, y de la compañía Sol, vinculada a la Anglo-Persian. Pero también Béccar Varela  era un abogado ligado al First National City Bank, hombre de los intereses de Morgan.  
    Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, había presidido durante varios períodos el directorio de la Compañía Industrial y Comercial del Petróleo, subsidiaria local de la Anglo-Persian. Bosch era además presidente de La Escandinavia, Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera. A su vez, el secretario de la Presidencia, teniente coronel Emilio Kinkelin, había sido representante de los capitales petroleros alemanes en el país, particularmente de Hugo Stinnes y también tenía alguna parte en las compañías de seguros alemanas. El Ministro del Interior Matías G. Sánchez Sorondo había tenido en cambio relaciones más estrechas con la Standard Oil. Esta lo había designado, junto a Rómulo Naón y Manuel Augusto Montes de Oca, abogado de la empresa en el pleito con la provincia de Salta. Sánchez Sorondo era además miembro del directorio y lo sería de la Franco Argentina Comercial y Financiera. El presidente de la Nación, alguno de cuyos parientes estaban relacionados con la Standard Oil, representaba sobre todo intereses financieros alemanes. Sus amigos y colaboradores Carlos Ibarguren y Meyer Pellegrini, estaban vinculados a capitales alemanes. (5)
    No obstante estas vinculaciones de los miembros del gobierno con los intereses petroleros extranjeros, dado el origen militar de Uriburu, éste tenía cierto grado de compromiso con el nacionalismo petrolero. Un primer síntoma de esto lo otorgaron los nombres y orientaciones de los nuevos directivos de YPF. Si bien el nuevo director general de la petrolera estatal, el capitán de navío Felipe Fliess, era considerado por la revista petrolera World Petroleum como un hombre favorable a los "intereses norteamericanos", su designación fue balanceada por la del director general suplente, el general Allaria, un amigo de Mosconi y enfático nacionalista, que se había enfrentado con la Standard Oil en el Norte y había sido miembro de la Alianza Continental. (6)  
    Otro indicio de cierta inclinación nacionalista en el gobierno argentino fueron los decretos de noviembre de 1930 sobre la ampliación de la reserva petrolera estatal de 1924 para poder incluir toda la zona argentina de Tierra del Fuego. Dichos decretos otorgaron además a YPF la autoridad para explorar y producir petróleo en Salta y otras provincias argentinas, autoridad por la cual Enrique Mosconi había luchado y que los gobiernos radicales de Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen no habían podido concederle. (7) Asimismo, en febrero de 1931 el derecho de importación que gravaba el petróleo extranjero fue aumentado de 16 a 27 pesos por decreto del gobierno. Las firmas importadoras protestaron y el gobierno se retractó parcialmente, rebajando el derecho a 21,68 pesos la carga. Pero en octubre del mismo año, las compañías importadoras y distribuidoras aumentaron el precio de la nafta como respuesta a las diferencias desfavorables del tipo de cambio, la desvalorización del peso y el impuesto a las transacciones. Por su parte, y tras estudiar la situación, el gobierno argentino  volvió a aumentar los derechos sobre el petróleo importado. (8)
    En marzo de 1931 la influencia norteamericana en YPF, si es que existió a través del Director General Fliess, quedó anulada, pues el Capitán de Navío solicitó y obtuvo su relevo de la titularidad de la petrolera estatal. En su reemplazo fue designado Enrique Zimmermann, un fervoroso nacionalista, que como en su momento hiciera Enrique Mosconi, decidió iniciar la guerra contra las compañías extranjeras. En diciembre del mismo año, Zimmermann elevó al gobierno argentino un audaz proyecto que proponía una serie de medidas tarifarias que afectaban los intereses de las grandes firmas importadoras.
    Comentando los efectos del proyecto de Zimmermann, el encargado de negocios norteamericano Warren afirmaba al Departamento de Estado:  “Asesta un golpe vital a los intereses de la Standard Oil en la Argentina a raíz de la no ratificación de las concesiones en Salta, y por tanto, limita estrictamente el abastecimiento de crudo a disposición de las refinerías de la Standard Oil Company aquí”. Warren ya había informado que en el mes de noviembre de 1931 la eficaz propaganda llevada a cabo por YPF contra las compañías extranjeras había logrado reducir en Buenos Aires las ventas de nafta de la Standard en 56% y las de la Royal Dutch en 50%. Su informe luego señalaba: “Las compañías petroleras extranjeras se inclinan a pensar que YPF, aun si el proyecto completo no sale, podrá gracias al apoyo del Gobierno y mediante decretos que beneficiarán su posición en la Capital Federal, gozar de un virtual monopolio de las ventas de gasolina en la ciudad de Buenos Aires (...)”. (9) 
    Las medidas de ampliación de la reserva petrolera estatal de fines de 1930, al otorgar facultades a la empresa YPF para explotar y producir petróleo en Salta y otras provincias, indudablemente generaron fricciones entre el gobierno argentino y la poderosa compañía norteamericana Standard Oil. Pero a los conflictos entre la petrolera estatal YPF y la Standard Oil se añadieron una serie de incoherencias dentro del propio gobierno argentino, el cual adoptó una posición contradictoria en esta lucha. Así, por ejemplo, el Ministro de Agricultura Béccar Varela, al poner en funciones al capitán Felipe Fliess como reemplazante de Mosconi en el cargo de Director General de YPF, anunció que el nuevo gobierno no se proponía dictar una legislación de fondo en materia de petróleo, con lo cual insinuó veladamente que el tema de la nacionalización del petróleo no figuraría ni siquiera remotamente en la agenda del gobierno.
    Sin embargo, algunos funcionarios del nuevo régimen ignoraron esta posición del Ministro de Agricultura. Tal el caso del interventor de la provincia de Buenos Aires, quien intentó reeditar un decreto por el cual se restringían los permisos a particulares para instalar surtidores de nafta en la provincia. Esta medida irritó a los directivos de la Standard Oil, quienes presionaron al gobierno reclamando la revocación de la misma. Ante esta situación, Béccar Varela se dirigió al interventor bonaerense sosteniendo que la posición del gobierno nacional no era la de restringir la libertad de comercio en materia de petróleo y que no habría trabas en la instalación de surtidores mientras la misma no perjudicara a YPF. La nota del ministro fue enviada además al resto de las provincias argentinas por expreso pedido de la Standard Oil. (10)
    Una nueva puja interna en el gobierno argentino respecto de la actitud a adoptar frente a las petroleras norteamericanas tuvo lugar cuando el representante de la Wayne Company, J. H. Williams, se quejó al embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert W. Bliss, de que el Departamento de Pesas y Medidas argentino ponía obstáculos a la entrada de surtidores de nafta extranjeros. Ante el pedido del propio embajador norteamericano, el Ministro de Agricultura dictó un decreto que facilitaba el ingreso, hasta ese momento restringido, de los surtidores Wayne. (11)
    Un indicio de la vacilante actitud del gobierno de Uriburu respecto de las empresas petroleras extranjeras fue el fracaso de la Standard Oil en consolidar su posición en Salta. Tanto el reemplazante de Béccar Varela como Ministro de Agricultura, David M. Arias, como el Ministro de Obras Públicas Pablo Calatayud, íntimamente ligados a firmas norteamericanas, habían prometido concretar el proyecto de la Standard Oil en Salta. Pero esas promesas no se tradujeron en hechos concretos, ya que el decreto de reserva de 1924 no fue derogado, aunque sí flexibilizado. Además, el gobierno argentino volvió a elevar los derechos sobre el crudo importado a 36,32 pesos. (12)
    En síntesis, si bien las empresas petroleras tuvieron enorme influencia en el gabinete de gobierno de Uriburu, la política de éste estuvo lejos de ser coherente como pueden sugerir autores nacionalistas inspirados en argumentos dependentistas. En realidad, la política petrolera de Uriburu zigzagueó entre los intereses de la empresa petrolera estatal YPF y los de las petroleras extranjeras. El gobierno de Uriburu siguió un camino proteccionista algo pendular: elevó los derechos aduaneros, perjudicando a las petroleras extranjeras; ante la presión de éstas, los rebajó pero poco después volvió a elevarlos favoreciendo a YPF y a las empresas productoras. Esta misma pendularidad se manifestó en la actitud del gobierno de Uriburu respecto de los contratos con la Standard Oil en Salta: primero dio rienda suelta al interventor provincial para firmar un contrato ampliamente favorable a los intereses de la petrolera norteamericana, luego cedió ante la presión de YPF y terminó anulando ese contrato.
    Contra los deseos de las compañías petroleras extranjeras, Uriburu no sólo no destruyó YPF sino que además amplió su radio de explotación a prácticamente todo el territorio argentino y le otorgó personería jurídica. Además, la salida de Mosconi como director general de YPF no implicó la desaparición de los "mosconistas" de la petrolera estatal: tales los casos del general Allaria y de Zimmermann quienes, desde sus cargos directivos en YPF, declararon la guerra a la Standard Oil y a las demás petroleras extranjeras. En fin, la política petrolera de Uriburu reveló la presencia de un gobierno tironeado tanto por los intereses privados como por los sectores nacionalistas presentes en él y en la opinión pública.  
    Esto tendría consecuencias sobre la política de su sucesor. En efecto, dos días antes de las elecciones nacionales del 8 de noviembre de 1931, la Standard, aprovechando la transición hacia un nuevo gobierno, firmó un contrato de producción con el gobierno de la provincia de Salta, pero un mes más tarde el presidente Uriburu se vio obligado a cancelarlo por la presión en contra del general Agustín Pedro Justo, cabeza visible del sector de la élite exportadora pro-británica y su sucesor presidencial en dichas elecciones. La opinión pública salteña se sintió ultrajada por la cancelación de este contrato, ya que la economía provincial estaba atravesando un período de depresión provocado, principalmente, por la suspensión de las importaciones chilenas de ganado en 1930. En ese crítico contexto, las regalías de la producción de la Standard Oil eran la única fuente de recursos para el agotado erario provincial. Sin embargo, frente a la firme oposición de Justo, Uriburu nada pudo hacer por los salteños respecto del contrato con la Standard Oil. (13)  
    Si bien Justo se opuso a la instalación de la Standard Oil en Salta, durante su presidencia (1932-1938) debió flexibilizar la postura ante la presión de los políticos provinciales, partidarios de firmar contratos con la petrolera norteamericana como un medio de reactivar sus alicaídas economías. Como producto de este juego de fuerzas, a mediados de 1933 el gobierno salteño firmó un contrato con la Standard. En 1934 firmó también un contrato con la petrolera estatal YPF, pero para ese entonces la Standard Oil había obtenido una posición de privilegio en la provincia.
    Buena parte de la explicación de las razones por las cuales el gobierno de Justo no intervino Salta tuvo que ver con el poder que en esa provincia tenía Robustiano Patrón Costas. Gracias a sus estrechos vínculos con las elites de las provincias del Litoral e Interior, Patrón Costas fue el arquitecto de la Concordancia: la alianza de conservadores, socialistas independientes y radicales disidentes que apoyaba al gobierno de Justo. El presidente Justo no se atrevió a intervenir Salta y anular el contrato con la Standard por temor a que Patrón Costas le retirara su apoyo y provocara una crisis política justo en el momento en que se estaba negociando el pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña. (14)
    De acuerdo con la opinión de Solberg, las críticas a la política petrolera del gobierno de Justo efectuadas por  autores nacionalistas como Arturo Frondizi y Marcos Kaplan, quienes sostienen que Justo sacrificó YPF a los intereses importadores, son demasiado severas. En sus seis años de gestión, Justo intentó una política tan vacilante como la de su antecesor. Por un lado, buscó promover a YPF a expensas de la Standard. Por el otro lado, tranquilizar a los inversores británicos, incluso a los del sector petrolero. (15)  
    Justo aceptó el contrato firmado entre el gobierno de Salta y la Standard Oil, pero en 1934 contraatacó, procurando fortalecer la presencia de YPF en las provincias a expensas de la poderosa firma petrolera norteamericana. Por decreto, el Presidente limitó las concesiones petroleras privadas a sus límites existentes, convirtiendo el resto de la Argentina en una inmensa reserva de YPF. Este decreto presidencial fue ratificado por el Congreso en 1935, confirmando los derechos de la empresa petrolera estatal a operar en las provincias garantizados por su antecesor. No obstante este decreto de Justo, las provincias conservaron la autoridad jurisdiccional para negociar contratos petroleros con la empresa estatal. Además, todos los productores petroleros, públicos y privados, se vieron obligados a partir de este decreto a abonar una regalía del 12% de la producción bruta al gobierno provincial (o al federal si los territorios en explotación eran territorios nacionales). Como consecuencia de este decreto, YPF se expandió con rapidez en las provincias, especialmente en la de Mendoza.
    Los productores privados criticaron la ampliación de la reserva estatal decretada por el gobierno. Pero no se limitaron a esta actitud. Los directivos de las compañías petroleras extranjeras decidieron combatir el decreto del gobierno de Justo inundando el mercado argentino con petróleo importado barato. De este modo, las importaciones de crudo, a precios menores que el petróleo proveniente de YPF, aumentaron en un 100% entre 1934 y 1935. Esta actitud de las firmas extranjeras generó voces de protesta en el Congreso y en los medios de prensa, los cuales se quejaron de que las petroleras del exterior recurrían al dumping para eliminar el mercado de YPF. (16)  
    En 1936 Justo replicó la ofensiva de las petroleras extranjeras con decretos que establecieron un límite a las importaciones de petróleo y adjudicaron cuotas tanto en el comercio de importación como en el mercado de derivados del petróleo entre la empresa petrolera estatal YPF, la británica Shell, la norteamericana Standard y las compañías privadas menores. Este acuerdo alcanzado en 1936, que permaneció en vigencia hasta 1947, reservó alrededor del 50% del mercado argentino de gasolina a YPF.
    Esta estrategia del gobierno de dividir el mercado nacional para proteger a la petrolera estatal de la competencia de la Standard Oil contrarió a los nacionalistas, quienes afirmaron que las medidas adoptadas por Justo eran equivalentes a una actitud de capitulación ante los importadores y las petroleras extranjeras. El diputado socialista Julio V. González, quien condujo una investigación legislativa del acuerdo de 1936 firmado entre el gobierno de Justo y las empresas petroleras, calificó al mismo como una "sentencia de muerte contra YPF".
    Es interesante notar que, a pesar de las enfáticas protestas de los sectores nacionalistas de que el gobierno de Justo favorecía innecesariamente los intereses de los importadores y que lo correcto hubiera sido directamente expropiar las compañías petroleras privadas por haber procurado destruir la competencia con YPF, violando la ley antitrust argentina de 1923, lo cierto fue que la política petrolera de Justo, señalada por los sectores nacionalistas como complaciente con los intereses foráneos, en realidad fue muy mal recibida por las compañías petroleras extranjeras y especialmente por las norteamericanas. Un ejemplo de la tendencia apuntada fueron los comentarios efectuados por un petrolero norteamericano, quien señaló que: "Ahora estamos siendo acosados por ambos extremos", en obvia referencia a YPF por un lado, y a la compañía petrolera británica Shell por el otro. Este petrolero norteamericano agregó, comentando la ley del gobierno de Justo que estableció la reserva de 1935, que la misma "restringió (...) todos los esfuerzos futuros para aumentar nuestra producción de crudo en nuevas concesiones, mientras que ahora se intenta limitar nuestras ventas". (17)  
    El gobierno de Justo mantuvo una constante batalla legal para impedir la expansión de la Standard Oil. En 1936 rechazó la propuesta de la petrolera norteamericana de reunir a sus empresas subsidiarias y aumentar su capital. Ese mismo año, acusó a la Standard de espionaje, competencia desleal e importación ilegal de petróleo de Bolivia. Estas acusaciones tuvieron eco en la opinión pública argentina, que ya conocía acusaciones contra la empresa norteamericana por haber promovido la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935).
    A fines de la década de 1920, habían tenido lugar manifestaciones de estudiantes universitarios argentinos exigiendo la expropiación de la Standard Oil. A estas manifestaciones se añadieron las provenientes del general Baldrich, plegado a la causa nacionalista, quien publicó ataques contra la multinacional norteamericana.
    En 1937 la Standard ofreció vender al gobierno sus propiedades en la Argentina, pero el Congreso no consideró la propuesta y la compañía continuó sus operaciones. La presión de la opinión pública y los medios de opinión  argentinos en contra de la petrolera norteamericana y las medidas adoptadas por el gobierno de Justo provocaron la declinación de la otrora poderosa Standard Oil. Su producción en la Argentina cayó violentamente desde 1934 y Diadema Argentina, subsidiaria de la Shell, se transformó en el principal productor petrolero extranjero al expandir su producción en las concesiones de Comodoro Rivadavia.

• NOTAS

1. Ver Norma Delia González, U.S.-Argentine Relations in the 1950s, Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, 1992, p. 6.

2. Vernon Lovell Phelps, The International Economic Position of Argentina, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1938, p. 99. También D.B. Easum, op. cit., p. 84, quien cita a Phelps.

3. Dudley M. Phelps, Migration of Industry to South America, New York, Mc Graw-Hill Book Company, 1936, pp. 13 y 19, cit. por V. L. Phelps, op. cit., p. 104. 

4. Carl E. Solberg, Petróleo y nacionalismo en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 234-235. 

5. Fernando García Molina y Carlos A. Mayo, El general Uriburu y el petróleo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985, pp. 98-100. 

6. La Alianza Continental fue una asociación creada en 1927 para combatir el imperialismo económico extranjero y particularmente estadounidense. Este grupo anti-imperialista estuvo compuesto principalmente por estudiantes e intelectuales. Aunque tuvo pretensiones de expandir su acción al resto de América Latina, se concentró casi totalmente en la cuestión petrolera argentina. Ver C.E. Solberg, op. cit., p. 212, y F. García Molina y C. Mayo, op. cit., p. 101.

7. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Desarrollo de la Industria Petrolera fiscal, 1907-1932, Buenos Aires, Peuser, 1932, pp. 192-193, cit. por F. García Molina y C. Mayo, op. cit., p. 102. Ver también La Nación, 25 de noviembre de 1930, p. 9. 

8. Petróleos y Minas, noviembre de 1931; La Prensa, 26 de febrero de 1931, p. 10, cit. por F. García Molina y C. Mayo, op. cit., p. 107. Ver también La Nación, 15 de octubre de 1931, p. 5 y editorial “El encarecimiento de la nafta”, La Nación, 16 de octubre de 1931, p. 4.

9. Estados Unidos, National Archives, Department of State, 835.6363/369, Warren al Departamento de Estado, cit. por F. García Molina y C. Mayo, op. cit., p. 106.

10. Estados Unidos, National Archives, Department of State, 835.6363/356, Bliss al Secretario de Estado, 21 de enero de 1931, cit. en ibid., p. 107. 

11. Ibid., p. 107. 

12. En abril de 1931, el Ministro de Agricultura, Horacio Béccar Varela, fue reemplazado por David M. Arias, mientras que el jurista Octavio S. Pico pasó de Obras Públicas a Interior; para la cartera de Obras Públicas fue nombrado Pablo Calatayud. Las designaciones de Calatayud y Arias  parecieron inicialmente favorecer los intereses de las compañías norteamericanas, ya que el nuevo Ministro de Obras Públicas era un alto directivo de Firestone, mientras que su colega en Agricultura sería el principal responsable, junto al interventor Erasmo Martínez, de los convenios firmados entre el gobierno de Salta y la Standard Oil. En julio del mismo año, el Ministro de Agricultura Arias pronunció un discurso muy prometedor para los intereses petroleros extranjeros, en el que incluyó una abierta crítica a sus antecesores en materia de política petrolera. En dicho discurso, Arias sostuvo que: “En materia de petróleo (...) el país deberá alterar sustancialmente el rumbo de la política que se ha seguido hasta hoy. Gran parte de Chubut, el norte de Santa Cruz, los territorios de Neuquén y de Tierra del Fuego, en toda su amplitud, y parte de La Pampa y del Río Negro, son regiones que han quedado vedadas a la iniciativa particular, todo ello sin contar las reservas con la insignificancia de las zonas realmente explotadas”. La alusión era a los decretos de reserva de Alvear y a las ampliaciones dispuestas en Tierra del Fuego y Mendoza para explotación de YPF. En la visión del nuevo ministro, YPF debía actuar como una empresa particular libre de todo apoyo oficial: “Por una parte, el capital privado rindiendo al Estado tributo de regalía, por la otra, los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, explotando como empresa particular, las minas que se descubran por intermedio del personal a las órdenes de la respectiva dirección y sirviendo de control a las explotaciones no oficiales”. Discurso del Ministro de Agricultura Arias en Petróleos y Minas, agosto de 1931, cit. en ibid., p. 109.

13. Frederick Alexander Hollander, Oligarchy and the politics of petroleum in Argentina: The Case of the Salta Oligarchy and Standard Oil, 1918-1933, Tesis, University of California, Los Angeles, 1976. pp. 506-525, cit. en C.E. Solberg, op. cit., p. 236. 

14. F.A. Hollander, op. cit., pp. 554-648, cit. en ibid., p. 239.

15. Arturo Frondizi, Petróleo y política, Buenos Aires, Raigal, 1955, pp. 363-365 y Marcos Kaplan, Economía y política del petróleo argentino (1939/1956), Buenos Aires, Praxis, 1957, p. 24, fuentes citadas en ibid., p. 238.

16. Porcentajes en ibid., p. 239; "Prohibición de la exportación de petróleo y fiscalización de la importación", Boletín de Informaciones Petroleras, 13 jul. 1936, pp. 10-14; James E. Zinser, Alternative Means of Satisfying Argentine Petroleum Demand: Importation, Government Production, or Foreign Private Contractual Production: A Comparative Analysis and a Recommended Petroleum Policy, Tesis, University of  Oregon, 1967, pp. 52-53, fuentes citadas en ibid., pp. 239-240.

17. Julio V. González, Nacionalización del petróleo, Buenos Aires, El Ateneo, 1947, pp. 61-62; Adolfo Silenzi de Stagni, El petróleo argentino, Buenos Aires, 1955, pp. 58-60; los decretos de Justo figuran en “Prohibición de la exportación de petróleo y fiscalización de la importación”, op. cit., pp. 10-14; las quejas del petrolero norteamericano pueden hallarse en Cox (Buenos Aires) al Secretario de Estado, 22 de mayo de 1936, en Estados Unidos (1), Department of State, Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1936, V, The American Republics, Washington D.C., Department of State, 1954, p. 184, fuentes citadas en ibid., p. 240.

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