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La participación argentina en los foros multilaterales
En
octubre de 1964, la Argentina participó como observador en la segunda Reunión
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que tuvo lugar en El Cairo,
Egipto. Durante su intervención en la conferencia, el representante argentino,
Carlos María Bollini Shaw, declaró que en América y en la Argentina debía
lucharse para hacer desaparecer todo vestigio de colonialismo, en obvia
referencia a la cuestión de Malvinas. Asimismo, sostuvo como principios el
pacifismo y el universalismo, y subrayó la necesidad de reformar la estructura
vigente del comercio internacional en forma congruente con las necesidades de
los países en desarrollo. (1)
Finalmente,
la Argentina adhirió a la resolución final de la conferencia del día 12 de
octubre, que rechazaba el colonialismo occidental, pero apoyaba la
“coexistencia pacífica” en las relaciones entre Oriente y Occidente. (2)
Como
ya se mencionara, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo de 1964 tuvo lugar en
la localidad cordobesa de Alta Gracia la reunión convocada por la Comisión
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), instancia previa a la Primera
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD I). En esta
reunión -presidida por el ministro de Economía del gobierno de Illia, Eugenio
Blanco, y que contó con el asesoramiento de figuras vinculadas al enfoque
cepalino y desarrollista como Alfredo Concepción, Bernardo Grinspun, o Leopoldo
Tettamanti, entre otros-, se aprobó la llamada Carta de Alta Gracia, documento
inspirado en las ideas del economista argentino Raúl Prebisch, en el cual 19 países
latinoamericanos denunciaron el carácter discriminatorio de la estructura del
comercio internacional como el factor responsable de la vulnerabilidad de los países
en vías de desarrollo. (3)
En
la Alta Gracia, la Argentina propuso la creación de un Fondo Mundial de
Financiación de Alimentos a funcionar dentro del ámbito de la ONU. Según la
propuesta argentina, este Fondo debía ser administrado en forma proporcional
por países proveedores, contribuyentes y beneficiarios. Según las palabras del
canciller Zavala Ortiz, propuestas como la de este Fondo apuntaban precisamente
a evitar el manejo monopólico de la asistencia financiera por “unos pocos países
privilegiados”. (4)
De
acuerdo con la definición del propio canciller argentino, expresada ante el
almuerzo mensual de la Cámara Argentina de Anunciantes en abril de 1964, la
Carta de Alta Gracia era
un
programa orgánico para una completa transformación del comercio internacional.
(...) Antes la fuerza sólo la tenían los países grandes, hoy la tienen los
asociados. Por ello nos hemos preocupado de la unidad latinoamericana a través
de la OEA, la Carta de Alta Gracia, el Mercado Común, etcétera (...). (5)
La
embajada norteamericana en Buenos Aires interpretó que las intenciones del
ministro de Relaciones Exteriores argentino en Alta Gracia eran adoptar una política
exterior independiente, pero dentro de la comunidad occidental. (6)
Tal
como ocurriera en el caso de la reunión de la CECLA en Alta Gracia, la
diplomacia argentina buscó un rol protagónico en la Conferencia Mundial de la
ONU sobre Comercio y Desarrollo o UNCTAD I, que tuvo lugar en Ginebra entre
fines de marzo y principios de abril de 1964. (7) Así, los países
latinoamericanos, que habían estado representados en la Conferencia de Alta
Gracia, encomendaron al ministro de Economía argentino, Eugenio Blanco, la
presidencia del consejo encargado de encauzar una posición convergente de los
países de la región en la Conferencia de Ginebra. (8)
El
economista argentino y padre del pensamiento estructuralista-cepalino, Raúl
Prebisch, se desempeñó como secretario general de la Conferencia y defendió
el informe latinoamericano, el cual analizaba la situación del comercio en América
Latina y proponía una serie de medidas para subsanar el desequilibrio existente
en el comercio entre países desarrollados y subdesarrollados: 1) medidas para
mejorar el acceso de los productos primarios a los mercados compradores; 2)
estabilización del poder de compra de los países subdesarrollados por medio de
un sistema de financiaciones compensatorias; 3) medidas de estímulo a la
exportación de productos industrializados de los países subdesarrollados; 4)
adopción de medidas de sustitución de importaciones; 5) comercio con los países
socialistas; y 6) necesidad de aliviar los servicios de las deudas, fletes y
seguros de los países subdesarrollados. Pero no obstante el rol protagónico de
Presbich, las delegaciones latinoamericanas no lograron que en Ginebra se
suprimieran las preferencias especiales acordadas por el Mercado Común Europeo
a 18 estados africanos, ni pudieron quebrar la firme determinación británica
de mantener su sistema de preferencias tarifarias para los miembros del
Commonwealth. (9)
El
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) constituyó otro foro donde la
diplomacia radical expuso su enfoque “desarrollista-cepalino” y se enfrentó
a las posiciones adoptadas por los países desarrollados. Así, el 5 de mayo de
1964, en la sesión inaugural de la Ronda Kennedy sobre negociaciones tarifarias
del GATT en Ginebra, (10) la Argentina sostuvo, a través de su delegado Raúl
C. Migone, que las rebajas arancelarias de carácter general del 50 % acordadas
por el Mercado Común Europeo y por los Estados Unidos no otorgaban “ventajas
significativas” a países que, como el caso de la Argentina, eran fuertemente
dependientes de las exportaciones de productos primarios. Como alternativa a las
rebajas otorgadas por el GATT, Migone se declaró partidario de concesiones
preferenciales al sector agrícola. (11)
Además,
los delegados de la Argentina y Brasil, el embajador Migone y Alfredo Teixeira
Valladao, coincidieron en expresar sus reservas a la regla de la Ronda Kennedy,
que se refería a las obligaciones de los países menos desarrollados en la
reducción general arancelaria de los 75 países miembros del GATT. El
comunicado dice que Migone y Valladao aceptaron esa fórmula sólo en el
entendimiento de que la frase “necesidades de desarrollo y comercio”
incluyera los requisitos de la situación financiera que en ese momento estaba
vigente. (12)
Por
otra parte, el gobierno argentino debió llevar a cabo negociaciones con el Club
de París por la deuda externa. El 26 de junio de 1965 se logró un acuerdo por
el cual el Club aceptaba la consolidación de 60 % de los vencimientos de la
deuda argentina correspondientes a 1965. Los compromisos arreglados llegaban a
223 millones de dólares y las autoridades económicas del gobierno preveían un
déficit teórico de 42 millones de la misma moneda durante 1965. (13)
Como
era de esperarse, estas renegociaciones de la deuda con el Club de París fueron
duramente criticadas por la oposición. Así, los diputados socialistas Juan
Carlos Coral y Ramón A. Muñiz presentaron junto a otros colegas de su bancada
un proyecto de resolución que solicitaba informes respecto de varios puntos de
las negociaciones, (14)
Asimismo,
un grupo de senadores, entre ellos el presidente del bloque demócrata
cristiano, Roberto De Rege, y los radicales del pueblo Santiago Carlos Fassi y
Miguel A. Martínez Saravia, presentaron el 11 de agosto de 1965 un proyecto de
comunicación solicitando que el Ministerio de Economía aclarara detalles sobre
las negociaciones con el Club de París, especialmente si había participado en
las mismas un representante de la banca inglesa Baring Brothers, y si dichas
negociaciones implicaban el pago de indemnizaciones a la petrolera británica
Shell, como compensación por la anulación de los contratos petroleros y la
desvalorización del peso argentino. El presidente Illia y el canciller Zavala
Ortiz negaron a través de un mensaje todos estos argumentos de la oposición.
(15)
En
la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Cancilleres, celebrada
en noviembre de 1965 en Río de Janeiro, además del tema de la organización de
la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), se trataron cuestiones relativas al
desarrollo socio-económico de la región. Se escucharon tres propuestas sobre
esta cuestión: las presentadas por las delegaciones de la Argentina, Brasil y
Chile. El proyecto argentino proponía la elaboración de un “Protocolo de
seguridad y asistencia económica”, que, al igual que el presentado por la
delegación de Chile, tendría un carácter de obligación jurídica. En cambio,
el proyecto brasileño se limitaba a enunciar una serie de principios y a
formular recomendaciones. Asimismo, la propuesta de la delegación brasileña
derivaba a una reunión consultiva de ministros de Economía o de Finanzas de la
región toda medida concreta de ayuda económica a los países que no pudieran
superar sus dificultades socio-económicas por su propio esfuerzo. Por cierto,
la existencia de estas divergencias de enfoque entre la Argentina, Brasil y
Chile respecto de la implementación de políticas multilaterales que apuntaran
al desarrollo socio-económico regional, revelaban por sí mismas uno de los
obstáculos con los que tropezó la marcha de la Alianza para el Progreso diseñada
por la administración Kennedy. (16)
Por
su parte, Estados Unidos otorgó en Río varias concesiones verbales, que no
conformaron a la representación latinoamericana. Una de ellas fue la inclusión,
en la Resolución II del Acta Final de Río (o Acta Económico-Social de Río),
del principio de seguridad económica -uno que había estado fuera de la Carta
de la OEA-. Washington reconoció la importancia del factor económico en la política
de defensa del continente contra la subversión comunista y resolvió prolongar
la ayuda financiera establecida en el marco de la Alianza para el Progreso.
También la representación norteamericana tomó la iniciativa de proponer la
creación de una comisión interamericana destinada a fomentar la diversificación
de las exportaciones latinoamericanas. De este modo, las resoluciones VIII y IX
del Acta Final establecían la creación de un Fondo Interamericano para
Situaciones de Emergencia y el establecimiento de una oficina interamericana de
promoción de las exportaciones. Pero la delegación norteamericana no concedió
el punto central de la demanda latinoamericana: la creación de una zona
preferencial que se extendiera a todo el continente. El Acta Final se limitaba a
un compromiso verbal de Estados Unidos a favorecer la adquisición de productos
sudamericanos y la estabilización de los precios mundiales de las materias
primas. (17)
A
fines de febrero de 1966, se inauguró en Panamá la Conferencia para la reforma
de la Carta de la OEA. En dicha ocasión, no sólo se hicieron evidentes las
profundas divergencias existentes entre Estados Unidos y los países
latinoamericanos respecto de temas “sensibles” de la agenda, como la
intervención de la FIP, la reforma de la Carta de la OEA, la ampliación de las
funciones del Consejo del organismo, o la inclusión del concepto de
“seguridad económica” en las deliberaciones, sino también las serias
diferencias de opinión entre los latinoamericanos acerca de estos tópicos.
Como era de esperarse, la diplomacia argentina volvió a adoptar una posición
conciliadora, pero las enormes divergencias empantanaron la conferencia. El tema
de la reforma de la Carta de la OEA sería retomado en la Conferencia de Buenos
Aires, realizada en febrero de 1967. (18)
La
Argentina también estuvo presente en el tercer período de sesiones de la
Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina (COPREDAL),
que tuvo lugar en México, en abril-mayo de 1966. En esta conferencia, la
delegación argentina rechazó todo compromiso con la desnuclearización de la
región. (19) El jefe de dicha delegación, Luis Santiago Sanz, manifestó que
la existencia de garantías que resguardaran la seguridad del hemisferio debía
ser una condición previa para respaldar el proyecto de creación de una zona
desnuclearizada en la región -que tiempo más tarde se convertiría en el
tratado de Tlatelolco-. Asimismo, y en explícita referencia a la cuestión
Malvinas con Gran Bretaña, el delegado argentino propuso excluir a cualquier
“entidad política” cuyo territorio esté en litigio entre un país de la
región y uno extracontinental, tesis que fue respaldada por los miembros de la
Comisión. (20)
Por
último, cabe recordar que el gobierno de Illia dio el primer paso hacia un
proyecto de cooperación surregional entre los países integrantes de la cuenca
del Plata -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay-. Así, ya en 1965 el
gobierno argentino efectuó, a través de sus embajadas ante los gobiernos de
Brasilia, La Paz, Asunción y Montevideo, una consulta sobre la disposición de
esos países para realizar una reunión que organizara el aprovechamiento de los
recursos de la cuenca. Ante el eco positivo de las naciones vecinas, el 2 de
junio de 1966, el canciller Miguel Angel Zavala Ortiz cursó a éstas una
invitación formal en los siguientes términos:
La
providencia ha otorgado a nuestros países magníficos recursos naturales.
Constituye una responsabilidad de los gobiernos movilizar esta riqueza en
beneficio de cada nación y de su pueblo. Entre estos recursos se encuentran los
ríos que integran la Cuenca del Plata. Las corrientes fluviales de este vasto
sistema hidrográfico ofrecen posibilidades ilimitadas para usos y aplicaciones
tan esenciales como son el agua de consumo, el riego, la navegación, el
aprovechamiento industrial, la producción de energía hidroeléctrica y la
utilización agrícola, pecuaria e ictícola.
(....) En opinión del gobierno argentino es de impostergable necesidad iniciar
el estudio del aprovechamiento posible de los recursos naturales de la Cuenca,
asignándole al mismo el carácter regional que la naturaleza impone. Conocidas
las conclusiones de estos estudios se podrá proyectar y realizar obras que se
estiman necesarias. (21)
Asimismo,
se elaboró un proyecto de Tratado de la Cuenca del Plata, con el asesoramiento
del entonces embajador argentino en Japón, Guillermo Cano, que quedó momentáneamente
abortado por el golpe militar del 28 de junio de ese mismo año, que derrocara
al presidente Illia. Curiosamente, fue la gestión siguiente, la del general
Juan Carlos Onganía, la que concretaría la firma del Tratado de la Cuenca del
Plata el 23 de abril de 1969, a través de una reunión de cancilleres que tuvo
lugar en Brasilia.
Por
cierto, el proyecto de la Cuenca del Plata apareció ante los ojos de la
diplomacia radical como un intento -frustrado por el golpe que derrocó al
gobierno de Illia- de “multilateralizar” el diálogo entre la Argentina y
Brasil, que desde el derrocamiento de Frondizi se encontraba obstaculizado por
las diferencias existentes entre ambos países respecto de la cuestión del
aprovechamiento de los ríos de la Cuenca en proyectos energéticos. (22)
NOTAS
“Discurso del observador de la Argentina”, La Prensa, 7 de octubre de 1964, p. 2; y “La voz argentina en la Conferencia de El Cairo”, La Nación, 10 de octubre de 1964, p. 1. Tanto La Prensa como La Nación criticaron la participación argentina en la Conferencia de El Cairo, dado que, desde la óptica de estos matutinos, el país no tenía medios como para influir en las transformaciones que asomaban en ese momento en el llamado “tercer mundo”, integrado además por naciones que de “no alineadas” no tenían nada. Ver al respecto “Nuestro País y el Tercer Mundo”, La Prensa, 23 de septiembre de 1964, p. 8; “Inicióse en El Cairo la reunión de ‘neutrales’”, La Prensa, 6 de octubre de 1964, p. 2 -donde el entrecomillado en la palabra “neutrales” es claramente intencional-; y el editorial “La conferencia de El Cairo”, La Nación, 10 de octubre de 1964, p. 6. Asimismo, en otro editorial, titulado “Visiones de América”, La Nación, 11 de octubre de 1964, 2da. sección, p. 21, el matutino sostiene que una cosa es la aproximación latinoamericana al bloque afroasiático sobre la base de las demandas expresadas en Alta Gracia y desarrolladas en la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo en Ginebra, y otra muy diferente es que los siete países latinoamericanos que fueron a la Conferencia de El Cairo -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela se sumen a una actitud que puede ser percibida como antinorteamericana (dada la presencia de Cuba en la conferencia de El Cairo, con voto) o como favorable a la formación de un tercer bloque político.
“Los neutrales apoyan la convivencia en paz”, La Nación, 13 de octubre de 1964, p. 3. Ver también A.E. Castello, op. cit., p. 154.
Texto completo de la Carta de Alta Gracia, citado en Clarín, 7 de marzo de 1964, p. 10 y La Prensa, 7 de marzo de 1964, pp. 1 y 3. Ver respecto de la Carta de Alta Gracia los trabajos de M.A. Zavala Ortiz, op. cit., primera parte, pp. 22-28; A.E. Castello, op. cit., p. 85; J. Paradiso, op. cit., pp. 150-151, y L. García del Solar, op. cit., p. 196. Consultar asimismo los siguientes editoriales: “La América Latina y la Conferencia de Ginebra”, La Nación, 21 de enero de 1964, p. 6; “Economía. Alta Gracia: acuerdo fácil, en el papel”, Primera Plana, Nº 69, 3 de marzo de 1964, p. 50; “CECLA. Todos a Ginebra; pero, ¿y después?”, Primera Plana, Nº 70, 10 de marzo de 1964, p. 11; y “Alta Gracia. La diplomacia del exabrupto”, Primera Plana, Nº 70, 10 de marzo de 1964, pp. 12-13.
“Prosiguen las consultas sobre la Declaración de Alta Gracia. La Argentina presentó una iniciativa acerca del sistema monetario y financiero internacional”, La Prensa, 3 de marzo de 1964, p. 6; “Propuesta argentina: Crear un Fondo Financiero de Alimentos”, Clarín, 4 de marzo de 1964, p. 12; “Propuesta argentina para crear un Fondo Mundial de Alimentos. Tuvo aprobación en reuniones de la CECLA por parte de las naciones latinoamericanas”, La Prensa, 4 de marzo de 1964, p. 6; y “Clausúrase hoy la Conferencia de la CECLA. La asistencia financiera internacional no puede quedar en manos de unos pocos países privilegiados, afirmó ayer el canciller argentino Dr. Zavala Ortiz”, Clarín, 6 de marzo de 1964, p. 17. Sobre posición argentina ver también los siguientes editoriales “Prebisch: El trasfondo de esta conferencia es eminentemente político” y “Seis puntos que sintetizan una ponencia argentina”, Clarín, 3 de marzo de 1964, p. 18; “Una posición concreta pero a la vez flexible”, por Reinaldo Bandini y “Los países en desarrollo necesitan mercados para sus productos, dijo Prebisch”, Clarín, 3 de marzo de 1964, p. 19; y “Adoptar decisiones políticas para transformar estructuras actuales”, por Reinaldo Bandini, Clarín, 4 de marzo de 1964, pp. 12-13.
“La política internacional del Gobierno”, La Nación, 22 de abril de 1964, p. 6.
Entrevista de prensa con Miguel Angel Zavala Ortiz, Embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado, 25 de febrero de 1964, NARA, 59, Central Foreign Policy Files 1964-66, Box 1890, File Pol. 1, ARG.
Para mayores detalles acerca de la actividad y resultados de la UNCTAD 1, ver María Regina Soares de Lima, “The Political Economy of Brazilian Foreign Policy: Nuclear Energy, Trade and Itaipu”, Ph.D. in Political Science, Vanderbilt University, August 1986, pp. 236-243.
“El bloque de Alta Gracia mantiene su unidad en Ginebra”, La Nación, 9 de abril de 1964, pp. 1 y 16.
Ver editoriales “La Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo”, La Prensa, 1º de marzo de 1964, p. 8; “La Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo”, La Nación, 6 de abril de 1964, p. 6; y “Rechazan en Ginebra un plan latinoamericano. Pedía la creación de un fondo para el desarrollo en la ONU”, La Prensa, 18 de abril de 1964, p. 2. Consultar asimismo “Ginebra. Nueva distribución del poder mundial”, Primera Plana, Nº 76, 21 de abril de 1964, p. 14; “El balance de la reunión ginebrina”, por Luis Mario Bello, La Nación, 2 de mayo de 1964, p. 2; “Exterior. Ginebra: suena la hora crucial”, Primera Plana, Nº 79, 12 de mayo de 1964, p. 56 y “Temen el fracaso de la Conferencia de Ginebra. Prebisch trata de disminuir el desacuerdo entre las naciones”, La Prensa, 2 de junio de 1964, p. 2.
La Ronda Kennedy se extendió desde 1964 hasta 1967 y tuvo por objeto, como su antecesora la Ronda Dillon (de 1960 a 1962) y continuadora la Ronda Tokio (1973-1979), el de reducir progresivamente los aranceles, principalmente de los productos industriales. Ver al respecto Felipe A. M. de la Balze, “La política exterior en tres “tiempos”. Los fundamentos de la “nueva política exterior”, en Felipe A.M. de la Balze y Eduardo Roca (compiladores), Argentina y EE.UU. Fundamentos de una nueva alianza, Buenos Aires, ABRA-CARI, 1997, p. 40. Ver también editorial “El signo que presidirá la reunión tarifaria del GATT”, por Luis Mario Bello, La Nación, 2 de mayo de 1964, p. 2.
“Pide Argentina se dé igual trato a productos agrícolas e industriales” y “EEUU-M.C.E.: Acordaron una rebaja arancelaria del 50 %”, Clarín, 6 de mayo de 1964, p. 2; “Argentina formuló una severa crítica en Ginebra” y “Un alegato fundado en razones insoslayables”, La Nación, 6 de mayo de 1964, pp. 1 y 2.
“GATT: Hay acuerdo en principio para la reducción de los aranceles aduaneros”, Clarín, 7 de mayo de 1964, p. 2.
“Se llegó a un acuerdo con el Club de París”, La Nación, 27 de junio de 1965, p. 1. Ver también P. Sánchez, op. cit., p. 103.
El
proyecto preguntaba lo siguiente:
(...)
5º- Si es cierto que el aporte de nuestro país al Fondo Monetario
Internacional es de 280 millones de dólares, en tanto que nuestras
obligaciones con la misma institución alcanzan a sólo 114 millones de dólares.
6º-
Si no considera que en las actuales circunstancias la política más
acertada para la República Argentina consistiría en retirarse del Fondo
Monetario Internacional, recuperar la totalidad de divisas aportadas y
declarar la moratoria unilateral en el exterior, con el objeto de iniciar el
desarrollo independiente y armónico de la economía nacional.
Proyecto de declaración presentado por los diputados Juan Carlos Coral, Ramón A. Muñiz y otros, en Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 11º, Junio 23 de 1965, cit. en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1965, Tomo I, op. cit., p. 737.
Ver sobre este tema el proyecto de comunicación de los senadores De Rege, Fassi, Martínez Saravia y otros, Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 17º, Agosto 11 de 1965; y Mensaje del Poder Ejecutivo, Septiembre 14 de 1965, firmado por el presidente Illia y por el ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 28º, Septiembre 22 de 1965, ambos citados en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1965, Tomo II: Sesiones ordinarias (del 11 de agosto al 30 de septiembre de 1965), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1965, pp. 939-948 y 1673, respectivamente.
“Trátase en Río un plan de asistencia económica”, La Nación, 22 de noviembre de 1965, pp. 1 y 2.
Texto del Acta Final del Acta de Río de Janeiro en “El proyecto de resolución”, La Nación, 29 de noviembre de 1965, pp. 1 y 2. Ver asimismo los siguientes editoriales: “Vigencia del principio de seguridad económica”, por Carlos Oterio, La Nación, 27 de noviembre de 1965, pp. 1 y 2; “Prevén en Río una nueva conferencia para 1966. Así lo consigna el acta final que será aprobada por los cancilleres americanos”, La Nación, 28 de noviembre de 1965, p. 1; “Las resoluciones tomadas en la reunión de la OEA”, por Carlos Otero, La Nación, 1º de diciembre de 1965, pp. 1 y 2; y “Soluciones que aportó la conferencia de la OEA”, por Carlos Otero, La Nación, 2 de diciembre de 1965, pp. 1 y 3.
Respecto de la reunión de la OEA en Panamá ver los siguientes editoriales “OEA: Cuarto intermedio en Panamá”, Clarín, 2 de marzo de 1966, p. 3; “OEA: Nuevas ponencias en la reunión de Panamá”, Clarín, 3 de marzo de 1966, p. 5; “Reaseguro de la soberanía”, Clarín, 7 de marzo de 1966, p. 10, que destaca las diferencias de posiciones frente al intento de reformular el sistema interamericano; “La Argentina y el Consejo de la OEA”, Clarín, 20 de marzo de 1966, p. 12, donde se critica la posición de la Argentina como aparentemente ubicada junto al sector que pretendía la ampliación de las facultades del Consejo; y “OEA: en su etapa más difícil”, Clarín, 21 de marzo de 1966, p. 4.
La idea de una zona desnuclearizada para América Latina fue originalmente brasileña, y se materializó mediante una propuesta lanzada por el canciller Afonso Arinos de Melo Franco en septiembre de 1962 en la sesión de apertura de la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas. El modelo presentado por el entonces titular de Itamaraty fue una iniciativa similar a la que se venía manejando desde años antes para Africa. La propuesta brasileña no fue atractiva para Estados Unidos, pero sí lo fue para la Unión Soviética y los países no alineados, que la respaldaron calurosamente. Asimismo, este proyecto brasileño estaba en sintonía con el perfil de política de mayor independencia frente a Estados Unidos del gobierno de Joao Goulart (1961-1964). La propuesta de Melo Franco hubiera naufragado como otras tantas relativas a desarme y mantenimiento de la paz, de no ser por la incidencia de un acontecimiento ocurrido un mes después: la crisis de los misiles en Cuba. Este hecho provocó que el proyecto brasileño cobrara una vigencia inesperada y, lo que era más importante, generara un cambio en la actitud de Estados Unidos, que vio en la propuesta de Melo Franco una posible vía de solución al conflicto con La Habana y Moscú por la cuestión de los misiles. México se apropió de la idea brasileña y consiguió el apoyo de Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador, para invitar a los países latinoamericanos, en septiembre de 1963, a concretar la idea de una zona desnuclearizada para la región. Una reunión preliminar (REUPRAL) tuvo lugar en México del 23 al 27 de noviembre de 1964, y a ella siguieron cuatro reuniones de la llamada Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina (COPREDAL): marzo 1965, agosto-septiembre 1965, abril-mayo 1966 y enero-febrero 1967. En las dos primeras reuniones de la COPREDAL en México, la Argentina, que tenía un desarrollo nuclear incipiente, expresó claramente su desinterés. Envió a dichas reuniones funcionarios de la embajada argentina en México, en vez de hacer participar a una delegación de carácter técnico-político desde Buenos Aires. Pero en la tercera reunión de la COPREDAL (abril-mayo 1966), el Palacio San Martín decidió cambiar de actitud y enviar una delegación especializada en el tema, encabezada por el director general de Asuntos Políticos, embajador Luis Santiago Sanz. Ver al respecto el trabajo de Julio César Carasales, De rivales a socios. El proceso de cooperación nuclear entre Argentina y Brasil, Buenos Aires, Nuevo Hacer / Grupo Editor Latinoamericano, 1997, pp. 48-50.
P. Sánchez, op. cit., p. 145. Ver también editoriales “La Argentina pide garantías para un pacto...”, op. cit. y “La tesis argentina fue aceptada en la reunión de México. Decidióse no incluir en el tratado de desnuclearización a los territorios en litigio”, La Nación, 5 de mayo de 1966, p. 2.
J.A. Lanús, op. cit., Tomo II, p. 19, y A.E. Castello, op. cit., pp. 286-287. Ver también R. Etchepareborda, op. cit., p. 74.
A.E. Castello, op. cit., p. 287. Ver también M.A. Scenna, Argentina-Brasil..., op. cit., pp. 375-376.
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