Visite nuestra página principal

Capítulo 64: Una política pro-occidental activa (1962-1963)

Ante el triunfo electoral del peronismo en algunas provincias, principalmente la de Buenos Aires donde Andrés Framini había sido elegido gobernador, el 28 de marzo de 1962 los comandantes de las tres armas, Raúl Poggi del ejército, Agustín R. Penas de la marina, y Cayo A. Alsina de la aeronáutica, exigieron la renuncia del presidente Arturo Frondizi. Ante su negativa, Frondizi fue detenido y conducido a la isla de Martín García.
   
Los comandantes que destituyeron al presidente no habían acordado previamente la manera de llevar a cabo el cambio institucional. Todos eran partidarios de una dictadura democrática que coadyuvara a combatir la corrupción atribuida a sectores gubernamentales y a combatir el comunismo, tanto en su forma interna como internacional. El general Poggi se ofreció a hacerse cargo de la presidencia de un gobierno de facto, pero finalmente la solución hallada fue otra. José María Guido, presidente del Senado y segunda autoridad del gobierno constitucional debido a la ausencia de vicepresidente, prestó juramento como presidente ante la Corte Suprema de Justicia. Muchos de aquéllos que deseaban salvar la continuidad institucional y temían el revanchismo del sector más antiperonista colaboraron para que este senador de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) se hiciera cargo del gobierno. Los dirigentes de la UCRI se habrían inclinado hacia esta solución que constituía el mal menor. El problema del reconocimiento diplomático, sumado a la supuesta simpatía del presidente Kennedy hacia el gobierno de Frondizi, también influyó en la adopción de la solución mencionada. (1) 
    El presidente Guido nombró en su gabinete a ex ministros de Frondizi: Rodolfo Martínez pasó a ocupar el Ministerio del Interior y Oscar Puiggrós conservó la cartera de Trabajo. El Ministerio de Economía fue asumido por el conservador Federico Pinedo y el de Relaciones Exteriores lo ocupó Mariano J. Drago, un civil allegado a los militares ultraliberales. El ministro del Interior puso a consideración del presidente un plan de nueve puntos, reclamando “un amplio margen de maniobra para el gobierno”. Martínez ponía el acento sobre la continuidad y pedía que se respetaran las instituciones provinciales y el Congreso. Se preveía la convocatoria a elecciones libres previa sanción de un estatuto de los partidos políticos. Respecto de la cuestión peronista -el mayor problema-, el ministro se situaba en la línea del frondizismo, postulando una política de conciliación, que integrara progresivamente a los peronistas a la vida política. En esto coincidía con la UCRI y algunos miembros de la UCRP, que anteponían la preservación de las instituciones a su antiperonismo. Sin embargo, los grandes grupos económicos, algunos órganos de prensa importantes y los sectores de clase media favorecían una actitud firme frente al peronismo. (2)  
    En ese contexto, los militares consideraron la posibilidad de establecer una dictadura. El Estado Mayor de Coordinación dio difusión interna, a comienzos de abril, a un documento secreto que analizaba la cuestión, llegando a la conclusión de que esa solución era imposible. Además del peligro que significaba la politización del ejército, se hacía hincapié en la supuesta reacción adversa de Estados Unidos. Los militares legalistas dieron al mencionado estudio gran propagación.  
    No obstante, los jefes golpistas impusieron la anulación de las elecciones y la intervención federal a las provincias. El ministro del Interior se negó a suscribir los decretos de intervención y renunció. Pero el 20 de abril, el día siguiente al fracaso del plan de Martínez, la guarnición de Campo de Mayo, bajo las órdenes del general de caballería Enrique Rauch, se sublevó y pidió la renuncia del secretario de Guerra. Tanto la caballería como la guarnición compartían la posición legalista del ministro y eran decididos opositores al proyecto de dictadura militar de los ultras. El presidente Guido cedió ante la presión castrense y designó en la secretaría al general Rauch, pero el general Poggi se opuso al nombramiento. Luego de arduas gestiones, el presidente consiguió un acuerdo: el general Rauch abandonó su cargo y el general Poggi también renunció, asumiendo el general Juan Bautista Loza ambos cargos. Sin embargo, el compromiso ocultaba mal la derrota de los legalistas y de los oficiales que apoyaban el plan de Martínez. La marina, a pesar de no haber tomado parte activamente, se puso de lado de los duros y de las medidas extremas. De esta manera, los días 24 y 25 de abril, aceptando la imposición militar, el presidente firmó los decretos que anulaban las elecciones provinciales y nacionales y colocaba todas las provincias bajo control del gobierno federal. La situación, sin embargo era muy confusa y el gabinete renunció. 
    En el nuevo gabinete organizado entre fines de abril y comienzos de mayo de 1962, los ministerios del Interior y Defensa quedaron en manos radicales, Jorge W. Perkins y José Luis Cantilo. Como canciller asumió Bonifacio del Carril y en economía Alvaro Alsogaray, cuyo hermano Julio, general de caballería, integraba el grupo legalista en Campo de Mayo. Los tres primeros compartían la necesidad de encontrar una solución al problema peronista y su idea era buscar la integración de un peronismo minoritario, para lo cual había que lograr que alguna agrupación política no peronista recibiera el apoyo popular mayoritario. De allí que surgiera el proyecto de volver a reunir al partido Radical que tuvo significativa aceptación. Perkins pensaba poner en vigencia una ley de lemas, que permitiría derrotar a los peronistas. Con estos planes se fijó la fecha de elecciones para octubre de 1963 y la transmisión del mando para abril de 1964. Sin embargo, las cosas se complicaron para la designación de los interventores federales en las provincias y con la presentación de la renuncia de todos los diputados de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el 25 de mayo. Como consecuencia de la situación en el Congreso, el ministro Perkins presentó su renuncia el 24 de junio. En la dimisión del ministro también incidieron las actividades de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) que actuaba paralelamente a la policía y sin responder al Ministerio del Interior. Perkins fue reemplazado por Carlos A. Adrogué, otro radical del pueblo más antiperonista que su antecesor.  
    El nuevo gabinete puso en vigencia un estatuto de los partidos políticos que proscribía el peronismo y establecía la forma bajo la cual los partidos debían reorganizarse para garantizar una dinámica democrática. El gobierno tendría a su cargo el control financiero de los partidos. En las elecciones presidenciales sólo participarían los partidos nacionales, que serían aquéllos que hubieran recibido 3% de los votos en la mitad de las provincias en las últimas elecciones. Pronto se hizo evidente que sólo entraban en esa categoría la UCRI, la UCRP y la democracia cristiana. Se estableció además la representación proporcional y se excluyeron las candidaturas de los dirigentes sindicales. Se prohibió toda propaganda peronista. El denominado estatuto Adrogué recibió críticas de muchos sectores, inclusive de partidos pequeños antiperonistas que quedaban al margen de las elecciones nacionales. 
    Por otra parte, el país enfrentaba graves problemas económicos. La prosperidad del modelo desarrollista tenía como base un alto nivel de inversiones extranjeras y créditos externos, haciendo el sistema muy vulnerable a la falta de confianza en los círculos financieros, hecho que ocurrió luego de las elecciones de marzo de 1962. Las reservas de divisas disminuyeron, el movimiento de capitales cambió de signo y la interrupción del flujo inversor provocó la restricción del crédito. Además, en 1962 vencían varias deudas de corto y mediano plazo, haciendo más grave aún la situación de la Tesorería y de las reservas. A esto se agregaba la falta de saldos exportables, que habrían podido satisfacer la demanda externa, debido a la disminución de la superficie sembrada por efecto de la política industrialista y a una pronunciada sequía. Ante la crisis, el ministro Pinedo decretó una drástica devaluación, disponiendo también recargos a las naftas y a todas las importaciones, un aumento del impuesto a las ventas y la suspensión del régimen de promoción a la industria automotriz. Producido el cambio de gabinete, Pinedo fue sustituido por  Alvaro Alsogaray, quien afirmó el 7 de mayo que el estado se encontraba al borde de la bancarrota e instrumentó un programa financiero de emergencia apelando a nuevos impuestos, a la postergación del pago de sueldos públicos -realizado luego en parte con “bonos patrióticos”- y a proveedores del estado, y el lanzamiento de un empréstito interno. (3)  
    La crisis, sin embargo, iba más allá del ámbito económico. Los poderes paralelos se multiplicaban ante la falta de una autoridad legítima reconocida. La actitud de los jefes militares demostraba que para éstos todas las discrepancias estaban permitidas en virtud de la conmoción en que se encontraba el país. Los jefes de unidad y de guarnición se comportaban en sus distritos como señores de la guerra, muchas veces en colusión con grupos políticos. Una oleada de antisemitismo, producida en junio de 1962, profundizó la gravedad de la situación. Finalmente, entre julio y septiembre se desarrollarían actos de fuerza que pondrían al país al borde de la guerra civil. (4)

  1. Véase Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982, pp. 193-194.

  2. Ibid., pp. 194-195.

  3. Ibid., pp. 201-203; Félix Luna, Argentina, de Perón a Lanusse, 1943-1973, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta, 1985, p. 150.

  4. A. Rouquié, op. cit., p. 203.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

Ir a página anterior Home Ir a página siguiente

© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.