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Capítulo 64: Una política pro-occidental activa (1962-1963)
Introducción
Ante
el triunfo electoral del peronismo en algunas provincias, principalmente la de
Buenos Aires donde Andrés Framini había sido elegido gobernador, el 28 de
marzo de 1962 los comandantes de las tres armas, Raúl Poggi del ejército,
Agustín R. Penas de la marina, y Cayo A. Alsina de la aeronáutica, exigieron
la renuncia del presidente Arturo Frondizi. Ante su negativa, Frondizi fue
detenido y conducido a la isla de Martín García.
Los
comandantes que destituyeron al presidente no habían acordado previamente la
manera de llevar a cabo el cambio institucional. Todos eran partidarios de una
dictadura democrática que coadyuvara a combatir la corrupción atribuida a
sectores gubernamentales y a combatir el comunismo, tanto en su forma interna
como internacional. El general Poggi se ofreció a hacerse cargo de la
presidencia de un gobierno de facto, pero finalmente la solución hallada
fue otra. José María Guido, presidente del Senado y segunda autoridad del
gobierno constitucional debido a la ausencia de vicepresidente, prestó
juramento como presidente ante la Corte Suprema de Justicia. Muchos de aquéllos
que deseaban salvar la continuidad institucional y temían el revanchismo del
sector más antiperonista colaboraron para que este senador de la Unión Cívica
Radical Intransigente (UCRI) se hiciera cargo del gobierno. Los dirigentes de la
UCRI se habrían inclinado hacia esta solución que constituía el mal menor. El
problema del reconocimiento diplomático, sumado a la supuesta simpatía del
presidente Kennedy hacia el gobierno de Frondizi, también influyó en la adopción
de la solución mencionada. (1)
El
presidente Guido nombró en su gabinete a ex ministros de Frondizi: Rodolfo Martínez
pasó a ocupar el Ministerio del Interior y Oscar Puiggrós conservó la cartera
de Trabajo. El Ministerio de Economía fue asumido por el conservador Federico
Pinedo y el de Relaciones Exteriores lo ocupó Mariano J. Drago, un civil
allegado a los militares ultraliberales. El ministro del Interior puso a
consideración del presidente un plan de nueve puntos, reclamando “un amplio
margen de maniobra para el gobierno”. Martínez ponía el acento sobre la
continuidad y pedía que se respetaran las instituciones provinciales y el
Congreso. Se preveía la convocatoria a elecciones libres previa sanción de un
estatuto de los partidos políticos. Respecto de la cuestión peronista -el
mayor problema-, el ministro se situaba en la línea del frondizismo, postulando
una política de conciliación, que integrara progresivamente a los peronistas a
la vida política. En esto coincidía con la UCRI y algunos miembros de la UCRP,
que anteponían la preservación de las instituciones a su antiperonismo. Sin
embargo, los grandes grupos económicos, algunos órganos de prensa importantes
y los sectores de clase media favorecían una actitud firme frente al peronismo.
(2)
En
ese contexto, los militares consideraron la posibilidad de establecer una
dictadura. El Estado Mayor de Coordinación dio difusión interna, a comienzos
de abril, a un documento secreto que analizaba la cuestión, llegando a la
conclusión de que esa solución era imposible. Además del peligro que
significaba la politización del ejército, se hacía hincapié en la supuesta
reacción adversa de Estados Unidos. Los militares legalistas dieron al
mencionado estudio gran propagación.
No
obstante, los jefes golpistas impusieron la anulación de las elecciones y la
intervención federal a las provincias. El ministro del Interior se negó a
suscribir los decretos de intervención y renunció. Pero el 20 de abril, el día
siguiente al fracaso del plan de Martínez, la guarnición de Campo de Mayo,
bajo las órdenes del general de caballería Enrique Rauch, se sublevó y pidió
la renuncia del secretario de Guerra. Tanto la caballería como la guarnición
compartían la posición legalista del ministro y eran decididos opositores al
proyecto de dictadura militar de los ultras. El presidente Guido cedió ante la
presión castrense y designó en la secretaría al general Rauch, pero el
general Poggi se opuso al nombramiento. Luego de arduas gestiones, el presidente
consiguió un acuerdo: el general Rauch abandonó su cargo y el general Poggi
también renunció, asumiendo el general Juan Bautista Loza ambos cargos. Sin
embargo, el compromiso ocultaba mal la derrota de los legalistas y de los
oficiales que apoyaban el plan de Martínez. La marina, a pesar de no haber
tomado parte activamente, se puso de lado de los duros y de las medidas
extremas. De esta manera, los días 24 y 25 de abril, aceptando la imposición
militar, el presidente firmó los decretos que anulaban las elecciones
provinciales y nacionales y colocaba todas las provincias bajo control del
gobierno federal. La situación, sin embargo era muy confusa y el gabinete
renunció.
En
el nuevo gabinete organizado entre fines de abril y comienzos de mayo de 1962,
los ministerios del Interior y Defensa quedaron en manos radicales, Jorge W.
Perkins y José Luis Cantilo. Como canciller asumió Bonifacio del Carril y en
economía Alvaro Alsogaray, cuyo hermano Julio, general de caballería,
integraba el grupo legalista en Campo de Mayo. Los tres primeros compartían la
necesidad de encontrar una solución al problema peronista y su idea era buscar
la integración de un peronismo minoritario, para lo cual había que lograr que
alguna agrupación política no peronista recibiera el apoyo popular
mayoritario. De allí que surgiera el proyecto de volver a reunir al partido
Radical que tuvo significativa aceptación. Perkins pensaba poner en vigencia
una ley de lemas, que permitiría derrotar a los peronistas. Con estos planes se
fijó la fecha de elecciones para octubre de 1963 y la transmisión del mando
para abril de 1964. Sin embargo, las cosas se complicaron para la designación
de los interventores federales en las provincias y con la presentación de la
renuncia de todos los diputados de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el 25
de mayo. Como consecuencia de la situación en el Congreso, el ministro Perkins
presentó su renuncia el 24 de junio. En la dimisión del ministro también
incidieron las actividades de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE)
que actuaba paralelamente a la policía y sin responder al Ministerio del
Interior. Perkins fue reemplazado por Carlos A. Adrogué, otro radical del
pueblo más antiperonista que su antecesor.
El
nuevo gabinete puso en vigencia un estatuto de los partidos políticos que
proscribía el peronismo y establecía la forma bajo la cual los partidos debían
reorganizarse para garantizar una dinámica democrática. El gobierno tendría a
su cargo el control financiero de los partidos. En las elecciones presidenciales
sólo participarían los partidos nacionales, que serían aquéllos que hubieran
recibido 3% de los votos en la mitad de las provincias en las últimas
elecciones. Pronto se hizo evidente que sólo entraban en esa categoría la
UCRI, la UCRP y la democracia cristiana. Se estableció además la representación
proporcional y se excluyeron las candidaturas de los dirigentes sindicales. Se
prohibió toda propaganda peronista. El denominado estatuto Adrogué recibió críticas
de muchos sectores, inclusive de partidos pequeños antiperonistas que quedaban
al margen de las elecciones nacionales.
Por
otra parte, el país enfrentaba graves problemas económicos. La prosperidad del
modelo desarrollista tenía como base un alto nivel de inversiones extranjeras y
créditos externos, haciendo el sistema muy vulnerable a la falta de confianza
en los círculos financieros, hecho que ocurrió luego de las elecciones de
marzo de 1962. Las reservas de divisas disminuyeron, el movimiento de capitales
cambió de signo y la interrupción del flujo inversor provocó la restricción
del crédito. Además, en 1962 vencían varias deudas de corto y mediano plazo,
haciendo más grave aún la situación de la Tesorería y de las reservas. A
esto se agregaba la falta de saldos exportables, que habrían podido satisfacer
la demanda externa, debido a la disminución de la superficie sembrada por
efecto de la política industrialista y a una pronunciada sequía. Ante la
crisis, el ministro Pinedo decretó una drástica devaluación, disponiendo
también recargos a las naftas y a todas las importaciones, un aumento del
impuesto a las ventas y la suspensión del régimen de promoción a la industria
automotriz. Producido el cambio de gabinete, Pinedo fue sustituido por Alvaro Alsogaray, quien afirmó el 7 de mayo que el estado se
encontraba al borde de la bancarrota e instrumentó un programa financiero de
emergencia apelando a nuevos impuestos, a la postergación del pago de sueldos públicos
-realizado luego en parte con “bonos patrióticos”- y a proveedores del
estado, y el lanzamiento de un empréstito interno. (3)
La
crisis, sin embargo, iba más allá del ámbito económico. Los poderes
paralelos se multiplicaban ante la falta de una autoridad legítima reconocida.
La actitud de los jefes militares demostraba que para éstos todas las
discrepancias estaban permitidas en virtud de la conmoción en que se encontraba
el país. Los jefes de unidad y de guarnición se comportaban en sus distritos
como señores de la guerra, muchas veces en colusión con grupos políticos. Una
oleada de antisemitismo, producida en junio de 1962, profundizó la gravedad de
la situación. Finalmente, entre julio y septiembre se desarrollarían actos de
fuerza que pondrían al país al borde de la guerra civil. (4)
NOTAS
Véase Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982, pp. 193-194.
Ibid., pp. 194-195.
Ibid., pp. 201-203; Félix Luna, Argentina, de Perón a Lanusse, 1943-1973, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta, 1985, p. 150.
A. Rouquié, op. cit., p. 203.
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