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Una conjunción de factores domésticos e internacionales, entre los que sobresalen la internacionalización de la banca, los desequilibrios monetarios entre países importadores y exportadores de petróleo y las políticas de los países industrializados, llevaron a los países en desarrollo de mayores ingresos -entre ellos, la Argentina- a incurrir en un fuerte endeudamiento externo durante la segunda mitad de la década del setenta.
   
Una vez desatada la crisis de la deuda en 1982, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional se vieron enfrentados a la tarea de redefinir sus funciones y sus relaciones con los países endeudados.
   
Ante la negativa de la banca comercial de seguir financiando a los países con problemas, el Fondo se convirtió en el interlocutor e intermediario obligado entre deudores y acreedores. Especialmente, entre 1982 y 1985 jugó un rol muy importante como agente catalítico y coordinador de los paquetes de nuevos recursos financieros y refinanciamiento de la deuda.  A partir de 1985 el Banco Mundial pasa al centro de la escena y su asistencia a los países endeudados, acompañada de la correspondiente condicionalidad, es un factor clave para entender las reformas económicas que éstos encaran.
   
Como se adelantó en las secciones precedentes, la relación con los organismos financieros internacionales durante el gobierno de Alfonsín atravesó tres etapas bien diferenciadas.
   
En primer lugar, los dos primeros años estuvieron marcados por el intento del gobierno argentino de resistir las demandas de esas instituciones y alterar sustantivamente los parámetros fijados por ellas para la negociación financiera del problema de la deuda de los países latinoamericanos.
   
La segunda etapa, iniciada en 1985 a partir del cambio de Ministro de Economía (Juan Vital Sourrouille reemplazó a Bernardo Grinspun), apuntó a normalizar las relaciones con las agencias multilaterales de crédito y la banca acreedora y a sentar las bases para una modificación progresiva y consensuada del contenido de las negociaciones.
   
Por último, el período que va desde 1987 hasta el fin del mandato de Alfonsín estuvo caracterizado por la persistencia de condiciones críticas en el sector externo y crecientes dificultades en el plano doméstico tanto en lo económico como en lo político.
   
Estos cambios, junto con la recuperación de la iniciativa por parte de los acreedores y la profundización de la condicionalidad sobre el final del período, tornaron la política económica cada vez más hacia el enfoque económico ortodoxo pregonado por los organismos financieros internacionales y mostraron el progresivo reconocimiento del gobierno de la inflexibilidad de los parámetros de la negociación. A medida que avanzaba la década del ochenta, las crecientes dificultades del gobierno de Alfonsín por manejar tanto la situación económica doméstica como la relación con los actores externos dieron prueba de ello.
   
En suma, el caso argentino demuestra que la resolución de la crisis de la deuda estuvo determinada por la desigual distribución del poder de negociación entre deudores y acreedores. Por eso, como señalan Tussie y Botzman: "Más allá de la rigidez institucional, la preocupación fundamental del momento fue la de evitar el colapso del sistema financiero internacional y no la de resolver la crisis de financiamiento de los países endeudados sin comprometer el crecimiento económico. Es más, desde el momento de la crisis de la deuda hasta ahora [1989], las distintas estrategias ensayadas por las instituciones multilaterales, los países desarrollados y la banca acreedora consistieron en formas alternativas de garantizar un flujo permanente de capitales desde los países endeudados" (1).

  1. Tussie y Botzman, 1989, p. 1.

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