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Capítulo 62 - Las relaciones económicas y el antiperonismo como móviles de la política exterior (1955-1958)

El 23 de septiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi asumía la presidencia de la república en Buenos Aires frente a una gran manifestación que celebraba la caída del régimen peronista. Como vicepresidente sería designado el contraalmirante Isaac Rojas. El nuevo presidente rescató el lema urquicista de “ni vencedores ni vencidos”, para señalar que intentaría una reconciliación. La Confederación General del Trabajo exhortó a los trabajadores a mantener la calma y concurrir a sus trabajos. (1)  
    No obstante, a la ya establecida antinomia peronismo-antiperonismo, se sumaría una fuerte fractura en el movimiento triunfante que pondría obstáculos en la marcha misma del proceso revolucionario. Por un lado, se encontraba el presidente Lonardi y sus seguidores nacionalistas, quienes pretendían corregir los excesos del régimen -desmontar su estructura autoritaria y las regulaciones represivas- pero rescatar su obra en materia social. El presidente declaraba la guerra a la inflación, la burocracia parasitaria y la corrupción. Se oponía al contrato con la Standard Oil, por ser contrario al interés nacional, y proponía solucionar los problemas con la Iglesia por medio de la firma de un concordato. Trató también de sentar las bases de un peronismo sin Perón, pidiendo la colaboración de los trabajadores y manteniendo la CGT y el diario La Prensa en manos de éstos. 
   
A fin de implementar su política de reconciliación, Lonardi nombró a personas de su confianza en puestos importantes. De esta manera ingresaron al gobierno corporativistas, católicos integristas  y antiguos simpatizantes de los regímenes totalitarios. Entre los civiles figuraron el cuñado del presidente Clemente Villada Achával, ex presidente de la Juventud Católica de Córdoba, designado asesor de la Presidencia; Mario Amadeo ocupó el ministerio de Relaciones Exteriores y Juan Carlos Goyeneche fue designado secretario de Prensa. Además de estos nacionalistas, el presidente tuvo intención de incorporar al gabinete a algunos justicialistas que le merecieran confianza. Uno de ellos fue el ex canciller Atilio Bramuglia, en quien se pensó para ocupar el ministerio de Trabajo, pero éste resultó inaceptable para la oposición. No obstante, un ex funcionario de dicho ministerio bajo el régimen anterior ocuparía el puesto.  
    Enfrentada al grupo anterior se hallaba una tendencia denominada liberal, centrada en la marina de guerra y luego fortalecida por el ejército cuando éste reincorporara a la oficialidad separada por el gobierno peronista. La apoyaban también los partidos políticos minoritarios y los sindicalistas antiperonistas, todos los cuales exigían la desaparición de todo vestigio del régimen derrocado. Esta gente no comprendía las medidas conciliadoras de Lonardi ni aceptaba el hecho de haber llevado a cabo la revolución para que todo quedara igual. Tanto los antiperonistas que habían sufrido la cárcel o el exilio, como los partidos políticos tradicionales que habían sido marginados durante los años del régimen peronista consideraban que les había llegado la hora de actuar. Su resistencia a una “dictadura totalitaria” era la justificación esgrimida para buscar una “desperonización” del país que, en su opinión, era necesaria para instaurar una “verdadera democracia”. Por estos motivos, estos grupos reclamaban el desmantelamiento de todos los resortes del peronismo, entre ellos el partido, la CGT, los organismos económicos, los medios de comunicación, etc.  
    A su vez, el Comité Nacional del radicalismo, presidido por Arturo Frondizi, se distanció de su participación en el golpe, declarándose a favor de una política de conciliación y sosteniendo inclusive la conveniencia de mantener la estructura de la CGT. Esta actitud llevaría al partido a su fractura y abriría a Frondizi el camino a la presidencia.  
    Una sorda lucha por el poder va a ir desarrollándose. Mientras el presidente el presidente trataba de avanzar contra la corriente, las presiones que apuntaban a sus colaboradores inmediatos sospechosos de querer establecer un estado corporativista se profundizaron. A comienzos de octubre, el secretario de Prensa se vio obligado a renunciar. El 24 fue prohibida el calificativo “peronista”, se implementó en la CGT un proyecto de normalización sindical y se arrestó a numerosos peronistas.  Los oficiales liberales de la marina no confiaban en la política del presidente, y su jefe, el almirante Rojas, representaba la más completa intransigencia. El ministro de Ejército, León Bengoa, quien se negaba a reincorporar masivamente a los oficiales antiperonistas a fin de evitar que la fuerza tomara un matiz partidario opuesto al proyecto de los nacionalistas, y pretendía restringir la depuración del arma a sólo quienes hubieran delinquido, fue acusado de lenidad y renunciaría el 9 de noviembre. (2)  
    Una Junta Consultiva formada por los representantes de los partidos no peronistas y presidida por Rojas, al convertirse en un apoyo a los liberales aumentaría aún más las tensiones. El organismo tenía el propósito de rescatar los partidos políticos, dejados de lado por Lonardi, invocando otra legitimidad para rechazar el continuismo, es decir, la de la democracia liberal. El presidente lamentó que en la Junta no estuvieran representadas todas las corrientes políticas del país y recordó que el ex presidente había tenido un gran respaldo popular, por lo cual el rechazo de todos los peronistas provocaría una grave crisis en el país.  
    El 12 de noviembre los acontecimientos se desencadenaron. Lonardi separó el ministerio del Interior y Justicia, hasta entonces ocupado por una figura de la facción liberal, designando a un nacionalista en Interior y dio a publicidad una proclama en que sostenía su política conciliadora. Esa noche, representantes de las fuerzas armadas exigían al presidente la necesidad de profundizar la revolución, la disolución del partido Peronista, la intervención de la CGT, la formación de un consejo militar asesor y la separación de varios funcionarios acusados de antidemocráticos. La renuncia de la Junta Consultiva ocurrida el día anterior parecía fortalecer sin embargo a los nacionalistas. La firme posición de Lonardi, negándose a considerar como totalitarios a todos los que habían actuado de buena fe y a atomizar a la clase obrera provocó el alzamiento de los liberales más extremos. El 13 se comunicaba a Lonardi que ya no contaba con la confianza de las fuerzas armadas y, ante su negativa a renunciar, era destituido de su cargo. Ese mismo día asumía la presidencia el jefe del Estado Mayor, general Pedro Eugenio Aramburu.  
    No obstante, los militares electores del nuevo presidente no deseaban darle carta blanca en los asuntos de gobierno. Junto con su designación se creaba un Consejo Militar Revolucionario que tendría intervención en la reestructuración del gabinete. El acuerdo secreto por el cual se produjo el nombramiento fue acompañado de una declaración de principios que luego el gobierno publicó oficialmente, a principios de diciembre, con el título de “Directivas básicas del gobierno revolucionario”. 
    Según las “Directivas básicas”, la finalidad esencial de la Revolución había sido derrocar al régimen de la dictadura. Debían luego suprimirse “todos los vestigios de totalitarismo para restablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia”. El gobierno tenía intenciones de llamar a elecciones libres una vez que fuera destruido el aparato propagandístico y represivo del estado autoritario se hubiera concluido y la democracia pudiera expresarse. Los revolucionarios estaban convencidos que el alto porcentaje de votos obtenido por Perón en 1951 (60%) había sido conseguido a través del fraude, la coerción y la manipulación de la opinión. Los miembros del gobierno asumían el compromiso de no presentarse a ningún cargo electivo en los comicios que siguieran. El programa de gobierno incluía en primer término enaltecer el prestigio internacional del país, adoptando una posición democrática en materia de relaciones exteriores y dando cumplimiento a las obligaciones contraídas. También apuntaba al desarrollo de una política interior y de defensa nacional que asegurara el orden y la vigencia de los derechos del hombre. Se buscaría desmantelar las estructuras totalitarias y desintegrar el estado policial, restablecer la austeridad republicana y afianzar la independencia del poder Judicial. Asimismo se establecería la libertad sindical de manera que quedara asegurado el funcionamiento democrático, se garantizaría la vigencia de la justicia social y los derechos de los trabajadores. Por último, se reorganizaría la enseñanza con sentido republicano y democrático, se afianzaría el federalismo y se sanearía la economía y la estructura electoral. (3)  
    Las primeras medidas del nuevo presidente demostraron el ímpetu con que se pretendería restaurar la democracia. La intervención de la CGT se decidió como respuesta a la declaración de huelga general; se disolvieron las dos ramas del peronismo; se inhabilitó para ejercer cargos políticos a todos los que hubieran sido funcionarios del régimen anterior, a los dirigentes y sindicalistas justicialistas; se suspendió la ley de Asociaciones Profesionales; se resolvió seguir juicio por traición a la patria a Perón y a los legisladores por haber sancionado y ejercido la suma del poder público, y se estableció la prohibición de utilizar los nombres y símbolos del peronismo. Todas estas medidas, apuntadas a barrer con expresiones de un alegado totalitarismo, no lograron sino generar la respuesta de sus víctimas, quienes entraron en la clandestinidad y la resistencia conspirativa. 
    También en el ejército se consideró llevar a cabo una profunda depuración en el cuerpo de oficiales y la reincorporación en masa de los militares separados de la fuerza por Perón. Los antiperonistas extremos -denominados gorilas- propusieron eliminar a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con el peronismo, clasificar nuevamente a todos en virtud de los méritos por su actitud revolucionaria y reintegrar a los opositores según la actitud asumida durante la “tiranía”. Sin embargo, los oficiales más moderados percibieron acertadamente que la reintegración de conspiradores conllevaría a la larga un riesgo para la fuerza. A ello debía agregarse que la metodología para las reincorporaciones contradecía los reglamentos y la disciplina. Todo esto generaría graves enfrentamientos en la sociedad militar durante más de veinte años. (4)
    La represión generó la resistencia peronista que se inició en enero de 1956 con sabotajes y bombas, comenzando una guerra civil latente que habría de afectar al país por muchos años. Una conspiración, liderada por oficiales oficiales retirados -los generales Juan J. Valle y Raúl Tanco- y que tenía sus apoyos en unidades del ejército y en los suboficiales estalló el 9 de junio de 1956. El gobierno reaccionó en forma brutal. Inmediatamente fue establecida la ley marcial y, contrariamente a la tradicional indulgencia argentina en casos semejantes, a través de un procedimiento sumario se impuso a los supuestos líderes y complotados la pena de muerte. Se ejecutó a unos cuarenta civiles y militares, entre ellos al general Valle, único golpista argentino al que se aplicó dicha pena por rebelión armada. De este modo, la pena de muerte volvía al escenario político argentino después de mucho tiempo. Las ejecuciones parecen haber tenido el objetivo de ser ejemplificadoras para evitar la expansión del movimiento, que se producía en un contexto de huelgas, sabotaje en las fábricas y desobediencia cívica con la complicidad de los sindicalistas. Perón en cartas a John W. Cooke, escritas luego de los sucesos, criticó a los conspiradores por haber actuado a destiempo y no haber salido en su defensa. Desde entonces la resistencia peronista se limitaría al sector obrero y a la expresión mediante la huelga. (5)  
    Por cierto, la conducción revolucionaria no guardaba una opinión unánime respecto del camino para restablecer el orden constitucional. Algunos eran partidarios de la prescindencia en las actividades políticas y de una salida electoral rápida; otros sostenían la necesidad de asegurar la obra realizada por la Revolución; y finalmente un tercer grupo consideraba que la desperonización no había concluido y que todavía no era tiempo de entregar el poder. El tema de la sucesión del gobierno revolucionario, que incluía cómo habría de darse la participación de los partidos políticos, teniendo presente la proscripción del peronismo, y la ley electoral que se aplicaría, provocó el choque de las tendencias antes mencionadas y las consiguientes crisis, sobre todo en el ejército, donde se produjeron diversas purgas -la más importante en noviembre de 1956. En marzo y abril del año siguiente, los enfrentamientos del presidente con la marina y la aeronáutica llevaron a la renuncia del contraalmirante Arturo Rial a su cargo de subsecretario y a la del vicepresidente que fue mantenida en secreto. 
    Por otra parte, el problema de las relaciones con el peronismo afectaba a todos los partidos políticos sin excepción, los cuales sufrieron crisis internas por la diferente apreciación de la actitud a asumir frente a las masas peronistas. La cuestión llegó a escindir al partido Conservador y al Radical, teniendo el hecho en el último caso una relevancia especial para el futuro del país. El Estatuto de los partidos políticos, hecho público en octubre de 1956, era de carácter prescindente y autorizaba la presentación de candidaturas separadas. Debido a la proscripción del peronismo, el eje del debate pasaría entonces por la situación dentro de la Unión Cívica Radical. Aquí, las dos alas del partido se enfrentarían por la forma en que debían elegirse los candidatos a la presidencia. Según la carta orgánica partidaria, la elección debía realizarla la convención nacional, y éste era el criterio aceptado por los frondizistas. Sus adversarios, los partidarios de Ricardo Balbín, en cambio, sostenían que debía hacerse por el voto directo de los afiliados. Finalmente la Convención Nacional reunida en Tucumán, en noviembre de 1956, eligió la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez, rechazando además la propuesta del voto directo. El resultado fue la escisión del partido en la Unión Cívica Radical Intransigente, el sector frondizista, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Balbín. De esta manera, desaparecía la posibilidad de que un radicalismo unificado pudiera servir de contrapeso al peronismo y tal vez haber permitido la participación de éste en los comicios. La conquista del electorado peronista sería luego el objetivo de la acción política, pero a la vez la proscripción de aquél constituiría la fuente de inestabilidad e ilegitimidad política de todos los futuros gobiernos. 
    A fin de aclarar la situación constitucional del país y definir el sistema electoral, el gobierno convocó una Convención Constituyente para julio de 1957. Para su formación se aplicaría por primera vez el sistema de representación proporcional, que daría cabida a una diversidad de partidos menores. La elección develaría además las inclinaciones del electorado, lo cual sería de gran utilidad para las estrategias partidarias respecto de la futura elección presidencial. Los resultados de la elección demostraron el peso del electorado peronista, que siguiendo las directivas de su jefe votó en blanco. Los votos en blanco sumaron 2.115.861 votos, o sea el 24,3% de  los emitidos. Los radicales balbinistas siguieron muy cerca con 2.106.524, el 24,2%, y los radicales frondizistas obtuvieron el 1.847.603, el 21,2%. Los partidarios de la reforma constitucional lograban así 60% de los votos, contra una minoría constituida por neoperonistas, nacionalistas de derecha y frondizistas. Los últimos habían hecho su campaña postulando el reintegro de los peronistas (sin Perón) a la lucha política y prometido boicotear la Convención.  
    Reunida la Convención Constituyente, los miembros radicales intransigentes se retiraron de la misma, cumpliendo así con su compromiso y captando las simpatías del electorado peronista. La Convención se declaró soberana y restableció la Constitución de 1853 con sus reformas, excluyendo la de 1949. Introdujo los derechos sociales expresados en el artículo 14 bis. Pero su obra no pudo pasar de allí, debido al retiro de otros miembros que la dejaron sin quórum.

  1. Véase Roberto Etchepareborda, “Crónica de tiempos difíciles (1955-1966)”, Ricardo del Barco, Roberto Etchepareborda, et al, Historia política argentina, 1943-1982, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1985, pp. 34-45; Carlos A. Floria y César A. García Belsunce, Historia política de la Argentina Contemporánea, 1880-1983, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 161-171; Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982, pp. 122-148.

  2. A. Rouquié, op. cit., p. 127.

  3. María Laura San Martino de Dromi, Historia política argentina, 1955-1988, Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo I, pp. 5-9; A. Rouquié, op. cit., p. 129.

  4. A. Rouquié, op. cit., p. 136.

  5. Ibid., pp. 137-138; Robert A. Potash, El Ejército y la política en la Argentina, 1945-1962, Buenos Aires, Sudamericana, 1994, pp. 313-319.

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