• Relaciones económicas externas

Inversiones extranjeras

Fue intención del gobierno desde un principio brindar condiciones favorables al capital extranjero. Como parte del plan anunciado en los primeros días de abril de 1976, se contemplaba la derogación de la Ley 20.557 de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1973) y su reemplazo por otro régimen que restringiera al mínimo las áreas prohibidas a las inversiones extranjeras y asegurara un tratamiento equitativo con el que recibían los capitales de origen nacional (1).
    Tales normas se convirtieron luego en un instrumento de negociación clave en el momento en que el gobierno buscó nuevos préstamos en el exterior y la "reestructuración" de la deuda externa (2). Así lo reconoció el Ministro de Economía en ocasión de iniciar gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, subrayando que el gobierno aún debía sobrellevar un problema de credibilidad y confianza en el nuevo rumbo económico (3).
    La Comisión de Asesoramiento Legislativo manifestó pocas discrepancias con el proyecto de Ley sobre Inversiones Extranjeras enviado por el Ministerio de Economía. Las diferencias se centraron en las normas referentes a las condiciones para remesar al exterior regalías y para el acceso al crédito interno por parte de empresas extranjeras (4).
    Los argumentos oficiales en favor de la sanción de la ley enfatizaban la experiencia de las décadas precedentes, en las cuales las etapas de acelerado crecimiento y de mayor estabilidad económica relativa coincidieron con las de mayor afluencia de capitales extranjeros -especialmente, durante el período desarrollista (5). Se interpretaba, asimismo, que la estructura tradicional de las importaciones argentinas (mayoritariamente compuestas por productos intermedios) prometía un amplio campo para la utilización de dichas inversiones en la consolidación del proceso de sustitución de importaciones. En ese marco, se reservaba al Estado la inversión en obras de infraestructura y de transporte, y se propiciaba la inversión privada en el ámbito de las industrias básicas.
    La nueva Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de agosto de 1976 con el objeto de complementar la inversión nacional y el financiamiento externo y, de ese modo, "reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento" (6). La nueva norma disminuyó las exigencias contenidas en el régimen anterior, aunque estableció pautas para la radicación de inversiones (e.g., algunas requerían autorización del Poder Ejecutivo, otras de la autoridad de aplicación y un tercer grupo podría registrarse automáticamente), así como para la remisión de utilidades y beneficios al exterior.
    La Ley 21.382 fue reglamentada a principios de 1977 por medio del Decreto Nº 283 de la Presidencia de la Nación. Esta reglamentación explicitó los criterios de evaluación que deberían utilizarse para la aprobación de radicaciones, para la gestión de las inversiones y reinversiones y para la ejecución de las funciones de la autoridad de aplicación.
    Los principales criterios que guiarían la aprobación de propuestas de inversión eran los siguientes: a) incidencia en el balance de divisas; b) incremento de las exportaciones, desarrollo de nuevos mercados externos o ampliación de los existentes; c) acrecentamiento o creación de nuevos vínculos financieros o canales de distribución con o en el exterior; d) disminución de las importaciones; e) incorporación de nuevas tecnologías y/o participación nacional en su desarrollo; f) crecimiento económico regional y absorción de mano de obra resultante;  g) asociación con inversores nacionales; h) utilización preponderante de técnicos y profesionales residentes en el país; i) desarrollo de sectores en los que el mercado interno no se encuentre adecuadamente atendido; j) contribución a un mejor empleo de los recursos humanos, naturales y materiales del país; k) mejoramiento del nivel de vida de la población (7).
    El impacto inmediato de esta nueva normativa quedó reflejado en un informe difundido por la Subsecretaría de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, según el cual desde marzo de 1977 hasta febrero de 1978 las nuevas inversiones extranjeras aprobadas alcanzaron los 217.511.500 dólares (137.103.500 pertenecientes a radicaciones de capital y 80.407.900 correspondientes a capitalizaciones de créditos) (8). Según la misma fuente, la mayoría de los nuevos capitales se dirigió al sector petrolero y gasífero (119.200.000 dólares), mientras que la mayor parte de las capitalizaciones de créditos se concentraron en el sector automotriz (62.800.000 dólares) y en la industria farmacéutica y de perfumes (alrededor de 9 millones de dólares). La lista de países de origen de estos capitales estaba encabezada por Estados Unidos, con casi 106 millones de dólares.
    Algunas de estas inversiones fueron expresamente autorizadas por decretos del Poder ejecutivo. Tal fue el caso de las realizadas por Harte y Cía. S.A., Viales y Estacionamientos S.A. (ambas firmas de origen español) y por la empresa de Jorge Fabián Barrios (estadounidense), por un monto total de aproximadamente 6.600.000 dólares, aprobadas por Decreto Nº 1125 en junio de 1978. Por medio del Decreto Nº 1128 se aprobó la capitalización de créditos por 25.184.955 dólares por parte de Internazionale Holding Fiat S.A. en la empresa Fiat Concord SAIC. Y mediante el Decreto Nº 1127 se autorizó a Regie Nationale Des Usines Renault a adquirir hasta 820.174 acciones ordinarias de un voto de Renault Argentina S.A. (9).
    No obstante, un par de años más tarde el panorama no era del todo alentador. Las inversiones extranjeras en el sector industrial -al igual que la inversión bruta interna- mostraban una pronunciada tendencia al estancamiento en el largo plazo. Las cifras registradas a lo largo de dos décadas demostraban que la Argentina no se había convertido en un polo de atracción para los capitales externos y que los montos aprobados en concepto de nuevas inversiones nunca lograron alcanzar los recibidos hacia fines de la década del 50, luego de la sanción de la Ley 14.780 (10). Las causas de este fenómeno estaban relacionadas con el deterioro general de las condiciones económicas, la alta tasa de inflación, la baja en el poder adquisitivo del mercado por la retracción de los ingresos reales de la población y la elevación de los costos financieros por encarecimiento del crédito. Estos factores crearon gran incertidumbre respecto a la posible rentabilidad de las inversiones.
    Para el período en consideración en su conjunto, los siguientes datos resumen los resultados en esta materia: el total de inversiones extranjeras aprobadas entre los años 1977 y 1980 fue de 2.799.823.509 dólares, de los cuales un 58,57% eran nuevos aportes de capital más aportes automáticos, un 32,27% correspondía a reinversión de utilidades y un 9,06% a capitalización de créditos. Medido de otra manera, el 45,44% de ese total correspondía a inversores que radicaron capitales por primera vez en el país, mientras que el 54,56% pertenecía a inversores que ya habían radicado capitales en el país. Respecto de los primeros (los que realizaron su primera inversión en el país), 64,33% lo hizo en empresas nuevas y 35,67% en empresas ya existentes (11).
    A continuación se incluyen dos cuadros que presentan los datos de inversiones extranjeras en la Argentina durante el mismo período (1977-1980), según país de origen y sector de destino.

• NOTAS

1. Ver La Opinión, 03/04/76, p. 1.

2. El propio Ministro Martínez de Hoz obviaba emplear la palabra "refinanciación" para referirse a este tema. 

3. Ver Clarín, 22/05/76, p. 7.

4. Ver Clarín, 16/07/76, p. 8.

5. Entre 1953 y 1973 ingresaron al país 765,6 millones de dólares como radicaciones industriales (sin contar las inversiones petroleras). El 65% de esa cifra ingresó entre 1958 y 1962, luego de la sanción de la Ley 14.780, la más flexible de todas las normas sobre la materia. Aunque la misma estuvo en vigencia hasta principios de la década del 70, la tendencia de las inversiones extranjeras fue claramente declinante desde 1963 (cf. Clarín, 12/08/76, p. 8). En 1971 se sancionó la Ley 18.587, que siguió los mismos lineamientos pero reglamentando el destino de la inversión y los reembolsos. En 1973 se aprobó la Ley 20.557, la cual puso aún mayores frenos al ingreso de capitales. 

6. Mensaje de elevación al Poder Ejecutivo. El texto completo de la ley puede hallarse en Clarín, Suplemento Especial, 14/08/76, pp. 1-4.

7. Para mayor detalle, ver Clarín, 06/02/77, pp. 10-11 y Suplemento Especial de la misma fecha.

8. Cf. La Opinión, 05/04/78, p. 10.

9. Ver Clarín, 06/06/79, p. 12.

10. Ver Clarín, 04/11/79, Suplemento Económico, p. 12.

11. Cf. Martínez de Hoz, 1991, pp. 272-274.

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