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Capítulo 66: La revolución argentina (1966-1973)
Introducción
Tras
el derrocamiento del gobierno radical de Arturo Illia el 28 de junio de 1966, se
abrió un nuevo período de gobiernos militares en la historia argentina,
denominado la “Revolución Argentina”, que culminó con el retorno del
peronismo al poder en 1973. Tres gestiones se repartieron este período: la del
general Juan Carlos Onganía (junio de 1966-junio de 1970), la del general
Marcelo Levingston (junio de 1970-marzo de 1971) y la del general Alejandro
Agustín Lanusse (marzo de 1971-mayo de 1973).
El
golpe fue justificado por sus ejecutores en las supuestas falencias de la
democracia liberal y en la existencia de una crisis integral:
(...)
la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como
culminación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas,
de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas
a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad
espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados,
la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida
económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de
orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un
notorio desconocimiento del derecho y de la justicia. Todo ello ha creado
condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos
los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a los
desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance
del totalitarismo colectivista.
Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la conclusión de que las Fuerzas
Armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos intereses
de la Nación, deben adoptar, de inmediato, las medidas conducentes a terminar
con este estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la obtención
de sus grandes objetivos nacionales (...). (1)
En
consecuencia, tras el golpe de junio de 1966, el sistema democrático dejó su
lugar a un gobierno militar, que tuvo como objetivo expreso el de concretar
cambios de carácter estructural, a nivel socioeconómico, político, cultural y
tecnológico. De acuerdo con el objetivo general establecido en el Anexo 3 del
Acta de la Revolución Argentina, el nuevo gobierno debía
(...)
Consolidar los valores espirituales, elevar el nivel cultural, educacional y técnico;
eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar
adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra
tradición espiritual basada en los ideales de libertad y dignidad de la persona
humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana; como
medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que
impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común,
todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo
hacia el exterior. (2)
Esta
tarea estructural estuvo formalmente a cargo del general Juan Carlos Onganía, líder
de la facción “azul” del Ejército que venía imponiéndose a la de los
“colorados” desde 1962. Onganía exigió como condición para asumir la
presidencia que las fuerzas armadas volviesen a sus tareas específicas y no
interfirieran en la acción de gobierno. (3) A diferencia de las gestiones
civiles y militares que deambularon por la Casa Rosada entre 1955 y 1966, la
llegada del general Onganía a la presidencia estuvo respaldada por un amplio
consenso inicial, proveniente de sectores muy diversos de la sociedad argentina,
desde productores agropecuarios y grandes y pequeños empresarios hasta
dirigentes sindicales. (4) También formaron parte del gabinete de Onganía
integrantes de asociaciones católicas importantes, tales como el Ateneo de la
República, los Cursillos de Cristiandad y el Opus Dei. (5) Incluso, algunos
partidos políticos otorgaron apoyo al nuevo régimen -el desarrollismo (6) y el
peronismo (7) entre otros-; por el contrario no lo hicieron los radicales,
socialistas y comunistas. (8)
Desencantados
tanto de la democracia liberal como de las experiencias políticas anteriores y
deseosos de un “cambio revolucionario” que sacara a la Argentina del
estancamiento, los distintos sectores sociales idealizaron la figura del recién
llegado a la Casa Rosada, y -como sostiene Félix Luna- otorgaron a Onganía una
“imagen” de hombre fuerte, con autoridad en las fuerzas armadas, prestigio
en los sectores obreros, sensibilidad popular, espíritu práctico y sentido de
modernidad. (9)
Sin
embargo, el poder ilimitado que la sociedad argentina parecía otorgarle a Onganía
tenía una base muy heterogénea, de manera que su gestión deambuló
contradictoriamente entre la adopción de medidas de corte modernizador
-especialmente en el terreno de la política económica- y las de índole
conservador -especialmente en el plano de la política universitaria y
cultural-. Esta tensión irresuelta entre modernización y conservadurismo
caracterizó tanto la política interna como la política exterior del
onganiato, y terminó por quebrar el consenso inicial logrado.
Para
cumplir con este mandato de la sociedad de construir una “nueva” Argentina,
el gobierno de Onganía debió hacer frente a tres problemas básicos: el
estancamiento económico, la amenaza comunista a la seguridad interna, y la
salida hacia una democracia participativa. Intentó resolverlos a través de la
coexistencia de los postulados de cuatro tendencias: la “liberal”, la
“nacionalista ortodoxa”, la “nacionalista
desarrollista” y la de los “nacionalistas heterodoxos” o “nacionalistas-liberales”.
El
componente liberal estuvo ya presente en el texto del Mensaje dirigido por la
Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino el 28 de junio de 1966. Asimismo,
muchos de los objetivos establecidos en el ámbito de la política económica
(afianzar la libertad de decisión de los consumidores, combatir la distorsión
de los monopolios y promover la competencia, lograr la estabilidad monetaria)
tuvieron un tono liberal. (10) Este tipo de políticas estuvo representada por
las presencias de Alvaro Alsogaray como embajador en Estados Unidos (julio de
1966 a octubre de 1968) y de su hermano Julio Rodolfo como comandante en jefe
del Ejército (diciembre de 1966 a agosto de 1968). No obstante, el primer
ministro de Economía del nuevo régimen, Néstor Jorge Salimei (junio a
diciembre de 1966), aunque era miembro del Instituto de Estudios Económicos y
Sociales que dirigía Alvaro Alsogaray, no fue un fiel exponente de los
liberales, ya que estaba inclinado hacia cierto grado de estatismo en materia
económica. (11) En cambio, su sucesor, Adalbert Krieger Vasena (diciembre de
1966 a junio de 1969), fue un cabal representante de la corriente liberal dentro
del gobierno de Onganía. (12)
La
línea liberal propuso, para superar el estancamiento económico, la adopción
de medidas anti-inflacionarias de estabilización y ajuste como pasos previos al
crecimiento, el cual se lograría con atracción de capital extranjero y medidas
de modernización y apertura económica. A su vez, la liberalización de la
economía llevaría a una liberalización de la política, al eliminar los
rasgos corporativos de la sociedad argentina. Por último, estas
transformaciones conducirían a la salida institucional democrática. En cuanto
a la política exterior, los liberales propusieron el alineamiento con Estados
Unidos, país clave para acceder a los créditos necesarios para modernizar la
economía. Esta línea de razonamiento fue claramente explicitada por Alvaro
Alsogaray en su actuación como embajador en Estados Unidos. (13)
Respecto
del ámbito regional, el modelo preferido por los liberales fue el de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con sede en Montevideo,
mecanismo que apuntó a dar prioridad a las fuerzas del libre comercio en el
proceso de integración. (14) Apostando a las relaciones con los países pequeños
de la Cuenca del Plata -Bolivia, Uruguay y Paraguay-, los liberales procuraron
lograr la integración regional a través de la apertura económica y la
reciprocidad multilateral. Por ejemplo, el semanario Primera Plana, a
través del columnista Mariano Grondona, urgió a “dedicar nuevos empeños a
la ALALC” y apostó, en forma congruente con la línea de Onganía y su
canciller Nicanor Costa Méndez, por la alianza con Brasil que apuntase a un
liderazgo conjunto regional. (15)
Pero,
a la vez que establecía medidas acordes con los postulados liberales, el
gobierno de Onganía adoptaba otras que se apartaban del liberalismo y se
emparentaban más con las ideas de los nacionalistas. Estas, sin embargo, se
caracterizaron por una enorme heterogeneidad, particularmente entre fines de la
década de 1960 y principios de la de 1970, pudiendo identificarse las
mencionadas tres líneas: “nacionalista ortodoxa”, “nacionalista
desarrollista” y “nacionalista heterodoxa” o
“nacionalista-liberal”.
En
el plano de la política exterior se advirtieron diferencias entre liberales y
nacionalistas, pero también las hubo entre las tres variantes de la corriente
nacionalista. Obviamente, el énfasis de los liberales en la adopción de
medidas de estabilización económica los llevó a proponer una política
exterior que estrechara los vínculos con los organismos internacionales de crédito
y se acercara a un perfil de alineamiento con el principal proveedor de dichos
créditos, el gobierno de Estados Unidos. Frente a esta postura, los
nacionalistas reaccionaron con diferentes matices: abierto rechazo en el caso de
los “ortodoxos”, que propusieron un modelo de desarrollo nacional cerrado y
autárquico, basado en los recursos locales; de rechazo condicionado en el caso
de los “desarrollistas”, que sostuvieron la necesidad de contar con créditos
y capitales externos, pero sólo como un paso inicial en un proceso donde los
esfuerzos debían invertirse en el desarrollo de las industrias de base; y,
finalmente, de aceptación pragmática en el caso de los “heterodoxos”, que
reconocieron como los liberales la necesidad de la estabilización económica
como requisito para el desarrollo nacional, pero sin renunciar a éste.
Algo
similar ocurrió en el caso de la integración regional. Mientras los liberales
propusieron modelos de integración abiertos, como el de la ALALC, los
nacionalistas rechazaron los modelos de integración basados en esquemas
librecambistas, que pudieran afectar las industrias nacionales, aunque en este
tema se registraron diferentes matices. Los nacionalistas “ortodoxos”
pusieron el acento en un modelo de desarrollo “cerrado”, autárquico,
receloso de los esquemas de integración regional. En cambio, los nacionalistas
“desarrollistas” ponían el acento en esquemas de integración que
implicaran, como paso previo, el desarrollo a nivel regional. (16) Aunque
coincidieron en términos generales con la propuesta del Grupo Andino, (17)
basada en políticas de planificación industriales y control de inversiones,
los “desarrollistas” argentinos no estuvieron dispuestos a sacrificar los
objetivos de desarrollo integral nacional en aras de esquemas de integración
supranacional como el propuesto por las naciones del Pacífico. En consecuencia,
y a pesar de sus diferencias, tanto “ortodoxos” como “desarrollistas”
hicieron una lectura crítica respecto de los modelos de integración regional
de ese momento. Pusieron objeciones al esquema “liberal” de la ALALC, pero
también a la propuesta “supranacional” del
Pacto Andino. Finalmente, los nacionalistas” heterodoxos o
“nacionalistas-liberales”, como el presidente Onganía o su canciller
Nicanor Costa Méndez, jugaron pragmáticamente a dos puntas, intentando
vincularse tanto al esquema de ALALC como al del Pacto Andino.
Por
cierto, el tema de los vínculos con los países vecinos revelaba una diferencia
de criterio sustancial entre la preferencia liberal por la solución pacífica
de controversias limítrofes -producto lógico de su predilección por esquemas
de integración “abiertos”, que dichas controversias podían hacer peligrar-
y la inclinación nacionalista por las hipótesis de conflicto. Pero dentro de
la corriente nacionalista también existían importantes diferencias respecto de
este tema. Los nacionalistas “ortodoxos” seguían adheridos al viejo esquema
de equilibrio de poder regional, donde Brasil y Chile aparecían como países
“expansionistas”, y de los que la Argentina debía defenderse, con el
agravante de que el primero de ellos era, además, “agente” de Estados
Unidos en el Cono Sur. Alarmados por los que percibieron como avances “hidroeléctricos”
brasileños y “territoriales” chilenos, los nacionalistas “ortodoxos”
reclamaron a la Cancillería la adopción de posiciones “duras” en
cuestiones “sensibles” a la soberanía nacional, como el aprovechamiento de
los ríos de la Cuenca del Plata o la delimitación de las fronteras australes.
Por su parte, los nacionalistas “desarrollistas” compartieron los recelos de
sus colegas “ortodoxos” por la “expansión” de Brasil y Chile, pero
incorporaron nuevos elementos provenientes de argumentos entroncados con la teoría
de la dependencia y el desarrollismo a las hipótesis de conflicto. Así,
percibieron en el contraste entre el “subdesarrollo” de las zonas
fronterizas argentinas y el “desarrollo” chileno o brasileño un nuevo
componente de amenaza. Convencidos de que la mejor forma de contener a estos
vecinos expansionistas era a través de medidas de desarrollo e integración a
nivel interno, los “desarrollistas” otorgaron especial énfasis a la
necesidad de adoptar medidas de promoción y desarrollo económico en ciertas áreas
descuidadas o subdesarrolladas como Misiones, el Chaco, o la Patagonia.
Finalmente, los “heterodoxos” intentaron una síntesis entre la apertura
“liberal” al mundo y el “desarrollismo” de algunos sectores
nacionalistas. Producto de esto fue la adhesión de Onganía a las medidas de
estabilización liberal y su acuerdo con los postulados de la ALALC, al mismo
tiempo que intentaba adoptar un plan “desarrollista” de estímulo a la región
patagónica. Por su parte, el canciller argentino buscó la colaboración política
y económica con Europa como un medio de contrarrestar cualquier tendencia
inhibitoria del desarrollo nacional en el marco del sistema interamericano.
Cabe
destacar que en el plano de la política exterior, los nacionalistas
“ortodoxos” percibían un mundo signado por la persistencia del conflicto
ideológico bipolar, el paradigma realista y sostenían el concepto de
“fronteras ideológicas”. (18)
Por
cierto, la variante del nacionalismo “ortodoxo” correspondió a los
intereses de los sectores más conservadores, figurando entre ellos el ministro
del Interior, Enrique Martínez Paz; el secretario de gobierno, Mario Díaz
Colodrero, y, fuera del gobierno, el nacionalista conservador Marcelo Sánchez
Sorondo, quien desde el semanario Azul y Blanco combatió las tendencias
liberales en el gabinete del gobierno de Onganía. En política interna, los
nacionalistas “ortodoxos” abogaron por la disolución de la “vieja política”
del sistema liberal de partidos y su reemplazo por una “nueva política” que
no incluyera a los partidos políticos sino a los representantes de la
comunidad. (19) Además, el desprecio por la democracia estaba íntimamente
conectado con el sentimiento anticomunista. En este esquema ideológico, las
medidas de represión del comunismo en todos los ámbitos -incluyendo el
cultural- eran la única solución para evitar un flagelo de origen externo que
utilizaba todos los canales -medios de comunicación, universidad, centros
culturales- para infiltrarse en la sociedad argentina y amenazar la seguridad
interna. Así, el ministro del Interior Martínez Paz atacaba a las
universidades públicas, caracterizándolas como “un foco de disolución ideológica,
una trinchera más de la guerra fría, un frente interno donde se oculta el
enemigo”. (20)
Los
nacionalistas ortodoxos demostraron también una apreciable dosis de
antisemitismo. Durante el gobierno de Onganía, los columnistas del New York
Times expresaron su preocupación por las manifestaciones de antisemitismo
de algunos integrantes del gabinete. Por cierto, los judíos argentinos y
norteamericanos se intranquilizaron ante hechos tales como la polémica
entrevista del ministro del Interior Martínez Paz con el jefe del Movimiento
Nacionalista Revolucionario Tacuara, Patricio Errecalte Pueyrredón, durante
casi una hora, en julio de 1966; o con la actitud del secretario general de la
Presidencia, general Héctor Repetto, quien en agosto del mismo año recibió en
su despacho al jefe de la Liga Argentina Nacional Sindicalista (LANS), Roberto
Etchenique (h.), otra entidad de tendencia antisemita. (21) No obstante, Onganía,
en una entrevista que tuvo con directivos de la Delegación de Asociaciones
Israelitas (DAIA) el 12 de julio de 1966, procuró alejar los temores de los judíos
argentinos respecto de tendencias antisemitas en el seno del gobierno. (22)
A
su vez, la variante “desarrollista” del nacionalismo se distinguió de la
“ortodoxa” en varios aspectos. En el plano de la política interna, si bien
los nacionalistas “desarrollistas” compartían la visión “corporativa”
de la sociedad que tenían los “ortodoxos”, diferían esencialmente en
cuanto al mejor remedio para combatir el problema de la subversión al orden político
interno. Los primeros percibían que el fenómeno subversivo tenía causas tanto
externas -la “exportación” ideológica del castrismo a países de la región-
como internas -la falta de desarrollo social, económico e incluso espiritual de
las sociedades- y que el uso exclusivo de medidas represivas era una herramienta
insuficiente, e incluso contraproducente, para lograr la seguridad interna.
Tampoco estaban de acuerdo con el énfasis en el ajuste y la estabilidad
macroeconómica del discurso liberal. Para los “desarrollistas”, ninguna de
las dos recetas aseguraba la seguridad y el desarrollo internos.
Por
cierto, los militares “desarrollistas” que actuaron durante los gobiernos de
la Revolución Argentina manejaron un concepto de “desarrollo” que iba más
allá del mero desarrollo socio-económico. El general Juan Enrique
Guglialmelli, director de la Escuela Superior de Guerra, del Centro de Altos
Estudios, y de la revista Estrategia, que fue además secretario de
Enlace y Coordinación de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Arturo
Frondizi y secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) durante el de
Levingston, elaboró para las distintas academias del ejército una “doctrina
de la seguridad nacional”, que vinculaba la seguridad a la derrota de la
subversión, y la última al desarrollo “integral”. Guglialmelli planteaba
un “desarrollo integral con independencia”, aclarando que se refería al
desarrollo “económico-social, cultural y espiritual” y que “con
independencia” significaba la ruptura de cuatro formas esenciales de
dependencia: la económica, la política, la cultural y la ideológica”.
(23) Así, opuestos a las medidas de
estabilización y ajuste preconizadas por los liberales y a la represión
impulsada por los nacionalistas más reaccionarios, en tanto ninguno de los dos
atacaba las “causas” materiales y espirituales que alimentaban la subversión,
los nacionalistas “desarrollistas” sostenían que el desarrollo
“integral” era la mejor garantía para contener la subversión. (24)
El
diagnóstico que los nacionalistas “desarrollistas” hacían del mundo y del
rol de la Argentina en el mismo estaba fuertemente influido por los conceptos
frigeristas y los postulados de la teoría de la dependencia. Así, el general
Osiris G. Villegas, percibió un contexto mundial caracterizado por el
desplazamiento de la Guerra Fría a la détente, de la lucha ideológica
a la económica, y la división de los países en desarrollados -con desarrollo
de industrias de base- y subdesarrollados -con una economía primaria-, categoría
esta última donde estaban ubicados la Argentina y los países sudamericanos. En
consecuencia, había que apostar al desarrollo de las industrias de base para
que la Argentina pudiese tener gravitación internacional. Villegas enfatizó la
importancia del desarrollo científico y tecnológico, especialmente en sectores
tales como la energía nuclear, la electrónica o la cibernética, con el
objetivo de acelerar la transición de un país agrícola-ganadero dependiente a
un país industrializado e independiente. Por su parte, Guglialmelli retomó el
énfasis frigerista en el desarrollo de
los sectores de industria de base: industria pesada, química pesada,
petroquímica y siderurgia, como parte clave de una estrategia de
industrialización cada vez más creciente y autónoma, frente al
neocolonialismo que quería reeditar la división internacional del trabajo y
ubicar a los países periféricos como productores primarios o de industrias
obsoletas. En consecuencia, tanto para Guglialmelli como para Villegas, política
de desarrollo y política de seguridad eran conceptos interdependientes que
formaban parte de la política nacional. (25) En forma acorde con este
pensamiento, las autoridades de la Escuela Nacional de Guerra sostuvieron la
necesidad de redefinir el concepto de seguridad, vinculándolo al de desarrollo.
(26)
Por
otra parte, los generales Guglialmelli y Villegas sostenían la conveniencia de
la integración nacional como paso previo a la integración regional, que
quedaba postergada a una etapa final. (27) En este punto, Guglialmelli sostiene,
en una clara crítica a la corriente liberal,
que
“(...)
Si la integración nacional previa a la integración regional constituye un
objetivo político, existirá un conflicto con quienes, dentro y fuera del país
propugnan lo contrario. El examen profundo del problema permitirá reconocer a
los intereses enemigos y a los intereses aliados. A sus agentes y a sus modos de
operar. Se podrá entonces replicar a la aparentemente simple y razonable
proposición de la complementación regional que nos induce a cambiar con un
vecino su cobre, que tenemos, por nuestros cereales y carne; a postergar la
explotación de Sierra Grande porque podemos importar mineral de hierro de otras
partes; a limitar nuestra siderurgia a la laminación pues podemos adquirir
arrabio en otras partes; a redimensionar nuestra industria automotriz, como lo
aconsejan los técnicos internacionales, para adquirir partes a las industrias
nacientes de países limítrofes.
Detrás de estas “inocentes” propuestas, fundadas en la “economicidad” y
la solidaridad regional se esconde en verdad la filosofía del estancamiento, la
defensa del statu quo, el negocio de los monopolios internacionales, la renuncia
a nuestro desarrollo independiente. (...) (28)
De
esta manera, los nacionalistas “desarrollistas” argentinos, como sus
contrapartes brasileños, postularon un esquema de integración regional gradual
que dependiera de los desarrollos nacionales y no de un impulso supranacional.
Por ejemplo, el diario “desarrollista” Clarín, a través de
editoriales firmados por Oscar Camilión, ex subsecretario de Relaciones
Exteriores del gobierno de Frondizi, rechazó el esquema de una integración
acelerada impulsado por los signatarios del Pacto de Bogotá de agosto de 1966 y
Estados Unidos, pues “puede servir de pretexto a obligar a la Argentina a
renunciar a la siderurgia, petroquímica y otros sectores básicos”. (29)
Por
su parte, la receta “heterodoxa” o de los nacionalistas “liberales” se
caracterizó por procurar un equilibrio, entre los postulados de las corrientes
liberal y nacionalista. Adhirieron a ésta el presidente Juan Carlos Onganía,
el ministro de Economía Néstor Jorge Salimei, el canciller Nicanor Costa Méndez,
y el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien pasó a ser comandante
en jefe del ejército tras el alejamiento del liberal Julio Alsogaray en octubre
de 1968. (30)
Acorde
a la orientación anticomunista, el gobierno de Onganía adoptó la llamada
“Doctrina de la Seguridad Nacional y el Desarrollo”. Para llevarla a la práctica,
el régimen militar instauró, en el ámbito interno, dos organismos encargados
de trabajar temas internos y/o externos vinculados con todas las cuestiones
relacionadas a la seguridad y al desarrollo: el Consejo Nacional de Seguridad
(CONASE) y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). La Doctrina de la
Seguridad Nacional y el Desarrollo fue compatible con los postulados definidos a
partir de 1961 por el Departamento de Estado norteamericano. La activa
participación argentina en mecanismos de seguridad interamericanos y la
propuesta de creación de un órgano militar en la OEA reveló una coincidencia
entre el diagnóstico de Onganía y el de su colega norteamericano Lyndon
Johnson respecto de la amenaza de Cuba a la seguridad continental. (31)
No
obstante, el presidente Onganía intentó demostrar que mantenía cierta
distancia con los objetivos estratégicos de Estados Unidos. En una conferencia
de prensa efectuada el 4 de agosto de 1966, Onganía dijo:
La
Argentina está plenamente identificada con el sistema interamericano (...)
(cuyo funcionamiento) excluye de hecho y de derecho la existencia de bloques
parciales en beneficio de la armonía del continente. La no participación en
bloques no significa ignorar las relaciones bilaterales entre los países
americanos (...)
Con respecto a la OEA participará en la reforma de la carta e insistirá para
que a través de esta organización se promuevan planes de desarrollo cultural,
económico y social para la América Latina (...). (32)
Asimismo, a fines de 1967, dijo Onganía ante los mandos militares:
(..)
en materia de relaciones exteriores, nuestra política es universalista.
Deseamos un solo mundo, no varios. No podemos participar de estrategias en cuya
formulación no formamos parte. El mundo occidental, como está actualmente, no
es el mundo al que nosotros aspiramos. Nuestra posición es nacional,
hispanoamericana, latinoamericana. (33)
Finalmente,
en una entrevista que le realizara el diario Expreso del Perú en 1968,
el presidente argentino sostuvo que
La
realidad es que el mundo está dividido en dos bloques. Nosotros pertenecemos a
uno de ellos no porque lo consideremos necesariamente el mejor, sino, en último
análisis, por razones de seguridad. El mundo comunista es un mundo hostil, que
quiere destruirnos. Necesariamente entonces tenemos que estar del otro lado, con
Occidente. Dentro de Occidente, la Argentina es parte de Latinoamérica, con
mayor precisión de la América Hispánica, y debe tender a la integración.
(34)
Las
declaraciones del presidente Onganía revelaban una posición de política
exterior que, a la vez que proclamaba la pertenencia de la Argentina a
Occidente, trataba de diferenciarse de la política norteamericana, propugnando
objetivos “nacionales”. En este sentido, podemos hablar de un perfil occidentalista
heterodoxo. Por cierto, la oposición a la creación de una fuerza armada
interamericana de paz (FIP) -proyecto acariciado por el Departamento de Estado
norteamericano-, el rechazo a los condicionamientos sugeridos en el convenio con
la empresa siderúrgica US Steel, la opción por la utilización de uranio
natural -caro pero existente en el territorio argentino- en vez del uranio
enriquecido -cuyo proveedor era Estados Unidos-, la puesta en marcha del
complejo Chocón-Cerros Colorados, y el rechazo a la firma del Tratado de No
Proliferación Nuclear -impulsado, entre otros países nucleares, por Estados
Unidos- fueron ejemplos de una actitud fuertemente influida por argumentos del
“desarrollismo” y del nacionalismo tradicional y que relativizaron la idea
de un alineamiento con el gobierno norteamericano. (35)
En
materia de política continental, Onganía fue -como los nacionalistas- reacio a
cualquier esquema supranacional que coartara la autonomía o el desarrollo
argentinos. A fin del año 1966, definió claramente su postura en materia de
integración regional, rechazando los proyectos supranacionales que partían del
Pentágono y de los países andinos, y planteando un esquema de integración
regional que partía del reconocimiento de las diferencias nacionales:
Dentro
de una organización de naciones libres, todas deben encontrarse en condiciones
de lograr sus respectivos objetivos nacionales. No insistamos en la búsqueda de
integraciones ficticias, que hacen abstracción de la gran diversidad de
situaciones económicas y pasan por alto un complejo conjunto de problemas que
la mayoría de las repúblicas de América no ha logrado solucionar. (36)
En
síntesis, el perfil occidentalista heterodoxo del gobierno de
Onganía procuró canalizar las divergentes inquietudes de nacionalistas y
liberales. Por un lado, estaba influido por el discurso “desarrollista” de
la “Alianza para el Progreso” de Kennedy y de los “desarrollistas”
argentinos, en el que la seguridad contra la subversión izquierdista estaba
vinculada al desarrollo económico. Pero Onganía coincidía con los liberales
en que este desarrollo debía estar precedido por la estabilización y
modernización económica, objetivos que necesitaban para su concreción exitosa
la atracción de capitales extranjeros. La necesidad de obtener una buena imagen
en los Estados Unidos para atraer créditos es la que explica las presencias del
liberal Alvaro Alsogaray al frente de la embajada argentina en Washington, y más
tarde la del “técnico” Adalbert Krieger Vasena al frente del Ministerio de
Economía. Ambas figuras gozaban de credibilidad externa.
De
acuerdo con el perfil occidentalista de Onganía, su primer canciller, Nicanor
Costa Méndez, un nacionalista, integrante del club Ateneo de la República,
sostuvo una posición abiertamente crítica respecto del régimen de Fidel
Castro en Cuba. De acuerdo con el sesgo anti-comunista del régimen militar
argentino, Castro fue percibido como la principal amenaza a la seguridad
argentina y continental por ser el principal promotor de las guerrillas en el
continente. (37)
No
obstante, Costa Méndez compartió con Onganía la adopción de un perfil de política
exterior que equilibrara los intereses de los sectores liberales y
nacionalistas. Uno que estabilizara la economía interna y procurara normalizar
las relaciones con Washington para ganar credibilidad externa y atraer la ayuda
económica y militar norteamericana acordada por el ex presidente Illia, pero
que también dejara lugar a una política exterior “nacional”, no
subordinada a los intereses de Estados Unidos. La inclinación pro-occidental
del canciller no lo privó de reclamar para la Argentina un trato igualitario
frente al gobierno norteamericano, como lo hizo durante el incidente en torno al
reconocimiento del régimen de Onganía entre junio y julio de 1966. (38)
Asimismo, la común identificación que Costa Méndez y las autoridades del
Departamento de Estado respecto de la necesidad de adoptar medidas
multilaterales para combatir la amenaza castrista en el continente no le impidió
al canciller argentino descartar proyectos norteamericanos de carácter
supranacional como la FIP. (39) Pero, si bien rechazó la idea de crear una FIP,
y preocupado como Onganía por la proyección de la amenaza comunista en el
continente, Costa Méndez impulsó la creación de un Comité Permanente de
Consulta en la OEA. (40) No obstante, esta propuesta fue denunciada por los
sectores nacionalistas como una actitud de “satelismo” hacia Brasil y
Estados Unidos, a pesar de que en realidad ninguno de estos dos gobiernos apoyó
el proyecto argentino.
Costa
Méndez también rechazó el esquema integracionista supranacional promovido por
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, signatarios de la Declaración de
Bogotá de agosto de 1966. Este esquema de los países del Pacífico, basado en
las ideas de integración de la CEPAL, contó con el aval de Estados Unidos. A
su vez, el Departamento de Estado norteamericano, propiciaba un proyecto
elaborado por Walt Whitman Rostow, que planteaba una división del trabajo
regional, otorgando a la Argentina al rol de productor primario, y a Brasil y a
Chile el de países industriales, alternativa que resultaba inaceptable para los
sectores nacionalistas adheridos al desarrollismo. (41) En su lugar, el
canciller argentino lanzó en diciembre de 1966 la idea de una Comisión
Permanente de los países de la Cuenca del Plata. En este esquema alternativo,
la integración regional no sacrificaba el desarrollo a nivel nacional, ya que
implicaba la coordinación de acuerdos bilaterales o multilaterales gestados por
los propios gobiernos de los países integrantes de la Cuenca, pero sin
intervención de órganos supranacionales. (42)
De
esta manera, el perfil de política exterior adoptado por Onganía y su
canciller Costa Méndez, que procuró equilibrar los intereses de los sectores
liberales y nacionalistas, terminó por no conformar a ninguno de los dos. Los
sectores liberales pusieron objeciones a determinadas medidas de política
exterior consideradas como poco rentables económicamente -como la objeción del
secretario de Energía, Luis Gotelli, a la opción por la fabricación de uranio
natural, impulsada por los sectores “nacionalistas” en la reunión del
CONASE de febrero de 1968, debido a que, a pesar de su costo, podía ser
producido en la Argentina y permitiría el autoabastecimiento y la independencia
respecto de Estados Unidos y la URSS, proveedores de uranio enriquecido. (43)
Por su parte, los nacionalistas “desarrollistas” criticaron
decisiones de política exterior que interpretaron como ejemplos de
“alineamiento” con Estados Unidos -el proyecto de creación del Comité
Permanente de Consulta de la OEA, al que los nacionalistas percibieron como una
idea remozada de la FIP-, o de “pasividad” respecto del expansionismo
brasileño en la Cuenca del Plata -el énfasis del gobierno argentino en dar
batalla jurídica a Itamaraty respecto de la “consulta previa” para el
aprovechamiento de los ríos de la Cuenca, percibido por los nacionalistas como
recurso insuficiente si no se lo acompañaba de la construcción de obras
hidroeléctricas y medidas de promoción de las industrias de base,
especialmente en las zonas fronterizas. (44)
Debido
a divergencias con el presidente Onganía, el 5 de diciembre de 1966 el
comandante en jefe del ejército, teniente general Pascual Pistarini, fue
reemplazado por el teniente general Julio Rodolfo Alsogaray. El alejamiento de
Pistarini fue en realidad el preludio de un movimiento de acomodamiento
ministerial que tuvo lugar a fines de ese mismo mes, por el cual Adalbert
Krieger Vasena pasó a ocupar el Ministerio de Economía y Guillermo Borda el
del Interior. Con la presencia del ex peronista Borda en el Ministerio del
Interior, Onganía procuró concretar su idea de construir una “nueva”
Argentina a través de un acuerdo amplio, que incluyera a factores de poder,
grupos de presión y produjera “una síntesis de lo rescatable en la política
argentina”. Otro nombramiento clave fue el del general Osiris G. Villegas como
secretario del CONASE. Se registraba así un reparto de zonas de influencia: la
corriente liberal pasaba a dominar el ministerio económico y la nacionalista el
ministerio político. No obstante, esta distribución no evitó el conflicto,
pues el ámbito de la política exterior se convirtió en una zona gris donde
ambas tendencias se interceptaron. (45)
En
esta segunda etapa del gobierno de Onganía, la puja entre liberales y
nacionalistas hizo que el régimen adoptara un perfil de política exterior que
en la práctica deambuló entre el anti-comunismo propio de la Guerra Fría y
una actitud pragmática más acorde con el contexto global de détente. Se
hizo evidente la vocación de Onganía por otorgar a la Argentina un rol
continental y mundial, en función de “intereses nacionales” que no siempre
coincidieron con los norteamericanos. Esto se notó en actitudes del gobierno
argentino tales como la firma de un decreto en enero de 1967, la ley 17094, que
extendía el mar territorial argentino a 200 millas; (46) la posición adoptada
en materia de desarme nuclear y no proliferación, que llevó al gobierno de
Onganía a no firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968; el
desarrollo del “Plan Europa” que procuró, a través de la compra de armas
europeas, convertir con el tiempo a la Argentina en un país exportador de
armamento; y la gira efectuada por el canciller Costa Méndez entre fines de
marzo y principios de abril de 1969, que incluyó estados europeos socialistas
-caso de Rumania-; estados ideológicamente afines al onganiato -como el régimen
franquista español-, y estados pertenecientes al bloque occidental, pero críticos
respecto de la política de seguridad de Washington -como la República Federal
Alemana y Francia. (47)
Por
cierto, la citada gira europea de Costa Méndez de marzo-abril de 1969 estuvo
inserta en su estrategia -compartida por el presidente Onganía- de aliarse con
los países que integraban la llamada “clase media mundial” -que incluía
naciones de signo ideológico tan diferente como Canadá, Australia, la Unión
Sudafricana, España, Francia, Alemania, Italia, Rumania, Yugoslavia e Israel-.
Esta alianza tenía por objetivo “frenar” los reclamos de los países
“chicos” y de los “grandes”, y obtener los mejores beneficios posibles
de un comercio integrado. En una clara manifestación de esta estrategia que
hemos dado en llamar occidentalismo heterodoxo, el canciller argentino
presentó a Primera Plana el 13 de abril de 1969 la siguiente definición:
“(...)La bipolaridad que caracterizaba al sistema internacional en los años
de la segunda posguerra se transforma ahora en multipolaridad (...) el triángulo
América latina-Europa-USA realiza la inserción de la Argentina en el mundo
actual.” (48)
No
obstante, los sectores nacionalistas criticaron el occidentalismo heterodoxo
del canciller. Desde Azul y Blanco, el “ortodoxo” Sánchez Sorondo
ironizó acerca de las declaraciones de Costa Méndez, sosteniendo que
“Si viviéramos en la Luna celebraríamos con entusiasmo tal manifestación (...) pero nos preguntamos si este canciller es el mismo que asistió a la OEA para predicar la guerra contra Cuba; y si se trata del mismo Poder Ejecutivo cuya dependencia respecto de Washington alcanza, en el campo de la economía, insospechadas derivaciones. (49)
Precisamente,
como afirma Sánchez Sorondo, la adhesión del gobierno de Onganía a los
postulados “liberales” en materia económica quitaba margen de credibilidad
al occidentalismo heterodoxo de Costa Méndez ante las huestes
nacionalistas.
Pero
el canciller Costa Méndez no sólo se enfrentó en esta segunda etapa de su
gestión -que se extendió desde diciembre de 1966 hasta junio de 1969- a las críticas
de los sectores nacionalistas. También debió lidiar con la ofensiva de los
sectores liberales, liderados por el embajador argentino en Estados Unidos,
Alvaro Alsogaray. A fines de agosto de 1967, Alsogaray acusó a “la burocracia
y sobre todo (a) la mentalidad estatista que todavía subsiste en muchos
sectores” de sabotear “los documentos orientadores de la revolución” y
frenar así las inversiones internas. La referencia de Alsogaray a Costa Méndez
era obvia. El canciller era el único sobreviviente de la reestructuración
ministerial de fines de 1966 y era notoria su oposición a un proyecto de garantía
de inversiones impulsado por el grupo alsogaraísta, que desde hacía un año
andaba dando vueltas por el Palacio San Martín. Costa Méndez se oponía a la
cláusula del Acuerdo de Garantía de Inversiones porque otorgaba a las empresas
extranjeras privilegios tales como la posibilidad de someter resoluciones de la
Justicia argentina que les fueran desfavorables al arbitrio de un organismo
internacional supranacional. (50)
Por
otra parte, apenas transcurrido un mes de su asunción como ministro de Economía,
Krieger Vasena se encontró con la realidad de que su enfoque monetarista y sus
contactos con los organismos internacionales de crédito eran atacados por los
desarrollistas, a través de las declaraciones de Rogelio Frigerio en febrero de
1967, (51) y por los nacionalistas “ortodoxos” como Marcelo Sánchez Sorondo
y Juan Carlos Goyeneche, por medio de las opiniones volcadas en editoriales de
diarios como Azul y Blanco. (52)
Por
cierto, la puesta en marcha de un plan de estabilización económica en marzo de
1967 por parte de Krieger Vasena fue el detonante que hizo que Sánchez Sorondo
abandonase su respaldo inicial al régimen de Onganía. Este nacionalista
conformó entonces el Movimiento de la Revolución Nacional (MRN), que buscó el
reemplazo del onganiato por una democracia representativa y un modelo
nacional-populista que equilibrara las fuerzas del capital y del trabajo. Los
“ortodoxos” como Sánchez Sorondo sostuvieron que el plan liberal
establecido en marzo de 1967 consagraba la entrega del patrimonio nacional al
capital extranjero. (53)
Asimismo,
las medidas que Krieger Vasena impulsó desde la cartera económica generaron
preocupación en la Iglesia, debido a que provocaron desocupación y cierre de fábricas,
lo cual llevó al surgimiento del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo.
El 1º de mayo de 1968, en las afueras de Córdoba, se dieron cita 23 de los 360
sacerdotes que firmarían el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo, un
llamado a la rehabilitación del hombre como persona, en abierta crítica al
modelo “liberal” de Krieger Vasena. (54)
A
la lista de disidentes al gobierno de Onganía se sumó una figura protagónica
de la Revolución Libertadora: el almirante Isaac Rojas, quien censuró al
presidente la ausencia de un plan que condujese a una salida electoral. A esta
figura se agregaría tiempo más tarde la del ex presidente Pedro Eugenio
Aramburu. También cabe mencionar al general Adolfo Cándido López, quien desde
fines de 1967 criticó numerosas veces al gobierno por las mismas razones que el
almirante Rojas. (55)
Pero
si bien el general López inicialmente logró algunas adhesiones, el lopizmo
comenzó a fracturarse, porque López se negó a firmar la proclama rebelde que
el “ortodoxo” Sánchez Sorondo le elevara como futura propuesta de gobierno.
Ante la negativa del general y juzgando que la actitud de López ante el
gobierno de Onganía era indefinida, ese mismo mes de febrero Sánchez Sorondo y
el general retirado Carlos Augusto Caro decidieron separarse del lopizmo y
conformar el MRN. (56)
Por
cierto, fenómenos como el lopizmo, el MRN y la versión peronista de las décadas
del 60’ y ‘70 no representaron hechos aislados e inconexos entre sí.
Expresaron la hostilidad de distintos sectores de la sociedad hacia el modelo de
ajuste liberal a través de la emergencia de movimientos ideológicamente
ambiguos. Dichos movimientos expresaron, por ejemplo, la convergencia del
nacionalismo conservador y católico de derecha con expresiones nacionalistas
desarrollistas e incluso de izquierda, corrientes unidas en el común rechazo al
modelo liberal propuesto por Onganía y Krieger Vasena. Esta convergencia de
expresiones antiliberales no sólo comprendió las diversas fracciones del
nacionalismo, sino también segmentos de partidos tradicionales como el
radicalismo y el peronismo, y el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo
dentro de la Iglesia. Sólo en este contexto de convergencias antiliberales que
abarcaron todo el espectro ideológico, se puede comprender la aparición de
grupos como Montoneros, que, proviniendo del catolicismo y/o del nacionalismo de
derecha, también adoptaron un discurso de izquierda y aceptaron el liderazgo de
Perón. A su vez, estos grupos constituyeron la llamada “Nueva Oposición”,
definida no por su coherencia en el ámbito de las ideas, sino por su hostilidad
hacia todo el sistema -y particularmente hacia la política económica liberal
que impulsó el gobierno de Onganía-. Esta “Nueva Oposición” hizo sentir
toda su virulencia en el levantamiento de Córdoba en mayo de 1969. (57)
Pero
la lista de disidencias respecto de la gestión de Krieger Vasena en Economía
no estaría completa si no agregáramos a ella una figura que, paradójicamente,
provenía del riñón mismo de la corriente liberal: el embajador en Estados
Unidos Alvaro Alsogaray. Alsogaray tuvo un rol protagónico en el desgaste y
posterior desplazamiento de Salimei de la cartera económica en diciembre de
1966. Ciertas concesiones de Krieger Vasena a Onganía y a los sectores
nacionalistas reflejadas en las abultadas cifras del presupuesto para el año
1968, presentadas a fines de 1967 y que fueron elogiadas por los miembros del
Ateneo de la República, dieron al grupo alsogaraísta la excusa necesaria para
elaborar un memorándum que contenía fuertes críticas a la política económica.
(58)
Dicha
postura tenía también relación con el desacuerdo de Onganía y Krieger Vasena
con la sanción de una ley sobre garantía de inversiones, idea que impulsaba el
grupo del embajador Alsogaray. El 31 de enero de 1968, durante el almuerzo anual
de la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio en Nueva York, el embajador
Alsogaray atacó la tendencia de los países en desarrollo a financiar
“hiper-burocracias” que “despilfarran” los recursos nacionales,
incluyendo en esta categoría de países a la Argentina. En una abierta crítica
a los sectores nacionalistas y al mismo gobierno de Onganía, Alsogaray llamaba
a éste a adoptar una solución de fondo, que desde su perspectiva liberal
consistía en limitar la burocracia, incrementar el comercio internacional y las
inversiones privadas. (59)
Por
su parte, el comandante en jefe del Ejército, teniente general Julio Alsogaray,
había intentado pronunciar el 29 de mayo de 1967 -Día del Ejército- un
discurso opositor a lo que percibía como la tendencia corporativa que dominaba
al gobierno de Onganía. La rápida reacción del presidente lo había evitado.
(60) No obstante, el general Alsogaray volvió a criticar hacia marzo de 1968
las “tendencias corporativas” en el Ministerio del Interior y en la
Presidencia. A pesar de que a fines de abril tanto el presidente Onganía como
su ministro del Interior Borda proclamaron a viva voz su ataque al
corporativismo, el general Alsogaray mantuvo su actitud crítica hacia Onganía.
Buscó y encontró aliados en la CGT de Raimundo Ongaro -opuesta a la CGT de
Vandor, cercana al gobierno-, en los radicales del Pueblo, en
algunos peronistas y algunos militares retirados. El 1º de mayo de 1968
la CGT ongarista encabezó una serie de disturbios en contra de la política
oficial. En ese mismo mes, los hermanos Alsogaray reanudaron la ofensiva contra
los sectores nacionalistas del gobierno. El 5, el general Julio Alsogaray
reprochó, durante una reunión que mantuvo con Onganía, la conducta
“corporativa” y “anti-liberal” del ministro del Interior Borda, quien el
24 de abril había elogiado la “participación comunitaria”. En otra reunión
de la Junta de Comandantes en Jefe sugirió la revisión de la política oficial
e incluso el reemplazo del presidente.
En
el interín, el embajador Alsogaray reunió viejos apuntes que tituló “Bases
para la Acción Política Futura” y los envió a sus partidarios en Buenos
Aires, exhortándolos a formar un partido y presionar por la vuelta a la
democracia representativa. No conforme con ello, el embajador partió hacia
Buenos Aires y efectuó declaraciones atacando la política de Borda como
corporativa y la gestión de Onganía como carente de un plan político claro y
con una política económica lenta e ineficaz. El 14 de agosto, el almirante
Isaac Rojas se unía a esta ofensiva encabezada por Alsogaray, censurando al
gobierno por la ausencia de un plan que condujese a la salida electoral. Como
broche de oro, el 23 de agosto, el general Julio Alsogaray propuso ante sus
mandos la destitución del presidente Onganía, basándose en la “manifiesta
incapacidad” del primer mandatario “para cumplir el mandato que le fue
otorgado el 28 de junio de 1966”, de acuerdo con lo establecido en el artículo
10º del Acta de la Revolución Argentina, que facultaba a los comandantes en
jefe a designar reemplazante del presidente en caso de muerte o incapacidad del
mismo. (61)
Ante
el respaldo militar recibido por Onganía, los Alsogaray se encontraron
aislados. El 20 de agosto, el presidente Onganía comunicó al general Alsogaray
su relevo. También fueron relevados los comandantes de la armada, almirante
Benigno Varela, y de la fuerza aérea, brigadier Teodoro Alvarez. Sus
reemplazantes fueron el general Alejandro Agustín Lanusse, el almirante Pedro
Gnavi y el brigadier Jorge Miguel Martínez Zuviría, respectivamente. Por su
parte, Alvaro Alsogaray renunció a su cargo de embajador argentino en los
Estados Unidos a fines de octubre de 1968 y se distanció definitivamente del
proceso de la Revolución Argentina. (62)
Por
cierto, el creciente rechazo de los distintos sectores de la sociedad argentina
al plan económico y al régimen de Onganía estuvo inserto en un contexto
internacional caracterizado también por un estado de descontento global hacia
las diferentes formas de opresión a los pueblos, que se dio en llamar la
“primavera de los pueblos”. (63) Ejemplos de esta primavera fueron la
llamada primavera de Praga, el Mayo francés, los motines de la ciudad de
Washington a raíz del asesinato de Martin Luther King, Jr., y las
demostraciones antibélicas en Estados Unidos, con la emergencia del
“Movimiento por la Paz”, que instó al gobierno norteamericano a salir de la
guerra de Vietnam a cualquier precio.
La
oposición a la gestión económica de Krieger Vasena se evidenció asimismo en
una serie de levantamientos populares producidos en mayo de 1969 en distintos
puntos del país: atentados terroristas en el barrio de Belgrano, en la Estación
Retiro de la Capital Federal y en la ciudad de La Plata, paros gremiales en las
ciudades de Córdoba y Resistencia, movimientos estudiantiles en las de
Corrientes, Rosario, Santa Fe y La Plata. Estos disturbios de grupos
terroristas, gremiales y estudiantiles, llegaron a su clímax en Córdoba con el
estallido obrero-estudiantil del “Cordobazo”, el 29 de mayo, que muchos
autores señalan como el principio del fin del régimen. El descontento general
imperante incluyó a las fuerzas armadas, las cuales a partir del estallido de Córdoba
rompieron la “prescindencia” que habían pactado con Onganía y comenzaron a
reclamar su participación en las decisiones gubernamentales. (64)
El
Cordobazo dividió al Ejército. Mientras el presidente Onganía interpretó
ciegamente el levantamiento de Córdoba como resultado de “una fuerza
extremista organizada para el estallido de la insurrección urbana” y adoptó
medidas tendientes a reprimir las actividades comunistas, el entonces comandante
del ejército, general Lanusse, sostuvo ante el propio Onganía en el Colegio
Militar que “nuestra institución no está hecha para la represión
indiscriminada sino para facilitar la paz”, y encabezó un grupo partidario de
abrir el juego y promover, a través de un plan político gradual, el retorno
del gobierno constitucional en la Argentina. (65)
Tal
vez la consecuencia más importante del Cordobazo fuera la creencia generalizada
en la violencia como un medio eficaz para obtener objetivos políticos. A partir
del levantamiento de Córdoba, guerrilleros, antiguerrilleros, dirigentes
sindicales, miembros del aparato de Estado y no pocos intelectuales apostaron a
la violencia como método sistemático al servicio de una “causa justa” -la
revolución- que justificaba cualquier exceso. Esta tendencia se evidenció al
poco tiempo del estallido del Cordobazo, con el asesinato del dirigente
sindicalista Augusto Vandor en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica el 30 de
junio de 1969. (66)
Como
consecuencia del levantamiento de Córdoba del 29 de mayo de 1969, se produjo la
reestructuración del gabinete ministerial. El 5 de junio, Krieger Vasena
renunció a su cargo de ministro de Economía; fue reemplazado el 11 por el ex
ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y presidente ejecutivo del
CONADE, José María Dagnino Pastore. El general Francisco A. Imaz ocupó la
cartera del Interior que dejó vacante Guillermo Borda y el contador Juan
Benedicto Martín pasó a ser el nuevo canciller en reemplazo de Costa Méndez.
Si bien en gran medida estos cambios fueron provocados por la reacción de los
nacionalistas y de diversos sectores sociales a la política económica liberal
de Krieger Vasena y a la figura del ministro Borda, lo cierto fue que los
sectores liberales no perdieron poder con el recambio ministerial. Dagnino
Pastore siguió por la senda liberal e Imaz declaró como Borda su intención de
dialogar “con todos los sectores de la comunidad”. El estallido de un nuevo
levantamiento popular en la ciudad de Rosario, en septiembre de 1969, demostró
que el presidente Onganía y muchos integrantes de su gobierno estaban
profundamente equivocados respecto de su diagnóstico de las causas de la tensión
social. A pesar del evidente impacto interno de levantamientos como el Cordobazo
y luego el Rosariazo, en una conferencia de prensa, Imaz negó la alternativa de
una pronta apertura del régimen, sosteniendo que “hasta que no se logren
definitivamente los objetivos de la Revolución Argentina no habrá desemboque
político”, y afirmando que no estaban dadas las condiciones y la tranquilidad
necesarias para levantar el estado de sitio. (67)
Por su parte,
tras la segunda reestructuración ministerial de junio de 1969, el sucesor de
Costa Méndez, Juan Benedicto Martín, continuó con el sesgo de occidentalismo
heterodoxo que su antecesor evidenciara en la gira europea de abril del
mismo año. En enero de 1970, durante una comida que celebrara en su honor la
Asociación de Prensa Extranjera, Martín
manifestó que “la política exterior argentina es una política
nacional, independiente, realista y abierta a distintos niveles de colaboración
con los países integrantes del sistema internacional”. Señaló también que
la Argentina había tenido siempre “vocación universal” y que su gobierno
estaba dispuesto a “mantener vinculaciones económicas o científico-tecnológicas
también con países extracontinentales de otro signo ideológico, sobre la base
del respeto recíproco y de la exclusión de toda interferencia política(...)”.
(68) Incluso el canciller Martín anunció, hacia fines de abril de 1970, la
participación argentina como observador en el Movimiento de Países No
Alineados, en la Conferencia de Lusaka. (69)
En
lo que respecta al ámbito subregional de la política exterior, la preocupación
del gobierno argentino por lo que los sectores nacionalistas consideraban
“avances brasileños” en la Cuenca del Plata llevó a la administración de
Onganía a crear, por la ley de Ministerios Nº 18.416, la Secretaría de Estado
de Recursos Hídricos, y a poner bajo su jurisdicción la Comisión Nacional de
la Cuenca del Plata
La transferencia de dicha Comisión de la Cancillería a la Secretaría
de Recursos Hídricos, una “movida” de los sectores nacionalistas, fue
criticada por los medios liberales como La Nación, que entendían que la
primera debía depender del Palacio San Martín. (70) El titular de dicha
secretaría, Guillermo J. Cano, justificó esta transferencia en razón de que
“el 83 por ciento de nuestras aguas son internacionales y a la vez nacionales,
lo que fuerza a integrar nuestra política fluvial internacional con la política
hídrica interna, que constituye la principal responsabilidad del organismo”.
(71)
Pero
Onganía no tendría oportunidad de tomar muchas más decisiones. El 28 de abril
de 1970 el comandante en jefe del ejército Lanusse envió un memorándum al
presidente Onganía, expresando las inquietudes de los altos mandos del ejército.
Presentaba un tono crítico del cuadro general de la situación argentina, y señalaba
el fracaso de la política económica, cuyos resultados se traducían en “la
quiebra de la paz social, el quebrantamiento de la pequeña y mediana industria;
la desnacionalización de empresas netamente argentinas; el sometimiento del país
a intereses financieros extranjeros; la crisis de la empresa agraria y el
estancamiento del desarrollo del país”. El memorándum mencionaba también la
“orientación antinacional en el campo económico, que no deja de impactar a
grandes sectores de la opinión”. (72)
Un
mes más tarde, el 27 de mayo de 1970 en Olivos tuvo lugar una reunión de los
altos mandos del ejército con el presidente Onganía, que fue calificada por el
comandante en jefe del ejército Lanusse, como “una gran catástrofe
nacional”. En esta reunión, las sospechas de corporativismo que recaían
sobre el gobierno de Onganía parecieron quedar confirmadas por su énfasis en
dibujar nuevos organigramas y cuadros de ordenamiento administrativo. Asimismo,
la afirmación del presidente respecto de que necesitaba 10 o 20 años para
cumplir el plan político confirmó las sospechas de
los generales Lanusse, Eleodoro Sánchez Lahoz y Alcides López Aufranc
de que Onganía tenía un pensamiento “corporativo fósil” alejado de la
realidad, que quería perpetuarse en el poder y no deseaba el retorno a la
democracia. (73)
Finalmente,
se produjo el secuestro del ex presidente general Pedro Eugenio Aramburu por
Montoneros el 29 de mayo de 1970, el mismo día en que el comandante en jefe del
ejército Lanusse pronunció el usual discurso en el día de su arma, con un
tono inequívocamente crítico hacia la gestión de Onganía, ya que al
referirse a los fines del proceso revolucionario, enfatizó “la oportuna
restitución a la ciudadanía del ejercicio pleno de sus derechos”. (74)
Por
cierto, el secuestro -y posterior asesinato- del ex presidente general Aramburu
tuvo un profundo sentido político: Aramburu era visto por una parte
considerable del ejército como un posible presidente constitucional que además
contaría con el apoyo de los sectores peronistas, con quienes
Tras
el secuestro de Aramburu, los acontecimientos se precipitaron rápidamente. El 2
de junio, el gobierno implantó la pena de muerte para los actos terroristas y
secuestros de personas. Al día siguiente, en reclamo de mejoras salariales, los
obreros cordobeses ocuparon por la fuerza varias plantas de empresas
automotrices y privaron de la libertad a directivos, capataces y personal jerárquico.
En este contexto de creciente descontento, el día 5 se reunieron los
integrantes de la Junta de Comandantes en Jefe, y el 6 el teniente general
Lanusse se reunió con altos jefes del ejército en Campo de Mayo. El 8 de junio
Lanusse emitió un comunicado, afirmando que el ejército no seguiría
extendiendo un “cheque en blanco” al gobierno, hecho que provocó su relevo
por el presidente Onganía y que Lanusse se negó a aceptar. (76) Quedó así en
evidencia que Onganía ya no tenía más poder sobre las fuerzas armadas. La
Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el teniente general Lanusse, el
almirante Pedro Gnavi y el brigadier general Carlos Alberto Rey resolvió su
destitución y asumió el mando.
La
Junta de Comandantes en Jefe designó como nuevo presidente al representante
argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, general Marcelo Levingston.
La heterogénea composición del gabinete del nuevo mandatario reflejó, una vez
más, la conflictiva convivencia entre las tendencias nacionalista y liberal que
caracterizó al ciclo militar iniciado con el golpe de junio de 1966. Mientras
la designación de Carlos Moyano Llerena en Economía -hasta diciembre de 1970-
demostró un sesgo favorable a los liberales, los nombramientos de Aldo Ferrer
en el Ministerio de Obras Públicas y luego -a partir de diciembre de 1970- en
el de Economía; del brigadier Arturo Cordón Aguirre en el de Interior y del
general Juan Enrique Guglialmelli al frente del CONADE evidenciaron también la
presencia de los nacionalistas-desarrollistas. (77) Por su parte, fue designado
como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Luis María de Pablo Pardo,
una figura “intermedia” entre las corrientes nacionalista y liberal. (78)
Tras
el rechazo de la CGT, de la CGE y de los nacionalistas al plan de Moyano
Llerena, una nueva versión del plan estabilizador de Krieger Vasena, la
titularidad de Economía pasó en octubre de 1970 al economista de tendencia
cepalina Aldo Ferrer. El ascenso de Ferrer, ex funcionario de la administración
desarrollista de Arturo Frondizi, significó una victoria de los nacionalistas y
demostró la disposición de los primeros a atender los reclamos de los sectores
militares y de los empresarios pequeños y medianos en favor de una
flexibilización de la política económica. (79)
Pero
las medidas económicas adoptadas por Ferrer -un plan de expansión del crédito,
la suspensión del impuesto a la exportación de carnes que tanta resistencia
provocara en los productores rurales durante el gobierno de Onganía, las
restricciones a las importaciones para proteger la industria nacional, e incluso
un plan de “argentinización” de la economía- tuvieron un alcance limitado,
pues fueron socavadas tanto por la oposición de los sectores liberales como por
el escaso crédito político con que contaba Levingston. (80)
Además,
el segundo presidente de la Revolución Argentina adoptó actitudes
contradictorias, que no terminaron por convencer a ninguna de las facciones en
pugna. Los intentos aperturistas del gobierno por conformar una base política
con elementos neoperonistas de las provincias del Interior y dirigentes
intermedios de origen desarrollista quedaron oscurecidos por su renuencia a
fijar un plazo para las elecciones y a dialogar con la coalición de fuerzas políticas
conocida como “La Hora del Pueblo”. Además, el rechazo de Illia y Onganía
al intento presidencial de reunirse con los ex presidentes, los ataques de
Levingston a “La Hora del Pueblo” y su actitud dubitativa frente a la
apertura política y a la política económica le quitaron el escaso margen de
poder que tenía. (81)
Mientras
tanto, la violencia continuó incrementándose, y a fines de agosto de 1970 José
Alonso -representante como Vandor de la postura moderada dentro del
sindicalismo- fue asesinado. Un comunicado justificó el asesinato en términos
similares al de Vandor un año atrás, sosteniendo que “una unidad de
montoneros había dado su merecido al líder obrero por haber traicionado a la
patria, la clase trabajadora y el movimiento peronista”. El asesinato de
Alonso horrorizó a los peronistas moderados y fue un ejemplo de lo riesgosa que
era la estrategia de Perón de alentar a la lucha a las “formaciones
especiales” como Montoneros para derrumbar al régimen militar. (82)
En
marzo de 1971, Levingston debió sufrir en carne propia una repetición del
Cordobazo, que se denominó el “Viborazo”. En dicha fecha, el presidente
relevó al gobernador de Córdoba, y lo reemplazó por un conservador, José
Camilo Uriburu, quien en su primer discurso calificó a los cordobeses de
“extremistas” y amenazó con cortar de un tajo “la víbora de cien
cabezas” que representaba la subversión. Los cordobeses reaccionaron con una
proliferación de carteles, afiches y volantes con la figura de una víbora,
convertida en símbolo popular. Tras esta manifestación masiva de repudio, el
gobernador de Córdoba fue desplazado de su cargo. (83)
Por
cierto, el general Levingston nunca pudo superar su situación vulnerable, por
lo cual la Junta de Comandantes decidió su destitución. El 26 de marzo de
1971, el teniente general Lanusse asumió el poder presidencial sin dejar de ser
comandante en jefe del ejército. De este modo, se terminó la dualidad
presidente de la nación-comandante en jefe del ejército que había
caracterizado las gestiones de Onganía y Levingston. Asimismo, el tercer
presidente de la Revolución Argentina, a diferencia de sus dos antecesores,
asumió el expreso compromiso de restaurar el gobierno constitucional.
De
acuerdo con este compromiso, Lanusse intentó abrir el juego a los partidos políticos,
incluyendo al entonces proscripto peronismo. Esta actitud de apertura se
evidenció en el nombramiento del radical Arturo Mor Roig en el Ministerio del
Interior, gestor del “Gran Acuerdo Nacional” (GAN). (84) Otro indicio de
esta voluntad aperturista fue la sanción y promulgación de la ley Orgánica de
los Partidos Políticos, el 30 de junio de 1971, que dejaba abierta la puerta no
sólo a la restauración de los viejos partidos políticos sino a la conformación
de otros nuevos -por ejemplo, los casos de Nueva Fuerza liderado por los
Alsogaray, y la Alianza Federal de Francisco Manrique-. Por último, Lanusse
inició negociaciones con el líder proscripto del peronismo, a través de su
propio enviado personal, el coronel Francisco Cornicelli. Pero Perón jugó una
estrategia pendular, entre el enfrentamiento con Lanusse y el GAN, y la aparente
negociación con el régimen militar. Dicha estrategia, aunada a las numerosas
dificultades internas del gobierno de Lanusse, redujo el margen de negociación
del tercer y último gobierno de la Revolución Argentina. (85)
El
gobierno de Lanusse heredó además el grave problema de la violencia
guerrillera. Durante su etapa se sucedieron una serie de atentados, entre los
que podemos mencionar el asesinato del dirigente de FIAT, Oberdan Sallustro, el
10 de abril de 1972. También el choque entre nacionalistas conservadores y
progresistas en el seno mismo del gobierno y de las fuerzas armadas condicionó
severamente el proyecto del GAN. El mismo fue criticado por muchos oficiales de
los cuadros medios e inferiores, quienes, saliendo del ostracismo político que
habían pactado durante los años de Onganía, sostuvieron que las fuerzas
armadas habían adquirido un compromiso ante la sociedad en 1966 y que no podían
dejar el camino libre a los mismos partidos tradicionales que habían
evidenciado su fracaso en el período anterior al golpe de junio de 1966. Un
referente de la ortodoxia nacionalista fue el contraalmirante Carlos Sánchez Sañudo,
quien, en una disertación efectuada a principios de julio de 1971, criticó
tanto el GAN como la política económica del gobierno de Lanusse. (86)
También
atacaron la propuesta del GAN los desarrollistas. En abril de 1971, el ex
secretario del CONADE, general Juan Enrique Guglialmelli, publicó un duro
documento contra el gobierno de Lanusse. (87) Durante una conferencia que
pronunciara en 1972, Guglialmelli hizo una evaluación de la Revolución
Argentina, donde fustigó la “contrarrevolución” de los sectores liberales,
que logró “aislar” el proceso revolucionario del respaldo de amplios
sectores de la sociedad argentina. Asimismo, criticó la propuesta de apertura
política del gobierno de Lanusse. (88)
Otro
factor que puso serios obstáculos al GAN fue la dura posición de Perón, quien
no titubeó en alentar a las “formaciones especiales”, grupos juveniles de
izquierda, tales como Montoneros y la Juventud Peronista, con el fin de
debilitar al régimen militar y maximizar sus chances de regreso. Aprisionado
entre las críticas de los sectores nacionalistas y la hostilidad de Perón,
Lanusse mantuvo su compromiso de retorno a la democracia representativa pero
excluyó de la participación en las urnas al recalcitrante líder justicialista
en febrero de 1973. (89)
Para
evitar el descontento hacia la política económica que habían sufrido sus
antecesores, Lanusse rompió la homogeneidad tecnocrática que había
caracterizado a la conducción económica, y la reemplazó por un esquema de
fragmentación de dicha conducción, donde el Banco Central se entregaría al establishment
financiero; el área de Industria, a un equipo proteccionista favorable a la
expansión de las manufacturas; el Ministerio de Trabajo, a figuras permeables a
los reclamos de la CGT; el de Agricultura, a un portavoz de los intereses
rurales; y el de Obras y Servicios Públicos, a un buen administrador de las
empresas del Estado. Pero esta estrategia de apertura y “flexibilización”
del gabinete económico, lejos de lograr un apaciguamiento en la pugna entre
liberales y nacionalistas-desarrollistas en el seno del gobierno, la incrementó,
a medida que el mismo proceso de la Revolución Argentina se iba desgastando.
(90)
Por
otra parte, Sánchez Sorondo y otros nacionalistas venían gestando una campaña
destinada a la conformación de un movimiento de masas bajo un liderazgo militar
de signo anti-liberal. Uno de los ecos de esta campaña fue la abortada rebelión
militar de mayo de 1971 conducida por el general de brigada (RE) Eduardo Labanca
en contra del entonces flamante gobierno del general Lanusse. Alrededor del día
12 de mayo de 1971, el general Labanca gestó un complot contra el gobierno de
Lanusse en el cual estuvieron implicados importantes jefes y oficiales en
actividad y retirados -entre ellos el ex presidente general Juan Carlos Onganía-,
así como sectores civiles. El primer paso de este complot fue la circulación
en organismos militares de un documento sumamente crítico hacia la gestión del
gobierno, sosteniendo que con el teniente general Lanusse accedía al poder
“todo aquello que la Revolución Argentina intentó eliminar: las viejas
estructuras políticas clasistas, los mismos viejos y gastados políticos y la
misma línea económica liberal”. (91) Finalmente, el complot militar gestado
por Labanca fue abortado y como resultado, el comandante en jefe del ejército
ordenó el paso a retiro obligatorio de siete coroneles implicados en el
levantamiento. (92)
Pero
la oposición de Labanca y su grupo no fue un ejemplo aislado de la oposición
nacionalista a la gestión de Lanusse. La intención del gobierno de abrir el
juego a los partidos políticos, y superar la proscripción que pesaba sobre el
peronismo desde 1955, pregonada por el propio presidente en su discurso en San
Nicolás el 31 de mayo de 1972, fue enérgicamente rechazada por el grupo
llamado Concentración Cívica, integrado por el ex almirante Isaac Rojas y
presidido por el almirante (RE) Carlos Sánchez Sañudo. Este grupo, de
orientación nacionalista conservadora, entre fines de mayo y principios de
junio de 1972, emitió una declaración calificando la proscripción del
peronismo como una inevitable “profilaxis cívica”. (93)
Por
cierto, un claro indicio de la existencia de sectores del ámbito castrense
resistentes a la apertura política fue la enérgica reafirmación del
presidente Lanusse de su promesa de retorno a la vida electoral a tan sólo 20 días
de la fecha de entrega de la banda presidencial al candidato triunfante del
FREJULI, Héctor J. Cámpora. Así, el 5 de mayo de 1973, y ante el batallón de
Comunicaciones 121 de la localidad de San Lorenzo, Lanusse dirigió un explícito
mensaje a aquellos sectores renuentes a la normalización institucional. (94)
Estas
expresiones de Lanusse vinieron a poner punto final al tenso clima provocado,
pocos días antes, por las declaraciones del comandante de la aviación naval,
almirante Horacio Alberto Mayorga, efectuadas el 2 de mayo de 1973 ante los
periodistas en la localidad de Punta Indio. Al ser interrogado sobre la situación
interna generada a partir del asesinato del almirante Hermes Quijada por la
guerrilla, Mayorga disparó una serie de críticas dirigidas a Perón y a los
dirigentes justicialistas, anticipando sombríos presagios sobre la situación
del país a partir del 25 de mayo. Las afirmaciones de Mayorga causaron
desagrado en los dirigentes del FREJULI, a pesar de una posterior referencia del
polémico almirante a “tergiversaciones” por parte de la prensa, y obligaron
al presidente Lanusse a refirmar su compromiso con el retorno a la democracia
representativa. (95)
Por
otra parte, Lanusse intentó utilizar la política exterior como una válvula de
escape, sosteniendo la tesis del “pluralismo ideológico” y la defensa de la
no intervención en los países de la región. El propio Lanusse justificaba
este cambio en los siguientes términos:
“(...)
Una estrategia sostenida, integral, necesitaba también de una estrategia
precisa en el marco de la política exterior y de una precisa articulación
entre ésta y la dirección que habíamos tomado en el plano interno. En varios
países vecinos existían entonces gobiernos militares de tipo
nacionalista-izquierdista o gobiernos civiles socialistas (Chile). En el Cono
Sur, nuestras fronteras también nos unían con el Brasil, donde un régimen
militar anticomunista se aislaba respecto a las experiencias más dinámicas de
entonces.
La
primera etapa de la Revolución Argentina se había caracterizado por un
anticomunismo un poco supersticioso, un poco temeroso y conservador,
modestamente eficaz en sus objetivos. La falta de éxito de la ley anticomunista
se había medido, por ejemplo, en el crecimiento de fuertes líneas ideológicas
subversivas, que no existían antes en la República. Era importante generar la
imagen de una política independiente, sin prejuicios, sin barreras ideológicas,
y capaz de ser apoyada por el grueso de la población. Era importante devolver
el orgullo nacional a los argentinos; era importante que el país levantara la
bandera de no intervención en los asuntos internos de otro. (96)
Este
“giro” hacia el pluralismo ideológico fue recibido por los sectores
nacionalistas con reacciones muy dispares. Algunos de ellos, como el caso de los
editorialistas del periódico católico Criterio, adhirieron al mismo sin
reservas. (97) Otros sectores nacionalistas, como el grupo ultraconservador,
antiperonista y anticomunista “Concentración Cívica en Pro de la República”,
liderado por el almirante (RE) Carlos Sánchez Sañudo, se colocaron en el otro
extremo, criticando el “pluralismo ideológico” y sosteniendo la necesidad
de mantener las “barreras ideológicas”. (98)
Por
su parte, los nacionalistas “desarrollistas”, percibieron el
“giro” efectuado por Lanusse y su canciller Luis María de Pablo
Pardo como ficticio y limitado, dados los condicionamientos impuestos por la
falta de estabilidad económica, social y política interna. Por ejemplo, el
abogado frondizista Enrique Vera Villalobos criticó la política
exterior de de Pablo Pardo de “apertura al Pacífico” como respuesta al
“expansionismo atlántico brasileño” o “diplomacia del kilowat”,
sosteniendo que la Argentina debía ejecutar en primer lugar una política de enérgico
desarrollo económico, social y cultural a fin de alcanzar la integración
geo-económica del país. Una vez que lograra descontar una parte de la ventaja
que le llevaba Brasil, la Argentina debería reconstruir el esquema de
Uruguayana, pues volvía a percibirse con claridad la conveniencia del
entendimiento argentino-brasileño. No obstante, para alcanzar esto, Brasil debía
renunciar a su expansionismo, a la doctrina de las fronteras ideológicas y al
papel de país clave que le había adjudicado Estados Unidos. (99)
Por
cierto, la política exterior del que fue el tercer y último gobierno de la
Revolución Argentina no estuvo exenta de contradicciones, producto de la puja
entre liberales y nacionalistas. Como le ocurriese en su momento a Onganía y a
Levingston, Lanusse deambuló entre estas dos corrientes. En la política
interna fue un indudable partidario de la apertura política, pero la inclusión
de Perón y del peronismo en este esquema de apertura irritaba a muchos
militares nacionalistas. Su propio canciller, Luis María de Pablo Pardo, se
opuso a la salida electoral que pregonaba Lanusse, se mantuvo prescindente en
las negociaciones del gobierno con el líder justicialista y prefirió la línea
económica liberal rechazada por el presidente. En política exterior, Lanusse
proclamó a los cuatro vientos el “pluralismo ideológico”, pero en la práctica
limitó este criterio a los países de América latina, pues puso objeciones al
reconocimiento de China comunista, impulsado por el canciller de Pablo Pardo.
(100) Estos disensos llevaron a Lanusse a pedirle la renuncia a de Pablo Pardo,
sustituyéndolo por el brigadier (RE) Eduardo Mc Loughlin. No obstante, poco
pudieron hacer estos cambios para revitalizar un proceso militar que había
entrado en agonía a partir del Cordobazo.
NOTAS
Acta
de la Revolución Argentina, cit. en Osiris G. Villegas, Políticas y
estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional. “Enfoques y
temas”, Buenos Aires, Círculo Militar, 1969, pp. 309-310; en Gerardo
Bra, El gobierno de Onganía. Crónica, Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1985, Apéndice documental, pp. 121-122, y en Gregorio
Selser, El onganiato (1). La espada y el hisopo, Buenos Aires, Hyspamérica,
1986, Apéndice II, p. 323. Respecto de la debilidad del sistema de partidos
políticos véase Rubén M. Perina, Onganía, Levingston, Lanusse. Los
militares en la política argentina, Buenos Aires, Ed. de Belgrano,
1983, pp. 76-80. La crítica al funcionamiento de la partidocracia liberal
aparece explícita en el llamado “Mensaje de la Junta Revolucionaria al
Pueblo Argentino” del 28 de junio de 1966, que sostiene:
(...)
La transformación y la modernización son los términos concretos de una fórmula
de bienestar que reconoce como presupuesto básico, y primero, la unidad de
los argentinos. Para ello era indispensable eliminar la falacia de una
legalidad formal y estéril bajo cuyo amparo se ejecutó una política de
división y enfrentamiento que hizo ilusoria la posibilidad del esfuerzo
conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte que las Fuerzas Armadas, más
que sustituir un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y
conducción antes de que decaiga para siempre la dignidad argentina (...).
Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino, Buenos Aires, 28 de junio de 1966, citado en Osiris G. Villegas, op. cit., Anexo 1 del Acta de la Revolución Argentina, p. 316, y G. Bra, op. cit., Apéndice documental, Anexo 1, pp. 125-126. Ver también este mismo texto en La Nación, 29 de junio de 1966, pp. 1 y 8; “Mensaje al Pueblo de la República”, Clarín, 29 de junio de 1966, p. 3, y “Al pueblo argentino”, en G. Selser, op. cit., Apéndice 1, p. 321.
Ver Objetivos políticos (Fines de la Revolución), Anexo 3 del Acta de la Revolución Argentina, Objetivo general, citado en O.G. Villegas, op. cit., p. 322; y en G. Selser, op. cit., Apéndice IV, p. 331. Los objetivos estructurales, de carácter fundacional, aparecen en el Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino, citado en O.G. Villegas, op. cit., Anexo 1, p. 315; G. Bra, op. cit., Apéndice documental, Anexo 1, p. 125; y en R.M. Perina, op. cit., p. 165. Ver también “Mensaje al Pueblo de la República”, Clarín, 29 de junio de 1966, p. 3 y “Al pueblo argentino”, en G. Selser, op. cit., Apéndice 1, p. 320. Ver asimismo Alain Rouquié, “Hegemonía militar, estado y dominación social”, en Alain Rouquié (compilador), Argentina, hoy, Buenos Aires, Siglo XXI, 1982, p. 19.
Las diferencias entre “azules” y “colorados”se pueden ver en Gustavo Gabriel Levene, Historia de los presidentes argentinos, segunda parte, Barcelona, Sánchez Teruelo, 1980, p. 361; David Rock, La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina/Ariel, 1993, pp. 202-204; Félix Luna, Argentina: de Perón a Lanusse 1943-1973, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta, 1984, pp. 148-156; y Miguel Angel Scenna, Los militares, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1980, pp. 297-299.
Si bien en la ceremonia de juramento del general Juan Carlos Onganía hubo una presencia mayoritaria de oficiales superiores de las fuerzas armadas, también se registró una importante participación civil en señal de apoyo a la nueva gestión, destacándose la presencia de personalidades vinculadas al ámbito empresario, rural y gremial. Entre las mismas podemos mencionar al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Faustino Fano, quien ofreció su colaboración al nuevo gobierno; al presidente de ACIEL, Jorge Oría; al presidente de la Confederación General Económica (CGE), José Ber Gelbard; y al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Horacio García Belsunce. Por su parte, los dirigentes sindicales se mostraron inicialmente esperanzados con Onganía y también participaron de su acto de juramento como presidente. Estuvieron en dicha ocasión el secretario de la CGT Francisco Prado, el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica Augusto Timoteo Vandor, el representante del sindicato del Vestido José Alonso, y el de Luz y Fuerza Juan José Taccone. Véase G. Bra, op. cit., pp. 9-10, y Sociedad Rural Argentina, Memoria. Año del centenario, 1866-1966, Buenos Aires, 1966, p. 81, fuente citada por Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, volumen II, p. 255.
El Ateneo de la República fue un club nacionalista, conformado en septiembre de 1962 por un grupo de ciudadanos que decidieron difundir su opinión sobre diversos problemas argentinos del momento (la estructura del Estado, la ubicación de la Argentina en el mundo, las relaciones entre la Iglesia y el poder civil, la educación, la organización agraria e industrial, la situación económica, etc.). Varios de los miembros del gabinete de Onganía pertenecían al Ateneo, tales los casos de Guillermo Antonio Borda, ministro del Interior; Mario Díaz Colodrero, secretario de gobierno; Nicanor Costa Méndez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Pedro E. Real, presidente del Banco Central; Mario Amadeo, embajador argentino en Brasil; Héctor Obligado, vocal de la Dirección Nacional de Migraciones; Máximo Etchecopar, director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación; Eduardo Roca, embajador argentino ante la OEA; y Basilio Serrano, delegado ante el GATT. Véase G. Selser, op. cit., p. 32. A su vez, los Cursillos de la Cristiandad eran una organización secreta católica de origen español, que apareció en la Argentina en 1950. Contaba no sólo con miembros eclesiásticos y del ámbito militar, sino también con adherentes civiles. Los Cursillos pretendían la cristianización del mundo, y se basaban en el antiguo modelo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse eran asistentes habituales a los Cursillos, así como muchos otros compañeros de armas e incluso miembros del gabinete de gobierno. Precisamente en uno de esos cursillos, organizado en una quinta eclesiástica en Pilar llamada La Montonera en mayo de 1966, Onganía y Lanusse se encontraron y cerraron los detalles del plan del golpe de junio de 1966. Véase Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo 1: 1966-1973, Buenos Aires, Norma, 1997, p. 57; “Atlántida: Historia secreta de la revolución”, agosto de 1966, cit. en G.G. Levene, op. cit., p. 364, y D. Rock, op. cit., p. 207 y p. 276, nota 25. Por último, el Opus Dei, una organización católica de origen español, fue fundada en la Argentina en 1939. Véase G. Selser, op. cit., pp. 24-25; D. Rock, op. cit., p. 207 y p. 276, nota 25; M.A. Scenna, op. cit., p. 300.
El
28 de junio de 1966, la mesa directiva del comité nacional del Movimiento
de Integración y Desarrollo (MID) cursó una nota a los presidentes de
comités de distrito en todo el país, donde sostiene:
(...)
Hace pocas horas las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del gobierno de la
República. Anticipamos reiteradamente que ello era consecuencia previsible,
pues no podía reclamarse el respeto a la legalidad por la legalidad misma.
Esta era un medio para alcanzar los objetivos que reclamaba la Nación, en
su proceso de evolución histórica, y era ese proceso que hacía a la
esencia misma del país, el que debía cumplirse.
Clarín, 29 de junio de 1966, p. 13, y G. Bra, op. cit., p. 119, nota 1.
La
actitud gremial de apoyo a Onganía fue compartida por los políticos
peronistas. Una declaración del Frente Argentino Justicialista (FAJ) del 28
de junio de 1966 sostiene al respecto:
(...)
La ciudadanía recibe con patriótica expectativa el fin de un gobierno de
frustración nacional (...) y confía en que ello significaría el cambio de
régimen que sea el comienzo del reencuentro definitivo del pueblo y sus
fuerzas armadas, cuyos objetivos irrenunciables son la grandeza de la Nación
y la felicidad del pueblo (...).
Declaración
del FAJ citada en Clarín, 29 de junio de 1966, p. 14. A su vez, la
Junta Metropolitana del Partido Justicialista, con las firmas de Paulino
Niembro, Miguel Unamuno, Nélida de Miguel, Dámaso Sierra y Nélida
Carreiro, sostuvo que la caída del gobierno de Illia se debió a un
“estado de cosas intolerable para el país” y que “la justificación
histórica de la revolución estará en el rompimiento de las estructuras
demoliberales, oligárquicas y antinacionales”. G. Bra, op. cit.,
p. 119, nota 1.
Por
su parte, el líder del movimiento, Juan D. Perón, mantuvo una actitud de
prudente apoyo al golpe. En un encuentro del líder justicialista con el
enviado especial de Primera Plana, Tomás Eloy Martínez, realizado
en la casa de Perón en Madrid unos pocos días después del golpe, el último
se refirió a Onganía en los siguientes términos:
(...)
Reconozco calidad a Onganía como hombre de mando en el Ejército. Si Onganía
se comportase en el terreno político como en el terreno militar, el país
podrá andar bien. Simpatizo con el movimiento militar porque el nuevo
gobierno puso coto a una situación catastrófica. Como argentino hubiera
apoyado a todo hombre que pusiera fin a la corrupción del Gobierno Illia
(...).
Entrevista de Tomás Eloy Martínez a Perón, citada en E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., p. 83, y en New York Times, 15 de julio de 1966, p. 9, fuentes citadas en Joseph A. Page, Perón. Una biografía, segunda parte (1952-1974), Buenos Aires, Javier Vergara, 1984, p. 177. Esta actitud de Perón se basó en parte en la buena reputación de Onganía como un “azul” constitucionalista, adquirida durante el conflicto de 1962 entre “azules” y “colorados”. Perón tardó tres meses en calificar al régimen militar de “gorila” y “reaccionario”. Page cita informes que sostienen que mucho antes de que sucediera el golpe de junio de 1966, Perón intercambió cartas con los generales golpistas y los alentó a seguir. Luego del golpe, Perón envió desde su exilio un mensaje grabado para sus seguidores donde sostenía que los nuevos gobernantes militares estaban haciendo declaraciones que eran acordes con los principios del peronismo y que, si éstos creaban un “gobierno popular”, él se vería obligado a apoyarlo. Opiniones de Perón en Entrevista con el correo, Buenos Aires, julio de 1980; Primera Plana, 5 y 12 de julio de 1966, cit. en J.A. Page, op. cit., pp. 176-177. Por su parte, The Economist del 9 de julio de 1966 explicó el respaldo inicial del peronismo al régimen de Onganía por el hecho de que “a pesar de todas sus diferencias, los militares y los peronistas están unidos en el rechazo del comunismo y de la democracia liberal parlamentaria”. Opinión de The Economist citada en “Vaticinios del exterior”, Primera Plana, Año IV, Nº 186, Buenos Aires, 19 al 25 de julio de 1966, p. 24. Ver también G. Bra, op. cit., pp. 9-10; Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 231; Richard Gillespie, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, pp. 91-92, nota 49, y Guillermo O’ Donnell, 1966-1973: El Estado burocrático-autoritario: Triunfos, derrotas y crisis, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982, p. 66.
En el caso de los partidos de izquierda, vale rescatar, simultáneamente, su condena al “golpe de estado reaccionario”, pero su ataque al gobierno de Illia. El partido Comunista censuró al gobierno surgido del golpe de junio de 1966 como “una dictadura militar pro yanqui”, pero recordó que el presidente Illia “no cumplió con sus promesas electorales, no llevó a cabo el programa democrático y popular que había prometido”. Por su parte, el órgano del partido Socialista Democrático La Vanguardia denunció los “inconfesables objetivos” del nuevo régimen militar, pero a la vez criticó al gobierno de Illia por confiar “en su suerte, en el tiempo, en el embajador de Estados Unidos, en el apoyo de Johnson, en el arzobispo Caggiano...”. Pero, además, el golpe de estado dividió a los intelectuales argentinos de la extrema izquierda. El partido Socialista de Izquierda Nacional dirigido por Jorge Abelardo Ramos y Enea Spilimbergo, provenientes del trotskismo, apoyaron a la Revolución Argentina como un posible primer paso hacia un “nasserismo” argentino. Este respaldo generó una viva polémica entre Ramos e Ismael Viñas, quien condenaba a la “dictadura militar clerical y reaccionaria”. Véase Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, op. cit., p. 254, cuyas fuentes son: “Otra vez el golpe de estado militar” (Declaración del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina), Nuestra Palabra, 6 de julio de 1966; y La Vanguardia, 5 y 13 de julio de 1966. Para la polémica entre Ramos y Viñas en relación al régimen de la Revolución Argentina, Rouquié remite a Ismael Viñas, “Dictadura y Tecnocracia”, Marcha, Montevideo, 13 de junio de 1966; y a Jorge Abelardo Ramos, “El ejército argentino y la teoría de Pavlov”, Marcha, 19 de agosto de 1966. Ibid., p. 256.
F. Luna, op. cit., p. 187.
Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino, Buenos Aires, 28 de junio de 1966, Anexo 1 del Acta de la Revolución Argentina, cit. en O.G. Villegas, op. cit., p. 314, y en G. Bra, op. cit., Apéndice documental, p. 124; “Reordenamiento metodológico de políticas”, Apéndice 2, Punto III: políticas nacionales, apartado C: En el ámbito de la política económica, cit. en O.G. Villegas, op. cit., pp. 334-335; “Políticas del gobierno nacional” (cursos de acción generales...), Sección C: En el ámbito de la política económica, cit. en G. Selser, op. cit., pp. 334-336.
El Dr. Néstor Jorge Salimei era un joven empresario, un directivo de Sasetru que se había enriquecido con operaciones financieras y con el comercio de oleaginosas, perteneciente al grupo Avellaneda-Banco de Boulogne. Católico practicante, Salimei había conocido a Onganía en los Cursillos de la Cristiandad y concurría frecuentemente al Instituto de Estudios Económicos y Sociales que servía de base política al ingeniero Alvaro Alsogaray, quien sería embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Onganía. Salimei y Alsogaray habían hecho negocios juntos en el ramo de la industria aceitera. Dada la oposición de Onganía a la candidatura de Alsogaray para cubrir la cartera económica, los alsogaraístas respaldaron la postulación de Salimei. Este contó también con el respaldo inicial de la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Económica, la Asociación para la Defensa de la Libre Empresa y la Sociedad Rural. Fue aceptado asimismo por la opinión pública, que temía un tercer ministerio de Alsogaray y veía en Salimei un joven triunfador y libre de ataduras con el pasado. Pero Salimei se rodeó de colaboradores surgidos de sus empresas o vinculaciones comerciales, y marginó a los seguidores de Alsogaray, con lo cual se privó a sí mismo del apoyo político a su gestión. No obstante su matriz liberal, Salimei proponía, a diferencia de Alsogaray, cierta intervención del Estado en materia económica. Véase al respecto “El primer equipo”, Primera Plana, Año IV, edición especial, Buenos Aires, 30 de junio de 1966, p. 8; Roberto Roth, Los años de Onganía. Relatos de un testigo, Buenos Aires, La Campana, 1981, pp. 49-51; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., p. 25, y G. Selser, op. cit., pp. 78-79.
El propio Juan Carlos Onganía justificó estas presencias “liberales” en su gabinete de gobierno en una entrevista que le efectuara Primera Plana años más tarde, cuando Onganía ya no formaba parte del gobierno: “(...) resolvimos designar en Economía a un hombre que no fuera conocido y elegimos a Salimei mientras mandábamos a Alsogaray al exterior para aprovechar sus relaciones internacionales (...) (Por su parte, Krieger Vasena) (...) Tenía prestigio internacional y entendí muy bien lo de la “estabilización”. Krieger Vasena formó parte de los directorios de por lo menos cuatro empresas norteamericanas del grupo National Lead Co. y fue representante de muchas empresas extranjeras. Su enorme prestigio en el mundo de los negocios fue un factor que llevó a Onganía a convocarlo como ministro de Economía. Krieger Vasena fue respaldado por los representantes de las grandes empresas industriales vinculadas al capital extranjero, nucleadas en UIA y ACIEL. El sector agropecuario, en cambio, representado en la Sociedad Rural Argentina y CARBAP, rechazó las retenciones a las exportaciones que el plan de Krieger estableció desde un principio. “Testimonios. Onganía rompe el silencio”, Primera Plana, Año IX, Nº 411, Buenos Aires, diciembre 15, 1970, p. 17, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., p. 103.
G. Bra, op. cit., pp. 13 y 29-30; “La política de EE.UU. defendió Alvaro Alsogaray”, La Prensa, 7 de marzo de 1968, p. 4.
Dadas las divergencias existentes entre sus miembros, la ALALC se enfrentó con serios obstáculos: las barreras comerciales no se levantaron tal como estaba planeado y tampoco se registró un suficiente estímulo industrial. Paralizada por la tensión entre libre comercio y planificación regional, a partir de 1968 la ALALC se estancó, situación que llevó a la creación del Pacto Andino en mayo de 1969, y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en agosto de 1980, tras la firma de un nuevo tratado de Montevideo, por los mismos miembros de la ALALC. Ver al respecto G. Pope Atkins, América Latina en el sistema político internacional, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, pp. 257-264. Ver también el artículo de Francisco Orrego Vicuña, “Dilemas en el Grupo Andino”, Estudios Internacionales, Nº 11, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, octubre-diciembre 1969, pp. 352-371.
Ver impulso de Mariano Grondona a la ALALC y a la idea de un liderazgo conjunto con Brasil en editoriales “Argentina y Brasil”, Primera Plana, Año IV, Nº 186, Buenos Aires, 19 al 25 de julio de 1966, p. 13; e “¿Integración o segregación?”, Primera Plana, Año V, Nº 208, Buenos Aires, 20 al 26 de diciembre de 1966, p. 11. También “Diplomacia. Un estreno complicado”, Primera Plana, Año IV, Nº 193, Buenos Aires, 6 al 12 de septiembre de 1966, p. 18.
El nacionalismo “ortodoxo” sería el denominado por Mariano Grondona como el “viejo” nacionalismo, que se caracterizaba, entre otros elementos, por la afirmación exacerbada de la identidad nacional a través de la adopción de hipótesis de conflicto regional en las relaciones con los países vecinos. Había surgido como “la contrapartida de la situación de irremediable periferia y de completo aislamiento que caracterizó a nuestras naciones hasta la segunda guerra mundial”. El “nuevo” nacionalismo apelaba a la integración regional como un medio de ampliar la soberanía nacional, de hacerla “real” frente a la soberanía “nominal” del “viejo” nacionalismo. Ver Mariano Grondona, La Argentina en el tiempo y en el mundo, Buenos Aires, Primera Plana, 1967, pp. 226-233.
El Mercado Común Andino o Grupo Andino fue fundado por los miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que no estaban conformes con su funcionamiento pero que a la vez no estaban dispuestos a renunciar a ésta ni a anular el tratado de Montevideo. Los gobiernos de Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú anunciaron en la Declaración de Bogotá de agosto de 1966 su común decisión de revitalizar la estancada ALALC, y seguir con el proyecto de formación de un mercado común, pero buscaron este objetivo a través de la industrialización planificada y no apostando al libre comercio como lo había hecho la ALALC. En mayo de 1969 estos países firmaron el llamado Acuerdo de Integración Subregional Andino, como puntapié inicial del Pacto Andino, que procuró la conformación de un área de libre comercio mediante el progresivo desmantelamiento arancelario entre sus miembros, a la vez que proyectaba programas de inversión y complementación económica para estimular el desarrollo industrial. Entre 1972 y 1976 el Grupo Andino atravesó serias dificultades, especialmente las divergencias entre sus miembros respecto de la “Decisión 24” del 1º de enero de 1971, que preveía reducciones en la participación del capital extranjero, reguladas en forma multilateral. Antes del golpe de 1973, Chile se opuso a una modificación radical de las regulaciones. Luego del golpe, adoptó políticas de libre comercio opuestas a las regulaciones del capital extranjero establecidas por el Grupo Andino, razón que determinó su alejamiento del Pacto Andino en 1976. Ver P. Atkins, op. cit., pp. 259-262, y F. Orrego Vicuña, op. cit., pp. 352-371.
Vale advertir que este concepto de “fronteras ideológicas” no era de exclusiva propiedad de los nacionalistas ortodoxos argentinos. También era utilizado por sus colegas brasileños. Así, en el contexto de una gira por diversos países latinoamericanos realizada en octubre de 1966, el canciller brasileño, general Juracy Magalhaes, definió claramente el alcance del término: “De un lado (...) están los comunistas, unidos en una línea a través de todos los países americanos; del otro, debemos unirnos todos los que nos oponemos a ese procedimiento político”. “Fronteras ideológicas”, La Nación, 13 de octubre de 1966, p. 3.
Véase el discurso del ministro del Interior Martínez Paz pronunciado en Salta, a fines de noviembre de 1966, “La Nación. Paralelismos peligrosos”, Confirmado, Año II, Nº 76, diciembre 1º de 1966, pp. 20-21.
Primera Plana, 12 de julio de 1966, fuente citada en D. Rock, op. cit., p. 208. En un discurso dirigido al país por radio y televisión a principios de septiembre de 1966, Martínez Paz defendió la política universitaria del gobierno e incluso justificó el uso de la fuerza. “Temas del país analizó el doctor Martínez Paz “, La Nación, (una selección de la semana), 12 de setiembre de 1966, p. 5. Vale aclarar que esta obsesión anticomunista no fue producto del delirio de unos pocos miembros aislados dentro del gobierno de Onganía o una inclinación que se pueda atribuir exclusivamente a los círculos militares argentinos. Diversos sectores de la sociedad la compartían, incluso dentro del ámbito universitario. A principios de julio de 1966, los representantes de una veintena de organizaciones estudiantiles -entre ellas el Frente Anticomunista de Odontología y el Sindicato Universitario de Derecho- pidieron audiencia al ministro del Interior Martínez Paz, para solicitarle “la destrucción de la estructura marxista de la Universidad, la expulsión de los profesores de esa ideología, la intervención a EUDEBA y el fin del gobierno tripartito”. Ver “Universidad. Una brecha en el muro”, Primera Plana, Año IV, Nº 285, Buenos Aires, 12 al 18 de julio de 1966, p. 20.
El Grupo Tacuara apareció a fines de 1957. Tacuara es el término que designa la lanza del gaucho, evidenciando las simpatías de este grupo hacia la corriente historiográfica revisionista. Este grupo estuvo constituido por estudiantes remanentes de las primeras organizaciones católicas, incluyendo algunas ramas de la Acción Católica. Originalmente procuraron conseguir la reinstauración de la enseñanza religiosa en las escuelas, pero a principios de la década de 1960 Tacuara se convirtió en una banda de violentos ultraderechistas, cuya filiación ideológica se ubicaba entre el nazismo alemán y el falangismo español, sin dejar de poner énfasis en sus vínculos con la Iglesia Católica. D. Rock, op. cit., p. 210. Véase también “Antisemitismo. La extraña vorágine”, Confirmado, Año II, Nº 60, agosto 11 de 1966, p. 19.
El
presidente sostuvo que
el
llamado a la colaboración, en esta nueva etapa de la vida nacional, alcanza
a todos los argentinos, sin distingos de credos o razas; personalmente, por
sus profundas convicciones de católico práctico y como presidente de la
Nación, procederá con toda energía contra cualquier extremismo, de
izquierda o de derecha, que amenace la convivencia pacífica y laboriosa de
la ciudadanía.
Ver declaración del presidente Onganía en “La colectividad judía obtuvo del Gobierno una clara definición”, La Razón, 13 de julio de 1966, p. 7. Los directivos de la DAIA que se entrevistaron con el presidente Onganía fueron los señores Isaac Goldenberg, Faigon, Cohen Imach, Glucksmann, Kamenfszain y el gran rabino David Kahane.
Juan E. Guglialmelli, “Las FF.AA. en América Latina (FF.AA. y Revolución Nacional)”, Estrategia, Nº 17, Buenos Aires, julio-agosto de 1972, p. 11; Carl E. Solberg, Petróleo y nacionalismo en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 255. También el general Osiris Villegas consideraba el concepto de “desarrollo integral” como íntimamente ligado al de autonomía. Véase Osiris G. Villegas, Tiempo geopolítico argentino, Buenos Aires, Pleamar, 1975, p. 30.
Juan E. Guglialmelli, “Fuerzas armadas y subversión interior”, Estrategia, Nº 2, Buenos Aires, julio-agosto 1969, pp. 13-14.
El general Osiris G. Villegas, integrante como Onganía de la facción “azul” del ejército, fue secretario del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) entre diciembre de 1966 y noviembre de 1969, durante la gestión de Onganía, y embajador argentino en Brasil en las gestiones de Onganía, Levingston y Lanusse. Véase O. G. Villegas, Tiempo geopolítico argentino, op. cit., pp. 27-28; Osiris G. Villegas, “El desarrollo, la ciencia, la tecnología y la seguridad”, conferencia pronunciada en el Curso de Coroneles del Centro de Altos Estudios y en la Escuela de Guerra, Revista del Círculo Militar, Nº 685, Buenos Aires, abril-junio 1968, pp. 69-80; Idem, “El proyecto nacional”, en CIRCUMIL, Revista del Círculo Militar, Nº 691, Buenos Aires, enero-marzo de 1970, p. 152; J.E. Guglialmelli, “Las FF.AA. en América Latina...”, op. cit., p. 10; Idem, “Pasiones y desarrollo”, Confirmado, Año III, Nº 96, Buenos Aires, 20 de abril de 1967, p. 25; Idem, “Función de las fuerzas armadas en la actual etapa del proceso histórico argentino”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, Anexo 1, p. 16.
“La seguridad nacional. Un concepto de palpitante actualidad”, colaboración de la Escuela Nacional de Guerra, Revista del Círculo Militar, Nº 689, Buenos Aires, julio-setiembre de 1969, pp. 157-159.
Osiris G. Villegas, “América del Sur, geopolítica de integración y desarrollo”, en Estrategia, Nº 10, Buenos Aires, marzo-abril 1971, p. 16; y J.E. Guglialmelli, “Función de las fuerzas armadas...”, op. cit., p. 13.
J.E. Guglialmelli, “Función de las fuerzas armadas...”, op. cit., p. 13; véase también O. G. Villegas, “América del Sur, geopolítica de...”, op. cit., p. 16.
“ALALC: La posición argentina”, Primera Plana, Año IV, Nº 198, Buenos Aires, 11 al 17 de octubre de 1966, p. 72.
De acuerdo con el editorial “Gobierno: Las cien flores de Onganía”, Panorama, Año VII, Nº 152, Buenos Aires, 24 al 30 de marzo de 1970, p. 8, Onganía mezcló el eficientismo pragmático de Justo y la planificación nacionalista de Perón. Por su parte, el editorial “El país. Gobierno: la lucha por el poder”, Primera Plana, Año V, Nº 246, Buenos Aires, 12 al 18 de septiembre de 1967, pp. 12 y 13, presenta al presidente Onganía como un moderador en las luchas entre los sectores liberales -liderados por los hermanos Alvaro y Julio Alsogaray- y los nacionalistas -encabezados por el ministro del Interior Guillermo Borda, el secretario de gobierno Mario Díaz Colodrero y el canciller Nicanor Costa Méndez. A su vez, la mayoría de los autores identifican a Lanusse como un liberal, debido a que, a diferencia de los nacionalistas ortodoxos, era partidario del retorno a la democracia representativa. Pero el anticomunismo que evidenció como comandante en jefe del ejército y siendo presidente, su personal reticencia a normalizar los vínculos diplomáticos con China Popular por raz
