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En los años veinte, la Argentina había sido acusada frecuentemente en los documentos del Departamento de Estado norteamericano de albergar sentimientos racistas hacia otros países latinoamericanos y de aspirar al dominio económico del sur de Sudamérica. Más tarde, entrado Estados Unidos en la guerra a fines de 1941, el no alineamiento argentino provocó que encumbrados personajes del gobierno norteamericano hablaran de la "amenaza fascista" proveniente de la Argentina, de una Tercera Guerra Mundial que tendría su inicio en este país y del expansionismo argentino. Cordell Hull, el secretario de Estado norteamericano de la época de la guerra, sostuvo haber recibido información sobre los planes detallados del círculo ultranacionalista del ejército en la Argentina, que incluían golpes de estado de derecha en países vecinos y la formación de un bloque antinorteamericano en Sudamérica. Asimismo, el régimen del presidente Edelmiro Farrell fue acusado por el gobierno norteamericano de implementar represalias económicas en contra de otras repúblicas americanas. Simultáneamente con dicha acusación, el presidente Roosevelt ordenaba a los jefes combinados de Estado Mayor que efectuaran las preparaciones necesarias para defender al Paraguay, al Uruguay y a todos los estados vulnerables a un ataque argentino. (1) Hemos visto también la ayuda militar proporcionada por el gobierno norteamericano en 1944 y 1945 a Brasil -cuando la guerra ya no lo justificaba-, al solo efecto de fortalecer a este país frente a la Argentina.  
    La idea de la agresividad potencial de la Argentina fue recogida por los países latinoamericanos, a quienes el argumento resultaba útil cuando necesitaban ayuda norteamericana, o cuando aparecía la posibilidad de asistencia de Estados Unidos a la Argentina. Pero también pudo tener sus sinceros denunciantes en un contexto, como bien ilustraban los informes presentados con motivo del complot de 1948 en Chile, de proliferación de golpes militares de derecha en la región, que eran ideológicamente afines y mantenían contactos estrechos con el gobierno de la Argentina. Este panorama se agudizaba al no ocultar este gobierno el deseo de expandir su influencia por todos los medios a su alcance. (2)  
    Por otra parte, los norteamericanos habían temido durante muchos años la organización de bloques regionales en América, en especial un bloque austral dominado por la Argentina, temor basado en la vieja y recurrente aspiración para su país, existente en distintos grupos políticos e ideológicos argentinos, de reconstituir el antiguo Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, a comienzos de 1948, la embajada norteamericana en Buenos Aires reconocía en un extenso memorándum que no existían indicios de que la Argentina estuviera buscando el aumento de su territorio mediante la conquista. Si bien se detectaba la desconfianza regional hacia Estados Unidos, se percibía que los países americanos preferían confiar en los norteamericanos antes que en la Argentina. Se consideraba además que este país no tendría éxito en la creación del bloque austral, si Estados Unidos conseguía fortalecer el sistema interamericano, su objetivo principal en la época. (3)
   
Al analizar la hipótesis de la amenaza militar de la Argentina, los norteamericanos consideraban que Uruguay y Brasil temían el poder argentino ‑sobre todo el primero‑, pero, dado lo acordado en las conferencias de Chapultepec y Río, los demás países americanos no permanecerían indiferentes ante un acto de agresión de la Argentina, aparte de que ésta no había producido acto alguno que indicara su deseo de atacar a un país vecino. A ello debía agregarse que, aun consiguiendo las armas y la ayuda en materia de industrialización militar que solicitaba, la Argentina estaría muy lejos de constituir una amenaza militar para Estados Unidos y por ende para algún país del hemisferio.
   
No obstante, el informe de la embajada norteamericana en Buenos Aires revelaba un cierto temor de los países de la región al gobierno argentino, y, a la vez, éste era utilizado, como se dijo,  para lograr ayuda de Estados Unidos. El secretario asistente de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Edward G. Miller, luego de una visita a la Argentina en febrero de 1950, advertía en un memorándum al subsecretario Webb que el presidente de Chile, Gabriel González Videla, en su próxima visita a Washington asaltaría al presidente norteamericano con la “típica letanía” de la amenaza de la Argentina para su seguridad. Miller decía no creer en tal cosa, pero aconsejaba contestar que en ese caso lo mejor era que Estados Unidos tuviera buenas relaciones con la Argentina. Esto ocurría en un momento que al gobierno norteamericano interesaban las relaciones cordiales con la Argentina para conseguir la ratificación del TIAR. Sin embargo, un memorándum de Webb del 21 de abril de 1950 sostenía la existencia de telegramas recientes originados en Santiago y La Paz que planteaban “dudas inquietantes sobre las intenciones de Perón hacia otros países sudamericanos”, lo que mereció una respuesta de Miller tratando de aventar el tema del peligro argentino. Con todo, una prueba de las aprensiones que existían respecto de la Argentina en las demás naciones latinoamericanas fue la cuidadosa anticipación a las mismas que debió realizar el gobierno de Washington cuando en esa época decidió otorgar un crédito a la Argentina. (4) 
   
Es evidente que Perón realizó esfuerzos para conseguir el liderazgo latinoamericano. La aparentemente sólida posición económica de la Argentina al finalizar la guerra, y el fuerte apoyo interno con que el presidente argentino fue elegido, sumados a la vulnerabilidad de países vecinos que atravesaban crisis sociales y económicas, ofrecieron a Perón la oportunidad de exportar bienes de consumo y capitales, al mismo tiempo que difundía su doctrina. El presidente argentino utilizó principalmente cuatro instrumentos para lograr sus objetivos: negociar convenios económicos bilaterales, designar agregados obreros en las embajadas argentinas, acrecentar la propaganda, e incentivar -o, por lo menos, presentarse como el modelo- para el establecimiento de gobiernos militares en los países latinoamericanos. (5)  
    En el caso de Chile, la política de Perón tuvo dos planos: el retórico, que privilegiaba la relación cooperativa y la intención liberadora de la Argentina hacia su vecino, y el pragmático, que dejaba al descubierto una política activa de propósitos expansivos. Entre 1946 y 1952 hubo por parte del régimen peronista un intento de expansión de su influencia económica, política y doctrinaria, que incluso por momentos rozó la injerencia en los asuntos internos. Dicho intento fue consecuencia de la existencia de objetivos económicos, estratégicos y políticos apuntados a integrar a Chile en un bloque austral que consolidara el liderazgo argentino en la región, permitiera aplicar políticas autárquicas y contrarrestara la penetración económica de Estados Unidos. (6) 
    La intención de la Argentina de formar un bloque austral de países para frenar las pretensiones de predominio norteamericano era una vieja aspiración del nacionalismo argentino. Tulchin menciona los esfuerzos de Perón por organizar a las naciones latinoamericanas en “alguna forma de alianza bolivariana con exclusión de los Estados Unidos”, destacando el principismo y la lucha incesante por reducir la dominación de Estados Unidos, como características de la política hemisférica del presidente argentino. La posibilidad de la formación de un bloque regional liderado por Perón aparece asimismo analizada en un informe de la embajada norteamericana en Buenos Aires, de enero de 1948. Cristián Buchrucker también señala que está documentado en archivos alemanes el interés del gobierno militar argentino, establecido en 1943, en la constitución de un bloque o alianza de estados sudamericanos con una orientación defensiva frente al eje Washington‑Río. Stanley Hilton a su vez encuentra en el gobierno brasileño hacia 1943 la misma convicción de que la Argentina buscaba la constitución de un bloque austral, en abierta oposición a Brasil. De esta manera, a pesar de la afirmación de Lanús de que la política exterior argentina entre fines de la década del cuarenta y principios de los años cincuenta “no debe interpretarse como un intento de formar una coalición antinorteamericana /.../ ni como un propósito de intervenir en los asuntos internos de los países vecinos”, el caso de Chile parecería desmentirlo. El sentido antinorteamericano surge de la declarada intención liberadora de la política peronista, que únicamente podía apuntar a quebrar la estrecha dependencia de aquel país de las empresas y del gobierno de Estados Unidos. El hecho de asignarle a la Argentina un “destino continental”, como dice Lanús, habría llevado a Perón a hacer planes para toda la región y a trabajar activamente para lograrlos. (7)  
    La acción política de Perón en Chile comenzó antes de que éste fuera presidente. Entre 1936 y 1938, Perón había sido agregado militar en ese país y su misión se vio abruptamente terminada cuando apareció involucrado en un caso de espionaje que lo obligó a abandonar el país, dejando en comprometida situación a su sucesor. (8) Posteriormente, la noticia del golpe de estado de 1943, las supuestas intenciones de la logia militar inspiradora del golpe -Grupo Obra de Unificación (GOU)-, y el surgimiento de Perón como hombre fuerte del régimen tuvieron su repercusión en Chile. En junio de 1944, el gobierno chileno retiraba su embajador en la Argentina como una manera de mostrar su disconformidad con el gobierno de Farrell, a pesar de haberlo reconocido en un principio, y de acompañar a Estados Unidos en su política de aislar a la Argentina. Las gestiones del embajador argentino para obtener la designación de un colega en Buenos Aires se encontraron con la presión del presidente radical Juan Antonio Ríos en favor del restablecimiento de la normalidad institucional argentina. El embajador argentino apeló al argumento de la “separación de las cuestiones” y la “completa prescindencia” en cuanto a la política interior, además de insinuar cierta desventaja económica para Chile por no contar con un representante en la Argentina. (9) 
    Por cierto, la imagen de una Argentina fascista y que supuestamente constituía una amenaza para las democracias americanas impedía al presidente chileno obtener la aprobación del Senado para el nombramiento de un embajador para la Argentina. A fines de 1945, cuando se trató la actuación de la delegación chilena en la Conferencia de San Francisco, que -siguiendo el deseo del gobierno norteamericano- había trabajado activamente en favor de la incorporación de la Argentina a la Organización de las Naciones Unidas, se reveló entre los senadores chilenos un eco del mito del Cuarto Reich que el Departamento de Estado había extendido por el hemisferio, y de acuerdo con el cual los nazis habían preparado a la Argentina para la Tercera Guerra Mundial, con el respaldo de la camarilla Farrell-Perón. Según el senador comunista Carlos Contreras Labarca, la Argentina era el cuartel general del fascismo en América. Desde allí, se intervenía en la política interna de los países vecinos, siendo la intención del GOU agredir a las democracias y alcanzar la hegemonía en el continente. A su vez, el senador radical Isauro Torres mencionó una filial chilena del GOU, denominada GOS, acusando al ministro de Defensa Nacional chileno, general Arnaldo Carrasco, de estar a favor de la misma. De este modo, las opiniones vertidas en el Senado chileno eran representativas de la percepción que una parte importante de la opinión pública chilena se había formado del régimen de gobierno en Buenos Aires, lectura compartida por el futuro presidente, senador Gabriel González Videla. A pesar de estas presiones, el presidente Ríos mantuvo la adhesión al principio de no injerencia en los asuntos internos de la Argentina, aunque repitió infinidad de veces que su aspiración era que en todas partes se viviera el mismo clima de democracia que existía en Chile. (10)  
    Asimismo, desde fines de 1944 había comenzado a manifestarse la oposición de algunos sectores obreros chilenos al régimen argentino. En marzo de 1945, los estibadores del puerto de Lota decidieron no cargar carbón en los barcos de bandera argentina. Para el gobierno de Chile el problema era grave, ya que este país dependía de la provisión de alimentos argentinos, lo cual fue recordado a los obreros por el ministro de Economía y Comercio, Alejandro Tinsly. El gobierno dispuso entonces que el trabajo de carga lo realizaran las tripulaciones de los barcos de guerra. (11)  
    Ante esta actividad opositora al gobierno argentino en Chile, y especialmente para contrarrestar las actividades de un “Comité de Ayuda al pueblo argentino”, a fines de noviembre de 1944 comenzó a analizarse en la embajada argentina en Santiago la posibilidad de ejercer algún tipo de propaganda proargentina en el vecino país. El Ministerio de Guerra estuvo de acuerdo, pero prefirió que fuera la cancillería quien se hiciera cargo del proyecto. (12) 
    Por otra parte, la finalización de la guerra había comenzado a provocar una disminución sustancial de la demanda de productos estratégicos. Esto significaba una baja en el valor del cobre y anunciaba una crisis económica para Chile en los próximos años. El mantenimiento de un nivel adecuado de productos alimenticios constituiría así una gran erogación para la economía chilena, convirtiendo la exportación de ganado en pie en una importante arma de presión para el gobierno de Perón. (13)  
    En conocimiento de la situación, Perón ideó el mecanismo del tratado comercial, a través del cual ofrecería una fuerte ayuda financiera a fin de desarrollar en Chile la producción de materias primas que apuntalaran las nuevas industrias argentinas, asegurando, a la vez, la obtención de medios de pago para los productos argentinos y la posibilidad de financiar su desequilibrio comercial por un tiempo. El tratado fue firmado en forma preliminar en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1946, poco después de la asunción a la presidencia chilena del radical Gabriel González Videla. Establecía un régimen de unión aduanera, declarando libres de derechos de importación -con alguna excepción- a los productos originarios  de cada país. Ambas partes se obligaban a atenderse preferentemente sus necesidades con sus saldos exportables, ventajas que quedaban excluidas de las cláusulas de nación más favorecida. La Argentina, a través del IAPI, otorgaba a Chile un descubierto de 100 millones de pesos para cubrir el saldo desfavorable de su balanza comercial. Se estipulaba también que el IAPI realizaría una inversión de 300 millones de pesos en Chile para desarrollar nuevas actividades económicas a fin de intensificar la exportación de productos originarios a la Argentina. A tal efecto se constituiría en Chile una sociedad financiera integrada por el IAPI y la Corporación de Fomento de Chile, que podría adquirir hasta la totalidad de la producción no destinada al consumo interno y exportarla a la Argentina. Se pactaba además un empréstito externo de 300 millones de pesos, emitido por el gobierno chileno en Buenos Aires, que se aplicaría a un plan de obras públicas en Chile. En todas las compras chilenas a la Argentina intervendría el IAPI. Se establecía recíprocamente el libre tránsito de productos hacia terceros países y se otorgaban zonas francas durante 30 años. 
    El envío del tratado para su ratificación reveló gran oposición al mismo en el Congreso chileno. El apoyo del partido Comunista al tratado dio motivo para que otras fuerzas políticas negaran su voto legislativo. El partido Conservador, opositor sistemático al gobierno de González Videla, denunciaba los compromisos contraídos como demasiado exigentes para las posibilidades de Chile, criticaba el sometimiento de Chile a la Argentina y objetaba el manejo del comercio exterior por el IAPI. El partido Liberal, a pesar de integrar la coalición gobernante, puso sucesivas condiciones para otorgar su voto al tratado y expresó su “temor al predominio”. Los socialistas mantuvieron siempre una férrea oposición al tratado. Salvador Allende sostuvo en el Senado que éste contenía disposiciones contrarias al interés nacional. La oposición socialista llegó al extremo de acudir a los gobiernos norteamericano y argentino para evitar la ratificación del convenio. Otros argumentos sostenían que el tratado contenía intenciones expansionistas de la Argentina, y que Chile cambiaba una dependencia por otra, permitiendo que el Estado argentino se convirtiera en socio comanditario de las industrias básicas chilenas por los siguientes 50 años. Además, al quedar las exportaciones argentinas a Chile bajo el manejo monopólico del IAPI, el gobierno argentino adquiriría una poderosísima arma de presión frente a Chile. (14)  
    Tampoco favorecía la ratificación del tratado en Chile la fuerte oposición de medios periodísticos norteamericanos al mismo. El corresponsal del New York Times en Buenos Aires señaló que el tratado se podía “comparar al Anschluss de Austria con Alemania” y que Chile “se había doblegado bajo la presión económica y la amenaza argentina de retener los alimentos”. A su vez, el Evening Star afirmaba que la concertación del tratado probaba que la Argentina estaba recurriendo a tácticas imperialistas con los países vecinos y que trataba de formar un bloque de naciones adverso a Estados Unidos. Incluso en el gobierno de Washington se juzgó que el tratado con la Argentina perjudicaría los intereses norteamericanos en Chile que quedaran subordinados al dominio y beneficio de la Argentina. (15)  
    Finalmente, el tratado no fue ratificado. Posteriormente, Chile estableció algunas de las empresas que hubieran resultado del convenio, pero con créditos de agencias financieras norteamericanas y sin tener que compartir con los acreedores la dirección de las mismas, lo cual resultó más ventajoso para el país. Pero lo más singular del caso fue que la Argentina demostró una grave deficiencia en los estudios de viabilidad para la inversión que ofrecía a Chile, pues apenas transcurridos dos años de la firma del tratado habría tenido serias dificultades para hacer frente a sus compromisos como consecuencia del agotamiento de sus reservas. (16)  
    Mientras tanto, la situación económico-social de Chile se agravaba rápidamente. El gobierno de González Videla no había logrado la ratificación del tratado con la Argentina, y tampoco recibía ayuda norteamericana a causa de su alianza con el comunismo. A fines de 1947, el presidente debió declarar la cesación de pagos al sector público. Las huelgas generales ordenadas por los comunistas provocaron la destitución de los últimos de todos los cargos públicos y el pedido presidencial de facultades extraordinarias al Congreso. (17) 
    En abril de 1948, la posibilidad de disturbios graves, análogos a los ocurridos en Bogotá, llevó al gobierno chileno a declarar en estado de emergencia todas las plantas eléctricas y a colocarlas bajo la autoridad militar. González Videla también envió al Congreso una ley de Defensa de la Democracia, la cual, finalmente promulgada en octubre, proscribía al comunismo, borrando de los registros electorales entre 30 y 40 mil personas. A los problemas mencionados se sumaba el descontento existente dentro de las fuerzas armadas. (18)  
    En este contexto crítico, se produjo el primer complot para derrocar al gobierno chileno con presunta participación argentina. El 31 de octubre de 1948 el ex presidente Carlos Ibáñez del Campo, y el ex jefe de la fuerza aérea coronel Ramón Vergara Montero fueron arrestados. Los informes del Departamento de Estado norteamericano señalaban la posibilidad de que el movimiento hubiera sido financiado por Perón. A su vez, el embajador argentino en Santiago juzgaba el movimiento como netamente proargentino. En su opinión, los revolucionarios habrían tenido el propósito de llegar a la concertación inmediata del tratado con la Argentina para lograr la unión económica, y habrían buscado en el plano interno “aplicar la doctrina peronista en todo su contenido económico y social”. (19) 
    Por su parte, el canciller chileno Germán Riesco convocó al embajador argentino para comunicarle que el gobierno chileno juzgaba que la Argentina estaba implicada en el intento de golpe y expresarle su disgusto por esa intervención en los asuntos internos. La prensa chilena también acusó  a la Argentina de haber estimulado y prestado ayuda al movimiento, señalando además la similitud de métodos con las revueltas de Perú, Paraguay y Bolivia, la naturaleza antidemocrática de los movimientos y su común crítica a Estados Unidos. El partido Socialista afirmó que no era un secreto para nadie que elementos cercanos al régimen peronista propugnaban abiertamente las excelencias de las intervenciones militares, y trabajaban para lograr el abatimiento de los regímenes civiles y su reemplazo por dictaduras ultranacionalistas. (20) Estas eran precisamente las actividades de algunos de los diplomáticos argentinos. El 30 de noviembre, el dictamen del fiscal militar chileno involucraba en el complot a tres diplomáticos argentinos, llegando a la conclusión de que el movimiento había estado inspirado desde la Argentina y en íntima sincronización con otros similares en diversos países latinoamericanos. El 21 de diciembre el juez militar dio a conocer su fallo, absolviendo al general Ibáñez pero imponiendo severas penas a los militares involucrados. Los diplomáticos argentinos aparecían mencionados y se deducía que había existido inspiración foránea, no obstante lo cual ningún gobierno era señalado como responsable. Finalmente, el fallo de la Suprema Corte militar del 24 de enero de 1949 desechó la prevención de que el movimiento hubiera podido obedecer a una inspiración extranjera. (21)  
    El embajador argentino sostuvo en sus informes que el gobierno de Chile requería un trato firme de parte de la Argentina por haberse permitido “el lujo de jugar con el gobierno del general Perón”. Aconsejó además tomar algún tipo de represalia, considerando que se podía negar la prórroga de pago que vencía en marzo de 1949; construir rápidamente una planta argentina de salitre sintético, o imponer restricciones a las exportaciones de ganado en pie. Existe evidencia de que la última opción llegó a implementarse. También proponía realizar una campaña de contrapropaganda en Chile. Esta finalmente se organizó en Buenos Aires, donde los diarios oficialistas criticaron implacablemente la acción de gobierno de González Videla, señalando las decisiones del gobierno chileno como contrarias a las demandas populares, y poniendo énfasis en las deplorables condiciones económicas del pueblo y en la precariedad de recursos del estado chileno debido a la acción del capitalismo extranjero. (22)  
    En medio de esta crisis, en  marzo de 1949 el general Carlos Ibáñez fue elegido senador por Santiago, como representante del agrario-laborismo, lo que significaba un avance de las ideas nacionalistas y populistas en Chile. El embajador norteamericano comunicó a su gobierno haber recibido información del presidente chileno de que Perón había colaborado con dinero para la campaña de Ibáñez. Por su parte, la embajada argentina interpretó que la posición argentina respecto de Chile había mejorado con la elección. A fines de ese mes, sin embargo, nuevamente circulaban en Santiago rumores de una conspiración contra el gobierno, atribuida al partido Agrario-Laborista, con presunta participación argentina y comunista. (23) 
    En junio, el gobierno chileno insistía en su percepción de que la Argentina era el punto desde donde se tramaban conspiraciones destinadas a los países limítrofes. Dicho gobierno veía un peligro para su país en las revueltas mineras que se estaban produciendo en Bolivia, porque podían propagarse a Chile, donde la caída del precio del cobre traería a corto plazo el paro de empresas y desocupación. El tema tenía relación con la Argentina porque el gobierno de Bolivia había declarado oficialmente que las revueltas habían sido dirigidas por Víctor Paz Estenssoro desde Buenos Aires. Como en esta ciudad estaban también los desterrados chilenos por el complot del año anterior, el presidente González Videla expresó su preocupación por las presuntas actividades conspirativas de Vergara Montero. (24)  
    A mediados de agosto, hubo serios disturbios en Santiago que fueron reprimidos enérgicamente y llevaron al gobierno a declarar zona de emergencia todo el territorio del país, disponiéndose la ocupación de las zonas mineras por las fuerzas armadas. Se detuvo a obreros y dirigentes sindicales, relegándolos a Pisagua. (25) En esas circunstancias, el presidente González Videla señaló que su gobierno no era culpable de que la carne argentina que Chile importaba hubiera subido 40%. Esta declaración fue el detonante de una nueva campaña en la prensa oficialista argentina, que se refirió al gobierno chileno como una “dictadura” y un “régimen de terror”. Esto, a la vez, generó respuestas en medios chilenos, los cuales  acusaron a los órganos de prensa y radios argentinos de haber contribuido con un cúmulo de informaciones injuriosas a tonificar el ánimo de los elementos totalitarios que buscaban en Chile el exterminio de las libertades. (26) Por cierto, es evidente que los acontecimientos de 1949 en Chile proveyeron a Perón la ocasión de retribuir las acusaciones de autoritarismo recibidas de su colega chileno, aun desde antes de haber llegado ambos a la presidencia, y los ataques de la prensa chilena a raíz del complot del año anterior.  
    Por otra parte, el senador Salvador Allende había hecho pública, el mes anterior a los mencionados acontecimientos, su preocupación por el programa de reorganización y modernización de las fuerzas armadas argentinas. El embajador argentino explicaba dicha actitud como el reflejo del recelo con que algunos chilenos antiargentinos veían la situación militar de Chile, que no podía afrontar un programa semejante al argentino. Dicho recelo los llevaba a desconfiar del poderío argentino, existiendo quienes creían de buena fe que la Argentina representaba un peligro real para Chile. Para muchos chilenos, el gobierno del general Perón era un “gobierno militar, imperialista y militarista e imbuido de ideas hegemónicas, y, por ende, de sometimiento de los países vecinos a su voluntad”, señalaba en un informe el propio embajador argentino. (27) La cuestión de la potencial amenaza de la Argentina fue planteada por Salvador Allende en el Congreso chileno el 30 de agosto de 1949, expresando su inquietud por el panorama de América, donde los gobiernos militares desarrollaban una política de agresividad en contra de los pocos regímenes democráticos que todavía existían. En caso de triunfar la amenaza “fascista” en Bolivia, sostenía Allende, Chile quedaría envuelto “por un círculo de hierro formado por la Argentina de Perón, el Perú de Odría y Bolivia de Paz Estenssoro y sus satélites”. El legislador agregó además que un país que gastaba 2.800 millones de pesos en un presupuesto de guerra - dos veces el presupuesto nacional chileno- debía inquietar al resto de los pueblos democráticos. (28)  
    La percepción de la amenaza argentina para Chile desembocó en el intento del presidente González Videla de conseguir el apoyo de los países sudamericanos para acusar a la Argentina ante la asamblea de la ONU como nación peligrosa para la paz de América. Sin embargo, sólo obtuvo el apoyo del Uruguay, siendo finalmente disuadido por las amenazas del embajador argentino de restringir los envíos de carne, aceite y trigo, y de expulsar a los chilenos que trabajaban en la Patagonia. En las gestiones para evitar la acusación, el embajador argentino fue apoyado por Arturo Alessandri Palma, quien medió en el asunto y representó una voz de moderación frente a la opinión antiargentina de muchos chilenos de la época. (29)  
    La vinculación ideológica del general Carlos Ibáñez con el gobierno de Perón se vio confirmada cuando, luego de mantener dos entrevistas con el presidente argentino, Ibáñez anunció su candidatura a la presidencia chilena en noviembre de 1950 en Buenos Aires. El general señaló la conveniencia de remover obstáculos y poner la mira en una completa unión aduanera, adhiriendo además a la Tercera Posición. En marzo del año siguiente, Ibáñez nuevamente viajaba a Buenos Aires para sostener una tercera entrevista con Perón. Ibáñez solía referirse a la Argentina como su segunda patria, lo que no era extraño, dado que en ese país había vivido exiliado largos años y desde allí había intentado el derrocamiento de todos los presidentes que habían sucedido a su primer gobierno (1927-1931). (30) 
    Un nuevo y extraño complot, en el que habrían estado implicados elementos argentinos, fue oficialmente anunciado en Chile en agosto de 1951. Dos de los más vehementes oradores sindicales desaparecieron, pero luego se descubrió que se habían autosecuestrado en una mina en Colliguay. Este complot aparecía vinculado con una organización llamada Acción Chileno-Argentina, que operaba en Chile y albergaba a un grupo subversivo secreto creado el 12 de febrero de 1945, autodenominado Los Cóndores, vinculado a su vez a la organización ibañista Unión Nacionalista. Uno de los miembros de Acción Chileno-Argentina, el profesor Guillermo Izquierdo Araya, soportó la incautación de su correspondencia con peronistas prominentes y con un antiguo colaborador de Mussolini. Izquierdo se había trasladado en marzo de 1947 a Buenos Aires con una beca del gobierno argentino. Aquí había colaborado en la organización de Acción Argentino-Chilena, establecida el 9 de julio de 1948, y que constituía la contraparte argentina de la que operaba en Chile. Las gestiones de Izquierdo en Buenos Aires apuntaban además a la formación de un movimiento continental del “condorismo”. Por último, debe mencionarse otra organización, Acción Social Chilena, que actuaba en Buenos Aires desde su creación el 21 de mayo de 1951, y recaudaba fondos para Ibáñez, ocupando oficinas cedidas por la CGT argentina. (31)  
    A mediados de julio de 1952, el gobierno chileno declaraba persona no grata al cónsul argentino en Antofagasta y acusaba a otros diplomáticos argentinos de diseminar propaganda antichilena originada en la Argentina, hecho que el gobierno chileno consideró como injerencia en  los asuntos internos del país. Sería éste un caso de “bombardeo propagandístico”, implícitamente coercitivo  y respaldado por el gobierno argentino para instalar en el país vecino un candidato con ideas afines.  El hecho no parecía demasiado diferente a la intervención del embajador Braden en la Argentina en 1946, tan censurada por el presidente argentino. (32)  
    El 4 de septiembre, Ibáñez ganó las elecciones y obtuvo casi la mayoría absoluta. La elección del general fue celebrada con júbilo por todos los diarios oficialistas argentinos como un triunfo de  Perón, y de una corriente antinorteamericana, antiimperialista y latinoamericana. La doctrina de la Tercera Posición fue señalada como un estímulo para las “revoluciones” del momento, y se dio a entender que existía una oportunidad de liberación para países como Uruguay, Bolivia y Brasil. (33) 
    La relación de Perón con Ibáñez tuvo su momento de apogeo en ocasión de la visita de Perón a Chile, en febrero de 1953, y la firma del Acta de Santiago. En ésta se establecía la intención de ambas partes de ampliar el intercambio comercial mediante el aumento de los saldos exportables, la eliminación gradual de los derechos de aduana, la firma de un acuerdo para facilitar los pagos, la modificación de las imposiciones vigentes sobre tipos de cambio y de las disposiciones sobre movimientos de fondo, y la reestructuración de los sistemas de distribución de divisas, además de impulsar el proceso de industrialización en ambos países. Se expresaba también el anhelo de que integraran el mismo sistema los países limítrofes y demás estados del continente. El objetivo de ambos presidentes era establecer la “cordillera libre”, como un primer paso hacia la unión económica entre la Argentina y Chile, y que podría servir de antecedente a la unidad latinoamericana. Este acuerdo preliminar tenía la aprobación del presidente de Brasil, Getulio Vargas, pero no la del canciller brasileño, quien no había sido consultado. Cuando el último tuvo conocimiento del mismo, su oposición fue tan fuerte que el presidente Vargas se vio obligado a retirar su apoyo, lo cual significó el fin del proyecto a pesar de que Perón trató de llevarlo a cabo con otros países. El documento además recibió críticas -entre otras que constituía un atropello a la soberanía de otro país-, las cuales fueron refutadas por Perón en su discurso al Congreso del 20 de marzo, y a través de folletos oficiales. Por otro lado, los acuerdos militares firmados en 1952 por Chile y Brasil con el gobierno norteamericano constituyeron también un límite al proyecto de Perón. (34)  
    La visita de Perón a Chile fue retribuida por el presidente chileno, quien arribó a Buenos Aires en julio de 1953, firmándose entonces el tratado de Unión Económica Chileno-Argentina. Ibáñez defendió la formación de bloques homogéneos entre países limítrofes, como paso previo a las uniones continentales, señalando que los países hermanos no debían pensar que chilenos y argentinos pretendían la hegemonía continental, como lo insinuaban algunos círculos. El tratado mencionaba medidas generales de complementación económica, disminución de aranceles, concertación de cambios, intensificación del intercambio comercial y apoyo recíproco en favor del desarrollo industrial y agrícola. Creaba además un órgano común, el Consejo General de la Unión Económica Chileno-Argentina a fin de promover proyectos. (35)
   
Por cierto, el peronismo tuvo gran influencia en todo el movimiento feminista chileno. Perón subsidió al Partido Progresista Femenino, al Partido Femenino Chileno, a la Conferencia Nacional de Mujeres Chilenas, y a las ramas femeninas del Partido Nacional Cristiano y del Partido Agrario-Laborista (PAL). La más destacada entre las militantes chilenas fue la senadora María de la Cruz Toledo, quien emulaba a Eva Duarte -la esposa del presidente argentino-, y se proclamaba abiertamente como justicialista. (36) Pero una ola de sentimiento antiperonista provocó, en agosto de 1953, la expulsión de María de la Cruz Toledo del Senado chileno. En 1956, desde Panamá, Perón trataba de consolarla diciéndole: “No olvide que nada hay más honroso que quemarse para alumbrar la etapa que vivimos”. (37)  
    Los intentos de infiltración doctrinaria en Chile continuaron hasta el final del régimen peronista, a pesar del rechazo de fines de 1953. En abril de 1955, por ejemplo, Eduardo Vuletich, secretario general de la CGT argentina, se dirigió a Chile para fundar la filial chilena de ATLAS, la organización sindical peronista internacional. (38) 
    Al producirse la caída de Perón, la infiltración del peronismo en Chile fue investigada. El periodista Raúl González Alfaro publicó 23 artículos críticos en el periódico radical El Debate, entre el 8 de diciembre de 1955 y el 25 de enero de 1956. En respuesta a estos artículos, el Congreso chileno ordenó una investigación, que fue llevada a cabo por una comisión presidida por el diputado Florencio Galleguillos Vera. El informe de la misma evidenció la financiación peronista de varios políticos, periodistas y dirigentes gremiales chilenos, cuya misión consistía en difundir propaganda doctrinaria peronista. (39)  
    En cuanto a las relaciones con Brasil, puede decirse que la posición internacional del gobierno de Eurico Dutra (1946-1951), de alineamiento incondicional con Estados Unidos, difirió sustancialmente de la Tercera Posición sostenida por el gobierno de Perón. No obstante, el gobierno brasileño trató de que no se llegara a una situación conflictiva con la Argentina, buscando incluso limar asperezas entre Washington y Buenos Aires. Con todo, la postura competitiva se mantuvo, al tratar de mantener Brasil una posición privilegiada frente a Estados Unidos y de predominio a nivel regional. La política argentina de intentar establecer uniones económicas entre los países limítrofes, sin tener en consideración los organismos multilaterales establecidos a partir de 1945, llevó a Brasil a alinearse con Estados Unidos a favor del multilateralismo y la vigencia de la cláusula de nación más favorecida. Asimismo, preocupaciones geopolíticas llevaron al gobierno brasileño a prestar especial atención a las relaciones de la Argentina con Bolivia y Chile, países que tenían amplios sectores vinculados al régimen peronista. Los convenios argentino-bolivianos firmados para la construcción del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra incentivaban la preocupación en el caso de Bolivia. También el gobierno de Dutra se opuso tenazmente al proyecto de Perón de reflotar el bloque ABC. A mediados de 1947, el canciller brasileño Raúl Fernandes declaraba que “Brasil no estaba interesado en la formación de un ‘bloque latino’ patrocinado por el presidente Perón, en la reminiscencia del antiguo ‘bloque ABC’ ”. (40) 
    Las diferentes posiciones en el campo internacional -la alineación con Estados Unidos, en el caso de Brasil, y la Tercera Posición equidistante de las dos potencias mundiales, en el de la Argentina- se pusieron de manifiesto en varias oportunidades. Por ejemplo, la Argentina estableció relaciones con la Unión Soviética en junio de 1946, y Brasil las interrumpió en octubre de 1947; Brasil fue un propulsor del TIAR en el continente, mientras que la Argentina demoró varios años en ratificarlo; Brasil apoyó la creación del Consejo de Seguridad de la ONU y la constitución del Estado de Israel, en tanto la Argentina planteó sus reservas en ambos asuntos. (41)  
    Por otra parte, cuando en 1949 Getulio Vargas apareció nuevamente en el horizonte político de su país como candidato a la presidencia, muchos brasileños objetaron sus contactos con Perón, a través del presidente del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), senador Salgado Filho, y del periodista y embajador en Buenos Aires, Batista Luzardo. Perón ofreció todo su apoyo al partido de Vargas. No obstante, debido a la oposición que el régimen de Perón despertaba en el Parlamento, la diplomacia, la prensa y la opinión pública brasileños, el presidente Vargas no pudo concretar  sus planes de acercamiento a la Argentina. (42)  
    La prensa brasileña presentaba al régimen argentino como potencialmente agresivo respecto de Brasil. Se mencionaban especialmente su armamentismo, su expansionismo e imperialismo, su doctrina y los rasgos autoritarios del presidente Perón. Los principales diarios brasileños como O Globo, Correio da Manha, O Jornal, Diario de Noticias, Jornal do Brasil, Diario Carioca y los pertenecientes a la cadena de Diarios Asociados compartían la posición mencionada. Sólo el diario oficialista de izquierda, Ultima Hora, y O Mundo mostraban una postura proargentina. En marzo de 1949, a la campaña en contra del gobierno peronista se sumaba el Jornal do Comercio, anunciando la gravedad de la situación económica argentina. Ante el decreto del gobierno argentino sobre la distribución del papel de diario, el periodismo brasileño salió en defensa de los diarios argentinos La Nación y La Prensa. (43)  
    La política exterior del segundo gobierno de Vargas (1951-1954) tendría como objetivo recuperar la capacidad de negociación de Brasil frente a Estados Unidos, lo cual sería un obstáculo para el acercamiento con la Argentina. Brasil podía negociar el suministro de materiales estratégicos, la colaboración de tropas brasileñas en la guerra de Corea, y el incondicional apoyo a Estados Unidos en la Guerra Fría. A cambio buscaba el apoyo del gobierno norteamericano para las obras de infraestructura requeridas para sus industrias. Aunque este plan limitara la inclusión de Brasil en la construcción de un bloque latinoamericano, ya fuera político o económico, Vargas trató de evitar que su participación en un proyecto regional de ese tipo fuera descartada por completo. (44) 
    La buena relación que Vargas parecía desear mantener con la Argentina se vio obstaculizada por la posición contraria a un entendimiento con Perón de su canciller Joao Neves de Fontoura. Neves prestó mucha atención a las amenazas que en el plano internacional podía provocar la política exterior de la Argentina. Así, en 1950 fue percibido con cierto recelo el propósito de Perón de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Tanto los informes del embajador brasileño en Washington como los del propio canciller en ocasión de la Cuarta Reunión de Consulta revelaban que  la relación conflictiva de la Argentina con Estados Unidos resultaba funcional a los objetivos de Brasil. La preocupación brasileña se acrecentó cuando el nuevo gobierno republicano de Eisenhower demostró que tenía intenciones de mejorar la relación con la Argentina. Sin embargo, para el embajador brasileño en Buenos Aires, Batista Luzardo, una buena relación con la Argentina no necesariamente representaría un obstáculo en los vínculos con Estados Unidos. A su vez, las relaciones de Brasil con Estados Unidos también preocupaban al gobierno argentino, el cual siempre trató de neutralizar las demostraciones más claras del alineamiento brasileño. (45)  
    Las negociaciones para el acuerdo militar brasileño-norteamericano de 1952 provocaron tensiones en la relación de la Argentina con Brasil. Como este acuerdo y los del gobierno norteamericano con Uruguay y Chile dejaban a la Argentina bastante aislada, el gobierno argentino comenzó a presionar a Vargas para la firma de un convenio militar. El gobierno brasileño señaló que cualquier tratativa debía respetar la posición militar-estratégica establecida en las conferencias interamericanas  desde 1947. Incluso, Góes Monteiro, jefe del Estado Mayor, puso la condición de que el eventual pacto fuera aprobado por las autoridades militares norteamericanas. Pero estas negociaciones finalmente no prosperaron. El principal opositor a una alianza con la Argentina fue el canciller Neves. Por cierto, el gobierno argentino advirtió que las presiones internas impedían a Vargas alcanzar un deseado entendimiento con la Argentina. Según el embajador argentino en Brasil, Juan I. Cooke, a un canciller enemigo de la Argentina se sumaban las opiniones vertidas en el Parlamento y en la prensa en contra de un acercamiento con la Argentina que ejercían gran influencia en las decisiones del presidente. Perón sostuvo que ésta era además la razón para el rechazo de Vargas a su proyecto de constitución del ABC. (46) 
    El viaje de Perón a Chile, en febrero de 1953, y su objetivo de firmar un tratado de unión económica argentino-chilena produjo una gran conmoción en Brasil. La intención de Perón fue interpretada como similar a la política de Hitler hacia Austria, y como expresión del expansionismo peronista. Se celebraba que el tratado no hubiera podido ser concretado, señalándose que de ser aceptado, Chile no tendría posibilidad de independencia económica, y resignaría su industrialización para consolidar la de su vecina. Si bien, como consecuencia del viaje de Milton Eisenhower en 1953, la campaña periodística en contra de la Argentina se moderó un poco, el embajador argentino continuó informando de publicaciones antiargentinas prácticamente hasta el final del gobierno de Perón. (47)  
    Como se dijo, el presidente argentino generó una fuerte oposición en el Congreso brasileño. En esto hay una gran similitud con Chile, en época del presidente González Videla. Las críticas sostenían que la Argentina representaba una amenaza por su expansionismo y armamentismo. Tanto los tratados firmados entre ambos países, como el intervencionismo argentino en la región, la infiltración ideológica en el interior del país, y la política de uniones económicas eran factores considerados  perjudiciales para Brasil. En especial la propaganda peronista que llegaba a Brasil -calificada como subversiva- causó honda preocupación. Al producirse la firma del Acta de Santiago, el senador Hamilton Nogueira llamó la atención sobre el “imperialismo argentino”, que apuntaba a convertir a la Argentina en el país más fuerte de la región, y al cual los brasileños no tomaban debidamente en cuenta. Se percibía que al contrario de lo que sucedía con Brasil, la Argentina había expandido su zona de influencia a Bolivia, Paraguay y Chile. Sobre todo en el último, Perón había logrado un gran triunfo con la elección de su amigo Ibáñez, que reemplazaba a un presidente probrasileño. (48) 
    Los actos del gobierno argentino activaron también los mecanismos de recelo tradicionales en la diplomacia brasileña, generando una profunda desconfianza, que hizo prácticamente imposible un acercamiento con la Argentina. Las iniciativas de Itamaraty se dirigieron contra cualquier intento de  formar bloques regionales. Como una forma de neutralizar el encuentro de Perón con Ibáñez y lograr apoyo regional frente a los problemas con Ecuador y Bolivia, el gobierno peruano había sugerido una visita del presidente Manuel Odría a Brasil. Perú mantenía en ese momento un alineamiento incondicional con Estados Unidos, oponiéndose como consecuencia a la formación de un bloque regional encabezado por la Argentina. El canciller Neves había aceptado la sugerencia peruana. No obstante, cuando Odría llegó a Brasil en septiembre de 1953, Neves ya no estaba en su cargo y el gobierno brasileño estaba intentando mejorar sus relaciones con la Argentina, por lo cual la visita no fue demasiado fructífera. La extensión del ferrocarril brasileño a la zona fronteriza con Bolivia y Paraguay, y el aumento de los vínculos con Venezuela, Colombia y Chile fueron otras formas del gobierno brasileño de contrarrestar la fuerte presencia regional argentina. (49)  
    Las tensiones internas brasileñas se agudizaron luego del discurso de Perón en la Escuela Superior de Guerra argentina, que tuvo lugar en noviembre de 1953 y revistió carácter secreto. El presidente argentino afirmó que la cancillería brasileña constituía el principal obstáculo a una alianza con Vargas, debido al “sueño de hegemonía” que albergaban sus funcionarios. También señaló que los motivos que impedían al gobierno brasileño participar del ABC se relacionaban más con cuestiones de política interna que con la voluntad del presidente Vargas. Cuando el discurso de Perón fue conocido en Brasil a principios de 1954, hubo una gran reacción en la prensa y en el Congreso.  En el último se reveló un fuerte ánimo de confrontación con la Argentina. La eventualidad de que Vargas estuviera considerando algún tipo de alianza con Perón fue calificada como traición. (50)  
    No obstante, la asunción del nuevo canciller Vicente Rao en junio de 1953 había provocado en el embajador Cooke la inmediata percepción de que las relaciones bilaterales habían mejorado.  Asimismo, el nuevo embajador en Buenos Aires, Orlando Leite Ribeiro, trataba de encontrar soluciones pragmáticas a los problemas. Leite Ribeiro aconsejaba un acercamiento con la Argentina, pero manteniendo una actitud alerta frente al “esfuerzo de penetración económica argentina en el Continente”. El embajador proponía, no sin cierta ambigüedad, la ejecución de varias políticas. En primer lugar, aconsejaba aceptar el principio de la integración económica continental, pero sin politizarlo y retardando su implementación. En segundo término, postulaba prepararse activamente para constituir en poco tiempo el centro de un bloque económico. Para esto era necesario un esfuerzo mayor en favor de la industrialización; además del desarrollo de las comunicaciones a través del Amazonas, de la red ferroviaria Santos-Santa Cruz (denominado nexo mineral), y de la red mixta del ferrocarril y del transporte público y carreteras Santos-Ponta y Pora-Concepción (llamado nexo agrario). (51) 
    Las diferentes posiciones en materia de política exterior quedaron evidenciadas en la Décima Conferencia Interamericana realizada en Caracas en marzo de 1954. En ella, la Argentina apoyó al gobierno guatemalteco, y Brasil al gobierno norteamericano, que buscaba legitimar con el apoyo regional su intervención en Guatemala. Respecto de la cuestión de las colonias y territorios, el gobierno brasileño había dado algunas señales de que apoyaría la posición argentina. Finalmente, Brasil se atuvo a su posición primitiva consistente en que el asunto debía tratarse en la ONU. Lo paradójico fue que la conferencia aprobó respecto de la cuestión dos declaraciones -una brasileña y otra argentina- con sentidos prácticamente opuestos, que obviamente no clarificaron la situación de territorios como las Islas Malvinas, Belice y las Guayanas. (52)  
    El acuerdo comercial argentino-brasileño firmado a comienzos de 1953 también provocó reacciones en Brasil. En dicho convenio se estipulaba que la Argentina vendería a Brasil 1.500.000 toneladas de trigo, lo cual constituía 80% de la importación brasileña de ese cereal. Por su parte, Brasil exportaría a la Argentina madera, café, acero, cacao, banana y ananá. Para los brasileños el tratado evitaba el desembolso de dólares, en tanto que para los argentinos significaba un paso adelante en la buscada integración económica. No obstante, el convenio recibió severas críticas en Brasil, arguyendo algunos que este país pasaría a tener déficit en su balanza de pagos con la Argentina, y que el productor brasileño quedaba desprotegido frente al precio del trigo argentino. Sin embargo, el superávit comercial conseguido por la Argentina se mantuvo sólo en 1953, pasando al año siguiente a una situación de equilibrio y nuevamente al déficit en 1955. (53)  
    Por otra parte, la política de uniones económicas reactualizada por Perón en 1953 -que había comenzado a plasmarse con la firma del Acta de Santiago en febrero y del convenio de Unión Económica Chileno-Argentina en julio de ese año- produjo además la firma de actas de cooperación económica con algunos otros países. En octubre de dicho año, en ocasión de la visita de Perón a Paraguay, se firmó un convenio de Unión Económica, resultando así Paraguay el primer país del hemisferio que aceptaba la invitación propuesta por el Acta de Santiago. El presidente Federico Chaves señaló que consideraba necesaria una política de cooperación y coordinación económica, aunque advirtió que los convenios regionales de índole económica no eran excluyentes.  A su vez, Perón aprovechó la ocasión para responder a las críticas que se hacían a su gobierno. En un discurso pronunciado en el palacio de gobierno, el presidente argentino expresó lo siguiente: 

Se ha dicho que nosotros queríamos reconstituir el Virreinato del Río de la Plata, algo así como dar marcha atrás a la historia, que ha corrido sobre siglos en nuestra América.
Se ha dicho también que la República Argentina ha querido sacar de sus fronteras el Justicialismo para imponerlo a otros países. Nosotros no nos hemos empeñado jamás en una acción tal para proselitismo justicialista. Nosotros hemos lanzado la idea y puesto en marcha una doctrina, y no tenemos la culpa si idea y doctrina han trascendido las fronteras.
Se ha dicho también, que nuestro movimiento iba detrás de hegemonías; nosotros no pretendemos en el orden político absolutamente ninguna hegemonía. Reclamamos, sí, la hegemonía que dan el buen procedimiento y la buena fe; no la hegemonía que pueden dar la insidia y la calumnia, que si es vil para los hombres es inaceptable para los pueblos. (54)

Perón afirmó que también se había acusado a los argentinos de ser perturbadores de la confraternidad panamericana. A ello respondía que aquéllos nunca habían dejado de ser americanos, habiéndose establecido buenas relaciones con todos los países de América. A su regreso a Buenos Aires, Perón presentó al pueblo reunido en la Plaza de Mayo, el 17 de octubre, el Decálogo de la confraternidad argentino-paraguaya -igual a uno anterior preparado para el caso chileno-, proponiéndolo al pueblo argentino “como principio para la unión definitiva y eterna entre los paraguayos y los argentinos”. (55) Poco después, en diciembre, los cancilleres de Ecuador y la Argentina firmaron en Quito un Acta de unión económica, que también declaraba su adhesión al acta firmada en Chile. Por último, Bolivia comunicó su solidaridad en septiembre de 1954. No obstante sus esfuerzos, Perón no logró la incorporación de Brasil, Perú y Uruguay. (56) 
    Puede advertirse por cierto que la política de establecer un liderazgo regional por parte del gobierno de Perón no tuvo éxito. A pesar de haber firmado un tratado comercial con la Argentina a fines de 1946, el gobierno chileno no pudo lograr el consenso para su ratificación, debido a la fuerte desconfianza interna que generaba el gobierno argentino. La sospecha de haber apoyado golpes militares en países vecinos y de tener alguna vinculación con complots para derrocar al gobierno chileno, sumada a los rasgos inquietantes del gobierno argentino como su carácter autoritario, su armamentismo, la exportación de una propaganda -que fue calificada de subversiva e intervencionista tanto en Chile como en Brasil-, condujo a que la política peronista de integración económica conllevara el estigma del expansionismo y de la búsqueda de hegemonía. Esta política demostraba además una flagrante contradicción con la propia prédica del presidente Perón en cuanto a lo que debía ser una correcta política exterior. Para colmo era claramente antinorteamericana y, por ende, muy resistida por Washington, lo cual ponía en situación complicada a aquellos países que intentaran apoyarla. (57)
   
Uruguay, por su parte, llevó a cabo durante la guerra una política cooperativa con Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1943, dos días después de conocerse el golpe de estado en Bolivia que destituyó al presidente Peñaranda y que había recibido apoyo del gobierno argentino, el vicepresidente uruguayo Alberto Guani, presidente del Comité de Defensa Política, establecido por la Conferencia de Río y con sede en Montevideo, proclamó que cualquier gobierno impuesto por la fuerza, en el curso de la guerra, no debía ser reconocido hasta que los demás estados americanos hubieran realizado consultas para constatar si estaba decidido a observar sus compromisos interamericanos, y si había sido gestado en el propio país. La doctrina Guani fue puesta a consideración de todos los países americanos con excepción de Bolivia y la Argentina. El secretario de Estado Hull aceptó la declaración de Guani y anunció que su gobierno tenía evidencia de que la revolución boliviana había tenido inspiración foránea. Como consecuencia, en enero de 1944 el presidente Roosevelt ordenaba embarques de armas para Brasil y enviaba la flota del Atlántico sur a realizar una visita a Montevideo. (58)  
    Apenas terminada la guerra, en noviembre de 1945, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Eduardo Rodríguez Larreta, propuso a los demás países americanos la adopción de una política colectiva contra cualquier miembro del sistema interamericano que llevara a cabo violaciones a los derechos humanos y que no observara sus compromisos internacionales. Rodríguez Larreta sostenía la interdependencia de la paz y la democracia, y afirmaba que la sola presencia de un gobierno antidemocrático en el continente constituía un peligro para el resto de los miembros del sistema interamericano. La nota del canciller uruguayo en realidad estaba dirigida contra el gobierno argentino, pero hubo sospechas de que estuviera inspirada por Estados Unidos. El secretario de Estado James Byrnes adhirió inmediatamente a la misma. Por el contrario, los países latinoamericanos rechazaron la doctrina de Rodríguez Larreta, incluso aquéllos que compartían con el Uruguay su aversión por el régimen argentino. El motivo fue el temor a que la acción colectiva pudiera implicar la intervención de Estados Unidos con el apoyo de otros países, el cual habría sido fácilmente obtenible por medios coercitivos. (59) 
    Las relaciones del gobierno de Perón con el Uruguay fueron difíciles debido a que numerosos opositores al régimen argentino se exiliaron en este país. Además, los diarios uruguayos publicaban duras críticas al gobierno argentino, y las emisoras de radio daban espacio a los opositores al peronismo para llevar a cabo su prédica. En épocas en que los disidentes argentinos eran duramente perseguidos, la ciudad de Montevideo aparecía como un baluarte en la lucha por la libertad. (60)  
    Al considerar la política regional de Perón, no se puede dejar de mencionar otro instrumento utilizado por el presidente argentino para propagar su doctrina en América latina. Este fue la designación de un cuerpo de agregados obreros a las embajadas, especialmente entrenados para el caso. Estos attachés trataron de expandir las ideas peronistas a través del contacto personal con líderes sindicales, y por medio de la prensa y la radio. Fueron también la fuente para la realización de viajes gratis a la Argentina para personas que tuvieran simpatía por el régimen argentino y estuvieran dispuestas a recibir adoctrinamiento en Buenos Aires. En algunos casos fueron motivo de conflicto con las autoridades del país en que se hallaban trabajando. Por ejemplo, un telegrama del embajador argentino en Chile, de diciembre de 1948, informaba de la actitud de los dos agregados obreros que habían aceptado un homenaje de entidades obreras contrarias al gobierno de González Videla, hecho que podía dar lugar a una nueva fricción con el gobierno chileno. El embajador consideró estas actividades altamente impolíticas y solicitó el alejamiento urgente de uno de ellos, recibiendo al día siguiente la orden de disponer su inmediato regreso. (61)  
    Otro paso relevante en la política hemisférica de Perón fue la creación de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), en febrero de 1952. Junto con la CGT, el cuerpo de agregados obreros y otras actividades desarrolladas por la cancillería, ATLAS formaba parte de un mecanismo apuntado a convencer a los segmentos obreros de otros países de las ventajas del sistema argentino. También lo era de un esfuerzo propagandístico mayor que incluía a Agencia Latina, al Servicio Internacional Radiofónico Argentino (SIRA), y otros grupos que colaboraban en hacer conocer los logros argentinos a través de los medios de comunicación. En última instancia, era parte de la política exterior peronista. (62)  
    ATLAS intentó constituir asimismo una de las tantas organizaciones que, a través del tiempo, trataron de unificar a los trabajadores latinoamericanos. Pregonaba su derecho al liderazgo en virtud de su composición y orientación puramente latinoamericanas, y a que no estaba influida por fuerzas cuyos intereses fueran otros que los de los trabajadores de América latina. Estas características, según los miembros de ATLAS, la distinguían de ORIT -que tenía fuertes conexiones con grupos sindicales norteamericanos- y de la comunista Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), dirigida por Lombardo Toledano, de México. En realidad, el sindicalismo norteamericano consideraba que Perón no era un gobernante democrático, que el trabajo organizado en la Argentina estaba bajo la tutela del gobierno y que ni las libertades sindicales ni los derechos cívicos existían en ese país. Por estas razones, la presión de los sindicatos norteamericanos había impedido la afiliación argentina a la ORIT y a su antecesora, la CIT, establecida en Lima en 1948. El gobierno argentino se defendió, señalando que tanto la CIT como la ORIT eran instrumentos del imperialismo de Wall Street. (63)  
    En opinión de Deiner, los logros de ATLAS fueron mínimos. Consiguió cierta influencia en los movimientos obreros de varios países, especialmente Colombia, Chile y Uruguay, pero dicha influencia fue transitoria. No tuvo éxito tampoco en unificar el movimiento sindical latinoamericano, pues en ningún país logró que se afiliara a ATLAS el movimiento sindical nacional en bloque. Una de las razones de sus pocos frutos fue justamente su estrecha asociación con la Argentina peronista. Era evidente que ATLAS no era una organización sindical independiente y Perón tenía muchos opositores a lo largo del continente. Por otro lado, la excesiva politización de ATLAS hizo que muchas organizaciones sindicales se negaran a asociarse con ella. Además ATLAS era completamente dependiente de la financiación por parte de la Argentina. A medida que el régimen peronista comenzó a tener dificultades financieras y su postura antinorteamericana comenzó a menguar luego de la visita de Milton Eisenhower en julio de 1953, los fondos para ATLAS comenzaron a reducirse. Por último, ATLAS no consiguió ejercer influencia para evitar la caída de Perón; por el contrario la organización declinó casi completamente luego del derrocamiento del presidente argentino. (64)

  1. C. Escudé, Gran Bretaña..., op. cit., pp. 41, 62, 106, 138, 109 y 147.

  2. C. Escudé, “Crónicas de la Tercera Posición...”, op. cit., especialmente el acápite “La Argentina, país potencialmente agresivo”, p. 14.

  3. 711.35/1-548, RG 59, DOS, NA, “Comments on our Relations with Argentina”, cit. en ibid., p. 17.

  4. 735.00/4-650, 735.00/4-2150, 615.35/4-2750, RG 59, DOS, NA, cit. en ibid., p. 18.

  5. Harold Peterson, La Argentina y los Estados Unidos, 1810-1960, Buenos Aires, Eudeba, 1970, pp. 536-538. Véase también Arthur P. Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, Proceso, 1956, pp. 254-255, y J.A.Tulchin, op. cit., pp. 216-217. Juan Archibaldo Lanús hace una interpretación radicalmente distinta del objetivo de la política exterior peronista, señalando el propósito de construir un ámbito de solidaridad en América latina, que desterrara la competencia y la lucha ideológica, y reemplazara la política de poder por la de colaboración. Esto parece haber sido parte de la retórica del peronismo, pero muchas de las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Perón en Chile, durante la presidencia de González Videla, no se condijeron con aquélla. Cfr. J. A. Lanús, op. cit., tomo I, pp. 45-46.

  6. Leonor Machinandiarena de Devoto, La influencia del justicialismo en Chile, 1946-1952, tesis de doctorado, Departamento de Historia, UBA, 1995. Véase también Mónica Quijada, “El proyecto peronista de creación de un Zollverein sudamericano, 1946-1955”, Ciclos, Año IV, Vol. IV, Nº6, 1er. semestre de 1994.

  7. J.A. Tulchin, op. cit., pp. 216-217; 711.35/1-548, RG 59, DOS, NA, cit. en C. Escudé, “Crónicas de la Tercera Posición...”, op. cit., p. 17; Cristián Buchrucker, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987, p. 313; Stanley Hilton, “Las relaciones argentino-brasileñas: el punto de vista del Brasil”, en Carlos J. Moneta et al., Geopolítica y política de poder en el Atlántico sur, Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 28; J.A. Lanús, op. cit., tomo I, pp. 47 y 46.

  8. Véase Alejandro Magnet, Nuestros vecinos justicialistas, 7 ed., Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1954, p. 33; Ginna Maggi, Patria y traición, 3 ed., Buenos Aires, Gure, 1957, pp. 22-23; A. P. Whitaker, op. cit., p. 140; Arthur P. Whitaker, The United States and the Southern Cone, Cambridge, Harvard University Press, 1976, p. 177.

  9. Rufino Laspiur al ministro Ameghino, 8 de junio de 1945, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (AMREC), 1945, Chile, caja 6, exp. 13.

  10. Güiraldes al ministro Ameghino, 28 de agosto de 1945, AMREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 1; El Mercurio, 23 de agosto y 12 de septiembre de 1945; La Nación, 12 de septiembre de 1945; El Comercio, 30 de septiembre de 1945. El general Arnaldo Carrasco fue designado oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino en septiembre de 1945. El embajador Güiraldes comunicó que Carrasco era partidario de “continuar e intensificar una política de unión entre Chile y la Argentina”, y lo caracterizó como recto y honrado, independiente de todo interés político y depositario de gran concepto como profesional. Güiraldes al ministro Cooke, 3 de octubre de 1945, AMREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.

  11. Amuchástegui a Castro Gache, 21 de marzo de 1945, AMREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 7; La Prensa, 27 de marzo de 1945.

  12. Agregado militar teniente general Julio A. Lagos al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Santiago, 23 de noviembre de 1944; memorándum de Juan C. Massa, Dirección de Información al Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 8 de marzo de 1945; memorándum del consejero de embajada Carlos A. Pardo, a cargo de la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de marzo de 1945, AMREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.

  13. Memorándum “Relaciones económicas con Chile”, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).

  14. Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946, AMREC, Chile, caja 10, exp. 52(3); ibid., 23 de enero de 1947 y 13 de marzo de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3) y (4); 825.00/2-2657, informe político 144, RG 59, DOS, NA; Dardalla a Ezcurra Medrano, 6 de mayo de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3); Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946, AMREC, 1946, caja 10, exp. 52(1); ibid., 6 de marzo de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5); 825.00/4-1747, informe político 150, RG 59, DOS, NA; Bassi al ministro de Guerra, mayo de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 53(3); A. Magnet, op. cit., pp. 156-159; 825.00/4-347, memorándum de conversación, Braden, Dreier, Horowitz, Hall, Ibáñez y Romualdi, RG 59, DOS, NA; 711.35/1-548, Ray al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA; Memorándum “Alcance y aplicabilidad del convenio suscripto con Chile...”, y López Muñiz al ministro Anadón, septiembre de 1948, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5); nota de Perón al Congreso de la Nación, 11 de marzo de 1947, y Valenti al ministro Bramuglia, 18 de diciembre de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3); 825.00/1-848, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA.

  15. El Imparcial, 9 de diciembre de 1948; Ivanissevich al ministro Bramuglia, 6 de enero de 1947, AMREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(4).

  16. L.M. de Devoto, op. cit., pp. 24-52.

  17. Malthus Hoyos a Valenti, 9 de febrero de 1948, AMREC, 1947, Chile, Caja 4, exp. 2, anexo 1; y memorándum “El conflicto minero”, AMREC, 1947, Chile, Caja 4, exp. 1. También 825.00/8-2147, Bowers al secretario de Estado; 825.00/7-1648, Bowers al secretario de Estado; 825.00/10-3147, documento adjunto al Nº 1; 825.00/9-247, aerograma de Bowers al secretario de Estado; y 825.00/3-448, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA.

  18. 825.00/3-1848, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA; López Muñiz al ministro Anadón, 11 y 15 de abril de 1948, MREC, 1948, Chile, Caja 5, exp. 1; 825.00/9-2948, memorándum de Davis para el archivo, RG 59, DOS, NA. Para el Partido Conservador: 825.00/3-2548, 825.00/4-3048, 825.00/5-2848, 825.00/6-2348, 825.00/7-1348 y 825.00/8-548, todos Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA. Para el partido Socialista: 825.00/1-2648 y  825.00/2-1348, Trueblood al secretario de Estado; y 825.00/3-848, 825.00/5-1148, 825.00/5-1148 (documento anexo al nº 2), 825.00/6-1748, y 825.00/7-1648, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA. Además, véase: Memoria anual de la embajada argentina en Chile, AMREC, 1948, Chile, Caja 7, exp. 5; 825.00/9-1548, embajada norteamericana en Santiago para la atención de OII, y 825.00/9-2948, memorándum de Davis para el archivo; 825.00/5-1148 y 825.00/7-2748, Bowers al secretario de Estado, documento adjunto Nº 1, despacho 499, RG 59, DOS, NA; López Muñiz al ministro Anadón, 11 de abril de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 5, exp. 1; López Muñiz al ministro Bramuglia, 21 de junio de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 64, expediente "Representaciones argentinas en América".

  19. FW 825.00/9-1248, memorándum "Conexiones argentinas de personas implicadas en reciente complot revolucionario en Chile, 16 de noviembre de 1948; 825.00/10-148, aerograma de la embajada norteamericana en Chile al secretario de Estado; 825.00/10-2848, aerograma de la embajada norteamericana en Chile al secretario de Estado; 825.00/10-2848, aerograma de Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA. López Muñiz al ministro Anadón, 21 de septiembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 7, exp. 5; López Muñiz al ministro Sosa Molina, 3 de noviembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte.

  20. 825.00/11-848, embajada en Santiago al secretario de Estado; 825.00/11-848, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 8 de noviembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; Comunicado de la embajada argentina firmado por López Muñiz, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; La Prensa, 10 y 20 de noviembre de 1948; Ercilla, 9 de noviembre de 1948.

  21. La prédica de los diplomáticos argentinos en favor del establecimiento de gobiernos militares y la incentivación a militares chilenos para que siguieran esa vía fue denunciada por el general de carabineros Manuel Alvear Figueroa y por el general del ejército Teófilo Gómez Vera. Informe del fiscal militar Nogués Larraín, 29 de noviembre de 1948, AMREC, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 2a. parte; telegrama del subsecretario político a la embajada en Santiago, 3 de diciembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; informe del director general de Investigaciones, publicado en El Imparcial, Santiago, 9 de diciembre de 1948; La Nación, 11 de diciembre de 1948; nota de Riesco a López Muñiz, 7 de diciembre de 1948, y López Muñiz al ministro Sosa Molina, 11 de diciembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; López Muñiz al ministro Sosa Molina, 14 de diciembre de 1948, y nota de Riesco a López Muñiz, 13 de diciembre de 1948, AMREC, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; telegrama de López Muñiz al ministro, 23 de diciembre de 1948, AMREC, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; López Muñiz al ministro Bramuglia, 24 de enero de 1949, AMREC, Chile. Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte. La Nación, 17 y 22 de diciembre de 1948. Finalmente, 825.00/11-3048, Bowers al secretario de Estado y 825.00/12-1748, memorándum de Mills a Woodward, Rg 59, DOS, NA. 

  22. López Muñiz al ministro Bramuglia, 21 de junio de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 64, expediente "Representaciones argentinas en América"; López Muñiz al ministro Sosa Molina, 15 de noviembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, Caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte; Las Noticias Gráficas, 23 de noviembre de 1948; El Mercurio, 26 de noviembre de 1948; La Epoca, 2 de diciembre de 1948; Democracia, 18 de noviembre y 2 de diciembre de 1948; El Mundo, 2 y 9 de diciembre de 1948; Crítica, 30 de noviembre de 1948; Clarín, 20 de noviembre de 1948.

  23. 825.00/3-1549, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA, y López Muñiz al ministro Bramuglia, 10 de marzo de 1949, AMREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1ª parte; La Prensa, 30 y 31 de marzo de 1949; 825.00/3-3049, telegrama de Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA..

  24. López Muñiz al ministro Bramuglia, 3 de junio de 1949, AMREC, 1949, caja 12, exp. 1, 1ª parte. 

  25. 825.00/4-549, 825.00/7-849, 825.00/8-1849, Bowers al secretario de Estado, RG 59, DOS, NA.  López Muñiz al ministro Paz, 18 de agosto de 1949, AMREC, 1949, Chile, Caja 12, exp. 1, 2ª parte; La Prensa, 20, 21 y 22 de agosto de 1949.

  26. La Prensa, 21, 23 y 24 de agosto de 1949, y La Nación, 24 de agosto de 1949. Un ejemplo elocuente de la actitud de algunos diarios fue El Laborista (18 al 25 de agosto de 1949), que comenzó publicando información de agencias pero luego, bajo el rótulo de "especial" y con títulos a página entera, señaló la condición de "dictador" del presidente chileno, su mala política, la inminencia de una guerra civil, etc. Similares acusaciones se lanzaron contra Perón desde Santiago, donde se hablaba de la “conspiración permanente” que desde la Argentina se tramaba contra Chile, y del carácter antidemocrático del régimen argentino. Ver La Nación de Santiago, 29 de agosto de 1949.

  27. López Muñiz al ministro Bramuglia, 2 de agosto de 1949, AMREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1ª parte. La percepción de la Argentina como peligrosa desde el punto de vista militar también había sido señalada por el canciller Riesco al embajador norteamericano a fines del año anterior. 825.00/11-1548, telegrama de Bowers al secretario de Estado. Asimismo, fue mencionada por Alejandro Magnet en su libro publicado pocos años después. A. Magnet, op. cit., pp. 173-187.

  28. Chile, Cámara de Diputados, Boletín de sesiones ordinarias, sesión 28a. ordinaria en martes 30 de agosto de 1949, pp. 978-981 y 988. Arturo Alessandri Palma refutó las afirmaciones de Allende. Ibid., p. 988. Alain Rouquié -historiador que ha tratado las cuestiones militares argentinas- considera que el gobierno de Perón entró en una carrera armamentista en 1946, debido a la coyuntura económica internacional y a su situación diplomática. Señala que, entre 1945 y 1946, las inversiones en defensa nacional llegaron al 50,7% del total de inversiones del Estado no directamente productivas. Si bien este autor reconoce que los gastos militares decrecieron entre 1946 y 1951, no obstante sostiene que semejante nivel de gastos militares -no justificables por la guerra- no tiene precedentes en la historia argentina. En la inmediata posguerra, el promedio de gastos militares se ubicó en un 30,7%, contra un 18,2% en promedio para los años anteriores a la guerra. Además en el quinquenio 1950-1954 la participación de los gastos de defensa en el PBI argentino fue superior al 3% (contra un 2% en promedio para toda Sudamérica); en ese período la Argentina encabezaba la clasificación de los países latinoamericanos. También señala este autor la amplia participación directa de los militares en el poder y la preponderancia de las consideraciones militares en la toma de decisiones. Asimismo el esfuerzo de industrialización parecía vincularse tan estrechamente con las necesidades de defensa y con las preocupaciones de los militares que un opositor radical denunció que los objetivos económicos del Primer Plan Quinquenal (1947-1951) apuntaban a “transformar un país civil y pacífico en una nación en armas”. Véase Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, tomo II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1987, pp. 75-83; también véase R.A. Potash, op. cit., p. 17.

  29. López Muñiz al ministro Paz, 16 de septiembre de 1949, AMREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.

  30. 725.00/4-651, carta de Bowers a Miller, 27 de marzo de 1951, y 725.00/11-1650, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado, RG 59, DOS, NA; Crítica, 14 de noviembre de 1950. 

  31. A. Magnet, op. cit., pp. 161-163. También 725.00/8-2951, Hall al Departamento de Estado; 725.00/9-2851, embajada en Santiago al Departamento de Estado, 29 de septiembre de 1951, y 725.00/3-2652, embajada en Santiago al Departamento de Estado, RG 59, DOS, NA.

  32. 725.00/7-2852 y 725.00/7-3152, embajada en Santiago al Departamento de Estado, RG 59, DOS, NA. También La Nación de Santiago, 26 de julio de 1952, El Diario Ilustrado y El Mercurio, 27 de julio de 1952. El concepto de “bombardeo propagandístico” pertenece a Stanley Hoffmann. Véase S. Hoffmann, Jano y Minerva, Buenos Aires, GEL, 1991, pp. 177-190.

  33. 725.00/9-952, embajada en Santiago al Departamento de Estado; 725.00/9-1052, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado; 725.00/9-1152, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado; 725.00/9-1252, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado; 725.00/9-1552, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado, RG 59, DOS, NA; La Prensa, 7 de septiembre de 1952.

  34. “Los anhelos de dos pueblos hermanos en la palabra de Perón e Ibáñez”, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1953; “Dos pueblos unidos señalan el rumbo de América latina”, Buenos Aires, 1953, p. 4. Uno de los acápites de este folleto se titulaba: “La oposición imperialista y colonialista al acuerdo”. Ibid., p. 12. Véase también A.P. Whitaker, The United States and the Southern Cone, op. cit., p. 393.

  35. “Mensaje a los pueblos de América de los presidentes Perón e Ibáñez”, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1953, pp. 23-29; y “Bienvenido, mi General, a esta tierra de hombres libres que han abatido todos los yugos que pudieran ceñirse sobre la cerviz de los pueblos”, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1953; también A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., p. 190.

  36. Véase Samuel Amaral y William Ratliff (comp.), Juan Domingo Perón: Cartas del Exilio, Buenos Aires, Legasa, 1991; Samuel Amaral, “Feminismo y peronismo en Chile: Ascenso y caída de María de la Cruz”, Todo es Historia, Nº 321, abril de 1994, pp. 78-91. Véase también D.W. Bray, “Peronism in Chile”, Hispanic American Historical Review, febrero de 1976, p. 41.

  37. Ibid., p. 42. Bray atribuye erróneamente esta carta al exilio venezolano de Perón. En realidad, fue escrita desde Colón, Panamá, y fechada el 21 de mayo de 1956. Véase S. Amaral y W. Ratliff (comps.), op. cit., p. 121.

  38. D.W. Bray, op. cit., p. 44.

  39. Ibid., pp. 45-46.

  40. Mónica Hirst, “Vargas y Perón. Las relaciones argentino-brasileñas”, Todo es Historia, Nº 224, diciembre de 1985, pp. 10-12. La cita pertenece al Correo da Manha, 8 de agosto de 1947.

  41. M. Hirst, op. cit., p. 12.

  42. Marisol Saavedra, “Peronismo y antiperonismo en Chile y Brasil”, Todo es Historia, Nº 369, abril de 1998, pp. 27-28.

  43. Juan I. Cooke a Humberto Sosa Molina, 23 de noviembre de 1948; Informe elaborado por la embajada argentina a Jerónimo Remorino, 27 de julio de 1954, AMREC, cit. en ibid., p. 28.

  44. M. Hirst, op. cit., p. 18.

  45. Ibid., pp. 18-22.

  46. Ibid., pp. 24-25.

  47. Juan I. Cooke a Juan A. Bramuglia, 12 y 31 de marzo de 1949; Juan A. Bramuglia a Juan I. Cooke, 14 de marzo de 1949; Informe elaborado por la embajada argentina a Jerónimo Remorino, 27 de julio de 1954, AMREC; A Gazeta, San Pablo, 27 de febrero de 1953, O Jornal, Río de Janeiro, 27 de julio de 1953; adjunto a la nota de Ismael J. de la Cruz Guerrero, 2 de septiembre de 1953, AMREC, cit. en M. Saavedra, op. cit., pp. 28-30.

  48. Informe para J. Remorino, op. cit.; Fernando T. Insausti a Jerónimo Remorino, 5 de diciembre de 1953, AMREC; Folha da Manha, San Pablo, 28 de febrero de 1953; Juan I. Cooke a Jerónimo Remorino, 30 de junio de 1953, AMREC, y O Globo, Río de Janeiro, 2 de septiembre de 1953; Juan I. Cooke a Jerónimo Remorino, 2 de septiembre de 1953; Juan I. Cooke, Informe “Política internacional. Conclusiones”. Brasil. 1949, AMREC, cit. en ibid., pp. 30-31. 

  49. M. Hirst, op. cit., pp. 25-26.

  50. Ibid., p. 26.

  51. Carta de Leite Ribeiro a Vargas, 15 de enero de 1954, Archivo Getulio Vargas, 54.01.05/2, cit. en ibid., p. 28.

  52. Ibid., pp. 28-32.

  53. Ibid., p. 32.

  54. República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “Expresiones de una política continental. Discursos de los presidentes Chaves y Perón”, Buenos Aires, 1953, pp. 17-18.

  55. Ibid., p. 24 y 25-27.

  56. A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 190-191.

  57. L.M. de Devoto, op. cit., pp. 178-186.

  58. A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., p. 127.

  59. G. Connell-Smith, op. cit., pp. 224-225; A. P. Whitaker, The United States and the Southern Cone..., op. cit., p. 257.

  60. J.A. Tulchin, op. cit., p. 216.

  61. J.T. Deiner, op. cit., p. 157; telegrama de López Muñiz al ministro, 22 de diciembre de 1948, AMREC, 1948, Chile, caja 7, exp. 6. 

  62. J.T. Deiner, op. cit., pp. 187-188.

  63. Ibid., pp. 188-189; 611.35/3-1953, RG 59, DOS, NA, despacho 1165, 13 de marzo de 1953, “Attitude of the US press toward the Argentine government”, p. 6, cit. en C. Escudé, “La traición a los derechos humanos...”, op. cit., p. 97.

  64. J.T. Deiner, op. cit., pp. 387-406.

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