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El convenio militar  

Por otra parte, desde comienzos de 1963, los militares argentinos y el gobierno de Estados Unidos comenzaron a trabajar más intensamente en la formulación de un Programa de Asistencia Militar (Military Assistance Program, MAP). Sin embargo, las  autoridades de Washington se cuestionaban si la ayuda externa a los militares argentinos contribuiría a construir una fuerza potencialmente desestabilizadora, o a profesionalizarla y hacerla más compatible con la democracia. Para profesionalizar a los militares, la marina y la fuerza aérea necesitaban un adecuado nivel de existencias y flujo de repuestos, y la marina necesitaba elementos importantes para mejorar su movilidad y comunicaciones. 
   
El presidente Illia y el embajador norteamericano McClintock discutieron dos alternativas para concretar la ayuda militar norteamericana. Una consistía en mejorar la corriente de suministros a través de un acuerdo bilateral a nivel de gobiernos, y la otra en garantizar la ayuda previa aprobación parlamentaria. Los militares argentinos eran bastante pesimistas respecto de la última opción. Si debían ser remitidos al Congreso argentino para su aprobación, los acuerdos serían sometidos a los vaivenes del juego político o se transformarían en un vehículo para canalizar los ataques nacionalistas al acercamiento con Washington. Por esta razón, los militares argentinos preferían establecer un acuerdo del Ejecutivo, y exploraron la posibilidad de modificar la legislación norteamericana para que la garantía de ayuda pudiera ser otorgada a la Argentina sin un acuerdo bilateral. Aunque el embajador McClintock descartó esta alternativa, recomendó que el término “pacto bilateral” fuera eliminado de cualquier propuesta de acuerdo, dado que el mismo tenía una “connotación política ofensiva” en la Argentina que hacía aparecer a los militares argentinos como dependientes de sus pares norteamericanos. La propuesta final de McClintock fue de 7,5 millones de dólares para 1964 y 10 millones de dólares para 1965. (1)  
    Como producto de estas negociaciones, el 10 de mayo de 1964, el canciller Zavala Ortiz, y el embajador McClintock suscribieron el acuerdo bilateral denominado “Memorándum de entendimiento” relativo a la cooperación militar entre ambos gobiernos, que, en el contexto de la renovada preocupación norteamericana por la manifestación de la amenaza comunista-castrista al interior de cada uno de los países latinoamericanos, ponía a disposición equipos militares, materiales y servicios. (2) Entre los aspectos más importantes del convenio se destacaban:

a) el compromiso de ambas partes de suministrar a la otra elementos y servicios de defensa, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas y con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR);
b)  la asistencia militar se proporcionaba en el marco de las resoluciones de la Octava Reunión de Consulta de Punta del Este aprobadas el 31 de enero de 1962, que establecían la “incompatibilidad del comunismo con el sistema interamericano” y denunciaban “los actos resultantes de la continuada intervención de los poderes chino-soviéticos” en el hemisferio occidental;
c)  el cumplimiento del Acuerdo se llevaría a cabo sólo por oficiales, agentes o empleados de los gobiernos de ambos países; y
d) la mutua aceptación de personal destinado a coordinar la ejecución de las asistencias militares. (3)

De acuerdo con la percepción que nos ofrecen los informes diplomáticos norteamericanos, el convenio de asistencia militar firmado en mayo de 1964 fue en parte en agradecimiento a la ayuda argentina en el bloqueo cubano. Por cierto, cuando, a fines de ese año, el secretario de Estado Rusk estaba tratando de resolver los detalles del programa de garantía de ayuda militar y asistencia de créditos para la Argentina -que era similar al que Estados Unidos tenía con Brasil-, expresó su preocupación respecto de tres cuestiones. Primero, que la ayuda fuera usada para desarrollar un mayor sentido de responsabilidad fiscal dentro del ámbito militar. Segundo, que el problema petrolero debería ser resuelto antes de instituir completamente el programa de ayuda, el cual probablemente sería aplazado hasta que el Congreso norteamericano hubiera considerado el tema en 1965. No obstante, la tercera preocupación de Rusk era que no quería hacer sugerir la existencia de conexión directa alguna entre el irresuelto problema petrolero, la disminución en la ayuda económica, y la posible demora en implementar el MAP. El problema residía en que si los militares pensaban que existía una conexión, presionarían al gobierno para resolver la crisis petrolera, lo que una vez más llevaría a los militares a la arena política. Además, no se les podía suministrar ayuda a los militares, si se suspendía otra ayuda económica, porque esta actitud haría aparecer a Estados Unidos como favoreciendo a los militares sobre el gobierno civil. Desde la perspectiva de los Departamentos de Estado y de Defensa, la ayuda militar a la Argentina aparecía como una situación de catch-22. (4)  
    Como era de esperarse, a pocos días de la firma del “Memorándum de entendimiento” con Estados Unidos el 14 de mayo, los diputados de la UCRI frentista, Julio Fernández Mendy y Pablo Fermín Oreja, presentaron en la Cámara Baja un pedido de informes dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, Miguel Angel Zavala Ortiz y Leopoldo Súarez, con el fin de que ambos respondieran 

(...) Si es exacto que (...) ha sido suscripto con el gobierno de Estados Unidos, por intermedio del embajador Robert McClintock, un convenio a través de notas reversales a los efectos de proveer de material militar a las Fuerzas Armadas de la Argentina; si es exacto que dicho convenio es secreto y si para registrarlo se suscribirá un decreto también secreto;  (...) si esos armamentos serán financiados con fondos previstos por la legislación norteamericana de ayuda al exterior, dentro del mecanismo de los pactos militares bilaterales; si las necesidades de reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas -que son perfectamente conocidas en nuestro país- no deben ser tratadas públicamente a los efectos de que el pueblo tenga una conciencia clara de los problemas que plantea la defensa nacional; (...) cuáles son las razones por las cuales el gobierno considera aceptable la cooperación externa en materia militar y la rechaza cuando se trata de actividades económicas fundamentales, como son el petróleo y la siderurgia (...)
(...) son conocidas las actitudes descomedidas que algunos sectores del oficialismo han tenido recientemente con el embajador de Estados Unidos. Esas manifestaciones han llegado hasta el punto de que un grupo de senadores de la U.C.R.P. proyectó hace días declararlo persona no grata. Cabe preguntarse si esa actitud supone el propósito de extender una cortina de humo para practicar actos de gran significación para la política nacional, a espaldas de otros poderes del Estado y del pueblo de la República. (5)

Por su parte, los días 17 y 18 de junio, el diputado del MIR, Roberto Galeano, exhortó a la Cámara para que invitara a informar a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa respecto de cuáles habían sido las razones  

1º - (...) que determinaron al Poder Ejecutivo a suscribir un pacto de asistencia militar con el gobierno de los Estados Unidos de América, por el cual nuestro gobierno recibiría onerosa o gratuitamente material bélico, en contradicción con la política exterior de rechazar toda cooperación financiera exterior para extraer nuestro petróleo, expandir la producción de energía y acero, promover y equipar la industria nacional y construir caminos.

Asimismo, el pedido de informes del diputado Galeano buscaba que los ministros Zavala Ortiz y Suárez respondieran una serie de preguntas con el propósito de poner en evidencia las incongruencias en la política exterior del gobierno y averiguar si se había producido un cambio en la misma. (6) 
    El ministro del Defensa, Leopoldo Suárez, respondió a estos interrogantes en un programa de televisión emitido a fines de ese mes de junio de 1964. Suárez sostuvo que el convenio con Estados Unidos no era secreto, que su texto había sido enviado por el presidente Illia al Congreso y que su firma no suponía ninguna contraprestación para la Argentina. Estas declaraciones provocaron la réplica del diputado Gómez Machado del MIR, que irónicamente le preguntó al ministro Suárez cuál había sido la “varita mágica” que había usado el gobierno argentino para obtener “un acto gracioso de Estados Unidos”. (7)  
    Finalmente, a principios de julio, el ministro Suárez compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la firma del convenio militar con Washington. Suárez señaló que dicho convenio no implicaba ningún arreglo secreto ni tampoco un aumento en el presupuesto otorgado a las Fuerzas Armadas. (8) No obstante las explicaciones del titular de la cartera de Defensa, los ataques de los partidos opositores en el Congreso a la firma del convenio de asistencia militar no amenguaron. Así, el diputado socialista Juan Carlos Coral presentó en la Cámara Baja el 15 de julio un nuevo pedido de informes al Ejecutivo. (9)
   
Tanto el ministro de Defensa Súarez como el subsecretario de Guerra Castro Sánchez expresaron en sus respectivas visitas a Estados Unidos en junio de 1964 su interés por adquirir todo tipo de equipamiento. Tras largas gestiones, el gobierno de Estados Unidos acordó suministrar a los militares argentinos tanques, artillería y equipo de comunicaciones, haciéndolo sobre la base de una concesión que -a diferencia de lo que sugerían los legisladores de los partidos de la oposición en la Argentina- no exigía gastos en dólares. (10) 
   
No obstante, los militares argentinos terminaron desilusionados con el programa MAP. A los problemas de disponibilidad de fondos y de materiales, se sumaron las rivalidades entre las agencias encargadas de los servicios. Incluso los militares argentinos se impacientaron debido al inicio tardío del programa en comparación con los países vecinos. La situación no varió demasiado con el reemplazo del embajador McClintock por Edwin Martin en mayo de 1964. De acuerdo con los informes efectuados por el propio Martin al Departamento de Estado norteamericano, para 1966 el MAP era considerado en la Argentina como un verdadero fracaso. Martin sostuvo lo siguiente: 

Desde el lugar donde estoy sentado (...) puedo decir que éste es, de todos, el peor de los programas administrado por Washington con el que debemos llegar a un trato. O el Pentágono toma al MAP seriamente como una contribución importante a la política exterior, y no algo por hacerse en caso de que los militares tengan algún tiempo o equipamiento para proporcionar al programa, o, de lo contrario, mejor lo abandonamos. (11)

Por otra parte, los frutos del acuerdo llegaron demasiado tarde como para calmar las ya maduras expectativas golpistas de la cúpula militar. Un logro concreto del acuerdo MAP fue la llegada al puerto de Buenos Aires el 10 de junio de 1966 de los primeros tanques M-41. Pero el golpe militar que ocurrió dieciocho días después interrumpió las entregas. (12)
   
Por cierto, la Quinta Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos Americanos (CEA), llevada a cabo en agosto de 1964 en West Point, demostró la adhesión del ejército argentino y de otros países de la región a la llamada “doctrina de seguridad nacional” esbozada por el Departamento de Estado desde 1961, que ponía el acento en el origen interno y no extracontinental  de la amenaza castro-comunista. Cabe recordar que el representante argentino, el entonces comandante en jefe del ejército, teniente general Juan Carlos Onganía, era un miembro de la facción “azul”, que, influida por los postulados norteamericanos de la “Alianza para el Progreso” y de la “doctrina de la seguridad nacional”, sostenía que las fuerzas armadas debían defender la seguridad interna, convirtiéndose a la vez en agentes de la modernización económica y social. (13) El propio Onganía señaló en West Point como uno de sus objetivos el de

(...) Contribuir activamente dentro de sus posibilidades en la cooperación con el poder civil, sin descuidar su objetivo principal, en el desarrollo económico-social del país, coadyuvando, en especial, a solucionar problemas en áreas de escaso desarrollo y a aliviar situaciones emergentes de siniestros.(...)
El plan militar general para la defensa del Continente Americano reconoce la conveniencia de propender por todos los medios posibles de elevar los niveles de vida de los pueblos con el objeto de combatir eficazmente la propaganda comunista, que trata de explotar la ignorancia y la pobreza de los ambientes subdesarrollados. (...) (14)

No obstante la adhesión a los postulados de la doctrina esbozada en Washington, Onganía criticó el exceso de control que Estados Unidos ejercía sobre la agenda de reuniones y solicitó que la sede de éstas rotara. La solicitud argentina tuvo eco y a partir de ese momento la sede de las reuniones de la CEA fue cambiando de lugar. (15) Asimismo, el jefe del ejército argentino planteó divergencias de enfoque con Estados Unidos. Esta posición de Onganía, que se puede definir como de alineamiento heterodoxo, se evidenció nuevamente durante su gestión de gobierno, en la Conferencia de la OEA de febrero de 1967 y en las distintas conferencias de la CEA que tuvieron lugar en ese período, donde la Argentina, sin abandonar su vocación occidentalista, se permitió un margen de espacio para observaciones, críticas y divergencias con las posiciones norteamericanas.
   
Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia al contenido del discurso de Onganía en West Point en lo que respecta a un punto neurálgico: la relación entre el gobierno y las fuerzas armadas. Onganía se presentaba como un firme partidario de lo que podríamos denominar -siguiendo una terminología usual en la década del ’70- una posición apolítica o de profesionalismo prescindente. El general señalaba como uno de los objetivos de las fuerzas armadas

(...) sostener la vigencia de la Constitución, de sus derechos y garantías esenciales y el mantenimiento de las instituciones republicanas que en ella se encuentran establecidas (...).
(...) Libertad, paz interior, bienestar general, defensa de las instituciones republicanas, defensa de la Patria, pueden sintetizarse en la defensa de la Constitución, porque no hay interés común sin el plano de coincidencia en la ley fundamental del Estado que crea y organiza la comunidad nacional, y no hay Patria, en la total significación del vocablo, sin la ley que la constituye (...)
(...)Las Fuerzas Armadas serán tanto más vigorosas en su estructura orgánica-funcional, cuanto menos influyan en el quehacer político interno del estado y cuanto más campo de acción dejen al gobierno de la Ley y a la libertad ciudadana, para que lo penetre y vivifique, en el proceso periódico de la democracia.
Las instituciones militares dejan de ser núcleos fehacientes de la defensa nacional, el día que se convierten en un peso que gravite en la opinión pública, en resorte compresor de gobiernos o en elemento politizado al servicio de intereses que no son los del conjunto de la Nación, porque, tarde o temprano, engendran en la sociedad que las nutre, el caos propicio para entregarla inerme y amilanada, al comunismo internacional que, en tales circunstancias hace de ellas presa fácil. (...) (16)

El apego a la legalidad pregonado por Onganía sería desmentido dos años más tarde cuando el general encabezara el golpe que terminó con el gobierno del presidente Illia. En realidad, Potash señala que el discurso que Onganía pronunció en West Point no reflejaba enteramente sus ideas, ya que la preparación del mismo había sido producto de un trabajo conjunto -según Onganía- y de la pluma del general Osiris Villegas -según testimonio del propio Villegas y del general Julio Alsogaray. (17)  
    Pero más allá del grado de contribución personal de Onganía a la redacción del discurso de West Point, lo cierto es que el mismo limitaba el deber de obediencia de las Fuerzas Armadas a las instituciones republicanas y a la Constitución. En una curiosa adaptación del viejo argumento liberal respecto del derecho del pueblo a derrocar a un gobierno despótico o que no respeta sus derechos básicos, Onganía citaba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de Francia, para hacer un serio llamado de atención al gobierno de Illia sobre la posible intervención militar para derrocarlo “en nombre del pueblo”. (18)  
    Como ocurriría una década más tarde y con otro comandante en jefe del ejército, el general Jorge Rafael Videla, la posición apolítica o de profesionalismo prescindente de Onganía fue pasajera. Tanto Onganía como Videla, ante la progresiva crisis de autoridad del poder civil, decidieron intervenir en la política interna para “corregir” los vicios de funcionamiento de gobiernos percibidos como débiles y vacilantes frente a la amenaza comunista.
   
Poco después de la conferencia de West Point, a principios de septiembre de 1964, la Argentina participó en el Operativo Unitas V junto con las naves de las marinas de guerra de Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Como parte de este operativo conjunto se registró también la visita del comandante de la Fuerza de Tareas norteamericana, Arthur R. Gralla, a Buenos Aires el 14 de septiembre. Gralla mantuvo contactos con el comandante de Operaciones Navales, contraalmirante Benigno Ignacio Varela, y con el secretario de Marina, vicealmirante Manuel A. Pita. (19) 
    Posteriormente, debido a la disconformidad de la marina argentina con el monto y carácter de la ayuda militar de Estados Unidos -que a juicio de los oficiales argentinos no satisfacía las necesidades del arma-, el titular de la armada, almirante Benigno Varela, envió el 14 de abril de 1966 una nota a su colega norteamericano, el comandante en jefe de la Flota del Atlántico, almirante Teodoro Moorer, anunciando la no participación de la Argentina en los ejercicios de ese año.  La nota alegaba como causa de esta decisión el inconveniente de que

(...) Hace cinco meses que nuestros submarinos se encuentran ausentes del país, y por lo tanto no podemos operar con esos medios. Esta circunstancia no hubiera ocurrido si el tercer submarino que deseamos adquirir en Estados Unidos hubiera sido autorizado en la fecha prevista por nuestra Armada, cuando quedó coordinado el envío de los dos que actualmente se están reparando en San Francisco. (20)

Por cierto, como una derivación del acuerdo militar alcanzado con Estados Unidos, a principios de diciembre de 1964, tropas de soldados, marinos y aviadores argentinos participaron con sus colegas de Perú, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Venezuela en el llamado “Operativo Ayacucho”. Este operativo consistió en un simulacro de guerra antisubversiva efectuado en forma conjunta, en el que participaron 7000 efectivos. De acuerdo con el texto de la orden de partida firmado por el presidente Illia en su carácter de comandante en jefe, la participación argentina en el “Operativo Ayacucho” reafirmaba la solidaridad del país con las obligaciones interamericanas y representaba “la determinación argentina de enfrentar, aquí y donde sea, la amenaza marxista contra la dignidad, la libertad y la esperanza por una vida superior para nuestro pueblo.” (21)  
    Tras la participación de las fuerzas militares argentinas en Ayacucho, se sucedieron una serie de contactos entre oficiales argentinos y norteamericanos. Así, a fines de enero de 1965 tuvo lugar una entrevista en Buenos Aires entre el comandante en jefe del ejército argentino, teniente general Juan Carlos Onganía, y el comandante en jefe de las Fuerzas del Sur de los Estados Unidos, general Andrew P. O’Meara. Onganía y O’Meara intercambiaron en aquella oportunidad impresiones coincidentes respecto de las ventajas de poner en funcionamiento simulacros de operativos anti-subversivos de manera combinada. También hablaron sobre la aplicación del Plan de Ayuda Militar norteamericana para el ejército argentino. (22)  
    Al igual que el convenio de asistencia militar, el “Operativo Ayacucho” fue atacado por los partidos políticos de oposición en nombre del principio de no intervención en los asuntos internos. Así, el diputado socialista Ramón A. Muñiz presentó un proyecto de resolución el 1º de diciembre de 1964, solicitando del ministro de Defensa Leopoldo Suárez informes respecto del operativo militar conjunto. (23)

  1. Memorándum de conversación con el ministro de Defensa argentino y los comandantes militares efectuado por el Departamento de Ejército norteamericano, secreto, 23 de septiembre de 1963, Kennedy, National Security Files 1963, Box 7, File 8/63-9/63; y Memorándum de conversación con el general Avalos, Cottrell (ARA), Lancaster (EST), Rabenold (RPA), 27 de noviembre de 1963, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1963, Box 3712, File DEF Defense Affairs ARG 2/1/63. 

  2. Tanto Lanús como Castello coinciden en insertar este acuerdo militar de la Argentina con Estados Unidos en el contexto más amplio de la redefinición de la política de seguridad hemisférica del Departamento de Estado norteamericano a principios de la década de 1960. Según este cambio, claramente planteado en un memorándum del Departamento de Estado de enero de 1961, titulado “Un nuevo concepto para la defensa y el desarrollo hemisférico”, la seguridad hemisférica basada en una posible agresión extracontinental fue reemplazada por una doctrina en que el peligro o amenaza de subversión castro-comunista no provenía del exterior, sino que estaba dentro de cada uno de los países América Latina. De acuerdo con esta nueva doctrina -la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”- las fuerzas armadas latinoamericanas pasaban a ser aliadas de Estados Unidos en su carácter de gendarmes en la lucha contra la subversión en la región. Ver al respecto J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 148-150, y A.E. Castello, op. cit., pp. 106-107.

  3. Texto del memorándum de entendimiento o acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos citado en La Nación, 8 de julio de 1964, pp. 1 y 10. También referencias en “Cooperación militar con Estados Unidos. Oficialmente fue anunciado un convenio”, La Nación, 13 de mayo de 1964, pp. 1 y 12. Ver análisis de su contenido en J.A. Lanús, op. cit., vol. 1, pp. 150-151 y en A.E. Castello, op. cit., pp. 108-109.

  4. Mensaje conjunto de los Departamentos de Estado, Asistencia y Defensa, 18 de noviembre de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1606, File DEF Defense Affairs ARG-A; Informe “Political-Economic Assessment, Argentina: July 1964”, Martin al Departamento de Estado, 1º de agosto de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol. 2 General Reports and Statistics 1/1/64; y tópicos que Zavala Ortiz elevará ante el Noveno MFM, Unión Panamericana, Washington, DC, July 21-24, 1964, ibid., Box 1893, File Pol. 15-1 Jefe de Estado. Rama Ejecutiva ARG 1/1/64. 

  5. Proyecto de resolución de los diputados Fernández Mendy y Fermín Oreja, solicitando informes a los ministros Zavala Ortiz y Súarez respecto del convenio de asistencia militar firmado con Estados Unidos, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 8º, Mayo 14 de 1964, cit. en Congreso Nacional,  Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo 1: Sesiones ordinarias (del 27 de abril al 29 de mayo de 1964), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1965, pp. 352-353. Ver también ”Pedido de informes en el Congreso”, Clarín, 12 de mayo de 1964, p. 29.

  6. Las preguntas relacionadas con el pacto militar eran las siguientes:

    2º - Si el Poder Ejecutivo considera que se vulnera la soberanía de la Nación cuando se acepta la cooperación financiera internacional para acelerar nuestro desarrollo y liberarnos de la dependencia del abastecimiento exterior y, en cambio, no se vulnera la soberanía cuando se firman pactos militares y se condiciona el reequipamiento de nuestras fuerzas armadas a la generosidad de una potencia extranjera y se las obliga a adaptar sus equipos y sus operaciones a las normas técnicas elaboradas en Washington para las fuerzas norteamericanas.

    3º - Que relación tiene el referido pacto militar con la revisión de la política practicada y proclamada por el extinto presidente Kennedy -de cooperación continental basada en el principio de no intervención y en la ayuda para el desarrollo de nuestros países- revisión concretada en la llamada “doctrina Mann” (Thomas Mann, secretario de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos), que postula la intervención en los asuntos internos de nuestras naciones y el apoyo a cualquier gobierno militar que responda a los intereses nacionales de los Estados Unidos.

    4º- Qué relación tiene con dicho pacto la visita del señor ministro de Defensa Nacional a Washington y sus declaraciones que subordinan la política internacional de nuestro país a las exigencias de la guerra fría. (...)

    6º - Si la visita inesperada y anómala del comandante en jefe del Ejército a Formosa (China nacionalista) y sus declaraciones de adhesión al gobierno de esa isla forman parte de una acción política de nuestro gobierno o integra los planes  norteamericanos en Extremo Oriente, cuya base político-militar es la situación de Formosa (...)

    7º - Si todos estos actos cuentan con la aprobación del Poder Ejecutivo, y, en tal caso, si configuran un vuelco total en la política exterior tradicional de la República Argentina, basada en los universales principios de la paz mundial, respeto a la autodeterminación de los pueblos, no injerencia en sus asuntos internos y total independencia de los intereses de potencias extrañas (...)

    Proyecto de resolución del diputado Galeano, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 25º, Junio 17 /18 de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo II: Sesiones ordinarias (del 29 de mayo al 24 de junio de 1964), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1965, pp. 1168-1170. Ver también ”Interpelación por un pacto de asistencia militar con EE.UU.”, Clarín, 17 de junio de 1964, p. 14.

  7. “Suárez: explicó un convenio con EE.UU. Armamentos: No suponen obligaciones de ninguna índole para nuestro país”, Clarín, 25 de junio de 1964, p. 19.

  8. “Sobre el convenio con EE.UU. informó el doctor Suárez”, La Nación, 3 de julio de 1964, p. 5.

  9. El pedido de informes del diputado Coral contenía las siguientes preguntas:

    (...) 3º - Si el acuerdo o “entendimiento” recientemente suscrito entre los gobiernos de la Argentina y los Estados Unidos para el suministro de equipo, materiales y servicios militares -especialmente cuando dispone (punto 6º) la obligación de usarlos “previo consentimiento del otro gobierno”- no constituye una intolerable injerencia norteamericana en nuestra política interna que ratificaría aquellos propósitos intervencionistas y hegemónicos.

    4º -  Si no considera que tales hechos significan la aplicación en nuestro país de la “doctrina Mann” enunciada en la reunión anual de embajadores latinoamericanos, en cuanto establece que “se reconocerían los gobiernos militares surgidos de golpes de Estado, según lo aconsejen los intereses nacionales norteamericanos” (...)

    Proyecto de resolución del diputado Coral, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 33º, Julio 15 de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo III: Sesiones ordinarias (del 25 de junio al 29 de julio de 1964); Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1965, pp. 1672-1674.

  10. R.A. Potash, op. cit., pp. 188-189.

  11. Martin (embajador norteamericano en la Argentina) al secretario de Estado, 20 de septiembre de 1965, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1606, File DEF Defense Affairs ARG-A, y Martin a Krieg, ARA/APU, Departamento de Estado norteamericano, 14 de enero de 1966, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol.2 General Reports and Statistics 1/1/64.

  12. Ibid., p. 189.

  13. Los “azules” tomaron el control del Ejército a partir de mediados de la década del ’60. A diferencia de la influencia norteamericana en los “azules”, la facción “colorada” del ejército, que había controlado en los hechos al gobierno de Frondizi (1958-1962), tenía una fuerte influencia de los métodos de lucha antisubversiva practicados por los militares franceses en su lucha contra la insurgencia argelina. Ver al respecto D. Rock, La Argentina autoritaria, Buenos Aires, Ariel, 1993, pp. 202-204, y M.L. San Martino de Dromi, op. cit., pp. 287-288.

  14. “El Gobierno, las Fuerzas Armadas y la comunidad nacional (Relaciones cívico-militares)”, Palabras pronunciadas por el Comandante en Jefe del Ejército el día 6 de agosto de 1964, en West Point (EE.UU.), en oportunidad de realizarse la V Conferencia de los Ejércitos Americanos, Boletín Público de la Secretaría de Guerra (BPSG), Nº 3411, Buenos Aires, 10 de septiembre de 1964, en BPSG, 1964, Tomo II, pp. 751-752 y 759. 

  15. A.E. Castello, op. cit., p. 108.

  16. “El Gobierno, las Fuerzas Armadas y la comunidad nacional (Relaciones cívico-militares)...”, op. cit., p. 751. Ver también M.A. Scenna, Los militares..., op. cit., pp. 288-289 y R.A. Potash, op. cit., p. 196.

  17. R.A. Potash, op. cit., pp. 198-200. Ver también referencias al contenido del discurso en M.L. San Martino de Dromi, op. cit., pp. 288-289.

  18. El general Onganía expresó lo siguiente:

    “(...) Hemos ya señalado que las instituciones armadas tienen como misión, en el orden interno, la preservación de la paz interior, el mantenimiento de las instituciones republicanas y el sostén de los derechos y garantías esenciales que la Constitución consagra.

    Está claro, entonces, que tal deber de obediencia habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se produce, al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastrocamiento en el equilibrio o independencia de los poderes, o un ejercicio de la potestad constitucional que presuponga la cancelación de las libertades y derechos de los ciudadanos.

    En circunstancias de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían, ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima (...)

    El pueblo recobraría en tales circunstancias el derecho de resistencia a la opresión, claramente señalado en la Declaración de Independencia de los EE.UU. (...)

    Este principio fue recogido en Francia en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (...)

    Al margen de toda norma concreta, el ejercicio de tal atribución por el pueblo, se encuentra inequívocamente comprendida en los derechos implícitos o no enumerados, pero que son una consecuencia natural del principio de la soberanía popular y del sistema republicano de gobierno.

    Y visto que el pueblo no puede, por sí, ejercitar ese derecho, en virtud de que está inerme, dicha atribución se traslada a las instituciones que él mismo ha armado y a las que les ha fijado la misión de sostener la efectiva vigencia de la Constitución. (...)

    “El Gobierno, las Fuerzas Armadas y la comunidad nacional (Relaciones cívico-militares)...”, op. cit., pp. 756-758. Ver también M.A. Scenna, Los militares..., op. cit., p. 289, y R.A. Potash, op. cit., p. 197.

  19. “Han de entrar hoy a puerto buques del Operativo Unitas V”, La Nación, 11 de septiembre de 1964, p. 7 y “Llegará al país un alto jefe naval de los Estados Unidos”, La Nación, 12 de septiembre de 1964, p. 7.

  20. Nota del almirante Benigno Varela a su colega norteamericano Moorer, citada en ”Un americano muy simpático”, Confirmado, Nº 48, Mayo 19 de 1966, p. 19 y “Marina. Las angustias de la defensa nacional”, Confirmado, Nº 51, Junio 9 de 1966, pp. 18-19. Ver también “Unitas: el Operativo será restringido por razones financieras”, Clarín, 18 de mayo de 1966, p. 12.

  21. “Operativo 'Ayacucho': Viajaron ayer los efectivos argentinos”, Clarín, 3 de diciembre de 1964, p. 12 y “Finalizó la Operación Ayacucho”, Clarín, 9 de diciembre de 1964, p. 11.

  22. “La conversación entre Onganía y O’ Meara en un comunicado oficial”, La Nación, 28 de enero de 1965, pp. 1 y 14. Posición favorable de La Nación a la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos en editorial “Sentido de una cooperación militar”, La Nación, 7 de febrero de 1965, p. 6.

  23. Proyecto de resolución del diputado Muñiz, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 101º, Diciembre 1º de 1964, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1964, Tomo X: Sesiones extraordinarias (del 30 de noviembre al 17 de diciembre de 1964); Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1966, p. 6709. Decía el proyecto del diputado Muñiz:

    (...) No advierto los motivos que puedan haber determinado al Poder Ejecutivo a autorizar la presencia de fuerzas de nuestro país en el referido operativo (Ayacucho), para hacer ejercicio sobre el supuesto de “una zona del Perú que ha caído en poder de importantes fuerzas subversivas”.

       Aun sometiendo -lo que no acepto en ninguna hipótesis- la existencia de alguna causal idónea para ensayar explicaciones del proceder del Poder Ejecutivo, considero que en los presentes momentos, y en atención a conocidos acontecimientos ocurridos en esa parte de Latinoamérica, especialmente en la república hermana de Bolivia, la prudencia aconsejaba una conducta distinta, es decir, la no intervención de soldados argentinos en un simulacro de acción bélica -bajo la dirección y conducción de los Estados Unidos de América- que, no nos equivoquemos, apunta a intimidar y reprimir por las armas, si las circunstancias se dan en este sentido la lucha de los trabajadores latinoamericanos por la liberación nacional del imperialismo yanqui y por mejores condiciones de vida.

       (...) La Argentina debe sostener con vigor en el plano internacional, en conducta abonada por su ejemplo, una posición de acendrada defensa de la paz, como así mismo de enérgico repudio a todas las formas de intervencionismo -confesado o encubierto- de las llamadas grandes potencias económicas, financieras y militares.

       Los pueblos latinoamericanos no necesitan ejércitos ni “operativos” bélicos. Necesitan escuelas, viviendas dignas, posibilidades “para el trabajo fecundo y creador, y, en una palabra, condiciones de vida humana”.

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