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1963-1966

Arturo H. Illia, el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ganó las elecciones de julio de 1963 con el apoyo de tan sólo el 26% del electorado. Cuando asumió el poder en octubre de ese año, recibió una economía que emergía de la recesión y aplicó una política económica de corte nacionalista y expansiva. Sus pasos en este terreno no respondieron a un plan exhaustivamente diseñado a priori sino más bien se basaron en medidas graduales, de corto plazo.
   
Más allá del fin de la recesión y la perspectiva de una buena cosecha de granos, la situación económica que el gobierno radical debía enfrentar era bastante crítica: déficit presupuestario, importantes deudas atrasadas con proveedores, salarios impagos en la administración pública, una considerable deuda externa y tasas de desempleo y de inflación crecientes (1).
   
En términos generales, el plan económico implementado por el ministro Eugenio Blanco a partir de 1964 pretendía aumentar el consumo, a la vez que controlaba los efectos negativos de esta expansión sobre la balanza de pagos mediante controles selectivos. Al mismo tiempo, se utilizó el crédito del Banco Central para poner al día las deudas del sector público, dando lugar a un aumento del déficit. Se autorizaron aumentos salariales del 30%, acordados mediante negociaciones colectivas, y se elevó e indexó el salario mínimo de acuerdo con el costo de vida. Se impuso un control de precios para contrarrestar el aumento que provocaban estas medidas, se restablecieron los controles de cambio y se devaluó el peso un 58% (2). Mientras tanto, se elaboró un plan de desarrollo a aplicarse entre 1965 y 1969 tendiente a generar un proceso genuino de industrialización.
   
Los resultados fueron muy satisfactorios, sobre todo si se tiene en cuenta la brevedad de este período de gobierno (dos años y ocho meses): el producto bruto creció (10,3% en 1964; 9,2% en 1965); la industria creció un 18,9% en 1964 y 13,8% en 1965, mientras que el sector agropecuario lo hizo a una tasa de 7% y 5,9% en los mismos años, alcanzando la producción y exportación de cereales niveles récord; la inversión en maquinarias y equipos aumentó cerca del 20% en el mismo lapso; la tasa de inflación anual se mantuvo bajo control; el gasto público en relación al PBI disminuyó de 35,7% en 1962 a 30,7% en 1965, a la vez que el déficit fiscal pasó de 4.715,1 millones de pesos (3) en 1962 a 2.778,9 millones en 1965; los salarios reales aumentaron, así como el empleo (4) y la participación de los sectores de menores recursos en la distribución del ingreso; la balanza comercial mejoró y las reservas del Banco Central aumentaron considerablemente, al tiempo que disminuía la deuda externa (5).
   
En el plano de las relaciones económicas externas, el gobierno radical persiguió dos objetivos principales: lograr que el sector externo creciera y no se constituyera en una limitante de la expansión económica y ordenar la estructura arancelaria que regía el comercio exterior. En cuanto al primero, se fomentaron las exportaciones y un cuidadoso manejo de las importaciones a través de instrumentos tales como depósitos previos, autorizaciones dadas por la Secretaría de Industria y Minería para el ingreso de materias primas, exigencias de financiamiento externo para la importación de bienes de capital, etc.
   
El segundo objetivo fue abordado mediante la implementación de un nuevo ordenamiento arancelario que se puso en vigencia recién a fines de 1965 y sólo duró hasta principios de 1967. Asimismo, se adoptó una nueva nomenclatura que permitió el manejo más racional de los listados de importaciones y sus respectivos aranceles, se suprimió un conjunto de recargos e impuestos a las importaciones (se los reemplazó por un recargo único a fin de simplificar las operaciones) y se mantuvieron ciertos instrumentos cuantitativos junto con algunos mecanismos de precios.
   
En un primer momento, la política en esta materia fue respetar la estructura arancelaria establecida por el desarrollismo poco tiempo antes, tanto en lo referente a la clasificación de productos por listas como en lo atinente a los niveles de los recargos. Sólo se incorporó un impuesto especial del 5%, del cual estaban exceptuados los productos provenientes de los países miembros de la ALALC, y un impuesto del 4% sobre los fletes (6). Hacia fines de 1963 se prohibió la importación de ciertos bienes de consumo, se restringió la entrada de bienes de capital, se reglamentaron los depósitos previos (7) y se restablecieron los recargos a las importaciones y las restricciones a las compras de divisas (8).
   
La modificación más importante a la estructura arancelaria se produjo en 1965. En setiembre se adoptó la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. En diciembre, a través del Decreto # 8942/65 del Poder Ejecutivo, se fijaron nuevos recargos. También se derogaron los derechos aduaneros y recargos de importación vigentes, reemplazándolos por un solo recargo de importación fijado en el mismo decreto.
   
El nuevo ordenamiento gravaba unas 6.600 posiciones y establecía recargos que iban desde el 5 hasta el 605%, aunque la mayoría de las posiciones no superaban el 220% (el promedio para el conjunto total era de 119%) (9). Los mayores recargos correspondían al sector automotor, al igual que los textiles y los aparatos eléctricos. En términos generales, la intención fue mantener un escalonamiento tarifario que asegurara que la protección aumentaba a medida que se aproximaba a los bienes de consumo finales.
   
Como ya se mencionara, la evolución del comercio exterior durante este período fue favorable. Los siguientes son los datos correspondientes a la balanza comercial:

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL

(millones de dólares estadounidenses corrientes)

1962 1.216,0 1.356,5 -140,5
1963 1.365,5 980,7 384,8
1964 1.410,5 1.077,4 333,1
1965 1.488,0 1.195,0 293,0
Fuente: García Vázquez, 1994, p. 294.

En 1965 el proceso de reactivación alcanzó su punto máximo. A partir de allí, los indicadores económicos se deterioraron, al igual que la situación política. Los aumentos salariales no lograron contentar a los sindicatos, que permanecían leales a su líder y desde un principio habían ejercido su oposición al gobierno radical. El sector industrial, especialmente las grandes empresas representadas en la Unión Industrial Argentina, no estaba satisfecho con la orientación económica y desaprobaba lo que consideraba como excesivos controles estatales y demasiada tolerancia del gobierno ante los sindicatos peronistas. Este fue probablemente un elemento determinante de su apoyo al golpe militar que en junio de 1966 depuso al Presidente Illia.

  1. Un sintético análisis de la situación previa puede hallarse en Alieto A. Guadagni: "Economic Policy during Illia's Period in Office, 1963-6", en Di Tella y Dornbusch (eds.), 1989, pp. 147-161.

  2. Ver Wynia, 1986, pp. 167-173.

  3. Se trata de millones de pesos de 1970.

  4. Según la misma fuente, la tasa de desempleo descendió de 8.8% en 1963 a 7.4% en 1964, 6.1% en 1965 y 5.2% en 1966.

  5. Cf. García Vázquez, 1994, pp. 293-295.

  6. Para mayores detalles, ver Lucángeli, 1989, pp. 37-39.

  7. Los depósitos previos se aplicaron en forma parcial para algunos productos hasta 1964. En 1965 se estableció un depósito por 180 días del 100% del valor costo (luego se redujo ese porcentaje al 75% y 50%) y flete de los bienes a ingresar. No obstante, hacia fines de ese año la mayor parte de las importaciones estaban exceptuadas del depósito previo.

  8. Los movimientos de capitales, las remesas al exterior y las compras de divisas por parte de los particulares permanecieron bajo el control del Banco Central.

  9. Cf. Lucángeli, 1989, p. 38.

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