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Luego de varias décadas de aplicación de una estrategia de desarrollo basada en una producción industrial altamente protegida y  orientada hacia el mercado interno, a mediados de los setenta era evidente que la Argentina había quedado rezagada respecto del comercio mundial. Por eso, para el gobierno del Proceso estaba claro que debía estimularse la expansión del principal sector exportador (el agropecuario), modificando progresivamente los precios relativos agropecuarios, y al mismo tiempo promover expresamente la exportación de productos manufacturados mediante la política cambiaria y otras medidas promocionales. Así lo sostenía el Programa de Saneamiento, Recuperación y Expansión de la Economía Argentina elaborado por el ministro Martínez de Hoz al comienzo de su gestión (1).
   
De modo que, de acuerdo con los supuestos de dicho programa, el comercio exterior era un factor clave para el crecimiento económico del país. La recuperación de mercados y la mejora de la competitividad de los productos argentinos en el exterior se presentaba como uno de los principales objetivos de política económica (2). Especialmente, se hacía hincapié en la necesidad de promover las exportaciones agropecuarias, que eran las que representaban el mayor volumen y potencial de expansión. Asimismo, como ya se mencionara, se promovería la exportación de productos no tradicionales manufacturados y semi-elaborados.
   
Además, como parte de una liberalización más amplia de la economía, se pretendió que las Juntas Nacionales de Carnes y Granos conservaran sus facultades de control sobre el comercio exterior pero dejando las actividades de comercialización propiamente dichas en manos del sector privado y las cooperativas, de modo de aliviar al Estado de la necesidad de financiar la venta de las cosechas. Mayores incentivos se prometieron al sector privado en el mediano y largo plazo, tales como la eliminación gradual de los derechos de exportación, la derogación de las cuotas de faena y un tratamiento cambiario fundado en una paridad real.
   
En cuanto al comercio regional, en la década del setenta los intentos integracionistas habían entrado en una fase de estancamiento. El comercio dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) había crecido considerablemente, pero dicha institución estaba lejos de cumplir con los objetivos planteados al momento de su creación. Eso llevó a los países miembros a plantear su reestructuración y agilización a comienzos de los 80, a través de la formación de una nueva organización: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
   
Por otro lado, como parte del proceso general de apertura y liberalización económica, se favoreció la entrada de capitales extranjeros a través de la flexibilización de las normas que condicionaban su radicación en el país.  Para ello se dictó una nueva ley sobre inversiones extranjeras que reglamentó el nuevo régimen de radicaciones a partir de 1977.
   
El flujo de financiamiento externo se acrecentó notablemente durante este período, en parte como resultado de las condiciones del mercado internacional de capitales y en parte por los incentivos planteados por la política económica doméstica. Como se explicará al final de esta sección, ello tuvo una incidencia notable en la balanza de pagos y en el crecimiento de la deuda externa argentina.
   
Los siguientes apartados analizan en detalle estos puntos.

  1. Ver un análisis de este diagnóstico en Sourrouille y Lucángelli, 1983.

  2. Ver La Opinión, 03/04/76, p. 11.

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