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Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales

Cambios en el diagnóstico y la estrategia gubernamental

El equipo que se hizo cargo del área económica en febrero de 1985, liderado por el hasta entonces Secretario de Planificación Juan Sourrouille, contaba con un diseño de la política económica que pensaba aplicar, contenido en el documento titulado "Lineamientos de una Estrategia de Crecimiento Económico 1985-1989" (1).
   
Este trabajo hacía hincapié en la necesidad de controlar el ritmo inflacionario como requisito previo a cualquier política de crecimiento económico. Dado el fracaso de experiencias anteriores de políticas anti-inflacionarias, generalmente ligadas a los planes ortodoxos recomendados por el Fondo Monetario Internacional o a políticas de ingreso con congelamiento de precios y salarios, se requería intentar una nueva receta. El nuevo equipo económico proponía un congelamiento temporario de precios y salarios, tendiente a romper la inercia de los mecanismos de indexación, combinado con una severa política de reducción del déficit fiscal y restricción monetaria. Además, se argumentaba que si se pretendía aplicar una política de shock para cortar rápidamente las expectativas inflacionarias, había que eliminar las indefiniciones en materia de negociaciones externas.
   
Este último objetivo de lograr un rápido ordenamiento del frente externo que se tradujera en tranquilidad y certidumbre a nivel de los mercados domésticos, hizo que se iniciaran negociaciones para reflotar el stand-by alcanzado durante la gestión de Grispun. Obviamente, ello implicaba discutir el plan económico diseñado con el Fondo.
    De todos modos, el nuevo equipo económico buscaba suavizar todo enfrentamiento con los organismos financieros internacionales (2). No consideraba viables las alternativas extremas de desvinculamiento (v.g., moratoria parcial o total), así como tampoco las de integración con otros deudores, aunque para ese entonces ya se había debilitado mucho la idea de formar un club de deudores. Por el contrario, se planteaba intensificar el diálogo con los gobiernos de los países industrializados, apelando a la necesidad de que los ajustes fueran mutuos. Por otro lado, hasta tanto la precaria situación de los deudores en general hiciera eclosión y el país pudiera eventualmente sumarse a una declaración de cesación de pagos generalizada sin demasiados costos políticos, había que negociar los acuerdos que hicieran falta.
   
Por lo tanto, en base a estas ideas el gobierno decidió implementar un programa económico que contara con la aprobación del Fondo y reiniciar negociaciones con la banca acreedora.
   
Como se señaló anteriormente, reflotar el acuerdo stand-by alcanzado durante la gestión del ministro Grinspun implicaba discutir con el Fondo el nuevo paquete de medidas económicas. Eso hizo el equipo económico antes de lanzar, en junio de 1985, la más atrevida estrategia heterodoxa: el Plan Austral. Este plan consistía básicamente en el congelamiento de precios y salarios y la eliminación de la emisión monetaria para el financiamiento del déficit fiscal. Se disponía, además, una reforma monetaria que cambiaba la moneda nacional por el "austral", equivalente a 1.000 pesos, y se establecía una tabla de conversión monetaria conocida como "desagio".
   
Luego de las consultas de rigor sobre estas medidas, el Fondo autorizó la continuación del stand-by. En consecuencia, ese mismo mes se remitió a dicho organismo un memorando de entendimiento en que se reafirmaba la vigencia de los objetivos económicos establecidos el año anterior (3).
   
Es interesante notar que el mismo estipulaba que se modificarían los pasos a seguir para adecuarlos a las metas incumplidas, pero manteniendo la estrategia de cambios graduales que había planteado Grispun. Lo importante en ese momento era lograr un acuerdo con el Fondo antes de la aprobación del plan financiero por parte de los bancos. Por lo tanto, luego de lanzado el Plan Austral se envió un memorando adicional en el que se explicaba la nueva orientación de la política económica.
   
Las metas establecidas en dicho memorando incluían: a) una reducción muy sustancial del déficit del sector público, vía restricción del gasto y control sobre el desempeño de las empresas públicas; b) una reforma tributaria (cuyo proyecto se enviaría inmediatamente al Congreso para su aprobación) tendiente a mejorar los ingresos públicos; c) el compromiso de no emisión, acompañado por el mantenimiento del nivel de reservas del Banco Central; d) una estricta política crediticia; e) una reducción del déficit del balance de pagos.
   
Sobre esta base, el Fondo aprobó el memorando adicional en agosto de 1985 y autorizó la reanudación de los desembolsos pendientes y de los futuros, cumplimiento de los objetivos mediante. Sin embargo, a poco de andar los objetivos mencionados demostraron ser demasiado ambiciosos. El gobierno tenía crecientes dificultades para cumplirlos. Unos meses después de reiniciados los desembolsos, se consideraba la posibilidad de solicitar al Fondo un waiver, es decir, una reconsideración de las metas monetarias y fiscales incumplidas, manteniendo la vigencia del stand-by.
   
Las discusiones sobre la marcha del programa económico no eran sencillas, en parte porque el Plan Austral había demostrado cierto éxito temporario en el manejo de algunas variables económicas. Por ejemplo, había reducido la tasa de inflación en el corto plazo, la recesión provocada no era demasiado profunda, se había cancelado gran parte de los atrasos en el servicio de la deuda y el déficit de cuenta corriente y de balance de pagos en general estaba en los límites tolerables. No obstante, el déficit fiscal había aumentado de manera significativa. El gobierno argumentó errores en la estimación e imposibilidad de controlar efectivamente los gastos de las empresas públicas. Luego de largas negociaciones, el Fondo concedió el waiver y, tras sucesivas demoras, suspensiones de desembolsos y nuevos pedidos de dispensa, se pudo llevar a término el programa financiero pautado.
   
Paralelamente, desde la asunción de Sourrouille al frente de la cartera de Economía, y simultáneamente con el reinicio de negociaciones con el Fondo, fueron retomados los contactos con la banca acreedora (4). Pero hasta tanto no se alcanzó un acuerdo con ese organismo -requisito previo impuesto por los bancos- no se avanzó significativamente. Tan sólo se prorrogaban los vencimientos de capital cada noventa días.
    Una dificultad adicional para el avance de la renegociación definitiva fue el gran número de bancos que participarían de la operación. Especialmente, los bancos más chicos se mostraban reticentes a aportar dinero fresco. Sólo lo hicieron después de varios meses, a principios de agosto de 1985. Por eso, entretanto, fue necesario orquestar otro "salvataje" parecido al que lograra la gestión Grispun.
   
De esta forma, se consiguió un préstamo puente otorgado por doce países, por un monto total de 483 millones de dólares. De ese monto, Estados Unidos aportaba 150 millones en la forma de un swap contra depósitos acreditados en la Reserva Federal de ese país (5). Para liquidarlo -al igual que para liquidar el total del préstamo puente- quedaban comprometidos los dos primeros desembolsos asociados a la reanudación del acuerdo stand-by con el Fondo. De todos modos, lograron redefinirse la magnitud y la fecha de los desembolsos, de acuerdo con las cifras proyectadas por el equipo económico para las cuentas externas y con los atrasos que ya se habían producido en el cronograma acordado inicialmente.
   
El 27 de agosto de 1985 se firmaron los contratos del Plan Financiero. De este modo, se normalizaban los vencimientos de deudas desde 1982 y hasta fines de 1985, los que ascendían a aproximadamente 17.000 millones de dólares. Además, se obtenían 4.200 millones de dólares como financiamiento adicional por parte de la banca acreedora, los cuales serían desembolsados en cuatro cuotas entre setiembre de 1985 y marzo de 1986 (6).
   
De ellas, sólo la primera se cumplió. Tan pronto como en octubre de 1985, el incumplimiento de las condiciones pautadas y el informe del Fondo sobre el desempeño de la economía argentina plantearon demoras e incertidumbre acerca de los desembolsos. La situación recién se normalizó hacia mediados de 1986.

  1. Véase Secretaría de Planificación, 1985.

  2. Véase Bouzas (ed.), 1988, p. 43-54.

  3. Véase Ministerio de Economía.

  4. Véase Bouzas (ed.), 1988, p. 43-54.

  5. Cf. García y Junco, 1987, p, 53.

  6. Cf. Schvarzer, 1985, p. 16.

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