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En el ámbito de la política exterior, el gobierno provisional profundizó el cambio de rumbo iniciado ya por el peronismo en su última etapa. Se daría una posición de apertura y de “colaboración internacional”, implementando una más activa participación en organismos internacionales y un alineamiento con Occidente en la Guerra Fría, la que pronto alcanzaría el continente con la crisis cubana. A pesar de una cierta desconfianza inicial de Estados Unidos, derivada del acercamiento que se había operado entre este país y el gobierno peronista en los últimos años, el gobierno provisional obtuvo el reconocimiento diplomático. No obstante, la preocupación norteamericana por las inversiones y los contratos petroleros pendientes se acentuó ante la designación de funcionarios de tendencia nacionalista y el pedido de un informe sobre la situación económica a Raúl Prebisch, economista de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina (CEPAL),  cuyas ideas el gobierno norteamericano no compartía. Estas medidas llevaron a los miembros del Departamento de Estado a concluir que el apoyo a Perón hasta el final de su gestión había sido acertado. (1) 
    Sin embargo, las aprensiones norteamericanas respecto de Prebisch resultaron infundadas, pues el economista terminó recomendando la necesidad de atraer inversión y créditos externos, dado que no era posible al país recuperarse con sus propios recursos. Entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 1955, una misión norteamericana encabezada por Henry F. Holland, secretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, y Samuel Waugh, director del Eximbank, mantuvo conversaciones formales en Buenos Aires con un grupo de funcionarios liderados por Raúl Prebisch. Las discusiones se centraron sobre los problemas económicos de la Argentina y la posibilidad de asistencia financiera por parte de Estados Unidos. Prebisch hizo una detallada descripción de la situación económica y el plan del gobierno para enfrentarla, poniendo el acento en el mejoramiento de la agricultura como base para la recuperación económica. También mencionó la necesidad de reconstruir los sistemas de transporte y energía, y de importar maquinaria para la industria y la agricultura. Se tocaron además temas específicos de la relación bilateral, como el plan de expansión de la CADE, el irresuelto problema de AMFORP, las restricciones sanitarias norteamericanas a las importaciones de carne argentina, y la posibilidad de que la Argentina adhiriera al Mondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, el Banco Mundial). Waugh dijo que esperaba que el Eximbank pudiera ser útil a la Argentina, pero enfatizó que no era política del banco financiar proyectos públicos para los cuales hubiera disponible capital privado. Los argentinos no hicieron ningún pedido especial y quedaron en enviar un representante a Washington para continuar las conversaciones. (2)  
    Por otro lado, el presidente Aramburu señaló a Holland que era intención del gobierno adherir en la primera oportunidad que se presentara a la resolución anticomunista establecida en Caracas. Según Aramburu, la Tercera Posición de la Argentina era una ”ficción tonta” y su gobierno estaba considerando incluso declarar fuera de la ley al partido Comunista. Holland aprobó estos anuncios y mencionó el efecto favorable que había producido en círculos internacionales la devolución del diario La Prensa a sus dueños. 
    A mediados de enero de 1956, Prebisch presentó dos informes más -el primero había sido conocido en octubre anterior-, relacionados con los problemas económicos internos. En el segundo de ellos, se destacaba la explotación de los recursos petroleros, la expansión de las plantas eléctricas y la reconstrucción de los ferrocarriles como los tres sectores de la economía que necesitaban atención urgente. Respecto del petróleo, se recomendaba que la expansión estuviera a cargo de YPF, continuando la política contraria a las concesiones privadas para salvaguardar el país de la acción de los monopolios internacionales. Esas recomendaciones coincidían con la política ya adoptada por el gobierno militar, que había cancelado el contrato con la Standard Oil de California, suspendido las negociaciones con otras compañías y anunciado la intención de hacer de YPF el único responsable del desarrollo de los recursos petroleros del país. El gobierno de Aramburu planeaba fortalecer a YPF otorgándole autonomía, reconstituyendo su equipo técnico y extendiendo los oleoductos y gasoductos. Se pensaba que en tres años YPF podía duplicar su producción. Las compañías extranjeras serían invitadas a participar del programa a través de contratos de servicios o arreglos mixtos con YPF. La embajada norteamericana consideró el juicio de Prebisch sobre el tema del petróleo poco realista y percibió la posición del gobierno militar sobre la cuestión como un retroceso que desterraba por completo la esperanza que existía un año atrás de mejoramiento de la situación económica argentina. (3)  
    Para llevar adelante todos los proyectos respecto de la agricultura y el establecimiento de nuevas industrias en el campo del acero, maquinarias agrícolas y para ferrocarril, papel y celulosa, químicos y petroquímicos, Prebisch señalaba que el gobierno tendría que conseguir importantes fondos externos. Aconsejaba al gobierno ingresar al BIRF y al FMI y enviar misiones financieras a Estados Unidos y Europa para negociar créditos. El gobierno debía complementar esas medidas con reformas a la política bancaria e impositiva, la progresiva eliminación del control de precios y de cambios y la conversión de los acuerdos comerciales bilaterales del país al sistema multilateral. El 27 de enero, las recomendaciones de Prebisch eran aprobadas, y el gobierno comenzó a explorar las posibles soluciones. (4)
    El gobierno provisional por decreto-ley Nº 328 del 14 de enero de 1956 ratificó la Carta de la OEA. Esta había sido aprobada en la Conferencia de Bogotá en 1948 y la Argentina fue el último país en entregar su ratificación. También en 1956, por medio del decreto-ley 15.970, se concretó la ratificación de los convenios de Bretton Woods, que el peronismo había enviado al Congreso, pero habían sido retirados a causa de la oposición radical. El país ingresaba así al FMI y al BIRF o Banco Mundial. (5) 
    Los primeros problemas en las relaciones argentino-norteamericanas giraron alrededor de la situación de algunas compañías como Kaiser de Córdoba, que había sido colocada en una lista de compañías interdictas, sospechosas de realizar negocios impropios durante el régimen peronista. Luego de la intercesión de ex funcionarios e inversores norteamericanos en favor de la firma, ésta fue retirada de la lista y su contrato renovado. También quedaba por resolver el problema de las compañías envasadoras de carne. Estas habían estado en la posguerra bajo control gubernamental, por lo cual se les habían fijado los precios de compra de ganado y de venta, así como las tarifas para la importación y la exportación. Como los precios del mercado interno habían sido fijados por debajo del costo, se suponía que el gobierno debía compensar a las compañías por las pérdidas con un subsidio calculado sobre la base del capital invertido originalmente. El gobierno militar había removido muchas de las regulaciones, pero quedaban por acordar las pérdidas sufridas durante el gobierno anterior, y en este aspecto las negociaciones se alargaban, por lo cual las compañías presionaban al gobierno norteamericano para que interviniera en su favor. La situación de AMFORP también permanecía irresuelta, pues no se llegaba a un acuerdo respecto de la valuación de sus propiedades. Estos problemas, al que se sumaría el de la empresa de energía CADE, serían de fundamental importancia en la relación económica bilateral. El hecho de no poder encontrar el gobierno argentino una solución en los dos últimos casos impidió que la Argentina recibiera una mayor asistencia económica por parte de los bancos norteamericano. (6)  
    Por otra parte, funcionarios argentinos nuevamente plantearon la revisión de las regulaciones sanitarias de manera que pudiera introducirse a Estados Unidos carne proveniente de zonas libres de aftosa. El embajador argentino también propuso discutir una lista de productos que pudieran ser vendidos en Estados Unidos para expandir el comercio entre ambos países. El Departamento de Estado rechazó ambas propuestas, arguyendo que era poco lo que el gobierno de Estados Unidos podía hacer dado que el comercio estaba en manos privadas. (7)  
    A la vez, la marina argentina exploró las posibilidades de compra en Estados Unidos para un portaaviones, equipo para un regimiento y un escuadrón de aviones jet. Se sugirió que algunas de dichas adquisiciones podrían ser realizadas bajo la sección 401 de la ley de Seguridad Mutua norteamericana. La sección 401 contemplaba otorgar ayuda militar sólo a países que hubieran firmado acuerdos militares bilaterales con Estados Unidos o que estuvieran bajo amenaza soviética directa. El gobierno norteamericano dijo comprender el problema argentino, pero reiteró que al no existir un convenio bilateral, Estados Unidos se veía limitado por falta de disponibilidad de fondos y limitaciones legales. Posteriormente, el secretario asistente Holland expresó al embajador argentino la preocupación de su gobierno acerca de que la Argentina decidiera comprar armas en el bloque soviético, señalando que era consciente de que su gobierno no había proporcionado las armas como la Argentina esperaba, pero que tenía la certeza de que, si la Argentina deseaba créditos para la compra de las mismas, el gobierno consideraría sus pedidos y podría adquirirlas a precios razonables. (8) 
    En junio de 1956 arribó a Washington una misión argentina, encabezada por el presidente del Banco Central argentino, Carlos Coll Benegas, para continuar las conversaciones iniciadas con Holland en Buenos Aires. Al mes siguiente, la misión mantuvo reuniones con funcionarios de los Departamentos de Estado, Agricultura y Tesoro y del Eximbank. Los funcionarios argentinos explicaron sus proyectos y estimaron la necesidad de capital para los próximos cinco años en 1.200 millones de dólares. La Argentina esperaba que el Eximbank y el BIRF le otorgaran créditos para cubrir los costos de los programas más urgentes, es decir, 160 millones para transporte, y 103 millones para electricidad. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no sería posible obtener estos créditos. El Eximbank no estaba dispuesto a otorgarlos, aduciendo para ello varios motivos: por tratarse de un gobierno provisional, porque debía realizar previamente un estudio de la situación argentina que demoraría por lo menos un año, porque no haría préstamos para el sector energético dado que había compañías privadas que deseaban invertir en él, y por la limitada capacidad argentina de endeudarse en dólares. Cuando el BIRF contestó a Coll Benegas en términos semejantes, el enviado argentino se sintió muy decepcionado. De todos modos, Holland continuó bregando por que se le concediera a la Argentina algún tipo de asistencia financiera, bajo ciertas condiciones. (9)
    La larga discusión entre Holland y el secretario del Tesoro, George Humphrey, sobre la ayuda que debía recibir la Argentina complicó las posibilidades de este país. Holland quería ofrecer a la Argentina un crédito de 200 millones de dólares; Humphrey en cambio sólo quería como máximo 20 o 30 millones. Para el último, el asunto era de naturaleza comercial, para Holland era cuestión de seguridad. Incluso para éste, aunque el crédito no fuera justificable financieramente, debía considerarse como un precio extra por la seguridad. Créditos insuficientes bien podrían significar la caída de Aramburu y la asunción de los radicales o los socialistas que no simpatizaban con Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Estado John F. Dulles instó a Humphrey a apoyar un crédito de 50 millones de inmediato, porque esperar un año sería desastroso para las relaciones norteamericano-argentinas. (10) 
    Mientras estas discusiones se llevaban a cabo en Estados Unidos, el nuevo embajador norteamericano, Willard Beaulac, se reunía con los ministros argentinos de Hacienda, Comercio y Trabajo para reiterarles que un pronto y adecuado arreglo con los envasadores, AMFORP y CADE tendría un importante efecto en las negociaciones que se llevaban a cabo en Washington. Los ministros señalaron que el gobierno estaba haciendo todo lo posible y coincidieron en que el problema de la CADE era el más difícil de solucionar. Después de tratar estos temas también con el canciller y el subsecretario de Marina, Beaulac informó a su gobierno que el temor de Aramburu a que el fracaso de las gestiones pudiera traer consecuencias políticas adversas era acertado. El embajador recomendaba la consideración urgente y favorable del pedido argentino de financiación para el transporte, dado que el mejoramiento de los transportes era esencial para el éxito de los planes del gobierno para reactivar la agricultura y aumentar las exportaciones. (11)  
    El 5 de septiembre el Eximbank informó al gobierno norteamericano su decisión de ofrecer a la Argentina un crédito de 100 millones de dólares, de los cuales 85 millones debían ser para el transporte público y 15 millones destinados a préstamos para empresas privadas. Una misión técnica sería enviada a la Argentina para estudiar la cuestión del transporte, y sobre la base de su informe se considerarían las propuestas específicas. El banco también tendría en cuenta los avances realizados respecto de la estabilidad financiera y del tratamiento satisfactorio a los inversores privados. La propuesta del Eximbank fue aprobada por el gobierno al día siguiente. Cuando el Departamento de Estado comunicó la decisión a Coll Benegas, éste expresó su disconformidad con el monto ofrecido. El funcionario argentino solicitó un aumento de la cifra a 125 o 130 millones para cubrir las necesidades de transporte mínimas, pero el banco respondió que no era posible, aunque la entidad estaba dispuesta a considerar fondos adicionales para el sector energético si el problema de AMFORP era solucionado. El embajador argentino, Adolfo Vicchi, también expresó su desilusión con el resultado de las gestiones al secretario Dulles, señalando la diferencia con otros países -se acababa de otorgar a Brasil una asistencia de 1000 millones. Otros funcionarios trataron de conformar a Coll y Vicchi, diciendo que éste era sólo el comienzo de lo que esperaban fuera una estrecha relación financiera entre los dos países. (12) 
    Teniendo en vista las elecciones para la Convención Constituyente a realizarse en el mes de julio de 1957, el gobierno argentino intensificó sus esfuerzos para lograr alguna evidencia de apoyo norteamericano. A fines de marzo Aramburu envió a Gainza Paz, el dueño de La Prensa, en misión privada para tratar de obtener alguna asistencia financiera adicional. El enviado entrevistó al presidente Eisenhower, al secretario de Estado Dulles, al subsecretario del Tesoro Burguess, y a los directores del Eximbank y del BIRF. Describió la crítica situación económica encontrada por el gobierno de Aramburu y señaló el progreso realizado hacia la democratización de las instituciones y la libre empresa. Recordó que su gobierno se había acercado a Estados Unidos revirtiendo el aislacionismo de Perón; había ratificado la Carta de la OEA y adherido a la resolución anticomunista de Caracas; había ingresado al FMI y al BIRF, y había aumentado la cooperación militar con Estados Unidos. Señaló también que su gobierno enfrentaba serios problemas económicos y necesitaba la ayuda de Washington. En el caso de no poder hacer frente a las necesidades más urgentes, los argentinos podrían exigir buscar otras alternativas. Por ello era muy importante poder llegar a las elecciones de julio con un conjunto de logros a fin de obtener un resultado favorable al gobierno. (13)  
    Pero tanto Gainza Paz como el embajador Vicchi recibieron la misma respuesta de todos los funcionarios: el gobierno norteamericano comprendía los problemas de la Argentina pero ésta debía solucionar las cuestiones de AMFORP y de los envasadores de carne -que la misión de Coll Benegas había prometido-, para poder colocarse en posición de solicitar nuevos créditos al Eximbank. El asunto fue debatido, sin embargo, entre los funcionarios del Departamento de Estado y del Eximbank, pero se decidió continuar con la misma política. (14)  
    Los pedidos de asistencia financiera fueron renovados por los ministros argentinos de Hacienda y Comercio y el presidente del Banco Central a los miembros del gobierno norteamericano que llegaron a Buenos Aires para participar de la Conferencia Económica de la OEA a fines de agosto de 1957, pero no dieron resultado. No obstante, en septiembre, el Eximbank comenzó a considerar el envío de una misión técnica para analizar el proyecto de explotación de carbón en Río Turbio, como un gesto de buena voluntad hacia el gobierno argentino. También proponía autorizar la colocación del fondo de 15 millones de dólares reservado para el sector privado del crédito otorgado en 1956. Sin embargo, en esa circunstancia, el embajador Beaulac advirtió a su gobierno que, debido a que la Unión Cívica Radical estaba presentando propuestas de monopolio estatal para la explotación del petróleo y otras fuentes de energía a la Asamblea Constituyente, no era conveniente que se hiciera gesto alguno que pudiera ser interpretado como que se restaba importancia a posibles enmiendas restrictivas a la Constitución. (15) 
    Por cierto, la posición de Beaulac no era compartida por Viron P. Vaky, el funcionario del Departamento de Estado a cargo de los asuntos con la Argentina, quien describió bien la falta de comprensión hacia la posición argentina. El gobierno norteamericano -señaló- dio por supuesto que el gobierno argentino podía hacer lo que Washington quería sin ningún riesgo político, y asumió que la Argentina tendría eventualmente que aceptar las exigencias de Washington porque no tenía alternativa. En opinión de Vaky, Aramburu había actuado de buena fe: había creado un mercado libre de capitales; había hecho posible la remisión de ganancias; había removido los controles estatales, restringido las actividades comerciales gubernamentales y solucionado los reclamos de los envasadores de carne. Advertía, además, que la Argentina tenía alternativas al modelo norteamericano: siempre podía volver a la política económica nacionalista y estatista, o aceptar la ayuda soviética. Vaky temía que la presión que Washington imprimía al gobierno argentino resultara un boomerang y alienara a aquellos sectores que luchaban contra posiciones nacionalistas. Proponía dar consideración favorable al financiamiento en los ámbitos del transporte y de la explotación de carbón. No obstante, el Eximbank finalmente decidió limitar su acción respecto de los pedidos argentinos a la colocación de los 15 millones de dólares pendientes y considerar todo pedido adicional caso por caso. (16)  
    Respecto de las relaciones del gobierno provisional con Europa Occidental, cabe recordar que en esta región, en 1947, había comenzado a implementarse la multilateralización del comercio. La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), creada en esa época, había comprometido a sus miembros a liberalizar el comercio entre los países del occidente de Europa. Poco después, la Unión Europea de Pagos (UEP), establecida en 1950, organizaba un sistema de pagos multilaterales con liquidaciones mensuales de saldos. Hasta 1955, el gobierno argentino se había mantenido en un “bilateralismo estricto”, pero el gobierno de la Aramburu decidió en 1956 iniciar tratativas para insertar su comercio internacional en el sistema multilateral.  
    Después de haber dudado acerca de si otorgar al gobierno de la Revolución Libertadora un reconocimiento de facto o de jure, el gobierno británico se decidió por el último al conocer la decisión en el mismo sentido del gobierno norteamericano. (17) Con el fin de mostrar la buena voluntad del gobierno británico, el Foreign Office analizó la posibilidad de otorgar una extensión de crédito a la Argentina, teniendo en cuenta la imposibilidad de este país de pagar el crédito existente. Sin embargo, una de las condiciones para concretar la operación era que la Argentina realizara esfuerzos para solucionar los casos de expropiación de empresas británicas aún pendientes de compensación como, por ejemplo, el caso de la Compañía Primitiva de Gas. Otra de las condiciones era que se estableciera una mejor atmósfera respecto del conflicto sobre las islas Malvinas. Finalmente, se dejó de lado el tema Malvinas y se aprobó la extensión del crédito por un año, hasta diciembre de 1957, con la condición de alcanzar una solución en el caso de la compañía de gas. (18)  
    El informe de Raúl Prebisch sobre la economía argentina creó muchas expectativas en la embajada británica en Buenos Aires. Esta señaló que el informe marcaba el fin de una época de aislamiento de la Argentina, resaltando la recomendación de que el país adhiriera a los organismos internacionales de crédito. Asimismo se mencionaba la disolución del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), lo que significaba que el comercio exterior pasaría otra vez a manos privadas. (19)  
    El Tesoro británico, por su parte, sostuvo que Gran Bretaña debía trabajar en el escenario europeo para que la Argentina liberara su comercio y estableciera un sistema multilateral. Se especulaba que la Argentina tendría ayuda monetaria de Estados Unidos, lo cual también beneficiaría a Gran Bretaña si cooperaba en rehabilitar la economía argentina. Según el Foreign Office, el proceso de multilateralización debía realizarse en dos etapas. Por un lado, establecer un acuerdo de pago de la deuda entre la Argentina y sus países acreedores a la manera del Club de La Haya y Brasil. Por otro, sentar las bases para la multilateralización del comercio y las transferencias entre la Argentina y los países de Europa Occidental. (20) 
    La situación externa de la Argentina era bastante comprometida para el año 1956. En una reunión informal entre funcionarios del Banco de Inglaterra, el Banco Nacional de Bélgica, el Banco de Francia, de Alemania, de Holanda, y de Italia se informó que la deuda de corto plazo superaba los 800 millones de dólares y las reservas argentinas eran menores a los 350 millones. En 1956 la Argentina debía pagar 225 millones de dólares y al mismo tiempo financiar su comercio exterior. La conclusión de la reunión entre los representantes de la banca sostenía que la posición de la Argentina iba a mejorar en los próximos tres años. Sin embargo, 1956 iba a ser un año muy difícil. A pesar de que los países europeos no estaban en condiciones de otorgar grandes créditos, podían negociar el pago de las deudas ya adquiridas por la Argentina con el fin de aliviar su posición externa. Los representantes expresaban sus esperanzas en el programa de reconstrucción presentado por Raúl Prebisch, quien, sin duda, les inspiraba confianza. De acuerdo con las conclusiones de la reunión, los representantes confiaban en que la situación argentina se modificara, y no querían perder la porción del mercado argentino que habían adquirido en el pasado. (21)  
    En 1956 comenzó a negociarse la multilateralización del comercio. La propuesta argentina se resumía en tres puntos: a) que todo el comercio con los países fuera del área del dólar debía conducirse en monedas transferibles; b) que los países de Europea Occidental debían establecer, en proporción con su comercio, un fondo de monedas transferibles por el monto de 150 millones de dólares con el fin de financiar la multilateralización del comercio, y c) que este fondo se pagaría a través de las ganancias por exportaciones argentinas en los próximos dos años, estableciéndose mientras tanto una financiación o una moratoria para deudas comerciales existentes. En realidad, el gobierno argentino intentaba obtener tres tipos de financiamiento: el fondo de 150 millones de dólares para financiar la multilateralización del comercio, un refinanciamiento de las deudas existentes, y créditos nuevos a largo plazo para la compra de bienes de capital para ser pagados luego de tres años. (22)  
    La embajada británica en Buenos Aires inició consultas con sus pares de los países de Europa Occidental. La propuesta argentina fue juzgada inaceptable, siendo, de acuerdo con los europeos, demasiado optimista. Respecto del fondo de 150 millones de dólares existía el temor de que fuera utilizado para financiar deudas comerciales con otros países como Japón. De acuerdo con el Foreign Office, la propuesta argentina no era realista y en ella no se podía basar una multilateralización del comercio y las transferencias financieras. En efecto, realizar una propuesta de multilateralización junto con un requerimiento para nuevos créditos sin negociar el pago de las deudas comerciales ya existentes, era, para el Foreign Office, irrazonable. El gobierno del Reino Unido no colaboraría con el fondo de 150 millones de dólares, recordando el crédito otorgado por 20 millones de libras que había sido extendido recientemente por un año. Por otra parte, era inaceptable la propuesta argentina de basar el tipo de cambio entre la libra y el dólar en la tasa establecida en el mercado de New York para la libra esterlina transferible. El Foreign Office requería operar de acuerdo a la tasa oficial del dólar establecida en Londres. (23) 
    El gobierno argentino comenzó a enviar notas a cada uno de los países participantes de la multilateralización de su comercio exterior con Europa Occidental. A comienzos de marzo de 1956, la embajada en Buenos Aires le remitió al Foreign Office una copia de la nota enviada al gobierno alemán. La nota expresaba que los pagos entre los dos países se efectuarían en monedas transferibles fuera del área del dólar. La Argentina cotizaría las monedas transferibles sobre la base de tipos vigentes en mercados internacionales. En materia de importaciones ambos países adoptarían las medidas necesarias para evitar que mediante otorgamiento de licencias o por fijación de tipos de cambio se produjeran discriminaciones que afectaran las importaciones procedentes del otro país. En materia de exportaciones ninguno de los dos países establecería restricciones en las ventas de sus productos al otro. Las medidas que adoptara la Argentina para su intercambio con los países limítrofes, teniendo en cuenta las características particulares de ese comercio, no significaría apartarse de los compromisos expuestos. La Argentina aceptaría la reexportación de sus productos. Ambos gobiernos establecerían negociaciones por las deudas comerciales ya adquiridas. En un primer momento se extenderían los acuerdos ya establecidos de refinanciación, pero se iniciarían conversaciones para establecer acuerdos de largo plazo. El intercambio de información debía ser permanente. Por cierto, a los pocos días el gobierno británico recibía una nota idéntica a la dirigida al gobierno alemán, ante la cual el gobierno británico pidió algunas aclaraciones. (24)  
    En abril se realizó una reunión en Paris entre representantes del gobierno argentino y de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, la República Federal Alemana, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido para discutir la propuesta del gobierno argentino. Los representantes expresaron los requerimientos básicos para la multilateralización del comercio. La diferencia que tenían con la nota enviada por el gobierno argentino era que la tasa de cambio debía basarse en la paridad establecida por el Fondo Monetario Internacional para una de las monedas de los países participantes en el sistema multilateral y la tasa correspondiente de esa moneda establecida por los mercados europeos en el marco del sistema de arbitraje. Para lograr esto el gobierno argentino debía terminar con el presente sistema de favorecer el comercio en dólares. (25) 
    La propuesta alemana respecto de las deudas comerciales no fue aceptada, por lo que las negociaciones entre la Argentina y Alemania proseguirían en un marco bilateral. El 30 de mayo de 1956, en una nueva reunión en París entre los representantes de los países europeos y del gobierno argentino, se suscribió el Acta de París que establecía en forma transitoria el sistema multilateral de pagos y transferencias a partir del 2 de julio de 1956. Los países europeos se comprometían a mantener una política de importaciones abierta, mientras que la Argentina se comprometía a no discriminar a los países participantes ni firmar acuerdos bilaterales de comercio con terceros países que resultaran en discriminaciones contra los países europeos. En su comunicación a la prensa, el Foreign Office informaba que los representantes de Argentina, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido habían alcanzado un acuerdo basado en la propuesta argentina para establecer un sistema multilateral de pagos y comercio. El comercio y las transferencias financieras serían conducidas en monedas transferibles. Las deudas que la Argentina había contraído con los países participantes serían negociadas en una base de igualdad con pagos crecientes en los próximos diez años con un interés de 3,5% anual. De este modo, la Argentina dejaba atrás el bilateralismo iniciado con el convenio Roca-Runciman en 1933. (26)  
    Respecto de las deudas de la Argentina con los países europeos, cada uno de los acreedores tenía distintas posturas frente a las negociaciones y la forma de pago. El gobierno alemán estimaba que la deuda se reduciría a 125 millones de pesos por cancelación de contratos. La deuda con Francia se estimaba en 45 millones de pesos, con Italia en 130 millones, y con el Reino Unido en 65 millones de pesos. (27)  
    A principios de 1957, la Argentina había alcanzado acuerdos con la mayoría de sus países acreedores. Con el Reino Unido el pago de las deudas se haría en los próximos diez años. Con Italia había alcanzado un acuerdo similar con el refinanciamiento de pagos adeudados. Con Holanda el período para el pago era de cinco años, ya que el monto de la deuda era pequeño. Francia sostenía que no podía llegar a ningún acuerdo -que necesitaría la aprobación del Congreso- antes que el gobierno argentino resolviera el caso de los bienes expropiados sin compensación por el gobierno de Perón, especialmente las propiedades del grupo Bemberg. Alemania también ponía condiciones para alcanzar un arreglo. El gobierno alemán consideraba necesario llegar a un acuerdo sobre las propiedades y activos alemanes controlados por el gobierno argentino desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre las compañías alemanas establecidas en la Argentina bajo el gobierno de Perón que eran investigadas por el gobierno de la Revolución Libertadora. Una vez que se alcanzaran acuerdos en estos dos puntos, el gobierno alemán insistía en que establecería un acuerdo para la deuda basado en la situación de la misma al 30 de junio de 1956. Las compras alemanas de cereales argentinos se habían incrementado en el último tiempo y esto había posibilitado a la Argentina cancelar muchos de los pagos atrasados. (28) 
    El Reino Unido estaba interesado en que Alemania integrara el sistema multilateral. Por otra parte insistía en que la situación respecto de la deuda con Alemania debía normalizarse ya que Alemania era el único país que estaba recibiendo pagos de parte del gobierno argentino. El Reino Unido consideraba la posibilidad de aplicar la cláusula de nación mas favorecida como una manera de terminar con las diferencias que existían entre los países participantes del sistema y Alemania. El problema con Alemania era que este país había recibido un tratamiento preferencial respecto de los demás países europeos. La solución para reparar la situación era que Alemania reintegrara el dinero que había recibido o que la Argentina pagara a los demás países acreedores en proporción a lo pagado a Alemania. El gobierno argentino consideraba que la mejor solución era un paso intermedio entre estas dos propuestas. (29)  
    De acuerdo con estimaciones del Tesoro británico, Alemania había recibido 46 millones de pesos más de lo que hubiera recibido si hubiese integrado el sistema multilateral. Desde junio de 1956 a mayo de 1957 la Argentina había efectuado los siguientes pagos en pesos a los países europeos: Reino Unido, 3,3 millones; Francia, 4,6 millones; Italia, 5,6 millones; y Alemania 28,4 millones. Además de los 28,4 millones de pesos por deudas comerciales, Alemania había recibido 10 millones de pesos de la deuda pública que alcanzaba los 20 millones. La Argentina había pasado de tener un déficit de 10 millones de pesos a un superávit de 14 millones en su cuenta de comercio bilateral con Alemania. De acuerdo con estas estimaciones, el Tesoro afirmó que, sumados los pagos al contado o en productos, Alemania había recibido un total de 62 millones de pesos. Alemania había cambiado su posición inicial y ahora estaba dispuesta a reintegrar a la Argentina 10 millones de pesos, concediéndole un crédito por nueve años. (30) 
    Finalmente, la Argentina y Alemania alcanzaron un acuerdo. El gobierno argentino se comprometió a entregar todos los activos alemanes confiscados durante la Segunda Guerra Mundial. Respecto de las propiedades, éstas serían entregadas a una comisión argentino-alemana con el fin de ser privatizadas. El problema respecto de las firmas alemanas que estaban siendo investigadas por enriquecimiento ilícito bajo el gobierno de Perón sería solucionado, de acuerdo con la nota del gobierno alemán, por el gobierno argentino a través de soluciones prácticas independientemente de los procesos legales iniciados. Esto significaba que el gobierno argentino, sin intervenir en el curso de la justicia, le había asegurado al gobierno alemán que las sentencias serían favorables a las firmas. De acuerdo con la información de la embajada británica en Buenos Aires, las firmas germanas estaban aparentemente satisfechas con “este ejemplo de savoir-vivre sudamericano”. (31) El gobierno alemán sostuvo que con el acuerdo alcanzado estaba dispuesto a integrar el sistema multilateral de comercio y deudas.  
    Una vez puesto en marcha, el ministro de Economía argentino, Adalbert Krieger Vasena, explicó que el sistema multilateral de comercio y pagos era un instrumento a través del cual la Argentina obtenía dólares en Europa. Enfatizó que era sólo en el mercado libre argentino donde las divisas europeas eran transferidas en dólares. Explicó que existía un acuerdo de caballeros entre la Argentina y los gobiernos europeos para no extender el mercado libre, ya que esto implicaría una pérdida de dólares para Europa. El consejero financiero de la embajada francesa en Buenos Aires, Viaud, sostuvo que esto no sólo sucedía en la Argentina sino también en Chile, Uruguay y Paraguay, lo que le representaba a Europa una pérdida importante de dólares. Su consejo era suspender la convertibilidad de la libra esterlina para estos países. Sin embargo, en una nota de la embajada británica al Tesoro se expresaba que esto no sería considerado, si el Reino Unido tenía todavía como objetivo alcanzar la convertibilidad de la libra esterlina. (32)  
    El 25 de noviembre de 1957 se firmó el acuerdo multilateral. Este incorporaba formalmente al sistema multilateral de comercio y pagos a la Argentina y once países europeos: Austria, Unión Económica Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Se establecía una política de no discriminación en comercio y pagos entre los países europeos y la Argentina, en contraste con las cuotas y los precios diferenciales que se establecían en los antiguos esquemas de comercio bilateral. De todas maneras, la Argentina mantenía su política de preferencias respecto de los países vecinos, y continuaría comerciando bilateralmente con ciertos países de Europa Oriental. (33)  
    A su vez, el acuerdo para la consolidación de deudas determinó que el gobierno argentino pagaría la deuda con un interés anual de 3,5%. La suma de 20 millones de libras esterlinas se pagaría en nueve cuotas con anterioridad al 30 de junio de cada año. (34) Una nota en The Review of the River Plate sostuvo que 

la significación especial e inmediata para la Argentina de la ratificación del convenio celebrado en París hace 18 meses consiste en que una masa de deudas con el extranjero, equivalente a unos 500 millones de dólares, que de otra forma habría debido abonarse en tres o cuatros años, podrá ser amortizada ahora en diez años. (...) Por lo tanto se ha producido un arreglo general de anomalías y eliminación de obstáculos para las buenas relaciones financieras internacionales, que será de gran utilidad para este país en los difíciles años venideros. (35)

A mediados de 1957, la embajada británica en Buenos Aires analizaba la situación del comercio anglo-argentino. Con el fin de estudiar el rol de Gran Bretaña como socio comercial de la Argentina, la embajada en Buenos Aires informaba al Foreign Office sobre el comercio con Estados Unidos. El déficit en la balanza comercial para la Argentina alcanzaba los 80 millones de dólares en 1956. De acuerdo con estadísticas de Estados Unidos, las exportaciones argentinas totalizaban 130 millones de dólares, los productos principales eran algodón (48 millones), carne (22 millones), productos animales (12,5 millones), y minerales (6,8 millones). Las exportaciones norteamericanas a la Argentina alcanzaban los 211 millones de dólares. Los productos más importantes eran automóviles y accesorios, totalizando 47 millones. Los demás productos eran aceites vegetales por 27 millones, acero por 21 millones, carbón y otros combustibles por 16 millones, y productos farmacéuticos por 16 millones. El gobierno argentino argumentaba que el déficit con Estados Unidos estaba siendo reducido, transfiriendo importaciones fuera del área del dólar. Respecto de ayuda financiera, el gobierno argentino había recibido en los dos últimos años 216 millones de dólares en créditos del gobierno norteamericano. El Export-Import Bank había otorgado 60 millones para la construcción de una planta de acero en San Nicolás, 100 millones para transporte, mientras los créditos privados habían alcanzado 56 millones. (36) 
    El consejero comercial de la embajada británica en Buenos Aires sintetizó las relaciones argentino-británicas en su discurso frente a la Cámara Británica de Comercio de Buenos Aires. Comparando las cifras totales para el año 1956 con las del año 1955, el hecho más significativo era que las exportaciones argentinas al Reino Unido se habían incrementado en volumen y valor, mientras que las importaciones argentinas desde el Reino Unido habían declinado tanto en volumen como en valor. Las exportaciones argentinas habían aumentado de 86 millones de libras en 1955 a 92 millones en 1956. Este aumento no correspondía al aumento de un producto en particular sino a una crecida general del nivel de exportaciones de los principales productos. Así, el Reino Unido era considerado el mejor socio comercial de la Argentina. Sin embargo, las exportaciones del Reino Unido hacia la Argentina habían decrecido de 23 millones de libras en 1955 a 17 millones en 1956. La única categoría que había tenido un aumento considerable era la de maquinarías y equipos eléctricos. En los primeros tres meses de 1957 las exportaciones argentinas al Reino Unido habían aumentado respecto del mismo período en 1956 de 27 millones a 28 millones. Por su parte, las exportaciones del Reino Unido a la Argentina lo habían hecho de 3 millones a 6 millones para los tres primeros meses de 1956 y 1957. (37)  
    El establecimiento del sistema multilateral de comercio y pagos tuvo resultados inmediatos con un aumento de las exportaciones europeas hacia la Argentina. En ese contexto, las exportaciones británicas aumentaron de 17 millones de libras esterlinas a 33 millones. Las exportaciones argentinas también mostraron un aumento, sin embargo, parte de este crecimiento se debía al déficit en dólares que impulsaba a la Argentina a rechazar el área del dólar para sus importaciones. (38)  
    Sin dudas, el comercio anglo-argentino se caracterizaba por una desproporción entre las exportaciones de ambos países. Mientras las importaciones británicas de la Argentina alcanzaban los 100 millones de libras anuales, las exportaciones británicas a ese país representaban un cuarto de ese monto. Una de las explicaciones era que la Argentina utilizaba las libras obtenidas por las exportaciones a Gran Bretaña para la compra de petróleo y derivados en otras áreas del mundo. Uno de los objetivos del sistema multilateral era, justamente, que las compras se pudiesen efectuar entre los países participantes. (39)  
    Por otra parte, el comercio de la carne comenzó a verse perjudicado por el tema de la aftosa. En 1957 el tema de la enfermedad comenzó a preocupar a los importadores británicos de carne argentina. En ese entonces no existían restricciones a la importación de carnes argentinas al Reino Unido. La Argentina proveía 15% del total de las importaciones de carne a Gran Bretaña. Esta cantidad era 25% menor que los niveles de importaciones anteriores a la guerra, sin embargo, el Foreign Office consideraba que Gran Bretaña no podría absorber niveles mayores debido al crecimiento de la producción nacional. (40) 
    A pesar de la enfermedad, en 1958 el Ministerio de Agricultura británico sostuvo que Gran Bretaña no estaba en condiciones de imponer una prohibición total a las importaciones de carne argentinas debido a la aftosa, ya que el país sudamericano proveía 20% de las importaciones totales de beef con carne de muy alta calidad. En caso de una prohibición total, Gran Bretaña no podría reemplazar la carne argentina con importaciones desde Australia o con producción nacional. Con estos argumentos, el Ministerio recomendaba al Foreign Office rechazar la posibilidad de implementar una prohibición total. (41)  
    Asimismo, deben mencionarse las negociaciones que llevaron tres asuntos pendientes de solución con Gran Bretaña cuando el gobierno provisional tomó el poder en septiembre de 1955. Estos eran los de la Compañía Primitiva de Gas, la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías y Empresa de Tranvías del Puerto, y la Compañía de Tranvías Lacroze de Buenos Aires.  
    La Compañía Primitiva de Gas era una empresa británica expropiada en 1945 por un decreto del gobierno de facto. Desde ese año se mantuvieron negociaciones para lograr el pago de una indemnización. A fines de 1954, con el objeto de evitar los gastos y demoras judiciales, la Compañía había presentado una propuesta de arreglo extrajudicial al Ministerio de Industria por una suma considerablemente inferior al valor real de los bienes, según la tasación efectuada por la misma compañía. Frente a la falta de respuestas por parte del gobierno argentino, la compañía había iniciado las tramitaciones legales. (42) 
    El tema de la Compañía Primitiva de Gas era el que más interés despertaba en el gobierno británico. Al expropiarse la compañía en 1945, se había realizado una oferta de compensación de 14 millones de pesos (350.000 libras esterlinas) que la compañía rechazó. En 1949 se llevó el caso ante la justicia y se realizaron tres evaluaciones a cargo del gobierno argentino, de la compañía, y de un experto judicial. Las evaluaciones eran, respectivamente, de 26 millones de pesos, 141 millones y 96 millones (650.000 libras esterlinas, 3,8 millones y 2,4 millones). Por su parte, el gobierno argentino inició un juicio a la compañía por exceso de ganancias. Desde 1950, la compañía, apoyada por el gobierno británico, intentaba alcanzar un acuerdo extrajudicial. En 1953, el gobierno argentino aceptó la idea de establecer un comité conjunto formado por funcionarios del gobierno y representantes de la compañía para considerar los reclamos, pero aquél no produjo ningún informe. Posteriormente, la compañía había realizado otra oferta al gobierno argentino que consistía en una compensación de 2,8 millones de libras esterlinas. Frente a esta situación, el Foreign Office recomendaba que Lord Reading se reuniese con el embajador argentino para expresarle la disconformidad del gobierno británico por los sostenidos retrasos para alcanzar un acuerdo. Luego de once años, el gobierno británico consideraba que era justo que la compañía fuera compensada en un futuro cercano. (43)  
    En 1956, el representante de la Compañía Primitiva de Gas en Buenos Aires, G. Cortés Funes, sostuvo que cualquier acuerdo con el gobierno argentino debía respetar tres condiciones. En primer lugar, debía comprender un pago adecuado e inmediato a los accionistas de Primitiva. El acuerdo debía reconocer la voluntad del gobierno argentino de reparar los daños producidos por el régimen anterior. La última condición era que el acuerdo debía tener amplia publicidad en la Argentina. Cortés Funes afirmaba que los activos expropiados alcanzaban los 5 millones de libras, que era la cifra invertida por los accionistas. Primitiva reclamaba una compensación de 2,8 millones de libras y el gobierno ofrecía sólo 2 millones. (44)  
    Un informe interno del Foreign Office explicaba que el caso de Primitiva se encuadraba en el programa del gobierno argentino para reforzar el papel de YPF, ya que la expropiación le había otorgado a la compañía estatal un control indirecto pero total sobre la oferta de gas. La Compañía Primitiva operaba el servicio de gas en Buenos Aires desde 1853. Luego de la expiración de su contrato por 20 años con la Municipalidad en diciembre de 1939, éste gobierno sólo había otorgado contratos de corto plazo a pesar de las insistencias de Primitiva por acordar un nuevo contrato de largo plazo. En 1941, la Municipalidad le otorgó el monopolio de la oferta de gas a YPF por el término de 50 años. En 1945 luego de la expropiación, YPF tomó control de los depósitos de Primitiva. Ese año la Municipalidad inició, con éxito, acciones legales contra Primitiva por exceso de ganancia por lo que la compañía fue obligada a pagar 40 millones de pesos. (45)  
    Desde la embajada en Buenos Aires, el primer secretario, A. Tandy, recomendó presionar al gobierno argentino a solucionar el problema de Primitiva: el gobierno británico se comprometería a no presionar por el repago del crédito de 20 millones de libras otorgado al gobierno argentino en tanto y en cuanto el caso de Primitiva fuera resuelto. El Tesoro rechazó la recomendación de la embajada, ya que la deuda con la Argentina sería renegociada entre el país latinoamericano y los países acreedores de Europa Occidental. Por su parte, la Tesorería argentina afirmó que no estaba en condiciones de pagar más de 1 millón de libras esterlinas y que tampoco podía compensar a la compañía por la devaluación del peso. (46)  
    Para ese entonces la compañía estaba dispuesta a aceptar 2,4 millones de libras como arreglo final y de esa suma pagar 26 millones de pesos como arreglo al reclamo de la Municipalidad de Buenos Aires por impuestos, sin reconocer el reclamo. Al tipo de cambio de entonces la oferta equivalía a poco más de los 209 millones de pesos ofrecidos con anterioridad por el Ministerio de Industria argentino. (47)  
    En noviembre de 1957, una nota en The Review of the River Plate describía el acuerdo con Primitiva. De acuerdo con el decreto 15267, el gobierno argentino pagaría en Londres la suma de 2.060.950 libras como compensación a la Compañía Primitiva de Gas. El pago se realizaría a lo largo de los siguientes cinco años y no incluía ningún tipo de interés. El gobierno argentino se hacía cargo de las deudas municipales de la compañía, mientras que ésta dejaba sin efecto las acciones legales contra la Municipalidad de Buenos Aires. (48)  
    Respecto de la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías y la Empresa de Tranvías del Puerto la situación era completamente diferente. Estas dos empresas británicas habían traspasado sus bienes, tasados originalmente en aproximadamente 21 millones de libras esterlinas, a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires en 1939, conforme a la Ley-Contrato Nº 12311, recibiendo a cambio acciones de la Corporación, basadas en el valor de los bienes de la compañía. La ley estipulaba un dividendo fijo sobre las acciones, pero este dividendo jamás fue abonado. (49)  
    Bajo los términos del contrato se había acordado con el gobierno argentino que la Corporación estaría en condiciones de aumentar los precios en caso de incremento de sus costos. El gobierno no cumplió con este acuerdo y la Corporación funcionaba a pérdidas. En 1944 el gobierno se hizo cargo sin aumentar los precios de la Corporación, pero financiándola con adelantos de pagos otorgados por el gobierno que luego aparecerían como deudas de la Corporación con el Estado. En 1948 por una ley del Congreso la Corporación entró en proceso de liquidación y sus activos fueron comprados por el estado en 1951 al precio de 410 millones de pesos. Este precio no cubría las deudas de la Corporación ni las inversiones realizadas. Las Compañías no cuestionaban la ley de liquidación de 1948, pero sostenían que el no cumplimiento del contrato se debía a que el gobierno argentino no les había permitido aumentar los precios forzando a las Compañías a la quiebra. Por este motivo reclamaban una compensación. El gobierno peronista no aceptaba el argumento de no cumplimiento del contrato y sostenía que la liquidación de la Corporación por parte del Congreso de la Nación impedía al poder Ejecutivo decidir sobre el tema. (50)  
    En 1956 la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías envió un telegrama al Foreign Office donde se explicaba que el gobierno argentino, luego del fracaso de la comisión anglo-argentina de 1953, intentaba organizar una nueva comisión que investigara los casos de las empresas extranjeras expropiadas. En su respuesta, el Foreign Office dejó en claro que el gobierno británico no era parte del conflicto, por lo cual no aceptaría la propuesta de la compañía de reunirse con el ministro de Economía argentino y representantes de la compañía. En un telegrama entre la embajada y el Foreign Office se afirmaba que el caso de la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías no era tan importante como el caso de Primitiva. Frente a los accionistas de la Compañía de Tranvías el gobierno insistía en que no tenía poder de reclamar, ya que el caso estaba siendo tratado por la justicia argentina. (51) 
    En 1957, la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías ofrecía reinvertir parte del dinero reclamado como compensación en el sector eléctrico argentino. Aparentemente, el gobierno británico comenzaba a tener una mayor participación en esta disputa, dado que en una reunión entre A. Tandy y el ministro de Finanzas argentino, Roberto P. Verrier, el tema se discutió, aunque sin llegar a ningún acuerdo. (52)  
    La situación de la Compañía de Tranvías Lacroze de Buenos Aires era similar. Sus bienes habían sido traspasados a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires en 1939, conforme a la Ley-Contrato Nº 12311, recibiendo a cambio acciones de la Corporación. Las acciones habían perdido su valor debido a la imposibilidad de la Corporación de abonar los dividendos fijos estipulados y a la liquidación de la misma Corporación. La Compañía de Tranvías no había recibido indemnización. Esta compañía era una empresa argentina, pero tenía tenedores de acciones por un valor aproximado de un millón de libras esterlinas residentes en el Reino Unido. (53)  
    Por otra parte, la multilateralización del comercio exterior argentino no condecía con las tendencias que predominaban en los países del Este europeo. La obtención de créditos en Estados Unidos y la consolidación de la deuda externa por la firma del Acta de París implicaban límites a las relaciones con dichos países. De esta manera, hasta fines de 1957 el comercio con éstos y especialmente con la Unión Soviética disminuyó considerablemente, acumulándose créditos pendientes concedidos en el convenio de 1953 y su protocolo adicional de 1955. (54)  
    Así, las relaciones diplomáticas se mantuvieron en un plano formal, destacándose sólo el hecho de la emigración de ciudadanos argentinos de origen ruso a su país de origen, lo cual preocupó al gobierno argentino. Además el levantamiento de Hungría en octubre-noviembre de 1956 llevó a que la cancillería argentina percibiera que el objetivo de la Unión Soviética en el campo internacional era buscar la dominación mundial. Se concluyó entonces que ante la expansión ideológica del comunismo debía mantenerse la vigilancia, estableciendo restricciones al otorgamiento de visas para el ingreso de personas de los países socialistas y fijando un límite al número de diplomáticos  acreditados tanto para la embajada soviética, como la de Polonia y Checoslovaquia. (55)  
    Pero a fines de 1957 la situación económica argentina se agravó, acusando la balanza comercial un déficit de 210 millones de dólares, cifra casi equivalente a la de las reservas existentes. Por otro lado, las importaciones de petróleo representaban una erogación de 250 millones de dólares anuales y el desequilibrio en el comercio argentino-norteamericano aumentaba. El gobierno argentino comenzó entonces a pensar en iniciativas que apuntaran al desarrollo de las fuentes  petrolíferas por medio del capital foráneo. Así, el embajador Mauricio Yadarola propuso al gobierno norteamericano la concreción de contratos entre YPF y empresas norteamericanas para la perforación de pozos, lo cual constituiría un antecedente de los que luego firmaría el presidente Frondizi. (56)  
    Con el mismo objetivo, a comienzos de enero de 1958 el gobierno de Aramburu envió a la Unión Soviética una misión encabezada por el subsecretario de Industria y Comercio, Raúl Ondarts. El resultado de la misma fue la firma de varios contratos, en particular para la compra de equipos para la industria del petróleo y para la construcción vial. También se trató la posible exportación de carne en conserva. La misión fue objeto de suspicacias en Estados Unidos y Europa Occidental. El secretario de Estado John Foster Dulles afirmó que era posible que se produjera una ofensiva económica soviética sobre América latina. No obstante, el gobierno soviético no percibió el resultado de la misión Ondarts como muy satisfactorio. (57) 
    Por último, cabe hacer una mención de las relaciones con los países vecinos en este período. El nuevo gobierno pasó a tener buenas relaciones con los países que se habían opuesto al peronismo y empeoró el trato con aquéllos que lo habían apoyado. Además se transfirieron conflictos internos a la acción externa. Se produjo un acercamiento con Uruguay, debido la ayuda prestada a los exiliados antiperonistas. Con Paraguay la relación se hizo tensa, lo cual provocó que Brasil acrecentara su presencia allí. Con Bolivia la situación amenazaba con repetirse, por lo cual se decidió un viaje del general Aramburu que permitió mantener el equilibrio. En Chile se denunciaron los contactos entre el gobierno de Ibáñez y el de Perón. El empeoramiento de las relaciones quedó demostrado por la publicación en 1957 de un nuevo libro del chileno Alejandro Magnet -Nuestros vecinos argentinos- ya sin el aditamento partidista del anterior, en el que denunciaba nuevamente el expansionismo argentino. Con Venezuela se produjeron roces por el asilo otorgado a Perón. (58)  
    Con la caída de Perón, los militares parecieron haber tomado conciencia de la Guerra Fría y del hecho de que la política seguida por aquél había colaborado en debilitar la posición argentina en relación con Brasil. Esto explicaría algunas iniciativas diplomáticas insólitas como la propuesta, en agosto de 1956, de un pacto militar del Atlántico Sur en el marco de la seguridad continental y de la “solidaridad interamericana”, al cual fueron invitados Brasil, Uruguay y Paraguay, pero que no obtuvo repercusión. El hecho era sin duda revelador del cambio ideológico operado en el seno de las fuerzas armadas como consecuencia de las purgas y las reincorporaciones y la subsiguiente mudanza en la percepción de la seguridad nacional, ahora identificada con un alineamiento más cercano con Estados Unidos. (59)  
    La posición que asumirían los países latinoamericanos en la Conferencia Económica Interamericana, celebrada en Buenos Aires en agosto y septiembre de 1957, fue adelantada por un informe preparado en 1954, a pedido de Prebisch, por un comité de expertos regionales bajo la dirección de Eduardo Frei. En éste se ponía de manifiesto la necesidad de acuerdos para estabilizar los precios de los productos primarios, y una ayuda mayor para los proyectos de industrialización latinoamericanos, los planes nacionales de desarrollo, la colocación de inversiones y el largamente postergado establecimiento del Banco Interamericano. No obstante, el informe del grupo de Frei no tuvo influencia en la política norteamericana hacia la región. Tampoco pudo realizar nada importante un comité especial establecido luego de la Reunión de Jefes de Estado de las Repúblicas Americanas, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá en julio de 1956. (60)  
    El resultado de la Conferencia de Buenos Aires no fue alentador para los latinoamericanos. Poco antes de que comenzara la misma, el secretario de Estado John Foster Dulles sostuvo que los latinoamericanos podían hacer frente a sus aumentadas necesidades mediante préstamos privados o del Eximbank. En la Conferencia se firmó la Declaración Económica de Buenos Aires, pero ésta fue solamente una declaración de principios. El gobierno norteamericano siguió sosteniendo que las instituciones creadas hasta ese momento eran suficientes para solventar proyectos “sanos”. Incluso finalizada la Conferencia, la Administración de Cooperación Internacional anunciaba a la prensa que era una política básica del organismo disponer la asistencia norteamericana de manera que impulsara el desarrollo del sector privado en los países que recibieran ayuda.  
    Los delegados latinoamericanos plantearon por primera vez en la Conferencia de Buenos Aires la idea de una asociación económica regional propia. La Conferencia aceptó en principio la propuesta, recomendando que la cuestión fuera estudiada con la cooperación de la CEPAL, que estaba estudiando el tema desde el año anterior y había sometido un informe a la Conferencia. No deja de ser significativo que el movimiento hacia la integración regional en América latina fuera impulsado por el organismo de la ONU, y no por la OEA. (61)  
    El hecho se debió fundamentalmente a la actitud de Estados Unidos, que percibía la integración económica de América latina con mucha desconfianza. Asimismo tenía un profundo desagrado hacia la CEPAL, en la cual veía un “intruso en las relaciones económica hemisféricas, un defensor de peligrosas tendencias estatistas y ‘socialistas’, y un competidor de la OEA”. Toda propuesta generada por la CEPAL era percibida como un incentivo a los países latinoamericanos a complotarse contra Estados Unidos, a fin de obligarlo a cambiar su política regional y a otorgar concesiones económicas. Algunos intereses norteamericanos, que hicieron suyo este punto de vista, temían que el aumento del comercio intrarregional latinoamericano perjudicara a los exportadores, quienes verían menguado su segundo mercado en importancia. Por cierto, el movimiento en busca de la integración económica revelaba un impulso panlatinoamericano y no panamericano.  A la larga, dicha integración recibiría el incentivo de algunos acontecimientos europeos. Además, el arribo a Buenos Aires de numerosos observadores de países extracontinentales reveló que los temas económicos de América latina no serían resueltos en un contexto exclusivamente hemisférico. (62) 
    Con todo, la propuesta de integración económica tendría concreción tres años más tarde con el surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Hasta entonces, Estados Unidos se mantendría remiso, si no hostil, a toda sugerencia de crear una entidad de ese tipo exclusivamente latinoamericana, en la creencia de que la integración haría más difícil el trato con esos países. Hacia fines de 1959, el gobierno norteamericano continuaría insistiendo en que cualquier mercado común en América latina estuviera sujeto a las condiciones del Acuerdo General de Comercio y Tarifas (General Agreement on Trade and Tariffs, GATT), del cual sólo ocho países latinoamericanos (incluyendo Chile y Uruguay pero no la Argentina) eran miembros, y que había sido creado para los países desarrollados y no para los que estaban en vías de desarrollo. (63)

  1. R. Etchepareborda, op. cit., pp. 65-66; Eduardo A. Roca, “La Revolución Libertadora, 1955-1958”, CARI, La política exterior argentina y sus protagonistas, 1880-1995, Buenos Aires, GEL, 1996, pp. 129-130.

  2. Embassy BA, Despatch 508, 3 Jan. 1956, 835.00/1-356; Embassy BA, Despatch 437 and 15 enclosures, 9 Dec. 1955, 033.1120/12-955, cit. en Norma D. González, U.S.-Argentine Relations in the 1950's, Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, 1992, pp. 224-226; E.A. Roca, op. cit., p. 130; Arthur P Whitaker, The United States and the Southern Cone, Cambridge, Harvard University Press, 1976, p. 394.

  3. Embassy BA, Despatch 620, 10 Feb. 1956, 835.00/2-1056; Embassy BA, Despatch 268, 7 Oct. 1955, 835.2553/10-755; Embassy BA, Despatches 558, 19 Jan. 1956, 835.2553/1-1956, and 384, 20 Oct. 1956, 835.00/10-2056, cit. en N.D. González, op. cit., pp. 229-230.

  4. Ibid., pp. 232-233.

  5. Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, Política exterior argentina, 1930-1962, Buenos Aires, Círculo Militar, 1971, p. 197-199.

  6. DOS, Memoranda, 9 Feb. 1956, 14 Feb. 1956 and 12 May 1956, Folder: Argentina (1956), Box 1, Holland’s Records; Embassy BA, Despatch 681, 6 March 1956, 835.00/3-656; Embassy BA, Nufer to Holland, 28 Sep. 1955 and DOS, Memorandum 29 May 1956, Folder: Argentina (1955), Box 1, Holland’s Records; Embassy BA, Despatch 681, 6 March 1956, 835.00/3-656; DOS, Memoranda, 1 May 1956, 835.311/5-156 and 11 July 1956, 835.311/7-1156, cit. en N.D. González, op. cit., pp. 237-239.

  7. Embassy BA, Despatch 681, 6 March 1956, 835.00/3-656; DOS, Memorandum, 7 March 1956, Folder: Argentina (1956), Box 1, Holland’s Records, cit. en ibid., p. 239.

  8. DOS, Memoranda, 8 Feb. 1956; 9 Nov. 1955; 15 Dec. 1955 and 21 Feb. 1956, Folder: Argentina (1956), Box 1, Holland’s Records; DOS, Staff Summaries, 4 Dec. 1956 and 28 Dec. 1956, Folder: State Department 51-71, Box 16, DDE Diaries Series, DDE Papers as President; DOS, Memorandum, 10 Feb. 1956, Folder: Argentina (1956), Box 1, Holland’s Records, cit. en ibid., pp. 239-240 y 242.

  9. DOS, Memorandum, 6 July 1956, 835.00/7-656; DOS, Memorandum, 16 July 1956, 835.2614/7-1656; FRUS, 1955-1957, VII, 412-413; DOS, Memorandum, 14 July 1956, 835.10/1456; DOS, Memorandum, 11 July 1956, 611.35/7-1156, cit. en ibid., pp. 244-247.

  10. DOS, Memorandum, 16 July 1956, 835.10/7-1656; FRUS, 1955-1957, VII, 434, cit. en ibid., pp. 247-248 y 250.

  11. Embassy BA, Despatch 137, 16 Aug. 1956, 835.00/8-1656; Embassy BA, Despatch 169, 24 Aug. 1956, 835.00/8-2456, cit. en ibid., p. 252 y 255.

  12. FRUS, 1955-1957, VII, 441-444 y 448; DOS, Memorandum, 5 Sep. 1956, 835.10/9-556 and Telegram 233, 10 Sep. 1956, 835.10/9-1056; DOS, Memorandum, 12 Sep. 1956, 835.10/9-1256 and Telegram 253, 14 Sep. 1956. 835.10/9-1456, cit. en ibid., pp. 255-257. 

  13. FRUS, 1955-1957, VII, 456-460; DOS, Telegram 1066, 16 April 1957, 835.00/4-1657 1144; 25 April 1957, 835./4-2657, and Memoranda, 19 April 1957, 835.10/4-1957; 23 April 1957, 835.10/4-2357; Aramburu to Dwight Eisenhower, 25 March 1957, Folder: Herter, Christian (6), Administrative Series, DDE Papers as President, cit. en ibid., pp. 263-265.

  14. Idem supra; DOS, Memorandum, 10 April 1957, 835.10/4-1057 and 18 April 1957, 811.05135/4-1857; DOS, Memorandum, 16 April 1957, 835.00/4-1657; Embassy BA, Telegram 1048, 17 April 1957, 835.00/4-1757, cit. en ibid., pp. 265-266.

  15. DOS, Telegram 604, 4 Oct. 1957, 835.10/10-457; Embassy BA, Telegram 594, 7 Oct. 1957, 835.10/10-757, cit. en ibid., p. 274.

  16. DOS, Memorandum, 18 Oct. 1857, 611.35/10-1857; DOS, Telegram, 29 Oct. 1957, 835.10/10-2957, cit. en ibid., pp. 274-277.

  17. FO, 371/114022, 21-9-1955; FO, 371/114019, 23-9-1955; FO, 371/1140219, 24-9-1955; FO, 371/114019, 25-9-1955.

  18. FO, 371/114045, 9-7-1955; FO, 371/114046, 14-10-1955; FO, 371/114030, 1-11-1955; FO, 371/114047, 22-11-1955. El caso de la Compañía Primitiva de Gas se solucionó recién en 1957, pero a pesar de la condición expresada en la renovación del crédito, éste no sufrió ninguna modificación.

  19. FO, 371/114031, 8-11-1955 y 11-11-1955.

  20. FO, 371/114032, 29-11-1955; 371/114047, 28-11-1955.

  21. FO, 371/119778, 21-12-1955.

  22. FO, 371/119878, 26-1-1956; FO, 371/119878, 30-1-1956.

  23. FO, 371/119878, 26-1-1956 y 10-2-1956.

  24. FO, 371/ 119879, 8-3-1956; FO, 371/119878, 8-2-1956. Por ejemplo, uno de los temas que más le preocupaba al Reino Unido era la tasa de cambio elegida; el gobierno argentino explicó que la referencia a los mercados internacionales se refería a “free markets”. El gobierno británico no aceptaría adoptar el tipo de cambio de New York ya que esto perjudicaría al valor de la libra. En ese momento, el gobierno estaba realizando un gran esfuerzo para mantener la libra a 2,80 respecto del dólar. [FO, 371/119878, 8-2-1956.] El gobierno argentino también explicó que la multilateralización tendría tres etapas: reuniones con países individualmente para definir los términos del proceso de multilateralización, reuniones conjuntas con los acreedores para discutir temas de interés común, y discusiones sobre las facilidades de largo plazo. [FO, 371/119879, 9-3-1956.] 

  25. FO, 371/119879, 14-4-1956. 

  26. FO, 371/119882, 28-5-1956 y 30-5-1956; E.A. Roca, op. cit., p. 132; A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 198-199; Juan A. Lanús, De Chapultepec al Beagle, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, tomo I, pp. 49 y 65, n. 102.

  27. FO, 371/119885, 3-7-1956. De acuerdo con estimaciones del gobierno argentino, las cantidades adeudadas a los países europeos y Japón eran las siguientes:

     Deuda Externa Argentina, 1956
     (en millones de pesos)
      Deuda Pública Deuda Privada Total
    Francia 2.8 27.8 30.6
    Alemania 30.6 168.7 199.3
    Italia 94.1 35.5 129.6
    Japón 60.3 8.1 69.4
    Holanda 21.1 0.6 21.7
    Reino Unido 53.2 12.0 65.2
    Total 262.1 253.7 515.8
    Fuente: FO, 371/119885, 20-8-1956.

  28. FO, 371/126169, 10-1-1957. 

  29. 371/126169, 10-1-1957; FO, 126171, 22-5-1957. Respecto de la postura de Francia, el Reino Unido consideraba necesario que el gobierno francés no relacionara la firma de un acuerdo de deuda con la situación del grupo Bemberg. El gobierno británico recordaba que Gran Bretaña no relacionaba el acuerdo de deuda con la situación de la Compañía Primitiva de Gas. 371/126169, 10-1-1957.

  30. FO, 371/126172, 24-6-1957. 

  31. FO, 371/126172, 22-6-1957.

  32. FO, 371/126174, 14-9-1957. 

  33. FO, 371/126176, 12-12-1957. 

  34. FO, 371/126181, 11-1957. 

  35. FO, 371/126176, 30-11-1957. 

  36. FO, 371/126178, 30-7-1957.

  37. FO, 371/126179, 3-10-1957.

  38. Ibid.

  39. Ibid.

  40. FO, 371/126188, 22-11-1957.

  41. FO, 371/131962, 5-3-1958.

  42. FO, 371/114028, 2-11-1955. 

  43. FO, 371/114058, 6-5-1955. 

  44. FO, 371/119899, 31-5-1956. 

  45. FO, 371/119899, 23-8-1956. 

  46. FO, 371/119899, 8-10-1956, 26-10-1956 y 14-11-1956.

  47. FO, 371/119899, 8-10-1956. 

  48. FO, 371/ 126176, 30-11-1957; FO, 371/166197, 11-12-1957. 

  49. FO, 371/114028, 2-11-55. 

  50. FO, 371/119897.

  51. FO, 371/119898, 19-7-1956; FO,371/119898, 19-7-1956.

  52. FO, 371/126299A, 7-2-1957. El tema de la Compañía Anglo-Argentina de Tranvías seguía pendiente en el año 1960. El juez de primera instancia falló en contra del pedido de compensación por parte de la compañía. A pesar de que la última apelara, el gobierno británico presionó para lograr un acuerdo entre las partes. La compañía aceptaría 6.650.000 libras esterlinas en bonos del gobierno argentino por 15 años. Estos bonos comenzarían a cobrarse a partir del sexto año con una tasa de interés del 6,5%. En 1964, la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo del Juez de Primera Instancia y determinó que el gobierno argentino era responsable por la quiebra de la compañía.. El gobierno apeló a la Corte Suprema de Justicia que, en 1965, confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones. FO, 371,147814, 3-6-1960;  FO, 371/155866, 7-8-1961;  FO, 371/173747, 14-5-1964; FO, 371/179243, 7-10-1965.

  53. FO, 371/114028, 2-11-1955.

  54. Mario Rapoport, El laberinto argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1997, p. 344.

  55. AMREC, URSS, 1956, Informes y cartas de la embajada argentina en Moscú a la cancillería, 21-4-1956, 18-7-1956, 20-7-1956, 30-8-1956, 30-11-1956 y 5-12-1956; AMREC, Informe general, 1955-1960, Memorándum, diciembre 1956-enero1957, cit. en ibid., pp. 344-345.

  56. Ibid., p. 346.

  57. Ibid., pp. 346-348.

  58. R. Etchepareborda, op. cit., pp. 66-67; E.A. Roca, op. cit., pp. 126-127.

  59. Joseph A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, Planeta, 1990, p. 221; R. Etchepareborda, op. cit., p. 67; A. Rouquié, op. cit., p. 133; N.D. González, op. cit., p. 256.

  60. A.P. Whitaker, op. cit., pp. 396-397; Gordon Connell-Smith, Los Estados Unidos y la América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 251.

  61. G. Connell-Smith, op. cit., p. 251.

  62. Miguel S. Wionczek, “Latin American Free Trade Association”, International Conciliation, Nº 551, enero de 1965, pp. 24-25, cit. en ibid., pp. 251-252.

  63. A.P Whitaker, op. cit., p. 397.

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