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Las medidas iniciales

Según consta en los documentos oficiales del gobierno del Proceso, las medidas inmediatas a adoptar en el terreno económico eran definidas vagamente como aquellas "medidas de control de emergencia necesarias para mejorar la situación existente hasta tanto se pueda instrumentar la reactivación económica en forma coherente" (1). En segundo lugar, se mencionaba la elaboración de un plan económico que contemplaba los siguientes objetivos: a) estímulo a la productividad; b) reactivación del aparato productivo; c) control y disminución del déficit presupuestario; d) aliento a las inversiones; e) reversión de la política estatizante; f) búsqueda de la eficiencia en los servicios públicos y empresas del Estado; g) implementación de una política agropecuaria realista; h) reactivación de las obras públicas; i) instrumentación de un adecuado régimen de comercialización; j) impulso a las exportaciones tradicionales y no tradicionales; k) desaceleración de la inflación compatible con el mantenimiento de la actividad económica; l) reordenamiento impositivo.
   
El titular de la cartera económica también usaba públicamente conceptos vagos con alto contenido ideológico. La lectura de los hechos inmediatamente anteriores al golpe de Estado llevó al Ministro de Economía a sostener que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político para suplir un notorio vacío de poder y que la ausencia de una autoridad respetada había estimulado el enfrentamiento social en pos de una mayor participación en la distribución del ingreso, lo cual actuó como acelerador del fenómeno inflacionario hasta llevarlo a un punto sin precedentes. Por lo tanto, presentó a su programa como "un enfoque global, integral y continuado" que básicamente buscaba lograr el saneamiento monetario y financiero, un rápido crecimiento económico y una "razonable distribución del ingreso" (2).
   
No obstante, existía cierto diseño técnico de las medidas concretas a adoptar. El 2 de abril de 1976 el flamante Ministro de Economía Martínez de Hoz anunció por radio y televisión las nuevas medidas económicas tendientes, en términos generales, a reducir la inflación y el gasto fiscal, redefinir la política tributaria, ampliar y liberalizar el mercado de capitales, liberalizar los precios y promover las exportaciones dentro de los principios de la multilateralidad (3).
   
Los principales objetivos del llamado "Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina" eran los siguientes: i) lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable para la modernización y expansión del aparato productivo, lo que garantizaría un crecimiento no inflacionario de la economía; ii) acelerar la tasa de crecimiento económico; iii) alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad de la economía.
   
Más concretamente, las disposiciones centrales del nuevo plan económico incluían: a) fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior; b) eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios; c) ampliación de un programa de reducción progresiva de los aranceles de importación; d) eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento y de prestaciones sociales deficitarias (e.g., en las áreas de salud y vivienda); e) incremento de las tarifas de servicios públicos; f) liberalización de los mercados cambiario y financiero; g) financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales; h) reducción del gasto, del empleo y del déficit del gobierno; i) privatización de empresas que habían pasado al control estatal (4).
   
Como puede observarse, la mayoría de estas medidas no eran novedosas. Muchas se habían implementado bajo administraciones anteriores. Sin embargo, Martínez de Hoz argumentaba que nunca se las había puesto en práctica a conciencia. Esta vez se esperaba hacerlo sin medias tintas, ya que el gobierno poseía la voluntad y el poder para hacerlas cumplir. Además, esta vez se contaba con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, con el que a poco de asumir se negociaron varios préstamos bajo la condición de alcanzar ciertas metas económicas (ver Otros flujos de capital).
   
A partir de las medidas antes enunciadas, pueden identificarse los ejes centrales de la política económica del período 1976-1983. En primer lugar, la apertura de la economía: durante los dos primeros años, el instrumento predominante fue la reducción de los aranceles de importación a la oferta de bienes industriales competitivos con la producción nacional. En segundo lugar, la liberalización del mercado de capitales, que hasta ese entonces mantenía las tasas de interés y las normas cambiarias estrictamente controladas por el Banco Central. Al respecto, el paso más importante fue dado en junio de 1977 cuando se implementó la llamada Reforma Financiera, por la que se liberalizaron las tasas de interés de la banca comercial, se eliminó la mayor parte de los créditos subsidiados y se liberalizó el mercado cambiario (ver Implementación e impacto).
   
Por otra parte, la retórica oficial indicaba que el rol del Estado en la economía debía ser totalmente redefinido. No obstante, las medidas tomadas en este plano estuvieron lejos de producir ese efecto. El reordenamiento de las cuentas públicas fue uno de los objetivos iniciales, a fin de reducir el déficit fiscal vía contracción del gasto. Se obtuvieron resultados positivos hasta fines de 1977, pero a partir de entonces, los gastos del Estado tendieron a aumentar, dando lugar a una política de mayor presión tributaria, colocación de títulos de deuda pública en los mercados privados y, en cuanto a las empresas públicas, a la toma de préstamos (ver Otros flujos de capital).
   
Más aun, la política de privatizaciones anunciada tampoco modificó significativamente el rol predominante del Estado en la economía. Como señala Schvarzer, el programa de privatizaciones implementado por esos años tampoco condujo a una reducción del gasto público. Por el contrario, tuvo varias consecuencias negativas: impulsó la emergencia de un nuevo grupo de firmas (un complejo público-privado) cuyo crecimiento planteó mayores demandas sobre el aparato estatal, deterioró aún más el sistema administrativo público y reforzó el carácter subsidiario del Estado (5).
   
Por último, la preocupación dominante durante esos años era la inflación (6). Al respecto, el equipo económico aplicó distintas medidas (e.g., congelamiento de salarios, ajustes salariales por debajo del incremento de precios, tregua de precios, contracción monetaria y desindexación de la economía, devaluaciones), las cuales tuvieron un éxito temporario.
   
Esta combinación de objetivos implícitos y explícitos marcó el rumbo económico adoptado. Por eso se hace necesario analizar el conjunto de medidas adoptadas, las cuales estaban interrelacionadas, y su impacto sobre las variables coyunturales y estructurales. Ese es el propósito de las secciones que siguen.

  1. Cf. Ibídem, p. 26.

  2. Ver Clarín, 19/05/76, pp. 8-9.

  3. El texto completo del mensaje puede encontrarse en La Opinión, 03/04/76, pp. 10-11; también en Palacio Deheza, 1981, pp. 346-384.

  4. Para mayor detalle sobre estas medidas y distintos enfoques sobre su implementación e impacto pueden consultarse, por ejemplo, Canitrot, 1980, 1981; Schvarzer, 1983b; Ledesma, 1981; Palacio Deheza, 1981; Martínez de Hoz, 1991; Winograd, 1984; de Pablo y Martínez, 1988; Azpiazu et al., 1986.

  5. Ver Schvarzer, 1981.

  6. Al momento de lanzarse el plan, la tasa mensual de inflación superaba el 50% (cf. Canitrot, 1981, p. 135).

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