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Las diferencias de opinión respecto del alcance de las futuras elecciones y sobre el prometido Estatuto de los Partidos Políticos fueron solucionadas después de una serie de reuniones en las cuales las autoridades militares transmitieron la posición de cada fuerza. La decisión fue anunciada por el ministro del Interior Martínez el 19 de noviembre de 1962, y consistía en la realización de elecciones generales para todos los cargos legislativos y ejecutivos, tanto en el ámbito nacional como provincial. El Estatuto, dado a conocer también en la misma fecha, si bien era más tolerante que el anterior, seguía manteniendo artículos fuertemente proscriptivos para el partido Peronista que continuaba fuera de la ley. Sin embargo, quedaba abierta la posibilidad de que los peronistas que decidieran aceptar las condiciones del Estatuto pudieran formar un nuevo partido y fueran reconocidos, decisión que estaría a cargo de los tribunales electorales. El 14 de enero de 1963 era promulgada la esperada convocatoria a elecciones, estableciendo la fecha del 23 de junio para elecciones nacionales y provinciales. (1) 
    Consciente de que los opositores irreductibles tratarían de utilizar el tema de la participación peronista como el fundamento para una campaña psicológica con el propósito de quitar apoyo militar a las elecciones, el secretario de Defensa Benjamín Rattenbach desarrolló una contracampaña propia. A través de charlas con generales clave y boletines confidenciales enviados a los comandantes de unidades, trató de explicar las decisiones políticas tomadas por el gobierno. Al día siguiente en que se diera a conocer el decreto de convocatoria, el secretario señaló a un grupo de generales que, a pesar de los pronósticos alarmistas realizados sobre un triunfo electoral peronista, el ejército debía mantenerse firme en su compromiso de restaurar el orden constitucional. El ejército debía prepararse para el impacto psicológico derivado de la presencia de legisladores de tendencia justicialista en el Congreso, las legislaturas provinciales e incluso en los colegios electorales. (2)  
    Al mismo tiempo, el ministro del Interior Martínez comenzó a promover la formación de un frente político en que tuvieran participación la UCRI, los peronistas y otros partidos, pero el respaldo al proyecto del secretario Rattenbach provocó inquietud entre algunos oficiales Azules, para los cuales dicha acción podía interpretarse como que el ejército veía con buenos ojos la digitación de frentes con el peronismo. Entre estos oficiales se veía con mejores ojos que la UCRP fuera el núcleo de una coalición electoral. Esto, no obstante, presentaría dificultades debido al sector fuertemente antiperonista que existía dentro del partido. (3) 
    En marzo, la UCRP eligió su fórmula presidencial. Probablemente debido a que el ministro Martínez continuaba promoviendo la coalición electoral que se asemejaba a la que había triunfado en las elecciones de 1958, con lo cual las posibilidades de la UCRP no parecían muchas, Ricardo Balbín no aceptó ser el candidato del partido. La fórmula se integró entonces con Arturo Illia y Carlos Perette. Al mismo tiempo, Oscar Alende se perfilaba como el candidato para encabezar la fórmula de la UCRI. Asimismo las negociaciones para la constitución del frente continuaron pero con pocas posibilidades de éxito, debido a las diferencias de política económica y el nivel de conflicto que existían entre la UCRP y la UCRI. El ministro Martínez debía resolver también la legalización de la Unión Popular como una agrupación política peronista que pudiera ser aceptada, y luego integrarla en una coalición electoral de una forma que no produjera alarma en las fuerzas armadas.  La idea del ministro era que, tal vez, Onganía se decidiera a pedir su retiro de la actividad y pudiera encabezar la coalición. Sin embargo, el dictamen judicial conocido el 8 de marzo, determinando que la Unión Popular había cumplido con las condiciones para adquirir su status legal, provocó malestar en la marina y en la fuerza aérea. El secretario de la Marina, por presión de sus oficiales, pidió que la decisión de reconocer a la agrupación peronista fuera apelada a un tribunal superior. Pero ante la oposición del ministro y de los secretarios de las otras armas, la decisión quedó firme. El secretario de la Marina señaló a Guido que esto haría que su fuerza no se sintiera comprometida con el proceso. (4)  
    Por cierto, una sucesión de hechos llevaron a la renuncia del ministro Martínez. En primer lugar el dirigente radical Miguel A. Zavala Ortiz -quien había renunciado recientemente a su partido, la UCRP- entregó a la prensa una carta dirigida al ministro en la que hacía público que éste le había ofrecido un lugar en una fórmula de unión nacional que sería encabezada por un general. Además, Zavala Ortiz calificaba el proyecto de Martínez como antidemocrático y no viable. Por otra parte, la oposición al ministro había ido en aumento en algunos sectores políticos y por distintos motivos. Además de los golpistas, que temían las elecciones cualquiera fuera su tipo, otros políticos no veían bien la intención de Martínez de manipular el proceso político. Cooperaron también los partidarios de Aramburu, que aspiraban a reemplazar al ministro por otro que rescatara la idea de una elección exclusivamente presidencial. El golpe final lo produjo, sin embargo, un colega de Martínez, el ministro de Defensa, quien el 27 de marzo anunció a la prensa que desvinculaba al “gabinete militar” del “gabinete político”. Esto hizo que Martínez presentara su renuncia al presidente Guido. (5) 
    Por cierto, en marzo el embajador McClintock comunicaba a Rusk el nuevo temor de que los líderes Colorados del ejército, ayudados por oficiales de la marina y los diarios La Prensa y La Nación, pudieran estar en posición de asegurar la remoción de Guido y establecer una junta militar, no a través de la acción militar, sino de una campaña psicológica diseñada para hacer creer que los peronistas estaban por retornar. Guido advirtió que la “crisis necesitaba inteligencia, no sangre”, y que, si los partidos políticos mantenían su odio partidario, “el infierno no sería para otro, sería para nosotros”.  Voceros del grupo golpista, como Marcelo Aranda -ex subsecretario de Defensa, abogado e influyente civil en dicho grupo-, argüían que el grupo Colorado no quería otra cosa que el golpe, y que las elecciones eran imposible. Debido a su organización y dinero, los peronistas podían ganar o influir la elección, y los demás partidos políticos estaban demasiado fragmentados para poder triunfar sobre los peronistas. De esta  manera, el golpe aparecía como la única salida. McClintock señaló que el golpe no era una solución, porque llevaría a otros golpes, cualquiera de los cuales podría degenerar en demagogia de izquierda. Por cierto, también alienaría a la opinión pública norteamericana, especialmente porque la Argentina tenía la oportunidad de ser un ejemplo estabilizador para toda América latina y volver al gobierno constitucional. El embajador sugirió que los no-peronistas, incluyendo los militares, eligieran un candidato a presidente que pudiera hacer frente a los peronistas después de la elección, aun si fuera elegido con apoyo peronista. También se sugirió que el gobierno norteamericano prometiera a los militares algún equipo moderno a cambio de mantener las elecciones. (6)  
    El 2 de abril estalló la nueva conspiración del grupo Colorado. Fue una rebelión de largo alcance que tuvo el apoyo mayoritario de la marina, cuyas bases navales y aeronavales más importantes se plegaron a la misma, aunque no lo hizo el comandante de la flota de mar. En el ejército el respaldo también fue amplio; mientras que en la fuerza aérea la actitud rebelde quedó limitada a tres de sus instalaciones. Los organizadores de la revuelta se habían fijado como objetivo el establecimiento de un gobierno revolucionario constituido por una junta militar y un presidente, cargo que recaería en el general Benjamín Menéndez. Dicho gobierno declararía la ley marcial, arrestaría a los funcionarios corruptos y dejaría fuera de la ley a todos los grupos totalitarios. Los partidos políticos, la CGT y las asociaciones empresarias serían declaradas en estado de asamblea, y las universidades intervenidas. No obstante, la revuelta fue vencida por el sector leal del ejército bajo las órdenes del general Onganía, y el día 5 se firmaban las condiciones de la rendición de las fuerzas rebeldes. (7)  
    Aparentemente, las consecuencias de la revuelta parecieron fortalecer el compromiso de la cúpula del ejército y de la fuerza aérea de llevar a cabo las elecciones como estaban anunciadas. Un último comunicado, luego de la rendición de la marina, destacaba la oposición del ejército al regreso de un régimen peronista, pero prometía respetar el libre juego de los partidos políticos en tanto se adscribieran a las normas legales. No obstante, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, que recayó en el general Enrique Rauch, provocó nuevos problemas al gobierno. Su cruzada para “limpiar el país” antes de las elecciones, ordenando el arresto de numerosas personas por delitos económicos y por pertenecer al grupo de Frigerio, entre ellos muchos judíos, dio un tono hitleriano a la acción de Rauch. Cuando el ministro distribuyó panfletos en las unidades militares, en contra de sus propios colegas del gabinete, su situación se hizo insostenible y debió renunciar, pero el hecho provocó una completa crisis de gabinete. (8) 
    Lograda la reorganización del gabinete, el nuevo ministro del Interior, Osiris Villegas, puso toda su preocupación en llegar a las anunciadas elecciones. En el interregno de Rauch, habían sido dictadas dos medidas que afectaban el proceso electoral. La primera, exigida por la cúpula militar desde tiempo atrás, consistía en la especificación de las actividades prohibidas bajo la reglamentación antiperonista vigente. De especial relevancia eran las disposiciones que prohibían discutir cuestiones políticas o sindicales directa o indirectamente con Perón y que ponían a quienes las violaran bajo el riesgo de perder sus derechos políticos. La segunda medida, debido a los acontecimientos políticos del mes anterior, postergaba la realización de las elecciones en dos semanas, hasta el 7 de julio, y extendía hasta el 20 de mayo el plazo para la presentación de candidatos por los partidos políticos. (9)  
    Pero el desafío más importante que enfrentaba el gobierno y las autoridades militares era encontrar la fórmula para que hubiera una participación lo suficientemente amplia en las elecciones como para que el nuevo gobierno tuviera legitimidad, sin permitir a la vez que el peronismo controlara dicho gobierno. El ex ministro Martínez había buscado un acuerdo informal con los líderes de la Unión Popular para que limitaran su participación política a posiciones legislativas y a unas pocas gobernaciones. Pero ahora, la cúpula del ejército exigía garantías legales de que la Unión Popular no se transformara en el camino para el “retorno de la dictadura peronista”. De esta manera, Villegas obtuvo la firma del presidente Guido para la emisión de un decreto, el 17 de mayo, que restringía la participación de la Unión Popular a cargos legislativos. La medida provocó grandes protestas entre los grupos peronistas. 
    Mientras tanto, se había podido conformar el Frente Nacional y Popular, con la participación de grupos peronistas y frondizistas. Cuando se estaban llevando a cabo las tratativas para ver quien sería el candidato presidencial del mismo, las cuales no descartaban la posibilidad de que fuera el propio general Onganía, llegó la decisión de Perón en favor de la fórmula Vicente Solano Lima-Silvestre Begnis. Esto provocó la fragmentación de la agrupación, porque, si bien Frondizi pidió a la UCRI que apoyara la fórmula, Oscar Alende -que había sido nominado como candidato por su partido aunque sujeto a la aceptación del Frente- no quiso abandonar su candidatura. La consecuencia fue una escisión de la UCRI en “frentistas” y “alendistas”. Finalmente una disposición legal de último momento permitió que la fórmula encabezada por Alende representara a la UCRI en las elecciones. Asimismo, varios sectores del peronismo no quedaron conformes con la fórmula del Frente. De esta manera, grupos de la línea dura comenzaron una campaña en favor de boicotear las elecciones, proponiendo una “abstención revolucionaria”. Por último, el propio Perón también recomendó la abstención, y tanto las 62 Organizaciones como el Consejo Coordinador del Movimiento Justicialista calificaron las elecciones como fraudulentas y ordenaron el voto en blanco. Las elecciones tuvieron lugar y sin contratiempos. La mayor cantidad de votos fue para Arturo Illia, candidato de la UCRP, que recibió 2.441.000 votos, o sea 25,1% del total. Los votos en blanco fueron la segunda cifra con 1.884.000 votos, menos de 20% de los votantes. Siguió el candidato de la UCRI, Oscar Alende, con 1.593.000 votos o 16,4%, y el cuarto lugar lo ocupó UDELPA, una agrupación encabezada por el general Aramburu, que obtuvo 1.340.000 votos. El apoyo de partidos menores a la candidatura de Illia dio a éste el triunfo en el Colegio Electoral. (10)  
    De esta manera, Guido pudo cumplir el objetivo que se había propuesto al asumir la presidencia. No obstante las enormes dificultades que le plantearon las facciones militares en pugna, y las concesiones que debió hacer, el saldo podía ser considerado positivo dado que se había restablecido el orden constitucional y el futuro gobierno quedaba en manos de civiles. Aparecían  planteados sin embargo algunos interrogantes acerca de la gobernabilidad que tendrían las nuevas autoridades, teniendo en cuenta que los líderes peronistas denunciaban las elecciones como ilegítimas. La incorporación del peronismo al proceso electoral era obviamente todavía muy imperfecta. Era asimismo una incógnita si los militares aceptarían jugar un rol subordinado al gobierno civil, teniendo en cuenta el protagonismo en las decisiones de gobierno que habían adquirido en los últimos años. 

  1. La Prensa, 20 de noviembre de 1962; el decreto-ley 12.530 del 19 de noviembre de 1962 contenía el texto del Estatuto, cit. en R.A. Potash, op. cit., pp. 120-121.

  2. Ibid., pp. 122-123.

  3. Ibid., pp. 124-126.

  4. Ibid., pp. 129-133.

  5. Ibid., pp. 134-136.

  6. Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, secreto, 26 de marzo de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.-Political Affairs and Relations ARG 1/1/64; McClintock al secretario de Estado, 28 de marzo de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1893, File Political 15-1 ARG 1966; memorándum de conversación entre Marcelo Aranda (ex secretario de Defensa, abogado e influyente civil en el grupo Colorado) y Hoyt el 21 de marzo de 1963, Embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado, 30 de marzo de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol. 1 ARG; y Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, secreto, 26 de marzo de 1963, NARA, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.-Political Affairs and Relations ARG 1/1/64.

  7. Véase R.A. Potash, op. cit., pp. 138-151.

  8. Ibid., pp. 155-161. Los rumores de que la mayoría del gabinete debía renunciar, incluido el equipo económico llevó al embajador norteamericano McClintock a considerar que esta situación sería una victoria pírrica que dejaría a la Argentina prácticamente privada de otro gobierno que no fueran los tres secretarios militares presididos por Guido. La posibilidad de encontrar reemplazantes para los miembros del gabinete poco tiempo antes de la elección era juzgada difícil por el embajador. Durante este tiempo McClintock se ocupó de proteger las relaciones bilaterales y recibió innumerables pedidos de apoyo. En todos los casos el embajador respondió que su gobierno no se involucraba en política interna. Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 12 de mayo de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.-Political Affairs and Relations ARG 1/1/64; memorándum de conversación entre Alende (titular de la UCRI) y McClintock, Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, secreto, 16 de enero de 1963, NARA, 59, Central Decimal Files, 1960-63, Box 1595, File 735.00/1-463.

  9. R.A. Potash, op. cit., p. 163.

  10. Ibid., pp. 165-176.

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