• Sección 1: La cuestión de la deuda

Las relaciones de la Argentina con los Organismos Financieros Internacionales

Deterioro económico, preludio del colapso

No obstante se alcanzaron los acuerdos con la banca privada internacional y con el Fondo hasta aquí reseñados, la situación económica doméstica empeoró notoriamente desde el segundo semestre de 1986, por lo que se hacía cada vez más difícil cumplir con las metas pautadas. Ello era evidente en el desempeño del sector externo y en la disparada recurrente de la tasa inflacionaria. Por eso, hacia fines de junio de 1987 no se había producido todavía ningún desembolso de los préstamos aprobados a principios de ese año.
    Cabe recordar que en el plano político este fue un año crucial, en el que paulatinamente se fue evidenciando una pérdida de capacidades por parte del gobierno -crisis militar de Semana Santa de por medio- y ello sin duda impactó en su relación con los actores externos. La derrota electoral del radicalismo en setiembre contribuyó también a deteriorar la credibilidad de las autoridades.
    En julio de ese año se renegoció el programa stand-by con el Fondo. Se alcanzó entonces un acuerdo que permitió destrabar los desembolsos del primer tramo del convenio y de la facilidad por la caída de las exportaciones. También volvieron a ajustarse los objetivos fiscales, monetarios y de balanza de pagos a alcanzar, esta vez sobre la base de pautas bimestrales, lo cual reforzaba la condicionalidad. Durante el mismo mes, en virtud de la aprobación de un nuevo memorando por el Directorio del Fondo, el Comité de Bancos accedió a la reprogramación de los desembolsos del préstamo acordado anteriormente por 1.950 millones de dólares, reduciéndolos de cinco a cuatro, tres de los cuales debían realizarse en 1987 (1).
    Pero las metas acordadas resultaban cada vez más difíciles de cumplir. Mientras tanto, el gobierno endurecía nuevamente su discurso y criticaba el nivel de las tasas de interés internacionales. En setiembre, se anunció el lanzamiento de una ofensiva diplomática tendiente a lograr la reducción de dichas tasas a niveles históricos.
    En ocasión de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Washington en setiembre de 1987, la misión argentina intentó nuevamente acordar con los miembros del Fondo retoques a las políticas de ajuste que venía llevando adelante el país, a fin de reflotar el acuerdo contingente que, nuevamente, funcionaba como la llave para acceder a nuevos flujos financieros externos tanto de ese organismo como de los bancos acreedores (2). Para ese entonces, ya se preveía que habría que pedir otro waiver, aunque no existía certidumbre acerca del cumplimiento o incumplimiento de las metas fijadas, especialmente porque no había información precisa sobre las empresas públicas.
    En octubre se lanzó un nuevo conjunto de medidas económicas dirigidas a frenar el ritmo inflacionario, reducir el déficit fiscal y mejorar el sector externo. En líneas generales, era evidente el enfoque ortodoxo que las guiaba. Pese a ello, la dispensa del Fondo no se logró automáticamente. Fueron necesarias complejas negociaciones hasta que en noviembre esa institución autorizó nuevos desembolsos. Lo hizo de una forma poco usual, ya que no medió un memorando y la Argentina había incurrido en claros incumplimientos en materia de déficit público, tasa de expansión de los activos internos, balanza en cuenta corriente y niveles de endeudamiento. No obstante, el documento de aprobación ajustaba nuevamente las metas y elevaba especialmente las fiscales, haciendo explícito el recurso a instrumentos monetarios ortodoxos para su logro.
    Más aún, el gobierno reafirmó durante ese mismo año su intención de encuadrarse en el enfoque propuesto por los organismos financieros internacionales, al anunciar la implementación de reformas de carácter estructural, ligadas a la condicionalidad impuesta en el financiamiento proveniente del Banco Mundial. Como ilustración de ello pueden tomarse las distintas medidas económicas implementadas a partir de julio de 1987, todas ellas orientadas a promover la apertura de la economía al exterior, desregular los mercados y privatizar las empresas públicas (3).
    Es importante remarcar que los acontecimientos ocurridos a partir de la segunda mitad de 1987 fueron muy importantes en términos de la confirmación del agotamiento de la estrategia de manejo de la deuda que se venía aplicando hasta ese momento. Dos temas concitaron el centro de la atención a partir de 1988: la búsqueda de mecanismos de alivio al problema, basados en la quita del capital adeudado y/o la fijación de tasas de interés concesionales sobre la deuda vieja, y la necesidad de flexibilizar los programas de ajuste, de manera de hacerlos compatibles con los objetivos de crecimiento económico.
    Por entonces, no sólo el gobierno argentino había endurecido su retórica -llegando el Presidente, incluso, a calificar de "ridículas" las recetas del Fondo para los países deudores (4)- sino que se habían reavivado las críticas a la condicionalidad en toda la región. A mediados de 1987 se creó el "Grupo de los Tres", formado por México, Brasil y Argentina, el cual formuló declaraciones en la línea de lo que anteriormente había sido el Consenso de Cartagena. El tema también fue discutido en la cumbre de ocho presidentes latinoamericanos realizada en Acapulco, en noviembre del mismo año, durante la cual la delegación argentina volvió a insistir en la propuesta de reducción de las tasas de interés internacionales a sus niveles históricos, como forma de aliviar la carga de los países endeudados (5). Sin duda estos acontecimientos dieron impulso a la búsqueda de mecanismos alternativos para el manejo del problema de la deuda, la cual se intensificó en los años siguientes.

• NOTAS

1. Cf. Bouzas (ed.), 1988, p. 56.

2. Véase Clarín, 30/09/87, p. 3.

3. Véase Keifman, 1988, pp. 180-182.

4. Cf. Ambito Financiero, 10/09/87, p. 1.

5. Véase Keifman, 1988, p. 181.

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