• Las relaciones con los países latinoamericanos

Las relaciones con Chile

Al conocer la caída de Illia y su reemplazo por un gobierno militar a fines de junio de 1966, diversos sectores del gobierno chileno no ocultaron su malestar, ante el temor de que la llegada del nuevo gobierno abortara el acercamiento que se había dado entre los gobiernos radical argentino y socialdemócrata chileno. El mismo día del golpe, el ministro del Interior trasandino, Bernardo Leighton, declaró el brusco cambio de gobierno en la Argentina como “una cosa lamentable, no sólo para la Argentina sino para toda América Latina”. A la vez, los integrantes del Parlamento mostraron una abierta actitud de rechazo. No obstante, la Cancillería decidió aplicar pragmáticamente la llamada Doctrina Estrada, sosteniendo que “Chile reconocerá al nuevo gobierno militar de la Argentina si éste demuestra, dentro de un tiempo prudencial, que controla la situación interna y respeta los tratados.” Incluso el canciller Gabriel Valdés decidió mantener a su embajador en Buenos Aires, Hernán Videla Lira. (1) 
    Tras una serie de incidentes fronterizos en la zona sur, el presidente Onganía decidió a principios de septiembre de 1966 enviar una carta a su colega Eduardo Frei, manifestando el propósito de “plantear franca y lealmente” el problema limítrofe a fin de “evitar e impedir todo acto capaz de alterar los términos en que están planteados los problemas pendientes de solución”. La carta del mandatario argentino provocó una reacción favorable en su colega trasandino, quien le respondió con un tono similar de conciliación. El intercambio epistolar tuvo eco positivo en la prensa de ambos países. (2)  
    No obstante, este clima de acercamiento bilateral se vio enrarecido por el disgusto de los sectores nacionalistas chilenos con el fallo británico emitido en diciembre de 1966 sobre la disputa limítrofe por la zona de Río Encuentro -que le otorgó 71% del área disputada a la Argentina-. (3) A este acontecimiento se sumaron dos incidentes en el canal de Beagle. En agosto de 1967, la goleta argentina Cruz del Sur, que pescaba centolla a 400 metros de la isla Gable (ubicada en el centro del canal), fue expulsada por el patrullero chileno Marinero Fuentealba. A su vez, a fines de noviembre, se produjo la incursión sin autorización previa de la cañonera chilena Quidora en Ushuaia, en aguas de jurisdicción argentina. Dicha incursión provocó la nota de protesta entregada por el canciller Costa Méndez al embajador Hernán Videla Lira. El gobierno trasandino, aunque reconoció el desvío del Quidora hacia aguas territoriales argentinas, hizo observaciones respecto del fuego intimidatorio que contra el barco de guerra chileno efectuó el aviso argentino Yrigoyen. (4)  
    Como corolario de estos incidentes, en diciembre de 1967, el gobierno chileno, en forma sorpresiva, e invocando el artículo 5º del Tratado General de Arbitraje de 1902, recurrió unilateralmente al árbitro británico y comunicó su decisión a la Cancillería argentina. El día 23, la Cancillería argentina entregó una nota al embajador Videla Lira, manifestando sorpresa por la decisión chilena, pues ambos gobiernos habían decidido en 1964 someter su diferendo limítrofe a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (5) 
    No obstante, el gobierno chileno insistió en el arbitraje británico. Incluso, el 1º de mayo de 1969, la Cámara de Diputados chilena aprobó una declaración, exhortando al gobierno argentino a someterse a la alternativa elegida unilateralmente por las autoridades de Santiago. Dicha resolución, aprobada por los legisladores de todos los grupos políticos -salvo los comunistas, que se abstuvieron-también atacó al gobierno de Onganía por la compra de armamentos.  Respecto del litigio territorial, la declaración sostenía que

al no existir entre los gobiernos de Chile y Argentina otro diferendo que el provocado por una errada interpretación argentina del tratado de límites de 1881, materia que Chile ha sometido al arbitraje de Su Majestad Británica, procede que el gobierno argentino se haga parte en el juicio arbitral en cumplimiento del tratado general de arbitraje plenamente vigente y obligatorio para ambos países. (6)

Respecto de la compra argentina de implementos bélicos, la declaración señalaba que la Cámara de Diputados de Chile había tomado nota de las adquisiciones de armas realizadas por el gobierno argentino, dentro del contexto de un plan de reequipamiento militar conocido por la denominación de “Plan Europa”, que propiciaba, además, la creación de una industria bélica pesada en el país hermano. Consideraba además que este plan de reequipamiento sobrepasaba en medida apreciable la simple renovación de material anticuado, tanto en lo que se refería al volumen de las compras proyectadas, cuanto por la adquisición de armas ofensivas cuyo uso no se concebía en América latina. En consecuencia, denunciaba la intención de iniciar un proceso armamentista que podía obligar a todos los países a destinar a la compra de armamentos recursos que debían dedicarse al desarrollo social y económico. Finalmente, la declaración recordaba el compromiso suscrito por los presidentes de los países de la región en la localidad uruguaya de Punta del Este, en abril de 1967, en cuanto a la limitación de los gastos militares “a las reales necesidades de la seguridad nacional”. (7)  
    Pero a pesar de la insistencia chilena en el arbitraje británico, el gobierno argentino no se apartó de su postura de rechazar la presión chilena y evaluar alternativas. (8) En octubre de 1969, en una reunión llevada a cabo en el CONASE, a la que asistieron el presidente Onganía, los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas, el canciller Juan B. Martin, el ministro de Defensa, José Rafael Cáceres Monié, y el secretario del Consejo, almirante Jorge Boffi, se decidió encarar la negociación directa con Chile como medio para solucionar el diferendo austral. (9) 
    En enero de 1970, la visita de Onganía a Chile, con el objetivo de inaugurar en forma conjunta la ruta pavimentada que une la ciudad argentina de Mendoza con la chilena de Valparaíso, inició un tibio acercamiento entre ambos países. Por cierto, esta aproximación respondió tanto a consideraciones de política externa como interna. En el caso argentino, los vínculos con Chile constituían un contrapeso geopolítico ante los avances de Brasil en la subregión de la Cuenca del Plata. Respecto de la política interna, Onganía buscaba lograr algún efecto político que pudiera fortalecer su gobierno luego de los levantamientos del “Cordobazo” y el “Rosariazo”, que habían demostrado tanto la oposición de los sectores populares a la política económica liberal de Onganía, como las divisiones existentes entre liberales y nacionalistas dentro del gobierno y de las fuerzas armadas. (10) Por cierto, el tono inequívocamente nacional-desarrollista del discurso que pronunció Onganía en Chile estuvo tanto dirigido al gobierno de Eduardo Frei como a los propios nacionalistas argentinos. (11) Desde el lado chileno, la visita del presidente argentino podía otorgar a Frei un no desdeñable ingrediente proselitista a favor del candidato oficial, en un contexto de fracaso del frente izquierdista y de intensa campaña electoral presidencial. (12)
    Esta mutua necesidad de acercamiento hizo que ambos mandatarios diseñaran una agenda de alcance amplio, donde se subrayaran las coincidencias. Finalmente, Frei y Onganía suscribieron una declaración conjunta que apenas mencionó la cuestión limítrofe, limitándose a elogiar la labor de la Comisión Mixta de Límites. Hizo además ambiguas referencias a un “sistema de convivencia” entre la Argentina y Chile y a una “estrategia general latinoamericana”. Por cierto, esta cuasi omisión de una cuestión tan espinosa como el conflicto limítrofe estuvo vinculada al hecho de que tanto el presidente Frei como su canciller Valdés eran conscientes de que una resolución opuesta a los intereses chilenos se convertiría en un arma electoral siniestra para la democracia cristiana. Dado que, a su vez, el gobierno de Onganía no estaba dispuesto a aceptar la tesis chilena de recurrir al arbitraje británico, resultó más conveniente para la gestión de Frei eludir este tema hasta después de las elecciones. (13) 
    Pero, a pesar de este acercamiento, el clima de los vínculos bilaterales no mejoró. La referencia efectuada en la declaración a un posible establecimiento de una reglamentación para las migraciones mutuas a través de la frontera produjo una pésima impresión en los sectores nacionalistas argentinos. Estos sostuvieron que la declaración no tenía en cuenta que la migración se producía en un sentido (de Chile a la Argentina, y no al revés) y que no contemplaba que buena parte de la migración era clandestina, y por lo tanto no podía ser protegida por la futura reglamentación. Además de las falencias de la declaración conjunta, otros obstáculos impidieron un entendimiento mayor entre los gobiernos de Buenos Aires y Santiago: la estrategia chilena de percibir a Brasil como el poder hegemónico regional y el respaldo de Frei al esquema de integración regional alentado por el presidente Lyndon Johnson y por el Departamento de Estado norteamericano, que impulsaba la división de Sudamérica en áreas, reservando a la Argentina el papel de productor agropecuario, mientras Chile sería un país industrializado. (14)  
    En  tanto, continuaron los endémicos conflictos fronterizos. Poco más de un mes de la cumbre presidencial entre Onganía y Frei, el 25 de febrero de 1970 ocurrió un incidente entre arrieros chilenos y gendarmes argentinos en territorio chileno, en las proximidades de Paso Valdez, al norte de Chos Malal. El saldo fue un alférez de la gendarmería argentina -quien estaba a cargo de la patrulla- herido; un arriero chileno muerto -Aurelio Parra- y otro detenido. Los oficiales de la gendarmería justificaron el envío de la patrulla argentina a suelo trasandino, debido a la denuncia de que una tropa de 400 lanares se proponía pasar la frontera de la Argentina a Chile. (15)
    Si bien a principios de marzo el gobierno argentino envió a Santiago un comunicado lamentando lo ocurrido, (16) la Cancillería chilena calificó de “inaceptable” la violación del territorio chileno por parte de los gendarmes argentinos en la nota que entregó al embajador argentino, Teodoro Gallac. En dicha nota se calificaba de “asesinato” la muerte del arriero chileno Aurelio Parra y se hacía mención al convenio bilateral de 1929. De acuerdo con dicho convenio, los delincuentes detenidos debieron haber sido entregados por los oficiales de la gendarmería argentina a las autoridades chilenas, cláusula que no fue observada por el gobierno argentino. Finalmente, la nota exigía sanciones para los responsables del asesinato de Parra. (17) 
    Por cierto, la inicial posición argentina de rechazo al arbitraje británico (y preferencia por el de la Corte Internacional de Justicia) fue modificándose paulatinamente por una posición intermedia entre ésta y la insistencia chilena en recurrir a los buenos oficios de Londres. A partir del año 1970, ya con Juan Benedicto Martín como nuevo canciller argentino, fue gestándose un compromiso por el cual el litigio sería elevado al arbitraje británico, y éste lo pasaría a cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia, que decidirían el laudo. La resolución de la Corte pasaría a la reina Isabel II, que podría aceptar o rechazar la misma, pero no modificarla. (18) Ya en la nota del secretario general del CONASE, almirante Jorge A. Boffi, al canciller Martín, del 12 de marzo de 1970, en la que se transcribía lo acordado por dicho Consejo en su reunión Nº 22 (de la que participaron el presidente Onganía, el ministro Martín y otros altos funcionarios del estado) se percibía el cambio de orientación. En esa nota, se especificaban varios caminos de negociación: a) un acuerdo directo entre los gobiernos argentino y chileno; b) de no ser posible la primera alternativa, “el arbitraje a cargo de un grupo de árbitros designados de común acuerdo por los gobiernos argentino y chileno”; c) la desmilitarización de las islas e islotes “a perpetuidad”, más allá de la opción por la negociación directa o el arbitraje; y d) el arbitraje “podrá ser homologado por la Corona Británica siempre que Chile lo solicite sin que su intervención pueda alterar en nada los resultados de la decisión a que arriben los árbitros”. Asimismo, en esta nota se mencionaba como objetivo el de “resolver en bloque y definitivamente, todos los problemas de límites existentes entre ambos países en toda la frontera, desde Jujuy hasta el Cabo de Hornos”. También subrayaba el interés muy relativo de las islas en disputa en el canal de Beagle tanto desde el punto de vista económico como estratégico, supuesta su desmilitarización. (19)
    Durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 1970 hubo una serie de reuniones entre representantes argentinos y chilenos, en las que se llegó a un acuerdo sobre “un eventual sometimiento a arbitraje” de la cuestión del Beagle. En aquella ocasión, ambas partes convinieron tanto la composición de la Corte Arbitral -los juristas Mohamed Zaffrullah Khan (Pakistán), Manfred Lachs (Polonia), André Gros (Francia), Sir Gerald Fitzmaurice (Reino Unido) y Hardy C. Dillard (Estados Unidos)- como el área de la controversia. (20)  
    Designado el general Levingston como presidente, su heterodoxia en la política exterior con los regímenes socialistas se hizo evidente también en el caso de las relaciones con Chile. Ante la victoria de la izquierdista Unidad Popular en Chile en septiembre de 1970, el general Levingston reiteró la política de no intervención y, un mes después, hizo referencias comprensivas a los regímenes de Salvador Allende en Chile y del general Juan José Torres en Bolivia, sosteniendo ante los periodistas que ambos procesos debían ser analizados “como experiencia histórica contemporánea, incorporándolos a los factores que debemos tener en cuenta para la solución de nuestros problemas durante el proceso revolucionario”. (21)
    La mayor flexibilidad de Levingston fue por cierto correspondida por su colega trasandino. Ya antes de hacerse cargo del poder, el presidente Allende había prometido que 

(...) El gobierno popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes sobre la base de negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y de los reaccionarios, teniendo presentes el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes. (22)

Finalmente, el 18 de octubre de 1970 el subsecretario de Relaciones Exteriores, José María Ruda, y el consejero legal de la Cancillería, Julio Barboza, oficializaron el acuerdo sobre arbitraje con sus colegas diplomáticos chilenos. (23)  
    Así preparado el terreno, el gobierno de Lanusse logró un acercamiento con Chile, coronado por la firma del Compromiso sobre Arbitraje en Londres y la Declaración de los presidentes Lanusse y Allende en Salta, ambos en julio de 1971. Más que una “ruptura” respecto de las gestiones anteriores -como plantea Miguel Angel Scenna-, (24) el hecho sería la culminación de un proceso cuyo principal obstáculo eran los pruritos de los sectores nacionalistas de ambos países a negociar el ya secular conflicto limítrofe. Si bien durante el gobierno de Onganía las relaciones argentino-chilenas habían atravesado una serie de incidentes fronterizos que agriaron los vínculos entre las autoridades de Buenos Aires y Santiago, el camino de la negociación venía siendo transitado por los funcionarios de las Cancillerías de ambos países desde inicios de 1970. (25) Las negociaciones apuntaron a tres objetivos: a) reducir al máximo la capacidad de decisión del gobierno británico sobre el fondo de la controversia argentino-chilena; b) atribuir la máxima capacidad de decisión a un Tribunal arbitral de reconocida imparcialidad y competencia; y c) lograr que el acuerdo de arbitraje fuera decidido por las partes en litigio y no establecido por un laudo arbitral británico. (26)
    A pesar de las resistencias de los sectores nacionalistas dentro y fuera del gobierno, la actitud argentina de negociar una salida bilateral con las autoridades de Santiago se mantuvo durante la gestión de Lanusse, por varias razones. Primero, el gobierno socialista de Allende en Chile funcionaba como un test case de la política exterior argentina de pluralismo ideológico. Segundo, el acercamiento del gobierno argentino a Chile y otras naciones del Pacífico contrarrestaba la presencia geopolítica brasileña en el frente atlántico (Bolivia, Paraguay, Uruguay). Tercero, Lanusse necesitaba aliados externos para fortalecer su figura frente a los sectores nacionalistas locales. Cuarto, la gestión de Allende, compartía la necesidad de Lanusse: necesitaba un aliado externo para contrarrestar la oposición brasileña a su gobierno y, a la vez, mitigar la debilidad interna. (27) 
    Como producto del acercamiento argentino-chileno, el 26 de junio de 1971, los cancilleres Luis María de Pablo Pardo y Clodomiro Almeyda Medina firmaron el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas en la capital chilena. (28) Asimismo, los días 23 y 24 de julio del mismo año, tuvo lugar la entrevista entre los presidentes Lanusse y Allende en Salta. Fruto de estas conversaciones fue la llamada Declaración de Salta, firmada el día 24. Sus puntos más relevantes fueron -además de la coincidencia expresada en una serie de principios como el pluralismo ideológico, la no intervención y la coexistencia pacífica-, la satisfacción de los gobiernos argentino y chileno por la firma del Acuerdo sobre Arbitraje en el Beagle y por el acuerdo respecto de una serie de instrumentos de especial significación para las relaciones futuras de los dos países en el área de litigio: el modus vivendi para regular las actividades de pilotaje y practicaje de ambos estados hasta que se solucionara el litigio, el propósito de ambos gobiernos de asegurar la libertad de navegación y sobrevuelos para los barcos y aeronaves de todas las banderas dentro de zonas que estaban sometidas a las respectivas jurisdicciones marítimas, y la intención de cooperar conjuntamente en la investigación científica en la Antártida. Asimismo, se destacaron en esta declaración de Salta las coincidencias respecto de la tesis de las 200 millas como límite de soberanía territorial en el mar. (29)
    A su vez, el Acuerdo sobre Arbitraje en el Beagle fue firmado en Londres el 22 de julio de 1971 por el embajador argentino, general Gustavo Martínez Zuviría; el embajador de Chile, Alvaro Bunster, y Joseph Goldberg por el gobierno británico. Este compromiso arbitral solicitaba la determinación de los límites argentino-chilenos en el canal Beagle y la adjudicación de las islas Picton, Nueva y Lennox e islotes adyacentes. Asimismo designaba al Gobierno de Su Majestad Británica como árbitro de la disputa limítrofe, pero éste a su vez debía nombrar un Tribunal Arbitral de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia -Hardy C. Dillard (de los Estados Unidos), Gerald Fitzmaurice (del Reino Unido), André Gros (Francia), Charles D. Onyeama (Nigeria) y Sture Petrén (Suecia)- con el objetivo de producir el laudo. (30) 
    Diversos sectores, partidarios de las tesis geopolíticas más tradicionales de rivalidad con Chile, criticaron el Acuerdo sobre Arbitraje en el Beagle. Por ejemplo, días antes de volar a Salta para encontrarse con el presidente chileno, Lanusse recibió un memorándum suscripto por el presidente de la Academia Nacional de la Historia, Ricardo R. Caillet Bois, y otros cuatro académicos, Ernesto J. Fitte, Julio César González, Raúl de Labougle y Julio Irazusta, donde se señalaban tanto errores de procedimiento como el hecho de que fuera una cuestión que debía decidir en última instancia el Congreso y no un presidente de facto. A su vez, Juan Carlos Puig, quien sería canciller del gobierno de Cámpora, señaló que el arbitraje cuestionaría la jurisdicción argentina sobre el Atlántico y por tratarse de un conflicto sobre intereses vitales nunca debió resolverse por medio de recursos ajenos a las partes. Por su parte, el general Osiris Villegas criticó el acuerdo, sosteniendo que la usurpación inglesa de las Islas Malvinas inhabilitaba éticamente al gobierno de Su Majestad Británica para actuar como árbitro en la controversia. Asimismo, el Instituto Argentino de la Soberanía de los Espacios Marítimos y Fluviales, grupo en el que se congregaron muchos representantes del nacionalismo tanto de raigambre tradicional como “desarrollista”, rechazó en agosto de 1971 el acuerdo firmado por el gobierno argentino en términos muy similares a los expuestos por Osiris Villegas. (31)  
    Posteriormente a la firma del acuerdo, hubo problemas para determinar la sede donde trabajaría la Corte Arbitral. Los representantes argentinos rechazaron la posibilidad de que fuera Londres, y para los chilenos era inadmisible La Haya. Pasaron varios meses de discusiones hasta que, finalmente, la Corte Arbitral se instaló en una sede neutral -Ginebra- en abril de 1972. A partir de ese momento, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron los que tomaron las riendas de la gestión procesal, si bien los oficiales de marina siguieron cuidadosamente cada paso del litigio. Los intereses argentinos fueron representados por los diplomáticos Ernesto de la Guardia y Julio Barboza.  
    Ante las crecientes críticas de los sectores nacionalistas al acuerdo firmado por el gobierno de Lanusse, que implicaba la aceptación del arbitraje británico, las autoridades de Buenos Aires iniciaron los pasos tendientes a desandar el camino. El 11 de marzo de 1972, el canciller argentino de Pablo Pardo envió a su colega chileno Almeyda Medina una nota denunciando el Tratado General de Arbitraje de mayo de 1902, e invitando al gobierno chileno a negociar uno nuevo, más acorde a la realidad internacional. Finalmente, ambos cancilleres firmaron en Buenos Aires, el 5 de abril de 1972, el Tratado General sobre Solución Judicial de Controversias. Este tratado era similar al firmado en 1902, con la salvedad de que sustituía al árbitro británico por la Corte Internacional de Justicia. Sólo podía ser denunciado cada diez años y con seis meses de anticipación a su vencimiento. (32) 
    Por cierto, el acercamiento al régimen de Allende implementado por el gobierno de Lanusse, tradicionalmente señalado por la mayoría de los autores como una demostración del giro de Lanusse hacia el pluralismo ideológico en política exterior, sin embargo,  no estuvo exento de contradicciones, tanto del lado chileno como del argentino. El gobierno de Allende, presionado por el sector más extremo de la coalición gobernante Unidad Popular, adoptó en agosto de 1972 una decisión que activó los recelos de los nacionalistas argentinos más duros. Decidió ofrecer asilo y autorizar la salida con destino a Cuba de diez extremistas argentinos que se habían fugado del penal de Rawson y habían cruzado la frontera con Chile, secuestrando un avión de pasajeros. Los grupos nacionalistas anticomunistas argentinos, tales como el grupo Concentración Cívica en Pro de la República, liderado por el almirante (RE) Carlos Sánchez Sañudo, criticó la actitud de Allende y proclamó la defensa de la bandera de las “barreras ideológicas”, poniendo en una posición muy incómoda al gobierno de Lanusse. (33)
    El gobierno chileno lamentó, en una nota de principios de septiembre, las divergencias surgidas con la Argentina a raíz del asilo político concedido a los guerrilleros argentinos, pero sostuvo que no se violaron los tratados internacionales vigentes sobre la materia e invocó la Declaración Internacional de Derechos Humanos para justificar el asilo otorgado. Finalmente, tanto Lanusse como Allende intentaron poner paños fríos a la situación para que el incidente surgido no abortara el clima de acercamiento bilateral. Así, el presidente argentino sostuvo que en ciertos temas podía haber criterios diferentes con Chile, pero no un endurecimiento de las relaciones. A su vez, estas declaraciones fueron bien recibidas por Allende, quien sostuvo que la situación con la Argentina se estaba “atemperando” y prometió que la experiencia del asilo a los guerrilleros prófugos del penal de Rawson no volvería a repetirse. (34)  
    Pero las limitaciones del “pluralismo ideológico” volvieron a manifestarse, esta vez del lado argentino, cuando el 9 de mayo de 1973, el presidente Lanusse decidió firmar el decreto de asilo a Walter Roberto Thieme Sheiresano y Miguel Juan Sessa Birgnardello, del movimiento ultraderechista chileno Patria y Libertad, implicados en un complot dirigido precisamente contra el presidente chileno y que debía estallar en mayo. Finalmente, Thieme desechó el ofrecimiento de las autoridades argentinas y partió de Buenos Aires el 15 de mayo. (35) 

• NOTAS

1. Ver al respecto los siguientes editoriales “Los diversos comentarios suscitados en el exterior”, La Nación, 29 de junio de 1966, p. 7; “El reconocimiento por otros países”, La Nación, p. 8 y “Enfoques en torno del reconocimiento del nuevo gobierno. Varios países expresaron el reconocimiento, otros estudian la situación y algunos suspenden relaciones”, La Nación, 30 de junio de 1966, p. 5.

2. Ver “Nuestro país había tomado la iniciativa” y textos de las cartas de los presidentes Onganía y Frei en La Nación, 4 de septiembre de 1966, pp. 1 y 15; “Gran repercusión en Chile del intercambio de cartas. Se lo considera un paso muy útil para prevenir incidentes”, La Nación, 5 de septiembre de 1966, p. 1; editorial “Significativo cambio de notas”, La Nación, 6 de septiembre de 1966, p. 6, y “Son elogiados los mensajes cambiados por Frei y Onganía”, La Nación (una selección de la semana), 12 de setiembre de 1966, p. 1.

3. Vale destacar, en este laudo sobre la región del Río Encuentro, el contraste de interpretación entre los sectores liberales y los nacionalistas argentinos respecto de las consecuencias del fallo británico. Respecto del punto de vista liberal, ver “El arbitraje sobre el litigio con Chile. Satisface la posición de nuestro país”, La Nación, 15 de diciembre de 1966, pp. 1 y 20; y texto del fallo de la reina británica Isabel II citado en “Razón jurídica al derecho argentino”, La Nación, 15 de diciembre de 1966, pp. 1 y 20, y La Nación, (una selección de la semana), 19 de diciembre de 1966, pp. 1 y 4. Consultar también “Litigio con Chile. A la búsqueda del límite perdido”, Panorama, Nº 45, Buenos Aires, febrero de 1967, especialmente pp. 9-10. A diferencia de la posición de los liberales argentinos, conformes con el fallo británico sobre Río Encuentro, la posición de los nacionalistas -caso de Miguel Angel Scenna- era que el laudo otorgaba a la Argentina un territorio mayor, pero menos productivo; dándole a Chile la porción menor pero más productiva. No obstante, Scenna rescata de este laudo que reconoció como válidos los fallos de la Comisión Mixta de Límites de 1955, rechazando la pretensión chilena de pasarlos por alto o negarlos. M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 179-180. 

4. Sobre estos incidentes fronterizos ver M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 185-189; “Límites. El bloqueo de Ushuaia”, Primera Plana, Año V, Nº 245, 5 al 11 de septiembre de 1967, p. 13, y Clarín, 1º de diciembre de 1967, p. 18. G. Bra, op. cit., p. 32. 

5. El CONASE había decidido el 19 de diciembre de 1967 no aceptar el arbitraje de la reina Isabel justificando dicha negativa en dos argumentos. En primer lugar, consideró que esa mediación resultaba “improcedente e injustificada cuando, a sesenta y cinco años de establecida esa mediación, se ha convenido reiteradamente procurar la solución del litigio a través de negociaciones directas o, eventualmente, a través de la Corte Internacional de La Haya”. En segundo lugar, consideró que el Reino Unido, como la Argentina y Chile, aspiraba a una participación territorial en la Antártida, y este factor lo inhabilitaba para aceptar el rol de árbitro en el conflicto argentino-chileno por el canal del Beagle. J.A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 268-269. Ver también G. Bra, op. cit., p. 34; Clarín, 12 de diciembre de 1967, p. 21; editorial “A pesar del hermetismo. Rechazo al arbitraje”, Clarín, 20 de diciembre de 1967, p. 16; del mismo diario, 29 de diciembre de 1967, p. 16; y 30 de diciembre de 1967, p. 15 y “El problema con Chile se ahonda”, La Nación, (una selección de la semana), 2 de enero de 1968, p.1. Consultar también “Diplomacia. De Herodes a Pilatos”, Primera Plana, Nº 262, p. 14. 

6. Esta declaración de la Cámara de Diputados chilena surgió como una propuesta presentada por el diputado demócrata-cristiano Enrique Zorrilla como consecuencia de un debate anterior relacionado con la compra de armamentos por parte del gobierno argentino. A dicho debate asistieron los ministros de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, y de Defensa, general Tulio Marambio. 

7. Texto de la declaración de la Cámara de Diputados chilena citado en La Nación, 2 de mayo de 1969, p. 3.

8. De acuerdo con el testimonio del subsecretario técnico de la Presidencia, Roberto Roth, el presidente chileno Frei procuró someter a arbitraje la última disputa sustancial que le quedaba con la Argentina, que era la referente a la delimitación del canal de Beagle. Para conseguir este objetivo, Frei tentó a su colega argentino Onganía con el ingreso de la Argentina al Pacto Andino a cambio de aceptar el arbitraje británico. Pero Onganía no quería ni el Pacto Andino ni el arbitraje, aunque la Cancillería argentina sí era partidaria de esta alternativa. R. Roth, op. cit., pp. 206-207. 

9. J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 230.

10. Como ejemplo de lo señalado, vale apuntar que en el mismo mes de enero de 1970 en que el presidente Onganía se encontró en Chile con su colega Frei, el general (RE) Eduardo Labanca, ex segundo comandante del I Cuerpo de Ejército, formuló en Mendoza declaraciones de un tono político fuertemente crítico hacia el gobierno. Con un sesgo marcadamente nacionalista, Labanca sostuvo que por el camino trazado por la gestión de Onganía “no será posible llegar a una solución de los problemas nacionales” y que el objetivo “consiste en nacionalizar al país, volverlo a conquistar, es decir (...) que los resortes nacionales estén en manos argentinas (...)”. Asimismo, el general Labanca manifestó que no existía sector alguno del gobierno que sea “auténticamente nacionalista” y que cualquier salida institucional debía tener en cuenta al movimiento peronista. “La semana política. El general Labanca”, La Nación, 4 de enero de 1970, p. 8.

11. Durante su visita a Chile, el presidente Onganía pronunció las siguientes palabras:

    (...) Deberemos fijar posiciones comunes frente a los grandes centros de poder económico y político, continuando la línea ya señalada en el Congreso de Viña del Mar y en la presentación argentina ante los países del Mercado Común Europeo. Esta unión para el bienestar propio y de América no supone una política de aislamiento continental. Chile y la Argentina y nuestros hermanos de América, han tenido siempre vocación universal. Nuestro desarrollo en lo económico requiere una apertura a los demás países del sistema internacional; aún aquellos trascontinentales inclusive de otro signo ideológico, con la sola condición de que estas relaciones se inspiren en el respeto recíproco y en la total exclusión de cualquier interferencia política.

    Sabemos hasta qué punto el atraso social, la injusticia económica y la subordinación política a intereses extraños, pueden frustrar el destino de nuestras naciones.

    Sabemos también que en nuestro tiempo la interdependencia entre las distintas regiones de la tierra es más grande que nunca y que es necesario contar con la colaboración de las naciones más adelantadas para realizar nuestro progreso. Pero también sabemos, con profunda convicción, que nada lograremos si no empeñamos nuestra energía y nuestra tenacidad para alcanzar un destino de grandeza y merecer entonces el derecho de conducirlo de acuerdo con nuestros propios intereses (...).

    Discurso de Onganía en Chile, cit. en La Nación, 10 de enero de 1970, p. 4.

12. “La semana política. Encuentro de presidentes. Primero protocolo, después conversaciones”, La Nación, 4 de enero de 1970, p. 8.

13. Texto de la declaración conjunta argentino-chilena del 10 de enero de 1970 citado en ”Documentos. Entrevista Frei-Onganía”, Estrategia, Nº 4, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1969, pp. 126-130, y en La Nación, 11 de enero de 1970, pp. 1 y 20, y La Nación, (una selección de la semana), 12 de enero de 1970, p. 5. Ver también R. Roth, op. cit., p. 207; M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 193-194, y “Política exterior. El riesgo de la decadencia”, Confirmado, Año V, Nº 240, del 21 al 27 de enero de 1970, p. 24.

14. Idem nota anterior.

15. G. Bra, op. cit., p. 81.

16. Texto del comunicado oficial de la Cancillería argentina citado en Clarín, 7 de marzo de 1970, p. 10, y en La Nación, 7 de marzo de 1970, p. 5.

17. Clarín, 11 de marzo de 1970, p. 35. Texto de la nota del gobierno chileno, entregada por el canciller trasandino al embajador argentino en Chile, cit. en La Nación, 12 de marzo de 1970, p. 3. 

18. M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 207-208.

19. Carta del Secretario del CONASE, almirante Jorge A. Boffi, al canciller Juan B. Martin, 12 de marzo de 1970, cit. en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 230. 

20. J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 231.

21. Declaraciones del presidente argentino Levingston respecto del régimen de Salvador Allende en Chile, efectuadas en septiembre y octubre de 1970, cit. en A.A. Lanusse, op. cit., pp. 178 y 240. 

22. Miguel A. Scenna, “Argentina-Chile: el secular diferendo”, 2ª parte, Todo es Historia, Nº 44, diciembre de 1970, p. 91. 

23. “Periscopio. Beagle: solución”, Primera Plana, Año VIII, Nº 403, Buenos Aires, octubre 20, 1970, p. 11 y “Diplomacia , 1: El Beagle en danza”, Primera Plana, Año VIII, Nº 405, noviembre 3, 1970, p. 19.

24. Según Miguel Angel Scenna, con el acercamiento a Chile el gobierno de Lanusse hizo un giro espectacular respecto de la política atlántica que orientó a los gobiernos de Onganía y Levingston. Ver M.A. Scenna, Argentina-Brasil..., op. cit., p. 399; M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 206-207. 

25. J. A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 230-231.

26. Gastón Pillet (seudónimo) “La cuestión del canal del Beagle”, Estrategia, Nº 12, Buenos Aires, julio-agosto-septiembre-octubre 1971, p. 39.

27. M.A. Scenna, Argentina-Brasil...op. cit., pp. 399-400, y M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., p. 206. 

28. Texto del Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas en “El convenio sobre cuencas hidrológicas”, La Prensa, 27 de junio de 1971. pp. 1 y 4. 

29. Texto de la declaración de Salta citado en La Prensa, 25 de julio de 1971, pp. 1 y 11, y en Estrategia, Nº 12, Buenos Aires, julio-agosto-septiembre-octubre 1971, sección Documentos, pp. 136-140. Ver también al respecto J.A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos..., op. cit., p. 252. Asimismo, Lanusse aprovechó la ocasión para reafirmar ante su colega chileno Allende el principio del “pluralismo ideológico” en sus relaciones con los países latinoamericanos:

    (...) La República Argentina (...) está dispuesta a guiar sus relaciones exteriores con un amplio criterio de universalidad, que no admite restricciones impuestas por prejuicios o tabúes ideológicos. En nuestro tiempo, las filosofías políticas que puedan sustentar los distintos países que integran el sistema interamericano juegan un papel secundario frente al interés supremo de la paz y seguridad internacionales. Esto no significa abdicar de los principios que constituyen el ser nacional de cada país. Lo que importa es estar a la altura de las exigencias de un mundo al que el avance de la técnica y de la ciencia ha vuelto cada vez más interdependiente. El postulado de universalidad, junto con el respeto al derecho que cada país tiene para reglar sus asuntos internos, son fundamentos indispensables para asegurar una relación más justa entre los Estados miembros de la comunidad de naciones.

    A.A. Lanusse, op. cit., p. 242. Ver también M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 214-215.

30. Texto del artículo 1º del Acuerdo para el Arbitraje o Compromiso del 22 de julio de 1971, cit. en La Prensa, 23 de julio de 1971, p. 1; en Estrategia, Nº 12, julio-agosto-septiembre-octubre 1971, pp. 132-135, y en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 233-234 y p. 256, nota 17. Ver también M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 211-213, y Osiris G. Villegas, El conflicto con Chile en la región austral, Buenos Aires, Pleamar, 1978, p. 61. 

31. Memorándum de miembros de la Academia Nacional de la Historia al presidente Lanusse, titulado “Inconveniencia de un arbitraje sobre el Beagle.1971”, Estrategia, Nº 45, Buenos Aires, marzo-abril de 1977, fuente citada en M.A. Scenna, Argentina-Chile..., op. cit., pp. 208-210; J. C. Puig, “La política exterior argentina...”, op. cit., tomo I, p. 147; O.G. Villegas, El conflicto con Chile..., op. cit., p. 80; “Declaración del Instituto Argentino de la Soberanía de los Espacios Marítimos y Fluviales”, Buenos Aires, 9 de agosto de 1971, cit. en Estrategia, Nº 12, Buenos Aires, julio-agosto-septiembre-octubre de 1971, pp. 145-146. 

32. Texto de la nota del canciller argentino, Luis María A. de Pablo Pardo, al ministro de Relaciones Exteriores chileno, D. Clodomiro Almeyda, Buenos Aires, 11 de marzo de 1972, citado en O.G. Villegas, El conflicto con Chile..., op. cit., Apéndice 12, p. 163; ibid., p. 62; texto del tratado en ibid., Apéndice 13, pp. 165-166. 

33. “Atacan la decisión de Allende sobre los extremistas argentinos. Declaración ultraconservadora criticando a Chile”, La Opinión, 2 de septiembre de 1972, p. 12. 

34. “Respuesta en el caso de los extremistas enviados a Cuba. Chile lamenta el entredicho con Argentina y afirma haber respetado normas vigentes”, La Opinión, 8 de septiembre de 1972, p. 4; “Allende elogió declaraciones de Lanusse”, La Opinión, 15 de septiembre de 1972, p. 9.  

35. Ver los editoriales “A causa de la medida que favoreció a los fugados de Rawson. El asilo político a dos extremistas de Chile sería una respuesta argentina”, La Opinión, 10 de mayo de 1973, p. 4, e  “Insta al derrocamiento de Allende un dirigente de Patria y Libertad”, La Opinión, 17 de mayo de 1973, p. 2. 

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