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El último punto de la sección anterior apunta a un factor crucial en cualquier explicación que se intente dar sobre las aparentes contradicciones mencionadas al comienzo de este estudio: el grado de compatibilidad de los objetivos económicos y políticos.
   
Es evidente que tanto los objetivos económicos como políticos estaban claros en la percepción de los gobernantes en 1958. Más allá de su grado de acierto, llegaron al poder munidos de una elaborada interpretación de los problemas y de una propuesta detallada para su solución. Existió, además, una clara voluntad política y una enérgica determinación en el momento de tomar decisiones y aplicar un tratamiento de shock. Por eso el viraje en la orientación a poco de asumir, aun cuando significaba postergar o sacrificar algunos objetivos. No hay duda de que dicho viraje estuvo guiado por una toma de conciencia de los limitantes que presentaba la situación socio-económica objetiva.
   
No obstante, la política económica que implementaron mostró ciertas inconsistencias (e.g., aumentos salariales y recortes presupuestarios; liberalización y protección simultáneas) y ambigüedades (e.g., el protagonismo otorgado durante la mayor parte del período a un ministro como Alsogaray, férreo opositor de los postulados desarrollistas). Tales inconsistencias y ambigüedades no pueden achacarse meramente a errores u omisiones del plan económico, sino que sus razones deben buscarse en la economía política de las relaciones sociales de ese entonces. En ese marco es donde se hace claro que el margen de maniobra del gobierno estaba seriamente limitado por la puja distributiva que se señalaba al final de la sección anterior, la cual dificultaba enormemente la consecución de objetivos económicos y políticos.
   
Pero es importante remarcar que esa latente o actual puja distributiva no se refería sólo a la distribución del ingreso, sino a toda clase de recursos -materiales y simbólicos- que los actores disputaban sin tregua. Al respecto, la conflictiva relación de la UCRI en el gobierno con los militares, con los sindicatos, con su antiguo partido ahora convertido en oposición y con los grupos de interés es un buen ejemplo. Se trató, en los términos de Wynia, de una "implementación de política bajo asedio".
   
Por eso, más allá de las rigideces estructurales que presentara la organización económica y de su posible resistencia al cambio, la coexistencia de resultados económicos a la vez sorprendentes y decepcionantes que se mencionaba en la introducción, es la resultante de un proceso de formación de la política económica caracterizado por un alto grado de incomprensión y de inflexibilidad por parte de los actores involucrados.
   
Más allá de la posición de cada uno de los grupos de interés, el gobierno no pudo en ningún momento liderar la formación de una coalición de apoyo a su programa. Al respecto, sostiene Albert Hirshman, al explicar el hecho de que Frondizi perdiera la confianza de importantes sectores que deberían haber sido sus aliados y, por el contrario, lograra ponerlos en su contra: "He even managed to give, in Argentina, the term  desarrollismo a bad name from which it still has to recover. It was an unfortunate style of policymaking rather than the strategy of unbalanced growth that caused his ruin" (1).
   
No obstante, no es adecuado cargar las tintas sobre la incapacidad de la gestión frondizista, al menos por dos motivos. Por un lado, el estilo de hacer política del Ejecutivo siguió tendencias históricas que le marcaron el rumbo. En ese sentido, podría hablarse de lo que en la literatura sobre policymaking se denomina path dependence. Es decir, rasgos culturales e institucionales tales como un presidencialismo acentuado, un alto grado de personalismo y de resistencia a la concertación social, una cierta subestimación por procedimientos e instancias de negociación y de consenso (e.g., el mismo Congreso) marcaron los pasos de todos los regímenes democráticos de las últimas décadas a la hora de relacionarse con otras fuerzas sociales. Frondizi no escapó a esa regla.
   
Por otro lado, la implementación de una política es siempre el resultado de un proceso de doble vía que involucra tanto a quien la pone en práctica (el Estado) como a quien es el destinatario de ella (la sociedad). Y los resultados son el producto de la interacción entre esos dos términos. De modo que el mayor o menor grado de éxito no debe atribuirse sólo a una de las partes. Los rasgos institucionales y la puja distributiva antes mencionados persistieron y fueron percibidos como un juego de suma cero por todos, no sólo por el gobierno.
   
De todos modos, lo cierto es que el gobierno de Frondizi, a la luz del paso del tiempo e incluso de otras experiencias similares (2), contribuyó sustancialmente al debate sobre las estrategias de desarrollo que por ese entonces se dieron en la Argentina, pero no logró resolver los profundos clivajes socio-económicas que por décadas impidieron o retrasaron el proceso de desarrollo propiamente dicho.

  1. Cf. Di Tella y Dornbusch (eds.), 1989, p. 128.

  2. Una interesante comparación acerca del relativo arraigo que los experimentos desarrollistas lograron en Brasil y en Argentina, puede hallarse en Sikkink, 1991.

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