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Como es bien sabido, Juan Domingo Perón inició su desempeño público en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social bajo el gobierno militar que asumiera en junio de 1943. Pocos años más tarde fue elegido Presidente gracias a un fuerte apoyo popular y reelegido en 1951. Ocupó ese cargo hasta 1955, año en el que un nuevo golpe militar lo obligó a abandonar el poder y exiliarse.  
    Durante los primeros años del gobierno de Perón la discusión política en la Argentina se centró en las implicancias de su ascenso al poder para la correlación de fuerzas entre actores sociales y en la definición de la posición del país respecto del conflicto armado mundial.
   
En cuanto a la guerra, ya había hecho sentir sus efectos sobre la economía nacional, especialmente, en lo referente al comercio internacional. El incipiente desarrollo de la industria nacional que se había dado impulsado, en gran parte, por el impacto de la Primera Guerra Mundial y por la Gran Depresión, se había traducido también en una creciente colocación de productos manufacturados en el exterior. Este desarrollo de las exportaciones industriales se vio trabado por el desencadenamiento de la Segunda Guerra.
   
Sin embargo, la semilla ya estaba sembrada y pasada la guerra sólo restaba fortalecer con políticas gubernamentales la orientación industrializadora. Hasta ese momento, las élites políticas no habían considerado necesario hacerlo; es más, las medidas proteccionistas implementadas habían sido un tanto improvisadas y guiadas no tanto por el diseño de la política económica sino por otros factores como, por ejemplo, la necesidad de corto plazo de aumentar la recaudación fiscal por la vía de impuestos a las importaciones o las presiones de algún sector económico en particular. Es decir, no había habido una política deliberada, coherente y sostenida de fomento a la industria.
   
Como señalan varios autores (Lewis, 1990; Gerchunoff y Llach, 1998), esto había empezado a cambiar aun antes de la llegada del peronismo al poder. De hecho, como se explica más abajo, el Plan Pinedo había sido una muestra de un cambio de óptica respecto del tratamiento que debía darse al tema de la industria. Así fue que entre 1940 y 1943 la política de redescuentos del Banco Central favoreció más a la industria que a la agricultura, se creó un Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial, se sancionaron cerca de quince leyes de promoción industrial en el ámbito municipal y provincial, se creó la Flota Mercante del Estado y se aprobó la Ley de Fabricaciones Militares. Esto reflejaba, a su vez, el surgimiento de un nuevo consenso acerca de la necesidad de no desperdiciar la oportunidad de reorientar la estrategia de desarrollo generada por la guerra.
   
Asimismo, el discurso industrialista fácilmente se emparentó con el pensamiento nacionalista de las Fuerzas Armadas que veía con buenos ojos el impulso a la industria de armamentos y afines. En la estrategia peronista, además, fomentar la industria implicaba poder mantener, acabada la guerra, el alto nivel de empleo industrial alcanzado durante el conflicto. Este objetivo sin duda estaba ligado no sólo a la prosperidad de la economía sino al propio crecimiento político del movimiento peronista, el cual dependía del apoyo de los trabajadores.
   
En ese marco, y con el telón de fondo de la aplicación de políticas similares en el resto del mundo, se produjo una notable expansión estatal. Esto no sólo se manifestó en la estatización de importantes agencias nacionales, con lo cual el Estado asumía el rol de productor de bienes y servicios públicos básicos, sino también en el aumento notable del gasto público en inversión tanto en infraestructura, transporte e industrias como en salud, educación y vivienda. De esa forma, el Estado pasaba a ser, como productor, inversor y prestador de beneficios sociales, el motor de la economía. A ello se sumaba la expansión de la demanda originada en los aumentos de salarios, otro de los ejes de la política económica del peronismo.
   
Esto último estaba relacionado, por un lado, con los intentos por alcanzar una distribución del ingreso más equitativa para la mayoría de la población y, por otro, con las necesidades políticas de Perón de mantener una base de apoyo e ir organizándola de manera funcional al desarrollo del partido que fue creado en 1947. El crecimiento notable de la producción entre 1946 y 1948 permitió la expansión del consumo y de la sensación de prosperidad de la población, fortaleciendo así indirectamente esos objetivos políticos.  Más aún, las políticas impositiva y previsional complementaron positivamente la política salarial. En el primer caso, con el fin de reforzar la orientación redistributiva se tomaron varias medidas; entre otras cosas, se rediseñó el impuesto al ingreso para darle un carácter más progresivo y se creó un impuesto a las ganancias de las empresas. En cuanto a la esfera previsional, se amplió notablemente el sistema no sólo en lo referente a la población cubierta sino también en cuanto al tipo de beneficios otorgados (1).  
    Como se explicará más adelante, hacia 1948 se quiebra el proceso de crecimiento sostenido que en los años anteriores había tenido la economía argentina. El ciclo no se revirtió hasta 1952, pero para entonces el gobierno peronista enfrentaba tensiones políticas crecientes en el plano interno y, en el ámbito internacional, sufría las consecuencias negativas de no haberse alineado desde un principio con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esta última dimensión del problema derivaba de la particular visión con la que el peronismo había abordado su política exterior. La siguiente sección se concentra en este punto.

  1. Sobre este punto, ver Gerchunoff y Llach, 1998, Capítulo IV.

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