• Sección 1: La cuestión de la deuda

Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales

Antecedentes inmediatos

Como bien señalan García y Junco, si bien el desencadenamiento la crisis de la deuda en América Latina se ha marcado en el momento en que México suspende sus pagos (en agosto de 1982), para la Argentina los problemas derivados del alto endeudamiento habían comenzado un poco antes y se habían entremezclado con la crisis política que marcó el fin del último régimen militar. Coincidiendo con la guerra de Malvinas, la situación financiera de la Argentina se complicó hacia abril de 1982 ante la desvinculación del mercado internacional de capitales que produjo el conflicto bélico y la imposibilidad de seguir cumpliendo con sus compromisos externos.
    Las negociaciones por una posible renegociación de la deuda externa se reiniciaron recién en setiembre de ese año, en ocasión de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en Toronto. Los acreedores impusieron dos condiciones para avanzar en las conversaciones: que la Argentina llegara a un acuerdo con el Fondo sobre un plan de ajuste económico que dicha institución monitorearía, y que se descongelaran los fondos de Gran Bretaña, ya que sus bancos formaban parte del pool de acreedores.
    La Argentina cumplió con ambas condiciones, lo que permitió que hacia fin de año se obtuvieran dos préstamos: un financiamiento compensatorio por la caída de las exportaciones (equivalente a 520 millones en Derechos Especiales de Giro) y un stand-by por 150 millones de Derechos Especiales de Giro. En teoría, el acuerdo se extendería por quince meses, hasta marzo de 1984. Los desembolsos serían trimestrales y en partes iguales, según indicaran las evaluaciones técnicas, a cuya aprobación estaban sujetos.
    Los objetivos de política económica enunciados en la carta de intención que el gobierno enviara al Fondo incluían: la reactivación económica, la reducción del desempleo, el mejoramiento del sector externo y el mantenimiento de pautas estrictas en cuanto a política fiscal y monetaria, política de ingresos y para el sector externo. Todo ello estaba en la línea de los tradicionales planes de ajuste propuestos por el Fondo para solucionar problemas transitorios de desequilibrio de la balanza de pagos. El Memorando de Entendimiento se aprobó en enero de 1983 y al mismo tiempo se efectuó el primer desembolso del préstamo.
    Por otro lado, paralelamente se llevaron a cabo conversaciones con la banca privada internacional, reunida en el Comité de Bancos acreedores de la Argentina. Las mismas avanzaron lentamente porque el comité exigió, como es habitual, un acuerdo previo con el Fondo. Una vez logrado, se acordó el programa de financiamiento para 1982 y 1983, el cual consistía en: i) un crédito puente de 1.100 millones de dólares, tendiente a solucionar el problema financiero de la balanza de pagos; ii) un préstamo de mediano plazo por 1.500 millones, destinado a cerrar las cuentas externas durante 1983, con vigencia por cinco años, y iii)  ciertos principios generales a aplicar para la refinanciación de las deudas del sector público (1).
    Las condiciones pautadas en este programa de financiamiento eran, en general, muy estrictas y existía una estrecha vinculación entre éste y el stand-by  negociado con el Fondo, de modo que las fechas de los desembolsos provenientes de ambas fuentes coincidían y estaban condicionados a la marcha del plan económico acordado.
    De allí en más las negociaciones fueron cada vez más complicadas y las condiciones más severas. En plena crisis del régimen, la discusión en el plano doméstico y las críticas al gobierno sobre la performance económica (incluyendo el origen y monto de la deuda externa) y sobre las condiciones impuestas por el Fondo se acentuaban a medida que se acercaban las elecciones. El cuestionamiento fue llevado incluso a la justicia, lo que provocaba dudas e incertidumbre entre los acreedores. A eso se sumaban las dificultades del gobierno para alcanzar las metas pautadas.
    Por lo tanto, en octubre de 1983 el Fondo suspendió los desembolsos y las negociaciones se interrumpieron ya que, ante la inminencia de las elecciones, los acreedores prefirieron esperar a saber qué postura tomarían las nuevas autoridades.

• NOTA

1. Cf. García y Junco, 1987, p. 37.

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