Relaciones económicas externas
Comercio regional
Desde
1960 Argentina participaba, como miembro fundador, de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada por el Tratado de Montevideo
en febrero de ese año (1) con el propósito de acelerar el crecimiento económico
de sus miembros por medio del aumento del comercio intrazonal. Sin embargo,
hacia fines de los setenta era evidente que este intento de integración económica
regional no había cumplido con sus objetivos y se hallaba en un virtual estado
de estancamiento.
En
realidad, la ALALC había comprometido a los Estados miembros a trabajar en
favor de una zona de libre comercio que debería haber estado conformada para
mediados de la década del setenta. Pero el único objetivo en que los firmantes
llegaron a coincidir fue en la necesidad de incrementar el comercio. De hecho,
éste fue uno los principales logros de la ALALC: el comercio creció rápidamente
durante los primeros cuatros años de existencia de la asociación (1961-1965),
quedó prácticamente estancado durante 1966 y 1967 y luego creció hasta
finales de los setenta; además, la asociación contribuyó a que en el comercio
regional se incrementaran las exportaciones de productos manufacturados. De
todos modos, la mayoría de los países miembros siguieron comerciando más con
Estados Unidos y Europa Occidental que entre ellos (2).
Además,
otro de los logros de la ALALC fue poner en marcha desde 1966, con un
considerable nivel de eficiencia, un mecanismo de pagos y créditos recíprocos
para ayudar a financiar el comercio dentro de la región. El objetivo subyacente
de este sistema era promover la cooperación en el orden monetario y financiero,
mediante un mecanismo destinado a estimular las relaciones financieras entre los
Estados miembros, incrementar la expansión de su comercio recíproco y
sistematizar las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos.
Para tomar sólo una referencia de su importancia durante el período en
consideración, puede señalarse que al finalizar el primer período de
compensación del sistema de pagos y créditos recíprocos (entre enero y abril
de 1978), se habían canalizado a través de él más de 1.300 millones de dólares
como producto de operaciones financieras o comerciales registradas en las
cuentas de los convenios de crédito de los países miembros; sobre ese total,
un 27,1% había sido transferido para cancelar los saldos de la compensación y
efectuar pagos anticipados al haberse registrado excesos en algunas líneas de
crédito, de modo que el sistema de pagos de la ALALC había permitido un ahorro
de poco más de 959 millones de dólares de dólares en la utilización efectiva
de divisas entre dichos países durante ese lapso (3).
Ahora
bien, en ningún momento los integrantes de la ALALC se comprometieron -ni la
Asociación misma implementó mecanismos como para comprometerlos- en la tarea
de coordinar sus respectivas políticas económicas y alcanzar acuerdos más
amplios que incluyeran temas como inversiones extranjeras, transporte,
agricultura, balanza de pagos o planeamiento regional. Incluso, la estructura
administrativa instituida por el Tratado de Montevideo y la dinámica interna de
funcionamiento de la ALALC también evidenciaban el bajo nivel de compromiso de
sus miembros.
Como
en toda experiencia integracionista, los factores principales que obstaculizaron
el avance de esta iniciativa fueron: a) la falta de homogeneidad entre los países
miembros, que hacía que países con distinto nivel de desarrollo relativo
persiguieran objetivos distintos; b) las presiones proteccionistas dentro de
cada uno de ellos, ligadas a una larga tradición de proteccionismo y subsidio
al sector industrial privado, que tendía a oponerse a la rebaja de aranceles; y
c) la falta de instituciones y procesos de toma de decisiones efectivos, en
general relacionada con la falta de espíritu comunitario y con la prevalencia
de nacionalismos extremos.
Por
otra parte, al amparo del Tratado de Montevideo de 1960 tomaron impulso otras
iniciativas integracionistas subregionales (e.g., el Mercado Común del Caribe,
CARICOM; el Mercado Común Centroamericano, MCCA), lo cual dio lugar a ámbitos
de negociaciones e intercambios no ya entre países o regiones sino también
entre un país y una subregión.
Por
ejemplo, en 1969 se constituyó el Grupo Andino (4). Con esta institución
Argentina estableció relaciones que abrían un mercado alternativo cuando otros
(e.g., la Comunidad Económica Europea) se cerraban por medidas proteccionistas.
Fue así que el gobierno del Proceso intentó a fines de su primer año de gestión
estrechar lazos con los países del Pacto Andino mediante la firma de varios
acuerdos de cooperación económica (5). Asimismo,
años más tarde se firmó un acuerdo comercial de envergadura, por un monto
superior a los 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo era fortalecer los
intercambios comerciales (6).
Por
otra parte, en 1980 América Latina dio otro paso en el camino de la integración.
Después de veinte años de experiencia en esta materia y dados los obstáculos
ya mencionados, se iniciaron una serie de reuniones con el objeto de negociar la
reestructuración de la ALALC (7). En marzo de ese año, en Caracas, se resolvió
dar por iniciado un período de transición, al que se denominó Protocolo de
Caracas, durante el cual se dispondrían las condiciones de tiempo necesarias
para buscar entre todos los integrantes de la Asociación la manera de superar
la crisis que afectaba su funcionamiento. Durante la segunda reunión, en
Acapulco, en junio del mismo año, se resolvió la sustitución de la ALALC por
un nuevo organismo.
Es
por eso que en la tercera reunión, llevada a cabo en Montevideo, los once países
miembros (8) de la ALALC firmaron el 12 de agosto de 1980 otro tratado -que
también tomó el nombre de Tratado de Montevideo, como el de 1960- por el cual
se creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Ambos
tratados tenían una forma jurídica similar y tendían al mismo objetivo
fundamental -la integración económica- aunque el de 1960 postulaba como
instrumento para llegar a ella la constitución de un mercado común regional,
mientras que el de 1980 proponía llegar a él a través de un área de
preferencias económicas, compuesta por una preferencia arancelaria regional,
acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial (9).
Además,
este último establecía tres categorías de países según su grado de
desarrollo, en razón de las cuales debían concederse los tratos diferenciales
en los acuerdos de integración, a saber: i) países de mayor desarrollo:
Argentina, Brasil y México; ii) países de desarrollo intermedio: Colombia,
Chile, Perú, Uruguay y Venezuela; iii) países de menor desarrollo: Bolivia,
Ecuador y Paraguay. Entre ellos debían renegociarse, antes del 15 de diciembre
de 1980, los compromisos acordados -denominados "patrimonio histórico de
la ALALC"- y que para ese entonces estaban constituidos por más de ocho
mil concesiones arancelarias y acuerdos de complementación.
A
partir de allí, los principales objetivos e instrumentos que planteaba el
Tratado de Montevideo de 1980 eran los siguientes: a) establecer a largo plazo,
en forma gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano; b) promover y
regular el comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo
de las acciones de cooperación económica que coadyuvaran a la ampliación de
los mercados; c) privilegiar el intercambio recíproco mediante el
establecimiento de un margen de preferencia regional; d) promover el comercio
entre los países miembros mediante acuerdos comerciales de alcance regional (en
los que intervinieran todos) o de alcance parcial; e) promover el máximo
aprovechamiento de los factores de producción, estimular la complementación
económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la
concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo
equilibrado y armónico de los países miembros; f) fomentar y regular el
comercio agropecuario interregional; g) establecer condiciones favorables para
la participación de los países de menor desarrollo económico relativo; h)
multilateralizar progresivamente las llamadas "acciones parciales", a
fin de que sus beneficios alcanzaran a todos los países miembros; i) establecer
regímenes de asociación o de vinculación multilateral que propiciaran la
convergencia con otros países y áreas de integración económica de América
Latina; j) vincularse con países o áreas de integración económica del mundo
en desarrollo.
El
tratado que instituyó la ALADI debía entrar en vigencia una vez que tres países
lo hubieran ratificado. Ello se produjo recién a mediados de marzo de 1981, de
modo que los efectos de la nueva institución sobre el sector externo de la
economía argentina durante el último gobierno militar son difíciles de
evaluar dado el breve lapso transcurrido entre esa fecha y el fin del Proceso.
NOTAS
Los otros miembros fundadores eran Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay; más tarde adhirieron Bolivia y Venezuela.
Ver Sloan, 1979.
Cf. La Opinión, 30/06/78, p. 11.
El Grupo Andino fue conformado por Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia (Chile formó parte de él sólo temporariamente).
Ver Clarín, 17/11/76, p. 12.
Cf. Clarín, 10/06/82, p. 25.
En realidad, este proceso de reestructuración fue consecuencia de una reunión previa, realizada en noviembre de 1978, en la que se recomendó al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC la realización de una serie de estudios con tal objetivo, que debían culminar a mediados de 1980. Sobre el desarrollo de estos acontecimientos puede consultarse Borda, 1982.
Los firmantes eran: Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.
Respecto de las similitudes y diferencias entre ambos tratados, ver Barros, 1980.
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