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Entre 1968 y 1971 la intensidad de los contactos disminuyó. El 21 de noviembre de 1969, la Argentina y Gran Bretaña convinieron en mantener conversaciones especiales para mejorar el tránsito y las comunicaciones entre las Islas y el continente (1). El 1° de abril de 1970 se iniciaron las reuniones en Londres y Buenos Aires. En julio de ese año, el Foreign Office recibió varias propuestas argentinas para establecer las comunicaciones entre ambas regiones a las que no respondió. Recién en 1971 se reiniciaron las conversaciones bilaterales en Buenos Aires (2). La segunda ronda de encuentros se desarrolló en Buenos Aires entre el 21 y 30 de junio de 1971. En esa oportunidad, la delegación británica incluyó isleños. Entre ellos se encontraba el gerente de la Falkland Islands Company, señor Alistair Sloggie (3). Por parte de la Argentina participaron alternativamente los diplomáticos Juan Carlos Beltramino, Enrique Ros, Guillermo Louge y, el asesor de la Cancillería, coronel (R) Luis González Balcarce (4). Estas negociaciones que se realizaron bajo un "paraguas de soberanía", culminaron con la aprobación de una serie de medidas prácticas cuya aplicación facilitaría el movimiento de personas y bienes entre el territorio continental argentino y las islas en ambas direcciones. El tono de las conversaciones fue calificado como cordial. El 1° de julio de 1971 ambos gobiernos suscribieron una Declaración Conjunta. Las medidas más importantes fueron,
1. la creación de una Comisión Consultiva Especial constituida por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de la Embajada Británica en Buenos Aires a fin de tratar todas las cuestiones relativas al establecimiento y promoción de las comunicaciones.
2. el Gobierno argentino otorgaría un documento a los residentes de las Islas Malvinas, sin referencia a la nacionalidad, que desearan viajar al territorio continental argentino, y que permitiría el libre desplazamiento en él.
3. los residentes de las Islas serían declarados por el gobierno argentino exentos del pago de derechos e impuestos y de cualquier otra obligación como resultado de actividades en las Islas. Asimismo, el gobierno británico no demandaría el pago de impuestos a los residentes provenientes del territorio continental argentino que presten servicios en las Islas.
4. se adoptarían medidas para que el equipaje normal de los residentes malvinenses que viajasen entre las Islas y el territorio continental estuviera libre de todo pago de derechos e impuestos.
5. que el gobierno argentino adoptaría medidas para que todo residente en las Islas que estableciera su domicilio en el territorio continental pudiera ingresar, por una sola vez, libre de derechos e impuestos, todos sus efectos personales del hogar y un automóvil. Facilitarían el tránsito de personas vinculadas al establecimiento y promoción de las comunicaciones.
6. el gobierno británico tomaría medidas para el establecimiento de un servicio marítimo regular de pasajeros, carga y correspondencia.
7. el Gobierno argentino tomaría medidas para el establecimiento de un servicio aéreo regular de frecuencia semanal de pasajeros, carga y correspondencia. Hasta tanto se construyera el aeródromo de Puerto Stanley, el gobierno argentino proveería un servicio aéreo temporario con aviones anfibios entre el territorio y las Islas.
8. Se proponían, asimismo, medidas para agilizar las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas; se establecía que las tarifas telefónicas, telegráficas y postales serían iguales a las internas del lugar de origen de las comunicaciones. Las estampillas de correo serían canceladas con un sello que se refiera a la Declaración Conjunta del 1 de julio de 1971.
9. El gobierno argentino manifestó que estaría dispuesto a cooperar en los campos de la salud, educación, agricultura y técnica en respuesta a requerimientos que pudieran formulársele (5).
En esa oportunidad, la estrategia del gobierno argentino fue la de acercar y vincular
en forma progresiva las Islas al territorio continental (6). Era claro que, como afirma
Lanús, "el propósito de estos acuerdos [era] influir en la opinión pública de los
isleños -anímicamente aislados de la Argentina- y ahondar su interés por la cultura,
política y economía de nuestro país. Estos acuerdos de comunicaciones, permitirían
vincular a los isleños con la Argentina, generando una corriente de confianza y contactos
imprescindibles para consolidar cualquier negociación política" (7). Por el
contrario, la estrategia británica buscaba crear cooperación política a partir de
éxitos en áreas funcionales que luego por efecto de spillover se trasladaría a
otros temas (8).
Un mes más tarde, el 5 de agosto, el Ministro de Relaciones
Exteriores, Luis María de Pablo Pardo, comunicó al representante británico en la
Argentina que su gobierno había aprobado la Declaración Conjunta del 1° de julio de
1971.
El día 7 de enero de 1972 partía de Buenos Aires la motonave Libertad
transportando un contingente de 300 turistas a la Antártida. Con el fin de aprovechar el
viaje y consolidar el proceso de acercamiento, se decidió que la nave recalaría por una
noche en Puerto Stanley. En la nave viajaron el Embajador de Gran Bretaña en Buenos
Aires, Michael Hadow y el Director General de Antártida y Malvinas de la Cancillería,
Mario Izaguirre (9).
Con el objeto de revestir de mayor solemnidad a los acuerdos, el
gobierno del general Lanusse dictó la Ley 19.529 que aprobaba la Declaración Conjunta de
julio del año anterior, así como las notas reversales que ambos gobiernos se habían
intercambiado sobre el tema de reserva de sus derechos de soberanía (10).
El proceso de acercamiento entre las Islas y el continente fue
completado por dos acuerdos más firmados durante 1972. El 2 de mayo de ese año, el
Embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires y el Ministro de Relaciones Exteriores de la
Argentina, suscribieron un Acuerdo sobre la Construcción y Operación de un Aeródromo
Provisorio en las Islas Malvinas por parte del gobierno argentino:
1.El aeródromo provisorio estará situado en Hooker's Point. La ubicación específica del aeródromo y cualquier derecho subsidiario con respecto al terreno adyacente que pudiera ser necesario durante el período de construcción y operación del aeródromo provisorio, serán tal como se convenga entre los representantes de nuestros respectivos Gobiernos en la Comisión Consultiva Especial.
2. La pista será de aproximadamente ochocientos metros de largo por treinta metros de ancho.
3. El Gobierno Argentino adoptará las medidas necesarias para construir el aeródromo y suministrar los materiales y equipos requeridos para su construcción, operación y mantenimiento. Empleará principalmente personal procedente del territorio continental argentino, pero con la participación de personal local. La composición del grupo para la construcción será tal como lo convenga la Comisión Consultiva Especial. El grupo de construcción podrá obtener y utilizar sin cargo, el material de construcción necesario, de los terrenos próximos al aeródromo según lo acuerde la Comisión Consultiva Especial.
4. El Gobierno de Reino Unido proveerá un edificio para habitación del personal procedente del territorio continental argentino para la construcción del aeródromo. Para dicho edificio y para la construcción, operación y mantenimiento del aeródromo, el Gobierno del Reino Unido proveerá agua, como también electricidad, tan pronto se logre una capacidad de producción suficiente.
5. El aeródromo será administrado y mantenido por personal del territorio continental argentino, con la participación de personal local. La composición del grupo para la administración y mantenimiento será tal como la convenga la Comisión Consultiva Especial (11).
Pocos meses después, el 24 de octubre de 1972 se firmó un acuerdo complementario del anterior. Por el mismo, se acordó la apertura de una agencia de Líneas Aéreas del Estado (LADE) en Puerto Stanley y la iniciación del servicio aéreo regular entre las Islas y el territorio continental:
1. Líneas Aéreas del Estado (LADE), Empresa Argentina a cuyo cargo se hallará el servicio regular así como el temporario, a los que se refieren los numerales (8) y (9) de la Declaración Conjunta, abrirá una agencia comercial y operativa en Puerto Stanley y designará su titular, así como al personal auxiliar necesario que desee emplear en las Islas Malvinas. El personal auxiliar estará compuesto en la forma en que acuerde la Comisión Consultiva Especial.
...
3. Las tripulaciones y los aviones con que se realicen los servicios referidos en el numeral (2) de este Acuerdo, llevará la misma documentación de vuelo que es de rigor para las tripulaciones y los aviones que realizan vuelos internos sobre el territorio continental argentino y sus operadores estarán exentos del pago de derechos de aterrizaje, gravámenes u otras cargas... (12).
El 25 de mayo de 1973 un nuevo gobierno constitucional se estableció en la Argentina.
En su discurso inaugural el presidente Héctor J. Cámpora tuvo unas palabras para las
Malvinas. Su recuperación sería uno de los objetivos de su gobierno (13).
Respecto de las negociaciones realizadas durante el período 1968-1973,
el argentino Quellet señala que Gran Bretaña trató de transformar las negociaciones en
conversaciones, con el objeto de no tratar el tema central: soberanía. Al mismo tiempo,
otros señalan que dada la divergencia de objetivos -ansiedad argentina por tratar el tema
de la soberanía y la negativa británica de proseguir conversaciones políticas que
trataran el tema- durante 1972 se llegó a una clara situación de impasse (15). Ante esta
situación, la Argentina denunció ante las Naciones Unidas la utilización por parte de
Gran Bretaña de una estrategia dilatoria. El foro internacional se hizo eco de la
denuncia argentina y aprobó la Resolución 3.160 (XXVIII) de diciembre de 1973 que
señaló su preocupación por la falta de progreso en las negociaciones e instó a las
partes a proseguirlas (16). A pesar de ello, las negociaciones por las comunicaciones
prosiguieron (17). Los avances diplomáticos argentinos fueron contestados por los
isleños y el 4 de enero de 1974, el Consejo Legislativo de las Islas, aprobó una moción
en la cual declaró:
Que esta Cámara se opone enérgicamente a toda negociación o conversaciones celebradas con el Gobierno argentino sin el previo y completo conocimiento del pueblo de las Islas, que involucren la transmisión de la soberanía de esta colonia contra los deseos de sus habitantes (18).
Para julio de 1974, el Canciller Alberto J. Vignes afirmó que al menos que las
negociaciones sobre la transferencia de las islas se acelerase, "la política
[argentina] amistosa sería revisada" (19). En Gran Bretaña, el nuevo gobierno del
Primer Ministro Harold Wilson inició conversaciones diplomáticas introduciendo la
posibilidad de un condominio. Ello dio lugar a importantes encuentros entre representantes
de los gobiernos argentino y británico en julio de 1974. En esa oportunidad, el embajador
de Gran Bretaña presentó al canciller Vignes una comunicación escrita en la que
informaba haber sido instruido por su gobierno "para proponer que las discusiones
entre Gran Bretaña y la Argentina sobre el futuro de las Islas deberían resumirse sobre
la base de las salvaguardias y garantías a extenderse a los isleños en el hipotético
caso de un condominio de Gran Bretaña y Argentina en relación a la soberanía
territorial sobre las Islas Falkland" (20).
La comunicación británica además expresó lo siguiente:
...el objetivo del Gobierno de Su Majestad al entrar en negociaciones sobre la base del condominio será resolver la disputa de la soberanía a través de la aceptación de la co-soberanía argentina sobre las Islas y que el producto final pueda ser un tratado que solucione la disputa anglo-argentina creando una atmósfera favorable en la cual los isleños puedan desarrollarse acorde a sus intereses (21).
Finalmente, el documento señaló que "cualquiera fuera la forma que pudiese
asumir el condominio, éste tendría algunos elementos básicos, como ser que ambas
banderas flamearan juntas, que se adoptaran los idiomas español e inglés como idiomas
oficiales, que se aceptará la doble nacionalidad para los isleños, y que el gobernador
fuese designado alternativamente por la Reina y el Presidente de Argentina. Sobre esas
bases, el gobierno inglés aceptaba, en forma oficial y preliminar, iniciar las
conversaciones en Buenos Aires" (22). Esta aproximación diplomática británica
coincidió con una contrapropuesta de la Cancillería argentina también sobre
"condominio" que era similar en muchos aspectos (23).
Las conversaciones sobre el tema se desarrollaron en forma muy
confidencial. Pero luego de la muerte del presidente Perón no se continuó trabajando
sobre esta opción. Según Lanús, de acuerdo con testimonios, el presidente Perón
habría dado su conformidad para que se analizara dicha solución al diferendo sobre la
soberanía, pero que al producirse su deceso, el canciller Vignes "ocultó e hizo
zozobrar esas negociaciones a pesar de la posición de Perón", desconociéndose los
motivos de Vignes para adoptar semejante decisión (24). Por el lado británico, estas
conversaciones que se realizaron sin la aprobación o la participación de los isleños
fueron desbaratadas por el Parlamento, lo que llevó al Gobierno británico a informar en
agosto de 1974 que no sería práctico la continuación de las conversaciones sobre el
tema (25).
A partir de 1969, el Gobierno británico había comenzado a percibir la
resonancia política que podía generar la posible existencia de petróleo alrededor de
las Malvinas. En aquella oportunidad, el Foreign Office concluyó que sería mejor no
hacer nada al respecto por temor a provocar un aumento en la tensión política entre Gran
Bretaña y la Argentina al punto de empujar a esta última a ocupar las islas por la
fuerza (26). Más tarde, el Gobierno británico decidió realizar sus propias
exploraciones en las aguas de las Malvinas para constatar si efectivamente había allí
petróleo. Para ello, a partir de 1970 se llevaron a cabo relevamientos en la zona. Hacia
mediados de los 70s se habían acumulado pruebas que sugirieron que probablemente existía
petróleo en la región (27).
De inmediato, varias empresas petroleras se interesaron en la zona y,
según manifestaciones del Secretario Principal del Territorio de Gran Bretaña, se
estaban esperando los resultados de un informe que había sido encargado a un equipo de
investigadores de la Universidad de Birmingham (28). El informe titulado "Geology of
the Region around the Falkland Islands" fue preparado por Departamento de Ciencias
Geológicas de esa universidad y sus autores fueron P.F. Barker, J. Burrel, P. Simpson y
D.H. Griffiths y presentado en marzo de 1975 (29). Según el informe existían ciertas
posibilidades de encontrar petróleo en las Islas y en el mar adyacente.
El 19 de marzo de 1975, la Cancillería argentina emitió un Comunicado
de Prensa en respuesta de la intenciones británicas. Según este texto, la Argentina no
reconocía el ejercicio de ningún derecho en materia de exploración o explotación de
recursos naturales:
Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del territorio nacional, el Gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero. Por consiguiente tampoco reconoce ni reconocerá y considerará insanablemente nulos cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el gobierno argentino estima de la mayor gravedad e importancia.
El gobierno argentino considerará, además, la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo claro objetivo es la solución de la disputa de soberanía entre los países por la vía pacífica de las negociaciones bilaterales (30).
Como respuesta al amenazante comunicado argentino, en el mes de abril, el recién
designado embajador del Reino Unido en la Argentina informó, en su primer encuentro con
el Canciller Vignes, que ante cualquier ataque a las Islas el Gobierno británico
respondería con la fuerza militar (31).
A pesar de la oposición argentina, el gobierno inglés mantuvo sus
propósitos y el 16 de octubre confirmó el envío a las islas de un misión económica
encabezada por Lord Shackleton (32). Ante este anuncio, el 22 de octubre, el Ministerio de
Relaciones Exteriores declaró que no se concedía permiso oficial a la misión Shackleton
(33). Ya el 16 de octubre, había hecho saber que el envío de la misión de relevamiento
económico introduciría una desagradable perturbación en las relaciones anglo-argentinas
y que su presencia pondría en peligro la solución pacífica de la disputa (34). Esta
reacción echó por tierra las expectativas del Foreign Office de que el envío de una
misión patrocinada por el Gobierno, en lugar de una empresa privada, calmaría al
gobierno argentino (35).
Lanús afirma que la Misión Shackleton, no autorizada por el gobierno
argentino, introdujo un cambio sustancial que violaba un tácito principio de no innovar,
que ambos países habían respetado hasta ese momento (36).
Para julio de 1975, Kinney sostiene que el Reino Unido propuso a la
Argentina discusiones para el desarrollo conjunto del Atlántico sudoccidental. El
Canciller Vignes aceptó esa posibilidad pero la ató a la transferencia de la soberanía
a través de un arriendo (leaseback) por un término fijo. La propuesta argentina incluía
la ocupación inmediata de las islas Georgias y Sandwich del Sur con la aquiescencia
británica (37). A esta propuesta, el Gobierno británico respondió que cualquier acción
unilateral sería inaceptable, por lo que el Gobierno argentino rechazó cualquier
conversación sobre cooperación económica que excluyera una discusión del tema de la
soberanía (38).
El 8 de noviembre de 1975, el representante argentino ante las Naciones
Unidas sostuvo que dado que el estado presente de la situación entre ambos países era de
ruptura de negociaciones, la Argentina no dejaría de valer sus derechos en la forma que
considere más apropiada. El Gobierno británico consideró que este discurso contenía la
idea de una acción unilateral por parte de la Argentina (39). Kinney agrega que a partir
de mediados de los 70 tanto la oposición como el Gobierno argentino habían comenzado a
utilizar regularmente la amenaza de invasión como parte de la presión diplomática (40).
En noviembre de 1975 el Canciller argentino en ese momento, Ángel
Federico Robledo, invitó a Gran Bretaña a tratar el tema de la soberanía. Las
autoridades británicas hicieron llegar al Canciller una nota sin membrete (non-paper) en
el que informaban que el honorable Lord Shackleton visitaba las Islas aceptando una
invitación. El gobierno argentino respondió con otro non paper recordando las leyes
sobre autorización para navegar en aguas territoriales argentinas (41).
A fines de 1975, se llevó a cabo en París una reunión por el
Diálogo Norte-Sur. Allí, un nuevo canciller argentino, Manuel Aráuz Castex se encontró
con su par británico, el Secretario del Foreign Office James Callaghan, quien le
solicitó iniciar conversaciones sobre cooperación económica. Como era de esperar,
Araúz Castex expresó su aceptación si se incluía la cuestión de la soberanía.
También como era de esperar, la respuesta de Callagham fue que para tratar ese aspecto
debía consultar la voluntad de los isleños.
El 17 de diciembre de 1975, Callagham entregó a Aráuz Castex una nota
donde proponía una agenda "abierta" para discutir temas de cooperación y
cualquier otra cuestión (42). En un nuevo encuentro en Roma, Aráuz Castex le propuso a
Callagham transformar la misión Shackleton en una empresa de los dos países, "a fin
de quitarle...su carácter unilateral y provocativo" y que estuviera bajo la
dirección de un representante de cada país (43). Lanús afirma que este ofrecimiento de
investigación conjunta fue rápidamente distorsionado por los británicos. Mientras que
para los argentinos se trataba de poner toda la operación bajo la dirección de un
paraguas binacional, para Callagham esto se tradujo en que la Argentina podía incorporar
tres técnicos a la expedición, uno en temas económicos, otro marítimos, y un tercero
en petróleo. La Argentina elevó la lista de tres nombres pero uno de ellos fue sólo
aceptado como asesor. En vista de ello, Aráuz Castex concluyó que las verdaderas
intenciones del gobierno inglés eran llevar adelante la expedición sin la participación
argentina (44).
A fines de 1975 la tensión entre ambos países había aumentado y
durante los primero días del año siguiente, la presidente María Estela Martínez de
Perón mantuvo reuniones para analizar la situación en Presidencia con el canciller
Aráuz Castex y los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Jorge
Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti (45). Allí se analizó
el texto de un Comunicado de Prensa que fue finalmente publicado el 5 de enero de 1976 por
la Cancillería para contestar a lo que consideraban una "ruptura unilateral" de
las conversaciones por parte de los británicos:
Ante tal comprobación, la Cancillería argentina estima inadecuado avenirse a considerar temas que, frente a aquella reticencia, resultan insustanciales con relación al problema verdadero, y no conducentes por lo tanto a la justa solución del mismo...Como consecuencia de ello el Pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales que estructuran el Estado argentino, comparten inquebrantablemente el celo de aquél por la defensa de la dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin precipitación pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para logra justicia (46).
El 3 de enero de 1976, Lord Shackleton arribó a las Malvinas a bordo del buque HMS
Endurance. El Canciller argentino sostuvo que el arribo del enviado británico en esa
fecha, coincidente con la ocupación de las Malvinas en 1833, era una "coincidencia
hóstil y desconsiderada" y que por ello el Gobierno argentino consideraba que el
Gobierno británico había roto unilateralmente con las negociaciones. Más aún, informó
al embajador británico que "las dos partes se mueven rápidamente en un curso de
colisión" (47). Ante esta escalada en la tensión de las relaciones, Callagham
envió el 12 de enero un mensaje a la Cancillería argentina en el que sostuvo que el tema
de la soberanía era una "disputa estéril" y en un intento conciliatorio los
invitó a mantener conversaciones confidenciales. La respuesta fue inmediata. El 13 de
enero el Ministro de Relaciones Exteriores respondió, lamentando "no encontrar
ningún elemento positivo que justifique la reapertura de negociaciones" (48). El
mismo día la Cancillería argentina informó que su embajador ante Gran Bretaña, Manuel
de Anchorena, no retornaría a Londres y que había comunicado al Gobierno del Reino Unido
que sería aconsejable que retirara el suyo, Derek R. Ashe, de Buenos Aires. A partir de
ese momento, las relaciones se mantuvieron congeladas a pesar de que ambos gobiernos
aseguraron que los hechos no implicaban una ruptura diplomática (49). El 14 de enero,
Callagham declaró ante los Comunes que la tradicional amistad entre ambos gobiernos se
encontraba entorpecida por razones de soberanía, pero que el gobierno del Reino Unido
entendía que era imprescindible para el desarrollo económico de las Islas contar con
cooperación económica del territorio continental. Agregó, también, que "con buena
voluntad, el Reino Unido y la Argentina podrían transformar el área de disputa por la
soberanía sobre las Islas en un factor de cooperación entre ambos países, de acuerdo
con los deseos e intereses de los malvinenses" (50). En medio de la crisis, el 15 de
enero, el canciller Aráuz Castex fue reemplazado por el embajador Raúl Quijano, quien,
del otro lado del Atlántico, destacó que las relaciones entre ambos países no estaban
rotas. Al mismo tiempo las comunicaciones con las Malvinas se mantuvieron normales. Es
claro que el gobierno argentino no deseaba cerrar todos los canales de comunicación. Los
británicos tampoco quisieron agravar la situación.
Pocos días más tarde, el 27 de enero, el Ministro de Estado del
Foreign Office declaró ante la Cámara de los Lores que:
...no habrá cambios en la soberanía británica sobre las Islas Falkland en contra de los deseos de los isleños. Pero el gobierno de Su Majestad estima...que se atenderá mejor a los intereses a largo plazo de los isleños mediante vínculos estrechos y amistosos con la Argentina (51).
Mientras ambos gobiernos trataban de mantener la situación de
tensión bajo control, algunos sectores en la Argentina solicitaban una acción más
enérgica. En efecto, el mismo día, el líder de la bancada de la oposición, Antonio
Trócoli (UCR), hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por éste trámite, quiso
saber qué otras medidas se habían considerado además del retiro de los embajadores y si
ello era todo lo que el país podía hacer para castigar a Gran Bretaña (52).
En medio de la crisis, el 16 de enero, un buque de transporte de la
Armada Argentina desembarcó en Puerto Stanley 750 toneladas de equipo y cincuenta
miembros del cuerpo de ingenieros del Ejército. En la capital de las Islas muchos
pensaron que se hallaban ante el preludio de la invasión. Sin embargo, un mensaje del
Foreign Office desde Londres, enfrió los ánimos al informar que el desembarco del equipo
era legítimo y que se trataba del material para extender la pista de aterrizaje según se
había acordado en 1972 (53).
Durante esos días, la prensa británica reprodujo artículos escritos
por isleños donde se expresaron sus temores acerca de que el Foreign Office los hubiera
"vendido" y que como "peones que eran, se transformarían en las víctimas
de una batalla diplomática perdida" (54).
Los organismos regionales se expidieron en apoyo de la Argentina. La
Organización de los Estados Americanos sostuvo que la exploración del potencial
económico de las Islas constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. También el
16 de enero, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA declaró en Río de Janeiro que
la Argentina tenía un inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Calificó a la misión Shackleton como una "innovación unilateral" que violaba
las Resoluciones de las Naciones Unidas 2.065 (XX) y 3.160 (XXVIII) y que amenazaba la paz
internacional y la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones
implicaban un esfuerzo hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar el
progreso de las negociaciones solicitadas por la Asamblea General (55). Con posterioridad,
Gran Bretaña rechazó, en una nota presentada a la Comisión de Descolonización de las
Naciones Unidas, la declaración de la Comisión Jurídica de la OEA.
El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor
de la Armada Argentina ARA Almirante Storni (56) se dispuso a detener al buque de
investigación oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al
sur de Puerto Stanley. Desde el destructor se ordenó: "Detenga las máquinas o
abriré fuego". El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se
hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de
las Islas (57). Según algunos informes, también se creía que Lord Shackleton se
encontraba a bordo. El capitán del buque británico, actuando bajo órdenes radiales del
gobernador de las Malvinas, Neville French no detuvo la marcha, se rehusó a recibir un
grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin de aumentar
la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de reconocimiento
marítimo Neptune de la Armada. El destructor entonces hizo varios disparos sobre la proa
del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta hacia Puerto Stanley. El
buque argentino no persistió en su accionar pero siguió a la nave inglesa hasta seis
millas de ese puerto donde finalmente emprendió el retorno (58).
El hecho que la nave argentina se haya limitado a realizar algunos
disparos y que no emprendió ninguna otra acción a pesar de su capacidad, parecería
demostrar que sólo se buscó enviar un aviso: no se le reconocían derechos a Gran
Bretaña para incrementar el desarrollo económico de las Islas (59). Ante los hechos, se
sucedieron las protestas británicas ante el Gobierno argentino y ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (60). La Argentina protestó y acusó al Gobierno
británico de haber violado las normas relativas a la jurisdicción marítima, en tanto
que el Reino Unido denunció la actuación del buque argentino como un
"peligroso" hostigamiento contra un buque que navegaba pacíficamente para
efectuar "un relevamiento científico en la zona" (61). Sin embargo, el
enfrentamiento no escaló. Al día siguiente de los disparos, Edward Rowlands, ministro de
estado del Foreign Office, afirmó ante la Cámara de los Comunes que harían "todo
lo posible para enfriar la situación" pero fue ovacionado cuando sostuvo que la
posición del Gobierno era clara: respetar los deseos de los isleños (62). Para Beck, la
respuesta de su país estuvo relacionada, no sólo, con el deseo tradicional de Gran
Bretaña de evitar los conflictos con la Argentina, sino para evitar otros problemas dado
que en ese mismo momento la "Guerra del Bacalao" con Islandia estaba en plena
escalada (63).
Por otra parte, Kinney agrega que el debate parlamentario sobre el tema
demostró que la posición británica era débil dado lo exiguo de sus fuerzas militares
(64). Sin embargo, las consecuencias de la acción argentina no tuvieron mayor impacto
sobre la política británica hacia las Islas y prevaleció el status quo. Los
isleños persistieron en su empeño de permanecer bajo la soberanía británica, el
Foreign Office continuó tratando de alcanzar algún grado de cooperación económica de
todas las partes involucradas, y muchos argentinos continuaron exigiendo soberanía plena
sobre las Islas. Al respecto el canciller Quijano afirmó,
el centro de nuestra discusión es... soberanía...No podemos avanzar y si el Reino Unido no desea discutir el este tema nosotros no podemos tratar los otros temas. Por supuesto que estamos muy interesados en la cooperación económica y las comunicaciones, pero sin soberanía estos son temas mucho más periféricos (65).
A pesar de lo sucedido o debido a ello, el canciller argentino, y el ministro Rowlands acordaron en Nueva York reasumir el diálogo (66). Al mismo tiempo, Rowlands le comunicó claramente que el Gobierno británico "defendería las Islas si los argentinos intentaban utilizar la fuerza" (67).
Ibid. 125.
Lanús, 477.
Ibid. 477.
Ibid. 477-78; para ver el texto completo Quellet, 150-153.
Lanús, 478.
Ibid. 479. A pesar que el tema de la soberanía no estaba en al agenda la lectura que la Argentina hizo, posiblemente siguiendo anteriores consejos británicos, fue que el pedido de provisión de servicios podía considerarse como una licencia para ganarse a los Isleños y avanzar en la transferencia de soberanía (Kinney, 51).
Gustafson, 92. El acuerdo fue considerado como favorable por numerosos británicos y no se registraron protestas o presiones en los grupos tradicionalmente opuestos a un arreglo con la Argentina -la prensa, el Lobby, el Parlamento y la Falkland Islands Company (Hoffmann y Hoffmann, 127).
Lanús, 478.
Ibid. 479.
Ibid, 496-96 n. 34.
Lanús, 496 n.35.
Ibid. 479.
Quellet, 83-84.
Kinney, 52.
Ver arriba Resolución de la Asamblea General 3.160(XXVIII) del 14 de diciembre de 1973.
Se trata de los acuerdos de septiembre de 1974 sobre el abastecimiento de productos derivados del petróleo y un tratado sobre comunicaciones, donde se abolieron los pasaportes, se construyó la pista aérea temporaria y la prestación de servicios educativos y de combustible (Kinney, 52 y Franks 8).
Lanús, 480.
Gustafson, 87.
Lanús, 480 y Olivieri López 1992, 91.
Lanús, 480.
Ibid. 480.
Ibid. 480. Gustafson comenta que posteriormente, el 3 de abril de 1975, el periódico Financial Times publicó que las posturas de ambos países respecto de la soberanía podía resolverse a partir del establecimiento de un condominio anglo-argentino (87-88).
Lanús, 480. Dado el clima político en el que se hallaba la Argentina a la muerte del presidente Perón en julio de 1974, es posible suponer porque al Canciller no le pareció prudente avanzar con el tema. Por el contrario, otro argentino, Olivieri López, sostiene que "hay versiones encontradas si el canciller Vignes tuvo oportunidad de analizar esta propuesta con el recientemente reelecto presidente Juan Domingo Perón. O si llegó a haber alguna respuesta del gobierno argentino rechazando sus términos o pidiendo mayores precisiones" (1992, 91-92).
Kinney, 52 y Franks, 8.
Gustafson, 83.
Ibid. 86-87.
Lanús, 480.
Ibid. 496 n.3. A partir de la publicación del informe, algunos autores argentinos tienden a adjudicar a Gran Bretaña la intención de sustituir las negociaciones por la soberanía por conversaciones sobre cooperación económica (Quellet, 85). Para la visión opuestas de los analistas británicos ver Beck (1982). Lanús y también otros afirman que "esta cuestión de los hidrocarburos y la explotación de las aguas territoriales fue el factor que deterioró ostensiblemente las relaciones entre Londres y Buenos Aires (481).
Selección de párrafos. Lanús, 481.
Franks, 8.
Lanús, 481.
Hoffmann y Hoffmann, 138. Los motivos dados de esa decisión fueron que la cuestión de la soberanía de las Islas se hallaba en pleno proceso de negociación, acorde con la recomendación de las Naciones Unidas, y por lo tanto, las partes deberían abstenerse de emprender nuevas acciones (Ibid.).
Gustafson, 90.
Ibid. 89.
Lanús, 481.
Kinney, 52.
Franks, 9.
Ibid. 9-10.
Lanús, 481.
Ibid. 482.
Ibid. 482.
Ibid. 482.
Kinney sostiene que en esa reunión los militares se opusieron a una invasión como solución a la situación planteada en ese momento (a pesar de sus posibilidades de éxito). Al respecto se han dado dos explicaciones. Según una de ellas, los motivos de tal postura estaría en que una recuperación exitosa de las Malvinas reforzaría al agonizante gobierno de la presidente Martínez de Perón. Otra explicación sería que una acción armada contra las Islas hubiera sido contraproducente para la campaña de relaciones públicas hacia los isleños que llevaba a cabo el Gobierno argentino. Por lo tanto, las comunicaciones y los servicios a las Islas no fueron interrumpidos (54).
Lanús, 482. Párrafo del Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2-1-1976.
Kinney, 53; Franks, 10. El enojo argentino se expresó de diversas maneras. El 7 de enero, un diputado justicialista propuso confiscar sin compensación todas las propiedades británicas en la Argentina hasta que Gran Bretaña devolviera las Islas. Otro diputado propuso eliminar los carteles indicadores en inglés de los aviones de las aerolíneas argentinas (Gustafson, 90).
Lanús, 483.
Ibid. 483.
Ibid. 483; Franks, 11.
Cámara de los Lores, 27-01-1976 en Lanús, 483.
Gustafson, 91.
Ibid. 91-92.
El Times de Londres, 22-6-1976 en Gustafson 92. Además, comenta que los isleños creían que semejante cooperación del Foreign Office con una "nación no confiable" indicaba que estaban regalando las Islas o que inconscientemente facilitaban a la Argentina la preparación de una invasión (Ibid.).
Gustafson, 92; Hoffmann y Hoffmann, 139. Lanús califica a esta declaración como "un apoyo de fundamental importancia" (483).
ARA Almirante Storni: destructor
de origen norteamericano de 2100 toneladas. Se hallaba al mando del capitán de fragata
Ramón A. Arosa.
Ya el 14 de noviembre de 1975, el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado una nota de protesta al gobierno británico por la presencia de buques de esa nacionalidad navegando en aguas que la Argentina consideraba como sus aguas territoriales (G. 93).
Beck 1982, 39-40; Kinney 54. Este último, sostiene que los militares argentinos, y no el Gobierno habían planeado dicha acción desde antes del nuevo año. De acuerdo con su relato, la intención de los militares era hacer un gesto que no cobrara víctimas y reforzar el reclamo argentino para que su límite de las 200 millas incluyera, además de la costa del continente, la plataforma y las islas. Por otra parte, el buque como rehén hubiera servido para ejercer mayor presión sobre el gobierno inglés para negociar la soberanía a condición de su liberación. Para Kinney, este hecho demuestra que los militares argentinos prefirieron llevar a cabo un gesto político-militar antes que una invasión que implicaba riesgos para ellos y beneficios para el gobierno civil (54).
Gustafson, 93. Lanús le añade un comentario más colorido a este serio incidente al señalar que fue "presagio, símbolo o advertencia de que el pueblo argentino no podía seguir aceptando impasiblemente, dilaciones o provocaciones que ya constituían ultrajes a sus aspiraciones más profundas" (484).
Gustafson sostiene que la protesta británica fue ante el Comité de Descolonización (94).
Lanús, 484.
Hansard en Beck 1982, 40; Kinney, 54.
Beck 1982, 40. Además, Beck sostiene que las acciones de ambos gobiernos tipificaban la tendencia de ambos a teatralizar la disputa con propósitos internacionales y domésticos (ibid.).
Kinney informa que estas consistían en 37 marines de Puerto Stanley, el buque de patrulla antártica HMS Endurance, y el "deseo argentino" de mantener buenas relaciones (Kinney, 54).
Declaración del 22-3-1976 en Gustafson, 95.
Kinney, 54.
Franks, 12. Durante el mes de febrero de 1976, el Comité de Defensa del Reino Unido, elaboró planes de contingencia para enfrentar un posible ataque argentino. Los planes concluían que la mejor acción sería el envío de una fuerza naval que transportara tropas de desembarco, el apoyo de un portaaviones y gran cantidad de apoyo logístico (Ibid. 13).
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