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Movimientos de capital en la Argentina

Las condiciones económicas: el ajuste forzoso

La economía argentina sufrió, durante los años ochenta, un desequilibrio básico: la inconsistencia entre el stock de deuda externa acumulada y la capacidad de pago del país. El alto nivel de los pasivos externos fue devengando un flujo de intereses que hizo que la cuenta corriente fuera constantemente deficitaria, en tanto el país no estaba en condiciones de generar un superávit comercial de monto similar al déficit de la cuenta de servicios financieros.
   
Un par de indicadores sirven para ilustrar la magnitud de este desequilibrio. Entre 1981 y 1986 el superávit comercial acumulado fue de 15.566 millones de dólares. No obstante, el déficit en cuenta corriente fue de 15.712 millones de dólares. Es decir, a pesar de que en esos seis años se realizó una transferencia equivalente a más del 20% del producto anual, el endeudamiento siguió aumentando en forma continua y, con éste, el peso de los intereses. A nivel doméstico, esta crisis externa se reflejó en un cambio estructural en la relación entre el ingreso nacional y el producto interno, la cual pasó del 0.98 en los años setenta al 0.93 en los ochenta (1).
   
De todos modos, una visión de largo plazo indica que el problema del sector externo en la década del ochenta se diferencia claramente de las crisis de pagos ocurridas en las décadas anteriores, al menos en dos aspectos: su origen no estaba en un exceso de absorción doméstica sino en un desajuste financiero originado en la fuga de capitales originada por la política económica del último gobierno militar, y la magnitud del desequilibrio adquirió características inéditas.
   
Como resultado, la economía argentina no sólo transfirió un monto más que considerable de recursos al exterior durante esos años (ver Cuadro 3), sino que lo hizo al costo de producir profundos desequilibrios internos. Estos se manifestaron con especial intensidad en el proceso de ahorro, inversión y financiamiento. Por eso, hacia fines de la década, el problema ya no era sólo el del monto de la transferencia a realizar, sino también la distorsión que ésta generaba y que impedía recrear las condiciones de estabilidad mínimas como para permitir el crecimiento.
   
Por ejemplo, dicha transferencia implicó una caída espectacular en la proporción ahorrada e invertida del producto en relación a lo observado en las décadas anteriores. El ahorro doméstico se redujo de 21,3% del producto bruto interno en los setenta a 11,3% en los ochenta. La proporción invertida pasó, en el mismo lapso, de 21,5% a 15,6% (2). Según la misma fuente, la caída del ahorro doméstico es, fundamentalmente, una consecuencia del aumento de los pagos a factores del exterior, ya que la proporción consumida del producto no varió tanto como para explicar tal caída. La caída de la inversión, por su parte, se explica en gran medida por las consecuencias de las políticas implementadas en el período inmediatamente anterior (3).
   
Por otra parte, el proceso de ajuste durante los ochenta adquirió un rasgo distintivo debido al tipo de restricción externa en el que estuvo originado. Mientras que en décadas anteriores la restricción tenía un carácter "real", en los ochenta tuvo un origen básicamente financiero. En los años cincuenta, por ejemplo, el déficit de cuenta corriente era alto en relación al producto, pero se explicaba casi en su totalidad por un exceso de importaciones sobre exportaciones; en otras palabras, existía una oferta de bienes y servicios mayor que la producida internamente y el exceso de gasto sobre el ingreso se convertía en un problema financiero. En cambio, como se mencionó al comienzo de esta Sección, en los ochenta el déficit de cuenta corriente se dio con superávit comercial; el problema no estaba generado por la absorción excesiva sino por los intereses sobre la deuda.
   
Asimismo, la transferencia que estos intereses demandaron generó problemas internos a nivel tanto fiscal como monetario, en tanto la casi totalidad de la deuda externa argentina pertenecía al sector público. Dado que la deuda privada se nacionalizó poco antes del retorno a la democracia, el gasto público aumentó por el monto de los intereses. De ese modo, la restricción externa se tradujo en desequilibrio fiscal.
   
No obstante, las consecuencias de este fenómeno son aún más complejas. Si bien el pago de los intereses de la deuda es responsabilidad del gobierno, el superávit comercial capaz de proveer de las divisas necesarias para asumir esos compromisos proviene del sector privado. En consecuencia, el gobierno debe "comprarle" ese superávit a los agentes económicos privados. Para hacerlo, o bien debe reducir el gasto o bien debe aumentar la presión tributaria. Ambas medidas tienden a deprimir el nivel de actividad y, por lo tanto, a retardar el crecimiento. La disyuntiva es crucial porque si ninguna de estas medidas se adopta, el déficit fiscal crece y requiere mayor endeudamiento público.
   
En este contexto, las alternativas de ajuste implementadas por el gobierno radical entre 1983 y 1989 resultaron infructuosas. El crédito externo fue muy escaso, especialmente durante la primera mitad de la década (ver Cuadro 6). Y frente a una realidad económica en la que predominaba la recesión, alta inflación y gran incertidumbre, las corrientes de inversión extranjera directa fueron inestables y relativamente débiles. Las secciones siguientes detallan estas tendencias.

  1. Cf. Damill et al., 1989, p. 46.

  2. Cf. Fanelli, José María J.: "Acerca de la generación de recursos financieros en la Argentina", en  Damill et al., 1989, p. 47.

  3. Sobre la política de liberalización financiera implementada en la segunda mitad de los setenta y sus consecuencias, véase Díaz-Alejandro, 1985.

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