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El origen del problema de la deuda

La deuda externa argentina

Dentro de este proceso global de endeudamiento, la cifra más contundente respecto de la Argentina es la del incremento del monto de su deuda externa. La misma era de 7.256 millones de dólares en 1975. Diez años más tarde se había multiplicado casi siete veces, alcanzando los 48.312 millones de dólares, mientras que el Producto Bruto Nacional había tenido un crecimiento nulo, por lo cual la deuda pasó de representar un 20% del producto bruto en 1975 a más de un 50% del mismo en 1985 (1).
   
Más allá del monto, su incidencia negativa sobre la economía se veía reforzada por el hecho de que su incremento no estuvo ligado a un proceso de desarrollo y crecimiento sino, por el contrario, al pago de importaciones superfluas y/o sustitutivas de la producción nacional (ya de por sí perjudicada por una apertura comercial indiscriminada), al sostén de las pautas cambiarias implementadas por el régimen militar, al financiamiento de la fuga de capitales que se dio sobre el final del mismo y a la atención de los servicios que la misma deuda iba generando (2).
   
En efecto, como ya se ha analizado en el Capítulo 3, la política económica aplicada entre 1976 y 1981 atravesó dos etapas bien diferenciadas. En el período 1976-1978, las medidas implementadas seguían, en líneas generales, las recomendaciones más ortodoxas del Fondo Monetario Internacional. El resultado fue una relativa estabilización de las cuentas externas. Las variables económicas domésticas (e.g., la inflación, el nivel de actividad), en cambio, siguieron un curso inestable. En el período 1978-1981 el equipo económico del último gobierno militar se apartó de dicha ortodoxia y se abocó a la lucha contra la inflación. Además, en ambos períodos se llevaron a cabo políticas de reforma estructural destinadas a liberalizar los mercados como, por ejemplo, la reforma del sistema financiero (1977). Esta última tendía a la libre determinación por el mercado de la tasa de interés y de la asignación del crédito. Paulatinamente se fue liberando el mercado de cambio, a fin de permitir la libre entrada y salida de capitales. Los resultados fueron dispares: del logro de una situación externa desahogada en 1977-1978, se pasó a una de absoluto estrangulamiento en 1981.
   
Como ya se mencionara, el programa lanzado en diciembre de 1978 tuvo como principal objetivo reducir drásticamente la inflación. Para ello utilizó como instrumento el atraso del tipo de cambio, apostando a que la inflación interna terminaría por adaptarse al ritmo de devaluación del tipo de cambio fijado. Además, dicho programa también se proponía profundizar el proceso de apertura y liberalización de los mercados domésticos. Para lograrlo se redujeron en forma significativa los aranceles sobre el comercio exterior y se eliminaron casi todas las restricciones sobre el mercado cambiario. El supuesto en el que se basaban estas medidas era que en una economía abierta los precios de los bienes y los rendimientos de los activos financieros en el mercado interno estarían determinados por el comportamiento de esas variables en los mercados internacionales, dadas las expectativas de devaluación. De allí el establecimiento anticipado de tasas de devaluación y aumento de tarifas públicas.
   
Sin embargo, debido a la escasa sustitutibilidad de los bienes comerciables y no comerciables y al factor de riesgo e incertidumbre en los mercados financiero y cambiario, no se produjo la esperada convergencia entre la inflación interna y la internacional. Por el contrario, los mercados de activos financieros domésticos y externos se desestabilizaron. La moneda local se revaluó significativamente y se produjo una importante fuga de capitales. El gobierno pudo resistir las presiones devaluatorias debido a la gran acumulación de reservas que había realizado en los años anteriores. Cuando éstas desaparecieron, recurrió al mercado internacional de capitales que en ese momento ofrecía créditos con mucha facilidad.
   
Para comienzos de la década de 1980 la situación económica era muy inestable y potencialmente explosiva. Los bienes importados se abarataban en relación a los productos domésticos provocando, por primera vez desde 1975, un balance comercial deficitario. El Banco Central perdía reservas en forma acelerada (2.700 millones de dólares en 1980 y otros 2.800 millones tan sólo en el primer trimestre de 1981). A medida que el sector externo se deterioraba, los operadores perdían confianza en la capacidad del gobierno de mantener la tasa de devaluación pre-establecida. Esto dio lugar a una fuerte fuga de capitales que se financió, en parte, con las divisas del Banco Central y en medida creciente con nuevo endeudamiento del sector público. De este modo, esos recursos provenientes del exterior se usaban para mantener la sobrevaluación del peso. En consecuencia, la deuda externa neta aumentó un 127% en 1980 y un 63% en 1981 (3).
   
Mientas ocurría esto en el sector externo, las empresas industriales perdían rentabilidad por la competencia de los productos importados que se vendían a precios subsidiados por el atraso cambiario, agravado por la rebaja de aranceles proteccionistas. Además, sus compromisos financieros se hacían cada vez más pesados, ya que el mercado financiero libre dejaba que las tasas de interés reflejaran totalmente el incremento de la incertidumbre y del riesgo que provocaba la situación cambiaria. Cuando se vieron imposibilitadas de devolver los préstamos que habían tomado, se produjo una corrida hacia el dólar, una profunda crisis financiera y la caída de numerosas entidades financieras.
   
A partir del abandono, en 1981, de las pautas cambiarias fijadas, se inicia un proceso de ajuste del sector externo con consecuencias nefastas para la economía en general, en términos de reducción del nivel de actividad, aceleración inflacionaria, transferencias de ingreso y riqueza entre los sectores, desbalance en las cuentas fiscales, ineficiencia del sistema financiero y fuga de capitales. La deuda aumentó entre 1980 y 1983 en casi 20.000 millones de dólares. Por eso la cuenta corriente fue deficitaria, a pesar del superávit comercial, debido al peso de los intereses devengados por esta deuda creciente (4).
   
En consecuencia, la deuda externa argentina alcanzaba una cifra exorbitante al momento de la recuperación de la democracia. Además, su dimensión relativa se veía realzada por el efecto de las elevadas tasas de interés vigentes en el mercado financiero internacional. Los servicios de intereses solamente representaban el 8% del Producto Bruto Nacional en 1984, comparado con magnitudes del orden del 1% o 1,5% de la década del setenta (5). En otras palabras, pagar los intereses de la deuda significaba contar con una caída del ingreso disponible equivalente al 8% del producto, con sus lógicas consecuencias sobre la distribución de la riqueza y la inversión. En el corto plazo, esto traería aparejado una acentuación de la puja distributiva debido a la merma de la riqueza disponible. En el mediano plazo, el problema se agudizaría por la disminución del ritmo de crecimiento debido a la caída de la inversión.
   
Por otra parte, como señala un documento publicado por la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía en enero de 1985, el problema se veía agravado por los diez años de estancamiento de la economía argentina ocurridos entre 1974 y 1984. Debido a ese estancamiento, el producto por habitante había caído en algo más del 10% y había adoptado una distribución mucho menos equitativa. La Secretaría estimaba que el crecimiento previsible, dadas las restricciones que imponía la deuda externa, no permitiría recuperar el producto per capita alcanzado en 1974 hasta 1989, es decir, en un plazo de quince años, mientras que la atención del pago de intereses de la deuda no permitiría recuperar el ingreso per capita de 1974 hasta bien entrada la década del noventa (6).
   
Por otra parte, como puede observarse en los cuadros reproducidos en el Anexo que acompaña esta Sección, la tasa anual de crecimiento de la deuda externa pública fue mucho más elevada -excepto en 1979 (7)- a la del sector privado. En conjunto, la mayor parte de la deuda externa fue contraída por empresas públicas y por las diez empresas privadas más grandes. No obstante, la de estas últimas fue nacionalizada en 1982 por iniciativa del entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo.
   
De este modo, es evidente que la deuda tuvo y tiene una elevada incidencia sobre el presupuesto nacional. En el momento de la asunción del gobierno radical, la deuda era casi totalmente pública y sus servicios formaban parte del presupuesto oficial, con el consiguiente efecto sobre el desequilibrio de sus finanzas (8).
   
Como bien señala Schvarzer: "Estos argumentos resultan imprescindibles para refutar a quienes plantean la deuda como un problema de balanza comercial. Si las exportaciones crecen lo suficiente, dicen, los servicios de la deuda se pueden atender, ignorando que ya no se trata solamente de generar divisas -como en cualquier crisis del sector externo- sino de una transferencia de ingresos de dimensiones tales que repercuten profundamente en todos los órdenes de la vida nacional" (9).
   
Como es bien sabido, el problema de la deuda externa argentina devino cada vez más dramático a medida que la década del ochenta avanzaba. La combinación de la recesión a nivel global, la caída de los precios de las commodities y el fin de la ayuda financiera externa colocó a las finanzas nacionales al borde del colapso.
   
Por eso el problema de la deuda externa, y su constante incremento, ha sido -y es hasta el día de hoy- un serio condicionante de la política económica. Este punto se desarrollará en detalle en Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales, al referirnos a las relaciones del gobierno radical con los organismos internacionales.

  1. Véase Frenkel, Fanelli y Sommer, 1988, p. 9.

  2. Sobre el tema de la deuda externa argentina, puede consultarse Basualdo, 1987; Diamand y Naszewski, 1985; Dornbusch y de Pablo, 1988.

  3. Cf. Frenkel, Fanelli y Sommer, 1988, pp. 6-7.

  4. Cf. Frenkel, Fanelli y Sommer, 1988, p. 8.

  5. Cf. Schvarzer, 1985, p. 3.

  6. Véase Secretaría de Planificación, 1985.

  7. En 1979 el sector privado fue el principal ingresante de fondos del exterior, con una tasa de incremento de su endeudamiento externo del orden del 119,2%, mientras que en dicho año la del área estatal fue de 52,3%. 

  8. Sobre el impacto fiscal del pago de la deuda externa, véase Bekerman, 1990.

  9. Schvarzer, 1985, p. 4.

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