La implementación de la política económica
Los
claroscuros del ajuste
No
obstante los indicadores arriba mencionados, si se considera el impacto
inmediato del plan, se observa una depresión del nivel de la demanda global y
una seria caída de los niveles de producción y empleo en 1959 (especialmente
en el sector industrial) (1). Y como ya se mencionara, el costo de la vida
aumentó dramáticamente en los primeros meses de implementación del plan
debido a las medidas tomadas (básicamente, por el aumento de impuestos a las
importaciones, la devaluación del peso, la eliminación de subsidios y
controles de precios y los aumentos de tarifas de los servicios públicos).
Estas alzas provocaron demandas de aumentos de salarios que en varios casos
desembocaron en conflictos gremiales.
De
modo que, a pesar de los esfuerzos en el plano económico, la situación político-social
seguía siendo crítica por varios motivos. En julio de 1958 ya había habido un
conflicto con las organizaciones gremiales médicas. A fines de agosto los
estudiantes protagonizaron un movimiento de protesta contra el sistema de enseñanza
que el Congreso estaba a punto de sancionar (en pro de la escuela laica o
libre). Además, desde mediados de año el gobierno había tenido que enfrentar
planteos militares, los primeros de una treintena ocurridos a lo largo de cuatro
años. Incluso, una seria crisis institucional se había producido con relación
a este tema cuando en noviembre de ese mismo año se hizo público que el mismo
Vice-Presidente de la República (Alejandro Gómez) estaba comprometido en una
conspiración militar, de modo que tuvo que renunciar y asumió en su lugar el
vice-presidente primero del Senado, José María Guido (2). Y en octubre se habían
vivido momentos muy tensos a raíz de la huelga del sindicato petrolero que,
como otros sectores políticos claves, reaccionaba en contra de la política
petrolera del gobierno desarrollista (ver Inversiones
en el sector petrolero)
El
año 1959 se inició con una huelga en el frigorífico de Buenos Aires y también
registró importantes levantamientos militares en junio y setiembre. Los
conflictos gremiales se extendieron a todo lo largo del año y crearon momentos
críticos, particularmente, en abril, mayo y setiembre. Mientras tanto, la
imagen y la autoridad presidenciales se deterioraban (3). En mayo se produjo una
reestructuración del gabinete. El 22 de junio asumió como Ministro de Economía
Alvaro Alsogaray, uno de los principales opositores del desarrollismo. No
obstante, Frigerio continuó estando al frente de la usina de ideas e
iniciativas de política de la que Frondizi se nutría.
Las
opiniones acerca de las razones del nombramiento de Alsogaray son
contradictorias. Para algunos autores, fue el resultado de presiones ejercidas
por los militares. Para otros, fue un paso deliberado del gobierno tendiente a
dar una señal a la comunidad internacional de negocios, en la cual Alsogaray
despertaba mucha más confianza que Frigerio. El margen de maniobra concedido al
nuevo ministro es también motivo de controversias. Para unos, tuvo pleno
control sobre la política económica y social. Según otros, ni siquiera pudo
nombrar a sus colaboradores.
Más
allá de estas especulaciones, es importante rescatar que la política económica
no varió sustancialmente. Como ya se explicara, para el momento de la designación
del nuevo ministro, Frondizi ya había había reorientado la estrategia
desarrollista al aceptar la condicionalidad impuesta por el Fondo Monetario
Internacional. Según Díaz Alejandro, de los distintos planes sugeridos por ese
organismo al gobierno argentino en aquella oportunidad, el Presidente eligió el
más riguroso y austero, basando dicha opción en la necesidad de atraer capital
extranjero (4).
Así,
Alsogaray continuó y profundizó los lineamientos austeros y restrictivos del
plan de estabilización, ya que las misiones de ese organismo que visitaron el
país en setiembre de 1959 (5) y noviembre de 1960 (6), al tiempo que
autorizaron dos nuevos créditos stand-by
de 100 millones de dólares cada uno, recomendaron aplicar con mayor vigor las
medidas ortodoxas introducidas en 1958 (7).
En
ambas ocasiones se puso énfasis en la reducción del presupuesto, para lo cual
se fijaron nuevos límites a la expansión de los activos del Banco Central y no
se concedieron más aumentos de salarios en el sector público.
Asimismo, se recomendó que, en cuanto al comercio exterior, se
eliminasen los acuerdos bilaterales y se redujera el nivel de los recargos a las
importaciones, entendiéndose que implicaban una protección desmedida. Debía
mantenerse el mercado libre de cambios y la intervención del gobierno debía
limitarse a suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio en el corto plazo.
En
consecuencia, durante aquellos dos años la política económica se ajustó a
estos lineamientos. Incluso, se liberalizaron aún más las relaciones
comerciales externas: a fines de 1959 se redujeron los recargos a las
importaciones de 300 a 150%, los de algunas maquinarias y equipos se suprimieron
por completo y se dejó sin efecto la obligatoriedad por parte de los
importadores de constituir depósitos previos (8); durante los dos años
siguientes ciertas importaciones de maquinarias y equipos que conformaban líneas
de producción completas también fueron eximidas de recargos; acuerdos
bilaterales con varios países expiraron en ese lapso (ver El
nuevo régimen de intercambios).
Por
otra parte, se hicieron esfuerzos por poner en orden las cuentas fiscales, para
lo cual se redujo el número de empleados públicos (9), se aumentaron más
algunas tarifas de servicios públicos (e.g., las del transporte ferroviario) y
se intentó limitar aún más los aumentos de sueldos en el sector público (10).
El principal argumento oficial, en referencia a este tipo de medidas, era que el
Estado ya no podía soportar el déficit de las empresas públicas (calculado en
ese momento en 26.800.000 millones de pesos para 1960) y que al respecto había
que producir una "modificación trascendental" de la economía (11).
En
términos generales, la performance económica durante 1960 y 1961 fue positiva
gracias al influjo de capital extranjero (ver Flujos
de capital), que estimuló la
recuperación del nivel de actividad industrial durante esos años. En
consecuencia, como se explicara en la sección anterior, el producto bruto y la
producción industrial crecieron a una tasa anual de aproximadamente 6% en ese
período. No obstante, una lectura desagregada denota un desempeño desigual de
los distintos sectores económicos: los más beneficiados fueron los
capital-intensivos, aquellos a los que se dirigió el grueso de las inversiones
extranjeras directas (e.g., petróleo, bienes durables y petroquímica),
mientras que el sector de bienes no durables se recuperó muy poco y la producción
agropecuaria se mantuvo relativamente estable. Además, la producción de petróleo
aumentó un 40% en 1960 y un 30% en 1961, abriendo la posibilidad de que el país
lograra el autoabastecimiento (12).
Por
eso el Presidente mismo, al inaugurar el período legislativo en 1961, reconocía
logros y fracasos en materia económica durante los primeros dos años de
gobierno (13). Entre los primeros resaltaba haber conseguido estabilidad económica
y autoabastecimiento de petróleo. Entre los segundos, lamentaba no haber
obtenido progresos en materia de transportes, que el aparato burocrático no
hubiera sido saneado, que la siderurgia no se hubiera expandido lo suficiente,
que la industria del carbón siguiera estancada y que, en términos generales,
el proceso de desarrollo económico avanzara más lentamente que lo esperado.
Junto con esta evaluación presentaba un programa de quince objetivos a alcanzar
en los tres años siguientes (14), ya que percibía ese momento como el fin de
la primera etapa -definida como difícil, penosa y de ardua reconstrucción- y
el inicio de la segunda, la cual estaría signada por la consolidación de lo
logrado y la materialización de realizaciones concretas que se proyectaran
hacia el futuro.
NOTAS
Para mayor detalle, ver Eshag y Thorp, 1965, p. 319.
Sobre este episodio, ver Luna, 1972, p. 124.
Ver Szusterman, 1993, Cap. 8.
Ver Díaz Alejandro, 1966, p. 158.
Como resultado de esta visita se firmó una Carta de Intención con el Fondo en noviembre de ese año, cuyo contenido puede encontrarse en Clarín, 05/02/60, pp. 5-6.
Ver Clarín, 10/12/60, p. 1, 9.
Para un análisis crítico de estas recomendaciones, ver Eshag y Thorp, 1965, pp. 316-317.
Ver Clarín, 10/11/59, p. 6.
Al respecto, Alsogaray tenía planes muy ambiciosos a fin de racionalizar el funcionamiento y el gasto de la administración pública (ver detalle de su propuesta sobre este tema enviada al Congreso en Clarín, 01/09/60, pp. 15-17). Sin embargo, encontró diversas dificultades para llevar adelante sus ideas. Por ejemplo, mientras que 54.000 empleados fueron despedidos de la administración central entre 1958 y 1960, alrededor de 57.000 fueron contratados en las empresas públicas y otras agencias autónomas, de modo que el saldo resultante fue un incremento de 3.400 puestos de trabajo (cf. Lewis, 1990, p. 259).
En este punto, los objetivos económicos y políticos volvieron a enfrentarse. Hubo varios episodios en que el propio Presidente de la República y el ministro Alsogaray midieron fuerzas. Por ejemplo, en setiembre de 1960 Frondizi concedió al gremio de luz y fuerza un incremento de salarios y una reducción de su jornada laboral, una medida que Alsogaray resistió. En realidad, tal como sucedió luego con la resolución del conflicto ferroviario, la lógica económica de algunas medidas se daba de patadas con la necesidad del Presidente de suavizar su enfrentamiento con los sindicatos y recoger en el futuro el grueso de los votos peronistas.
Cf. Clarín, 05/12/59, p. 1.
Cf. Eshag y Thorp, 1965, p. 320.
Ver Frondizi, 1982b, pp. 111-142.
Entre los principales objetivos figuraba el tema de los ferrocarriles, una de las principales fuentes del déficit público, que se convertiría en un problema crítico a partir de entonces (ver sección siguiente).
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