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Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales

De las creencias a la realidad  

A pesar del optimismo oficial, la situación económica al retomarse la senda democrática era bastante grave. No sólo existían problemas estructurales que afectaban la posibilidad de crecimiento, sino que la coyuntura específica de principios de los ochenta era particularmente seria. La crisis, más allá de la percepción de los gobernantes, estaba marcada por un elevado déficit fiscal, altas tasas de inflación, déficit de balanza de pagos, muy bajo nivel de reservas y numerosos vencimientos de los compromisos externos en el corto plazo.
   
Para citar sólo algunos indicadores, puede decirse que el déficit fiscal del último trimestre de 1983 fue equivalente a un 14% del producto bruto interno; la tasa de inflación del mismo período  promedió el 19% mensual; las reservas del Banco Central rondaban los 300 millones de dólares; los atrasos externos acumulados llegaban, a fines de año, a los 3.000 millones de dólares; los intereses con los bancos comerciales se habían pagado sólo hasta el 10 de octubre de 1983. Además, se hallaban suspendidos los desembolsos de los tres últimos tramos del préstamo stand-by que había otorgado el Fondo, equivalentes a unos 900 millones de Derechos Especiales de Giro (1). De modo que la necesidad de normalizar esta situación e, incluso, obtener fondos frescos era apremiante.
   
No obstante, pertrechado en el diagnóstico antes mencionado y convencido de que tenía un amplio margen de maniobra en su relación con los acreedores, el gobierno radical les comunicó a éstos que tomaría un período de seis meses para verificar las cifras de la deuda externa y elaborar una propuesta de pago. (2) Las intenciones del equipo económico estaban dirigidas a negociar directamente con la banca comercial sobre la base de su propio plan económico, sin aceptar las ataduras que hubiese implicado pactar previamente con el Fondo Monetario Internacional.
   
Sin embargo, desde un principio el Comité de Bancos, el Club de París y la Reserva Federal de los Estados Unidos manifestaron que sólo existiría nuevo financiamiento si previamente se acordaba con el Fondo. Además, los bancos pretendían que la Argentina se pusiese al día con el pago de los intereses atrasados antes de hablar del financiamiento para el año 1984. Como el equipo económico liderado por el Ministro Bernardo Grispun proponía pagar intereses sólo a partir del recibimiento de los desembolsos pendientes y sin un acuerdo previo con el Fondo, las posiciones eran prácticamente irreconciliables.
   
Por lo tanto, las presiones y las tensiones en las negociaciones crecieron hasta fines de marzo de 1984, momento en que los bancos debían presentar sus balances trimestrales, en los que tenía que estar resuelta la contabilización del cobro de los intereses vencidos. El acuerdo llegó sobre la fecha, vía una operación de "salvataje" que consistía en un adelanto de fondos efectuado por cuatro gobiernos latinoamericanos y por la banca extranjera, a fin de que la Argentina pudiera cubrir el pago de los intereses de su deuda externa.
   
De acuerdo con esta fórmula, México y Venezuela aportaban 100 millones de dólares cada uno, Brasil y Colombia 100 millones entre ambos, la banca extranjera otros 100 millones y la Argentina otro tanto de sus reservas (3). Ahora bien, este acuerdo implicaba que el gobierno argentino aceptaba, por primera vez desde su asunción, el compromiso de iniciar gestiones con el Fondo a la brevedad para la firma de un acuerdo stand-by. De este modo también se revertía la decisión de no efectuar ningún pago hasta fines de junio de 1984.
   
Transcurrido el plazo de cancelación, éste fue extendido un par de veces, a la espera de que se concretara un acuerdo con el Fondo. Pero la decisión del gobierno argentino de enviar una carta de intención unilateral a principios de junio, complicó aún más las negociaciones. La misma estaba redactada en un tono poco conciliador, reclamando un tratamiento más benigno para el pago de la deuda -cuyo origen seguía cuestionándose-, estableciendo que las condiciones del acuerdo no podrían ser incompatibles con los objetivos de crecimiento del país y anticipando ciertas medidas expansivas reñidas con las propuestas del Fondo (e.g., aumentos de salarios). Dicha carta no fue siquiera contestada por el organismo internacional, lo cual tensó aún más las relaciones.
   
A partir de allí, el gobierno intentó disminuir el grado de enfrentamiento con los organismos multilaterales de crédito, a fin de obtener las mejores condiciones de financiamiento posibles (4). Llegado el momento del vencimiento de los intereses, a fines de junio, los bancos acreedores otorgaron una facilidad de 125 millones de dólares con vencimiento a fin de setiembre, pero bajo la condición de que se alcanzaría un acuerdo con el Fondo en el mes de agosto.
   
En consecuencia, el nuevo memorando enviado a ese organismo en setiembre de 1984 contó con un aval previo de sus propios técnicos (5). De todos modos, recién fue aprobado en diciembre de ese año. El acuerdo, que duraría unos quince meses, preveía un financiamiento de 1.419 millones de Derechos Especiales de Giro, a desembolsarse en seis cuotas iguales siguiendo las periódicas revisiones y aprobaciones por parte del Fondo de las metas establecidas (6).
   
Dichas metas incluían: a) un mejoramiento de la balanza comercial, basado en una política de promoción de las exportaciones y en la fijación del tipo de cambio en función del balance de pagos; b) una evolución de las reservas internacionales de acuerdo con las necesidades de financiamiento del país; c) una refinanciación de los capitales adeudados, incluyendo un cronograma de pago de los intereses atrasados; d) un tope al incremento del endeudamiento externo (4.500 millones de dólares para 1984 y 1985 en conjunto); e) un compromiso formal de no intensificar las restricciones a las transferencias externas y a las importaciones, tratando de simplificar el sistema comercial y cambiario; f) una reducción estricta del gasto público que apuntaba a reducir la tasa de inflación; g) una mejora en los ingresos fiscales, especialmente, vía actualización e incremento de las tarifas públicas; h) la fijación de los incrementos salariales del sector público y privado sobre una escala de inflación descendente; i) una política de control generalizado y flexible de precios, que mantuviera la tasa de inflación por debajo del 300% anual; j) una política monetaria restrictiva, aunque manteniendo un manejo flexible de la tasa de interés; k) el establecimiento de un plazo perentorio para la renegociación de la deuda externa con la banca acreedora y el Club de París (30 de junio de 1985).
   
Sobre esta base, se obtuvo el primer desembolso en enero de 1985, el cual habitualmente es incondicional y está vinculado meramente con la aprobación del acuerdo por parte de las autoridades del Fondo. Junto con esto, dicho organismo también concedió una cantidad de divisas en concepto de facilidad compensatoria por caída de las exportaciones. No obstante, durante el mismo mes se realizó la primera visita de la misión técnica del Fondo para comprobar el cumplimiento de las metas durante el último trimestre del año anterior. A pesar de que la mayoría de las variables estaban dentro de lo pautado, el descontrol de la tasa inflacionaria hizo que la evaluación fuera negativa y que se suspendiera el siguiente desembolso.
   
Por último, cabe considerar las negociaciones con la banca comercial en este período. La estrategia del gobierno respecto de los bancos acreedores consistía en negociar un plan financiero global que permitiera obtener fondos frescos y refinanciar todos los vencimientos del período 1982-1985 como parte del mismo paquete. De ser posible, también se intentaría la postergación del préstamo puente acordado bajo la administración anterior.
   
La posición de los bancos, en cambio, distaba de coincidir con esta alternativa. El comité de bancos pretendía el cumplimiento de las obligaciones contraídas anteriormente. Además, la Argentina reclamaba un tratamiento más benévolo en la negociación de las deudas viejas y un reconocimiento de responsabilidades mutuas, ya que simultáneamente (en 1984) se estaba produciendo una suba significativa de la tasa de interés internacional que perjudicaba a los deudores pero que tenía su origen en cuestiones internas de los países sede de los bancos (7).
   
Esto coincidió con la inauguración de un nuevo foro donde los países en desarrollo pudieran tratar la problemática de la deuda en su conjunto. En junio de 1984 se reunieron los ministros y cancilleres de varios países latinoamericanos en Cartagena, a fin de discutir los problemas de endeudamiento. Allí se abogó por un tratamiento político del tema que permitiera encontrar una solución sobre la base de responsabilidades y costos compartidos y se estableció un mecanismo de diálogo permanente.
   
Para ese entonces la Argentina consiguió un nuevo préstamo de la banca acreedora por 125 millones de dólares (8). En el mismo se zanjaban, hasta cierto punto, las diferencias: el gobierno se comprometía a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en el mes de agosto y los acreedores aceptaban renegociar todo el paquete de vencimientos de capital del período 1982-1985.
   
A partir de este acuerdo se empezó a negociar el programa financiero. Las discusiones giraron en torno al monto de dinero fresco que se concedería, al mecanismo on-lending como forma de asignación del crédito doméstico y a las condiciones para el pago de los servicios de la deuda.
   
Luego de largas negociaciones, a fines de 1984 se acordó el llamado "Plan Financiero Argentino 1984-1985" (9) (ver Cuadro 11). En él se preveía un financiamiento de 7.900 millones de dólares, con el que se contrarrestaría el déficit previsto de la cuenta corriente del balance de pagos, se pagaría el préstamo puente de 1982 y se haría frente al monto acumulado de atrasos; la cantidad restante se destinaría a recomponer las reservas y a liquidar algunas deudas de capital no refinanciables. El dinero sería aportado por varias instituciones: 4.200 millones de dólares provendrían de los bancos acreedores, el Fondo aportaría 1.400 millones en Derechos Especiales de Giro, mientras que el Club de París contribuiría con 700 millones, los organismos oficiales de crédito con 1.000 millones y los bancos multilaterales de desarrollo con 600 millones.
   
No obstante, las dificultades que enfrentó el programa económico implementado en setiembre de ese año -diseñado, cabe recordar, según los lineamientos del acuerdo stand-by al que se había llegado con el Fondo- impidieron que este plan financiero se ejecutara como estaba previsto. El recambio de funcionarios en la cartera de Economía a principios de 1985 daría inicio a una nueva ronda de negociaciones.

  1. Cf. García y Junco, 1987, p. 42.

  2. Véase Tedesco, 1994, pp. 163-165.

  3. Cf. Stiles, 1987, p. 66.

  4. Véase Bouzas (ed.), 1988, pp. 37-42.

  5. Véase Ministerio de Economía.

  6. Véase García y Junco, 1987, pp. 45-46.

  7. Véase Schvarzer, 1985.

  8. Cf. García y Junco, 1987, p. 48.

  9. Véase República Argentina, 1984.

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