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Capítulo 62 - Las relaciones económicas y el antiperonismo como móviles de la política exterior (1955-1958)
Introducción
El
23 de septiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi asumía la presidencia de la
república en Buenos Aires frente a una gran manifestación que celebraba la caída
del régimen peronista. Como vicepresidente sería designado el contraalmirante
Isaac Rojas. El nuevo presidente rescató el lema urquicista de “ni vencedores
ni vencidos”, para señalar que intentaría una reconciliación. La
Confederación General del Trabajo exhortó a los trabajadores a mantener la
calma y concurrir a sus trabajos. (1)
No
obstante, a la ya establecida antinomia peronismo-antiperonismo, se sumaría una
fuerte fractura en el movimiento triunfante que pondría obstáculos en la
marcha misma del proceso revolucionario. Por un lado, se encontraba el
presidente Lonardi y sus seguidores nacionalistas, quienes pretendían corregir
los excesos del régimen -desmontar su estructura autoritaria y las regulaciones
represivas- pero rescatar su obra en materia social. El presidente declaraba la
guerra a la inflación, la burocracia parasitaria y la corrupción. Se oponía
al contrato con la Standard Oil, por ser contrario al interés nacional, y
proponía solucionar los problemas con la Iglesia por medio de la firma de un
concordato. Trató también de sentar las bases de un peronismo sin Perón,
pidiendo la colaboración de los trabajadores y manteniendo la CGT y el diario La
Prensa en manos de éstos.
A
fin de implementar su política de reconciliación, Lonardi nombró a personas
de su confianza en puestos importantes. De esta manera ingresaron al gobierno
corporativistas, católicos integristas y
antiguos simpatizantes de los regímenes totalitarios. Entre los civiles
figuraron el cuñado del presidente Clemente Villada Achával, ex presidente de
la Juventud Católica de Córdoba, designado asesor de la Presidencia; Mario
Amadeo ocupó el ministerio de Relaciones Exteriores y Juan Carlos Goyeneche fue
designado secretario de Prensa. Además de estos nacionalistas, el presidente
tuvo intención de incorporar al gabinete a algunos justicialistas que le
merecieran confianza. Uno de ellos fue el ex canciller Atilio Bramuglia, en
quien se pensó para ocupar el ministerio de Trabajo, pero éste resultó
inaceptable para la oposición. No obstante, un ex funcionario de dicho
ministerio bajo el régimen anterior ocuparía el puesto.
Enfrentada
al grupo anterior se hallaba una tendencia denominada liberal, centrada
en la marina de guerra y luego fortalecida por el ejército cuando éste
reincorporara a la oficialidad separada por el gobierno peronista. La apoyaban
también los partidos políticos minoritarios y los sindicalistas
antiperonistas, todos los cuales exigían la desaparición de todo vestigio del
régimen derrocado. Esta gente no comprendía las medidas conciliadoras de
Lonardi ni aceptaba el hecho de haber llevado a cabo la revolución para que
todo quedara igual. Tanto los antiperonistas que habían sufrido la cárcel o el
exilio, como los partidos políticos tradicionales que habían sido marginados
durante los años del régimen peronista consideraban que les había llegado la
hora de actuar. Su resistencia a una “dictadura totalitaria” era la
justificación esgrimida para buscar una “desperonización” del país que,
en su opinión, era necesaria para instaurar una “verdadera democracia”. Por
estos motivos, estos grupos reclamaban el desmantelamiento de todos los resortes
del peronismo, entre ellos el partido, la CGT, los organismos económicos, los
medios de comunicación, etc.
A
su vez, el Comité Nacional del radicalismo, presidido por Arturo Frondizi, se
distanció de su participación en el golpe, declarándose a favor de una política
de conciliación y sosteniendo inclusive la conveniencia de mantener la
estructura de la CGT. Esta actitud llevaría al partido a su fractura y abriría
a Frondizi el camino a la presidencia.
Una
sorda lucha por el poder va a ir desarrollándose. Mientras el presidente el
presidente trataba de avanzar contra la corriente, las presiones que apuntaban a
sus colaboradores inmediatos sospechosos de querer establecer un estado
corporativista se profundizaron. A comienzos de octubre, el secretario de Prensa
se vio obligado a renunciar. El 24 fue prohibida el calificativo
“peronista”, se implementó en la CGT un proyecto de normalización sindical
y se arrestó a numerosos peronistas. Los
oficiales liberales de la marina no confiaban en la política del presidente, y
su jefe, el almirante Rojas, representaba la más completa intransigencia. El
ministro de Ejército, León Bengoa, quien se negaba a reincorporar masivamente
a los oficiales antiperonistas a fin de evitar que la fuerza tomara un matiz
partidario opuesto al proyecto de los nacionalistas, y pretendía restringir la
depuración del arma a sólo quienes hubieran delinquido, fue acusado de lenidad
y renunciaría el 9 de noviembre. (2)
Una
Junta Consultiva formada por los representantes de los partidos no peronistas y
presidida por Rojas, al convertirse en un apoyo a los liberales aumentaría aún
más las tensiones. El organismo tenía el propósito de rescatar los partidos
políticos, dejados de lado por Lonardi, invocando otra legitimidad para
rechazar el continuismo, es decir, la de la democracia liberal. El presidente
lamentó que en la Junta no estuvieran representadas todas las corrientes políticas
del país y recordó que el ex presidente había tenido un gran respaldo
popular, por lo cual el rechazo de todos los peronistas provocaría una grave
crisis en el país.
El
12 de noviembre los acontecimientos se desencadenaron. Lonardi separó el
ministerio del Interior y Justicia, hasta entonces ocupado por una figura de la
facción liberal, designando a un nacionalista en Interior y dio a publicidad
una proclama en que sostenía su política conciliadora. Esa noche,
representantes de las fuerzas armadas exigían al presidente la necesidad de
profundizar la revolución, la disolución del partido Peronista, la intervención
de la CGT, la formación de un consejo militar asesor y la separación de varios
funcionarios acusados de antidemocráticos. La renuncia de la Junta Consultiva
ocurrida el día anterior parecía fortalecer sin embargo a los nacionalistas.
La firme posición de Lonardi, negándose a considerar como totalitarios a todos
los que habían actuado de buena fe y a atomizar a la clase obrera provocó el
alzamiento de los liberales más extremos. El 13 se comunicaba a Lonardi que ya
no contaba con la confianza de las fuerzas armadas y, ante su negativa a
renunciar, era destituido de su cargo. Ese mismo día asumía la presidencia el
jefe del Estado Mayor, general Pedro Eugenio Aramburu.
No
obstante, los militares electores del nuevo presidente no deseaban darle carta
blanca en los asuntos de gobierno. Junto con su designación se creaba un
Consejo Militar Revolucionario que tendría intervención en la reestructuración
del gabinete. El acuerdo secreto por el cual se produjo el nombramiento fue
acompañado de una declaración de principios que luego el gobierno publicó
oficialmente, a principios de diciembre, con el título de “Directivas básicas
del gobierno revolucionario”.
Según
las “Directivas básicas”, la finalidad esencial de la Revolución había
sido derrocar al régimen de la dictadura. Debían luego suprimirse “todos los
vestigios de totalitarismo para restablecer el imperio de la moral, de la
justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia”. El gobierno tenía
intenciones de llamar a elecciones libres una vez que fuera destruido el aparato
propagandístico y represivo del estado autoritario se hubiera concluido y la
democracia pudiera expresarse. Los revolucionarios estaban convencidos que el
alto porcentaje de votos obtenido por Perón en 1951 (60%) había sido
conseguido a través del fraude, la coerción y la manipulación de la opinión.
Los miembros del gobierno asumían el compromiso de no presentarse a ningún
cargo electivo en los comicios que siguieran. El programa de gobierno incluía
en primer término enaltecer el prestigio internacional del país, adoptando una
posición democrática en materia de relaciones exteriores y dando cumplimiento
a las obligaciones contraídas. También apuntaba al desarrollo de una política
interior y de defensa nacional que asegurara el orden y la vigencia de los
derechos del hombre. Se buscaría desmantelar las estructuras totalitarias y
desintegrar el estado policial, restablecer la austeridad republicana y afianzar
la independencia del poder Judicial. Asimismo se establecería la libertad
sindical de manera que quedara asegurado el funcionamiento democrático, se
garantizaría la vigencia de la justicia social y los derechos de los
trabajadores. Por último, se reorganizaría la enseñanza con sentido
republicano y democrático, se afianzaría el federalismo y se sanearía la
economía y la estructura electoral.
(3)
Las
primeras medidas del nuevo presidente demostraron el ímpetu con que se
pretendería restaurar la democracia. La intervención de la CGT se decidió
como respuesta a la declaración de huelga general; se disolvieron las dos ramas
del peronismo; se inhabilitó para ejercer cargos políticos a todos los que
hubieran sido funcionarios del régimen anterior, a los dirigentes y
sindicalistas justicialistas; se suspendió la ley de Asociaciones
Profesionales; se resolvió seguir juicio por traición a la patria a Perón y a
los legisladores por haber sancionado y ejercido la suma del poder público, y
se estableció la prohibición de utilizar los nombres y símbolos del
peronismo. Todas estas medidas, apuntadas a barrer con expresiones de un alegado
totalitarismo, no lograron sino generar la respuesta de sus víctimas, quienes
entraron en la clandestinidad y la resistencia conspirativa.
También
en el ejército se consideró llevar a cabo una profunda depuración en el
cuerpo de oficiales y la reincorporación en masa de los militares separados de
la fuerza por Perón. Los antiperonistas extremos -denominados gorilas-
propusieron eliminar a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con el
peronismo, clasificar nuevamente a todos en virtud de los méritos por su
actitud revolucionaria y reintegrar a los opositores según la actitud asumida
durante la “tiranía”. Sin embargo, los oficiales más moderados percibieron
acertadamente que la reintegración de conspiradores conllevaría a la larga un
riesgo para la fuerza. A ello debía agregarse que la metodología para las
reincorporaciones contradecía los reglamentos y la disciplina. Todo esto
generaría graves enfrentamientos en la sociedad militar durante más de veinte
años.
(4)
La
represión generó la resistencia peronista que se inició en enero de 1956 con
sabotajes y bombas, comenzando una guerra civil latente que habría de afectar
al país por muchos años. Una conspiración, liderada por oficiales oficiales
retirados -los generales Juan J. Valle y Raúl Tanco- y que tenía sus apoyos en
unidades del ejército y en los suboficiales estalló el 9 de junio de 1956. El
gobierno reaccionó en forma brutal. Inmediatamente fue establecida la ley
marcial y, contrariamente a la tradicional indulgencia argentina en casos
semejantes, a través de un procedimiento sumario se impuso a los supuestos líderes
y complotados la pena de muerte. Se ejecutó a unos cuarenta civiles y
militares, entre ellos al general Valle, único golpista argentino al que se
aplicó dicha pena por rebelión armada. De este modo, la pena de muerte volvía
al escenario político argentino después de mucho tiempo. Las ejecuciones
parecen haber tenido el objetivo de ser ejemplificadoras para evitar la expansión
del movimiento, que se producía en un contexto de huelgas, sabotaje en las fábricas
y desobediencia cívica con la complicidad de los sindicalistas. Perón en
cartas a John W. Cooke, escritas luego de los sucesos, criticó a los
conspiradores por haber actuado a destiempo y no haber salido en su defensa.
Desde entonces la resistencia peronista se limitaría al sector obrero y a la
expresión mediante la huelga. (5)
Por
cierto, la conducción revolucionaria no guardaba una opinión unánime respecto
del camino para restablecer el orden constitucional. Algunos eran partidarios de
la prescindencia en las actividades políticas y de una salida electoral rápida;
otros sostenían la necesidad de asegurar la obra realizada por la Revolución;
y finalmente un tercer grupo consideraba que la desperonización no había
concluido y que todavía no era tiempo de entregar el poder. El tema de la
sucesión del gobierno revolucionario, que incluía cómo habría de darse la
participación de los partidos políticos, teniendo presente la proscripción
del peronismo, y la ley electoral que se aplicaría, provocó el choque de las
tendencias antes mencionadas y las consiguientes crisis, sobre todo en el ejército,
donde se produjeron diversas purgas -la más importante en noviembre de 1956. En
marzo y abril del año siguiente, los enfrentamientos del presidente con la
marina y la aeronáutica llevaron a la renuncia del contraalmirante Arturo Rial
a su cargo de subsecretario y a la del vicepresidente que fue mantenida en
secreto.
Por
otra parte, el problema de las relaciones con el peronismo afectaba a todos los
partidos políticos sin excepción, los cuales sufrieron crisis internas por la
diferente apreciación de la actitud a asumir frente a las masas peronistas. La
cuestión llegó a escindir al partido Conservador y al Radical, teniendo el
hecho en el último caso una relevancia especial para el futuro del país. El
Estatuto de los partidos políticos, hecho público en octubre de 1956, era de
carácter prescindente y autorizaba la presentación de candidaturas separadas.
Debido a la proscripción del peronismo, el eje del debate pasaría entonces por
la situación dentro de la Unión Cívica Radical. Aquí, las dos alas del
partido se enfrentarían por la forma en que debían elegirse los candidatos a
la presidencia. Según la carta orgánica partidaria, la elección debía
realizarla la convención nacional, y éste era el criterio aceptado por los
frondizistas. Sus adversarios, los partidarios de Ricardo Balbín, en cambio,
sostenían que debía hacerse por el voto directo de los afiliados. Finalmente
la Convención Nacional reunida en Tucumán, en noviembre de 1956, eligió la fórmula
Arturo Frondizi-Alejandro Gómez, rechazando además la propuesta del voto
directo. El resultado fue la escisión del partido en la Unión Cívica Radical
Intransigente, el sector frondizista, y la Unión Cívica Radical del Pueblo,
encabezada por Balbín. De esta manera, desaparecía la posibilidad de que un
radicalismo unificado pudiera servir de contrapeso al peronismo y tal vez haber
permitido la participación de éste en los comicios. La conquista del
electorado peronista sería luego el objetivo de la acción política, pero a la
vez la proscripción de aquél constituiría la fuente de inestabilidad e
ilegitimidad política de todos los futuros gobiernos.
A
fin de aclarar la situación constitucional del país y definir el sistema
electoral, el gobierno convocó una Convención Constituyente para julio de
1957. Para su formación se aplicaría por primera vez el sistema de
representación proporcional, que daría cabida a una diversidad de partidos
menores. La elección develaría además las inclinaciones del electorado, lo
cual sería de gran utilidad para las estrategias partidarias respecto de la
futura elección presidencial. Los resultados de la elección demostraron el
peso del electorado peronista, que siguiendo las directivas de su jefe votó en
blanco. Los votos en blanco sumaron 2.115.861 votos, o sea el 24,3% de
los emitidos. Los radicales balbinistas siguieron muy cerca con
2.106.524, el 24,2%, y los radicales frondizistas obtuvieron el 1.847.603, el
21,2%. Los partidarios de la reforma constitucional lograban así 60% de los
votos, contra una minoría constituida por neoperonistas, nacionalistas de
derecha y frondizistas. Los últimos habían hecho su campaña postulando el
reintegro de los peronistas (sin Perón) a la lucha política y prometido
boicotear la Convención.
Reunida
la Convención Constituyente, los miembros radicales intransigentes se retiraron
de la misma, cumpliendo así con su compromiso y captando las simpatías del
electorado peronista. La Convención se declaró soberana y restableció la
Constitución de 1853 con sus reformas, excluyendo la de 1949. Introdujo los
derechos sociales expresados en el artículo 14 bis. Pero su obra no pudo pasar
de allí, debido al retiro de otros miembros que la dejaron sin quórum.
NOTAS
Véase Roberto Etchepareborda, “Crónica de tiempos difíciles (1955-1966)”, Ricardo del Barco, Roberto Etchepareborda, et al, Historia política argentina, 1943-1982, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1985, pp. 34-45; Carlos A. Floria y César A. García Belsunce, Historia política de la Argentina Contemporánea, 1880-1983, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 161-171; Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982, pp. 122-148.
A. Rouquié, op. cit., p. 127.
María Laura San Martino de Dromi, Historia política argentina, 1955-1988, Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo I, pp. 5-9; A. Rouquié, op. cit., p. 129.
A. Rouquié, op. cit., p. 136.
Ibid., pp. 137-138; Robert A. Potash, El Ejército y la política en la Argentina, 1945-1962, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pp. 313-319.
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