Visite nuestra página principal

Inversiones extranjeras directas en la Argentina

Inversiones extranjeras y capitalización de deuda

Durante el período en consideración sobresale la existencia de una modalidad particular de inversiones extranjeras directas: la llevada a cabo a través de la capitalización de títulos de la deuda externa argentina. Para ello, el gobierno radical implementó distintos programas de conversión de deuda: aquellos con seguro de cambio, entre 1984 y 1987, la conversión de deuda pública externa en el período 1987-1989 y la capitalización de représtamos al sector privado en 1988-1989 (1).
   
Como resultado general de los mismos, en esos años se convirtieron títulos de deuda externa por un valor total de poco más de 2.200 millones de dólares, de los cuales el 40,2% fueron capitalizados por 84 empresas extranjeras. Concretamente, entre 1985 y 1986 se rescataron alrededor de 469 millones de dólares por medio del régimen de capitalización de deuda externa privada con seguro de cambio. Durante el transcurso de 1988 se capitalizaron 1.371 millones de dólares, la mayor parte de ellos (782 millones de dólares) a raíz del programa de conversión de la deuda externa pública y el resto debido a la capitalización de représtamos al sector privado (101 millones de dólares) y al programa de cancelación de préstamos y redescuentos del Banco Central (488 millones de dólares) (2). Y durante los primeros tres meses de 1989 se rescataron 416 millones de dólares vía capitalización de la deuda externa pública. Sin embargo, la importancia de estos programas radica no sólo en el monto de las operaciones que se realizaron, sino también en sus posibilidades de expansión, especialmente los que terminaron por articularse con la política de privatizaciones de empresas del Estado durante la primera mitad de la década del noventa.
   
Ahora bien, respecto de estos rescates mencionados, cabe señalar que en todos los casos se trató de operaciones efectuadas por empresas privadas locales y extranjeras que desarrollan tanto actividades tanto industriales como no-industriales. El rol del Estado en estas operaciones fue el de hacer efectivo el subsidio que bajo distintas formas ofreció mediante los programas de capitalización. Pero el hecho de que los receptores de la capitalización hayan sido las empresas privadas (incluso en el programa de capitalización de la deuda externa pública) no implicó que, como contrapartida, se hayan registrado nuevas inversiones por parte de esas firmas. El único programa que así lo exigía explícitamente era el de capitalización de la deuda externa pública; los restantes, si bien en algunos casos suponían incrementar el capital de las firmas, no necesariamente requerían que se realizaran inversiones en las plantas existentes o en nuevas plantas fabriles (3).
   
Más concretamente, el primer programa de capitalización fue lanzado en setiembre de 1984, a través de la Comunicación "A" 532 del Banco Central, por la que se instauró un régimen de conversión de deuda externa con seguro de cambio. Esto permitía a las empresas cancelar en moneda local el equivalente al monto adeudado y la prima de garantía del seguro de cambio; el Banco Central les proveía a cambio las divisas correspondientes al endeudamiento externo, las cuales compraba al tipo de cambio vigente en el mercado único de cambio, mientras que el acreedor externo debía capitalizar el crédito en la empresa que realizaba la operación de capitalización. De este modo, la operación no comprometía divisas en la cancelación de la deuda y la empresa que la realizaba recibía un subsidio del Estado en moneda local, equivalente, por cada dólar adeudado, a la diferencia entre el tipo de cambio vigente en el mercado único de cambio y el que regía para el seguro de cambio.
   
Como resultado, entre 1985 y 1987 fueron autorizadas las presentaciones de 183 empresas privadas -locales y extranjeras-, que sumaban operaciones por un monto de alrededor de 490 millones de dólares (4). Dado que el programa no establecía límites respecto a las actividades económicas de las firmas, se verifica que las empresas no-industriales que aceptaron esta opción casi duplicaron a las industriales, aunque éstas últimas concentran el mayor monto dentro del total capitalizado (53%), ya que individualmente capitalizaron un promedio muy superior al del resto de las empresas. Además, entre las empresas industriales, las que pertenecían a inversores extranjeros, concentraron más del 70% del monto total capitalizado por las firmas industriales, con un promedio por firma significativamente más elevado que el de las empresas locales. En cuanto a la distribución sectorial de los montos capitalizados por las empresas industriales extranjeras (la mayoría de ellas, norteamericanas), sobresale la producción de alimentos y bebidas (106 millones de dólares, o sea, 57% del total), la que también tiene la más elevada capitalización promedio por empresa; en orden de importancia le siguen la producción química y petroquímica, medicamentos, neumáticos, productos metálicos, maquinaria no eléctrica, maquinaria y productos eléctricos (5).
   
En segundo lugar, el mecanismo de rescate de la deuda externa pública fue establecido mediante la Comunicación "A" 1109 del 27 de octubre de 1987. Aparece como el más importante de estos programas, no sólo por la magnitud de deuda externa rescatada, sino también porque es el único que establecía la obligación de destinar los fondos a la inversión.
   
Este programa incluía el rescate de diferentes tipos de bonos y obligaciones externas emitidas por el Estado a partir de 1982, de allí que se rescatara deuda externa tanto originada en el sector público como en el privado. El rescate se llevaba a cabo con una tasa de descuento en el valor nominal de la deuda convertida y el aporte de recursos adicionales para llevar a cabo proyectos de inversión. Esto respondía al intento de que este mecanismo impulsara la concreción de proyectos de inversión específicos, lo cual abría una importante posibilidad de incremento de la capacidad productiva y exportadora del país.
   
El procedimiento consistía básicamente en la presentación, por parte de las empresas privadas, de sus proyectos de inversión en las licitaciones que realizaba el Banco Central. En la presentación, además de las características del proyecto y su costo total, debía constar el valor de la deuda externa que el autor del proyecto estaba dispuesto a aceptar. El Banco Central definía entonces el valor mínimo de las obligaciones externas que estaba dispuesto a pagar en australes, dando prioridad a aquellos proyectos cuyo valor de las obligaciones externas igualaba o superaba el establecido por esa institución. En general, como la capitalización no podía abarcar el costo total del proyecto, los montos capitalizables cubrían hasta un máximo del 70% del costo del proyecto de inversión, una vez deducidos hasta un 10% en concepto de inversión en inmuebles, capital de trabajo e importación de maquinaria y equipos. Al igual que en los otros regímenes de capitalización, este programa implicaba un subsidio estatal a las empresas privadas, el cual estaba determinado por la diferencia entre el valor de las obligaciones externas del Estado en el mercado internacional y el valor de los bonos que les reconocía el Banco Central a las empresas privadas en las licitaciones.
   
Entre 1988 y 1989 se llevaron a cabo seis licitaciones y fueron aprobadas las presentaciones realizadas por 102 firmas. Estas representaban una formación de capital superior a los 1.000 millones de dólares, un valor nominal de deuda externa capitalizada de casi 1.200 millones de dólares y un valor efectivo de alrededor de 395 millones de dólares (6). La diferencia entre el valor del mercado de las obligaciones externas argentinas y el valor efectivo que les reconoció el Banco Central a los inversores determinó que el subsidio que éstos recibieron fuera de 122 millones de dólares. En cuanto a la distribución sectorial, se aprecia que 75 proyectos de inversión correspondían a diferentes producciones industriales (sobre todo, inversiones en la elaboración de alimentos y bebidas y producción de automotores y autopartes); ellos concentran el 72% del monto de las inversiones, el 68% del valor efectivo de la deuda capitalizada y el 72% del subsidio estatal canalizado por este medio. Los restantes corresponden a proyectos para la construcción de hoteles destinados al turismo internacional y a la producción agropecuaria (7).
   
Dentro de los 75 proyectos de inversión mencionados, si bien sólo 28 pertenecen a firmas extranjeras, ellos concentran el 69% del monto de inversión, el 62% del valor efectivo de la deuda externa y el 64% del subsidio estatal destinado a proyectos industriales. Considerados por sector de actividad, la producción de automotores y autopartes es la actividad industrial más relevante, seguida por la producción de alimentos y bebidas, la producción química y petroquímica, y maquinaria y suministros eléctricos. Además, de esos 28 proyectos de inversión pertenecientes a firmas extranjeras, 7 estuvieron destinados a instalar nuevas plantas fabriles, mientras que los 21 restantes estaban vinculados a la ampliación de plantas industriales ya existentes. Nuevamente, en cuanto al origen de las firmas, se verifica el predominio de empresas norteamericanas, las cuales concentran el 56% de la inversión; les siguen, en orden de importancia, las italianas (13%), belgas (8%), suizas (5%) y brasileñas (5%) (8).
   
Finalmente, a través de la Comunicación "A" 1056 de julio de 1987, el Banco Central estableció el programa de conversión de deuda del sector privado bajo la forma de operaciones de représtamo (on lending) con pago de una comisión. Por este medio, los deudores o los inversores que participaran podían adquirir los créditos a los bancos acreedores siempre y cuando capitalizaran los mismos. De esta forma, se cancelaba el crédito del représtamo que daba origen a la operación de capitalización. Como en los casos anteriores, debía instrumentarse por medio de licitaciones que convocaba el mismo Banco Central, quien determinaba el nivel de la comisión de capitalización en cada convocatoria, autorizándose aquellas presentaciones que igualaban o superaban tal nivel porcentual.
   
El subsidio implícito estaba dado, en este caso, por la diferencia entre el représtamo que recibía la empresa en australes y el pago que efectuaba, por un lado, al acreedor externo cuando realizaba la capitalización y, por otro, la comisión que le cobraba el Banco Central para aprobarle la capitalización del préstamo. Además, las obligaciones cotizaban en el exterior a un valor sensiblemente más bajo que el de paridad. Y el régimen sufrió algunas modificaciones que indirectamente "aumentaron" dicho subsidio, entre ellas, la aceptación por parte del Banco Central de solicitudes de capitalización sin que se cumpliera con el requisito de aportar fondos adicionales.
   
En efecto, para este tipo de operaciones se habían establecido, en un principio, diversos requisitos como, por ejemplo, el ingreso de un dólar "fresco" por cada dólar representado, la canalización de las inversiones hacia ciertos sectores industriales que posibilitaran el aumento de la capacidad productiva y exportadora local, la imposibilidad de repatriar aportes durante un plazo mínimo de diez años y de remesar utilidades al exterior durante los primeros cuatro años, etc. No obstante, estas condiciones fueron ignoradas al momento de implementarse el programa.
   
Este programa es el que, en términos relativos, alcanzó menor importancia cuantitativa. Durante 1988 se llevaron a cabo cinco licitaciones y se capitalizaron sólo unos 101 millones de dólares, un monto significativamente menor que los logrados con los otros programas de conversión de deuda. La mayor parte de las empresas que participaron fueron de origen industrial, las cuales capitalizaron el 86% del monto total. Dentro de ellas, los mayores montos fueron capitalizados por aquellas dedicadas a la producción textil, químicos y petroquímicos, en ese orden; y en menor cuantía, las dedicadas a la fabricación de maquinaria, suministros eléctricos y la producción de papel. La participación de las empresas extranjeras fue considerablemente significativa (41% del monto total) y está basada en las operaciones de diez empresas industriales dedicadas a la producción química y petroquímica, de maquinaria, suministros eléctricos y metales básicos. Cabe destacar que entre las empresas locales, las firmas que integran la estructura empresarial de los grandes grupos económicos tuvieron una participación decisiva en este tipo de programa, ya que concentran 78% del monto capitalizado por las locales, equivalente al 49% de la capitalización local (9).

  1. Sobre este tema puede consultarse Bouzas y Keifman, 1990; CEPAL, 1995b; Azpiazu 1993, Sección VI.4.; CEPAL, 1989b.

  2. Cf. CEPAL, 1995b, p. 50; 1989b, p. 56.

  3. Tanto la capitalización de la deuda externa privada con seguro de cambio como la capitalización de représtamos al sector privado exigían la cancelación de la deuda mediante modificaciones en el capital de la firma en cuestión.

  4. Cf. CEPAL, 1995b, p. 51.

  5. Cf. CEPAL, 1989b, pp. 58-60.

  6. Cf. CEPAL, 1995b, p. 53.

  7. Cf. CEPAL, 1989b, p. 63.

  8. Cf. Ibidem, pp. 64-67.

  9. Véase CEPAL, 1995b, pp. 55-58; 1989b, p. 68.

Ir a página anterior Home Ir a página siguiente

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.