• Los prolegómenos de un cambio de modelo

1973-1976

El candidato peronista (Héctor J. Campora) ganó las elecciones de marzo de 1973 por una amplia mayoría e inició un par de meses después su corto mandato, ya que inmediatamente se llamó a nuevas elecciones (en setiembre de ese año) a fin de permitir el acceso de Juan Domingo Perón al poder (1).
    José Ber Gelbard, presidente de la CGE hasta entonces, fue Ministro de Economía durante los dos primeros años de la administración peronista. Su nombramiento refleja claramente la nueva orientación económica, ya que ésta se basó fundamentalmente en una propuesta elevada por la CGE al Presidente Cámpora -parte de ella había sido ya incorporada a la plataforma electoral del FREJULI- y luego se convirtió en el corazón del acuerdo social logrado alrededor de la nueva política económica. La idea de un acuerdo surgió de la necesidad de superar la histórica lucha por la distribución de la riqueza que tantos impedimentos había creado en el pasado.
    Precisamente, el llamado "Pacto Social" se forjó con el acuerdo formal de los sindicatos, la industria y el gobierno en torno a una serie de medidas que tendían, fundamentalmente, a estabilizar los precios y redistribuir el ingreso en favor de los trabajadores asalariados. Concretamente, dichas medidas incluían un congelamiento de precios de los bienes de consumo, un alza general de salarios de alrededor de 20%, la suspensión de las negociaciones colectivas de salarios por dos años, un plan de austeridad para el sector público, una redistribución del gasto hacia los servicios públicos, una reforma tributaria que afectaría, en principio, el impuesto a las ganancias y a la tierra, y la canalización del crédito hacia las empresas nacionales. Además, se intentaba mantener la tasa de cambio estable, evitar una devaluación y tratar de que la masa monetaria creciera lentamente (2).
    Este acuerdo corporativo acerca de objetivos e instrumentos, oficialmente implementado a partir del 25 de mayo de 1973 y rubricado por el Congreso el 8 de junio de ese mismo año, funcionó por casi un año de acuerdo con las expectativas. Es decir, se alcanzó cierto crecimiento económico, una mayor estabilidad de los precios y una mejor situación externa. Poco antes de la muerte de Perón en julio de 1974 -en gran parte por la inminencia de este episodio- se desató un agudo conflicto político que despertó la desconfianza y las críticas de los actores involucrados y una  puja sin cuartel por el poder.
    El caos reinante durante el mandato de María Estela Martínez de Perón se reflejó también en la inestabilidad del gabinete y la más que frecuente alternancia de ministros de Economía (3). Ninguno de ellos permaneció en el cargo lo suficiente ni contó con un mínimo de disciplina entre los firmantes del pacto como para implementar un programa económico coherente. Por el contrario, sus pasos reflejaron la necesidad de flexibilizar y/o ajustar las pautas del acuerdo, en gran parte como respuesta a los conflictos políticos. Mientras tanto, las distintas facciones dentro del movimiento peronista se disputaban el control del gobierno; los sindicatos no reconocían la conducción de la Presidenta y desafiaban sus decisiones con medidas de fuerza; los pequeños y medianos empresarios de la CGE se consideraron excluidos a partir del reemplazo de Gelbard y usaban la suba de precios como defensa frente a los aumentos de salarios que el gobierno concedía, mientras que el sector agropecuario mantenía su tradicional desconfianza respecto al gobierno peronista y sobre el final del período se sumó claramente al descontento general (4).
    Respecto de las relaciones económicas externas, cabe aclarar que entre 1970 y 1975 no hubo mayores novedades en el manejo de las importaciones, aunque la promoción de las exportaciones manufactureras adquirió mayor relevancia. El régimen comercial descripto en la sección anterior se mantuvo durante el gobierno justicialista. También se mantuvo el doble mercado cambiario, el financiamiento externo para las importaciones y el requisito de depósitos previos, aunque cada vez con más excepciones.
    La promoción de exportaciones no tradicionales se realizó a través de distintos instrumentos como, por ejemplo, la apertura de líneas especiales de créditos. Una de ellas se suscribió con Chile por un monto de 100 millones de dólares para la adquisición de material de transporte, maquinaria y bienes de capital. Otra, con Cuba, por 200 millones de dólares (luego ampliada a 400 millones), para la financiación del 85% de las adquisiciones de bienes de capital de origen argentino (5). Convenios similares se firmaron con Hungría y con Uruguay.
    La exportación de manufacturas fue incentivada mediante los instrumentos vigentes, esto es, reembolsos y draw-back. En realidad, la Ley 20.545 sobre protección de la producción nacional, sancionada en diciembre de 1973, autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar los derechos de exportación, suspenderlas, fijar precios índices, reintegros, reembolsos y draw-back  en los casos de bienes cuya exportación se quería promocionar.
    Sobre el final del período, el deterioro de la balanza comercial -en parte atribuible al deterioro de los términos de intercambio- llevó al gobierno a extremar los cuidados en el manejo del comercio exterior. En especial, se trató de controlar las importaciones no sólo a través del tipo de cambio sino que también se las agrupó en tres listas. La lista A comprendía los bienes esenciales, que ingresaban por el mercado comercial. La lista B incluía los bienes de capital, que se canalizaban hasta el 40% de su valor por el mercado comercial y el resto por el financiero. La lista C abarcaba el resto de las importaciones, las cuales se liquidaban por el mercado financiero. Además, el ingreso de productos prescindibles y suntuarios fue prohibido y el de bienes de capital fue restringido a aquellos no producidos localmente, requiriéndose un financiamiento del exterior superior a los 180 días. Asimismo, se utilizó el mecanismo de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación (DJNI) para restringir aún más las importaciones.
    Sobre este período Lucángeli concluye: "La administración justicialista pasó de una situación floreciente en el sector externo a una de grave desequilibrio en el término de dos años. Sin embargo, debe volver a señalarse que no se recurrió a la utilización de nuevos instrumentos, sino a aquellos vigentes con anterioridad. De todos modos, mostró cierta preferencia por la utilización de las DJNI. Pero, por otro lado, la política comercial estuvo dirigida -casi con exclusividad- a la administración del sector externo antes que a la orientación de la asignación de recursos" (6).
    En síntesis, el impacto económico de las medidas adoptadas al principio de la administración peronista fue positivo pero duró muy poco. La inflación se redujo de la noche a la mañana y la estabilidad de los precios duró apenas unos diez meses. Luego, volvió a aumentar constantemente, alcanzando importantes picos durante 1975 y llegando a una tasa mensual de 54% en marzo de 1976 (precios mayoristas) (7). La tasa de crecimiento subió durante el primer año del Pacto Social (6.8%), para declinar luego. El gasto público aumentó, siendo cada vez menor la proporción que se financiaba con recursos genuinos del tesoro. Por su parte, el balance comercial mostraba al inicio del programa un superávit equivalente al 34% de las exportaciones pero fue perdiéndolo hacia mediados de 1974 y se tradujo en déficit durante 1975 (8); en montos, ello se tradujo en las siguientes cifras:

Hacia fines de 1975 la crisis política se aceleró. En diciembre fue abortado un golpe de Estado orquestado por la Fuerza Aérea, a cambio de que el mismo se efectivizara a la brevedad por parte de las tres armas. En realidad, para ese entonces la iniciativa contaba con el respaldo de amplios sectores sociales y era esperada de un momento a otro. Se concretó el 24 de marzo del año siguiente, inaugurando así otro largo período de gobierno militar.

• NOTAS

1. Entre ambos, también ejerció la Presidencia Raúl Lastiri, entre julio y octubre de 1973.

2. Ver de Pablo y Martínez, 1988, pp. 38-50.

3. José Ber Gelbard fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales en octubre de 1974. A éste le siguieron: Celestino Rodrigo (junio-julio de 1975), Pedro Bonanni (julio-agosto de 1975), Antonio Cafiero (agosto de 1975 a febrero de 1976) y Emilio Mondelli (febrero-marzo de 1976).

4. Para mayores detalles, ver Guido Di Tella: "Argentina's Economy under a Labour-based Government, 1973-6", en Di Tella y Dornbusch (eds.), 1989, pp. 213-233; también Wynia, 1986, pp. 315-325. La evaluación de algunos de los protagonistas puede hallarse en de Pablo, 1980, pp. 165-200.

5. Ver Lucángeli, 1989, p. 41.

6. Cf. Ibídem, p. 42.

7. La aceleración de la inflación se produjo, particularmente, a partir de junio de 1975 cuando el Ministro de Economía Celestino Rodrigo anunció una devaluación de gran magnitud, más incrementos tarifarios también muy altos que empujaron la suba de precios. Estas decisiones -conocidas popularmente como "el rodrigazo"- provocaron un brusco salto de la inflación: 63% en sólo dos meses (junio y julio de 1975), frente a un 32.6% en todo el semestre anterior (diciembre de 1974 a mayo de 1975). Los precios siguieron subiendo a partir de entonces y esto a la vez provocó corridas hacia el dólar. Cf. Schvarzer, 1983b, pp. 27-29.

8. Cf. de Pablo y Martínez, 1988, pp. 38-43.

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