Sección 3: Flujos de capitales
Inversiones
extranjeras directas en la Argentina
Inversiones
extranjeras y capitalización de deuda
Durante
el período en consideración sobresale la existencia de una modalidad
particular de inversiones extranjeras directas: la llevada a cabo a través de
la capitalización de títulos de la deuda externa argentina. Para ello, el
gobierno radical implementó distintos programas de conversión de deuda:
aquellos con seguro de cambio, entre 1984 y 1987, la conversión de deuda pública
externa en el período 1987-1989 y la capitalización de représtamos al sector
privado en 1988-1989 (1).
Como
resultado general de los mismos, en esos años se convirtieron títulos de deuda
externa por un valor total de poco más de 2.200 millones de dólares, de los
cuales el 40,2% fueron capitalizados por 84 empresas extranjeras. Concretamente,
entre 1985 y 1986 se rescataron alrededor de 469 millones de dólares por medio
del régimen de capitalización de deuda externa privada con seguro de cambio.
Durante el transcurso de 1988 se capitalizaron 1.371 millones de dólares, la
mayor parte de ellos (782 millones de dólares) a raíz del programa de conversión
de la deuda externa pública y el resto debido a la capitalización de représtamos
al sector privado (101 millones de dólares) y al programa de cancelación de préstamos
y redescuentos del Banco Central (488 millones de dólares) (2). Y durante los
primeros tres meses de 1989 se rescataron 416 millones de dólares vía
capitalización de la deuda externa pública. Sin embargo, la importancia de
estos programas radica no sólo en el monto de las operaciones que se
realizaron, sino también en sus posibilidades de expansión, especialmente los
que terminaron por articularse con la política de privatizaciones de empresas
del Estado durante la primera mitad de la década del noventa.
Ahora
bien, respecto de estos rescates mencionados, cabe señalar que en todos los
casos se trató de operaciones efectuadas por empresas privadas locales y
extranjeras que desarrollan tanto actividades tanto industriales como
no-industriales. El rol del Estado en estas operaciones fue el de hacer efectivo
el subsidio que bajo distintas formas ofreció mediante los programas de
capitalización. Pero el hecho de que los receptores de la capitalización hayan
sido las empresas privadas (incluso en el programa de capitalización de la
deuda externa pública) no implicó que, como contrapartida, se hayan registrado
nuevas inversiones por parte de esas firmas. El único programa que así lo exigía
explícitamente era el de capitalización de la deuda externa pública; los
restantes, si bien en algunos casos suponían incrementar el capital de las
firmas, no necesariamente requerían que se realizaran inversiones en las
plantas existentes o en nuevas plantas fabriles (3).
Más
concretamente, el primer programa de capitalización fue lanzado en setiembre de
1984, a través de la Comunicación "A" 532 del Banco Central, por la
que se instauró un régimen de conversión de deuda externa con seguro de
cambio. Esto permitía a las empresas cancelar en moneda local el equivalente al
monto adeudado y la prima de garantía del seguro de cambio; el Banco Central
les proveía a cambio las divisas correspondientes al endeudamiento externo, las
cuales compraba al tipo de cambio vigente en el mercado único de cambio,
mientras que el acreedor externo debía capitalizar el crédito en la empresa
que realizaba la operación de capitalización. De este modo, la operación no
comprometía divisas en la cancelación de la deuda y la empresa que la
realizaba recibía un subsidio del Estado en moneda local, equivalente, por cada
dólar adeudado, a la diferencia entre el tipo de cambio vigente en el mercado
único de cambio y el que regía para el seguro de cambio.
Como
resultado, entre 1985 y 1987 fueron autorizadas las presentaciones de 183
empresas privadas -locales y extranjeras-, que sumaban operaciones por un monto
de alrededor de 490 millones de dólares (4). Dado que el programa no establecía
límites respecto a las actividades económicas de las firmas, se verifica que
las empresas no-industriales que aceptaron esta opción casi duplicaron a las
industriales, aunque éstas últimas concentran el mayor monto dentro del total
capitalizado (53%), ya que individualmente capitalizaron un promedio muy
superior al del resto de las empresas. Además, entre las empresas industriales,
las que pertenecían a inversores extranjeros, concentraron más del 70% del
monto total capitalizado por las firmas industriales, con un promedio por firma
significativamente más elevado que el de las empresas locales. En cuanto a la
distribución sectorial de los montos capitalizados por las empresas
industriales extranjeras (la mayoría de ellas, norteamericanas), sobresale la
producción de alimentos y bebidas (106 millones de dólares, o sea, 57% del
total), la que también tiene la más elevada capitalización promedio por
empresa; en orden de importancia le siguen la producción química y petroquímica,
medicamentos, neumáticos, productos metálicos, maquinaria no eléctrica,
maquinaria y productos eléctricos (5).
En
segundo lugar, el mecanismo de rescate de la deuda externa pública fue
establecido mediante la Comunicación "A" 1109 del 27 de octubre de
1987. Aparece como el más importante de estos programas, no sólo por la
magnitud de deuda externa rescatada, sino también porque es el único que
establecía la obligación de destinar los fondos a la inversión.
Este
programa incluía el rescate de diferentes tipos de bonos y obligaciones
externas emitidas por el Estado a partir de 1982, de allí que se rescatara
deuda externa tanto originada en el sector público como en el privado. El
rescate se llevaba a cabo con una tasa de descuento en el valor nominal de la
deuda convertida y el aporte de recursos adicionales para llevar a cabo
proyectos de inversión. Esto respondía al intento de que este mecanismo
impulsara la concreción de proyectos de inversión específicos, lo cual abría
una importante posibilidad de incremento de la capacidad productiva y
exportadora del país.
El
procedimiento consistía básicamente en la presentación, por parte de las
empresas privadas, de sus proyectos de inversión en las licitaciones que
realizaba el Banco Central. En la presentación, además de las características
del proyecto y su costo total, debía constar el valor de la deuda externa que
el autor del proyecto estaba dispuesto a aceptar. El Banco Central definía
entonces el valor mínimo de las obligaciones externas que estaba dispuesto a
pagar en australes, dando prioridad a aquellos proyectos cuyo valor de las
obligaciones externas igualaba o superaba el establecido por esa institución.
En general, como la capitalización no podía abarcar el costo total del
proyecto, los montos capitalizables cubrían hasta un máximo del 70% del costo
del proyecto de inversión, una vez deducidos hasta un 10% en concepto de
inversión en inmuebles, capital de trabajo e importación de maquinaria y
equipos. Al igual que en los otros regímenes de capitalización, este programa
implicaba un subsidio estatal a las empresas privadas, el cual estaba
determinado por la diferencia entre el valor de las obligaciones externas del
Estado en el mercado internacional y el valor de los bonos que les reconocía el
Banco Central a las empresas privadas en las licitaciones.
Entre
1988 y 1989 se llevaron a cabo seis licitaciones y fueron aprobadas las
presentaciones realizadas por 102 firmas. Estas representaban una formación de
capital superior a los 1.000 millones de dólares, un valor nominal de deuda
externa capitalizada de casi 1.200 millones de dólares y un valor efectivo de
alrededor de 395 millones de dólares (6). La diferencia entre el valor del
mercado de las obligaciones externas argentinas y el valor efectivo que les
reconoció el Banco Central a los inversores determinó que el subsidio que éstos
recibieron fuera de 122 millones de dólares. En cuanto a la distribución
sectorial, se aprecia que 75 proyectos de inversión correspondían a diferentes
producciones industriales (sobre todo, inversiones en la elaboración de
alimentos y bebidas y producción de automotores y autopartes); ellos concentran
el 72% del monto de las inversiones, el 68% del valor efectivo de la deuda
capitalizada y el 72% del subsidio estatal canalizado por este medio. Los
restantes corresponden a proyectos para la construcción de hoteles destinados
al turismo internacional y a la producción agropecuaria (7).
Dentro
de los 75 proyectos de inversión mencionados, si bien sólo 28 pertenecen a
firmas extranjeras, ellos concentran el 69% del monto de inversión, el 62% del
valor efectivo de la deuda externa y el 64% del subsidio estatal destinado a
proyectos industriales. Considerados por sector de actividad, la producción de
automotores y autopartes es la actividad industrial más relevante, seguida por
la producción de alimentos y bebidas, la producción química y petroquímica,
y maquinaria y suministros eléctricos. Además, de esos 28 proyectos de inversión
pertenecientes a firmas extranjeras, 7 estuvieron destinados a instalar nuevas
plantas fabriles, mientras que los 21 restantes estaban vinculados a la ampliación
de plantas industriales ya existentes. Nuevamente, en cuanto al origen de las
firmas, se verifica el predominio de empresas norteamericanas, las cuales
concentran el 56% de la inversión; les siguen, en orden de importancia, las
italianas (13%), belgas (8%), suizas (5%) y brasileñas (5%) (8).
Finalmente,
a través de la Comunicación "A" 1056 de julio de 1987, el Banco
Central estableció el programa de conversión de deuda del sector privado bajo
la forma de operaciones de représtamo (on
lending) con pago de una comisión. Por este medio, los deudores o los
inversores que participaran podían adquirir los créditos a los bancos
acreedores siempre y cuando capitalizaran los mismos. De esta forma, se
cancelaba el crédito del représtamo que daba origen a la operación de
capitalización. Como en los casos anteriores, debía instrumentarse por medio
de licitaciones que convocaba el mismo Banco Central, quien determinaba el nivel
de la comisión de capitalización en cada convocatoria, autorizándose aquellas
presentaciones que igualaban o superaban tal nivel porcentual.
El
subsidio implícito estaba dado, en este caso, por la diferencia entre el représtamo
que recibía la empresa en australes y el pago que efectuaba, por un lado, al
acreedor externo cuando realizaba la capitalización y, por otro, la comisión
que le cobraba el Banco Central para aprobarle la capitalización del préstamo.
Además, las obligaciones cotizaban en el exterior a un valor sensiblemente más
bajo que el de paridad. Y el régimen sufrió algunas modificaciones que
indirectamente "aumentaron" dicho subsidio, entre ellas, la aceptación
por parte del Banco Central de solicitudes de capitalización sin que se
cumpliera con el requisito de aportar fondos adicionales.
En
efecto, para este tipo de operaciones se habían establecido, en un principio,
diversos requisitos como, por ejemplo, el ingreso de un dólar
"fresco" por cada dólar representado, la canalización de las
inversiones hacia ciertos sectores industriales que posibilitaran el aumento de
la capacidad productiva y exportadora local, la imposibilidad de repatriar
aportes durante un plazo mínimo de diez años y de remesar utilidades al
exterior durante los primeros cuatro años, etc. No obstante, estas condiciones
fueron ignoradas al momento de implementarse el programa.
Este
programa es el que, en términos relativos, alcanzó menor importancia
cuantitativa. Durante 1988 se llevaron a cabo cinco licitaciones y se
capitalizaron sólo unos 101 millones de dólares, un monto significativamente
menor que los logrados con los otros programas de conversión de deuda. La mayor
parte de las empresas que participaron fueron de origen industrial, las cuales
capitalizaron el 86% del monto total. Dentro de ellas, los mayores montos fueron
capitalizados por aquellas dedicadas a la producción textil, químicos y
petroquímicos, en ese orden; y en menor cuantía, las dedicadas a la fabricación
de maquinaria, suministros eléctricos y la producción de papel. La participación
de las empresas extranjeras fue considerablemente significativa (41% del monto
total) y está basada en las operaciones de diez empresas industriales dedicadas
a la producción química y petroquímica, de maquinaria, suministros eléctricos
y metales básicos. Cabe destacar que entre las empresas locales, las firmas que
integran la estructura empresarial de los grandes grupos económicos tuvieron
una participación decisiva en este tipo de programa, ya que concentran 78% del
monto capitalizado por las locales, equivalente al 49% de la capitalización
local (9).
NOTAS
Sobre este tema puede consultarse Bouzas y Keifman, 1990; CEPAL, 1995b; Azpiazu 1993, Sección VI.4.; CEPAL, 1989b.
Cf. CEPAL, 1995b, p. 50; 1989b, p. 56.
Tanto la capitalización de la deuda externa privada con seguro de cambio como la capitalización de représtamos al sector privado exigían la cancelación de la deuda mediante modificaciones en el capital de la firma en cuestión.
Cf. CEPAL, 1995b, p. 51.
Cf. CEPAL, 1989b, pp. 58-60.
Cf. CEPAL, 1995b, p. 53.
Cf. CEPAL, 1989b, p. 63.
Cf. Ibidem, pp. 64-67.
Véase CEPAL, 1995b, pp. 55-58; 1989b, p. 68.
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