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Comercio de bienes

Liberalización comercial regional

Para el momento en que Frondizi llegó al poder, ya estaban avanzadas las tratativas con vistas a la formación de un mercado común regional (1). En 1956 se había creado dentro del ámbito de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el Comité de Comercio, con la función de analizar y contribuir a resolver distintos temas de política comercial. Dicho comité elaboró un primer documento sobre "Pagos y Mercado Latinoamericano Integrado". En los primeros días de febrero de 1958 se realizó en Santiago de Chile una reunión de economistas latinoamericanos, también bajo el auspicio de la CEPAL, con el objeto de diseñar un programa básico de acción (2).
   
Estos intentos eran fruto del debate que había tenido lugar en la Conferencia Económica Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Buenos Aires el año anterior. Una de las principales resoluciones de esta asamblea había declarado, precisamente, la conveniencia de crear gradual y progresivamente dicho mercado común, lo cual significaría la eliminación de barreras aduaneras, la libre entrada de productos provenientes de las economías involucradas y otras franquicias económicas y financieras entre los países miembros. También recomendaba a la CEPAL, en colaboración con la OEA, la elaboración de una propuesta concreta respecto de ese objetivo. Estos esfuerzos estaban inspirados, además, en la constatación de que el comercio exterior de los países latinoamericanos entre sí apenas alcanzaba a un 10% de su comercio total (3) y al hecho de que había declinado notablemente en los últimos años (4).
   
La CEPAL emitió entonces dos documentos: "Bases para la formación del Mercado Regional Latinoamericano", presentado en Santiago de Chile en 1958, y "Recomendaciones acerca de la estructura y normas del Mercado Común Latinoamericano", presentado en Panamá en 1959. Ambos contenían principios fundamentales y recomendaciones para el establecimiento de un área de libre comercio regional -con vistas, en el futuro, a la constitución de una unión aduanera-, que luego fueron tomados como base para la confección del Tratado de Montevideo.
   
Ya durante la administración frondizista, en diciembre de 1958 se llevó a cabo una reunión de los directores de los bancos centrales de quince países latinoamericanos en Río de Janeiro (5), en la que se sentaron las bases para la organización de una Unión Multilateral de Pagos Latinoamericana, es decir, el establecimiento de un solo patrón de pagos para el comercio entre los países miembros. Asimismo, en esa ocasión se mocionó en favor de crear un organismo intergubernamental que buscaría fórmulas para liberalizar el comercio regional, con vistas a la creación de un futuro Mercado Común de América Latina.
   
Simultáneamente, los países del ABC (Argentina, Brasil y Chile) anunciaron ante el Comité de los 21 de la OEA y la reunión de Ginebra del GATT su intención de avanzar gradualmente hacia la integración de sus economías siguiendo el modelo europeo, mediante programas ya en marcha de cooperación económica que quedarían abiertos a la adhesión de otras naciones americanas (6).
   
Sin duda, el paso más significativo en este camino integracionista fue la Conferencia Intergubernamental de Montevideo, la cual dio lugar a la firma de un acuerdo sobre libre comercio entre siete países latinoamericanos (Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú, Brasil y Paraguay (7)), conocido como Tratado de Montevideo, el 18 de febrero de 1960 (8). El mismo establecía una zona de libre comercio entre los firmantes y creaba la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), cuya constitución formal se efectivizó el 2 de noviembre del mismo año. El tratado preveía que en ese organismo se llevarían a cabo las negociaciones para la rebaja gradual de los derechos aduaneros (tanto gravámenes como otras restricciones que incidieran sobre el comercio recíproco) hasta arribar a la constitución de un mercado común. El objetivo subyacente era expandir y diversificar el intercambio regional, así como promover la progresiva complementación de las economías.
   
Entre las disposiciones centrales del tratado se encontraban las siguientes: a) respetando el principio de reciprocidad, los países integrantes de la zona se otorgarían entre sí concesiones que implicaran un tratamiento no menos favorable que el existente hasta ese momento; b) los países miembros acordaban promover una creciente coordinación de sus respectivas políticas de industrialización, pudiendo para ello celebrar acuerdos de complementación por sectores; c) asimismo, se comprometían a extender automáticamente a favor de cada país signatario las ventajas o franquicias que cada uno aplicara en favor de un producto; d) se promovería una política de coordinación en el sector agropecuario, limitando las importaciones a lo estrictamente necesario para cubrir los déficits de producción interna y nivelando los precios del producto importado a los del producto nacional; e) se establecería una línea de concesiones destinadas a crear las condiciones que favorecieran el progreso de los países de menor desarrollo económico; f) el funcionamiento de este acuerdo se canalizaría a través de dos órganos creados a tal fin: la Conferencia de las Partes Contratantes y el Comité Ejecutivo Permanente, el primero con facultades resolutivas y el segundo, encargado de velar por la ampliación de sus disposiciones (9).
   
En términos generales, el desempeño de la Argentina dentro de esta institución fue relevante: las exportaciones e importaciones argentinas constituyeron una quinta parte del total del comercio nacional y una tercera parte del total del intercambio de la ALALC (10). Antes de su constitución, en 1960, las exportaciones argentinas a la región sumaban 133 millones de dólares; en 1965 habían alcanzado los 231 millones y llegaron a mil millones una década después (11).
   
No obstante, el desarrollo de este área de libre comercio posterior al tratado estuvo un tanto lejos de los objetivos iniciales. Como otros intentos integracionistas que se hicieron por aquellas décadas, la ALALC fue perdiendo impulso, en gran medida porque en los países miembros todavía no existía una conciencia real de desarrollo regional y sí primaba una búsqueda de ganancias relativas individuales que a menudo incentivaba la competencia y disminuía las posibilidades de cooperación.
   
Ello se traducía, incluso, en el discurso desarrollista que, a pesar de la importancia que asignaba a la integración regional, también planteaba un orden de prioridades respecto de los objetivos nacionales (ver Comercio exterior e integración económica regional). En consecuencia, a pesar de que el comercio regional total creció en volumen y monto, la liberalización comercial que propiciaba la ALALC sólo se cumplió parcialmente y en forma por demás selectiva, ya que los países miembros mantuvieron numerosas medidas proteccionistas de ciertas industrias nacionales. Es decir, el interés nacional primó por sobre el regional y dificultó las negociaciones (12). Indudablemente, factores como la desigualdad relativa de recursos, el dispar grado de desarrollo de los países miembros y la inestabilidad política en que vivía la mayoría de ellos no ayudaba a superar esos obstáculos.

  1. Al respecto, ver Borda, 1982, pp. 49-55.

  2. Ver Clarín, 14/01/58, p. 6.

  3. Tal como sucedía con Argentina respecto del resto del continente, la mayor parte de los intercambios comerciales del resto de los países latinoamericanos ocurría con Estados Unidos.

  4. Esta tendencia se inscribía en el marco de un deterioro general del balance comercial de los países latinoamericanos con Estados Unidos. Según estadísticas del Departamento de Comercio norteamericano, las importaciones de ese país procedentes del resto del hemisferio descendieron significativamente en el primer semestre de 1958. En el caso de la Argentina, el déficit de su balanza comercial con Estados Unidos ascendía, en ese mismo período, a casi 40 millones de dólares. Cf. Clarín, 12/09/58, p. 3.

  5. Ver Clarín, 04/12/58, p. 4.

  6. Ver Clarín, 09/12/58, p. 4.

  7. Con posterioridad se unieron a la ALALC otros países de la región: Colombia (en setiembre de 1961), Ecuador (en noviembre de 1961), Venezuela (en agosto de 1966) y Bolivia (en febrero de 1967).

  8. Ver Clarín, 18/02/60, pp. 1-2.

  9. Para mayor detalle, ver Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 1971.

  10. Dentro de la región, las exportaciones argentinas se dirigieron principalmente a Brasil, Chile y Perú, mientras que las importaciones provenían, fundamentalmente, de Brasil y Chile. Para un análisis estadístico pormenorizado del desempeño argentino en la ALALC, ver Pastore, 1965.

  11. Cf. Borda, 1982, p. 53.

  12. Decía Frondizi unos años después de la firma del tratado: "Ya hemos visto que son falsas o inadecuadas las soluciones que propugnan redoblar el esfuerzo para exportar más, o que pretenden compensar la reducción del mercado internacional para nuestros productos con la creación apresurada de un mercado latinoamericano. No somos enemigos de la integración latinoamericana. La propiciamos desde el gobierno, al suscribirse el Tratado de Montevideo que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Pero no la aceptamos como sustituto de la integración nacional de nuestros países, ni creemos que existan en lo inmediato condiciones capaces de convertir este mercado común en panacea de nuestra crisis estructural. Concebimos la integración latinoamericana como un proceso similar al que ocurrió en Europa; la formación del mercado común ha sido la etapa superior de la recuperación de economías nacionales de posguerra y partió de la coordinación de economías nacionales que eran fuertes e integradas antes de la guerra. (...) Estos problemas [los suscitados con motivo de la solicitud de admisión de Gran Bretaña] son perfectamente explicables en una comunidad formada por naciones soberanas, que están obligadas a proteger a sus propios productores ante cualquier avance excesivo del sistema comunitario. También la ALALC tropieza en estos momentos con una seria oposición de algunos de sus miembros a ampliar la lista de desgravaciones recíprocas. Cada una de las naciones miembros preserva el interés de sus empresas". Cf. Frondizi, 1968b, pp. 6-7.

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