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En enero de 1984, el gobierno argentino tomó la iniciativa y propuso
"degradar" el tema de la soberanía para facilitar la normalización. La
propuesta contenía la siguiente fórmula: el cese formal de las hostilidades, el
levantamiento de la zona de protección, la restauración de las relaciones diplomáticas
y comerciales, la reducción del número de efectivos militares. Una vez que estos pasos
fueran tomados, las conversaciones abiertas podrían reanudarse (1). Los británicos
sospechaban que a pesar de sus declaraciones, los funcionarios argentinos sólo pretendía
reanudar las conversaciones por la soberanía. Por lo tanto, restringieron los temas a
repatriación al continente de los muertos durante la guerra, la reanudación de los
vínculos comerciales y financieros y la restauración de los contactos diplomáticos
directos. Para los británicos, el retiro de las tropas y la introducción de agenda
abierta eran inaceptables. Según Little, a la Primer Ministro le "parecía que los
argentinos se rehusaban a reconocer que las cosas habían cambiado como consecuencia de su
ocupación de las islas" (2).
Con el fin de expulsar de las islas a Gran Bretaña, y siguiendo con la
estrategia planeada, el gobierno argentino había optado por mantener un estado de
tensión lo suficientemente alto para que ésta construyera una base militar que fuera muy
costosa de mantener (3). De acuerdo con Gustafson, para febrero de 1984, el gobierno
radical había abandonado esta estrategia cuando comprobaron que Gran Bretaña estaba
dispuesta a pagar el alto costo.
A principios de 1984, el gobierno de Alfonsín buscaba retrotraer la
situación al status-quo existente antes de 1982 y no al de 1964 (4). Había quienes
especulaban que los acuerdos de Peking de 1984 entre Gran Bretaña y la República Popular
China sobre la futura transferencia de Hong Kong podrían servir como modelo para resolver
el caso de las Malvinas. Por ejemplo, el parlamentario laborista George Foulkes urgió a
su gobierno a aplicar el modelo de Hong Kong a la disputa con la Argentina. Esta propuesta
también encontró eco en este país. La aplicación del modelo sería aceptable si se
acordaba un corto período de transición entre los acuerdos y el traspaso definitivo. Al
respecto, el canciller Caputo dijo que la Argentina "podría considerar arreglos
transitorios". Al mismo tiempo, el presidente Alfonsín afirmó que "podemos
aceptar una solución de tipo Hong Kong medida en meses, no en años. También podríamos
aceptar que se nos devolvieran las islas en el plazo de cinco años o tres años, pero no
en veintinueve años" (5).
En febrero 1984 Raúl Alfonsín asistió a la ceremonia de asunción
presidencial de Jaime Lusinchi en Caracas. En esa ocasión, el presidente argentino
aprovechó para exponer una nueva estrategía para las Malvinas que parecía ser más
flexible. Alfonsín propuso que una fuerza de paz de las Naciones Unidas reemplazara a la
guarnición británica y solicitó el inicio de conversaciones tendientes a levantar la
zona de exclusión impuesta por el Reino Unido a los buques argentinos. A cambio de ello
la Argentina declararía de jure el cese de las hostilidades y el retorno a las
relaciones bilaterales normales como antes de la guerra, pero también agregó que
"la Argentina no renunciará nunca a sus legítimos derechos sobre las Malvinas"
(6). Al día siguiente, los británicos rechazaron la propuesta. El secretario de estado
para asuntos extranjeros, Geoffrey Howe, afirmó que era claro que tanto el gobierno como
la protección de las Falklands eran su responsabilidad. Pero, también aclaró que su
gobierno estaba interesado en la normalización de las relaciones bilaterales, pero no a
conversar sobre las islas (7).
A mediados de año, el 7 de junio, todos los partidos políticos
firmaron en Buenos Aires una Declaración Conjunta. En la misma demandaron el
"reconocimiento de nuestros derechos sobre las Malvinas como parte de nuestro
territorio nacional" (8). Poco después, el 16 de junio, la prensa argentina informó
que la empresa First Land Oil and Gas había sido autorizada por el gobierno de las islas
a extraer petróleo y gas. La Argentina protestó enérgicamente, declarando que ningún
acuerdo petrolero sería reconocido en el territorio argentino de las Malvinas y las aguas
adyacentes. El Comisionado Civil de las islas, Rex Hunt, contestó que las islas nunca
habían pertenecido a la Argentina y que él esperaba la normalización de las relaciones
entre el Reino Unido y la Argentina, pero de ningún modo quería relaciones entre las
islas y ésta última. El Reino Unido, por su parte, notificó al Secretario General de la
ONU que los isleños tenían absoluto derecho para comenzar la explotación petrolera
además, estas medidas permitirían el desarrollo económico de las islas y no estaba
conectado con la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina (9).
A pesar de los escasos intercambios públicos, desde la asunción al
poder del presidente Alfonsín había habido intercambios confidenciales a través de los
países que representaban los intereses de cada una de las partes, Suiza y Brasil, para
intentar alcanzar una fórmula aceptable y culminar con la normalización de las
relaciones (10). Durante los días 18 y 19 de julio se llevaron a cabo conversaciones
anglo-argentinas en Berna, Suiza (11). Los diplomáticos habían encontrado una fórmula
que permitiría salvar la posición de ambas partes. Esta consistió en que en una
reunión, la parte argentina sólo plantearía el tema de la soberanía. Por su parte, la
parte británica respondería que se rehusaban a discutir el tema (12). La fórmula fue
específicamente diseñada en forma ambigua para protejer los deseos de cada parte. El
encuentro en Berna fracasó por el tema de la soberanía y ambos lados se acusaron
mutuamente de haber faltado a la fórmula previamente pactada (13)
La prensa argentina informó que fuentes suizas habían asegurado a los
diplomáticos argentinos que cuando estos presentaran para su discusión el tema de la
soberanía, se había acordado que los británicos responderían "no estar en
posición" para discutir el tema. En ese caso, la Argentina asumiría que la
soberanía no estaría excluida y se procedería con la discusión de otros temas. Sin
embargo, la repuesta británica fue diferente, sus representantes informaron que "no
estaban preparados" para discutir el tema, lo cual tiene un significado muy diferente
al de la respuesta esperada (14). La fórmula expresada originalmente en inglés,
establecía que ante el requerimiento argentino de tratar el tema de la soberanía, el
gobierno británico respondería que el Reino Unido "is not prepared" para
tratar el tema. La traducción al castellano de podría ser "no está dispuesto"
o "no está preparado." En ese caso, cada parte le daría la interpretación que
quisiera. Para los argentinos, el Reino Unido "no está preparado" para discutir
el tema, pero podría hacerlo más tarde. Mientras que los británicos podrían
interpretar la fórmula en el primer sentido, es decir, "no estar dispuestos".
Bajo esta ambigua fórmula ambos gobiernos se abocarían a tratar otros temas. El problema
sugió cuando los británicos "introdujeron en la reunión una traducción
simultánea en castellano de carácter oficial, por lo cual sus palabras pasaban a tener
el significado que ellos en realidad querían darle, esto es, que no estaban dispuestos a
tratar el tema" (15). El gobierno británico declaró que el gobierno argentino
había interrumpido "súbitamente las conversaciones por no atenerse a la fórmula
pactada" (16). Las diferencias sugieron por la introducción de la traducción
simultánea. Fuentes argentinas sostienen que se había acordado que no habría
intérpretes en la reunión. Los británicos sostienen que no hubo ninguna violación de
las reglas previamente pactadas (17). Ante los hechos, el gobierno suizo reconoció que
las partes estaban más distanciadas de lo que se imaginaba. Según Beck, "el
episodio de Berna, que sólo consistirían en conversaciones sobre conversaciones, ilustra
la incompatibilidad básica de los enfoques de la Argentina y Gran Bretaña sobre el
futuro de las islas". Por un lado, los británicos se mantuvieron intransigentes
respetando los deseos de los isleños y por otro lado, la Argentina no estaba dispuesta a
repetir la experiencia del período 1966-1982, de mantener conversaciones que
aparentemente no llevarían al logro de la transferencia de la soberanía (18). Según
Makin, estos contactos sirvieron para reafirmar que el gobierno de Alfonsín no llevaría
adelante negociaciones porque si, sino que ésta deberían comenzar sin excluir
expresamente el tema de la soberanía (19). Con el abrupto fin de las conversaciones de
Berna se cerró toda posibilidad de contactos directos entre los gobiernos. Esta
situación perduró hasta después de las elecciones generales británicas de junio de
1987.
En septiembre de 1984, el presidente Alfonsín anunció ante la
Asamblea General que, respecto de las Malvinas, la Argentina estaba dispuesta mantener
negociaciones y atenerse a medios pacíficos pero que el restablecimiento de relaciones
con el Reino Unido era inconcebible si no se presentaba algún mecanismo que incorporara
la discusión de la soberanía. De las declaraciones del presidente se infería que una
solución tipo Hong Kong era aceptable. Sin embargo, la repuesta británica en boca del
secretario Howe fue que Hong Kong era diferente a otros territorios británicos (20).
El 25 de octubre, se discutió en la Cámara de los Comunes el informe
del Comité de Asuntos Extranjeros presidido por Sir Anthony Kershaw (21). En el informe
definitivo el Comité se mostró cauteloso y no aconsejó el establecimiento de una zona
económica exclusiva en las aguas de las Falklands, aclarando además que:
Existe una razón importante para regular y licenciar la pesca, pero hay considerables problemas políticos y prácticos. En primer lugar, si no hubiera una disputa de soberanía es una cuestión en la que tendría que consultarse con los vecinos, incluyendo a la Argentina. En segundo lugar, existen dudas de la aceptabilidad internacional de una zona impuesta unilateralmente, particularmente entre los países del Tercer Mundo y Comunistas, dada su simpatía por la causa de la soberanía Argentina (22).
Más tarde, en 1986, como respuesta a las acciones argentinas, se verá que el gobierno
británico pudo superar estas objeciones e imponer unilateralmente una zona de
conservación de pesca.
En Gran Bretaña, el tema Malvinas también fue utilizado por la
oposición al gobierno de Margareth Thatcher. El líder del partido laborista Dennis
Healey criticó la política de la Primer Ministro de negarse a discutir el tema
soberanía. Más aún, sostuvo que mientras ella había negociado con la dictadura
comunista de China sin consultar a los cuatro millones de habitantes de Hong Kong, se
negaba a conversar con un régimen democrático por los deseos de 1.800 personas. A Healey
se le sumó el líder de los Socialdemócratas, David Owen. Este calificó a la posición
de Alfonsín como "positiva." En este sentido, Owen era partidario de protejer
los derechos de los isleños sin adjudicarles poder de veto (23). Sin embargo, a pesar de
las expresiones de los partidos opositores, la cómoda mayoría conservadora en el
Parlamento garantizó a la Primer Ministro la continuación de su política de no negociar
la soberanía.
Hacia fines de 1984, el gobierno radical mostró sus intenciones de
concentrar su acción diplomática en la ONU urgiendo al Reino Unido a buscar una
solución negociada entre ambos países que asegure las buenas relaciones entre los
países y los derechos de los isleños. La respuesta del representante británico reiteró
que el futuro de las islas debía ser resuelto por los propios isleños y propuso, en
cambio, que se restablecieran las relaciones comerciales, los vuelos comerciales y los
intercambios culturales y deportivos, como pasos previos para mejorar la relación sin
recurrir a negociaciones por la soberanía (24).
Con la intención de hacer las islas económicamente viables, se creó
en 1984 la Corporación para el Desarrollo de las Islas Malvinas (Falkland Islands
Development Corporation) con sede en Escocia y con un Consejo para el Desarrollo de las
Islas. Entre sus políticas prioritarias figuraban la diversificación de la economía,
mejoras en la infraestructura y el impulso de la inmigración selectiva con el objeto de
aumentar la población (25). De estas políticas, el cambio más importante que se dio en
las islas fue la redistribución de tierras en la colonia. En efecto, mientras el
porcentaje de tierra en manos de los isleños era de 24% en 1980, para 1989 alcanzaría al
73% Según la opinión de un experto británico, esta redistribución propulsó la
iniciativa local hacia el desarrollo y ayudó a la aparición de un sentido de identidad
"isleño" que se combina con el patriotismo local, la anglicidad de su cultura y
confianza en el protección británica (26).
A comienzos 1985, el gobierno británico pareció intentar nuevamente
destrabar la relación con la Argentina. En esta ocasión, Margareth Thatcher ofreció
intercambiar el cese formal de hostilidades por la abolición de la zona de exclusión
marítima en torno a las islas. La Primer Ministro declaró que Gran Bretaña tenía
"muchas cosas" para conversar con la Argentina, pero que todo ello no podía ser
alcanzado mientras los argentinos no declararan que las hostilidades habían cesado. A
cambio de ello, afirmó, "es natural que los argentinos deseen la abolición de la
zona de exclusión, pero la zona existe sólo porque estamos en un estado de
hostilidades". El 23 de enero, el gobierno argentino, respondió que "no
aceptaremos que se nos quiera imponer un cese unilateral de hostilidades" (27).
En los primeros días de abril, los períodicos argentinos publicaron
que el canciller Caputo había denunciado que la "Fortaleza Malvinas" traería
el conflicto Este-Oeste al hemisferio sur y su critica al Reino Unido por negarse a
discutir sobre la soberanía. También agregó que la presencia de las fuerzas británicas
en la zona representaba una agresión contra la Argentina y América Latina. Tanto el
Canciller como el vice canciller afirmaron que el despliegue militar británico era
excesivo (28). Otros, en cambio, interpretaron que la Fortaleza Malvinas no respondía a
una política británica sino a una condición política y logística impuesta por la
negativa Argentina de proveer transporte y comunicaciones desde el continente sudamericano
(29).
El 12 de mayo, finalmente, se inauguró el aeropuerto de Mount Pleasant
en las Malvinas. Este fue construido para reemplazar al de Puerto Argentino. La pista era
lo suficientemente larga para recibir aviones de transporte de gran porte. Ello
permitiría a los británicos reducir la presencia de fuerzas terrestres en las islas. Su
costo aproximado alcanzó los £300 millones (30).
El 8 de julio, el Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores del
Reino Unido y del Commonwealth declaró nuevamente que el Reino Unido "is not
prepared" a discutir la soberanía de las Malvinas (31). A pesar de ello, al día
siguiente y en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas sin discutir aún el
tema de la soberanía, Gran Bretaña levantó el embargo comercial hacia la Argentina
(32). En un principio, el gobierno argentino no respondió del mismo modo y no actuó con
reciprocidad, y por lo tanto, mantuvo la prohibición a las importaciones británicas. Al
día siguiente, el canciller Caputo replicó ofreciendo el cese de hostilidades a cambio
de la reanudación de las conversaciones por la soberanía. Al respecto informa el
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, Geoffrey Howe, que:
La Declaración emitida el 10 de julio por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino es una respuesta contradictoria a la iniciativa que tomamos de levantar la prohibición establecida a las importaciones argentinas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino ha reconocido que nuestra acción fue una medida positiva. Pero, su declaración no indica presdisposición alguna a actuar en forma recíproca. En su lugar, solicita a Gran Bretaña que inicie conversaciones incluyendo el tema de la soberanía sobre las Islas Falkland en un lapso de 60 días (33).
El gobierno británico no accedió a esta propuesta. El 12 de septiembre, el Canciller Caputo declaró en Buenos Aires que Gran Bretaña no había aceptado el ofrecimiento argentino:
El 11 de septiembre finalizó el período de 60 días posterior a la invitación que el Gobierno Argentino extendiera, por mi intermedio, al Gobierno del Reino Unido, a efectos de reanudar las negociaciones sobre el tema de las Islas Malvinas dentro del mencionado período...El Gobierno del Reino Unido ha enfatizado la necesidad de recuperar la confianza entre las partes, pero, sin embargo, se niega a reanudar el diálogo...[L]os reiterados ofrecimientos del Gobierno Argentino se han encontrado con la negativa por parte del Reino Unido a considerar el tema que representa el núcleo del conflicto entre ambas naciones y el origen de las diferencias entre ellas. Sin duda estas diferencias se resolverían en forma gradual si el Reino Unido acordara reanudar las negociaciones con la República Argentina (34).
Siguiendo en los aspectos económicos, la política británica de exportación a la
Argentina fue que éstas continuaran como siempre. Sin embargo, impusieron dos
excepciones. Una, fue la prohíbición de exportar material militar y de uso estratégico
(35). La segunda excepción fue que no se extendió a los contratos nuevos la protección
oficial del Export Credit Guarantee Department. En la práctica esto significó que
pocos bienes fueron exportados (36).
En la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el
canciller Caputo denunció que el Reino Unido continuaba con la ocupación de las Islas
Malvinas a pesar de los reiterados pedidos de ese cuerpo (37). Al mismo tiempo, siguiendo
con la estrategia propuesta por el gobierno radical para presionar a Gran Bretaña, el
gobierno argentino tomó contacto con los líderes de la oposición en el Parlamento
británico. En septiembre 1985 el presidente Alfonsín se reunió en París con el líder
de la oposición, el laborista Neil Kinnock. Poco después, en octubre, se entrevistó en
Madrid con David Steel, jefe de la bancada liberal (38). Con el primero suscribió un
documento que declaraba la necesidad de ambos países de restablecer relaciones plenas y
de retomar las conversaciones sobre el futuro de las islas. El comunicado conjunto
expresó, entre otros temas, lo siguiente:
Ambos [Alfonsín y Kinnock] estuvieron de acuerdo acerca de la necesidad de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Argentina y el Reino Unido. Para ello, expresaron su deseo de iniciar las negociaciones para arbitrar los medios de resolución de los principales problemas entre los países, incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Falkland/Malvinas.
También enfatizaron conjuntamente la importancia, para los habitantes de aquellas islas, de efectiveamente garantizar la preservación de sus costumbres, sus formas de vida y tradiciones, así como también el respeto por las formas de administración, la educación y la organización social y económica. Al respecto el Sr. Kinnock destacó la importancia fundamental de considerar absolutamente los intereses de los habitantes de las islas, y el Presidente Alfonsín señaló este alcance y los aspectos de los derechos garantidos por la Constitución democrática argentina (39).
Con Steel, el presidente Alfonsín suscribió otro documento en el que se establecieron
los pasos a seguir para la normalización de las relaciones: declaración formal de cese
de hostilidades, eliminación de la zona de protección alrededor de las islas, y la
reanudación de negociaciones totales sobre el futuro de las islas (40). Al mismo tiempo,
Alfonsín concedió una entrevista televisiva a un importante programa de la BBC (41).
Según Makin, tales actividades positivas no pudieron continuarse debido a que el gobierno
radical tuvo que abocarse a resolver problemas internos (42).
El año 1985 fue muy importante para los isleños. La sanción de la
nueva constitución de las Malvinas el 30 de octubre significó para ellos un gran
progreso político. En efecto, al mismo tiempo que los isleños deseaban continuar su
relación como territorio dependiente de Gran Bretaña, obtubieron un mayor control sobre
sus asuntos internos. El texto eliminó las facultades del gobernador de las islas
(nombrado por Londres) para designar miembros al Consejo Ejecutivo y de votar tanto en ese
consejo como en el Consejo Legislativo (43). Además, el gobierno británico otorgó
ciudadanía plena a los isleños (44).
En febrero de 1986 se produjeron nuevos contactos entre el Presidente
Alfonsín y una delegación parlamentaria argentina con los líderes de la Oposición en
el Parlamento, Neil Kinnock (Laborista), David Steel (Liberal) y David Owen
(Socialdemócrata) (45). En esta ocasión, la oposición no se comprometió firmemente
sobre la transferencia de soberanía sino que sólo acordaron en continuar dialogando
(46).
Hacia mediados de 1986, el gobierno argentino comenzó a implementar
una nueva política de pesca. La misma tenía por objeto hacer cumplir las regulaciones de
pesca frente a la "alarmante depredación" de los stocks de las pesquerías en
el Atlántico Sur. Como consecuencia de esta política un buque pesquero fue hundido en
las aguas circundantes a las Islas Malvinas. El 28 de mayo, el buque de la Prefectura
Naval Argentina, Derves, abrió fuego contra un pesquero taiwanés y lo hundió (47).
Cuando se produjo el encuentro, el pesquero le informó a la nave argentina que se hallaba
fuera de las 200 millas de la costa argentina y dentro las 150 millas de las Islas
Falkland. Desde el buque argentino le respondieron que efectivamente se hallaba 200 millas
fuera del territorio continental pero que estaba dentro de las 200 millas de las
"Argentine Falklands." Por lo tanto, tenía órdenes de Buenos Aires de llevarlo
a Puerto Deseado. En caso contrario, amenazó con dispararle y hundirlo. El capitán del
pesquero preguntó entonces, si las Islas Falkland eran argentinas y al respondérsele que
si, se disculpó por no tener conocimiento de ello. Las negociaciones se prolongaron por
unas horas hasta que finalmente, la nave argentina, cumpliendo con órdenes impartidas por
Buenos Aires hundió al pesquero (48). En la acción un marinero del buque taiwanés
murió y otros tres resultaron heridos. El gobierno británico condenó "el intento
[argentino] de perseguir un reclamo de soberanía por la fuerza" y calificó a estas
acciones como "patrullaje agresivo" dentro de las 200 millas de las Malvinas.
Aguas que de hecho se hallaban bajo su jurisdicción (49). Otro aspecto de la nueva
política de pesca implementada por la Argentina, fue la firma de acuerdos de pesca con la
URSS y Bulgaria, quienes reconocían la reivindicación argentina (50). Además, la
Argentina también dió señales de querer firmar acuerdos similares con otros estados
(51). A partir de ese momento, las autoridades británicas concluyeron que sería
imposible llegar a un acuerdo con los argentinos. Ambos hechos-el hundimiento del pesquero
y la entrega de licencias de pesca a terceros- fueron utilizados por Londres para
justificar su decisión de establecer unilateralmente una zona de conservación pesquera.
Esta recibió el nombre de Zona Interina de Conservación y Administración Pesquera
(FICZ) y se extendía por un radio de 150 millas alrededor de las Malvinas (52).
Otro hecho que volcó a Gran Bretaña hacia la imposición de una zona
de conservación fue el fracaso de los intentos por alcanzar un acuerdo multilateral por
el tema de la pesca con la Argentina. Por lo tanto, el 29 de octubre, el secretario
Geoffrey Howe anunció que su país implementaría una zona de conservación. El radio de
150 millas fue adoptado para evitar la superposición con el área argentina de 200 millas
establecida desde el continente (53).
La Argentina dió a conocer la respuesta oficial a la declaración
británica del 29 de octubre el 17 de noviembre. La respuesta subrayó que el centro de la
disputa estaba en el tema de la soberanía de las islas Malvinas. El documento expresó la
disposición del gobierno para reanudar negociaciones de acuerdo con los términos de las
Naciones Unidas. Como paso previo y preparatorio proponía iniciar un diálogo abierto.
También, incluyó la contrapropuesta de declarar el cese formal de las hostilidades -a
pesar de creía que era jurídicamente innecesario- a cambio de la eliminación por parte
de Gran Bretaña de la zona de protección militar de 150 millas. Por último, la
declaración del gobierno argentino aceptaba tratar todos los temas relacionados con el
restablecimiento de relaciones diplomáticas normales, además de la disputa por la
soberanía (54).
Con referencia a otros aspectos de la relación, entre abril y
septiembre de 1986, las autoridades argentinas flexibilizaron informalmente su política
hacia las importaciones de bienes británicos, sin cambiar oficialmente la política. En
efecto, a principios de abril, el gobierno autorizó la exportación de corned-beef a Gran
Bretaña y a Hong Kong (55). Esta flexibilización informal repercutió en la política
interna de la Argentina. El 3 de septiempbre, el Senado aprobó por unanimidad una
resolución no obligatoria, que urgía al presidente a no proseguir con la normalización
del comercio con Gran Bretaña hasta tanto ésta no accediera a discutir la soberanía de
las islas (56). Con posterioridad, cuando Gran Betaña informó en octubre, el
establecimiento de la zona de pesca y conservación este proceso de normalización se
interrumpió (57).
A estas alturas, observó un analista, el gobierno de Margareth
Thatcher se hallaba frente a un dilema. En efecto, al atribuir la victoria electoral de
1983 en parte al factor Falkland se convirtió en una prisionera de sus acciones pasadas y
de la retórica que las precedieron. Por lo tanto no se vislumbraba ningún cambio de
política. Pues hacerlo ahora "sería igual que admitir que llevó a las tropas
británicas a la muerte en vano, y esto es política y personalmente imposible. Mientras
ella [estuviera] en el poder, no se puede esperar ningún cambio en la política
británica" (58). De este modo se inició un período de lo que los analistas
calificaron como de "impasse."
En el ámbito de las Naciones Unidas, el 27 de octubre de 1986, se
aprobó la resolución 41/11. Esta fue impulsada por países latinoamericanos y africanos
y fue aprobada por 124 votos a favor, una en contra y 8 abstenciones. La resolución
propugnaba el establecimiento de una Zona de Paz en el Atlántico Sur (SAZOP) (59). La
Argentina denuncicó las `incompatibilidades' de dicha zona con la presencia de `zonas de
tensión' como `la situación colonial de las Malvinas' [visión apoyada por la Unión
Soviética y Uruguay, entre otros]. Y agregó que: `el establecimiento efectivo de la zona
de paz en el Atlántico Sur no será posible mientras no se resuelva el problema de las
Islas Malvinas (60).' Gran Bretaña apoyó la iniciativa, lo mismo que la Argentina y
Brasil, pero contó con la negativa de los Estados Unidos y la abstención de Francia y de
la República Federal de Alemania. Más tarde, la resolución 42/16 de las Naciones Unidas
reiteró su apoyo a la SAZOP (61).
En esos momentos, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a mostrarse
preocupado ante una posible escalada entre dos aliados, la Argentina y Gran Bretaña. En
consecuencia, a finales de 1986, el gobierno del presidente Ronald Reagan inició
gestiones oficiosas para impulsar un acercamiento entre las partes (62). A partir de
noviembre de 1986 se realizaron intercambios informales secretos entre ambos países, a
través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El tema se centraba
`exclusivamente' en el problema pesca, sin embargo, los documentos que se filtraron
indicaron una interacción entre los temas de pesca y soberanía (63). Hacia fines de 1987
cuando aún no se sabía el resultado de estas conversaciones, el especialista británico
Peter Beck esperaba que éstas abrieran el camino para la discusión de otros temas (64).
A partir del 1 de febrero de 1987 comenzó la implementación de la
Zona Interina de Cansevación y Adminitración de las Malvinas (ZICAM). A pesar de las
protestas, especialmente de la OEA, en contra de su aplicación, las nuevas regulaciones
de pesca fueron acatadas por los estados que pescaban en la región y no se registraron
incidentes (65).
Para mediados de 1987 si el gobierno argentino abrigaba esperanzas de
que la Oposición ganaría las elecciones parlamentarias y así cambiar los términos de
las negociaciones por las islas se vió frustrado. Pues se enfrentó con la dura realidad
de que debería continuar tratando con la misma administración británica. En efecto, el
11 de junio Margareth Thatcher fue reelecta por tercera vez para ejercer el cargo de
Primer Ministro. Por lo tanto, para el próximo año se esperaba más de lo mismo.
El año comenzó con una nueva situación de tensión entre el Reino
Unido y la Argentina. En febrero de 1988, el Ministerio de Defensa británico informó que
a partir de mediados de marzo de ese año se ralizarían maniobras militares en la zona de
las Malvinas (66). Las maniobras bautizadas "Fire Focus" comenzaron el 16 de
marzo. Las mismas consistieron en un ejercicio de refuerzo de la defensa área de las
islas, el transporte de tropas hacia las mismas y ejercicios de las unidades involucradas.
En Fire Focus participaron aviones de la Real Fuerza Area, buques de la Armada Real y
aproximadamente 1.000 soldados que fueron transportados a las islas desde las islas
Británicas. Las maniobras finalizaron el 31 de marzo (67). El gobierno argentino
respondió a la decisión británica ordenando una movilización militar y elevando, al
mismo tiempo, sus protestas ante los organismos internacionales (68). El 11 de febrero, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado de prensa denunciando
que la decisión británica constituía un hecho particularmente serio y muy alarmante,
creando nuevas y mayores tensiones (69). La Argentina dirigió al Presidente del Consejo
de Seguridad una carta en la cual señaló "la situación creada en el Atlántico Sur
por la decisión del Gobierno del Reino Unido de conducir maniobras militares en las
Malvinas..." Poco más tarde, el 18 de marzo, el Consejo Permanente de la OEA se
reunió en sesión extraordinaria por pedido de la Argentina. En la reunión se adoptó
una resolución en la cual el Consejo Permanente expresó su profunda preocupación por el
incremento de la tensión como consecuencia del ejercicio militar propuesto por Gran
Bretaña en la zona de Malvinas. Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que ese país
reconsiderara su decisión con vistas a crear un clima de confianza para las futuras
negociaciones (70). La resolución obtuvo 27 votos a favor, ninguno en contra y dos
abstenciones (Santa Lucía y los Estados Unidos).
En otra organización intergubernamental, el Movimiento de los Países
no alineados (NOAL), se reunió la Oficina Coordinadora el 16 de marzo en Nueva York para
escuchar las declaraciones del canciller Caputo. Al término del encuentro, el organismo
emitió un comunicado "deplorando firmemente" la decisión del gobierno del
Reino Unido de realizar las maniobras militares (71).
A pesar de ello, Gran Bretaña no sólo se preocupó por el estado de
preparación militar, también se ocupó del desarrollo del archipiélago. En este caso,
una de las políticas prescriptas era la del aumentó de la población. Al respecto, la
postura de los isleños fue la de restringir la inmigración a cuarenta personas por año.
Sin embargo, en Londres, existían opiniones al contrario. La inmigración debería
fomentarse para alcanzar alrededor entre 10.000 y 20.000. Se estimaba que ese era el
número necesario para sostener las islas como un estado independiente (72). Sobre el tema
un miembro del Comité de las islas Falkland en el Reino Unido (UKFIC) sostuvo en julio de
1988 que:
los isleños deben enfrentar el hecho de que sólo con lo que parecería ser un incremento masivo en la población, las Falkland pueden esperar ganar el apoyo de un número suficiente de los estados miembros de las Naciones Unidas para garantizarle su soberanía... Tarde o temprano podría ser electo un gobierno en el Reino Unido que por cualquier motivo quiera terminar su apoyo a las islas (73).
En forma paralela con las relaciones, o mejor dicho, no-relaciones gubernamentales, se
estableció un diálogo anglo-argentino que era informal y no oficial por parte de
instituciones académicas de ambos países y por parte de miembros del Parlamento, del
Congreso argentino, académicos y hombres de negocios (74). Todas estas actividades
descriptas como "second-track diplomacy" permitieron explorar posibilidades
futuras que podrían conducir finalmente a negociaciones gubernamentales (75). Según un
observador, hasta ese momento, el éxito en frenar cualquier iniciativa de negociación
sobre el futuro de las Malvinas por parte del Lobby de las Falkland se debió, en parte, a
la ausencia de otro lobby que sostuviera una posición opuesta (76). Más aún, el
establecimiento en 1983 en Londres del Consejo del Atlántico Sur (South Atlantic
Council), que tenía por objeto promover un acuerdo pacífico sobre la soberanía de las
islas, explica el sensible cambio producido en la opinión pública británica respecto a
apoyar la negociación de un acuerdo de soberanía con la Argentina (77). Este grupo
estaba constituido por políticos de todos los partidos, académicos, miembros de la
iglesia y empresarios. Las principales figuras fueron parlamentario conservador Cyril
Towsend y el laborista George Foulkes. El logro más notable del consejo fue la
publicación de trabajos sobre diversos aspectos de la disputa, tales como opciones para
un acuerdo con la Argentina o promoción del restablecimiento de relaciones con la
Argentina. No obstante, comparado con el nivel de influencia alcanzado por el Lobby, la
influencia del Consejo fue limitada "debido a la falta de recursos así como también
de un objetivo claramente definido, basado en un principio" (78).
Beck sostiene que el gobierno argentino siguió estas actividades con
interés, en tanto el Gobierno británico se mostró desinteresado y hasta
"hostil", y calificó a los encuentros como "irrelevantes" dado que
"no había nada para discutir" (79). Pero, a partir de 1988 el Foreign and
Colonial Office comenzó a brindar cierto `apoyo' a estos encuentros como parte del
proceso de normalización de las relaciones (80).
En cuanto a las negociaciones secretas apoyadas por los Estados Unidos
éstas comenzaron progresar. Hacia finales de 1988, el gobierno radical había preparado
el borrador que establecía las bases para futuras negociaciones que se conoce como la
fórmula del paraguas (81). Bajo ésta fórmula, las partes podrían avanzar
en la discusión de otros temas en tanto que se planteaban y continuaban vigentes sus
respectivos reclamos de soberanía. Las reuniones previstas para el año 1989 no se
llevaron a cabo por la negativa del gobierno británico a la espera del resultado de las
elecciones presidenciales de mayo de ese año y por el acortamiento del período
presidencial de Alfonsín (82).
***
El argentino Guillermo Makin señaló que el establecimiento de la Zona de Conservación y
las maniobras militares "Fire Focus" dejaron en claro que el gobierno de
Margareth Thatcher estaba dispuesto a "quedarse y transformar las islas" (83). A
tal efecto, durante éste período, las autoridades en el Reino Unido decidieron
finalmente llevar adelante las recomendaciones del Informe Shackleton de 1982 (Falkland
Islands Economic Survey 1982) para el fomento de la economía isleña. Hay que resaltar
que muchas de estas mejoras ya habían sido sugeridas en el informe de 1976. No obstante,
hasta antes del conflicto armado las autoridades británicas habían implementado sólo
unas pocas de estas recomendaciones (84). Para llevarlas a cabo, el gobierno creó un
fondo para el fomento del desarrollo que en cinco años invertiría £31 millones para la
construcción de nuevos caminos, extención de la electrificación, mejorar las
telecomunicaciones, la construcción de un jardín hidropónico para abastecer a la
población de vegetales y frutas frescas, fomento del turismo, posibilitar la prospección
petrolera, la implementación de una reforma agraria y actividades para atraer nuevos
inmigrantes (85). Pero la implementación de la Zona de Conservación y Administración
Pesquera a partir de 1987 fue la generadora de grandes cambios cualitativos y
cuantitativos en las islas.
En efecto, a partir de su implantación, el gobierno británico sólo
sufraga los gastos de defensa de la "Fortaleza Malvinas" (86). La mayor parte de
los ingresos de las islas provienen de la venta de licencias de pesca a compañías
extranjeras que desean pescar en la zona de conservación (87). Este resultado inesperado
de la venta de licencias ya generaba en 1987 un ingreso al gobierno de las islas por
alrededor de £14 millones y se esperaba que la cifra se incrementara a £20 millones
(88). Además, las grandes granjas, pertenecientes a dueños ausentes fueron subdivididas
y vendidas a "propietarios/ocupantes" (89). Este hecho produjo que el ingreso
por la producción lanera aumente, oscilando entre los £3 y 4 millones. Otras fuentes
imprtantes de ingresos para el gobierno de las islas provienen de los intereses de
inversiones extranjeras y el turismo. Hacia 1996, la venta de licencias para la
exploración petrolera generaban nuevas expectativas para el crecimiento económico de las
islas (90).
Por consiguiente, todos estos cambios produjeron un drástico aumento del ingreso per
cápita de los isleños a niveles que en 1995 superaron a los de Gran Bretaña misma, los
Estados Unidos y Alemania (91). Un efecto de la revitalización de la economía isleña
fue la de revertir la tendencia negativa en la taza de crecimiento de la población. En
efecto, el censo de población de fines de 1986 señaló una población de 1.916
habitantes, con una declinación en la proporción de los isleños nativos a un 67% (92).
La actual situación en las islas se resume en las palabras de un habitante de las islas:
Los eventos de 1982 han impulsado a las islas en una forma que no podría haberse vislumbrado treinta años atrás (93).
Para algunos, estas mejoras sirven para reforzar la presencia británica en las islas.
Ello probablemente tenga por efecto una disminución en el interés de ese gobierno por
deshacerse de las islas (94). En pocas palabras, puede afirmarse que la decisión
argentina de invadir las islas con el objeto de reincorporarlas a su territorio tuvo el
efecto no querido de impulsar el desarrollo de las islas, aumentando así sus chances de
autosuficiencia.
Con el restablecimiento de un gobierno democrático en la Argentina
comenzaron a tomar auge las encuestas de opinión pública en ese país. A partir de este
período fue posible realizar comparaciones acerca del estado de la opinión en ambos
países, entre otros temas sobre la disputa por los derechos de soberanía del
archipiélago.
En primer término se tratará la opinión de los ciudadanos
británicos. La mayoría mayoría de los encuestados en este período creía que los
intereses de los isleños debían ser respetados y que sus deseos ser tomardos en cuenta,
pero en una encuesta de 1986 sólo el 38% creía que la mejor manera de asegurar esto era
a través de la continuidad de la soberanía británica. Cuando se preguntó en la misma
encuesta sobre cuál creían que era la mejor solución de largo plazo, un 10% optó por
la devolución a la Argentina, el 6% por un arrendamiento, el 13% por el control conjunto,
y el 19% por la administración de las Naciones Unidas (95). Este grado de dispersión en
la opinión de los ciudadanos británicos explican en parte, según Little, el grado de
libertad con que contó la señora Thatcher para formular la política hacia Malvinas con
posterioridad a 1982 (96).
Al mismo tiempo, una encuesta realizada por una firma de Buenos Aires,
informó que sólo el 1% de los encuestados consideron la disputa por la soberanía de las
islas como el principal problema del país, y sólo el 7% lo ubicó en el segundo y tercer
puesto en gravedad. Más aún, cuando se preguntó si la Argentina debía considerar la
posibilidad de continuar la disputa por medio de la fuerza, sólo el 4% estaba de acuerdo,
mientras que alrededor del 64% estaba a favor del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas con el Reino Unido (97). En el período comprendido entre junio 1984 y abril
de 1986, la proporción de encuestados argentinos que favorecieron a una demanda
unilateral por la devolución de las islas decreció del 52% al 34%, en tanto que aquellos
que preferían la opción de proseguir negociaciones para ese fin, crecieron del 42% al
62%. Estos resultados mostraban que la flexibilización de las actitudes por parte del
público argentino se produjo con respecto a los medios, pero no hacia los fines (98). En
abril de 1988, en un encuesta realizada en centros úrbanos de la República Argentina el
74% de los encuestados afirmó que la decisión argentina de ocupar las Malvinas en 1982
había sido "totalmente incorrecta" o "más o menos incorrecta" (99).
Al mismo tiempo, un 80% de los encuestados dijo que la mejor manera de
resolver el problema de Malvinas era negociando con los británicos y sólo un 8% se
pronunció en favor de recurrir a la fuerza si fuera necesario. Respecto de la evaluación
del público de cómo el gobierno del presidente Alfonsín se había conducido en el tema
Malvinas, un 49% de los encuestados dijo que el gobierno había hecho lo mejor posible
dadas las circunstancias. Al mismo tiempo, un 36% expresó que el gobierno se había
mostrado débil frente a los británicos y sólo un 3% creía que el gobierno había
presionado a los británicos (100).
En 1990 se realizó simultaneamente una encuesta en ambos países para
comparar la opinión sobre la marcha de las negociaciones. En Gran Bretaña las escuestas
mostraron que para fines de los 80s las Malvinas no tenían ninguna relevancia en
comparación con otros problemas internacionales y domésticos contemporáneos. En la
Argentina, a pesar de la posición oficial de que las islas son una porción de territorio
ocupado, la opinión pública no asignó gran relevancia al tema. Las respuestas se
volcaron más hacia mejorar las relaciones económicas con el mundo y la búsqueda de
nuevos mercados (101). Además, las encuestas producidas tanto en la Argentina como en
Gran Bretaña mostraron que en ese período era claro que el "factor Malvinas"
no constituía una amenaza para los gobiernos desde los respectivos electorados. En ambos
países exitían niveles muy altos de aprobación hacia medidas que apunten a mejorar su
relación (102).
Noguera y Willetts concuerdan en que las encuestas mostraban, hacia
1990, que había una mayor tendencia hacia el compromiso de lo que lo que mostrban las
posiciones oficiales de ambos países. La visión que el público de los dos países era
la de favorecer un control conjunto. En tanto que la idea del arriendo (leaseback)
no fue favorecida por ambos públicos. La única dificultad que pueden encontrar los
gobiernos es que los dos electorados apoyaban mayoritariamente soluciones distintas en sus
respectivos países (103). En este caso, el electorado británico se mostraba más
favorable a dejar la administración de las islas en manos de las Naciones Unidas que el
electorado argentino.
No obstante estas cifras, el público argentino también mostró un
cambio de opinión con respecto a negociar con Gran Bretaña. En efecto, mientras que en
1984 la mayoría se oponía a negociar, en 1990 un 58% de los encuestados apoyaba el
llegar a una solución negociada con Gran Bretaña (104). Por último, tanto Noguera como
Willets concluyeron que en esos momentos "la disputa [podía] generar alguna emoción
en un debate abstracto, pero su escasa relevancia para el promedio de los británicos y
los argentinos significa que es poco probable que," la política hacia las Malvinas,
"afecte los patrones de votación" (105). Más aún, si bien persisten
diferencias significativas entre los dos públicos respecto de su opinión sobre el futuro
en el largo plazo de las islas, ambas partes se mostraron deseosas de considerar algún
acuerdo de compromiso (106).
En cuanto a las relaciones económicas entre Gran Bretaña y la
Argentina no hay mucho para decir. Las consecuencias del conflicto tuvieron un impacto
pequeño sobre el volumen de las relaciones comerciales entre ambos países. El conflicto
sólo acentuó una tendencia al alejamiento que ya se presentaba nitidamente antes del
conflicto (107). Las investigadoras Thomas y Hayson concuerdan con esta descripción
cuando afirman que "la característica más saliente del comercio anglo-argentino en
el período posterior a la guerra de Malvinas es su ausencia...el comercio entre ambos
países ha sido insignificante." Además agregan que "es interesante observar
que esto no ha representado un gran cambio respecto del período inmediato anterior a 1982
(108)." En el año previo al conflicto, las exportaciones argentinas alcanzaron U$S
218 millones mientras que la Argentina importó de Gran Bretaña por un valor de U$S 322
millones. En 1982, las exportaciones argentinas al Reino Unido habían alcanzado la cifra
de U$S 73 millones en tanto que las importaciones ascendieron a U$S 68 millones. En los
años 1983 y 1984 no se registraron intercambios, pero para 1986 el intercambio comenzó a
crecer y las exportaciones argentinas al Reino Unido alcanzaron los U$S 32 millones y las
importaciones desde el Reino Unido rondaron los U$S 12 millones. Estos valores representan
0,43% del total de exportaciones argentinas y 0,23% del total de las importaciones (109).
La disputa entre la Argentina y Gran Bretaña no se circunscribe
solamente al archipiélago de las Malvinas. Los grupos de islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur también son motivo de disputa entre ambos países. Estas islas también
se encuentran actualmente bajo el control británico. Al respecto, la promulgación de la
nueva constitución de las Malvinas en 1985 produjo una reforma administrativa para estos
territorios que en su conjunto conforman las Dependencias de las Islas Malvinas (Falkland
Islands Dependencies) que desde 1962 comprende solamente a las islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur (110).
Según el nuevo documento, el Consejo Ejecutivo de las Malvinas perdió sus poderes
ejecutivos sobre las islas pero aún conserva facultades consultivas. A pesar de los
cambios, el gobernador de las Malvinas continúa siendo el comisionado de las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur (111).
Una vez finalizado el conflicto de 1982, la posición de las partes
respecto de estas islas no se modificó y continúan siendo reclamadas por la Argentina.
En tanto que los británicos rechazan ese reclamo. Al respecto, en un informe elevado al
Parlamento por el Foreign and Colonial Office en noviembre de 1982 argumentó que:
La cuestión de los títulos de las Dependencias de las Islas Falkland es legalmente distinta a la de los títulos de las Falkland en si. Aunque por conveniencia las Dependencias continúan siendo administradas por el Gobierno de las Islas Falkland... Del mismo modo, la soberanía británica se extiende al mar territorial alrededor de las Dependencias y de su espacio áreo y su mar territorial...
y concluye:
Por lo tanto, cualquiera sean los argumentos históricos que esgrima la Argentina sobre las islas Falkland no tiene validez para las Dependencias. En 1976 la Argentina estableció una base científica en las isla Tule del Sur perteneciente al grupo de las Sandwich del Sur. El Gobierno de su Majestad protestó reiteradamente ante la Argentina y reafirmó sus derechos de soberanía sobre la isla. La ocupación argentina finalizó en junio de 1982 (112).
Aún más, en 1984 el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes
declaró categóricamente que, a diferencia de las dudas expresadas sobre los méritos de
los reclamos históricos presentados por Gran Bretaña y por la Argentina sobre las islas
Falkland, el comité no tenía "ninguna dificultad para concluir que los reclamos
argentinos respecto de las Dependencias, islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no
tienen fundamento legal". (113).
A pesar de estas afirmaciones, la Argentina persiste en sus reclamos y
algunos parecen abrigar alguna esperanza para el futuro. Por ejemplo, el funcionario de la
Cancillería argentina, Olivieri López, sostiene que el hecho de que estos territorios
están deshabitados facilita la no intervención de los isleños y así, éstos serían
totalmente ajenos al destino final de las Dependencias (114).
Gustafson (1988), 181. Asimismo, Gustafson sostiene respecto de estos intercambios que "Gran Bretaña pretendía un tratado de paz luego de ganar una guerra; por el contrario, la Argentina pretendía reabrir la disputa luego de perder una batalla".
Declaraciones del canciller Dante Caputo (Escudé y González de Oleaga, 1996, 15-16). Según estos autores, el gobierno argentino posteriormente se arrepintió de esta respuesta e intentó llevar adelante el intercambio propuesto anteriormente por los británicos. Pero cuando declaró estar dispuesto a hacerlo ya era tarde, pues éstos habían concluído que el gobierno argentino era intratable. (1996, 53 n. 17)
A pesar de ello, en 1983 se había autorizado la venta de motores Rolls Royce para equipar a las fragatas argentinas construidas en es momento en la República Federal Alemana (SIPRI 1983, 487).
Esta mejora fue subrayada por el embajador británico ante las Naciones Unidas como muestra del acatamiento de su gobierno a la carta de dicha organización. Más específicamente, concuerda con el artículo 73b que insta a las potencias coloniales a desarrollar la capacidad de autogobierno y tener en cuenta las aspiraciones de los habitantes de las colonias (Gustafson 1988, 188).
Transcripción del diálogo radial entre los buques. Copia en posesión de los autores.
Beck (1988), 189. Esta modalidad de diplomacia paralela es también conocida como "resolución interactiva del conflicto" y comprende todos los díalogos "off-the-record" entre individuos de países en conflicto que no actúan en representación oficial con el objeto de desarrollar estrategias, influenciar a la opinión pública, y organizar los recursos humanos y materiales que pudieran ayudar a resolver el conflicto. (Chataway 1998)
Los isleños tenían el principio de autodeterminación (Ellerby 103).
El mismo es "un mecanismo jurídico... que permite que las partes que mantienen una disputa y que asisten a una reunión determinada, adopten resoluciones de interés común sin perjuicio de sus respectivas posiciones de soberanía, que quedan reservadas" (García del Solar: Archivos del presente, 27-28).
En efecto, a partir de 1992 las islas dejaron de percibir ayuda económica directa del gobierno británico. (Carbajal, 1997, 28 en base a datos provistos por la Falkland Islands Government Treasury)
Entre los países que requirieron licencias se encuentan España, Taiwan, Japón, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. (Carbajal, 1997, 27)
En 1995 el PBI per cápita de las islas Malvinas era de U$S 28.425, los Estados Unidos U$S 27.400, Alemania U$S 26.000 y Gran Bretaña U$S 18.950. (Carbajal, 1997, 30 nota 38 en base a datos de la Economist Intelligence Unit y del Falkland Islands Government Trasury). Para 1996, Graham Bound señala que el salario promedio anual de las islas era de U$S 24.750. (Bound, 1997)
Freedman (1988), 68. Según el censo de 1980 el total de nacidos en las islas alcanzaba al 75% de la población.(Thomas, 1991, 19) Hacia fines de 1996, la población de las islas ya alcanzaba los 2.500, y la edad promedio de los isleños era menor a 45 años (Bound, 1997). Otra fuente menciona para ese mismo año, 2.704 habitantes. (Aldrich y Connell, 1998, 275)
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