• Relaciones económicas externas

Inversiones extranjeras

El plan económico del primer gobierno peronista no podía sustentarse sin el influjo de capitales externos. Por eso se hizo necesario introducir modificaciones en la normativa vigente sobre radicación de capitales extranjeros. Hasta bien entrada la década del cuarenta, la misma estaba regida por circulares del Banco Central, principalmente referidas a los aspectos financieros de las inversiones. En 1948, el decreto 3347/48 estableció la fiscalización oficial de las inversiones extranjeras. Su alcance era limitado, ya que sólo regía para radicaciones en actividades industriales y no regulaba el ingreso de inversiones en divisas líquidas.
    A partir de entonces, la Comisión Nacional de Radicación de Industrias era la encargada de dar su visto bueno a las propuestas presentadas y, si así lo hacía, éstas pasaban a consideración del Poder Ejecutivo. El propósito de este mecanismo era estimular selectivamente la radicación de capitales en el sector industrial. Para reforzar ese objetivo, se dispusieron también nuevas normas respecto del ingreso de bienes de capital y se simplificaron los procedimientos vigentes a fin de facilitar los trámites. El régimen puesto en práctica por este decreto estuvo vigente hasta 1956 y de hecho quedó subsumido en la Ley 14.222 a partir de 1953.
    Dicha ley constituyó la primera definición legal completa y coherente del marco de acción del capital extranjero en la Argentina. Con ello el gobierno intentaba promover el desarrollo de la industria nacional, otorgar beneficios a los inversores extranjeros de modo de facilitar su radicación y fijar un status legal para que ciertas inversiones no produjeran desequilibrios en la economía nacional. Entre las principales disposiciones de la Ley 14.222 y su decreto reglamentario 19.111/53 estaban las siguientes (1):

a) sus normas abarcaban a los capitales extranjeros a radicarse en actividades industriales o mineras, en plantas nuevas o en ampliación de las ya existentes;

b) el ingreso de los capitales podía realizarse en divisas, equipos, patentes o bienes inmateriales necesarios para la actividad en cuestión;

c) los capitales extranjeros recibían un tratamiento similar al de los nacionales y quedaban sujetos a la legislación vigente;

d) el Poder Ejecutivo debía aprobar cada propuesta de inversión, previa consideración de un organismo especialmente creado para tal fin, la Comisión Interministerial de Inversiones Extranjeras;

e) la aprobación se regía básicamente por cuatro criterios: 1) que la actividad en la que se realizaba la inversión contribuyera al desarrollo económico, facilitara la implementación de los planes de gobierno y permitiera resolver el problema de la balanza de pagos, 2) que los métodos de producción a emplear fueran modernos y eficientes, 3) que las inversiones realizadas en equipo garantizaran la instalación total de la planta y un volumen adecuado a su funcionamiento de insumos y repuestos, 4) que el equipo fuera nuevo o estuviera en perfecto estado de conservación;

f) el registro de los capitales ingresantes se realizaba en su valor equivalente en pesos al tipo de cambio libre en el registro Nacional de Inversiones Extranjeras, creado en el Banco Central con ese fin;

g) luego de dos años contados a partir del registro, se podían transferir las utilidades líquidas obtenidas por la inversión, hasta un 8% anual sobre el capital registrado;

h) se podía repatriar el capital, transfiriéndolo luego de 10 años de radicación en cinco o diez cuotas anuales, mediante fondos del inversor y siempre que el funcionamiento de la empresa quedara asegurado;

i) el Poder ejecutivo podía conceder ciertos beneficios adicionales, tales como la exención total o parcial de derechos aduaneros o la declaración de “interés nacional” de la empresa según el régimen de promoción industria;

j) en cuanto a los capitales externos ya existentes en el país, si sus utilidades acumuladas habían sido reinvertidas en actividades contempladas en el nuevo régimen, eran considerados como inversiones extranjeras.

Ahora bien, en 1955 se dispuso la existencia de un mercado libre de cambios. Las remesas de divisas, tanto en concepto de repatriación de capital como de utilidades, quedaron entonces libradas exclusivamente a las decisiones de las empresas extranjeras. De modo que las normas establecidas por la Ley 14.222 dejaron de ser aplicables. Finalmente, la ley fue derogada en 1957 mediante el decreto-ley 16.640/57.
    Cabe destacar que en 1955, por medio de la circular 2324 del Banco Central, se autorizaron inversiones de capital bajo la forma de importación de maquinaria nueva que fuera funcional a la tan buscada sustitución de importaciones y/o al crecimiento de las exportaciones. Se requería, además, que la importación incluyera los insumos y repuestos necesarios y que la ubicación geográfica de la planta fuera conveniente. Especial cuidado se ponía en los posibles efectos que estas inversiones podían tener sobre las industrias nacionales; en caso de afectar la competitividad de estas últimas, el gobierno les otorgaría permisos de cambio para importar equipo similar al radicado con capital extranjero.
    Este régimen mantuvo su vigencia a todo lo largo del año 1956. A él se sumó al año siguiente, a través de la circular 2881 del Banco Central, el régimen llamado de “reequipamiento industrial”, el cual permitía la importación de equipos por el mercado libre de cambios ya fuera mediante la obtención de un crédito externo o como inversión extranjera.
    Respecto del control de los fondos de las empresas extranjeras, el Banco Central fue liberando paulatinamente los mismos y tendiendo a instaurar la libre disposición tanto de las utilidades devengadas por los capitales extranjeros existentes como de esos mismos capitales.
    Por último, en 1958 se emitieron los decretos 1594/58 y 2483/58, los cuales disponían que las presentaciones de radicación debían efectuarse ante la Presidencia de la Nación y creaban la Comisión Asesora de Inversiones Extranjeras. Asimismo, se establecía que el criterio que debía guiar las autorizaciones era el de que la actividad a radicarse debía servir para ahorrar divisas o aumentar el nivel de productividad interno.
    En cuanto a los efectos de estas disposiciones, puede decirse que los primeros años de la administración peronista reforzaron la tendencia al debilitamiento del rol de las inversiones extranjeras en el proceso de acumulación de capital debido, principalmente, a las medidas implementadas de rescate casi total de la deuda pública externa consolidada y a la compra de los ferrocarriles y otras empresas de servicios públicos.
    En consecuencia, entre 1946 y 1948 se produjeron cambios muy importantes en el monto y composición de las inversiones extranjeras en la Argentina. El capital total radicado se redujo a menos de la mitad, pasando de 2.650 a 1.250 millones de dólares aproximadamente, debido a la liquidación de las tenencias de oro y divisas acumuladas durante la guerra y a la utilización de los recursos externos provenientes del comercio exterior. El Estado adquirió los ferrocarriles, en manos de capitales británicos, por alrededor de 600 millones de dólares, las empresas telefónicas por 110 millones de dólares, y otras. En conjunto, estas operaciones representaron pagos al exterior por unos 960 millones de dólares (2). Esto requirió que se tomaran créditos y se postergaran importaciones de bienes de capital, con las consecuencias lógicas para el desarrollo de la industria local.
    Si se observa la clasificación de las inversiones extranjeras por país de origen, sobresale la caída de las inversiones británicas desde los años treinta y el aumento de las del resto de países europeos, así como el crecimiento notable de las provenientes de Estados Unidos. Las inversiones con origen en países limítrofes siguieron participando en forma muy secundaria. Según la misma fuente, en lo atinente a los montos, al dictarse la Ley 14.222 la inversión directa representaba una tasa anual de 58 millones de dólares, un nivel muy similar al de principios de los años treinta. Las normas establecidas por dicha ley implicaron la caída de la tasa de inversión anual a la mitad debido a que la puesta en práctica del nuevo régimen dio carácter de legislación de fondo a las restricciones que el Banco Central ya venía estableciendo a la transferencia de utilidades y reglamentó y limitó la repatriación de capitales. Es importante notar que la totalidad de las radicaciones que se efectuaron bajo este régimen estuvieron destinadas a actividades industriales.
    Las normas posteriores emanadas de las circulares 2324 y 2881 del Banco Central antes mencionadas, no lograron atraer una corriente significativa de inversiones. La tasa anual bajo este régimen fue de 17 millones de dólares y las radicaciones se orientaron, principalmente, hacia las industrias medicinales y petroquímica y, en segundo término, hacia las maquinarias, derivados del petróleo y automotores (ver Cuadro 8).

• NOTAS

1. Para mayor detalle, ver Altimir et al., 1967, pp. 362-364.

2. Cf. Altimir et al., 1967, p. 368.

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.