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Objetivos y medios  

Mediante un golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas removieron al gobierno peronista y dieron inicio al llamado Proceso de Reorganización Nacional. Según consta en los documentos oficiales, el propósito de tal medida era: "Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y la participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino" (1).
   
A partir de entonces, el poder quedó en manos de una junta militar formada por un representante de cada fuerza, presididos por el miembro del Ejército (en aquel momento, el brigadier Orlando Ramón Agosti, el almirante Emilio Eduardo Massera y el general Jorge Rafael Videla). Se declararon caducos los mandatos de la Presidenta de la Nación y de los Gobernadores y Vice-Gobernadores de las provincias. Se disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales y municipales. Se removió a los miembros de la Corte Suprema de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los Tribunales Superiores Provinciales. También se suspendieron las actividades políticas y gremiales.
   
Para el manejo de los asuntos económicos fue convocado un prominente representante del sector empresario y del pensamiento liberal-conservador, por ese entonces presidente del Consejo Empresario: José Alfredo Martínez de Hoz. Aparentemente, su nombramiento estuvo ligado a un problema de credibilidad.  Dado que el país se encontraba al borde de la cesación de pagos, las vinculaciones de Martínez de Hoz con los centros financieros internacionales y con el establishment local permitían esperar cierto apoyo de esos sectores y lo convertían en la figura más adecuada para el cargo.
   
Esta conjunción de tecnócratas y militares -para nada novedosa en la historia política argentina- permitió que se articularan intereses, ideologías y factores de poder en pos de un proyecto de transformación radical de la estructura socio-económica. Más allá de la retórica oficial enunciada anteriormente, era evidente que el propósito de combatir la guerrilla y terminar con la violencia y el desorden social iba acompañado de un objetivo de largo alcance: revertir de una vez por todas la matriz de relaciones sociales y económicas que el modelo populista/redistribucionista había impulsado a través de un Estado altamente intervencionista y sobre-expandido.
   
Siguiendo los postulados del liberalismo económico, se promovió la idea de que sólo el libre funcionamiento del mercado, desligado de "interferencias" políticas, garantizaría una eficiente asignación de recursos. De acuerdo con este supuesto, las políticas aplicadas en la posguerra (e.g., políticas de empleo, de distribución de ingresos, de seguridad y bienestar social, de promoción sectorial, etc.) aparecían como nocivas, demagógicas y contraproducentes.
   
En consecuencia, el diagnóstico atribuía las causas de la crisis económica a la distorsión de los precios relativos que habían introducido tanto la política de industrialización aplicada como el sobre-dimensionamiento del aparato y del funcionamiento del Estado. La protección arancelaria había impulsado el desarrollo de una industria ineficiente, mientras que el sector agropecuario era relegado y utilizado en función de la política de redistribución de ingresos. Un sindicalismo fuerte, unificado y verticalista, presionando constantemente por aumentos salariales que no guardaban relación con los niveles de productividad de la mano de obra, había sido otro importante factor de distorsión. Por su parte, el Estado había dilapidado recursos en la expansión de su aparato burocrático y en el mantenimiento de numerosas empresas públicas deficitarias y de gravosos servicios de bienestar social.
   
En base a esta interpretación, se hacía indispensable revertir las políticas anteriores. El nuevo liberalismo económico se propuso como objetivo explícito, entonces, la liberalización de la economía. Esto implicaba, a grandes rasgos, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los privilegios fiscales, subsidios y de controles. No obstante, las reformas no acababan en el plano económico.
   
Como bien señala Canitrot, el plan económico era parte indisoluble de un proyecto político mucho más amplio de la élite gobernante. Sin atarse a ningún tipo de límite temporario, las Fuerzas Armadas se propusieron "disciplinar" las fuerzas sociales y modificar sus relaciones, de modo de erradicar las causas de la crisis y el desorden (2). Uno de los puntos claves de dicho disciplinamiento era la reubicación de la clase obrera en su rol subordinado, tanto en términos políticos como económicos e institucionales. Esto significaba debilitar las organizaciones político-partidarias y corporativas de esa clase -un viejo anhelo de todos los gobiernos post-peronistas. Esto se llevó a cabo efectivamente mediante la combinación de represión armada, reformas económicas que debilitaron el poder económico de esas organizaciones y de los trabajadores individualmente considerados y normas que limitaran el accionar y la influencia de los sindicatos.
   
Aunque con una modalidad y grado diferentes, también debía llevarse a cabo un disciplinamiento del sector empresario. En este caso, la eliminación de la protección y el sometimiento a la competencia externa planteada por el libre mercado -vía apertura de la economía- fueron los instrumentos escogidos para alcanzar tal fin.

  1. Cf. Junta Militar, 1980, p. 7.

  2. Ver Canitrot, 1981.

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