• Sección 1: La cuestión de la deuda

Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales

La estrategia del gobierno radical al inicio del mandato

El triunfo electoral del radicalismo en 1983 despertó innumerables expectativas respecto del retorno a la democracia y del nuevo gobierno. Especialmente, en lo atinente al tema de la deuda externa, se esperaba un trato más benévolo por parte de la banca acreedora y de los organismos financieros internacionales. La misma coyuntura de transición y consolidación democrática era invocada como fundamento de esas expectativas. Se esperaba que los países desarrollados comprendieran las dificultades que enfrentaba el gobierno recién llegado al poder y no pusieran en riesgo su frágil posición incrementando sus demandas. Es decir, se esperaba que la solidaridad y el apoyo de los centros de poder internacional se tradujera en una actitud favorable a nuestro país al momento de negociar la deuda.
    Estas expectativas estaban íntimamente relacionadas con el diagnóstico que la administración radical hacía de la situación económica nacional. Es importante remarcar que para los gobernantes de ese momento la consolidación de la democracia era la prioridad. Como sostiene Canitrot: "... se reconocía la crisis pero su contenido económico era negado" (1).
    Por eso, hasta cierto punto, la política económica estuvo subordinada a creencias, necesidades y decisiones eminentemente políticas. Más aún, el diagnóstico inicial de los problemas económicos mostraba la convicción de que la crisis era "manejable" y de que existía cierto margen para diseñar y experimentar en el plano de la formulación de políticas (por ejemplo, con medidas heterodoxas) (2).
    En otras palabras, el sentido de urgencia y de ingobernabilidad recién apareció como un limitante dramático unos años después. En gran medida, esta percepción inicial determinó la reticencia del gobierno a implementar a rajatablas las recomendaciones de política económica del Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional.
    Además, parte del rechazo inicial del gobierno de la transición a aplicar recomendaciones de política de corte neoliberal tenía que ver con la elaboración conceptual de la experiencia pasada (3). Los políticos identificaban como parte del mismo paquete el régimen militar autoritario de los setenta y principios de los ochenta y la política económica monetarista y pro-mercado que dicho gobierno había tratado de implementar, más allá de cuán sustancial haya sido esa relación en la realidad. En consecuencia, criticaban esta afinidad ideológica y culpaban a ambos, militares y tecnócratas ortodoxos, por el legado que habían dejado a la renaciente democracia.
    Esto implicaba, por un lado, que los elementos básicos del diagnóstico hecho por el gobierno radical debían encontrarse en los errores pasados y no en vulnerabilidades estructurales de la economía doméstica. Por eso, las discusiones se centraban en los instrumentos de política económica (en encontrar y usar, esta vez sí, los correctos), pero no en cambios radicales del modo en que la economía estaba organizada.
    Esto es importante para entender la dificultad de avanzar en las negociaciones con los organismos financieros internacionales, en especial, frente a la demanda del Banco Mundial de que se realizaran reformas estructurales.
    Por otro lado, esta concepción también implicó la idea de que el mandato del gobierno de la transición incluía la reparación de los errores pasados (4), esto es, la implementación de políticas económicas adecuadas que estuvieran en consonancia con los valores democráticos y pudieran promover simultáneamente el crecimiento, el desarrollo y la equidad. Por lo tanto, la selección de los instrumentos de política necesariamente habría de excluir las medidas recesivas y marginalizantes que usualmente forman un programa de ajuste estructural.
    Esta visión sin duda moldeó la estrategia que el radicalismo siguió en el tema de la deuda. El diagnóstico oficial sostenía que la deuda en sí no constituía un peso excesivo en relación al potencial económico del país. Lo que realmente era un obstáculo a cualquier iniciativa eran los servicios financieros, debido al nivel de las tasas de interés internacionales vigentes. Además, se aducía que el déficit de cuenta corriente era producto del desequilibrio de precios existente en el mercado mundial. Por eso se esperaba que con una reducción de aproximadamente cuatro puntos en la tasa de interés internacional y un incremento del diez por ciento del valor de las exportaciones argentinas, se eliminaría dicho déficit. Es decir, se trataba más de una cuestión de ciclos económicos que de problemas estructurales.
    La estrategia, entonces, requería un reconocimiento del carácter político del problema y una real colaboración de parte de los acreedores. En consecuencia, la misma giró durante los primeros años en torno a dos ideas.
    Por un lado, el gobierno jugó con la posibilidad de formar un club de deudores con otros países latinoamericanos que pudiera forzar a los acreedores externos a revisar los orígenes de la deuda y a aceptar reducciones y condiciones más favorables de pago. Por otro, la nueva administración democrática elaboró una interpretación política de la crisis de la deuda, argumentando que era necesario que los acreedores reconocieran que una parte de ésta era ilegítima y que la Argentina no estaba obligada a pagar esa parte.
    El hecho de que no existieran cifras confiables acerca del monto de la deuda y de que el proceso de endeudamiento no había tenido un correlato en términos de desarrollo económico, sino que había estado vinculado a una importante fuga de capitales, abonaban este argumento. Detrás de ambas ideas estaba el supuesto ya mencionado de que las sociedades industrializadas entenderían el significado histórico para estos países de la transición a la democracia y que no presionarían por un pago rápido y total de la deuda porque ello significaría poner a las nuevas democracias en peligro.
    Finalmente, la actitud inicial favorable de los acreedores hacia la Argentina, al autorizar en noviembre de 1983 el desembolso del primer tramo del préstamo de mediano plazo acordado con el gobierno militar a pesar del incumplimiento de las metas pautadas con el Fondo, reforzó los supuestos antes mencionados y alimentó expectativas positivas respecto al futuro de las negociaciones.

• NOTAS

1. Canitrot, 1994, p. 81.

2. El éxito temporario del Plan Austral también contribuyó a confirmar estos supuestos.

3. Véase Margheritis, 1997.

4. Es importante contextualizar esta idea en un marco más amplio. La última corriente de re-democratización que tuvo lugar en América Latina en los años ochenta fue percibida por las élites políticas y por la mayoría de los actores sociales no como una nueva alternancia entre regímenes militares y civiles, sino como un punto de inflexión en la historia de la inestabilidad política de la región, como un cambio que habría de "acomodar" o poner en orden definitivamente las relaciones sociales y económicas. Por ese motivo, todos los esfuerzos se concentraron en la consolidación definitiva de los regímenes democráticos. Ello se manifestó no sólo a nivel del discurso político de los gobernantes, sino también de sus acciones concretas. 

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