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Comercio regional

Desde 1960 Argentina participaba, como miembro fundador, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada por el Tratado de Montevideo en febrero de ese año (1) con el propósito de acelerar el crecimiento económico de sus miembros por medio del aumento del comercio intrazonal. Sin embargo, hacia fines de los setenta era evidente que este intento de integración económica regional no había cumplido con sus objetivos y se hallaba en un virtual estado de estancamiento.
   
En realidad, la ALALC había comprometido a los Estados miembros a trabajar en favor de una zona de libre comercio que debería haber estado conformada para mediados de la década del setenta. Pero el único objetivo en que los firmantes llegaron a coincidir fue en la necesidad de incrementar el comercio. De hecho, éste fue uno los principales logros de la ALALC: el comercio creció rápidamente durante los primeros cuatros años de existencia de la asociación (1961-1965), quedó prácticamente estancado durante 1966 y 1967 y luego creció hasta finales de los setenta; además, la asociación contribuyó a que en el comercio regional se incrementaran las exportaciones de productos manufacturados. De todos modos, la mayoría de los países miembros siguieron comerciando más con Estados Unidos y Europa Occidental que entre ellos (2).
   
Además, otro de los logros de la ALALC fue poner en marcha desde 1966, con un considerable nivel de eficiencia, un mecanismo de pagos y créditos recíprocos para ayudar a financiar el comercio dentro de la región. El objetivo subyacente de este sistema era promover la cooperación en el orden monetario y financiero, mediante un mecanismo destinado a estimular las relaciones financieras entre los Estados miembros, incrementar la expansión de su comercio recíproco y sistematizar las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos. Para tomar sólo una referencia de su importancia durante el período en consideración, puede señalarse que al finalizar el primer período de compensación del sistema de pagos y créditos recíprocos (entre enero y abril de 1978), se habían canalizado a través de él más de 1.300 millones de dólares como producto de operaciones financieras o comerciales registradas en las cuentas de los convenios de crédito de los países miembros; sobre ese total, un 27,1% había sido transferido para cancelar los saldos de la compensación y efectuar pagos anticipados al haberse registrado excesos en algunas líneas de crédito, de modo que el sistema de pagos de la ALALC había permitido un ahorro de poco más de 959 millones de dólares de dólares en la utilización efectiva de divisas entre dichos países durante ese lapso (3).
   
Ahora bien, en ningún momento los integrantes de la ALALC se comprometieron -ni la Asociación misma implementó mecanismos como para comprometerlos- en la tarea de coordinar sus respectivas políticas económicas y alcanzar acuerdos más amplios que incluyeran temas como inversiones extranjeras, transporte, agricultura, balanza de pagos o planeamiento regional. Incluso, la estructura administrativa instituida por el Tratado de Montevideo y la dinámica interna de funcionamiento de la ALALC también evidenciaban el bajo nivel de compromiso de sus miembros.
   
Como en toda experiencia integracionista, los factores principales que obstaculizaron el avance de esta iniciativa fueron: a) la falta de homogeneidad entre los países miembros, que hacía que países con distinto nivel de desarrollo relativo persiguieran objetivos distintos; b) las presiones proteccionistas dentro de cada uno de ellos, ligadas a una larga tradición de proteccionismo y subsidio al sector industrial privado, que tendía a oponerse a la rebaja de aranceles; y c) la falta de instituciones y procesos de toma de decisiones efectivos, en general relacionada con la falta de espíritu comunitario y con la prevalencia de nacionalismos extremos.
   
Por otra parte, al amparo del Tratado de Montevideo de 1960 tomaron impulso otras iniciativas integracionistas subregionales (e.g., el Mercado Común del Caribe, CARICOM; el Mercado Común Centroamericano, MCCA), lo cual dio lugar a ámbitos de negociaciones e intercambios no ya entre países o regiones sino también entre un país y una subregión.
   
Por ejemplo, en 1969 se constituyó el Grupo Andino (4). Con esta institución Argentina estableció relaciones que abrían un mercado alternativo cuando otros (e.g., la Comunidad Económica Europea) se cerraban por medidas proteccionistas. Fue así que el gobierno del Proceso intentó a fines de su primer año de gestión estrechar lazos con los países del Pacto Andino mediante la firma de varios acuerdos de cooperación económica (5).  Asimismo, años más tarde se firmó un acuerdo comercial de envergadura, por un monto superior a los 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo era fortalecer los intercambios comerciales (6).
   
Por otra parte, en 1980 América Latina dio otro paso en el camino de la integración. Después de veinte años de experiencia en esta materia y dados los obstáculos ya mencionados, se iniciaron una serie de reuniones con el objeto de negociar la reestructuración de la ALALC (7). En marzo de ese año, en Caracas, se resolvió dar por iniciado un período de transición, al que se denominó Protocolo de Caracas, durante el cual se dispondrían las condiciones de tiempo necesarias para buscar entre todos los integrantes de la Asociación la manera de superar la crisis que afectaba su funcionamiento. Durante la segunda reunión, en Acapulco, en junio del mismo año, se resolvió la sustitución de la ALALC por un nuevo organismo.
   
Es por eso que en la tercera reunión, llevada a cabo en Montevideo, los once países miembros (8) de la ALALC firmaron el 12 de agosto de 1980 otro tratado -que también tomó el nombre de Tratado de Montevideo, como el de 1960- por el cual se creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
   
Ambos tratados tenían una forma jurídica similar y tendían al mismo objetivo fundamental -la integración económica- aunque el de 1960 postulaba como instrumento para llegar a ella la constitución de un mercado común regional, mientras que el de 1980 proponía llegar a él a través de un área de preferencias económicas, compuesta por una preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial (9).
   
Además, este último establecía tres categorías de países según su grado de desarrollo, en razón de las cuales debían concederse los tratos diferenciales en los acuerdos de integración, a saber: i) países de mayor desarrollo: Argentina, Brasil y México; ii) países de desarrollo intermedio: Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela; iii) países de menor desarrollo: Bolivia, Ecuador y Paraguay. Entre ellos debían renegociarse, antes del 15 de diciembre de 1980, los compromisos acordados -denominados "patrimonio histórico de la ALALC"- y que para ese entonces estaban constituidos por más de ocho mil concesiones arancelarias y acuerdos de complementación.
   
A partir de allí, los principales objetivos e instrumentos que planteaba el Tratado de Montevideo de 1980 eran los siguientes: a) establecer a largo plazo, en forma gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano; b) promover y regular el comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuvaran a la ampliación de los mercados; c) privilegiar el intercambio recíproco mediante el establecimiento de un margen de preferencia regional; d) promover el comercio entre los países miembros mediante acuerdos comerciales de alcance regional (en los que intervinieran todos) o de alcance parcial; e) promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros; f) fomentar y regular el comercio agropecuario interregional; g) establecer condiciones favorables para la participación de los países de menor desarrollo económico relativo; h) multilateralizar progresivamente las llamadas "acciones parciales", a fin de que sus beneficios alcanzaran a todos los países miembros; i) establecer regímenes de asociación o de vinculación multilateral que propiciaran la convergencia con otros países y áreas de integración económica de América Latina; j) vincularse con países o áreas de integración económica del mundo en desarrollo.
   
El tratado que instituyó la ALADI debía entrar en vigencia una vez que tres países lo hubieran ratificado. Ello se produjo recién a mediados de marzo de 1981, de modo que los efectos de la nueva institución sobre el sector externo de la economía argentina durante el último gobierno militar son difíciles de evaluar dado el breve lapso transcurrido entre esa fecha y el fin del Proceso.

  1. Los otros miembros fundadores eran Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay; más tarde adhirieron Bolivia y Venezuela.

  2. Ver Sloan, 1979.

  3. Cf. La Opinión, 30/06/78, p. 11.

  4. El Grupo Andino fue conformado por Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia (Chile formó parte de él sólo temporariamente).

  5. Ver Clarín, 17/11/76, p. 12.

  6. Cf. Clarín, 10/06/82, p. 25.

  7. En realidad, este proceso de reestructuración fue consecuencia de una reunión previa, realizada en noviembre de 1978, en la que se recomendó al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC la realización de una serie de estudios con tal objetivo, que debían culminar a mediados de 1980. Sobre el desarrollo de estos acontecimientos puede consultarse Borda, 1982.

  8. Los firmantes eran: Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

  9. Respecto de las similitudes y diferencias entre ambos tratados, ver Barros, 1980.

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