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La no renovación del Acuerdo de Garantía de Inversiones y la anulación de los contratos petroleros

El cumplimiento de la promesa efectuada por Illia de dejar sin efecto tanto el Acuerdo de Garantía de Inversiones como los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi tuvo una enorme repercusión en los círculos gubernamentales y empresariales norteamericanos, constituyendo un escollo permanente en la relación bilateral. El Acuerdo cubría a las empresas privadas extranjeras de los riesgos de expropiación, guerra o insurrección en los mercados en que operaban. La decisión de no ratificarlo fue confirmada pocos días después de la asunción del nuevo gobierno, el 22 de octubre de 1963, por el ministro de Economía Eugenio Blanco, quien en el almuerzo mensual de la Prensa Extranjera sostuvo que

El doctor Illia (...) ya como candidato, como Presidente electo y como titular del Poder Ejecutivo, ha manifestado que no propiciará la ratificación de ningún acuerdo de garantía de inversiones extranjeras, agregando que al amparo de la Constitución y de las leyes de la República, el capital y el trabajo, tanto de los extranjeros como de los nacionales, gozarán en el país de la más amplia garantía. Esa es la política del Gobierno. (1)

Tanto Illia como Blanco estaban convencidos de que tales medidas eran competencia del gobierno argentino, y constituían cuestiones de índole interna que no afectarían los intereses del gobierno o del sector privado norteamericano.  
    Sin embargo, la embajada norteamericana en Buenos Aires no ocultó su preocupación por el anuncio de Illia, en los meses previos a asumir el gobierno, de que el Acuerdo de Garantía de Inversiones debía ser anulado y que la inversión extranjera debía ser sacrificada para permitir el desarrollo de un orgullo nacional. Más aún, durante la primera semana de Illia como presidente, en la segunda quincena de octubre de 1963, el asistente especial de la Casa Blanca para Asuntos Interamericanos, Ralph Dungan, le planteó al flamante mandatario que el presidente John Kennedy esperaba del gobierno argentino que no tomara iniciativas que pudieran perjudicar la política de ayuda al exterior de Washington. En caso de que Illia concretara su promesa electoral de anular los contratos petroleros y no garantizara una adecuada protección a las inversiones de las empresas, Kennedy tendría serios problemas en el Congreso para mantener la ayuda económica a la región. (2) 
    A fines de mayo de 1964, un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina señaló que el descenso en el flujo de inversiones se debía en mayor medida a la falta de ratificación del convenio de garantía de inversiones con Estados Unidos que a la anulación de los contratos petroleros. El informe sostenía que la ratificación de dicho acuerdo por parte del gobierno radical hubiera alentado la afluencia de nuevas inversiones. (3) 
   
Pero, sin lugar a dudas, la decisión más polémica del gobierno de Illia, tanto a nivel de política interna como exterior, fue anular los contratos petroleros firmados por YPF con las compañías extranjeras durante la gestión de Frondizi, un tema que había sido promesa de campaña electoral del entonces candidato por la UCRP. Este tema siempre tuvo en la Argentina un fuerte contenido ideológico: para los sectores nacionalistas, la explotación nacional de petróleo era sinónimo de autarquía económica y su explotación en manos extranjeras era en cambio un síntoma de “dependencia”. Para los sectores liberales y desarrollistas la ecuación se planteaba en los términos exactamente opuestos: los capitales extranjeros debían colaborar en la explotación del petróleo porque los capitales nacionales no eran suficientes para hacerlo y esto significaba atraso en el desarrollo económico del país.
   
No obstante la existencia de datos incontrovertibles a favor de la vigencia de los contratos petroleros (la duplicación de la producción petrolera entre 1958 y 1962 respecto de la vigente durante toda la primera mitad del siglo y la conquista del autoabastecimiento en petróleo, con el consiguiente ahorro de 300 millones de dólares en importación de combustible), el gobierno de Illia quedó en este tema condicionado tanto a su promesa electoral como a la presión de los sectores nacionalistas dentro y fuera de su partido. (4)
   
En el seno del gobierno radical surgieron dos enfoques opuestos respecto de cómo concretar la anulación de los contratos. Por un lado, el presidente Illia, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Facundo Suárez, y el diputado y luego ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, fueron partidarios de una actitud moderada, que además contó con el respaldo del ejército. Preocupados por el día después del anuncio de anulación de los contratos y porque YPF lograra el autoabastecimiento de petróleo, este grupo buscaba anular los contratos firmados pero renegociándolos lo más rápidamente posible. Partiendo de esta común inquietud, tanto el presidente como el titular de la petrolera estatal prefirieron anunciar la nulidad de una manera discreta, e intentaron -aunque con poco éxito- convencer a las empresas contratistas de que continuaran sus operaciones en el país. (5) 
   
La propuesta del titular de YPF, aceptada por Illia tuvo por objetivos: a) asegurar el autoabastecimiento petrolero de la Argentina; b) reconstruir jurídicamente los contratos para colocarlos dentro de la ley y a la vez no afectar la imagen externa de YPF; c) indemnizar a las empresas afectadas en justos términos -paso que debía dar el gobierno para no poner sobre las espaldas de YPF el peso de dichas indemnizaciones-; c) convencer a las empresas contratistas de que continuaran sus proyectos de inversión a pesar de la anulación de los contratos; y d) otorgar a la empresa italiana Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) la posibilidad de acceder al negocio petrolero argentino no sólo como contratista, sino también como explorador, productor y distribuidor, con similares características a las que en ese momento se encontraban Esso y Shell. (6)  
    Esta actitud moderada de Suárez, que contó con el respaldo de Illia, encontró resistencias tanto dentro como fuera del partido gobernante. En el oficialismo, se encontró con la oposición del sector nacionalista del gabinete, encabezado por el vicepresidente Carlos Perette e integrado por figuras como el secretario de Industria y Comercio, Alfredo Concepción; el secretario de Energía y Combustibles, Antulio Pozzio; el subsecretario de Energía y Combustibles, Juan Sábato, y el vicepresidente primero de YPF, Carlos Adrogué. A diferencia del intervencionismo estatal moderado de Illia, Perette era partidario de tener una actitud de “borrón y cuenta nueva” respecto de sus predecesores, factor que lo enfrentó con el propio ministro de Economía, Eugenio Blanco, una figura también moderada. En materia petrolera, Perette no dudó en demostrar las diferencias que lo separaban del criterio de Illia y del titular de YPF. Según el vicepresidente, había que otorgar una mayor espectacularidad al anuncio de anulación de los contratos petroleros, que debía realizarse en un gran acto frente al Congreso. Asimismo, Perette intentó colocar a sus colaboradores en YPF, lo cual llevó a Facundo Suárez a buscar apoyo en la figura del presidente. (7)
   
A pesar de los esfuerzos del titular de la petrolera estatal por convencer a opositores y empresas contratistas de que el gobierno buscaba renegociar los contratos anulados -procurando con ello proyectar una imagen de confiabilidad en el exterior-, lo cierto fue que el decreto de anulación lanzado el 15 de noviembre de 1963 tuvo consecuencias negativas tanto internas como externas.
   
La enorme carga ideológica del tema petrolero hizo que la moderación de la que hacían gala el primer mandatario y el titular de YPF no fuera comprendida ni por los sectores liberales y desarrollistas, -que desde la oposición defendían enfáticamente los contratos y subrayaban los logros económicos del gobierno de Frondizi-, ni por el sector nacionalista del propio gobierno que respaldó con la misma convicción la importancia política de anular los contratos sin medir las consecuencias.  
    El ex ministro de Economía del gobierno de Frondizi, Alvaro Alsogaray, envió a fines de octubre una carta a Illia donde le advertía que

si los contratos de petróleo y los acuerdos de garantía que el país ha estipulado libremente se transforman en un tema político, ya sea con un propósito deliberado o simplemente por un erróneo manejo, la Argentina pasará, lisa y llanamente, a un segundo plano en la consideración de los organismos internacionales responsables y de los inversores auténticos, y verá acentuarse a corto plazo la desocupación, la recesión económica y la inflación (...)
Somos muy dueños de proceder como queramos. Las amenazas veladas de algunos legisladores de Estados Unidos y de otros sectores interesados no deben conmovernos. Pero lo que sí está en juego, repito, es que nadie, ni argentinos ni extranjeros, invertirán sus capitales en la Argentina. Por el contrario, tratarán de retirarlos. Y entonces seguiremos nuestra marcha decadente en un mundo que asiste hoy a una formidable expansión. (8)

A su vez, el 8 de noviembre, el asesor de ACIEL y ex asesor de Alsogaray cuando éste fuera ministro de Economía del gobierno de Frondizi, Enrique Figueroa, sostuvo argumentos muy similares a los utilizados por Alsogaray y por los diplomáticos e inversores norteamericanos para intentar convencer a Illia de la inconveniencia de anular los contratos. Sostuvo Figueroa:

(...) ¿Tiene el Poder Ejecutivo capacidad y atribuciones suficientes para proceder, como se anuncia, por decreto a la anulación de esos contratos? Se alega en favor de ello que los mismos son de concesión y no de locación de obras y /o servicios. Que, por tanto, son contratos de derecho público y el Poder Ejecutivo tiene bastantes facultades para disponer su nulidad en conjunto.
¿Debe y puede el Poder Ejecutivo decidir por sí que esos contratos son de concesión? ¿O debe concurrir ante los tribunales de Justicia para demandar que determine su naturaleza jurídica, así como también declarar su nulidad? ¿Puede el Gobierno ser juez y parte al mismo tiempo? ¿Vale más para el país la nulidad en sí misma o el respeto a las leyes?
La normalidad constitucional, recobrada a costa de alto precio, ¿no restablece con plena vigencia la división de los poderes, pilar fundamental del régimen republicano establecido en la Constitución?
Si los contratos fueron arbitrariamente concertados ¿pueden ser arbitrariamente anulados?(...)
La nulidad de los contratos petroleros, dispuesta por un acto de gobierno, tendrá implicancias políticas internas e internacionales, sobre todo si nos apartamos de lo que ha sido tradicional para nosotros: el cumplimiento fiel de los compromisos contraídos por la República. (...) (9)

A pesar de los intentos de Alsogaray y de Enrique Figueroa, el 15 de noviembre de 1963 el gobierno de Illia decidió cumplir con lo prometido durante la campaña y emitir los decretos 744 y 745/63 que anulaban los contratos que YPF había firmado con compañías petroleras extranjeras durante la gestión de Frondizi. (10) Por el decreto 744, fueron declarados “nulos de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación” los contratos de YPF con las compañías C.M. Loeb, Rhoades and Co. (Argentina-Cities Service Development Company en el momento de la anulación del contrato); Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; CADIPSA (Compañía Argentina para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales en el momento de la anulación del contrato); Continental Oil Company of Argentina; Esso S. A. P.A-Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co. (Marathon Petroleum Argentina Ltd. en el momento de la anulación del contrato); Pan American Argentina Oil Co.; Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennessee Argentina S.A.; Union Oil Co. California. Por el decreto 745/63 fueron anulados, con la misma justificación, los contratos de YPF con las empresas Southeastern Drilling Co.; Kerr-Mc Gee Oil Industries Inc. (Transworld Drilling Company en el momento de la anulación del contrato) y SAIPEM (ENI) (SNAM S.P.A. Societá Nazionale Metanodotti en el momento de la anulación del contrato). (11)  
    Entre los medios de prensa, el diario Clarín, un matutino de neto cuño desarrollista, esencialmente preocupado por la posible pérdida de la autosuficiencia en materia petrolera, hizo saber su desaprobación de la anulación de los contratos. Por su parte, La Nación advirtió que, contra las promesas del titular de YPF, Facundo Suárez, la anulación de los contratos no lograría el autoabastecimiento petrolero. Asimismo, señaló que tanto la anulación de los contratos como su posterior renegociación se dieron en condiciones que no eran “las más provechosas para nuestros intereses”, y que fueron “motivo de especulaciones partidarias”, en vez de ser “factor esencial de la estructura económica que debe sustentar el proceso de desarrollo de la Nación”. Además, criticó el hecho de que el gobierno de Illia no hubiera intentado opciones de menor riesgo. A su vez, desde una perspectiva similar, La Prensa censuró la decisión unilateral del gobierno de anular los contratos, recomendando el respeto por la división de poderes y la vía de resolución judicial. Por último, la revista Primera Plana señaló fundamentalmente su preocupación por el autoabastecimiento petrolero y por el impacto en el exterior de la medida adoptada por el gobierno de Illia. (12) 
   
En los partidos políticos, la anulación de los contratos generó respuestas muy divergentes. Así, el presidente del Comité Central del Partido Comunista Argentino (PC), Victorio Codovilla, y el secretario de dicha agrupación, Gerónimo Arnedo Alvarez, enviaron un mensaje de felicitación al presidente Illia, subrayando inclusive la necesidad de que el gobierno radical impulsara “medidas para la recuperación completa del patrimonio nacional”, tales como la “liquidación de los compromisos antinacionales” con el Fondo Monetario Internacional, medidas para combatir la desocupación y mejorar las condiciones económico-sociales de la clase obrera y la supresión del aparato represivo. (13) 
    A diferencia de la felicitación del PC, el Movimiento de Intransigencia Radical (MIR) calificó la medida como

(...) un consciente y deliberado atentado contra nuestro desarrollo nacional (...) (que) (...) liquidará el autoabastecimiento, fruto del esfuerzo y sacrificio realizado durante cinco años por el gobierno argentino; ha sido el triunfo de los sectores agroimportadores, a los que afectaba la transformación estructural del país. (14)

Por su parte, el ex presidente Arturo Frondizi, en nombre del desarrollismo, criticó la anulación de los contratos firmados durante su gestión, señalando que dicha medida “(...) viola el orden jurídico, nos desprestigia ante propios y extraños y significa quebrar la continuidad jurídica del Estado que debe estar por encima de todo apasionamiento y de toda polémica programática”. (15)  
    Finalmente, cabe señalar que las fuerzas armadas no participaron del proceso de decisión que llevó al gobierno de Illia a anular por decreto los contratos firmados durante la gestión de Frondizi. Salvo el caso del general nacionalista “colorado” Raúl Fayt, quien se hizo presente en el despacho del vicepresidente Carlos Perette para expresar su apoyo a la política del gobierno en materia petrolera, el grueso de los militares argentinos mantuvieron una actitud de prescindencia. No obstante, ciertos sectores de las fuerzas armadas -en particular los “azules”, con una fuerte influencia de Estados Unidos-, sintieron cierta inquietud por el impacto que la anulación de los contratos petroleros podría llegar a tener en la asistencia militar norteamericana. (16) 
   
El 31 de agosto de 1964, la comisión especial que tuvo a su cargo la renegociación de los contratos anulados (17) por el decreto 744/63 resolvió emitir un comunicado, que declaraba: 1) la nulidad de los contratos petroleros como un “hecho definitivo e irreversible”; 2) la negativa a cualquier clase de renegociación de dichos contratos; 3) la constitución de comisiones de YPF y las empresas ex contratistas para resolver diferencias por sumas adeudadas; 4) el llamado a licitación por parte de YPF para la locación de obras y servicios en las zonas, forma y tiempo en que la empresa estatal creyera convenientes, “donde podrán participar las empresas privadas que deseen hacerlo”. Asimismo, la comisión especial dio a conocer oficialmente las bases de solución entre YPF y las empresas petroleras cuyos contratos habían sido anulados: a) YPF pasaba a asumir todas las tareas desarrolladas en las áreas que regían los contratos de petróleo y pasaba a hacerse cargo de maquinaria y equipos; b) la empresa estatal se comprometía a reintegrar los montos entre las partes en un plazo máximo de 180 días, considerando que: 1) YPF reconocería a las empresas sólo los gastos reales producidos en el desarrollo y explotación de las áreas; y 2) que las empresas reconocerían como parte del reintegro todos los importes entregados por YPF, por las explotaciones irracionales que se hubieran producido, y por otros perjuicios económicos previstos en el decreto Nº 744/63, “en consecuencia, no se producirá un enriquecimiento ilegítimo de la Nación, a costa del trabajo de esas empresas, pero éstas a su vez sólo podrán percibir lo que efectivamente aportaron, quedando excluidos los exagerados beneficios que les concedían los contratos anulados”. Respecto de las empresas que no contestaron o que rehusaron retirar las propuestas de arreglo ofrecidas por YPF en el plazo fijado (o sea hasta el 28 de agosto de 1964) -el caso de la empresa Tennesee-, la comisión especial decidió considerar cerradas las negociaciones. En cuanto a las que contestaron aceptando la validez del decreto de nulidad Nº 744/63 pero con modificaciones -casos de Union Oil, Cadipsa, Astra, Cities Service (ex Banca Loeb) y Marathon (ex Ohio y Continental)- la comisión dispuso continuar las gestiones extrajudiciales hasta finalizarlas. Finalmente, en relación a las empresas que desconocieron la validez del decreto 744/63 y propusieron bases que se apartaban de lo dispuesto en dicho decreto -caso de Panamerican Oil-, la comisión dispuso proceder de inmediato al total cumplimiento del decreto anulatorio, sin perjuicio de mantener abiertas las vías extrajudiciales en cuanto ellas pudieran conducir ulteriormente al cumplimiento de ese decreto. (18)  
   
Pero más allá de la disposición del gobierno de Illia de mantener abiertos los canales de acuerdo extrajudicial con las ex empresas contratistas, éstas en su mayoría terminaron rechazando los términos ofrecidos por el gobierno, porque sostenían que el dinero que habían cobrado de YPF había sido en concepto de petróleo entregado, no para amortizar el capital que habían invertido. También rechazaron las cláusulas impositivas y punitivas del nuevo convenio, que obligaban a las empresas a devolver el valor de los impuestos pagados por el Estado -según contratos por cuenta de las compañías- y establecían una indemnización a YPF “por haberse visto obligado a restringir su producción para aceptar el petróleo extraído por las empresas”. (19)  
    Además del rechazo mayoritario de las ex empresas contratistas, el borrador de acuerdo extrajudicial ofrecido por el gobierno chocó con la existencia de serias desinteligencias entre los miembros de la comisión especial que tenía a su cargo las renegociaciones. Esas divergencias se originaban en la pugna existente entre el presidente de YPF, Facundo Suárez, y el subsecretario de Energía y Combustible, Juan Sábato. El titular de la empresa estatal había exigido desde el principio una política de ocupación de las áreas petroleras e inmediatos acuerdos con las empresas, con el objetivo de salvar las formas impuestas por el decreto 744/63 de anulación, pero procurando la colaboración de las empresas ex contratistas de manera que no se resintiera la producción. Como se dijo, la preocupación de Suárez, compartida plenamente por el presidente Illia, era el “día después” de los contratos y que YPF tuviera una buena imagen externa. Pero la política de Suárez e Illia fue obstaculizada desde un primer momento por el equipo de Energía y Combustible, con una posición fuertemente nacionalista, que contaba con el apoyo de Perette. (20)  
    Por cierto, varias firmas ex contratistas de relevancia -entre ellas Esso y Shell- se negaban a renunciar a sus derechos legales, colocando a YPF en la situación de no poder negociar. La petrolera estatal sólo ocupó las áreas entregadas a Cities Service y Pan American Argentina Oil Company, pero debió detenerse por la presencia de dos serias trabas: 1) la falta de un acuerdo entre YPF y la Secretaría de Energía y Combustible (fruto de la puja entre los polos de poder Súarez-Illia y Sábato-Perette); y 2) la ausencia de medios financieros y técnicos para que YPF prosiguiera con las tareas de ocupación. Por cierto, el objetivo de Súarez de lograr la autosuficencia en materia petrolera chocaría con la dura realidad económica. (21) 
    Mientras el acuerdo extrajudicial ofrecido por el gobierno a las empresas contratistas chocaba con la negativa de éstas y con las propias divergencias entre los miembros de la comisión a cargo de las renegociaciones, el 20 de octubre de 1964 fueron conocidos los dictámenes de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo, designada por el Congreso. Esta Comisión, compuesta por 16 diputados había trabajado durante 113 días y tomado declaraciones a 64 testigos. Su trabajo, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. Muchas de las sesiones terminaron en agresiones entre los declarantes, y algunos personajes importantes se negaron a declarar. Además las desinteligencias entre los propios miembros de la Comisión llevaron a que se produjeran cinco dictámenes en vez de uno solo como debió haber sido. (22)  
    Hacia 1965, las tortuosas negociaciones del gobierno con las compañías petroleras pasaron a nivel del Ministerio de Economía. El entonces titular de esa cartera, Juan Carlos Pugliese -quien reemplazó al fallecido Eugenio Blanco-, logró tres magros acuerdos con Shell, Union Oil y Transworld Drilling Cadipsa. Pero Pugliese no obtuvo ningún acercamiento con las empresas contratistas más importantes -tanto por las inversiones realizadas como por el ritmo de producción alcanzado-: Esso S.A.P.A., Pan American Argentina Oil, Tennessee Argentina, Cities Service y CADIPSA. Este último grupo de empresas se negaba a reconocer los argumentos presentados por el gobierno argentino, esto es, que los contratos fueran ilegales y que las mismas hubieran explotado los yacimientos o realizado la perforación de los pozos en forma “irracional”. (23) 
   
Como se dijo, las autoridades de Estados Unidos supieron antes de las elecciones que Illia planeaba anular los contratos petroleros de la administración de Frondizi. Ante la noticia, el secretario de Estado, Dean Rusk, instruyó al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert McClintock, a no dejar duda en Illia respecto de la impresión negativa que en los círculos políticos y empresariales norteamericanos provocaría la cancelación de los contratos petroleros. Desde la óptica oficial de Washington, Illia debería renegociar los contratos, de modo que “no fuese considerado (en los Estados Unidos) como abrupto o de dudosa legalidad y que no debilitara la habilidad (de Illia) para negociar en términos justos con las compañías norteamericanas en el futuro”. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado norteamericano aconsejaba a las compañías norteamericanas que no hicieran nada que pudiera incrementar las dificultades políticas de Illia. Para Rusk, Illia necesitaba ser informado acerca de la negativa repercusión que la anulación de los contratos petroleros tendría en el Congreso norteamericano, al fortalecer la posición de los “halcones” partidarios de recortar la legislación sobre asistencia externa impulsada por la administración Kennedy. En otras palabras, desde la óptica del secretario de Estado, la cancelación de los contratos petroleros podía afectar la ley sobre ayuda exterior, y, por esta vía, el esfuerzo del gobierno norteamericano bajo los términos de la Alianza para el Progreso para América Latina en su conjunto.” (24)
   
Siguiendo las instrucciones de Rusk, el embajador McClintock habló inmediatamente con Illia, tiempo antes de que éste asumiera formalmente la presidencia. Puso el acento en las presiones de las compañías privadas sobre el Congreso norteamericano y en los peligros que podría acarrear la   cancelación de la totalidad del programa de la Alianza para el Progreso, incluyendo su repercusión a nivel mundial. A su vez, Illia le explicó la dificultad de su posición política, que necesitaba equilibrar los vínculos con las compañías petroleras con sus obligaciones hacia el pueblo argentino. En ese momento, McClintock creyó en el compromiso personal del candidato presidencial con principios de justicia y de justa indemnización que tanto inquietaban a la Casa Blanca. El día de la asunción de Illia al gobierno, el 12 de octubre de 1963, el embajador McClintock informó que  “el doctor Arturo Illia ha anunciado en su mensaje la anulación de los contratos petroleros que no son constitucionales. Veremos cómo se interpreta eso”. (25)  
    Por cierto, a pocos días de asumir el gobierno, el presidente Illia intentó calmar cualquier interpretación negativa de los inversores y contratistas extranjeros respecto de la decisión de anular los contratos, señalando que

(...) los contratos que no estén de acuerdo con la política que vamos a trazar van a ser anulados, pero de acuerdo con la ley y con nuestra Constitución. Habrá indemnización. No tomaremos medidas violentas contra nadie. El gobierno hará las cosas de acuerdo con normas legales. (...) No es intención del gobierno argentino echar a las compañías petroleras de la Argentina, sino anular los contratos contrarios a su política petrolera. (26) 

Ante la decisión del gobierno de Illia, Estados Unidos renovó su presión diplomática. Preocupado por la repercusión negativa que podía tener la medida argentina en el Congreso norteamericano, el presidente Kennedy decidió enviar a un representante personal, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Averell Harriman. Entre el 8 y el 10 de noviembre de 1963, Harriman se entrevistó con el presidente Illia, expresándole que el presidente Kennedy lo enviaba para manifestarle que un contrato firmado por dos partes no podía ser anulado por una de ellas unilateralmente. En caso de que el gobierno argentino considerara que esos contratos tenían defectos, debía recurrir a la justicia. Advirtió además acerca de la existencia de sectores en el Congreso norteamericano interesados en cortar la ayuda a los países de la región que expropiaran empresas estadounidenses o anularan contratos con éstas. Illia señaló a Harriman que los contratos habían sido anulados por una causa política, de manera que la resolución del gobierno argentino estaba por encima de cualquier explicación de carácter jurídico. (27)  
    El enviado de Kennedy también se contactó con los representantes de las compañías petroleras norteamericanas afectadas -Esso Argentina (Standard of New Yersey), Tennessee Argentina (Tennessee Gas Transmission Company, Houston), Pan American Argentina International (Standard of Indiana), Marathon Oil Company, Continental Oil Company y Cities Service-. Los directivos de las empresas señalaron a Harriman que estaban dispuestos a renegociar los términos de los contratos.
   
Finalmente, Harriman fue portador de una carta del primer mandatario argentino dirigida al presidente Kennedy, donde Illia decía que la anulación de los contratos petroleros no buscaba ofender al pueblo de Estados Unidos, que dichos contratos interferían la soberanía económica argentina y que el tema se cerraría cuando se pagara la justa inversión. Por cierto, el único comentario del gobierno de Illia respecto de estos encuentros con el enviado norteamericano fue un comunicado del Ministerio de Economía que dio a entender que las conversaciones entre el gobierno argentino y Harriman habían ingresado en punto muerto. 
    A pesar de fracasar en su primer intento, el subsecretario Harriman no se dio por vencido y continuó su presión sobre las autoridades argentinas. Así, en su actuación como delegado norteamericano ante la reunión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en la ciudad brasileña de San Pablo, Harriman sostuvo el 14 de noviembre críticas hacia las naciones latinoamericanas que no recibían bien las inversiones del capital extranjero, en obvia referencia a la Argentina. El representante argentino, el secretario de Comercio Alfredo Concepción, replicó, sosteniendo que las inversiones extranjeras en la Argentina estarían sujetas a “nuestras normas legales y morales, y al respeto por nuestra soberanía política y económica”. Harriman volvió a la carga durante la última reunión del CIES del día 16, advirtiendo, como respuesta al decreto de anulación de los contratos petroleros lanzado por Illia el día anterior, que si bien todos los estados tenían “derecho” a proceder a nacionalizaciones, lo podían hacer “a condición de que paguen las indemnizaciones previstas por la ley internacional”. (28)  
    En un último intento por revertir la decisión del gobierno de Illia de anular los contratos petroleros, el 14 de noviembre, un día antes que se lanzara el decreto respectivo, el propio presidente Kennedy señalaba que: “lo que nos preocupa en el caso de la nacionalización de las compañías petroleras norteamericanas es que se cree un mecanismo de compensación adecuada, de compensación equitativa.” (29) Finalmente, el 21 de noviembre, dos días antes de ser asesinado en Dallas, Kennedy anunció que el decreto adoptado por el gobierno argentino era un acto de soberanía económica, y que el asunto estaba terminado, si las autoridades de Buenos Aires reembolsaban la justa inversión.  
    Por cierto, y tal como lo advirtiese el Washington Post en su comentario sobre la Argentina del 11 de noviembre, (30) el fracaso de la gestión Harriman favoreció a los adversarios del programa de ayuda exterior impulsado por la administración Kennedy. Ese mismo día, el senador republicano de Iowa, Bourke Hickenlooper, propuso una enmienda al proyecto de ley de ayuda, suspendiendo la misma a aquellos países que nacionalizaran o incautaran propiedades en poder de capital norteamericano sin indemnización. (31) El 14, el Senado adoptó tres medidas de recorte presupuestario, que afectaban la “Alianza para el Progreso”: la primera redujo el monto global del programa de ayuda exterior (de los 4.529.615.000 dólares solicitados por Kennedy a 3.702.365.000 dólares); la segunda, llamada “enmienda Morse”, disminuyó en 20 millones de dólares el monto del Fondo de Fideicomiso de Progreso Social del Banco Interamericano de Desarrollo (de 175 millones de dólares a 155 millones); y la tercera, fijó un tope de 50 millones de dólares a la ayuda militar de Estados Unidos para América Latina. Finalmente, el 15 de noviembre, el mismo día que Illia decidiera por decreto anular los contratos petroleros, el Senado aprobó la Ley de Ayuda Exterior, pero reducida al citado monto de 3.702.365.000 dólares. (32) 
    Por cierto, al condicionar la ayuda a los países extranjeros, estas medidas del Congreso norteamericano asestaron, a mediano plazo, una herida mortal a uno de los elementos claves de la Alianza para el Progreso, y generaron un nuevo factor de tensión en la agenda bilateral. Ni bien apareció el proyecto del senador Hickenlooper, se hicieron oír del lado argentino las voces de protesta por lo que se interpretaba como un nuevo gesto de intervencionismo del país del norte. Así, el 11 de diciembre de 1963, diputados justicialistas presentaron dos proyectos de declaración repudiando la iniciativa del senador norteamericano. (33)  
    Un día después de la anulación de los contratos petroleros, el 16 de noviembre, el embajador norteamericano McClintock comunicó al presidente Illia que el gobierno de Estados Unidos suspendía la ayuda económica debido al hecho. El mandatario argentino le contestó que la decisión del gobierno era irreversible, lo que provocó el retiro del diplomático. (34)  
    Por cierto, la anulación de los contratos petroleros colocó a la administración Kennedy en una posición difícil frente a los “halcones” del Congreso renuentes a los programas de asistencia financiera. No obstante, el gobierno norteamericano decidió esperar a ver en qué medida el gobierno argentino cumpliría con la promesa de pagar a las empresas extranjeras afectadas por el decreto. Esta actitud fue claramente definida por el subsecretario Harriman, en los siguientes términos:

No se debe deducir de buenas a primeras que la Argentina no tratará con justicia a las compañías de petróleo cuyos contratos con el gobierno de ese país han sido anulados (...) no ganamos nada con una actitud prepotente (...) Estados Unidos (...) debe esperar ahora para ver lo que ocurre (con la indemnización). (35)

Si bien tanto el presidente Illia como el vicepresidente Perette (36) creyeron que la anulación de los contratos petroleros no afectaría las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, las fuentes diplomáticas norteamericanas revelan que la anulación de los contratos a través de un decreto generó una pésima impresión en Washington, a tal punto que el Congreso aplicó la enmienda Hickenlooper a la ayuda externa, a menos que se registraran progresos tendientes a la compensación en un plazo de 60 días. Como habían pronosticado Alsogaray y Frondizi, las mencionadas fuentes demuestran que la anulación de los contratos colocó al capital extranjero a la defensiva y lesionó el prestigio y el crédito externo de la Argentina. (37)
   
El disgusto de amplios sectores oficiales y privados norteamericanos ante la medida adoptada por el gobierno radical fue expresado en muchas oportunidades. El embajador McClintock señaló a los diarios El Tribuno de Salta y El Territorio de Misiones, el 2 y 4 de abril de 1964 respectivamente, el impacto negativo de la anulación de los contratos petroleros en los inversores. (38) 
    La misma opinión negativa, sobre todo por sus consecuencias para la Argentina misma, fue expresada en un informe interno al Departamento de Estado por el nuevo embajador, Edwin Martin, quien sostuvo que la Argentina pudo haber sido autosuficiente en petróleo, pero finalizó con un amplio déficit en el intercambio comercial debido al peso de las importaciones. Mientras a las compañías extranjeras debió pagárseles en dólares norteamericanos, YPF tuvo que salir a buscar nuevas inversiones. Además, la cancelación de los contratos petroleros había violado un importante principio del Derecho Internacional y socavado la confianza de los inversores extranjeros. Según el informe, Illia había generado las peores relaciones posibles con el FMI, el Banco Mundial, y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). Como resultado, la Argentina no recibió ningún crédito del Banco Mundial o de la AID en dos años y medio. El gobierno argentino hizo además dificultoso el procedimiento para la recepción de inversiones; su política de control de cambios bloqueó las remesas de utilidades, y la emisión monetaria para enfrentar los déficits causó una inflación descontrolada. El plan económico de largo plazo finalmente anunciado a mediados de 1965 tampoco inspiraba confianza. Se señalaba la notable diferencia con Brasil, país que, a pesar de su gobierno militar, fue respaldado con gran ayuda económica. En definitiva, el gobierno de Illia había hecho todo lo posible para detener el flujo de inversión externa pública y privada tan esencial para el progreso argentino. (39)  
    Otros informes enviados por la embajada revelan el temor de que si las firmas norteamericanas no conseguían una compensación justa, el gobierno de Estados Unidos no encontraría respaldo de la opinión pública norteamericana para transferir dinero a la Argentina. Hasta que se estableciera una garantía de tratamiento justo a las compañías, la embajada recomendó no conceder nuevos empréstitos de monto significativo, aunque éstos estuvieran ya comprometidos. No fue entonces sorprendente que Zavala Ortiz protestara a Rusk, sosteniendo que las relaciones argentino-norteamericanas estaban siendo subordinadas a la cuestión petrolera. En el contexto de la solidaridad argentina con Estados Unidos en numerosas cuestiones y su autocontención respecto de criticar la política norteamericana en la República Dominicana, la posición norteamericana en el tema petrolero pareció inapropiada. Como resultado de estos inconvenientes, tanto el ministro de Relaciones Exteriores argentino como los funcionarios del Departamento de Estado norteamericano coincidieron en su impresión de que la cuestión petrolera constituía una “infección” desafortunada en las relaciones argentino-norteamericanas. (40) 
    Además del impacto negativo en las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, como señala Castello, la anulación de los contratos petroleros le costó al país la desconfianza internacional, más de 200 millones de dólares en concepto de indemnización a las compañías afectadas y el retorno a la importación de petróleo. (41)

  1. Ver declaraciones del ministro Blanco citadas en “Un enfoque de temas capitales de la economía de este momento”, apartado “Protección de inversiones extranjeras”, La Nación, 23 de octubre de 1963, p. 14.

  2. Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 17 de julio de 1963, Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 6/63-7/63; Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 12 de octubre de 1963, Ibid., File 10/63; y Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 10 de septiembre de 1963, Ibid., File 8/63-9/63; “Panorama nacional. La primera semana de Arturo Illia”, Primera Plana, Nº 50, 22 de octubre de 1963, p. 3.

  3. De acuerdo con el informe de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, las inversiones extranjeras cayeron de 110 millones en 1962 a 12 millones en 1963. ”Señala la caída de inversiones extranjeras la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina”, Clarín, 28 de mayo de 1964, p. 11.

  4. Los trabajos de F. Luna, op. cit., p. 172; Carl E. Solberg, Petróleo y nacionalismo en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 251-252; y A.E. Castello, op. cit., p. 39, coinciden respecto de los logros en la política petrolera de Frondizi. Aunque Castello reconoce como factor en contra una importe fuga de divisas al exterior en concepto de dividendos, comisiones y regalías como producto de los contratos petroleros, también señala, en coincidencia con Solberg y Luna, que la economía argentina no estaba en condiciones de frenar de golpe ese crecimiento económico con una decisión tan drástica como la de anular los contratos petroleros, que, además de otorgarle una mala imagen externa al país, le significó un enorme gasto en indemnizaciones (entre 120 y 200 millones de dólares según Luna, y más de 200 millones según Castello); la pérdida del autoabastecimiento en materia petrolera, y el retorno a la importación de petróleo con su consecuente gasto en divisas. 

  5. Vale tomar en cuenta que, además, la renegociación de los contratos petroleros fue uno de los requisitos exigidos por los organismos internacionales de crédito para refinanciar la deuda externa argentina. Ver “El país. El amor de los cuatro coroneles”, Primera Plana, Nº 129, 27 de abril de 1965, p. 8.

  6. “Petróleo. Facundo Suárez logra una alianza con Illia”, Primera Plana, Nº 53, 12 de noviembre de 1963, p. 8 y “Panorama nacional. El gobierno cumplió con la anulación; falta que asegure el autoabastecimiento”, Primera Plana, Nº 54, 19 de noviembre de 1963, p. 4. Ver también A.E. Castello, op. cit., pp. 29-31.

  7. A.E. Castello, op. cit., pp. 52-53. Ver también editoriales “Panorama nacional. Un vicepresidente que se desplaza”, Primera Plana, Nº 51, 29 de octubre de 1963, p. 3; “Petróleo: Facundo Suárez logra...”, op. cit.; “El país. El amor de los cuatro coroneles...”, op. cit.; y “Petróleo. El fin de una costosa utopía”, Primera Plana, Nº 130, 4 de mayo de 1965, p. 16.

  8. “Alsogaray: carta al Doctor Illia”, Clarín, 6 de noviembre de 1963, p. 12.

  9. “Analízanse todavía detalles de los contratos petroleros”, apartado “Una opinión”, La Nación, 13 de  noviembre de 1963, p. 14.

  10. Las fuentes diplomáticas norteamericanas mencionan el debate que existió en la Argentina acerca de cómo anular los contratos petroleros -por decreto o a través de los tribunales. Si los contratos eran de hecho ilegales, entonces el proceso legal debía ser utilizado para librarse de ellos, pero finalmente, Illia tomó la opción del decreto el 15 de noviembre de 1963. Embajada norteamericana en Buenos Aires al Secretario de Estado norteamericano, 10 de septiembre de 1963, Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 8/63-9/63; editorial de La Prensa, Embajada norteamericana en Buenos Aires al secretario de Estado, 14 de noviembre de 1963,  Ibid., File 11/1/63-11/14/63. 

  11. Texto de los decretos 744 / 63 de anulación de los contratos petroleros suscriptos por YPF con C.M. Loeb, Rhoades and Co. y otros, y 745 / 63 de anulación de los contratos suscriptos por YPF con Southeastern Drilling Co y otros, citado en Anales de Legislación Argentina 1963-C,  Tomo XXIII-C, Buenos Aires, La Ley, 1964, pp. 1971-1978. También citado en Clarín, 16 de noviembre de 1963, pp. 5, 9 y 22; en La Prensa, 16 de noviembre de 1963, pp. 1, 6 y 7; y en La Nación, 16 de noviembre de 1963, pp. 1, 8 y 20.

  12. Véanse los editoriales del director de Clarín, Roberto Noble, titulados “En la hora primera de las decisiones. 12 palabras contra 4.924”, Clarín, 22 de noviembre de 1963 y “El país necesita que lo ayuden a crecer”, Clarín, 7 de mayo de 1964, p. 10; también el editorial firmado por Arturo Frondizi y titulado “Petróleo: palanca de liberación”, Clarín, 11 de mayo de 1964, p. 10. En los demás medios de prensa se pueden ver los siguientes editoriales: “La producción de petróleo”, La Nación, 2 de febrero de 1965, p. 6; “El abastecimiento nacional de petróleo”, La Nación, 12 de septiembre de 1965, p. 6; “Los contratos anulados”, La Nación, 18 de noviembre de 1963, p. 6; “La caducidad de contratos petroleros”, La Prensa, 14 de noviembre de 1963, p. 8; “Los contratos de petróleo”, por Julio Gottheil, Primera Plana, Nº 52, 5 de noviembre de 1963, p. 50; “Panorama nacional. Algunos interrogantes sobre las relaciones futuras entre la Argentina y Estados Unidos”, Primera Plana, Nº 53, 12 de noviembre de 1963, p. 4; y ”Panorama nacional. El gobierno cumplió con la anulación; falta que asegure el abastecimiento”, Primera Plana, Nº 54, 19 de noviembre de 1963, p. 4.

  13. “Apoyo comunista a la nulidad”, Clarín, 17 de noviembre de 1963, p. 19.

  14. “Contratos: su anulación es un atentado contra el desarrollo. Dio una declaración el MIR”, Clarín, 26 de noviembre de 1963, p. 15.

  15. Habla el Dr. Frondizi: “Quebróse la continuidad jurídica del Estado”, Clarín, 17 de noviembre de 1963, pp. 20-22.

  16. “Panorama nacional. El gobierno cumplió con la anulación; falta que...”, op. cit.; ”Panorama nacional. Una tranquila inquietud se insinúa entre los militares azules”, Primera Plana, N º 55, 26 de noviembre de 1963, p.4.

  17. La comisión especial estuvo integrada por el vicepresidente Carlos Perette; el procurador del Tesoro, Amílcar Mercader; el subsecretario de Energía y Combustible, Juan Sábato; el presidente de YPF, Facundo Súarez; y dos asesores. Ver A.E. Castello, op. cit., p. 149.

  18. “Conócese el acuerdo ofrecido a las compañías de petróleo”, La Nación, 29 de agosto de 1964, p. 3 y “Actitud oficial en el caso petrolero. La comisión especial adoptó decisiones ante las respuestas de las empresas ex contratistas”, La Nación, 1º de septiembre de 1964, pp. 1 y 16.

  19. A.E. Castello, op. cit., pp. 148-149.

  20. Ibid., pp. 149-150. Ver también “El país. El gobierno enjuiciado por sus mismos aliados”, Primera Plana, Nº 58, 17 de diciembre de 1963, pp. 5-6.

  21. A.E. Castello, op. cit., p. 150.

  22. Ibid., pp. 146-147. El más extenso de los dictámenes fue el firmado en mayoría por los bloques del radicalismo del Pueblo, del justicialismo, los dos socialismos, la Confederación de Partidos Provinciales, y, con algunas leves diferencias, los democristianos. El mismo señalaba que los contratos habían sido tramitados y celebrados en forma irregular, ilegal y clandestina, con grave perjuicio moral, económico y financiero para la Argentina. Responsabilizaba de los mismos a Arturo Frondizi, Arturo Sábato y Rogelio Frigerio. Estimaba en un monto de 452 millones de dólares los perjuicios económicos y financieros motivados por los contratos y aconsejaba la remisión de las actuaciones a la Justicia para que dictaminara sentencia. Por su parte, el despacho conservador atacaba la ley de nacionalización de petróleo, enviada al Congreso por Frondizi, pues desde su óptica despojaba a las provincias de la propiedad sobre los yacimientos petrolíferos. No estaba en contra del aporte privado para su explotación, pero consideraba que debía estar bajo la fiscalización de YPF. Por su parte, el despacho demoprogresista sostenía que había personas que habían lucrado con su influencia personal durante la gestión frondizista, y estimaba los perjuicios en 900 millones de dólares. Finalmente, el despacho de UDELPA marcaba una divergencia con los anteriores, señalando que los contratos petroleros habían sido un aporte útil al país por sus resultados económicos. Aunque reconocía que no se habían negociado en las mejores condiciones, los rescataba y señalaba que la política que Illia debió seguir había de haber sido la renegociación de los contratos y no su anulación.

  23. A.E. Castello, op. cit., p. 216.

  24. Departamento de Estado (Martin y Dungan) a la Embajada en Buenos Aires, 8 de octubre de 1963, Kennedy, National Security Files, 1963, Box 7, File 10/63; y Rusk a McClintock, 8 de octubre de 1963, ibid

  25. McClintock al secretario de Estado, 9 de octubre de 1963, Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 10/63; Declaraciones del embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert McClintock, citadas en “Mensaje: Elogios de los diplomáticos. Todos coinciden en su auténtico sentido democrático”, Clarín, 13 de octubre de 1963, p. 17.

  26. Ver declaraciones del presidente Illia en editoriales ”Petróleo: Se actuará de acuerdo con la ley”, Clarín, 29 de octubre de 1963, p. 16; y “La anulación de los contratos petroleros se hará sobre la base de la Constitución”, La Nación, 29 de octubre de 1963, pp. 1 y 12.

  27. Ver información de Associated Press sobre la reunión de Harriman con funcionarios del gobierno argentino y empresas petroleras en “Contratos: una acción arbitraria argentina puede poner en peligro la Alianza para el Progreso en el continente”, Clarín, 11 de noviembre de 1963, p. 10. Detalles del encuentro Illia-Harriman en P. Sánchez, op. cit., pp. 19-20 y A.E. Castello, op. cit., pp. 35-38.

  28. Ver posiciones de Harriman y de Concepción en “La Argentina no adoptará medidas que impliquen la violación de las leyes”, Clarín, 15 de noviembre de 1963, p. 2 y “San Pablo: concluyó la Reunión del CIES. Harriman: Nacionalizaciones con indemnización”, Clarín, 17 de noviembre de 1963, p. 3. Respecto de la reunión del CIES en San Pablo y de la posición adoptada por la delegación argentina ver los siguientes editoriales “Alianza. Argentina en San Pablo”, Primera Plana, Nº 52, 5 de noviembre de 1963, p. 11; “Notas y comentarios al margen de la semana”, apartado “San Pablo, las inversiones y el petróleo”, La Nación, 10 de noviembre de 1963, p. 26; “La Conferencia del CIES”, apartado “Declaraciones de los Jefes de las delegaciones de la Argentina y México”, La Prensa, 12 de noviembre de 1963, p. 2; y editorial “La Conferencia del CIES”, La Nación, 23 de noviembre de 1963, p. 6.

  29. P. Sánchez, op. cit., p. 21. Ver también editorial “Kennedy hizo declaraciones sobre los contratos petroleros. La Argentina tiene derecho a nacionalizar. Ello, agregó, impone medidas adecuadas de compensación”, La Nación, 15 de noviembre de 1963, pp. 1 y 20.

  30. Según el comentario del Washington Post del 11 de noviembre de 1963, reproducido en Clarín  el día 12 de noviembre, un paso como la anulación de los contratos fortalecía a los sectores que en el Senado se oponían al Programa de Ayuda Exterior impulsado por la administración Kennedy. El editorial del matutino estadounidense aconsejaba como camino alternativo y menos traumático la renegociación de los contratos, sosteniendo que “Un país de la estatura de la Argentina no necesita reafirmar su soberanía mediante el ejercicio de sus derechos soberanos para anular contratos.” “Comentario Editorial del “Washington Post”, Clarín, 12 de noviembre de 1963, p. 14. 

  31. La llamada “enmienda Hickenlooper” proponía la suspensión de la ayuda externa a aquellos países que incurrieran en los casos de: a) nacionalización, expropiación o incautación de propiedad o control de propiedad de cualquier ciudadano, corporación, sociedad o asociación propiedad en no menos del 50% de ciudadanos de Estados Unidos; b) repudio o anulación de contratos o acuerdos existentes con cualquier sociedad, corporación o asociación propiedad en no menos del 50% de ciudadanos norteamericanos; y c) impuestos discriminatorios, exacciones u otras medidas que tengan el efecto de nacionalizar o incautar propiedades o control de propiedad de norteamericanos. Ver texto de la enmienda Hickenlooper, citado en Clarín, 12 de noviembre de 1963, p. 14 y La Nación, 12 de noviembre de 1963, p. 16.

  32. Ver al respecto “EE.UU.: Reducen 20 millones al fondo de progreso social”, Clarín, 15 de noviembre de 1963, p. 3, y “Washington: aprobó el Senado la Ley de Ayuda al Exterior”, Clarín, 16 de noviembre de 1963, p. 3.

  33. El primer proyecto fue presentado por los diputados justicialistas José Armando Caro, José Oscar Ruiz y Carlos Alberto Calvo, y decía textualmente:

    1º - Su más significativo repudio a la iniciativa del senador Hickenlooper de los Estados Unidos de América, que propone enmendar la ley de ayuda extranjera privando de créditos y asistencia a los países que tengan diferencias con el gobierno norteamericano o con empresas de ese origen, sobre asuntos que son del resorte interno de la soberanía de cada Nación.

    2º - Que tal proyecto encarna una tentativa de presión económica tendiente a debilitar la libre determinación de los pueblos en defensa de su patrimonio y tipifica la mentalidad colonialista que identifica los intereses financieros y comerciales de empresas privadas con las acciones del gobierno norteamericano que no puede ignorar el derecho que asiste a otros gobiernos de ejercer dentro de su territorio el pleno imperio de su soberanía.

    3º - Que esta Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo -en víspera de considerarse los contratos petroleros- sostenga con toda firmeza el pleno derecho del pueblo argentino a su autodeterminación con respecto a las empresas y a intereses sujetos a su ley y a su dominio, cualquiera que sea el origen de las mismas. (...)

    El segundo proyecto, propuesto por los diputados justicialistas Juan Carlos Cornejo Linares, Juan A. Luco, Martín Lozano, Carlos Alberto Calvo y Ferdinando Pedrini proponía al Ejecutivo las siguientes medidas de represalia ante el eventual progreso de la “enmienda Hickenlooper”:

    1º - Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, en el caso de que prosperara en el Honorable Congreso de los Estados Unidos la enmienda propuesta por el senador Bourke Hickenlooper y otros (...), adoptara medidas restrictivas para la importación de productos estadounidenses no indispensables para la sanidad  pública ni para el abastecimiento de nuestras industrias.

    2º - Que igualmente vería con agrado que, por conducta del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciara ante la UN y los organismos americanos la actitud inamistosa de los Estados Unidos, en el supuesto del artículo anterior, contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

    Proyectos de declaración presentados ante la Cámara de Diputados, Reunión 2º, Diciembre 11 de 1963, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1963, Tomo I: Sesiones extraordinarias (del 12 de agosto al 12 de diciembre), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1964, pp. 782 y 786-787.

  34. Sobre el encuentro Illia-McClintock ver A.E. Castello, op. cit., pp. 34-35, y L. García del Solar, op. cit., p. 198. 

  35. Declaraciones del subsecretario Averell Harriman, citadas en “Declaraciones de Harriman”, Clarín, 21 de noviembre de 1963, p. 13.

  36. De acuerdo con fuentes diplomáticas norteamericanas, cuando Perette fue consultado acerca de una eventual reacción negativa de Washington ante la anulación de contratos, sostuvo que este paso había sido aprobado por el mismo presidente Kennedy, quien, cuarenta y ocho horas antes que fuera asesinado, dijo que la Argentina, como era lógico y elemental, tenía todo el derecho soberano para hacer esto...De cualquier manera, dijo Perette, los vínculos entre la Argentina y los Estados Unidos tenían raíces más profundas que las cuestiones de naturaleza material. Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 16 de noviembre de 1963, 6:09 a.m. y 8 p.m., Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 11/15/63-11/22/63; y entrevista de radio a Perette en Buenos Aires, Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 14 de diciembre de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1963, Box 3819, File Pol.7 Visits. Meetings. ARG 2/1/63. 

  37. Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 18 de noviembre de 1963, Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 11/15/63-11/22/63. Ver asimismo el trabajo de Joseph A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza, Buenos Aires, Planeta, 1990, pp. 234-235.  

  38. En el reportaje que le efectuara El Tribuno de Salta y que fuera difundido el 2 de abril de 1964, Mc Clintock sostuvo: “En cuanto a inversiones de capital norteamericano no hay ningún interés en el país. Ello se debe a la anulación de los contratos petroleros. Los norteamericanos consideran que los convenios son sagrados y deben cumplirse. La medida dispuesta por la Argentina ha hecho perder la confianza y hay una contracción en las posibles inversiones que podrían haberse hecho en el país.” Por su parte el embajador norteamericano sostuvo en las declaraciones recogidas por El Territorio de Misiones del 4 de abril de 1964, conceptos muy similares: “El clima para las inversiones norteamericanas en la Argentina ha sido afectado adversamente por la anulación de los contratos de petróleo”. Como era de esperarse, estas declaraciones del embajador norteamericano no pasaron desapercibidas en el Congreso argentino. Así, el diputado justicialista por Salta, Juan Carlos Cornejo Linares, presentó el 3 de abril un proyecto de declaración en la Cámara Baja solicitando al Ejecutivo que declarara “persona no grata” al embajador McClintock. El 6 de mayo, Cornejo Linares denunció ante Diputados “la intromisión” de McClintock, sosteniendo que el embajador “exige al gobierno argentino la renegociación de los contratos” y “está haciendo una campaña, no como representante del gran pueblo de los Estados Unidos, sino como representante de las empresas petroleras del trust mundial”. Ver declaraciones de Mc Clintock y proyecto de declaración del diputado Cornejo Linares repudiando expresiones del embajador norteamericano, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 2º, Mayo 6 de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo I, op. cit., pp. 115-118. Asimismo, las declaraciones de McClintock al diario El Territorio de Posadas provocaron la presentación en el Senado, el 3 de junio de 1964, de un proyecto de resolución presentado por los senadores Ricardo Alberto Bassi, Ernesto Acuña y otros, que declaraba “persona no grata” al polémico embajador norteamericano, por ser un nuevo exponente de la “política del garrote” e incursionar “en las intimidades de nuestra vida interna”. Proyecto de declaración de los senadores Bassi, Acuña (R.E.), Acuña (E.N.), Martínez Garbino y Barbich, en Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 5º, Junio 3 de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1964, Tomo I: Sesiones ordinarias (del 27 de abril de 1964 al 14/15 de agosto de 1964), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1965, p. 69. Ver también respecto de este tema “Entretelones. El gobierno mira hacia Francia”, Primera Plana, Nº 79, 12 de mayo de 1964, p. 9.

  39. Informe del embajador Martin al Departamento de Estado, 24 de mayo de 1966, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1892, File Pol. 12 ARG1966.

  40. Memorándum para McGeorge Bundy respecto de la reunión de Kennedy con Perette; Benjamin H. Read (secretario ejecutivo) a McGeorge Bundy, 14 de noviembre de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1963, Box 3819, File Pol.7 Visits. Meetings ARG 2/1/63; Informe “Political-Economic Assessment, Argentina: July 1964”, Martin al Departamento de Estado, 1º de agosto de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.2 General Reports and Statistics 1/1/64; y tópicos que Zavala Ortiz elevó ante el Noveno MFM, Unión Panamericana, Washington, DC, Julio 21-24, 1964, Ibid., Box 1893, File Pol.15-1 Jefe de Estado. Rama Ejecutiva ARG 1/1/64.

  41. A.E. Castello, op. cit., p. 39.

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