|
|
Las relaciones con Estados Unidos
La
actitud argentina ante los conflictos interamericanos
Evidentemente,
el hecho de que todavía no se hubieran apagado los ecos por la anulación de
los contratos petroleros en el gobierno norteamericano llevó a que el gobierno
argentino no asumiera una posición antinorteamericana frente a la crisis
desatada entre Estados Unidos y Panamá por la cuestión del canal. Así, la
posición ambigua de la Argentina terminó fortaleciendo la posición
norteamericana y fue objeto de numerosas críticas. Dicha crisis estalló en
enero de 1964 cuando se produjeron incidentes estudiantiles que tuvieron por
causa aparente el izamiento no autorizado de su bandera nacional por estudiantes
norteamericanos en el terreno de su colegio. En realidad la disputa venía desde
tiempo atrás y tenía motivos más profundos. Panamá estaba disconforme con el
pago anual que recibía por la zona, que consideraba insuficiente, y se quejaba
además por la discriminación racial contra sus ciudadanos. En los últimos
tiempos, Panamá había mostrado deseos de establecer simbólicamente su
soberanía sobre la zona, izando en ella su bandera, derecho que finalmente se
le había concedido en 1963. Pero los enfrentamientos armados que siguieron a
los primeros incidentes en el colegio norteamericano desembocaron en la ruptura
de relaciones diplomáticas entre ambos países y la acusación del gobierno
panameño a Estados Unidos por agresión ante el Consejo de Seguridad de la ONU
y la OEA. (1)
Ante
los hechos, el canciller argentino, Miguel Angel Zavala Ortiz, envió una nota a
su colega panameño, Galileo Solís, el 12 de enero de 1964, expresando la
“solidaridad” de las autoridades argentinas con el “sacrificio en defensa
de la soberanía nacional” del “pueblo panameño”. No obstante, Zavala
Ortiz transmitía también su esperanza de que el conflicto tuviese “una
solución compatible con los principios de la democracia, la igualdad, la unión
y la paz entre todas las naciones americanas”. (2)
La
Cancillería argentina adoptó una posición favorable a la intervención de la
OEA en la cuestión, reclamando una investigación a fondo de las acusaciones
panameñas sobre supuestas agresiones norteamericanas. De esta manera, el
representante argentino, embajador Rodolfo Weidmann, votó a favor de la
solicitud panameña de convocar al organismo panamericano para que tomase cartas
en el diferendo con Estados Unidos. Weidmann, instó a que la OEA investigara el
conflicto evitando
(...)
buscar responsabilidades que pueden resultar difíciles de determinar y cuya
investigación no hará más que dilatar los procedimientos y agravar las
diferencias y tensiones entre las partes, sino procurar la solución definitiva
del diferendo, terminando con situaciones que son fuentes permanentes de
perturbación de la paz y la armonía continental. (3)
No
obstante el respaldo del Palacio San Martín a la participación de la OEA en la
crisis panameña, la delegación argentina no quiso participar como miembro de
una comisión investigadora del organismo panamericano, surgida a principios de
febrero de 1964 como producto de un plan venezolano para investigar las
presuntas agresiones norteamericanas y mediar entre las partes en conflicto.
Esta comisión, formada por representantes de Brasil, Costa Rica, México y
Uruguay tras el fracaso de las gestiones negociadoras de la Comisión
Interamericana de Paz en el mes de enero, no contó con el respaldo diplomático
argentino. La Cancillería justificó esta actitud, sosteniendo que la gestión
de comisiones especiales no haría más que demorar el necesario y urgente
tratamiento del caso panameño a nivel de conferencia de cancilleres. (4)
Tras varias idas y venidas, en diciembre de 1964 se
anunció la preparación de un nuevo tratado sobre el canal de Panamá. En ese
momento, el canciller Zavala Ortiz realizaba un viaje a Panamá y nuevamente
hizo gala de una posición conciliatoria y ambigua, buscando no disgustar a
ninguna de las partes. Por un lado, transmitió al presidente Marco Aurelio
Robles en nombre del gobierno y del pueblo argentino los deseos de que la
soberanía en el canal tuviese un justo reconocimiento. Por el otro, calificó
como “un gran paso hacia la paz de América” los términos de la propuesta
efectuada por la administración de Lyndon Johnson al gobierno panameño. (5)
Por
cierto, la ambigüedad de la que hizo gala el canciller Zavala Ortiz en el caso
de la crisis panameña se repitió en el caso de los actos de agresión de
fuerzas castristas a Venezuela. (6) En diciembre de 1963, este país acusó al
gobierno de Castro de intervención y agresión por armar a terroristas
venezolanos. Para tratar la cuestión, se convocó la Novena Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la que tuvo lugar en
la Unión Panamericana, del 21 al 26 de julio de 1964. El pedido de sanciones al
régimen de Fidel Castro fue presentado en forma oficial por el secretario de
Estado norteamericano, Dean Rusk, pero esta vez se trataba de lograr el apoyo de
los países latinoamericanos para uno de ellos, no para Estados Unidos.
Cuando
Rusk y Zavala Ortiz se reunieron, el primero apeló a la vanidad del canciller
argentino con el fin de obtener su respaldo para la adopción de una enérgica
postura contra el régimen
de Castro. Desde el punto de vista norteamericano, el nacionalismo argentino no
sólo estaría restando el apoyo del propio país para las resoluciones sobre
Cuba, sino también el de otros países. Rusk esperaba del gobierno de la
Argentina su respaldo a la posición norteamericana, ya que Zavala Ortiz
usualmente apoyaba la unidad hemisférica por temor a que Castro se beneficiara
de las divisiones y asperezas entre los países latinoamericanos.
Por
cierto, Rusk tenía ciertas razones para ser optimista. El embajador
norteamericano en la Argentina, Edwin Martin, quien reemplazó en ese cargo a
Robert McClintock en mayo de 1964, informaba al Departamento de Estado que, en
el área de lucha contra el comunismo interno, el canciller Zavala Ortiz se
identificaba totalmente con los objetivos de seguridad de los Estados Unidos.
Aunque el canciller argentino no percibía el castrismo como una amenaza desde
el punto de vista de las ideas, le reconocía en cambio un importante peso como
fuente de turbulencia en la de por sí agitada situación política interna del
país. Este temor llevó al canciller argentino a oponerse enérgicamente a la
exportación de la revolución castrista tanto en la Novena Reunión de
Consulta, como en la crisis en la República Dominicana a mediados de 1965. Para
el titular del Palacio San Martín, exportar la revolución y mantenerla viva
era un acto de intervención y beligerancia, “razón por la que ésa es una
forma del colonialismo, reemplazada por el satelismo”. Por cierto, Zavala
Ortiz, consciente de la existencia de actividades subversivas en el norte
argentino, que contaban con financiamiento del régimen cubano, coincidía con
las autoridades de Washington en su preocupación por la posibilidad de que la
mayoría de los países de la región no fueran lo suficientemente enérgicos al
respecto. (7)
A
pesar de la común oposición de Zavala Ortiz y Rusk a los intentos del
castrismo por exportar su modelo revolucionario al resto de los países de la
región, el optimismo y los intentos de seducción diplomática de Rusk para
obtener el respaldo argentino en las sanciones a Cuba no tuvieron éxito
completo. En la citada reunión de la OEA, la diplomacia argentina intentó
ensayar junto a la brasileña una especie de papel mediador entre las dos
posiciones extremas que surgieron: la de Venezuela, respaldada por Estados
Unidos, que instaba a adoptar enérgicas sanciones contra Cuba por sus acciones
guerrilleras en territorio venezolano; y la de México, abanderado del principio
de no intervención. De acuerdo con las palabras del canciller argentino, el
gobierno, por un lado, condenaba los actos de las fuerzas castristas en
Venezuela como “agresión” e “intervención contra la integridad
territorial, la soberanía política y la estabilidad de las instituciones
democráticas de Venezuela”; pero, por otro, no estaba a favor de una acción
compulsiva que provocara una ruptura en el seno de la OEA. (8)
Así,
la votación final de la delegación argentina frente al caso cubano demostró
la ambigüedad de la política exterior de Illia en este tema. Aunque se abstuvo
en los artículos tercero (en los puntos de sanciones y ruptura de relaciones
diplomáticas con Cuba y de suspensión del intercambio comercial con la isla) y
cuarto (facultar al Consejo de la OEA para dejar sin efecto las sanciones cuando
el gobierno cubano haya dejado de constituir una amenaza a la paz) de la
resolución final, no obstante, votó con la mayoría los artículos primero
(declaración de que los actos cometidos por Cuba contra Venezuela fueron un
caso de agresión); segundo (condenación del gobierno cubano); quinto
(advertencia al gobierno de Cuba); sexto (instar a los estados no americanos a
que suspendan comercio con Cuba) y séptimo (tramitar texto de la resolución a
la ONU). Por cierto, la votación final de la Novena Reunión de Consulta de la
OEA estableció por 15 votos a favor y 4 en contra (Bolivia, Chile, México y
Uruguay) la suspensión de relaciones y de todo contacto comercial y marítimo
con Cuba. (9)
Frente
a las críticas que suscitó la posición argentina en los medios de prensa
locales (10), el canciller Zavala Ortiz justificó la decisión adoptada -de
compromiso con el principio de no intervención, pero a la vez de no permitir
que “se importe una revolución”- en los siguientes términos:
“las sanciones, en la forma en que han sido votadas, son obligatorias; por eso
nos abstuvimos en la votación (...) El TIAR no fuerza a tomar medidas
obligatorias. No sólo facilita para medidas obligatorias, sino para medidas
voluntarias (...)” (11)
De
acuerdo con el subsecretario de Estado norteamericano, Thomas C. Mann, la
posición argentina en Cuba estaba vinculada a la autopercepción del canciller
argentino Zavala Ortiz como el “gran conciliador que lucharía contra el
castrismo, preservaría la solidaridad hemisférica y mejoraría el liderazgo
argentino en América Latina”. (12) De todas maneras, los funcionarios
norteamericanos percibieron que la posición argentina sobre Cuba no difería
básicamente de la propia. Pero si bien el gobierno de los Estados Unidos estaba
de acuerdo con el de la Argentina en que la unidad hemisférica era importante,
para el primero un debilitamiento de las resoluciones hacia Cuba haría
peligrar, en vez de reforzar, el sistema interamericano. Las sanciones al
régimen de Castro por sus agresiones a Venezuela eran necesarias para aislar a
La Habana y evitar ulteriores intentos de exportación del modelo castrista a
otros países de la región. Por el contrario, el canciller argentino pensaba
que las sanciones contribuirían a favorecer y no a debilitar el deseo del
régimen de Castro de dividir la solidaridad interamericana. Las sanciones
contra Cuba no podían significar mucho en términos prácticos, y Castro
probablemente podría sobrevivir sin el comercio con América Latina o incluso
con el Mundo Libre. Al condenar la intervención de Cuba en Venezuela, el voto
de la delegación encabezada por Zavala Ortiz en julio de 1964 fue fiel a la
tradición diplomática argentina de no-intervención y cumplió con su
obligación hacia el gobierno de Venezuela. Al votar contra las sanciones
obligatorias, la Argentina también cumplió con sus obligaciones hacia Bolivia,
Chile, México y Uruguay. (13)
En
abril de 1965, graves acontecimientos ocurridos en la República Dominicana
pondrían nuevamente a prueba el sistema interamericano, obligando a los países
a definir su posición ante el conflicto. El 20 de febrero de 1962 habían
tenido lugar las primeras elecciones libres en la República Dominicana en más
de 37 años, marcados por el monopolio de la familia del general Rafael Trujillo
en el poder. Estas elecciones, vigiladas por observadores de la OEA y
representantes de algunos países latinoamericanos otorgaron el triunfo a Juan
Bosch. Pero Bosch sólo duró seis meses en el cargo, pues acusado de
filocastrista y comunista fue derrocado en septiembre de 1963. Tras un ciclo de
inestabilidad compartido por varios gobiernos, en abril de 1965 se gestó un
levantamiento de un sector del ejército -el grupo llamado
“constitucionalista”, que era partidario de Bosch y buscaba establecer un
gobierno presidido por el doctor Raúl Molina Ureña. Otro sector del ejército
-el titulado “leal- se opuso a este intento, respaldando a la Junta de
Gobierno, integrada por el general Elías Wessin y Wessin, el general Imbert
Barrera y el coronel Pedro B. Benoit. Ambos grupos contaban con respaldo popular
y se enfrentaron en una guerra civil sangrienta que dejó un saldo de muchas
víctimas. En un determinado momento, Benoit solicitó la ayuda norteamericana,
señalando que la Junta entonces gobernante no se encontraba en condiciones
“de asegurar el orden, ni la vida ni los bienes de las personas nacionales y
extranjeras”. El 28 de abril, Estados Unidos respondió a la convocatoria de
los “leales” y desembarcó sus marines en Santo Domingo. (14)
El
día siguiente del desembarco de los marines, 29 de abril, Estados Unidos
informó al Consejo de la OEA y solicitó la convocatoria de una reunión de
consulta. La Décima Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores
se inició el 1º de mayo de 1965 en la Unión Panamericana. (15) En el
transcurso de la misma, se designó una Comisión Especial, integrada por
Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Panamá- que obtuvo el cese del fuego
en la República Dominicana y la firma del Acta de Santo Domingo, estableciendo
las bases para una salida institucionalizada de la crisis. (16)
La
Comisión Especial también recomendó la creación de una Fuerza Interamericana
de Paz (FIP) para intervenir y controlar la situación en Santo Domingo, moción
que se concretó el 6 de mayo. (17) Por cierto, existen tres versiones respecto
de cómo se decidió el respaldo argentino a la moción que dio origen a la FIP.
Potash, Lanús y Sánchez sostienen que la decisión de votar a favor de la
creación de la fuerza interamericana provino del titular de la Cancillería,
Zavala Ortiz, quien instruyó a los delegados titular y alterno ante la OEA,
Ricardo Colombo y Hugo Gobbi, para que votasen a favor de la intervención
multilateral como una alternativa aceptable para frenar el intervencionismo
unilateral norteamericano. (18) Otra versión, que -a diferencia de la anterior-
menciona divergencias en las posiciones de ambos delegados en la votación de la
OEA, fue la aportada por el propio delegado Colombo. Colombo aseguró que en el
momento de la votación estaba volando de Santo Domingo a Washington y había
instruido al delegado alterno, Hugo Gobbi, que demorara la votación hasta su
arribo. Pero Gobbi, siguiendo la voluntad del canciller Zavala Ortiz, no esperó
a Colombo y votó a favor de la moción que creaba la FIP. Finalmente, una
tercera y poco creíble versión de la votación argentina fue la que ofreció
el canciller Zavala Ortiz, quien aseguró que Illia había dado el visto bueno a
la posición que finalmente adoptó la delegación argentina. (19)
El
apoyo de la delegación argentina a la moción de multilateralizar la
intervención en Santo Domingo provocó un intenso debate dentro y fuera del
gobierno radical. En primer lugar, evidenció las profundas divergencias
existentes dentro del oficialismo, entre los partidarios del envío de tropas y
los que se oponían a ella. Dentro del primer grupo cabe señalar al canciller
Zavala Ortiz; (20) al subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón J.
Vázquez; (21) a los delegados argentinos en la OEA, Ricardo Colombo y Hugo
Gobbi; (22) al ministro de Defensa, Leopoldo Suárez; (23) a los altos jefes de
las fuerzas armadas, en especial los comandantes en jefe del ejército, general
Juan Carlos Onganía y de la armada, almirante Benigno Varela, y al secretario
de Guerra, general Ignacio Avalos. (24) Por su parte, entre los opositores al
envío de tropas se contaban el propio presidente Illia, (25) el bloque de
diputados y senadores de la UCRP, (26) los radicales ortodoxos y de la
línea cordobesa, adherentes de la posición tradicionalmente no
intervencionista del partido (27) y, por supuesto, el grueso de los partidos de
la oposición, quienes desde la calle y desde el Congreso ejercieron una intensa
presión sobre el gobierno radical.
El
9 de mayo, el canciller Zavala Ortiz adelantaba en un mensaje al país el
eventual envío de tropas argentinas para la FIP, señalando que
Si
tuviéramos que mandar efectivos militares no serían para una guerra, sino que
sería única y exclusivamente para una misión de seguridad y de protección
del pueblo dominicano hasta la recuperación de su normalización.
Estaría
dentro de las funciones (la misión de las tropas argentinas) que ya enviaron
efectivos militares argentinos en 1958 hacia Líbano y en 1960 también a la
República del Congo. Sería mucho menos peligrosa que la enviada a Cuba en
1962. (...)
(...) si se dejan solos a los Estados Unidos en Santo Domingo quedan solos tanto
para hacer el bien y llevarse la gloria, como para hacer el no bien, y en este
último caso las responsabilidades no serán para ellos solamente, sino, sobre
todo, para nosotros, que no supimos actuar con diligencia y solidaridad. Si
tanto se habla de la dignidad nacional, si tanto se la declama para criticar la
actitud unilateral de los Estados Unidos, movilicemos esa dignidad nacional para
que no siempre aparezcan los Estados Unidos como el único país que hace algo
por otros o, cuando menos, que impiden la expansión de la guerra revolucionaria
en el mundo. (28)
Según
Lanús y Castello, el presidente Illia y el canciller Zavala Ortiz firmaron un
pedido de autorización al Congreso para el envío de tropas a Santo Domingo,
pero al poco tiempo Illia decidió retirarlo del Senado. En cambio, Sánchez y
Verone sostienen que, aunque el canciller Zavala Ortiz presionó a Illia para
que enviara el decreto del envío de tropas, el presidente nunca llegó a
firmarlo. (29)
La
decisión de Illia de dar marcha atrás a la participación argentina en la FIP,
impulsada por la Cancillería, hizo estallar la interna del gobierno. Provocó
la renuncia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón J. Vázquez, y de
su hermano Alejandro, por entonces asesor jurídico del vicepresidente Carlos
Perette. En los textos de sus respectivas renuncias, los hermanos Vázquez
expresaron abiertamente su disconformidad con la decisión del presidente de
trabar el envío de tropas. (30)
A pesar de la oposición del presidente Illia y de los
partidos de la oposición en el Parlamento al envío de tropas, el canciller
Zavala Ortiz intentó otra alternativa para concretar la participación
argentina en la FIP: una reunión con los cancilleres del Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por cierto, Brasil y Chile no aceptaron la
invitación de la Cancillería argentina, Perú directamente no respondió,
Paraguay condicionó su respaldo. Hay diferentes interpretaciones sobre la
actitud de Uruguay. De acuerdo con Scenna, Uruguay y Bolivia aceptaron la
invitación de Zavala Ortiz al cónclave de cancilleres del Cono Sur. Según
Sánchez, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo regresó a Montevideo
sin definirse sobre el tema y sólo Bolivia admitió venir a Buenos Aires. (31)
Luego
de esta frustrada convocatoria a los cancilleres del Cono Sur, -doblemente
frustrada porque además fue calificada por la oposición como una
“contradicción” con la actitud de la cancillería argentina y de su
delegado en la OEA-, (32) quedó claro que la posición renuente de Illia y del
Congreso al envío de tropas terminaron triunfando por sobre los argumentos de
la Cancillería.
Por
cierto, el Congreso fue uno de los ámbitos donde tuvo mayor repercusión la
posición adoptada por la Cancillería argentina respecto de la crisis en Santo
Domingo. La defensa de Zavala Ortiz de la “intervención multilateral” como
alternativa frente a la “intervención unilateral” no conformó a los
legisladores de la oposición, que levantaron como argumento que la actitud del
canciller argentino violaba la tradicional sujeción de la diplomacia argentina
al principio de no intervención y en realidad implicaba una suerte de
alineamiento con Estados Unidos. Así, un proyecto de declaración presentado el
6 de mayo de 1965, a pocos días de la intervención norteamericana, y firmado
entre otros por el diputado socialista Ramón A. Muñiz, repudiaba la “brutal
agresión de la plutocracia yanqui contra la nación hermana de Santo
Domingo”, rechazaba el acuerdo de la OEA por el que se disponía el envío de
la FIP, y exigía la “inmediata separación” de la Argentina de la
organización panamericana. (33)
A su
vez, el mismo día 6 de mayo, el diputado frondizista del MID por Santa Fe,
Héctor Gómez Machado, presentó junto a otros de su bloque un proyecto de
resolución que criticaba las declaraciones efectuadas por Zavala Ortiz el 30 de
abril justificando la intervención norteamericana en Santo Domingo, y se
lamentaba por el “abandono” del gobierno de Illia de la política
tradicionalmente defendida por Yrigoyen y por todos los gobiernos argentinos de
repudio a las acciones unilaterales de Estados Unidos en la región. (34) Al
proyecto de resolución del bloque frondizista se sumaron los de otros bloques
opositores (UCRI, democracia cristiana, justicialismo y socialismo). (35)
La
única excepción a esta actitud casi unánime de los bloques opositores fue el
proyecto de resolución de los diputados de UDELPA, Raúl Abalo, Eduardo Orlando
Gutiérrez y otros, presentado también en la sesión del 6 de mayo. Dicho
proyecto se acercaba a la posición del Palacio San Martín, pues instaba a una
intervención multilateral en Santo Domingo. (36)
El
respaldo de la Cancillería a la fuerza interamericana de paz puso en incómoda
posición al bloque legislativo de la UCRP, pues el hecho era percibido como una
mal disimulada confirmación de la intervención norteamericana, lo cual
atentaba contra la tradicional sujeción del radicalismo al principio de no
intervención. Estos dilemas del oficialismo quedaron claramente expresados en
el proyecto de resolución presentado también el 6 de mayo por el presidente
del bloque de diputados de la UCRP, Raúl Fernández, y sus colegas Raúl
Ricardo Alfonsín y Luis Agustín León, entre otros. Por un lado, el texto
condenaba (como los presentados por los bloques opositores), la intervención
unilateral de los Estados Unidos en Santo Domingo y reafirmaba la defensa del
principio de no intervención. Pero, por el otro, dejaba expresar entre líneas
un “apoyo altamente condicionado” a la posición del canciller y un respaldo
a la posición del presidente Illia, al expresar los anhelos de que el poder
Ejecutivo, responsable constitucional del manejo de las Relaciones Exteriores,
agotara “los esfuerzos para el logro de un pronto restablecimiento de la paz y
la vigencia de la Carta de la OEA en la República Dominicana”. (37)
En
las sesiones del 7 y 8 de mayo de 1965, el canciller Zavala Ortiz intentó
defender su posición frente a la crisis dominicana y justificó la posición de
la delegación argentina en la resolución de la OEA del día 6, explicando que
los cinco países que votaron en contra de la misma (Chile, Ecuador, México,
Perú y Uruguay el general Imbert Barrera)
están
por que no se haga nada de lo que está haciendo la OEA para concurrir a la
asistencia del pueblo de Santo Domingo. Ellos están en otra actitud. Todos
parten de la misma posición, en el sentido que los Estados Unidos han actuado
unilateralmente, al margen de la Organización. La disidencia consiste en qué
se hace después de ese punto de partida: si se los deja allí solos a los
Estados Unidos o si se los reemplaza con una voluntad colectiva, para dejar a la
voluntad unilateral reglamentada y regulada por la voluntad de la organización
continental (...). (38)
Estas
declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores fueron duramente criticadas
por el diputado
del MID Héctor Gómez Machado, quien sostuvo que la posición del Palacio San
Martín y la resolución del órgano de consulta de la OEA en la crisis
dominicana no hacían sino “ponerle la firma al hecho consumado” y legalizar
“la violación del principio de no intervención”. Para Gómez Machado,
“lo que surge de esta resolución es que se ha institucionalizado al ejército
invasor de los Estados Unidos, convirtiéndolo en ejército de la OEA”.
Asimismo, Gómez Machado juzgó la política exterior de Zavala Ortiz como de
“aislamiento económico y satelismo en lo político-militar”, fórmula que
según el diputado del MID coincidía “con la política de los sectores
reaccionarios de los Estados Unidos: más ayuda militar a Latinoamérica y menos
colaboración para el desarrollo”. (39)
En la
sesión de la Cámara Baja correspondiente al
14 de mayo de 1965, el diputado socialista por la Capital Federal, Ramón
A. Muñiz, rechazó el acuerdo de la OEA por el que se disponía el envío de
una fuerza latinoamericana a Santo Domingo. Asimismo, Muñiz calificó como una
“gaffe deplorable” y un “olvido del texto constitucional” la actitud de
respaldo del representante argentino, embajador Ricardo Colombo, a la
incorporación de tropas argentinas a dicha fuerza multilateral, dado que según
la Constitución no podían salir tropas sin previa autorización del Congreso.
(40)
Por
su parte, el diputado desarrollista por Entre Ríos, Jorge W. Ferreira, se sumó
a los ataques de Muñiz al gobierno argentino en los siguientes términos:
“(...)
Estamos en contra de la tesis del actual Poder Ejecutivo sobre la guerra
revolucionaria propuesta por nuestros representantes en la IX Conferencia de
Cancilleres Americanos de Washington. Esta doctrina, originada en los sectores
ultrarrevolucionarios europeos para combatir los movimientos de liberación de
las colonias, ha sido injertada por la delegación argentina en el sistema
interamericano -ampliando la limitada definición de agresión contenida en los
tratados de asistencia recíproca y en la Carta de la OEA- con graves
implicancias modificatorias del principio de no intervención. La aplicación
indiscriminada del concepto de guerra revolucionaria puede servir para
justificar la injerencia en los asuntos internos de nuestros países y para
lesionar sus derechos de autodeterminación. La Cancillería argentina ha
subvertido de este modo, uno de los principios fundamentales de la política
exterior de nuestro país. (...)
(...) Quiero terminar mis palabras con estas expresiones: un ilustre canciller
argentino dio nombre a la doctrina que proscribe el cobro compulsivo de las
deudas -me refiero al doctor Drago-.
Ahora otro canciller -y lo digo con dolor- ha sentado en el seno de la
Organización de Estados Americanos la doctrina que quiero quede registrada en
los anales de este parlamento como doctrina Zavala Ortiz, la doctrina de la
intervención multilateral en los asuntos internos de los países
latinoamericanos, violatoria del espíritu y la letra de la Carta de Bogotá y
desquiciante para la armonía americana (...). (41)
Ese
agitado 14 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una declaración que atacaba
tácitamente la política del gobierno frente a la crisis dominicana, pues
condenaba la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo y exigía el
retiro de las tropas norteamericanas, expresaba la solidaridad argentina con el
pueblo dominicano, ratificaba la vigencia de los principios de
autodeterminación de los pueblos y de no intervención, y reafirmaba que todo
envío de tropas argentinas al exterior debía pasar previamente por el
Congreso. (42)
A los
ataques del Congreso y el profundo resentimiento de los altos jefes militares en
contra del gobierno -que prepararon el camino para el golpe que derrocó a
Illia-, se sumaron una serie de manifestaciones en favor y en contra de la
posición adoptada por la administración radical desde el inicio mismo de la
intervención norteamericana en la crisis de Santo Domingo, particularmente de
los “públicos atentos”, que volcaron en este tema sus dogmas ideológicos.
(43)
Mientras
el gobierno de Illia estaba preso de sus propios dilemas internos, la Décima
Reunión de Consulta fue convocada nuevamente para el 21 de mayo, con el
objetivo de considerar un proyecto de resolución presentado por Costa Rica,
relativo a la organización y funcionamiento de la Fuerza Interamericana de Paz.
La Cancillería argentina dio instrucciones para que se presentaran enmiendas al
proyecto, pues disentía en la forma de designar al comandante y subcomandante
de la Fuerza, que serían un general brasileño (Hugo Panasco Alvim) y uno
norteamericano (Bruce Palmer), respectivamente. La delegación argentina propuso
la designación de una comisión política para orientar y asesorar a la fuerza
militar, a fin de que ésta no se apartara de su misión específica de
pacificar el escenario dominicano. El proyecto costarricense fue aprobado
finalmente el día siguiente, por 14 votos a favor, 4 en contra (México, Chile,
Perú y Ecuador) y 2 abstenciones (Argentina y Venezuela). (44)
De
esta manera, en parte motivado por sus propias convicciones y en parte por el
enorme peso de los argumentos no intervencionistas en el Congreso, la opinión
pública e incluso algunos sectores de la propia UCRP, el presidente Illia
decidió contrariar el ánimo del canciller Zavala Ortiz y trabó el envío de
tropas argentinas para integrar la FIP. No obstante, las críticas de los
legisladores no se acallaron por el paso dado por el primer mandatario. (45)
Paradójicamente, la decisión de Illia de dar un paso atrás en el tema del
envío de tropas argentinas no sólo no le permitió al presidente aquietar las
críticas de los partidos opositores en el Congreso, sino que además le generó
un profundo descontento militar.
En
efecto, la negativa de Illia a enviar tropas a Santo Domingo aparejó nuevos
elementos de tensión entre el presidente y los altos jefes de las fuerzas
armadas, quienes, disconformes con los resultados prácticos del convenio de
asistencia militar firmado en mayo de 1964, estaban dispuestos a realizar
cualquier gesto que contribuyera a hacer más fluidas las relaciones con sus
colegas norteamericanos. Illia tuvo roces muy especialmente con el comandante en
jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, pero también con el titular
de la Armada, almirante Benigno Varela, y con el ministro de Defensa, general
Ignacio Avalos. Estas tres figuras respaldaban enfáticamente la participación
de la Argentina en la FIP como un gesto que facilitaría la llegada de equipos
militares de Estados Unidos. Además, estaban profundamente disgustados por el
hecho de que la Argentina no sólo perdía una espléndida chance para acercarse
a Estados Unidos y obtener ayuda militar del país del norte. También perdía
presencia regional ya que las tropas de la FIP serían comandadas por un general
brasileño. (46)
Con el
objetivo de poner en marcha la intervención de la FIP en Santo Domingo y de
paso tratar algunos temas relativos a la seguridad económica, se reunió en
Río de Janeiro, en noviembre de 1965, la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria de Cancilleres. Ante la negativa del presidente Illia al envío
de las tropas, las autoridades norteamericanas trataron de captar a su favor la
voluntad de la delegación argentina. El 15 de noviembre, el secretario de
Estado norteamericano, Dean Rusk, pidió al presidente Illia que la Argentina
respaldara la posición norteamericana en la conferencia. Illia no accedió e
instruyó al canciller Zavala Ortiz para que éste no apoyara la FIP. Sin
embargo, en la declaración conjunta de Rusk y Zavala Ortiz, el último no dejó
en claro la postura anti-FIP. En realidad, y tal como hiciera en el caso de las
sanciones al régimen cubano, Zavala Ortiz procuró tener en esta cuestión una
posición conciliadora. El documento final, producto del trabajo conjunto de las
delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Haití,
México, Perú y Uruguay, proponía en su resolución I o Acta de Río de
Janeiro la necesidad de reestructurar el funcionamiento del sistema
interamericano, convocando a una conferencia reformadora de la Carta de la OEA
para junio de 1966. Por cierto, los representantes norteamericanos no obtuvieron
en Río el respaldo mayoritario de los países latinoamericanos para la FIP.
(47)
En
tanto, la repercusión en la Argentina de la posición adoptada por Zavala Ortiz
en Río fue negativa. Mientras en el Congreso argentino, cuatro bloques de
diputados (democristianos, socialistas, justicialistas y partidos provinciales)
se pronunciaron contra la reunión de Río y la FIP, el bloque de la UCRP optó
por un sugestivo silencio, que evidenciaba la hostilidad de amplios sectores del
partido al polémico titular del Palacio San Martín. Como era de esperarse, la
actuación argentina en Río fue un nuevo motivo de irritación de los militares
para con el gobierno radical,
percibido por los últimos como un gobierno irresoluto y débil frente a
la amenaza comunista en la región. (48)
La posición
adoptada por el gobierno de Illia en la crisis dominicana obviamente causó mala
impresión en los círculos diplomáticos norteamericanos. De acuerdo con los
informes de la embajada norteamericana en la Argentina al Departamento de
Estado, la delegación argentina en la OEA cumplió una tarea de obstrucción y,
a diferencia de la actitud de colaboración de Brasil, el gobierno de Illia se
mostró vacilante en el envío de tropas argentinas como parte de la FIP.
Asimismo, estas fuentes detectaron el malestar de los militares con la negativa
argentina al envío de tropas. (49)
Finalmente,
la crisis de Santo Domingo se cerró con la constitución de un gobierno
provisorio en septiembre de 1965 presidido por Héctor García Godoy, la
convocatoria a elecciones para el 1º de junio de 1966 con el control de la FIP
y el triunfo en dichas elecciones de Joaquín Balaguer. Este solicitó
formalmente el retiro de la FIP, el cual se produjo en septiembre de 1966. La
supervisión de la OEA no obstante se mantuvo hasta marzo de 1970. De esta
manera, a pesar de que se encontró una solución consensuada para la situación
en la República Dominicana, la posición adoptada por el gobierno de Illia en
dicha crisis dejó profundas heridas internas y externas.
NOTAS
Gordon Connell-Smith, Los Estados Unidos y la América Latina, México, Fonde de Cultura Económica, 1977, pp. 270-271.
Texto de la nota del canciller Zavala Ortiz a su colega de Panamá, Galileo Solís, del 12 de enero de 1964, citado en editoriales “Confianza en la acción de la OEA. Respuesta argentina a nota panameña”, Clarín, 13 de enero de 1964, p. 11; y “Respondió a Panamá nuestra Cancillería”, La Nación, 13 de enero de 1964, pp. 1 y 5. Frente a la posición conciliatoria y en definitiva, tibia, adoptada por la Cancillería radical en la citada nota, el Movimiento de Agitación y Lucha de la UCRP adoptó en ese mismo día una posición abiertamente crítica hacia Washington, calificando el conflicto como “una salvaje agresión a los derechos a la soberanía de los países indoamericanos”. Por su parte, un grupo de dirigentes justicialistas se sumaron al coro de voces críticas, y enviaron un mensaje de apoyo al presidente de Panamá en términos más categóricos que los utilizados por Zavala Ortiz. A su vez, la juventud de la democracia cristiana emitió un comunicado que pronunciaba abiertamente su solidaridad con la “lucha libertadora” en Panamá y formulaba “una convocatoria a todos los sectores juveniles para dar su apoyo a los hermanos panameños”. Ver editorial “Partidos políticos”, Clarín, 13 de enero de 1964, p. 11.
“La Argentina pide tratar a fondo el asunto Panamá”, La Nación, 5 de febrero de 1964, pp. 1 y 16.
“Irá a Panamá una comisión de la OEA”, La Nación, 9 de febrero de 1964, pp. 1 y 2.
A.E. Castello, op. cit., p. 186.
Sobre el tema de las agresiones de fuerzas castristas en Venezuela ver “Panorama internacional. Objetivo castrista en Venezuela: ¿Provocar un golpe militar?”, Primera Plana, Nº 49, 15 de octubre de 1963, p. 10; G. Connell-Smith, op. cit., pp. 271-272.
Martin, NARA, 1º de mayo de 1965; y entrevista de prensa a Zavala Ortiz en la ciudad de Nueva York, otorgada a Santiago Ferrari, corresponsal neoyorquino de La Nación, 10 de diciembre de 1964, Embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado, 11 de diciembre de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.1 ARG; y Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 15 de octubre de 1964, ibid.
Durante
su intervención en la Novena Reunión de Consulta, el canciller Zavala
Ortiz manifestó lo siguiente:
(...)
Está claro pues, que no hemos intervenido ni intervendremos en los
problemas internos de Cuba. Creemos que es al pueblo cubano al único a
quien corresponde la decisión de su destino. (...) He dicho que no está en
sus propósitos (los del gobierno argentino) intervenir en Cuba, pero sí
está en sus decisiones no permitir que intervenga ni Cuba ni nadie en
nuestro país. Argentina, que ha contribuido siempre al respeto de los
pueblos y que ha sabido erguirse en defensa de sus hermanos amenazados, no
será jamás intervencionista (...) Pero volviendo al caso planteado en esta
Reunión de Consulta, no puede haber dudas de que no es Cuba quien debe
acogerse al feliz amparo de la no intervención. En cambio tiene derecho a
hacerlo Venezuela. Tienen derecho los países hasta donde el gobierno cubano
llevó sus incursiones agresivas. Tiene derecho la Argentina adonde el
gobierno cubano o bajo su inspiración, mandó armas portátiles de gran
eficacia, instructores, elementos, explosivos, dinero, directivas y
propaganda. (...)
(...)
He expresado el pensamiento de mi Gobierno frente a la reiterada y peligrosa
conducta del gobierno cubano. Pero mi gobierno siente no sólo la
responsabilidad de sus convicciones sino que, también, siente la
responsabilidad de la coincidencia o de la disidencia de los otros gobiernos
americanos. (...)
Por
eso es que hemos venido a contribuir a un requerimiento de Venezuela, pero
haciéndolo en forma de atraer espontáneamente el mayor número de
coincidencias. Esto no es condicionar nuestra actitud a una unanimidad no
exigida por la Organización, sino a una coincidencia mayor, reclamada por
la amistad y el respeto que nos debemos. La solidaridad no puede quedar
extenuada en su prestación a uno de los miembros sino que debe alcanzar a
todos. No es necesario que ellos también estén atacados, es suficiente con
que ellos estén interesados nacionalmente en recibirla.
No
hay que confiar mucho en los votos, hay que confiar más en las
convicciones. Podrán los gobiernos adaptarse a un mecanismo de números
pero los pueblos no se conformarán a ellos si el contenido de las
decisiones no ha alcanzado a convencerlos. Por otra parte, hay que reconocer
que la votación generalmente es para resolver problemas de opinión pero no
problemas de voluntad o problemas de poder. Por eso, es muy difícil
para Argentina votar sabiendo que en ciertas actitudes concurrentes a esta
reunión, hay más que no querer no poder, dadas las situaciones
especiales de cada país.
Por
otra parte existe una experimentada opinión de que las medidas sugeridas en
esta reunión, puestas en práctica ya por varios países, entre ellos
Argentina, no son ni serán eficaces. En efecto, nadie ignora que
Cuba está dentro de un sistema político internacional. En consecuencia,
difícilmente pueda quedar aislada por la contribución de cuatro países
americanos, cuando no se consiguió aislarla por los 16 países restantes.
En
lo que respecta al aislamiento económico, también hay la impresión de que
no tendrá eficiencia (...)
También parece inconveniente dar intervención en este problema
continental, a países extracontinentales, por vía de pedidos de colaboración
para el aislamiento comercial de Cuba.
Por
consiguiente nos preguntamos si se podrá reclamar un sacrificio de voluntad
a algunos países a pesar de la generalizada convicción de que las medidas
no resolverán el problema.
Creo,
asimismo, que esos países tienen otros justificados motivos que nosotros
estamos obligados a contemplar y que mi gobierno considera que pueden
contemplar sin arriesgar la eficacia de la solidaridad que reconocemos deber
y que prestaremos voluntariamente a Venezuela. (...)
Párrafos de la intervención del canciller Zavala Ortiz ante la Novena Reunión de Consulta de la OEA, julio de 1964, Miguel Angel Zavala Ortiz, “Política exterior argentina en el período comprendido entre el 12 de octubre de 1963 y el 27 de junio de 1966”, (primera parte), en Revista Argentina de Relaciones Internacionales, Buenos Aires, CEINAR, Año 2, Nº 4, enero-abril 1976, pp. 15, 17 y 18.
Dos semanas después de terminada la reunión, Chile rompió relaciones con Cuba, ejemplo que siguieron rápidamente Bolivia y Uruguay. El gobierno de México, en cambio, que no había enviado a su canciller a la Novena Reunión, se negó a romper vínculos con Cuba. Sin embargo, la posición de México sobre el problema no le impidió sostener buenas relaciones con Estados Unidos. Ver respecto de la posición argentina en esta conferencia los editoriales “Una reacción que ha surtido efecto”, por Santiago Ferrari, La Nación, 25 de julio de 1964, p. 1; “Imponen sanciones al régimen cubano. La Argentina se abstuvo en la parte del proyecto relativa a las relaciones con La Habana”, La Nación, 26 de julio de 1964, pp. 1 y 2; “Cancilleres: decidieron condenar y sancionar al régimen de Castro”, Clarín, 26 de julio de 1964, p. 2; “Aislamiento diplomático y económico. Texto del histórico documento aprobado”, Clarín, 26 de julio de 1964, p. 3; “Sanciónase a Cuba en la IX Reunión de Consulta. La resolución ordena a las naciones de la OEA no mantener vínculos diplomáticos y económicos”, La Prensa, 26 de julio de 1964, pp. 1 y 4; y “Fue firmada el acta final de la reunión consultiva de cancilleres”, La Nación, 27 de julio de 1964, pp. 1 y 2. Ver texto del proyecto argentino en La Nación, 24 de julio de 1964, p. 2. Texto de la resolución final en La Prensa, 26 de julio de 1964, pp. 1 y 14 y Clarín, 26 de julio de 1964, p. 3.Ver también sobre este tema los trabajos de Roberto Etchepareborda, “Crónica de tiempos difíciles”, en Ricardo del Barco et al, 1943-1982 Historia política argentina, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983, p. 72; P. Sánchez, op. cit.. pp. 41 y 48-50, y G. Connell-Smith, op. cit., p. 272.
Ver al respecto el editorial “Una severa condena pero sin sanciones”, por Santiago Ferrari, La Nación, 24 de julio de 1964, pp. 1 y 2. Por su parte, el editorial “Las sanciones contra el agresor”, La Prensa, 29 de julio de 1964, p. 8, critica la tibieza de la posición argentina, señalando la contradicción existente entre el enérgico tono de condena verbal a la agresión castrista y la posición de abstención de la delegación argentina a la hora de votar las sanciones.
“La posición argentina en la reunión de Washington”, La Nación, 1º de agosto de 1964, pp. 1 y 3.
Thomas C. Mann (ARA) al Secretario de Estado, haciendo referencia a su reunión con Zavala Ortiz, firmado APU-Hoyt, 20 de julio de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1893, File Pol.15-1 Head of State. Executive Branch. ARG 1/1/64.
Embajada en Buenos Aires al secretario de Estado, 15 de octubre de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.1, ARG.
Para un análisis de la etapa previa a la intervención norteamericana ver los trabajos de Gregorio Selser, “Los marines. Intervenciones norteamericanas en América Latina”, Buenos Aires, Cuadernos de Crisis, Nº 9, 1974, pp. 75-76; y J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 204-205.
J.A. Lanús, op. cit., vol. 1, pp. 204-205 y A.E. Castello, op. cit., pp. 186-188.
J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 207; A.E. Castello, op. cit., pp. 209-210, y M.L. San Martino de Dromi, op. cit., p. 273. El texto del Acta de Santo Domingo está citado en J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 230-231, nota 38.
En la sesión del 1º de mayo de la Décima Reunión de Consulta de la OEA, 19 países aprobaron el envío de una comisión de paz, con la abstención de Chile, cuyo representante sostuvo que si no cesaba la intervención unilateral de Estados Unidos al arribar la comisión, dicha intervención quedaba legitimada. Respecto de este tema ver “Decidió la OEA el envío de una Comisión de Paz a Santo Domingo”, La Nación, 2 de mayo de 1965, p. 2; y editorial “Una decisión que contraría a Castro”, por Santiago Ferrari, La Nación, 3 de mayo de 1965, pp. 1-2. La resolución III estableciendo la Fuerza Interamericana de Paz fue aprobada el 6 de mayo por 14 votos a favor (Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y El Salvador); 5 en contra (México, Uruguay, Chile, Ecuador y Perú) y 1 abstención (Venezuela, porque no coincidía en la redacción de la resolución). Ver al respecto los trabajos de P. Sánchez, op. cit., pp. 92-93 y 95; A.E. Castello, op. cit., pp. 188-190; M.L. San Martino de Dromi, op. cit., p. 273 y J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 207-208.
R.A. Potash, op. cit., pp. 212-213; J.A. Lanús, op. cit., vol. 1, p. 208; y P. Sánchez, op. cit., p. 92.
Ver las versiones de Colombo y de Zavala Ortiz sobre el voto argentino en la reunión de la OEA del 6 de mayo de 1965, en “El país: los verdaderos golpes”, Primera Plana, Nº 136, 15 de junio de 1965, p. 8 y “Diplomacia: un solo cascabel y varios gatos”, Primera Plana, Nº 138, 29 de junio de 1965, pp. 11 y 12.
En
su mensaje al país del 20 de mayo de 1965, el canciller Zavala Ortiz
defendió la intervención de la OEA sosteniendo que
A
casi un mes de iniciados los acontecimientos de Santo Domingo, debemos señalar
que si la OEA no ha podido cumplir con su propósito fundamental de paz, ha
contribuido con el propósito emergente de asistencia y, al menos
temporariamente, a disuadir tentativas de comunización. Por otra parte,
tenemos que reconocer que no es fácil para una organización que no es un
Estado supranacional y que debe manejarse con el mayor respeto por la
voluntad del pueblo dominicano. (...)
En
esa ocasión, Zavala Ortiz atacó la posición no intervencionista de los
partidos de oposición, aferrados a
(...)
un pensamiento virulentamente antinorteamericano, con el que se pretende
impresionar a la opinión pública, pero sin proponer soluciones al drama
dominicano ni al peligro que atraviesa la paz americana, por lo menos
soluciones que sean más eficientes que la resuelta por la OEA con el apoyo
del gobierno argentino. (...)
Mensaje del canciller Zavala Ortiz del 20 de mayo de 1965, cit. en “La posición argentina ante los sucesos dominicanos”, La Nación, 21 de mayo de 1965, pp. 1 y 6.
Ramón Vázquez era un funcionario de la Cancillería inclinado hacia el bando de los “colorados” del ejército. En particular, Vázquez tenía excelentes relaciones con el secretario de Guerra, general Ignacio Avalos -otro firme partidario del envío de tropas argentinas a la FIP-. Incluso Vázquez amenazó al canciller Zavala Ortiz con renunciar si el delegado argentino en la OEA, Ricardo Colombo, votaba en contra de la posición norteamericana en la OEA. Cuando el gobierno de Illia trabó el envío de tropas, Vázquez cumplió con su amenaza y renunció. Ver al respecto “El país. Se cierne la tormenta”, especialmente el apartado “La sombra de Yrigoyen”, Primera Plana, Nº 131, 11 de mayo de 1965, p. 8.
Para el canciller Zavala Ortiz y para los representantes argentinos ante la X Reunión de Consulta de la OEA, Ricardo Colombo y Hugo Gobbi, la gravedad del caso dominicano exigía una flexibilización del principio de “no intervención” para dar lugar a una intervención multilateral a través de la FIP, que internacionalizaría y controlaría mejor un hecho que, aunque condenable, era ya irreversible: la intervención unilateral de Estados Unidos en la guerra civil en República Dominicana. Desde la percepción de Cancillería, la intervención de la Argentina en el marco de la OEA en Santo Domingo, si bien implicaba una reformulación en los hechos del principio de no intervención, podía resultar en una opción mucho más eficaz y constructiva que la condena verbal a la intervención unilateral norteamericana en nombre de dicho principio, opción preferida por los partidos de la oposición. Ver referencia a las posiciones de Zavala Ortiz, Colombo y Gobbi en J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 208-209; A.E. Castello, op. cit., pp. 210-211.
La
posición del ministro Suárez favorable al envío de tropas quedó
claramente evidenciada en una reunión que el titular de Defensa mantuvo el
14 de mayo de 1965 con el canciller Zavala Ortiz, los secretarios de Guerra,
Marina y Aeronáutica, general Ignacio Avalos, vicealmirante Manuel A. Pita
y brigadier Mario Romanelli, respectivamente; los tres comandantes en jefe
de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Carlos Onganía por el Ejército,
el contraalmirante Benigno Varela por la Armada y el brigadier general
Carlos Armanini por la Fuerza Aérea; el jefe del
Estado Mayor de Coordinación, brigadier Carlos E. Bertollo; y el
subsecretario de Defensa Hernán Cortés. Las declaraciones que se
efectuaron al término de dicha reunión no pudieron ocultar la diferencia
de criterios entre los ministros Súarez y Zavala Ortiz por un lado, y el
presidente Illia por el otro, en lo tocante al envío de tropas argentinas a
Santo Domingo. Así, Suárez manifestó que
las
fuerzas armadas de la nación están en condiciones de concurrir a Santo
Domingo en la misión de paz que los acontecimientos pueden imponer a la
Argentina en cualquier momento (...) Dejar sola a la República Dominicana
(...) supondría facilitar que caiga en manos de la subversión comunista o
de la determinación unilateral de cualquier otro país. (...) No supone
esto (...) que sea propósito del P.E. eludir la instancia del Congreso,
pero nos parece que ya es hora de colocar las cosas en su sitio, que no se
puede confundir al país y a la opinión pública como está sucediendo en
esta ocasión, en que los hechos y los acontecimientos se desnaturalizan
porque gravita más la intención política interna que la valoración de la
responsabilidad de la Argentina ante América y el mundo.
Por
su parte, el canciller Zavala Ortiz, al ser interrogado por los periodistas
a la salida de la reunión, no hizo declaraciones, pero le dio la palabra al
titular de Defensa. Y finalmente, evidenciando su diferencia de criterio con
las opiniones de Súarez y de Zavala Ortiz, el presidente Illia
manifestó al término de la citada reunión que
Los
hechos y no las meras palabras o las posiciones oportunistas son los que
documentan y fijan con claridad la posición de nuestro gobierno, que ha
realizado y realizará todos los esfuerzos necesarios para preservar la paz
interna y americana. La no intervención y la autodeterminación como
expresión representativa de la libre voluntad de los pueblos excluyen
beligerancias inconsistentes y reñidas con el total respeto que mantenemos
a la soberanía de las naciones.
Para entender la posición adoptada por Illia, enfrentada a la inclinación intervencionista de los militares y de los ministros Suárez y Zavala Ortiz, cabe recordar además que ese mismo día 14 de mayo, la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la intervención norteamericana y aclaró que toda decisión de enviar tropas debía ser autorizada por el Parlamento. Ante esta situación y la resistencia personal del presidente de Illia al envío de tropas (salvo que dicho envío estuviese previamente autorizado por las partes en conflicto en Santo Domingo y por el Congreso argentino), en esta reunión prevaleció la postura de Illia, acordándose que las fuerzas armadas estaban en condiciones de concurrir a Santo Domingo, pero que la decisión debía adoptarla el presidente. Otro testimonio de las divergencias entre la posición antiintervencionista de Illia y la posición intervencionista del titular de Defensa fue aportado por un radical de la línea cordobesa, partidario de Illia, quien sostuvo que “durante la crisis de Santo Domingo, Leopoldo Suárez llegó a anunciar el envío de tropas, y Zavala Ortiz fijó una posición que no coincidía con la del presidente. Los dos tuvieron que rectificarse.” Ver al respecto “Las FF.AA. están preparadas para ir en misión de paz a la República Dominicana. Extensa reunión en Defensa Nacional”, Clarín, 15 de mayo de 1965, p. 7; “Reiteró el Dr. Illia la adhesión al principio de no intervención. Expresó el Dr. Leopoldo Suárez que las fuerzas armadas están en condiciones de ir en misión de paz. La decisión la tomará el presidente”, La Nación, 15 de mayo de 1965, pp. 1 y 14 y “Cancillería. El gobierno entre dos fuegos”, Confirmado, Nº 25, Octubre 21 de 1965, p. 14.
Con respecto a Onganía, éste protagonizó una fuerte discusión con el presidente Illia, en la que el entonces comandante en jefe del ejército señaló las razones que lo impulsaban a desear la participación de tropas argentinas en Santo Domingo, vinculadas a la posibilidad de obtener ayuda militar para el ejército. Pero Illia se mantuvo en su posición de no enviar tropas. En cuando al secretario de Guerra Avalos, éste envió a principios de junio de 1965 un memorándum al ministro de Defensa Leopoldo Súarez, solicitando una reunión del gabinete de Seguridad que incluyera al presidente Illia. Avalos no obtuvo una respuesta formal del presidente, aunque sí conoció la opinión favorable de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores a la idea de enviar tropas a República Dominicana. Sobre las posiciones de Onganía y Avalos ver “La nación: don Arturo siempre supo dónde iba”, Confirmado; Nº 5, Junio 4 de 1965, pp. 8-9. Ver también los trabajos de J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 209-210; y A.E. Castello, op. cit., p. 211 y nota 15, pp. 215-216. Por su parte, el teniente coronel (RE) Alberto M. Garasino, desde su columna en la revista Confirmado criticó la actitud “pasiva” y “casi vegetativa” del presidente Illia respecto del envío de tropas a Santo Domingo. Ver “Poder Ejecutivo y Fuerzas Armadas”, Confirmado, Nº 5, Junio 4 de 1965, p. 64.
De acuerdo con las revistas Confirmado y Primera Plana, la posición del presidente Illia se podía resumir en tres argumentos: 1) Fortalecer a la OEA; 2) No enviar tropas a Santo Domingo si no hay previa aceptación de las dos partes en conflicto; y 3) Todo envío de tropas debía ser previamente autorizado por el Congreso (en este punto Illia coincidía con los legisladores de su propio partido y de la oposición). Ver posición de Illia en “Contra las cuerdas, el gobierno no se decide”, Confirmado, Nº 2, Mayo 14 de 1965, p. 8 y “El país. En el reino de las indecisiones”, Primera Plana, Nº 133, 25 de mayo de 1965, p. 9. Otro interesante testimonio de la oposición personal del presidente Illia al envío de tropas a Santo Domingo fueron las declaraciones efectuadas por el titular de la Cámara de Diputados, Arturo Mor Roig, quien en una reunión del 12 de mayo de 1965 con los miembros de Labor Parlamentaria, sostuvo que “Es deseo del P. E. no enviar tropas para combatir en Santo Domingo, resolución que, en todo caso, corresponde al Congreso”. Ver declaraciones de Mor Roig, citadas en “Mor Roig: “Es deseo del P.E. no enviar tropas a Santo Domingo””, Clarín, 13 de mayo de 1965, p. 11.
El presidente del bloque de diputados de la UCRP, Raúl Fernández, era partidario del voto negativo de la Argentina a la creación de la FIP. Por su parte, los diputados Mario Roberto y Luis A. León se opusieron al envío de tropas. Por su parte, el senador por Catamarca de la UCRP, Ramón Acuña, también se pronunció contra la intervención norteamericana y contra la posición adoptada por la delegación argentina en la OEA. Incluso Acuña buscó colaborar con el bloque justicialista para hacer efectivo un pedido de interpelación al canciller Zavala Ortiz. Ver al respecto el editorial “El país. Se cierne la tormenta”, apartado “La sombra de Yrigoyen..”, op. cit., pp. 8-9.
Sobre la oposición del radicalismo del pueblo y de las líneas cordobesa y ortodoxa del partido radical a la posición intervencionista multilateral del canciller Zavala Ortiz en la crisis dominicana ver los siguientes editoriales “Almuerzos. Illia redescubre las reuniones de gabinete”, Confirmado, Nº 6, Junio 11 de 1965, p. 8; “Cancillería. El gobierno entre dos fuegos”, Confirmado, Nº 25, Octubre 21 de 1965, p. 14.
Texto del mensaje del canciller Zavala Ortiz del 9 de mayo de 1965, citado completo en “A la crisis y a la posición argentina se refirió el canciller”, La Nación, 10 de mayo de 1965, pp. 1 y 8. También citado en P. Sánchez, op. cit., pp. 96-97.
J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 209; A.E. Castello, op. cit., p. 212; P. Sánchez, op. cit., p. 100, y Marco Antonio Verone, La caída de Illia, Buenos Aires, Coincidencias, 1985, nota especial, p. 71. Mas allá de que Illia haya firmado o no el abortado decreto sobre el envío de tropas, lo que queda claro es la existencia de serias divergencias entre el presidente y el canciller al respecto. Según Sánchez, Illia actuó así por desconfianza hacia el comportamiento de las fuerzas militares de Estados Unidos, que estaban actuando en Santo Domingo al margen de la OEA y con una clara definición en favor de uno de los dos bandos en pugna. Según Lanús, en su fuero íntimo Illia nunca había sido partidario del envío de tropas aprobado por la delegación diplomática argentina en la OEA. Otra razón que sugieren Potash, Scenna y Castello, y que seguramente pesó en la decisión de Illia de oponerse a la intervención de tropas impulsada por el canciller y por los altos oficiales militares, era la fuerte oposición existente en el Congreso a la política adoptada por Zavala Ortiz, tanto por parte de la UCRP como de la oposición. Desde la óptica de Illia, el envío de tropas a Santo Domingo implicaba un enorme costo político que dividiría al partido, y otorgaría a la oposición, y en especial al peronismo una excelente excusa para esgrimir contra el gobierno argumentos nacionalistas. R.A. Potash, op. cit., pp 214-215; Miguel A. Scenna, Cómo fueron las relaciones argentino-norteamericanas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1970, pp. 255-256; M.A. Scenna, Los militares, op. cit., p. 290; P. Sánchez, op. cit., p. 100; J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 209; y A.E. Castello, op. cit., p. 213.
Ramón
Vázquez sostuvo que su dimisión se debía al
(...)
convencimiento de que ante el vertiginoso avance de la subversión comunista
sólo mediante decisiones categóricas -adoptadas en tiempo- podremos
preservar a nuestra Patria de la disolución y el caos. Unicamente así
contribuiremos, además, a la seguridad del resto de los países del
Continente. Retacear el aporte que nos impone la tradición hidalga de
nuestros mayores sólo significará, en definitiva, acrecentar en el pueblo
un absurdo sentido de frustración, posibilitar la acción subversiva y
silenciar nuestra voz soberana frente a la preeminencia del fuerte sobre el
débil, convalidando la injusticia.
Por
su parte, el texto de la renuncia de Alejandro Vásquez sostenía que la
misma se debía a la “peligrosa indecisión del Poder Ejecutivo
Nacional”. En clara referencia a la crisis dominicana, el hasta entonces
asesor jurídico de la vicepresidencia sostenía que
(...)
Aguardé pacientemente una categórica ubicación del presidente de la República
en este grave problema americano. Con prudencia también, aguardé la reacción
saludable de quienes, como integrantes de otros poderes del Gobierno, tenían
la responsabilidad de una definición. Nada de ello ha ocurrido y todo el
proceso ha quedado cubierto por una nebulosa que causa a la patria un daño
irreparable (...)
Textos de las renuncias de Ramón y Alejandro Vázquez, Buenos Aires, 3 de junio de 1965, citados en “Dióse a publicidad texto de las dos renuncias”, La Nación, 5 de junio de 1965, pp. 1 y 16; “Vásquez: motivó su renuncia en la ‘falta de decisiones oficiales’ ”, Clarín, 5 de junio de 1965, pp. 7 y 8 y “Aceptó el P.E. la dimisión de Vásquez, rechazándole los términos de las mismas”, Clarín, 9 de junio de 1965, p. 18. Sobre este tema ver también “Ministros. Ataque por dos flancos a Zavala Ortiz”, Primera Plana, Nº 93, 18 de agosto de 1964, pp. 11-12.
Ver sobre este frustrado cónclave de cancilleres del Cono Sur los trabajos de M.A. Scenna, Cómo fueron las relaciones..., op. cit., p. 255; P. Sánchez, op. cit., p. 99; F. Luna, op. cit., p. 179; J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 211, y A.E. Castello, op. cit., pp. 213-214. Ver también “Una consulta de cancilleres del Cono Sur auspicia la Argentina”, La Nación, 18 de mayo de 1965, p. 1; “Llegó anoche el Dr. Vidal Zaglio desde Montevideo”, La Nación, 18 de mayo de 1965, pp. 1 y 16; “La consulta promovida por nuestro país no se concretaría en reunión” y “El canciller uruguayo dio término a su visita”, La Nación, 19 de mayo de 1965, pp. 1 y 12; “El país. En el reino de las indecisiones”, Primera Plana, Nº 133, 25 de mayo de 1965, p. 8 y “Ministros: Las derrotas de Zavala Ortiz”, Primera Plana, Nº 133, 25 de mayo de 1965, p. 10.
Ver al respecto el proyecto de resolución del 3 de junio de 1965 de los diputados de la UCRI Vicente Musacchio, Luis Harrington y Ataúlfo Pérez Aznar, que se preguntaron si la iniciativa del canciller Zavala Ortiz de reunir a los cancilleres del Cono Sur “no importa una contradicción con lo actuado por el representante argentino en la OEA y con las manifestaciones del señor canciller ante la Honorable Cámara de Diputados, en la sesión de los días 6 y 7 de mayo”. Proyecto de resolución de los diputados Musacchio, Harrington y Pérez Aznar, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 7º, Junio 3 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de La Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 426-427.
Ver detalles del informe presentado por Zavala Ortiz a la Cámara de Diputados en Clarín, 8 de mayo de 1965, pp. 8-9. Ver proyecto presentado por el diputado Muñiz junto a Juan Carlos Coral, Emilio Carreira y Carlos E. Ocampo, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 3º, Mayo 6 de 1965, citado en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I: Sesiones preparatorias y ordinarias (del 26 de abril al 23 de junio de 1965), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1966, pp. 156-157.
Ver proyecto de resolución de los diputados Héctor Gómez Machado, Jorge W. Ferreira, Enrique Jorge Arballo, Adalberto Mársico, Melchor S. Posse, Diógenes C. Díaz, Roberto A. Galeano, Juan C. Achiary y José Rodríguez del Rebollar, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 3º, Mayo 6 de 1965, citado en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 158-159.
Podemos mencionar al respecto los proyectos de resolución del senador Ataúlfo Pérez Aznar y otros, del bloque de la UCRI, que condenaba la intervención norteamericana e instaba a que la OEA creara instrumentos aptos para garantizar la seguridad colectiva en la región sin afectar el principio de autodeterminación de los pueblos; del senador Enrique de Vedia y otros, del bloque demócrata cristiano, que solicitaba la renuncia del canciller Zavala Ortiz “que ha convalidado tácitamente la intervención estadounidense”; del frondizista Gómez Machado, quien atacó tanto la intervención unilateral norteamericana en Santo Domingo como la política del delegado Colombo y las resoluciones de la IX Reunión de Consulta de la OEA, por constituir “una violación de la letra y el espíritu de la Carta de Bogotá, en cuanto equivalen a establecer la intervención multilateral en los asuntos internos de los países del hemisferio y contradicen además los principios y normas sobre los que reposa la Organización de las Naciones Unidas”. Asimismo, ese día 6 de mayo tuvieron lugar una serie de proyectos de declaración: el del diputado frondizista Gómez Machado y otros; el de los justicialistas Juan Carlos Cornejo Linares y Carlos Renato Gallo; el de los diputados de la CPP (Confederación de Partidos Provinciales) Isaías Nougués (Tucumán), Angel Cantoni y Sijifredo Antonio Bazán Riveros (San Juan); el del diputado de UDELPA por Misiones Luis Antón; el de los diputados demócrata progresistas Camilo Munigurria, Horacio Ricardo Thedy y otros; el de los diputados socialdemócratas Américo Ghioldi y Luis N. Fabrizio; el del diputado demócrata cristiano Enrique de Vedia y otros; el de los justicialistas Paulino Niembro, Roque Oscar Alberto Natiello y otros, todos ellos contrarios a la intervención norteamericana en Santo Domingo y a la actitud de la Cancillería argentina frente a estas crisis. Ver todos esos proyectos de resolución (Ataúlfo Pérez Aznar y otros; Enrique de Vedia y otros; Héctor Gómez Machado) y declaración (Héctor Gómez Machado y otros; Juan Carlos Cornejo Linares y Carlos Renato Gallo; Luis Antón; Camilo Muniagurria y otros; Américo Ghioldi y Luis N. Fabrizio; Enrique Vedia y otros; Paulino Niembro y otros) en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 3º, Mayo 6 de 1965, , cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 160-163.
El
proyecto expresaba lo siguiente:
(...)
Art. 2º - Recomendar al Poder Ejecutivo nacional para que en ejercicio de
las relaciones exteriores y en representación del país promueva ante la
Organización de los Estados Americanos el establecimiento de una reunión
de consulta, permanentemente constituida, como órgano especial de dicha
organización internacional, a los efectos de que los pueblos de América
arbitren ante la continuada injerencia y sagaz intervención comunista en el
continente, procedimientos ágiles y enérgicos para combatir al sistema
extracontinental referido, con la mayor eficacia.
Art.
3º- Lamentar que en los sucesos que aquejan a la nación hermana de la República
Dominicana, los Estados Unidos de América hayan tomado decisiones
unilateralmente, por cuanto en la lucha contra el comunismo internacional, y
de acuerdo con el presupuesto de igualdad de las naciones, todos los países
de América deben actuar en conjunto.
Proyecto de resolución de los diputados Abalo, Gutiérrez, Eduardo Miguel Avila, Jorge J. Christen y Eduardo R. Liljesthröm, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 3º, Mayo 6 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., p. 159.
Proyecto de resolución de los diputados Fernández, Alfonsín, León y otros, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 3º, Mayo 6 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., p. 159. Sobre la actitud ambigua del bloque de diputados de la UCRP frente a las críticas de la oposición a la posición del canciller Zavala Ortiz ver también “El gran debate. Calle, Congreso y gobierno”, Confirmado, Nº 2, Mayo 14 de 1965, pp. 9-10. Por cierto, otro interesante indicio de la posición de los diputados de la UCRP frente a la política impulsada por el canciller Zavala Ortiz fue la violenta discusión que tuvo lugar entre fines de mayo y principios de junio de 1965 en dependencias de la Casa Blanca entre el titular del Palacio San Martín y el diputado Mario Roberto. El trasfondo de la discusión fue la irritación de Zavala Ortiz por lo que percibía como una estrategia “inmovilista” del diputado Roberto, que consistía en respaldar en forma sólo retórica la idea del canciller de enviar tropas a Santo Domingo, pero a la vez en demorar lo más posible una resolución en este sentido, con el objetivo de lograr lo que el presidente Illia realmente deseaba: no enviar tropas. “Entretelones. Santo Domingo”, Confirmado, Nº 5, Junio 4 de 1965, p. 7.
Declaraciones del canciller Zavala Ortiz, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4º, Mayo 7 / 8 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., p. 179.
Declaraciones del diputado Gómez Machado, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 4º, Mayo 7 / 8 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 192 y 197. Ver también “Debatía anoche Diputados la situación dominicana”, La Nación, 2 de mayo de 1965, p. 2.
Frente al ataque del diputado socialista Muñiz a la actuación de Colombo en la OEA, el entonces diputado por la UCRP Raúl Alfonsín sostuvo que “(...) el embajador argentino en la OEA no ha comprometido de ninguna manera a nuestro gobierno. Por otra parte, esta situación ha sido también debidamente aclarada por el canciller en esta misma Cámara, pues dijo textualmente: “De esta manera, nosotros hemos fijado una posición; ni siquiera la hemos impuesto. No hay nada obligatorio. Que los países que quieran manden fuerzas: nadie está obligado a mandarlas, ni el gobierno argentino se ha comprometido a hacerlo”. De modo que de ninguna manera se ha vulnerado texto constitucional alguno en este caso (...)” Declaraciones del diputado socialista Muñiz y del diputado por la UCRP Alfonsín, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 5º, Mayo 14 de 1965, citadas en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 298-299. También en J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 231, nota 39.
Declaraciones del diputado desarrollista Ferreira, Cámara de Diputados, reunión 5º, Mayo 14 de 1965, citadas en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 302-303 y en J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 231-232, nota 39.
Texto de la declaración de la Cámara de Diputados, citado en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 5º, Mayo 14 de 1965, citado en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965., Tomo I, op. cit., p. 310. También en J.A. Lanús, op. cit., vol. I, p. 211 y p. 232, nota 41; A.E. Castello, op. cit., p. 213.
Así,
por un lado, se registraron pronunciamientos de entidades visceralmente
anticomunistas que justificaron la presencia norteamericana en Santo Domingo
como una acción llamada a contener el avance castro-soviético en el
continente, y que instaron al gobierno argentino a respaldar dicha
intervención. Esta posición fue asumida por las siguientes entidades: el
Frente Latinoamericano Anticomunista, la Federación Argentina de Entidades
Democráticas Anticomunistas (FAEDA), el Comité Nacional de Acción Liberal
Argentina, la Acción Revolucionaria Anticomunista (ARA) y las de un grupo
de ciudadanos argentinos -entre ellos Marcelo A. Arnada, Cosme Béccar
Varela, Damián
Béccar Varela, Julio G. Aranguren, César Bunge, Eduardo M. García Bosch,
Uriel O’ Farrell, Juan O’ Farrell, Juan Carlos Della Paolera, Raúl
Zavalía Lagos, Alberto Zavalía Lagos, Patricio Zavalía Lagos y Ernesto
Pueyrredón-. Asimismo, otro grupo de ciudadanos -entre los que se contaban
Alejandro Aris, Marcelo Solá, Guillermo M. Arias, Alfredo O. González
Filgueiro, Oscar Spinosa Melo, Antonio Toric, Roberto Angel Azaretto y
Fernando Zavalía Paunero- dirigieron una carta a Illia en la que se ofrecían
como voluntarios para integrar las tropas argentinas a Santo Domingo en el
caso de que el Congreso decidiera enviarlas. Finalmente, un grupo de mujeres
del radicalismo del Pueblo criticó, en una declaración que llegó a reunir
más de 500 firmas de adhesión, las manifestaciones de estudiantes y
obreros en contra de la intervención norteamericana. Ver al respecto P. Sánchez,
op. cit., p. 94 y A.E. Castello, op. cit., p. 211. También
los editoriales “Repercusión local de los acontecimientos en el
Caribe”, La Nación, 3 de mayo de 1965, p. 1; “Una adhesión a
los Estados Unidos”, La Nación, 6 de mayo de 1965, p. 18;
“Diversas entidades se hacen eco de los sucesos del Caribe”, La Nación,
8 de mayo de 1965, p. 16; “Ofrecimiento de voluntarios para ir a Santo
Domingo”, La Nación, 12 de mayo de 1965, p. 4; y “De mujeres de
la UCRP”, La Nación, 12 de mayo de 1965, p. 4.
La cuestión dominicana también provocó expresiones orientadas en el sentido ideológicamente opuesto al expresado en el párrafo anterior, es decir, de condena a la intervención norteamericana, en nombre del principio de no intervención. Estas manifestaciones, más identificadas con posiciones de izquierda o centroizquierda, rechazaron lo que percibían como una nueva manifestación de la “política del garrote” por parte del “imperialismo yanqui”. Como expresiones representativas de este rechazo a la presencia norteamericana en Santo Domingo y a la posición argentina en la OEA, podemos anotar, entre otras, las declaraciones de los Consejos Superiores de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Superior de la Universidad del Litoral y las de La Fraternidad; los numerosos actos de repudio a la intervención norteamericana, entre ellos la ocupación de la Universidad de La Plata y la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires; las manifestaciones de condena de Acción Popular Argentinista, de la junta ejecutiva del Partido Demócrata Progresista y de la Federación Universitaria de Graduados de Buenos Aires; el acto del 12 de mayo de 1965 organizado por la CGT y agrupaciones estudiantiles en contra de la “alianza con el imperialismo” adoptada por el gobierno radical. P. Sánchez, op. cit., p. 94; R.A. Potash, op. cit., p. 213, y A.E. Castello, op. cit., p. 211. Ver también sobre este tema los editoriales “Repercusión local de los acontecimientos...”, op. cit.; “La crisis dominicana trata hoy la Cámara de Diputados. Asistirá el Dr. Zavala Ortiz y se prevé un debate agitado. Agrupaciones universitarias reformistas resolvieron una huelga si nuestro país envía tropas”, La Nación, 6 de mayo de 1965, pp. 1 y 18; “Resolución de la Universidad del Litoral”, La Nación, 6 de mayo de 1965, p. 18; “Nuevas manifestaciones en la zona de plaza Congreso”, La Nación, 7 de mayo de 1965, pp. 1 y 16; Diversas entidades...”, op. cit.; referencias a los disturbios en la calle vinculados a la crisis dominicana en editorial “La semana política”, especialmente en el apartado “La subversión callejera”, La Nación, 9 de mayo de 1965, p. 6; y “Desórdenes callejeros hubo en Rosario por la crisis del Caribe”, La Nación, 11 de mayo de 1965, p. 4; “Acto obrero-estudiantil”, La Nación, 12 de mayo de 1965, p. 4.
En el caso de la delegación argentina, ésta recibió instrucciones del Palacio San Martín de abstenerse en la votación, por dos razones: 1) la propuesta argentina de nombramiento de una comisión política que controlara los alcances de la fuerza interamericana de paz no fue aceptada, y 2) la indeterminación de la misión territorial de la fuerza preocupaba al canciller Zavala Ortiz, ya que no se había definido si la fuerza interamericana de paz actuaría sólo en el corredor de comunicación entre los bandos en pugna o en todo el territorio de la República Dominicana. Por su parte, el voto en abstención de la delegación argentina fue el factor que terminó por convencer al subsecretario de Relaciones Exteriores Ramón J. Vázquez de presentar su renuncia. J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 213-214, y A.E. Castello, op. cit., pp. 214 y 215. Ver también “Aprobó la OEA un comando brasileño. Un norteamericano será subjefe de las fuerzas”, La Nación, 23 de mayo de 1965, p. 1.
Un
proyecto de declaración presentado por los senadores del MID, Miguel Salmén,
Miguel Angel Bernardo, y Félix E. Astudillo, el 3 de junio de 1965,
calificaba la intervención norteamericana como un “acto de injustificada
agresión”, exigía el retiro de las tropas norteamericanas, manifestaba
su “solidaridad y simpatía” con el pueblo dominicano y atacaba al
gobierno argentino en los siguientes términos:
(...)
4º - (...) expresa su desagrado por la actitud argentina ante la Organización
de Estados Americanos, al votar el envío de fuerzas armadas multinacionales
a Santo Domingo, comprometiendo al país en una cuestión de exclusiva
jurisdicción del Congreso Nacional.
(...)
5º - (...) manifiesta su deseo que el Poder Ejecutivo en esta emergencia
observe estrictamente los principios sostenidos invariablemente por la República
Argentina, sobre autodeterminación de los pueblos y de no intervención en
los asuntos internos de otros países.(...)
Proyecto
de declaración de los senadores Salmén, Bernardo y Astudillo, en Cámara
de Senadores de la Nación, Reunión 2º, Junio 3 de 1965, cit. en Diario
de sesiones de la Cámara de Senadores año 1965, Tomo I: Sesiones
preparatoria y ordinarias (del 26 de abril al 10 de agosto de 1965),
Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1966, p. 62.
Por
su parte, ese mismo día 3 de junio, los senadores Domingo Flores
(justicialista por San Luis) y
Enrique G. Ríspoli Román (justicialista por Tucumán), entre otros,
presentaron un proyecto de declaración
1º
- Que condena la intervención armada de los Estados Unidos de América en
la República Dominicana, dispuesta unilateralmente y con violación de los
principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.
2º
- Que reclama el retiro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos del
territorio de la República Dominicana.
3º
- Que censura la política seguida por el Poder Ejecutivo de la nación en
relación con el problema dominicano por no aparecer clara y firmemente
ajustada a los principios de autodeterminación de los pueblos y de no
intervención en los asuntos internos de Estados soberanos, como ha sido
norma tradicional en la política exterior argentina.
4º
- Que es facultad del Congreso de la Nación, conforme al artículo 67,
inciso 25, de la Constitución de la Nación, la de permitir la salida al país
de fuerzas armadas argentinas; y que, por consiguiente, si el Poder
Ejecutivo considerare oportuno el envío de fuerzas a la República
Dominicana, deberá solicitar al Congreso la correspondiente autorización.
Proyecto
de declaración de los senadores Flores, Fernández (h.), Ramírez, Ríspoli
Román y Sapag, en Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 2º, Junio 3
de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de
Senadores año 1965, Tomo I, op. cit., p. 74.
El
propio senador Flores, en la sesión del citado día 3 de mayo, explicó los
objetivos y alcances del proyecto de declaración de su bloque:
(...)
Nuestro pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
suscrito oportunamente por los representantes del MID ha tenido por objeto
expresar en forma clara y concluyente nuestra desaprobación a la política
seguida por los Estados Unidos de América con respecto a Santo Domingo, y,
al mismo tiempo, denunciar como acto ilegal esa medida que consideramos de
avasallamiento a la soberanía de un país americano.
Entendemos
que Estados Unidos debe proceder inmediatamente al retiro de todas las
fuerzas que, un día nefasto para la solidaridad americana, desembarcaron en
la pequeña república del Caribe. Consideramos también que debe analizarse
en profundidad la medida adoptada por el gobierno de nuestro país con
respecto a su voto de adhesión al envío de fuerzas armadas multinacionales
a Santo Domingo, y, así mismo, expresar nuestra ratificación a la política
de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. (...)
Moción del diputado Flores, en Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 2º, Junio 3 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1965, Tomo I, op. cit., pp. 78-79.
Sobre estas posiciones de Onganía, Varela y Avalos ver J.A. Lanús, op. cit., pp. 209-210; F. Luna, op. cit., p. 179, y A.E. Castello, op. cit., pp. 211, 215 y 215-216, nota 15.
Respecto de la Conferencia de Cancilleres de Río y de la posición argentina en la misma ver los siguientes editoriales “Rusk propuso en Río un plan de defensa común”, La Nación, 23 de noviembre de 1965, pp. 1 y 2; “El espíritu conciliador del documento argentino”, por Carlos Otero, La Nación, 24 de noviembre de 1965, pp. 1 y 2; “Informóse en Río sobre la subversión comunista”, apartado “El proyecto sobre una fuerza de paz”, La Nación, 27 de noviembre de 1965, p. 1; “El país. Gobierno: nuevo rumbo hacia 1967”, Primera Plana, Nº 159, 23 al 29 de noviembre de 1965, especialmente p. 9; “América y el mundo. Río: hora de indecisión”, Primera Plana, Nº 159, 23 al 29 de noviembre de 1965, especialmente p. 23; “El mundo. América: entre el desarrollo y la soberanía”, Confirmado, Nº 30, Noviembre 25 de 1965, pp. 19-20 y “América y el mundo: Cancilleres: El R.I.P. de la F.I.P.”, Primera Plana, Nº 160, 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1965, pp. 20 y 22.
Respecto de la repercusión interna ver los editoriales ”El país. Gobierno: Nuevo rumbo hacia 1967”; op. cit.; “Militares. En busca de definiciones”, Primera Plana, Nº 159, 23 al 29 de noviembre de 1965, especialmente p. 15.
Rusk a la Embajada en Buenos Aires, secreto, 20 de mayo de 1965, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1894, File Pol. 23-9 ARG; y Embajada norteamericana en Buenos Aires al secretario de Estado, 22 de mayo de 1965, ibid.
Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.
 |
 |
 |
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.
