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Capítulo 67: Los gobiernos peronistas (1973-1976)

El 25 de mayo de 1973, el candidato del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), Héctor J, Cámpora, asumió la presidencia en un contexto interno y regional fuertemente radicalizado. En el ámbito interno, el peronismo pasó a jugar el papel de catalizador de las frustraciones que los distintos sectores de la sociedad argentina sentían respecto de la experiencia militar de la Revolución Argentina, asociada -en forma excesivamente simplista- con la política económica liberal de Adalbert Krieger Vasena, el ministro de Economía del gobierno de Onganía. Para los sectores de la derecha, el retorno del peronismo al poder permitiría llevar a cabo los objetivos estatistas, nacionalistas y corporativos presentes en la plataforma histórica del peronismo. Para los sectores de centro -y muy especialmente para los peronistas históricos-, las elecciones de marzo de 1973 cerraban 18 años de proscripción e implicaban la vuelta a los programas de política interna y exterior del período 1946-1955. Finalmente, para los sectores de la izquierda peronista -Juventud Peronista (JP) y Montoneros-,  la vuelta del peronismo al poder era la llave para una “revolución socialista”. Sólo el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desconfió del carácter “revolucionario” del peronismo tan pregonado por su líder durante los años de exilio, por lo cual se mantuvo en una actitud de expectativa, en espera de que el gobierno de Cámpora acelerara la transición hacia la “patria socialista”. Cabe aclarar que, salvo el ERP, estas exageradas expectativas en torno de los alcances “revolucionarios” del peronismo de la mayoría de los sectores de izquierda se dieron en un contexto muy particular, donde el término “revolución” estaba de moda y prácticamente todos los partidos políticos lo usaron, aunque sin aclarar demasiado su alcance. Incluso expresiones políticas de signo relativamente moderado, como el radicalismo, en aquella época llegaron a sostener que “la Revolución tendrá lugar en la Argentina con las fuerzas armadas, sin las fuerzas armadas o contra las fuerzas armadas”. A su vez, el contexto regional se caracterizó por el predominio de fórmulas nacionalistas y populistas con orientación izquierdizante y anti-norteamericana, percibidas por muchos militantes de izquierda como el prólogo de una revolución continental cuyos referentes eran los regímenes socialistas de Cuba y China y los procesos de descolonización afro-asiáticos. Las fórmulas de índole democrática eran impugnadas por estos mismos sectores como una máscara del “imperialismo yanqui” en tanto trababan la opción revolucionaria hacia el socialismo. (1)  
    Además del contexto radicalizado en el que estuvo inmerso, otro rasgo definitorio del breve período del gobierno de Cámpora fue su carácter provisorio o transitorio. Si bien Cámpora llegó al gobierno con un porcentaje cercano al 50 % de los votos, frente a un radicalismo que captó menos de la mitad, (2) lo cierto es que los distintos sectores de la sociedad que votaron la propuesta del FREJULI lo hicieron pensando en el retorno de Perón al poder. Como sostenía el propio lema de la campaña electoral de dicha alianza “Cámpora al gobierno y Perón al poder”, la candidatura de Cámpora a presidente fue una alternativa obligada por la proscripción que el titular del último gobierno militar, general Lanusse, hizo pesar sobre la figura de Perón.
   
El hecho de ocupar el cargo presidencial en nombre de Perón le quitó a Cámpora el margen de maniobra necesario para gobernar, situación que se vio agravada debido a que su principal -y único- sostén provenía de la JP vinculada a Montoneros y ésta tenía un grupo muy pequeño de adherentes en la Cámara de Diputados, en comparación con la numerosa representación de los sindicalistas y los sectores ortodoxos. La JP sólo había conquistado 18 % de los cargos en las elecciones internas efectuadas en marzo de 1973. (3)
   
Los Montoneros procuraron compensar esta débil presencia en el Parlamento a través de dos estrategias. La primera consistió en ocupaciones forzosas de hospitales, escuelas, correos, oficinas municipales, bancos estatales e incluso algunas empresas privadas, y la segunda fue lograr una importante influencia en algunos ministerios, gobernaciones y en el ámbito universitario. Esta segunda estrategia fue relativamente exitosa durante el gobierno de Cámpora. Además de figuras pro-montoneras en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, los Montoneros tuvieron buenos contactos con el canciller Juan Carlos Puig, el ministro del Interior Esteban Righi y el de Educación Jorge Taiana. Asimismo, tuvieron conexión con los gobernadores de Córdoba, Ricardo Obregón Cano; de Buenos Aires, Oscar Bidegain; de Mendoza, Alberto Martínez Baca; de Santa Cruz, Jorge Cepernic, y de Salta, Miguel Ragone-. (4) Frente a esta ofensiva de los Montoneros y otros grupos de la izquierda peronista, los grupos de la derecha dentro de la coalición del peronismo aseguraron su presencia en el ámbito parlamentario, en el Ministerio de Bienestar Social y sus dependencias y en los medios de comunicación. 
    Este reparto de influencias entre los sectores del peronismo ortodoxo, sindicalistas, grupos de izquierda y de derecha demostró a las claras el enorme poder de convocatoria que tenía Perón, pero éste no pareció estar sujeto a ninguno de los grupos en pugna. Más bien utilizó tácticas cambiantes en función de un equilibrio de fuerzas que, contrarrestándose entre sí, le permitieran mantener el liderazgo dentro del movimiento justicialista. De este modo, orquestó un gabinete integrado por un presidente sin autoridad efectiva, Cámpora, que respondía bien al deseo de Perón de retornar al poder; un ministro de Economía, José Ber Gelbard, proveniente del PC pero básicamente un pragmático, un partidario del intervencionismo estatal, bien conectado con los dirigentes sindicales y con los pequeños y medianos empresarios, y, por lo tanto, un buen artífice del “pacto social” que persiguió el líder justicialista; (5) un ministro de Bienestar Social, José López Rega, que contaba con contactos con los sectores de la derecha del peronismo, tales como el coronel retirado Jorge Osinde; y, finalmente, los ministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig, y del Interior, Esteban Righi, vinculados al presidente Cámpora y a los sectores de la izquierda del peronismo como la JP-Montoneros. (6)  
    En un primer momento Perón especuló con un papel de “primer embajador” y demoró su retorno definitivo a la Argentina hasta el 20 de junio de 1973. (7) El líder justicialista no participó de la ceremonia de asunción de Cámpora, sosteniendo que él era “soldado del presidente Cámpora”. De este modo, Perón tomó una conveniente distancia del nuevo ocupante de la Casa Rosada, a fin de poner a salvo su prestigio de los eventuales errores del nuevo mandatario. (8) Por cierto, la ceremonia de asunción de Cámpora, el 25 de mayo, evidenció la presencia protagónica de los sectores de izquierda dentro del peronismo. Los enormes carteles de FAR, Montoneros y la JP -que rivalizaron en su tamaño con las pancartas de los sindicatos- presagiaron el conflicto entre dicha izquierda y el grupo sindical, que estallaría poco tiempo después. Los sectores izquierdistas juveniles hicieron sentir su presencia insultando a las fuerzas militares. (9) 
   
Los grupos guerrilleros ejercieron presión sobre Cámpora para que el gobierno liberara a los presos políticos encarcelados en Villa Devoto. Estos se amotinaron en la misma mañana del 25 en que tuvo lugar la ceremonia de asunción de Cámpora. El nuevo presidente, superado por los acontecimientos, respondió a dicha presión decretando esa noche un indulto, mientras proponía al Congreso un proyecto de ley de amnistía de amplios alcances, y un proyecto de ley para derogar una serie de normas penales violatorias de principios constitucionales que habían estado vigentes durante el régimen militar de la Revolución Argentina. Ambos proyectos fueron sancionados por el Congreso y promulgados el día 27 de mayo. (10)  
    Pero las actitudes de violencia, lejos de disminuir tras las medidas de pacificación adoptadas por Cámpora y el ministro Righi, se incrementaron notoriamente. A los motines en las cárceles de Villa Devoto, Caseros y otros puntos del país, se sumaron otras expresiones de actitudes extremistas tales como la intervención en las universidades y el ataque a profesores y alumnos que no comulgaran con ideas izquierdistas -en una versión ideológicamente invertida de la “noche de los bastones largos”-, secuestros extorsivos a empresarios y ocupación forzada de fábricas, establecimientos públicos y hospitales. Los  diarios hablaron en ese momento de “vacío de poder” y de la “pérdida de control” por parte del gobierno de Cámpora. En el caso particular de las ocupaciones de empresas privadas, éstas constituyeron un directo desafío al espíritu conciliatorio del “pacto social” propuesto por el ministro de Economía Gelbard. (11) Por cierto, estos incidentes crearon un abismo entre Cámpora y Perón, que se evidenció claramente cuando el primero viajó a Madrid el 15 de junio de 1973 con el propósito de acompañar al líder del justicialismo en su retorno a la Argentina. En esa oportunidad, Perón le demostró al presidente electo su desagrado con lo que estaba ocurriendo en la Argentina. (12)  
    Las tensiones facciosas presentes en el movimiento justicialista estallaron el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, donde miles de manifestantes que esperaban el regreso de Perón tras 18 años de exilio fueron testigos de la transformación de lo que iba a ser una fiesta en una trágica batalla campal entre los sectores de derecha y de izquierda dentro del peronismo. (13) Debido a la gravedad de los incidentes, Perón, Cámpora y su comitiva se vieron obligados a aterrizar en Morón. (14) El 21 de junio, Perón dirigió un enérgico mensaje por radio y  televisión, implícita pero inequívocamente dirigido contra los sectores de izquierda de su movimiento:

“(...) Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. (...)
Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento. Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo y desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando “La vida por Perón” que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos.
Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos, que levantan banderas revolucionarias. (...)Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el Pueblo ha conquistado, se equivocan. (...)
(...) Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal. Así, aconsejo a todos ellos tomar el único camino genuinamente nacional: cumplir con nuestro deber de argentinos sin dobleces ni designios inconfesables. (15)

El enérgico mensaje del líder justicialista contó con el beneplácito general de los distintos dirigentes de los partidos políticos -desde las filas del propio justicialismo y de los integrantes no peronistas del FREJULI hasta las fuerzas de la oposición como la UCR y la Nueva Fuerza de Alvaro Alsogaray. También produjo una reacción favorable en los medios de prensa y en los líderes gremiales. Las únicas excepciones a este respaldo casi unánime provinieron del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del ERP. Juan Carlos Coral, candidato presidencial del PST, sostuvo la “desproporción evidente” existente entre las expectativas sociales que había generado el retorno de Perón a la Argentina y el contenido de su mensaje, agregando que el mismo demostraba que “Perón ha llegado al país para calmar y posponer los reclamos de los trabajadores”. (16) También el dirigente del ERP, Mario Roberto Santucho, anunció en una conferencia de prensa su actitud de romper la tregua con el gobierno, y pronunció severas críticas a la actitud de Cámpora y Perón ante los sucesos de Ezeiza. (17) 
   
Por cierto, el enfrentamiento de Ezeiza demostró los límites de la estrategia de Perón de concertar un equilibrio entre las distintas facciones dentro del movimiento. Durante su forzado exilio, Perón había alentado a los sectores de izquierda y a las llamadas “formaciones especiales”. Pero, vuelto al país y asegurado el retorno del peronismo al poder, Perón procuró un nuevo equilibrio, desmovilizando a los sectores juveniles que él mismo había contribuido a activar, e inclinando el fiel de la balanza hacia la dirigencia sindical y los sectores de derecha dentro del peronismo. Cuando fue informado de la tragedia de Ezeiza, Perón reaccionó sosteniendo que “ha de haber un retorno al orden legal y constitucional”, (18) y en su discurso posterior a la masacre, dejó entrever que ya no se sentía identificado con el grupo conformado por Cámpora y sus aliados de la juventud izquierdista. Pocos días después, Perón mantuvo contactos con el dirigente radical Ricardo Balbín (19) y con el jefe del ejército, general Jorge Raúl Carcagno. Tras estas conversaciones, Perón terminó de concretar la renuncia de Cámpora en una reunión que tuvo el 10 de julio con el ministro de Economía Gelbard, el ministro de Bienestar Social López Rega, y el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri,  yerno de  López Rega. (20)  
    Para muchos analistas de la política exterior argentina, el retorno del peronismo al poder en 1973, tras 18 años de ostracismo, marcó un giro respecto de los años del régimen militar que lo precedió. Claros exponentes de esta interpretación fueron autores como Alfredo Carella y Carlos Juan Moneta, quienes en un articulo de 1974 diferenciaron de manera tajante los perfiles de política exterior del último gobierno de la llamada Revolución Argentina -el del general Alejandro Lanusse- y del primer gobierno justicialista -el de Héctor J. Cámpora-. Según Carella y Moneta, la política exterior de Lanusse se caracterizó por un perfil de pluralismo ideológico pero statuquista, pues aunque reconoció la presencia en la región de regímenes de signo ideológico distinto, no toleró la participación cubana en el sistema interamericano, ni cuestionó la dependencia de Estados Unidos. En cambio, el adoptado por el gobierno peronista de Cámpora fue un perfil pluralista que apuntó a la reinserción de Cuba en la región y a la ruptura de la dependencia norteamericana, objetivos que compartió con las políticas exteriores de otros gobiernos de la región de índole populista o izquierdista como los de Salvador Allende en Chile, y del general Juan Velasco Alvarado en Perú. (21) 
   
Por cierto, ésta fue una interpretación fomentada por los propios militantes peronistas, debido a la lógica necesidad de diferenciarse lo más posible de un período militar que amplios sectores de la sociedad argentina percibieron en su momento como esencialmente negativo. Así, de acuerdo con el informe de política exterior elaborado por el diputado peronista José Luis Fernández Valoni en septiembre de 1973, la política exterior del período 1966-1973 se había caracterizado por un perfil que cedió la iniciativa a Brasil en el aprovechamiento de la Cuenca del Plata, se alineó con el “imperialismo” norteamericano a través de figuras como el ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena y los cancilleres Nicanor Costa Méndez y Eduardo Mc Loughlin, negoció “secretamente” sobre las Malvinas para llevar el problema a una vía muerta, obstaculizó el reingreso de Cuba a la OEA y llegó al escándalo de proponer una fuerza represora multinacional para ejercer, en concordancia con la política regional de Washington, el papel de policía contra la liberación de los pueblos -observaciones muy discutibles, como se ha visto-. Por oposición, la política exterior abierta a partir de la llegada del peronismo al poder se caracterizaba por la “Tercera Posición” y la “Argentina Potencia”, slogans que indicaban una política regional caracterizada por el acercamiento a los países latinoamericanos, el estrechamiento de vínculos con Cuba, y la adopción de actitudes independientes frente al imperialismo norteamericano y su socio subregional, la diplomacia brasileña. (22) En un trabajo académico de 1984, el ex canciller del gobierno de Héctor J. Cámpora, Juan Carlos Puig, reconoce sin embargo cierta continuidad entre el perfil de política exterior de incipiente autonomismo de los gobiernos de los generales Roberto M. Levingston y Alejandro A. Lanusse y el de autonomismo heterodoxo (23) adoptado por los gobiernos de Cámpora, Raúl Lastiri y Juan Perón. No obstante, Puig insiste, de manera similar a las anteriores interpretaciones, en establecer una diferenciación neta entre la política exterior de los dos últimos gobiernos de la Revolución Argentina y la de las gestiones peronistas. De acuerdo con Puig, mientras los elementos autonomistas del período militar eran “injertos” dentro de un cuadro general de carácter dependentista, los presentes en la etapa abierta a partir de mayo de 1973 eran producto de una concepción integral, que respondía a los lineamientos del autonomismo heterodoxo que hizo posible la “Tercera Posición”. (24) 
   
La idea de ruptura estaría sustentada en ciertas actitudes de la diplomacia argentina, tales como la denuncia del Acuerdo de Nueva York firmado entre los gobiernos de la Argentina y Brasil en noviembre de 1972 durante el régimen militar, la reanudación de vínculos diplomáticos con Cuba, o la severa crítica a la política norteamericana y al funcionamiento de la OEA que efectuara el subsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Vázquez, cargada de un fuerte tinte izquierdista y antiimperialista. Incluso el mensaje del presidente Cámpora ante los miembros de la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 1973, contenía un tono inequívocamente antiimperialista que parece abonar la idea de ruptura con las políticas exteriores de los gobiernos de la Revolución Argentina: (...) mi Gobierno será invariablemente solidario con las luchas antiimperialistas que llevan a cabo los Pueblos para abolir las viejas y nuevas formas de colonialismo y nunca tomará partido por los Gobiernos o Naciones explotadoras (...). (25) 
   
Frente a esta serie de lecturas que ponen el énfasis en la idea de ruptura, en el “antes” y el “después” del retorno del peronismo al poder, proponemos una explicación alternativa, que pone el acento en la idea de ajuste. Puig, quien había sido asesor en política internacional del CONASE y director nacional de Política Fluvial Internacional y Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos durante los años de la llamada Revolución Argentina, en realidad no buscó en su diseño original una política exterior conceptualmente opuesta al perfil occidentalista heterodoxo de Costa Méndez o al pluralismo ideológico de los cancilleres Mc Loughlin y de Pablo Pardo. Más bien profundizó su alcance. El canciller del gobierno de Cámpora propuso una “apertura al mundo” de la Argentina a través de una red de vinculaciones múltiples que permitiera a nuestro país contrapesar la tradicional incidencia de Estados Unidos. Este último fue el objetivo de Costa Méndez o de de Pablo Pardo, o del “Plan Europa” impulsado por el general Uriburu, que contó con la aprobación del presidente Onganía. Vale reconocer, sin embargo, que el diseño de Costa Méndez tuvo un contenido anti-castrista que el de Puig no tuvo.
   
El perfil de política exterior del canciller Puig, definido por él mismo como “autonomía heterodoxa”, buscó diversificar las relaciones externas de la Argentina, evitando las posiciones extremas de recurrir al alineamiento con Estados Unidos o de la secesión respecto del país líder del bloque occidental -camino que había adoptado el régimen castrista cubano-. En este sentido, su proyecto habría intentado ser una continuación de la Tercera Posición de Perón propuesta en los años ’40 y ’50. Puig pretendió insertar a la Argentina en un esquema de vinculaciones múltiples, donde figuraban áreas alternativas a las tradicionales de Estados Unidos y Europa Occidental, tales como Europa Oriental, Japón, América latina y países del Tercer Mundo. (26) 
   
No obstante, en el momento de poner en práctica el diseño del canciller, las ideas de éste se fusionaron con las de los sectores de izquierda, especialmente con las de la JP, cuya propuesta de política exterior contenía un fuerte tinte antiimperialista (en el sentido de antinorteamericano y de antibrasileño en tanto Brasil era percibido como el “agente subimperialista” de Estados Unidos en el Cono Sur). La mayor parte de los integrantes jóvenes de los cuadros de Cancillería estaba conformada por académicos que, necesitados de respaldo político, fueron en la práctica muy receptivos a las propuestas de la JP. El nombramiento de Jorge Vázquez como subsecretario de Relaciones Exteriores, una figura apoyada por la JP, mostraba la estrecha vinculación de los funcionarios jóvenes de Cancillería con los sectores de izquierda durante el gobierno de Cámpora. (27) El peso de esta vinculación es el que explica la resonancia que -para los sectores izquierdistas y para sus opositores- tuvo el anuncio -no concretado- del canciller Puig del ingreso de la Argentina al Pacto Andino. (28)  
    El sesgo ideológico mencionado se evidenció además en la adopción de medidas tales como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba -aunque la normalización de relaciones se inició durante el gobierno militar de Lanusse-; el establecimiento (por primera vez) de las relaciones con la República Democrática Alemana pocos días después de la asunción de Cámpora a la presidencia, el 28 de mayo de 1973; (29) el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno comunista de Corea del Norte el 1º de junio, sobre la base del respeto recíproco a los principios de “soberanía, no intervención, igualdad y beneficio mutuo”; (30) y, mucho más claramente, en la crítica respecto de la política regional norteamericana en la reunión de Lima a mediados de junio, que le otorgó a la política exterior de Puig un indeleble sello izquierdista y anti-norteamericano. (31)
   
Esta amalgama del diseño de Puig con las ideas anti-norteamericanas (o antiimperialistas) de los sectores de izquierda otorgó de hecho un perfil confrontativo a la política exterior argentina. Vale examinar al respecto un párrafo del discurso que el presidente Cámpora dirigiera a las fuerzas armadas, referido a la política exterior:

(...) Nuestra posición doctrinaria es terminante. Nos opondremos con igual energía a los imperialismos que, prácticamente desde Yalta, tratan de someter a los pueblos libres. (...) Haremos una política exterior firme y decidida en América Latina. Buscaremos nuevas formas de asociación con los pueblos hermanos que coinciden con nuestros objetivos de liberación y nos opondremos a toda tentativa imperialista que pretenda perturbar nuestra marcha hacia un destino común. No pretendemos una uniformidad impuesta por las armas, sino que sea producto de aspiraciones comunes. Pero recurriremos a ellas, si fuese necesario, para impedir cualquier tipo de agresión que pretenda quebrar la armónica integración de nuestros pueblos.(...) (32) 

Sin embargo, este tinte izquierdista y confrontativo que tuvo de facto la política exterior de Cámpora -ausente tanto en las políticas exteriores del período de la llamada Revolución Argentina como en el diseño original de política exterior del canciller Puig- no oculta algunas continuidades entre el período iniciado en mayo de 1973 y el que lo precedió. Una de ellas es la crítica a los esquemas de seguridad supra o multinacional propuestos por Washington. En otro párrafo del citado discurso ante las fuerzas armadas, Cámpora hizo una fuerte crítica a la llamada “doctrina de seguridad nacional” que el peronismo -en su necesidad de diferenciarse con el régimen militar anterior- identificó con el alineamiento a la doctrina estratégica regional impuesta por Estados Unidos adoptado durante los años del régimen de Onganía:

(...) La Argentina ha sentido la penetración imperialista en sus distintas expresiones. Las Fuerzas Armadas, como parte de la nación, han sido objeto de una de las formas más sutiles de presión.
So pretexto de la llamada “defensa continental” se organizó un sistema político-militar extra-nacional que pretendió distraer a las Fuerzas Armadas de su misión esencial: proteger la soberanía nacional.
Se estableció así una suerte de división internacional del “trabajo” militar. Sus promotores se arrogaron la responsabilidad de la defensa contra la agresión externa, reservando para las Fuerzas Armadas latinoamericanas la función de lo que se dio en llamar la “seguridad interna”. Esta actitud fue complementada con una política unilateral de imponer graves limitaciones al poder de decisión nacional en materia de armamentos. (...). (33)

Pero, más allá de la necesidad política de Cámpora de diferenciarse del gobierno militar, existe de hecho una notoria semejanza entre la anteriormente citada crítica del presidente justicialista a los esquemas supranacionales de seguridad regional y la que a continuación citamos, efectuada por el entonces canciller de Onganía, Nicanor Costa Méndez, al proyecto multinacional de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), impulsado por Estados Unidos: 

(...) No queremos una fuerza militar supranacional. No queremos la Fuerza Interamericana de Paz. Sí queremos un organismo que coordine los planes y proyectos militares de las diversas naciones en orden a la seguridad. A eso apuntaba nuestro proyecto (...)
(...) Las diferencias son sustanciales. La FIP supone la creación de una entidad militar supranacional. El proyecto argentino significa la institucionalización de un instrumento para coordinar los esfuerzos nacionales en favor de la seguridad. (...) la fuerza interamericana supondría un ejército supranacional que interviniera sin control de las naciones en Santo Domingo, Cuba o el país que fuere. El proyecto nuestro significaría que los ejércitos de los países que están dispuestos a intervenir en el supuesto caso, intervengan y coordinen sus esfuerzos a través de un organismo centralizador de armonización y coordinación de la actividad que los ejércitos nacionales realicen en la emergencia. (34)

Asimismo, la crítica a la política adoptada por las potencias nucleares que efectuara Cámpora en el citado discurso ante las fuerzas armadas del 6 de julio de 1973, ofrece una evidente continuidad con la posición de la diplomacia argentina en los tiempos de Onganía de rechazo al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). En palabras del entonces delegado argentino ante la ONU, embajador José María Ruda, el TNP tenía carácter discriminatorio al consagrar el “desarme de los desarmados” y no establecer garantías satisfactorias respecto de las potencias que ya poseían armas nucleares. (35) En un notorio testimonio de continuidad respecto del rechazo del TNP registrado durante el onganiato, el presidente Cámpora sostuvo ante los oficiales de las fuerzas armadas que:  

(...)La soberanía política de la República no es una idea para ser dicha sonoramente y después olvidarla en los hechos. Ninguna nación puede considerarse soberana si no es capaz de decidir, por sí misma, qué es lo que entiende por su seguridad interna o externa, cuáles son las amenazas que debe afrontar y cómo las rechazará. En la actualidad los imperialismos propugnan otros medios, igualmente sutiles, para controlar la voluntad de los pueblos (...)
Ofrecen entonces complejos mecanismos de desarme para mantener a otros desarmados y facilitar el perfeccionamiento y desarrollo de los propios armamentos. Tampoco olvidan de diseñar, en el marco de esos acuerdos, ingeniosos esquemas para perturbar el desarrollo tecnológico con fines pacíficos argumentando que representan un peligro de carácter militar.
A esto responderemos con la misma energía. La Argentina no teme los acuerdos reales de desarme porque tiene una clara intención pacifista. Pero no permitirá que se cercene su libertad de decisión cuando otros no se sujetan a las reglas de juego. Tal el caso, por ejemplo, del llamado “club nuclear”. Cuando sus miembros aumentaron, fueron sus fundadores los primeros en adoptar una enérgica actitud de oposición. Pero nada hicieron o han hecho para desprenderse de sus armas (...). (36) 

Caído Cámpora el 13 de julio de 1973, dos nuevas figuras ligadas a López Rega lograron puestos claves en el nuevo gobierno: su yerno, Raúl Lastiri, fue designado presidente provisional en reemplazo de Cámpora y Alberto Juan Vignes pasó a ser el nuevo canciller en lugar de Juan Carlos Puig. Con estos cambios, Perón reemplazaba a las figuras más identificadas con una postura izquierdista dentro del movimiento -Cámpora, Puig, Righi- por miembros del grupo lopezrreguista. El nuevo ministro del Interior, Benito Llambí, era una figura moderada al igual que el ministro de Defensa, Angel Federico Robledo, y el titular de Justicia, Antonio Benítez, quienes permanecieron en sus puestos. Otra movida -¿consentida u orquestada?- del líder justicialista fue la aparición de un nuevo grupo llamado Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), de orientación derechista y encabezado por un funcionario del Ministerio de Bienestar Social llamado Julio Yessi. Este grupo, conocido como la “Jotaperra” fue creado para servir de contrapeso a la Juventud Peronista, de orientación izquierdista. (37) No obstante, de acuerdo con su política de equilibrios y contrapesos, Perón compensó este avance de las figuras del lopezrreguismo manteniendo en la titularidad de Economía a José Ber Gelbard, un representante del pequeño y mediano empresariado con buenos contactos en la dirigencia sindical.
   
Estos cambios de gabinete fueron percibidos por algunos grupos juveniles de izquierda como digitados por Perón en forma conjunta con los sectores de la derecha peronista y del sindicalismo ortodoxo, cuyos objetivos eran “limpiar” de izquierdistas al movimiento justicialista, poner en marcha la “revolución en paz” propuesta por Perón y atraer capitales extranjeros. Tal el caso de la agrupación Resistencia Clasista, cuyos militantes advirtieron en una solicitada del 15 de julio de 1973 que “la renuncia de Cámpora viene acompañada por el intento de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes y de la burocracia, de frenar el avance de los trabajadores (...)”. (38) Del mismo modo, los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), dirección política del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que en una solicitada percibieron al alejamiento de Cámpora y Righi como parte de un proceso contrarrevolucionario protagonizado por los sectores más conservadores de la burguesía, la derecha peronista y los mandos de las fuerzas armadas. (39)  
    Asimismo, dentro de los sectores de izquierda en el radicalismo, el entonces jefe de la agrupación Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín, interpretó la renuncia de Cámpora en términos similares a los del ERP, percibiéndola como un “golpe derechista para asegurar un gobierno que no cambiará nada”. (40)
   
Por cierto, los sectores de la izquierda dentro del peronismo, como la JP y Montoneros, no pudieron o no quisieron ver este giro de Perón hacia la derecha y lo excusaron de toda responsabilidad por el alejamiento de Cámpora. (41) Por ingenuidad o por la necesidad política de utilizar a Perón como herramienta de su propio proyecto político, los dirigentes de la JP y de Montoneros interpretaron que el líder justicialista era una víctima del “cerco” digitado por López Rega, que lo aislaba del contacto con el sector juvenil y con el “pueblo”. Así, los integrantes de la JP hicieron el 21 de julio de 1973, una multitudinaria manifestación alrededor de la quinta presidencial de Olivos para quebrar dicho “cerco”. Pero a pesar de que los dirigentes de la JP Juan Carlos Dante Gullo, Juan Carlos Añón, Beto Ahumada y Miguel Lisazo obtuvieron el contacto directo con Perón, la euforia que provocó este logro fue efímera. Horas después, la Secretaría de Prensa de la Presidencia anunció a través de un comunicado la designación de José López Rega como delegado personal de Perón ante las distintas organizaciones de la Juventud Peronista. Con el fin de no romper el vínculo con el líder justicialista, muchos dirigentes juveniles prefirieron seguir explicando este nuevo desengaño a través del argumento del “cerco”. (42) 
   
Pero, a esta altura de los hechos, la teoría del “cerco” no se correspondía con la incontrastable realidad de los hechos. Sólo durante el período del exilio Perón adoptó un discurso afín a los objetivos “revolucionarios” de los sectores juveniles de izquierda. La referencia de Perón en el discurso pronunciado el 21 de junio de 1973 a su viejo lema “De casa al trabajo y del trabajo a casa” fue un inequívoco llamado a la desmovilización de los activos grupos juveniles, a los que Perón pedía “ordenar sus cabezas y espíritus”, discurso que contrastaba llamativamente con las citas de Mao Tse Tung que solía hacer tan sólo unos meses antes. (43) Ni Cámpora ni los sectores juveniles de izquierda dentro del peronismo pudieron o quisieron percibir este “giro” de Perón.  
    Pero tampoco Perón pudo o quiso percibir que su proyecto personal, de corte reformista, no podía ser conciliado con el de los sectores de izquierda, de índole revolucionaria. Mientras Perón habló de  una “revolución en paz” dentro del sistema capitalista., los Montoneros persiguieron “la destrucción del Estado capitalista y de su ejército, como previos a la toma del poder por el pueblo”. En tanto Perón siguió planteando la Tercera Posición como herramienta para ampliar los mercados de colocación alternativos al norteamericano, Montoneros propuso una variante más radicalizada, “una forma de vinculación solidaria activa con los pueblos latinoamericanos, asiáticos y americanos, los del llamado Tercer Mundo, explotados por el colonialismo y el imperialismo”. (44) Mientras en el  proyecto de Perón y de su ministro de Economía José Ber Gelbard la importancia de China no era de corte ideológico sino económico, como mercado de colocación de productos primarios e industriales argentinos, en la perspectiva de Montoneros la vinculación con China Popular, un régimen comunista, tenía una profunda implicancia ideológica, como la tenía la relación con Cuba o con otros regímenes socialistas en pos de la lucha antiimperialista. Por su parte, Firmenich criticó la oposición entre las consignas “patria socialista” y “patria peronista”, que demostraba claramente el divorcio existente entre los sectores de la ortodoxia peronista y aquellos volcados hacia posturas más de izquierda. (45) Incluso en un comunicado de septiembre de 1973, diversas agrupaciones de izquierda dentro del peronismo, lideradas por el grupo Montoneros Columna José Sabino, reclamaron a Perón el cumplimiento de las promesas efectuadas en los años de exilio. (46) 
   
Otro proceso que se hizo evidente con la renuncia de Cámpora fue la consolidación del cisma preexistente entre tres polos de poder: uno, liderado por el ministro de Economía José Ber Gelbard; el otro, encabezado por los dirigentes sindicales (el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci y el líder de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel); y un tercero, el de los sectores de derecha que rodeaban a Perón, cuyo referente esencial fue el titular de Bienestar Social López Rega. Gelbard, los dirigentes sindicales y López Rega habían estado momentáneamente unidos por su común rechazo a Cámpora. Pero tras el alejamiento del último, estos tres polos libraron una sorda batalla por el poder, que se desarrolló en dos fases distintas. En un primer momento, la derecha lopezrreguista y la derecha sindical actuaron en forma coordinada pero oculta contra Gelbard, debido al apoyo que Perón otorgaba al titular de Economía. En un segundo momento, a partir de la muerte del líder justicialista, la guerra sindical-lopezrreguista contra Gelbard fue abierta. (47)  
    La purga de figuras izquierdistas o filoizquierdistas en el gabinete de gobierno que tuvo lugar el 13 de julio de 1973 no alcanzó a la cúpula del ejército, arma que mantuvo como su comandante en jefe al general Jorge Raúl Carcagno. Este estuvo ideológicamente identificado con el régimen populista-izquierdista peruano del general Juan Velasco Alvarado -razón por la que algunos lo caracterizan como representante de la corriente “peruanista” dentro del ejército. Ya durante los días de la Revolución Argentina Carcagno se había identificado con el discurso del “nacionalismo desarrollista” difundido por sus colegas Osiris Villegas y Juan Enrique Guglialmelli en publicaciones militares como la Revista del Círculo Militar y Estrategia. Cabe recordar que los nacionalistas desarrollistas enfatizaban la insuficiencia de la mera represión como fórmula para derrotar la guerrilla, subrayando la íntima relación entre la falta de desarrollo y la violencia guerrillera.
   
Carcagno había sido interventor en Córdoba tras el Cordobazo obrero-estudiantil de mayo de 1969, pero, a diferencia del enfoque represivo del régimen de Onganía, el entonces interventor federal propuso el diálogo como alternativa para solucionar la crisis. Tras la llegada del FREJULI al gobierno en mayo de 1973, Carcagno fue designado comandante en jefe del ejército. En la gestión de Lastiri, la figura de Carcagno brilló con luz propia en dos acontecimientos: uno, de carácter externo, fue su protagonismo en la Décima Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas en septiembre de 1973. Otro, de índole interna, fue su participación en el llamado “Operativo Dorrego”, un procedimiento conjunto del ejército y la Juventud Peronista en tareas de ayuda social en ámbitos de la provincia de Buenos Aires asolados por inundaciones. (48) Este operativo, aunque tuvo más publicidad que efectividad, disgustó a los sectores más conservadores de las fuerzas armadas. También motivó los recelos de los miembros del Consejo Superior del Justicialismo, al punto que se llegó a formular un pedido de interpelación parlamentaria al general Carcagno por el polémico “Operativo Dorrego”. (49) 
    El “Operativo Dorrego” como otras actitudes populistas de Carcagno irritaron a los cuadros superiores del ejército y de la marina. Precisamente de la armada emergió otro foco de oposición a Carcagno, liderado por el entonces contraalmirante Emilio Eduardo Massera, quien tenía, además, buenos contactos políticos desde hacía tiempo con Lastiri. Massera repudió el “Operativo Dorrego” y sintió rechazo por el enfoque izquierdista de Carcagno. Buscó asimismo desplazar al entonces comandante en jefe de la armada Carlos Alvarez, un estricto profesionalista que había sido designado en mayo de 1973. Criticando tanto el izquierdismo de Carcagno como el apoliticismo de Alvarez y propugnando una actitud de fuerte compromiso con el gobierno peronista, Massera aprovechó sus conexiones con dirigentes peronistas -el propio presidente Lastiri, el metalúrgico Lorenzo Miguel y el ministro de Defensa Angel Federico Robledo- para obtener la titularidad del arma, meta que logró concretar durante la gestión de Perón, a fines de ese agitado año de 1973. (50)  
    Por otra parte, el alejamiento de Cámpora, Puig y Righi del gobierno nacional exacerbó la violencia guerrillera. Lastiri, intentando diferenciarse de la actitud contemporizadora de su antecesor, emitió un enérgico discurso el 30 de julio de 1973, en el que anunció una política de abierto enfrentamiento a los sectores guerrilleros a través del uso riguroso de la ley. (51)  Su discurso fue repudiado por los sectores de izquierda. (52)  
    El asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci el 25 de setiembre de 1973, (53) a tan sólo días del pronunciamiento electoral que le otorgó a Perón 62,7% de los votos, marcó el inicio de la completa ruptura del candidato triunfante con los sectores de izquierda, proceso cuyo primer capítulo se había dado tras la matanza de Ezeiza del 20 de junio. El giro -ya irreversible- de Perón hacia la derecha de su movimiento se evidenció a través de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Lastiri con la anuencia del líder justicialista. Entre éstas cabe destacar la sanción del decreto Nº 1454 del 24 de septiembre, declarando ilegal al ERP, y la prohibición por 24 horas que pesó sobre el diario El Mundo y Canal 9 por haber difundido un comunicado de este grupo; (54) la emergencia de un proyecto de modificación del Código Penal que aumentaba las condenas por asociación ilícita o producción de panfletos; (55) la aparición del famoso “Documento Reservado” del Consejo Superior Peronista que llamaba a la “guerra santa”, (56) y, finalmente, las expresas instrucciones del propio Perón a los gobernadores provinciales para que su próximo gobierno transitara dentro de la “más pura ortodoxia peronista”, y para que cada uno de los mandatarios provinciales proceda a “bloquear” posibles avances marxistas en sus respectivos gabinetes. (57) 
    Sin embargo, ninguna de las medidas anteriormente mencionadas logró contener la espiral de violencia guerrillera. En parte, esto se debía al carácter provisional del gobierno de Lastiri, dado que su función consistía en convocar dentro de los 30 días de su instalación a nueva elección de presidente y vicepresidente. Por distintos motivos, el problema fue similar al que sufriera su antecesor Cámpora. Por ello, y por la identificación que los sectores izquierdistas hacían de Lastiri como una figura ligada a López Rega, el presidente provisorio nunca contó con la legitimidad necesaria para contener la violencia guerrillera.  
    Si bien la figura de Perón fue la elección obligada y unánime para candidato a presidente, quedaba como incógnita la del vicepresidente. Los diarios y revistas de la época especularon acerca de la fórmula mixta Perón-Balbín. Pero esta opción encontró la oposición de ciertos sectores del justicialismo, del gobierno y del propio radicalismo -tal el caso del movimiento Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, opuesto a la línea conciliadora con el gobierno que promovía Balbín. En cambio, la figura de la esposa de Perón, María Estela Martínez -conocida como Isabel- apareció como una opción respaldada por el sindicalismo peronista ortodoxo y -al igual que ocurriera en su momento con Cámpora- como una figura débil, subordinada a Perón. Nuevamente, la preocupación de Perón por preservar un equilibrio favorable a su liderazgo personal es el que explicaría la tan controvertida decisión final, adoptada en agosto de 1973, de nombrar como compañera de fórmula a su esposa. Los autores peronistas intentan desligar a Perón de toda responsabilidad en esta decisión, alegando que en realidad el líder justicialista prefería a Balbín, pero que la presión combinada de los dirigentes sindicales y de López Rega y sus aliados lo terminaron convenciendo de la candidatura de Isabel. Este argumento sin embargo no logra desligar totalmente a Perón de su responsabilidad personal en el polémico nombramiento. Haya tenido o no incidencia directa en la designación, lo cierto es que no hizo nada por evitarla. Conociendo como conocía a su esposa y la influencia que López Rega ejercía sobre ella, sorprende que no haya pensado a largo plazo el problema de la sucesión. Lo que sí queda claro es que la opción por Isabel aparecía ante sus ojos como la alternativa más práctica a corto plazo, en función de su deseo de perpetuar el liderazgo, pues la compañera de fórmula sería una figura decorativa en su cargo de vicepresidente. (58) 
   
Por otra parte, el precario equilibrio existente entre las dos facciones encabezadas por los dos sobrevivientes de la recomposición ministerial de julio de 1973, José López Rega y José Ber Gelbard, se manifestó en el plano de la política exterior. El primero contó con una importante figura aliada en el Palacio San Martín: la del propio canciller Alberto Vignes. Vignes desató una sorda campaña para boicotear el acercamiento a los países socialistas del Este que impulsó desde Economía su titular José Ber Gelbard. Además, el nuevo canciller retiró la orden de su antecesor Puig de hacer renunciar a los embajadores designados por los gobiernos militares de la Revolución Argentina, e incluso contó en su gabinete con la participación de figuras vinculadas a la derecha antiperonista, como el caso de Julio Peña, quien se desempeñó como secretario general del Ministerio. (59)
   
No obstante la ofensiva de Vignes, la apertura comercial hacia Cuba y el Este europeo impulsada por Gelbard no sufrió tropiezos porque el propio Perón avaló la estrategia. El titular de la cartera económica tuvo además en esta época la ayuda de dos colaboradores claves, ambos provenientes del desarrollismo frondizista: el subsecretario de Relaciones Exteriores Julio César Carasales y Leopoldo Tettamanti, quien se desempeñó como subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y luego como secretario de estado de Relaciones Económicas Internacionales. Gracias a la ayuda de Tettamanti, Gelbard logró vencer los obstáculos que Vignes interpuso en el proyecto de apertura hacia los países del Este. La rivalidad entre Gelbard y Vignes estuvo motivada por razones tanto de índole ideológica como personal. Mientras vivió Perón, las batallas fueron ganadas por Gelbard. El 3 de mayo de 1974, ya durante el gobierno del líder justicialista, una misión comercial viajó a la Unión Soviética, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, encabezada por el propio ministro de Economía. (60) 
    Otro triunfo de Gelbard sobre Vignes fue la firma de un convenio de cooperación con Cuba. Por este convenio, la Argentina otorgó a Cuba una línea de crédito por 200 millones de dólares, ampliada luego a 1200. El propósito fundamental de la operación, que se concretó durante la gestión de Perón, entre fines de 1973 y principios de 1974, fue de financiar a Cuba compras de vehículos producidos en la Argentina, especialmente camiones y automóviles. La venta de autos a Cuba fue impulsada por el ministro Gelbard, dueño de industrias íntimamente ligadas al sector automotriz, y por el propio Perón, pues ambos apostaron a un modelo de desarrollo basado en la expansión de las exportaciones industriales a través de la diversificación de los mercados de colocación. Este modelo iba en perfecta sintonía con los postulados de la Tercera Posición en política exterior, y además otorgaría recursos necesarios para que la “justicia social” y el “pacto social” tuvieran una base material donde sustentarse. Una mayor presencia exportadora argentina solucionaría el problema de la estrechez del mercado interno local, que afectó tanto al gran capital empresarial -representado en la Unión Industrial Argentina (UIA)- como a la pequeña y mediana empresa -representada en la Confederación General de la Empresa (CGE)-. Curiosamente, esta operación comercial contó también con el respaldo de los empresarios y sindicatos vinculados a la industria automotriz norteamericana, que, como sus colegas argentinos, estuvieron preocupados por los efectos recesivos de la crisis petrolera mundial en el mercado interno y se opusieron a la continuación del bloqueo diplomático-económico sobre la isla, vigente desde 1962 y que las agencias del gobierno norteamericano deseaban mantener. (61)  
    Por último, otra derrota para López Rega y el canciller Vignes fue la incorporación de la Argentina como miembro del Movimiento de Países No Alineados. Debido a su inclinación ideológica, Vignes evidenció preocupación por el ingreso en este foro, concretado en septiembre de 1973 en la conferencia de Argel, y aconsejó al presidente Lastiri prudencia frente a este tema. Pero a pesar de los esfuerzos del canciller por frenar la participación argentina, pesó la postura del propio Perón, interesado en que la Argentina ingresara en el Movimiento como una confirmación de la Tercera Posición argentina en el contexto internacional de los años ’70. (62)  
    Frente a estas “derrotas”, López Rega y su aliado en Cancillería se aseguraron dos polémicos triunfos sobre su rival el ministro de Economía. Uno fue la aprobación del proyecto de ley sobre el “ordenamiento” integral del Servicio Exterior y de su Instituto, fundamentado en razones de eficiencia pero que en la práctica fue un instrumento de eliminación de elementos hostiles a la dupla López Rega-Vignes. (63) El otro triunfo del lopezrreguismo fue la firma de convenios con Libia en febrero de 1974, que le otorgó a dicho grupo aliados externos en su lucha por el control del poder.
   
El 12 de octubre de 1973, Perón asumió la presidencia, con el masivo respaldo de los distintos sectores del movimiento justicialista: la dirigencia sindical, el empresariado, las agrupaciones de la izquierda y de la derecha dentro del movimiento, todos los cuales celebraron con júbilo la llegada al poder del conductor, demorada por aquella prohibición del general Lanusse. Incluso Perón contó con el respaldo del radicalismo balbinista a su gestión.
   
En apariencia, con la llegada de Perón se dieron todos los requisitos necesarios para convertir en realidad su proyecto interno, basado en la “revolución en paz” y en el “pacto social” -un ámbito de diálogo entre los distintos sectores socio-económicos-. Pareció que, tras años de sangrientas luchas intestinas, la sociedad argentina podía crecer a través de una alianza y concertación entre sus componentes al estilo social-demócrata europeo. Pero, contra los deseos del nuevo presidente, los componentes del movimiento justicialista, ceñidos a rigideces ideológicas sectoriales, no estuvieron dispuestos al diálogo mutuo, sino a la destrucción del otro. Es decir, fue una realidad que estuvo en las antípodas del orden interno “legítimo” -al decir de Kissinger-, en el cual un acuerdo acerca de los objetivos y métodos de la política permite la resolución de los conflictos como expresión del consenso general. (64)
    Pero la dirigencia sindical, los jóvenes izquierdistas y el círculo lopezrreguista no entendieron los códigos kissingerianos con los que se manejó el viejo caudillo. Mientras Perón propugnaba una “revolución en paz”, estos sectores pensaron en términos de cruzada fundamentalista, donde cada uno de ellos debía imponer su proyecto. Así, la defensa que Perón hiciera de la burocracia sindical en su célebre discurso del 1º de Mayo de 1974, y los calificativos de “imberbes” y “estúpidos” que dirigiera a los sectores juveniles de izquierda, hizo que  los Montoneros y la JP-Tendencia se retiraran de Plaza de Mayo expresando su decepción, y poco después Montoneros pasara a la lucha clandestina. (65)
   
Los sectores izquierdistas percibieron la llegada de Perón a la Casa Rosada tan sólo como un paso en dirección a la patria socialista. Perón no quiso llegar tan lejos: buscó la “revolución en paz” pero dentro de un sistema capitalista, intención que los sectores izquierdistas interpretaron como conservadora y claudicante.  En consecuencia, Montoneros y JP-Tendencia dentro del peronismo, y el ERP fuera de él, apelaron a la actividad guerrillera en función de dos objetivos: acelerar la transición hacia el socialismo y responder a los ataques de las patotas sindicales y de la derecha lopezrreguista. Esta violenta realidad llevó a Perón a endurecer progresivamente su actitud con la guerrilla izquierdista, sobre todo a partir del ataque del ERP al cuartel general de Azul en enero de 1974. Este ataque provocó una fuerte reacción de Perón. El presidente culpó de lo ocurrido al gobernador de Buenos Aires, el filomontonero Oscar Bidegain, quien fue reemplazado por el sindicalista Victorio Calabró, proveniente de las 62 Organizaciones. (66) 
    Junto con el alejamiento de Bidegain se dieron otras purgas en sectores clave de la política nacional, acordadas entre Perón, la dirigencia sindical y el lopezrreguismo, para eliminar los vestigios izquierdistas del movimiento justicialista. Un paso importante en esta dirección fueron los reemplazos del “peruanista” Jorge Raúl Carcagno por el “profesionalista” Leandro Anaya en la comandancia general del ejército; (67) del vicealmirante Carlos Alvarez por el almirante Emilio Massera en la jefatura de la armada, (68) y del general Miguel A. Iñíguez por el comisario Alberto Villar al frente de la Policía Federal. (69) 
   
Estas purgas evidenciaron un giro de Perón hacia la dirigencia sindical y el grupo lopezrreguista, que sería ya irreversible. También mostraron la emergencia de una serie de figuras de orientación derechista y opuestas al proyecto de “pacto social” y “apertura hacia el Este” del ministro Gelbard, quien se fue encontrando gradualmente sin aliados, con la expresa excepción de Perón. Gelbard, consciente de su creciente aislamiento y obsesionado con la idea de que López Rega lo quería matar, activó los contactos con los dirigentes radicales y con los montoneros para obtener respaldo a su gestión y conformar un frente antilopezrreguista. (70)
   
El único elemento parcialmente moderador en esta espiral de violencia alimentada tanto desde la izquierda como desde la derecha fue el propio Perón, quien procuró una política de persuasión con los Montoneros vía Gelbard y no adhirió a la propuesta de López Rega de utilizar fuerzas parapoliciales para apagar la violencia guerrillera. Pero ni el pragmatismo de Perón ni los contactos de Gelbard con Montoneros y dirigentes de la oposición lograron contener dicha violencia. A los ataques de sectores izquierdistas se sucedieron réplicas de las patotas sindicales y de las fuerzas parapoliciales organizadas en forma secreta por López Rega y sus aliados, respuestas que a su vez provocaron nuevos atentados de la izquierda. (71) 
   
En el ámbito de la política exterior, Perón diseñó un perfil que representó acabadamente su actitud pragmática. No sólo profundizó el acercamiento con los regímenes comunistas de Cuba, la Unión Soviética y los países de su área de influencia, y China, ya insinuado durante las gestiones anteriores. También fomentó los vínculos con los países árabes, especialmente Libia. Asimismo, se aproximó a los gobiernos vecinos de signo ideológico derechista, como los de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Por lo tanto, el elemento orientador de su política exterior no fue el ideológico. Influido por el realismo geopolítico y preocupado por el cambio en el equilibrio de poder subregional -expresado en la irrupción de regímenes militares anticomunistas en los países vecinos-, Perón procuró evitar el aislamiento y ganar socios económicos, desechando las incongruencias ideológicas entre la Tercera Posición argentina y las políticas exteriores de sus vecinos. Con el fin de limar asperezas, cerró viejas disputas con Uruguay a través de la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en noviembre de 1973, y buscó asociarse con los vecinos a través del desarrollo de obras energéticas: el proyecto de Salto Grande con Uruguay, el de Yacyretá-Apipé con Paraguay, y el de minas de hierro de Minarense y Corumbá con Brasil. (72)  
    Las negociaciones comerciales con Pekín se iniciaron en noviembre de 1973, con motivo de la visita de una delegación de la República Popular China a Buenos Aires. En enero de 1974 se intercambiaron en Pekín los textos referentes al Convenio de Transporte Marítimo vinculado a la venta de granos. Estas negociaciones se canalizaron a través de la embajada argentina en China, llegándose a un texto común en agosto de 1974. Pero la maquinaria burocrática montada por el canciller Vignes y sus aliados trabaron y demoraron los cables procedentes de China, llegando a retener información y no transmitirla a Economía y a Comercio Exterior. (73)
   
Cabe mencionar además que el 20 de marzo de 1974 se puso en marcha la central nuclear de Atucha, construida con el aporte tecnológico alemán acordado en la época de Onganía. Este reactor mantuvo su funcionamiento con uranio natural, disponible en la Argentina, en vez del uranio enriquecido, cuyo abastecedor era Estados Unidos. Asimismo, durante el gobierno de Perón se construyó una segunda central nuclear, en la localidad cordobesa de Embalse del Río Tercero, también con uranio natural. Este segundo emprendimiento contó con tecnología de origen canadiense. Otro paso fue la firma, en mayo de 1974, de un convenio con la India sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos, que establecía el intercambio de información y experiencias sobre la materia. Vale advertir que estas medidas fueron enfáticamente publicitadas por los medios como ejemplos de una política exterior independiente, diferente a la del período militar, en pos del objetivo de la “Argentina Potencia”, cuando en realidad representaron mas bien la continuación de la política nuclear del período de la Revolución Argentina. (74) 
    La muerte de Perón se produjo el 1º de julio de 1974. Con el líder justicialista desapareció la única figura política con la suficiente capacidad de convocatoria para moderar la violencia proveniente tanto de los sectores de izquierda como de derecha. A pesar de la ruptura entre el líder justicialista y los sectores izquierdistas de la JP-Tendencia y Montoneros, otros sectores de la JP (como, por ejemplo, la JP-Lealtad) siguieron reconociendo el liderazgo de Perón. De esta manera, la desaparición física de Perón consolidó el giro hacia la derecha ya iniciado con la matanza de Ezeiza el 20 de junio de 1973, las renuncias de Cámpora, Puig y Righi el 13 de julio del mismo año y las medidas de seguridad adoptadas durante los gobiernos de Lastiri y Perón, y que se había tornado irreversible tras las purgas de elementos izquierdistas del gobierno y de las fuerzas armadas y la expulsión de los Montoneros de la Plaza de Mayo en el discurso del 1º de mayo de 1974.
   
Sin la presencia moderadora de Perón, tanto los representantes de la extrema izquierda como la extrema derecha del movimiento justicialista se sintieron habilitados para ejercer la violencia en forma ilimitada y abierta. La dirigencia del ERP, que nunca había creído en la vocación “revolucionaria” de Perón, percibió al gobierno de Isabel como representativo de los sectores derechistas ligados al capitalismo y al imperialismo yanqui. A su vez, López Rega y su grupo ya no tuvieron ningún freno para utilizar en forma desembozada a la Triple A para reprimir a los manifestantes de izquierda y a miembros de la comunidad judía -tuviesen o no inclinación izquierdista.
   
Pero ni Isabel Perón ni López Rega podían ocupar el liderazgo vacante. Ya en la primera reunión convocada en Olivos a tan sólo cuatro días de la muerte del líder justicialista, los ataques del dirigente radical Ricardo Balbín, del ministro de Defensa Angel Robledo y del jefe de la armada Emilio Massera a la figura de López Rega demostraron a las claras la resistencia que éste despertaba tanto dentro de las filas del oficialismo como de la oposición. (75) 
   
La dupla Isabel Perón-López Rega procuró reemplazar su escaso poder de convocatoria con un estilo vertical e impregnado de elementos autoritarios. Se conformó además un entorno presidencial, constituido por elementos del grupo lopezrreguista y otros de la derecha, que monopolizó el control del poder y la toma de decisiones del gobierno, produciendo un fenómeno que fue percibido por algunos observadores como de “privatización de la política” (76) y que llevó a una progresiva pérdida de legitimidad del gobierno. Provocó también la división del propio partido justicialista en dos grupos, los “verticalistas” y los “anti-verticalistas”, que tuvieron diferencias de enfoque respecto de la continuación de la presidente Isabel en el gobierno. Entre los primeros estuvieron el grupo lopezrreguista y el de las 62 Organizaciones de la CGT, liderado por Lorenzo Miguel, que terminarían enfrentados. Existió también un “verticalismo crítico”, es decir de apoyo a la presidente pero no a su entorno, en el cual militaron algunos dirigentes sindicales, algunas figuras del peronismo histórico, entre ellos el ministro de Economía Antonio Cafiero y el de Defensa Angel Robledo, y algunos gobernadores de provincia, como Carlos Menem de La Rioja. (77) Por su parte, los “anti-verticalistas” procuraron la renuncia de Isabel. Dentro de este grupo se encontraban el gobernador de Buenos Aires, el sindicalista Victorio Calabró -quien rivalizó dentro de la UOM con Lorenzo Miguel-; las figuras ligadas con el ex gobierno de Cámpora como el ex vicecanciller Jorge Vázquez y los ex gobernadores provinciales Ricardo Obregón Cano de Córdoba y Miguel Ragone de Salta; los integrantes de la llamada neo-JP o JP anti-verticalista, un grupo integrado por los diputados peronistas Julio Bárbaro, Julio Mera Figueroa, Enrique Osella Muñoz y Nilda Garré, quienes constituyeron el denominado “Grupo de Trabajo” y conformaron su propia banca, separándose del bloque de FREJULI. (78) A la división entre “verticalistas” y “anti-verticalistas” dentro del justicialismo se sumaron el alejamiento de los partidos aliados del FREJULI, tales como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y los roces con el radicalismo balbinista, que procuró inútilmente mantener el diálogo con el oficialismo. (79)
   
En octubre de 1974 el alejamiento del ministro de Economía Gelbard fue una gran victoria del lopezrreguismo, que pudo llevarse a cabo debido a la concurrencia de las críticas de las 62 Organizaciones sindicales y de las entidades de productores agropecuarios. (80) La entente  lopezrreguista-sindical también provocó la renuncia de varias figuras del gabinete que tuvieron diferencias de estilo y enfoque con el ministro de Bienestar Social. Tales fueron los casos del titular de Interior, Benito Llambí; de Educación, Jorge Taiana, y de Defensa, Angel Robledo, quienes fueron reemplazados a mediados de agosto de 1974 por Alberto Rocamora, Oscar Ivanissevich y Adolfo Savino, respectivamente. (81)  
    No obstante, esta alianza lopezrreguista-sindical fue sólo circunstancial, motivada por el común rechazo de ambos grupos a los sectores izquierdistas y a la figura de Gelbard, rechazo que, en el último caso, evidenció además la presencia de una fuerte inclinación ideológica antisemita tanto dentro del lopezrreguismo como en las filas del sindicalismo. (82) El acuerdo entre ambos grupos se quebró cuando López Rega digitó en junio de 1975 el nombramiento del ultraliberal Celestino Rodrigo como ministro de Economía, quien adoptó una política de ajuste que provocó la reacción de los sectores sindicales. 
    Paradójicamente, la ofensiva sindical desplazó a López Rega de su cargo en julio de 1975, pero, al proteger la permanencia de Isabel en el gobierno, permitió la regeneración de un entorno integrado por elementos neolopezrreguistas, continuadores de la política sectaria y autoritaria del ex ministro de Bienestar Social. Entre estos neolopezrreguistas cabe destacar las figuras del secretario técnico y privado de la Presidencia, el nacionalista católico Julio González, quien ocupó el lugar de López Rega en términos de influencia sobre la presidente; del ministro de Educación Pedro Arrighi, y las de los sucesivos ministros de Bienestar Social, que mantuvieron la línea de López Rega. (83)  
    Las 62 Organizaciones lograron imponer varias figuras acordes con sus intereses durante el breve interinato de Italo Luder (13 de septiembre al 17 de octubre de 1975) provocado por la licencia de la presidente Isabel. Este interinato, con las presencias de dos figuras cercanas a los intereses sindicales como Antonio Cafiero en el ministerio de Economía y Carlos Ruckauf en el de Trabajo, abrió un compás de esperanza tanto a las 62 como a los peronistas históricos y los radicales, que reconocieron en Luder una figura proclive al diálogo. Incluso Luder logró alejar a otras figuras lopezrreguistas del gobierno, como el canciller Alberto Vignes, reemplazado provisoriamente en agosto por Angel Federico Robledo. Pero finalmente el retorno de la presidente el 17 de octubre de 1975 se produjo porque, además del neolopezrreguismo, sectores y figuras contrarias a este grupo como las 62 Organizaciones lideradas por Lorenzo Miguel, (84) el ministro de Economía Antonio Cafiero (85) e incluso el propio Robledo (86) terminaron adhiriendo a la posición verticalista, no por coincidencias de intereses con el grupo neolopezrreguista sino más bien preocupados por el temor al vacío institucional que podía dejar la salida de Isabel del gobierno. Esta extraña coincidencia entre sectores divididos ideológicamente fortaleció la alternativa verticalista frente a la opción de alejar definitivamente a la presidente, sustentada entre otros por los sectores militares, la Corriente de Afirmación Peronista, el llamado Grupo de Trabajo anti-verticalista, los dirigentes radicales y el sindicalista Victorio Calabró.
   
Cabe mencionar que el gobierno de Isabel procuró una serie de medidas para eliminar la guerrilla izquierdista. Decretó el estado de sitio a partir del 6 de septiembre de 1974 por tiempo indefinido y autorizó el empleo de fuerzas paramilitares -entre ellas Triple A- controladas por el Ministerio de Bienestar Social. Estas medidas no lograron disminuir la violencia guerrillera. Más bien complicaron la situación, pues a los ataques provenientes de los sectores de izquierda se sumaron los originados desde el propio aparato estatal. (87) 
   
Ante el fracaso de los mecanismos antiterroristas instrumentados desde el Ministerio de Bienestar Social en coordinación con la policía federal, el gobierno de Isabel resolvió que los militares se encargaran de la lucha antisubversiva, a través del decreto secreto 261 aprobado a principios de febrero de 1975. El éxito del “Operativo Independencia” contra la guerrilla en Tucumán, realizado como consecuencia de esta decisión, fue una derrota táctica de López Rega, en tanto demostró el fracaso de las fuerzas policiales para contener la violencia guerrillera y la eficiencia del ejército en lograr ese objetivo. (88) Durante el breve interinato de Luder, entre septiembre y octubre de 1975, fueron sancionados dos nuevos decretos (Nos. 2270 y 2272) que otorgaron a las fuerzas armadas el control centralizado de las operaciones militares, si bien éstas quedaban bajo el comando superior de la presidente. Estos decretos fueron un nuevo golpe para los intereses del lopezrreguismo, porque la policía federal -área controlada por el ministro de Bienestar Social- debía estar a disposición de las fuerzas armadas. (89)  
    En mayo de 1975 el comandante en jefe del ejército Leandro Anaya fue reemplazado por el general Alberto Numa Laplane. Las causas del retiro de Anaya fueron su desacuerdo respecto de la participación del ejército en los hechos de Villa Constitución el año anterior; su crítica a la falta de apoyo gubernamental en el operativo militar antiguerrillero en Tucumán, y finalmente el envío al ministro de Defensa Adolfo Savino, a fines de abril de 1975, de un documento del Comando General del Ejército que denunciaba las actividades de la Triple A e involucraba en ellas al ministro de Bienestar Social López Rega. El ministro Savino, quien era amigo de López Rega, increpó a Anaya  por enviarle una denuncia sobre un tema que el titular del ejército conocía. Por su parte, el sucesor de Anaya, Numa Laplane, designado a instancias de López Rega, abogó por una nueva política de “profesionalismo integrado”, que suponía el apoyo institucional de las fuerzas armadas al gobierno. (90)  
    Por otro lado, el asesinato del coronel Mario Rico en marzo de 1975, atribuido a López Rega,  provocó el distanciamiento del gobierno del comandante en jefe de la marina, Emilio Massera, una figura hasta entonces cercana a López Rega. Producido luego el retiro de Anaya, Massera se aproximaría a éste, implementando una estrategia apuntada a dos objetivos: el rechazo a la posición de compromiso con el gobierno que adoptara Laplane y la conformación de un frente militar anti-lopezrreguista. Anaya coincidió con el primer objetivo de Massera, porque era un profesionalista y porque tanto él como el jefe naval temieron quedar involucrados en el creciente descrédito del partido gobernante. Asimismo, Anaya estaba molesto por los ecos que en el ejército provocara el asesinato de Rico y coincidió con Massera en la necesidad de limitar el poder de López Rega. (91) 
   
Esta entente entre Massera y Anaya reveló hasta qué punto el enfoque de “profesionalismo integrado” sustentado por el comandante en jefe Numa Laplane no fue bien visto por la mayoría de los oficiales del ejército y de la marina. Estos impulsaron las renuncias del ministro del Interior, Vicente Damasco (quien había sido designado en febrero de 1974 y era un coronel en actividad), y de Laplane. La presidente se negaba a aceptar el alejamiento del último. Finalmente, la situación hizo crisis en agosto de 1975, y Laplane fue reemplazado por el general Jorge Rafael Videla, continuador de la línea de “profesionalismo prescindente” del ex comandante en jefe Anaya. Tras el nombramiento de Videla, el frente anti-lopezrreguista conformado por Massera y Anaya se consolidó, fracasando así  el  intento de la presidente y López Rega de lograr la participación directa de los militares en el gobierno. (92)  
    Videla se definió como un “apartidista” en la Novena Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo en octubre de 1975. Pero al mismo tiempo declaró que estaba dispuesto a lograr la seguridad del país “a costa de cualquier sacrificio”. (93)  No obstante, poco tiempo después el comandante demostró que su postura “prescindente” era mera retórica cuando envió una carta de felicitación al gobernador de Buenos Aires Calabró, por la eficacia de las fuerzas policiales provinciales en la represión al ataque del ERP contra el Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo. Este gesto de Videla tuvo importantes repercusiones en el ámbito gremial, pues impidió que Lorenzo Miguel, rival de Calabró, lograra remover al último de su cargo a través de una intervención federal. (94) Asimismo, el comandante en jefe del ejército envió su mensaje de Nochebuena desde Tucumán, hecho que fue interpretado en los medios políticos como un verdadero ultimátum al gobierno. (95)
   
Por cierto, la creciente crisis de legitimidad que padeció la gestión de Isabel tuvo su correlato en el ámbito de la política exterior, que se convirtió en arena de disputas facciosas entre lopezrreguistas y anti-lopezrreguistas, generando permanentes cambios en la conducción de la Cancillería. A lo largo de los veintiún meses de gobierno de Isabel, se sucedieron cuatro cancilleres de estilos personales muy diferentes, lo cual privó a la política exterior de un mínimo de coherencia como para dotarla de cierta credibilidad. Los cancilleres del gobierno de Isabel Perón fueron además de Vignes (que permaneció hasta agosto de 1975), Angel Federico Robledo (agosto a octubre de 1975), Manuel Arauz Castex (octubre de 1975 a enero de 1976) y Raúl Quijano (enero a marzo de 1976). 
    Cabe señalar además que existieron dos canales simultáneos para la implementación de la política exterior, fenómeno que luego se repetiría en los años del “Proceso” militar. Uno estaba integrado por el canciller y los funcionarios del Palacio San Martín, cuyo principal interés era activar contactos diplomáticos con Washington y los foros internacionales, negar las evidencias de inestabilidad interna, y desplegar en el exterior una imagen irreal de la “Argentina Potencia” que enfrentaba exitosamente el terrorismo y crecía económicamente. Ejemplos de esta diplomacia virtual fueron la exagerada importancia que los cancilleres Vignes, Robledo y Quijano atribuyeron a sus respectivos contactos personales con el secretario de Estado norteamericano Kissinger, y los esfuerzos desplegados por la diplomacia argentina para colocar al argentino Alejandro Orfila en la secretaría general de la OEA. El segundo canal estuvo en poder de los oficiales militares, cuyo rol en política exterior fue crecientemente importante, sobre todo en los temas vinculados a cuestiones de soberanía territorial. El papel protagónico de la marina en las cuestiones del Beagle y Malvinas fue un claro ejemplo del hecho.
   
Durante la gestión de Vignes como canciller del gobierno de Isabel, se profundizaron algunos rasgos ya presentes durante su actuación como ministro de Perón, por ejemplo, el acercamiento a los países del Cono Sur. En cambio, otros temas, que habían sido relevantes para el líder justicialista y su ministro de Economía Gelbard, pasaron a segundo plano -caso de los vínculos con Cuba, México, Venezuela y Perú y el ingreso al Pacto Andino- o fueron directamente abandonados por su vinculación con Gelbard -casos de la apertura comercial a la URSS y los países socialistas del Este europeo y los tratados comerciales con China Popular-. El gobierno de Isabel adoptó una actitud de cooperación y complicidad con los regímenes militares de los países vecinos -especialmente con los de Chile y Uruguay-. El canciller Vignes también mantuvo un perfil moderado en las cuestiones interamericanas potencialmente irritativas para los intereses norteamericanos -cuestión del bloqueo a Cuba, Trade Bill, rol de la OEA y del TIAR) y el sesgo decididamente pro-árabe y antisemita respecto del ámbito de Medio Oriente. En síntesis, durante su etapa como canciller del gobierno de Isabel, Vignes respondió a la matriz ideológica del lopezrreguismo. Como consecuencia, el perfil de política exterior resultante se alejó de la Tercera Posición de Perón-Gelbard y en cambio se acercó al alineamiento con Estados Unidos en las cuestiones interamericanas. 
    Tras la caída de López Rega en julio de 1975, el poder del canciller Vignes entró en un cono de sombras. (96) Su gestión fue objeto de diversas denuncias, (97) hasta que en el mes de agosto fue reemplazado por Angel Robledo. La gestión de Robledo como canciller (agosto a octubre de 1975), coincidió en buena medida con el interinato de Italo Luder (septiembre a octubre de 1975), período en el que los sectores opuestos a López Rega intentaron sin éxito una vuelta al “pacto social” y a la Tercera Posición de Perón. Robledo, que contaba con una larga trayectoria en el peronismo y con excelentes contactos en el radicalismo, representó precisamente a estos sectores anti-lopezrreguistas e intentó revertir lo que percibía como un “adormecimiento” de la Cancillería debido al paso de Vignes. (98)  
    Uno de los pasos adoptados por Robledo en esta tarea de otorgar una “nueva imagen exterior” a la Argentina fue el retorno a la tradicional posición equidistante en el conflicto árabe-israelí. Así, en la Quinta Conferencia de Países No Alineados, celebrada en Lima en agosto de 1975, el nuevo canciller argentino no adhirió a la postura árabe de expulsar a Israel de la ONU, aunque apoyó los derechos del pueblo palestino y expresó su esperanza en el éxito de las negociaciones encabezadas por el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger con los gobiernos de Egipto e Israel. Robledo ratificó más tarde esta postura “equidistante” en la ONU, cuando a fines de septiembre aplaudió el nuevo Pacto del Sinaí firmado entre los gobiernos egipcio e israelí a principios de dicho mes. (99)
   
En el ámbito regional, Robledo reactivó los vínculos con Venezuela y Cuba, prácticamente desactivados durante la gestión de Vignes. El canciller asignó particular importancia a Venezuela como productor petrolero y miembro de la OPEP, en un contexto en el que los efectos de la crisis petrolera se hicieron sentir en la economía argentina. Aprovechando las gestiones comerciales y financieras del ministro de Economía Cafiero en Caracas y la visita del canciller venezolano Escobar Salom a Buenos Aires en septiembre de 1975, Robledo intentó reactivar los vínculos bilaterales. Pero los resultados de estos contactos se vieron frustrados por la corta gestión de Robledo en el Palacio San Martín. En el caso de Cuba, el atentado perpetrado a mediados de agosto de 1975 contra el embajador de Cuba en Buenos Aires, Emilio Aragón, por parte de grupos armados, demostró la precariedad de los esfuerzos renovadores del canciller Robledo frente a las asechanzas del neolopezrreguismo. (100)
   
El caso de los vínculos con México expresó las propias limitaciones del esfuerzo renovador de Robledo, quien, sin adherir al lopezrreguismo, tampoco fue una figura izquierdista. El canciller argentino se opuso a la iniciativa impulsada en la ONU por el gobierno populista-izquierdista mexicano de Luis Echeverría, tendiente a adoptar sanciones por la política represiva del régimen español derechista del general Francisco Franco contra terroristas españoles. Robledo basó su posición en la sujeción al principio de no intervención en los asuntos internos. (101)  
    Como su antecesor Vignes, Robledo concedió particular importancia a los contactos diplomáticos bilaterales con el secretario de Estado norteamericano Kissinger, con el fin de obtener respaldo político y créditos de la Casa Blanca y los bancos. Consciente de que este objetivo sólo podía lograrse disipando la desconfianza de los inversores, Robledo decidió “aclarar” la situación del terrorismo en la Argentina en la entrevista que tuvo con Kissinger a fines de septiembre de 1975. En dicho encuentro, efectuado en el marco de la 30º Asamblea General de las Naciones Unidas, Robledo intentó convencer a su interlocutor, aludiendo a “distorsiones” en los medios de prensa, minimizando el fenómeno subversivo y destacando que el mismo no afectaba ni la estabilidad del gobierno ni su consenso. Kissinger prometió el respaldo de Washington para el proceso político argentino. (102) Por cierto, el apoyo de Kissinger no podía ir más allá de la retórica. Ni en ese momento ni después, la economía argentina dio señal alguna que permitiera generar un mínimo de confianza en el exterior. Vale citar al respecto la calificación de la Argentina como “zona altamente peligrosa” efectuada por una “tabla de riesgos” (Business Environment Risk Index) publicada en Estados Unidos. (103)
   
Finalmente, las pujas facciosas dentro del gobierno argentino debilitaron el margen de maniobra del ministro Robledo, por lo cual éste fue reemplazado a comienzos de octubre de 1975 por Manuel Arauz Castex, un hombre de formación jurídica -había sido juez de la Corte Suprema-, quien se mantendría en el cargo hasta enero de 1976.
   
El reemplazo de Robledo por Arauz Castex en la Cancillería evidenció hasta qué punto la política exterior de este período estuvo sujeta a los vaivenes de la lucha entre los neolopezrreguistas y sus opositores. Un claro indicio de esta pugna durante la gestión del nuevo canciller fue la negativa repercusión que en el lopezrreguismo y otros grupos de la derecha antisemita argentina tuvo la votación de abstención de la delegación argentina respecto de la resolución de la ONU de noviembre de 1975, que calificaba al sionismo como “una forma de racismo y de discriminación racial”. Así, el jefe de prensa de la UBA, Horacio Calderón, en forma acorde con el antisemitismo del grupo lopezrreguista, publicó una solicitada titulada “Sión y el racismo” de apoyo al dictamen de la ONU y de crítica al pueblo de Israel y a los argentinos de credo judío. La solicitada de Calderón motivó un pedido de informes de parte de un grupo de diputados del radicalismo alfonsinista al Poder Ejecutivo. Pero a la solicitada antisemita de Calderón se sumó la firmada por varios integrantes del llamado “Grupo Nacional Argentino Pro-Tercer Mundo”, que también defendió el dictamen de la ONU y definió al sionismo como una forma de racismo equivalente al “apartheid” sudafricano, evidenciado en actitudes tales como la “judaización” de la Ciudad Santa de Jerusalén. Estas solicitadas de tono antisemita y pro-árabe provocaron la inmediata reacción de los grupos vinculados a las comunidades judías en la Argentina, tales como la Organización Sionista y la Confederación Juvenil Judeo-Argentina, que emitieron un documento refutando la imputación de “racista” adjudicada al sionismo por la resolución de la ONU. Incluso en noviembre de 1975 tuvo lugar una manifestación de 10.000 personas en la sinagoga de la calle Libertad de la Capital Federal, convocada con el objeto de repudiar la citada resolución. (104)
   
En cuanto a las relaciones con los países latinoamericanos, Arauz Castex quiso revertir el vacío existente en las relaciones diplomáticas con Brasil, provocado por la prolongada ausencia de un embajador argentino en el país vecino. La designación de Jorge Casal, a principios de diciembre de 1975, fue un paso importante en este sentido. Pero este paso -demorado en la práctica hasta febrero de 1976, fecha en la que Casal presentó sus credenciales ante las autoridades de Itamaraty- poco hizo por revertir la situación de abandono que venían sufriendo las provincias argentinas ubicadas en la frontera -especialmente Misiones y Corrientes-. Como sus antecesores en el cargo, Arauz Castex asumió una actitud pasiva ante los reclamos del gobernador de Misiones, Miguel Angel Alterach, quien solicitó atención de las autoridades nacionales con el fin de detener el problema del contrabando de drogas y ganado con destino a Brasil. (105) 
    En el caso de la posición argentina sobre los delicados temas de la no proliferación nuclear y el desarme, Arauz Castex intentó mantener la postura tradicional argentina de defensa de un desarrollo nuclear independiente, en forma acorde con el discurso de los sectores nacionalistas desarrollistas. Pero la puesta en marcha del programa nuclear elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) -e iniciado durante el gobierno de Perón con la inauguración de centrales nucleares como la de Atucha- fue seriamente obstaculizada por los avatares de la política interna. Este hecho provocó en noviembre de 1975 un pedido de informes al Ejecutivo proveniente del ámbito parlamentario, que criticó la falta de una legislación nuclear que protegiera los emprendimientos nacionales. (106) 
   
No obstante la dura actitud asumida por Arauz Castex frente a Gran Bretaña por la cuestión de las Malvinas, que fue aplaudida por los militares y sectores del propio partido gobernante, el canciller no se mantuvo a salvo de las asechanzas del entorno neolopezrreguista, cuyas figuras -el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri y el secretario técnico y privado de la Presidencia Julio González- influyeron sobre la presidente Isabel para digitar su alejamiento. (107)
 
    El último canciller del gobierno de Isabel, Raúl Quijano (enero-marzo de 1976), fue un diplomático que contó a su favor con una buena imagen en Estados Unidos, producto de una dilatada trayectoria en foros multilaterales. La presidente y su entorno recurrieron a su figura prestigiosa en un nuevo intento por obtener un mínimo de credibilidad externa. Quijano recurrió como sus antecesores al contacto con el secretario de Estado norteamericano Kissinger. Pero el cordial tono del encuentro entre ambos diplomáticos, que tuvo lugar a principios de 1976, no bastó para revertir los problemas de la agenda bilateral, producto de la inestabilidad económica y política argentina y de la negativa incidencia del terrorismo en las inversiones norteamericanas. (108) Asimismo, el encuentro con Kissinger le demostró a Quijano que el “Nuevo Diálogo” ya había muerto y que el gobierno argentino no podía esperar ningún respaldo de Washington que superara el mero nivel de la retórica. Por cierto, a la contundente realidad de un país “no confiable” se sumó el hecho de que América latina no era prioritaria para el gobierno de Estados Unidos, que concentraba sus energías y atención en otras áreas como Europa Occidental y el Medio Oriente. (109)  
    Por otra parte, Quijano protagonizó activos contactos con los países limítrofes, firmando un acuerdo de complementación energética con Uruguay, uno de cooperación tecnológica con Paraguay y una declaración conjunta con Bolivia. (110) No obstante, persistieron los problemas ya tradicionales de la agenda subregional como el problema del avance económico -a través del contrabando- y cultural brasileño, especialmente importante en las provincias de Misiones y Corrientes. Además, la represión del contrabando “hormiga” sobre el río Paraguay, por parte de efectivos de la gendarmería argentina, motivó las quejas de comerciantes y autoridades paraguayos. (111) Por cierto, Quijano no tuvo tiempo de implementar ninguna política a largo plazo, pues el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe que derrocó a la presidente Isabel Perón.

  1. Ver al respecto Claudio Uriarte, Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 9-10.

  2. De acuerdo con Miguel Bonasso, el FREJULI obtuvo un porcentaje de 49,61%; la UCR 21, 29%; el partido de Manrique 14, 9% y la alianza de los comunistas y Oscar Alende 7,4%. Seoane da porcentajes semejantes: 49,5% para el FREJULI y 21,3% para la UCR. Si bien el sistema de ballotage electoral exigía una segunda vuelta si ninguna fórmula alcanzaba 50 % de los votos, Lanusse proclamó la victoria del FREJULI ya en la primera vuelta, temiendo que una reacción popular violenta abortara la transición. Ver al respecto Miguel Bonasso, El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo, Buenos Aires, Planeta 1997, p. 418, y María Seoane, El burgués maldito, Buenos Aires, Planeta, 1998, p. 232. 

  3. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Buenos Aires, Norma, 1997, tomo I, p. 658; M. Bonasso, op. cit., p. 418.

  4. M. Seoane, op. cit., p. 254, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 43; 49, 53-54 y 56.

  5. El “Pacto Social” era el nombre que recibió el “Compromiso para la reconstrucción y la liberación nacional”, auspiciado por el gobierno y firmado por la Confederación General Empresaria (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en junio de 1973. Consistió en un plan económico que, al poner en marcha un ámbito de concertación permanente entre Estado, patrones y obreros, ponía en práctica la “alianza de clases” de Perón. El plan gelbardista planteó como meta la “inflación cero” y propuso un aumento de sueldos y asignaciones familiares, a la vez que congeló los precios del sector privado por dos años, con el fin de facilitar la redistribución de los ingresos. En realidad, el primer paso para este acuerdo entre la CGE y la CGT se había dado en la declaración conjunta que las centrales empresaria y sindical hicieran oportunamente en septiembre de 1972, en la que Gelbard jugó un papel clave. Ver al respecto Daniel Muchnik, Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998, Buenos Aires, Manantial, 1998, p. 61. 

  6. Según Joseph Page y Wayne Smith, nombramientos como los de Esteban Righi en el Ministerio del Interior y de Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores no respondían al tipo de dirigente que Perón hubiera querido para esos cargos. No obstante, como sostiene Page, hechos aparentemente incompatibles como el apoyo simultáneo de Perón a las CGT de Vandor y de Ongaro durante sus años de exilio; la incidencia de Perón en el nombramiento del dirigente de la Juventud Peronista Rodolfo Galimberti como integrante del Consejo Superior Peronista y en su posterior caída, provocada a raíz de la propuesta de Galimberti de crear una “milicia de juventud argentina para la reconstrucción nacional”; el nombramiento, por parte de Perón, del peronista conservador de la primera hora y devenido en izquierdista Héctor J. Cámpora primero como delegado personal de Perón en la Argentina en lugar del moderado Jorge Paladino, luego como candidato presidencial del justicialismo; el posterior reemplazo de Cámpora por el lopezrreguista Raúl Lastiri, digitado por el líder justicialista, son evidencias que demuestran que Perón no se atuvo a una línea ideológica determinada o a un estilo personal que condicionara sus nombramientos -aunque en algunos de estos “giros” y nombramientos pueda percibirse una influencia de su secretario privado y ministro de Bienestar Social José López Rega. El líder justicialista, haciendo una analogía entre el movimiento y un organismo con virus y anticuerpos, apuntó a que estos nombramientos equilibraran las tendencias conflictivas, y, como resultante de este juego “depurador” de fuerzas, él pudiera ejercer cómodamente su rol de conductor. Si bien las designaciones de Juan Carlos Puig como canciller y de Esteban Righi como ministro del Interior pudieron en su momento sorprender por la juventud y relativa falta de trayectoria política de estas figuras, estrechamente vinculadas a Cámpora, Perón pudo haber admitido estos nombramientos porque respondían a su promesa de “trasvasamiento generacional”, efectuada a los sectores juveniles de izquierda en sus años de exilio. En todo caso, estas designaciones no fueron mucho más sorprendentes que la de José López Rega como ministro de Bienestar Social, un oscuro personaje cuyo único elemento a favor fue su cercanía a Perón, construida en base a su tenacidad personal y, sobre todo, a la influencia que logró ejercer sobre la segunda esposa del líder justicialista, María Estela Martínez, también conocida como Isabel Perón. Ver comentarios sobre gabinete de Cámpora en Panorama, 31 de mayo de 1973, pp. 20-21; Wayne Smith, “The Argentine Elections of 1973: Demilitarization and the Struggle for Consensus”, Ph.D., George Washington University, 1980, Vol. II, pp. 412-413, nota 13; entrevista de Page con Juan Carlos Puig, Washington, 23 de mayo de 1979, fuentes citadas en J. Page, op. cit., pp. 242-243. Según el equipo de asesores personales de Cámpora, la heterogeneidad ideológica del gabinete fue producto de la coexistencia de cinco circunstancias distintas en el origen de las designaciones ministeriales: a) las que fueron producto de la designación directa de Perón (que habrían sido José Ber Gelbard en Economía y José López Rega en Bienestar Social); b) las que fueron “conversadas” entre Perón y Cámpora, pero sugeridos por el líder justicialista (como Jorge Taiana en Educación y Antonio Benítez en Justicia); c) las que fueron igualmente “conversadas” entre ambos, pero propuestos por Cámpora (Esteban Righi en Interior y Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores); d) las que fueron directamente efectuadas por el entonces presidente, sin consulta con Perón (Angel Federico Robledo en Defensa), y e) el cargo de Trabajo propuesto por las 62 Organizaciones para Ricardo Otero. Ver al respecto Jorge Luis Bernetti, El peronismo de la victoria, Buenos Aires, Legasa, 1983, pp. 112-113.

  7. De acuerdo con declaraciones de Jorge Taiana, quien fue ministro de Educación durante el gobierno de Cámpora, Juan Perón no quería volver a la Argentina ni ejercer la presidencia, pero fueron su esposa Isabel y López Rega quienes lo convencieron de su retorno, “porque querían heredarlo”. Ver “Declaraciones de Taiana sobre Perón y López Rega”, El Cronista, 31 de julio de 1975, p. 24.

  8. Declaración de Perón en “Perón será ‘un soldado’ de Cámpora”, La Opinión, 17 de marzo de 1973, p. 10, fuente también citada en J. Page, op. cit., p. 241.Ver también “Hacia el 25 de mayo”, Criterio, Año XLVI, Nº 1665, 12 de abril de 1973, p. 149, y “El ‘soldado’ Perón”, por Bernardo Neustadt, Extra, Año 8, Nº 95, mayo 1973, p. 3. También en M. Bonasso, op. cit., p. 419.

  9. Ver al respecto editorial “Throw away those blinkers”, Buenos Aires Herald, May 27, 1973, p. 8. También Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, volumen II, p. 295. 

  10. Mensaje del presidente Cámpora a la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 1973, La Opinión, 26 de mayo de 1973, p. 5, y La Prensa, 26 de mayo de 1973, p. 8. También texto del proyecto de ley de amnistía general enviado por el Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de mayo de 1973, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973,  tomo I: Sesiones preparatorias, de asamblea y ordinarias (del 3 de mayo al 5 de julio de 1973), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, pp. 83-88, y en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973; tomo I, Sesiones ordinarias (del 2 de mayo de 1973 al 10 de agosto de 1973), Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación, Reunión 2º, Mayo 26 de 1973, pp. 69-73; Alberto R. Jordan, “Cámpora. Siete semanas de gobierno”, Todo es Historia, Nº310, Año XXVI, Mayo de 1993, p. 24; J.L. Bernetti, op. cit., pp. 115-118; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 17-18; “Peronists and leftist collide”, Buenos Aires Herald, June 3, 1973, p. 3. Ver también ”Cámpora dispuso un indulto inmediato. Se incluye a los presos políticos sin perjuicio de la ley sobre amnistía”, La Prensa, 26 de mayo de 1973, p. 11, y “A great gesture: But what will be the replay?”, Buenos Aires Herald, May 28, 1973, p. 8.  La ley de Amnistía Nº 20.508, sancionada y promulgada el 27 de mayo de 1973, estableció una amnistía amplia para todos los delitos cometidos con móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea su modo de comisión; la participación en asociaciones ilícitas o hechos cometidos como miembros de ellas o con motivo de manifestaciones de protesta, ocupaciones de fábricas o medidas de fuerza -artículo 1º, apartados a) a e)-. También dispuso el cese de los funcionarios de la Cámara Penal Federal, popularmente conocida como el Camarón. -artículo 8º, apartado d)-. Esta ley de Amnistía fue sancionada por unanimidad. El bloque radical acompañó al oficialismo en la aprobación del proyecto, aunque el entonces senador por la Capital Federal Fernando de la Rúa aclaró que esta ley no debía ser usada “para promover el revanchismo o intensificar la violencia”. Esta ley fue acompañada por otra, la Nº 20.509, también sancionada y promulgada el 27 de mayo, que derogaba una serie de normas penales violatorias de principios constitucionales heredadas del período militar anterior. Entre éstas se encontraban la ley 16.984 de octubre de 1966 sobre prohibición de la circulación postal de propaganda comunista; la ley 17.401 de agosto de 1967 sobre represión del comunismo; la ley 17.649 de febrero de 1968 sobre planeamiento y ejecución de las movilizaciones; las leyes 16.970 y sus modificatorias 17.112, 17.225 y 17.226 sobre defensa nacional; la ley 19.081 y su modificatoria 20.032 sobre participación de las fuerzas armadas en la represión de actividades terroristas y subversivas; y la ley 20.087 de enero de 1973 sobre detenidos de máxima peligrosidad. Ver al respecto Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, tomo I, op. cit., pp. 88-140 y pp. 486-489; texto de la ley Nº 20.508 de amnistía, en Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 22674, Año LXXXI, 28 de mayo de 1973, p. 4, y en La Prensa, 28 de mayo de 1973, pp. 1 y 6; texto de la ley Nº 20.509 en Boletín Oficial..., op. cit., p. 3. También referencias a este tema en E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 25-26; R. Jordan, op. cit., p. 23, y Héctor J. Cámpora, El mandato de Perón, México, edición del autor, 1975, pp. 73-74, fuente citada en J.L. Bernetti, op. cit., pp. 118-119. Ver también los editoriales ”Amnesty is already on its way”, Buenos Aires Herald, May 26, 1973, p. 9; ”Trató el Parlamento los primeros proyectos de gobierno. Aprobación unánime de la amnistía y la derogación de los mecanismos represivos”, La Opinión, 27 de mayo de 1973, p. 1; “Ready for signing. Amnesty law rushes through both houses of Congress”, Buenos Aires Herald, May 28, 1973, p. 7. Por su parte, el editorial “La ley de amnistía”, de La Prensa, 30 de mayo de 1973, p. 6, criticó la excesiva injerencia del Ejecutivo en atribuciones propias de la Justicia para lograr la sanción de la ley de Amnistía. Asimismo, el editorial de La Nación “Los alcances de una ley”, 1º de junio de 1973, p. 8, criticó el apresuramiento en la derogación de leyes del régimen militar cuyo alcance excedía al de la represión. 

  11. “Intolerance in the universities”, Buenos Aires Herald, June 12, 1973, p. 8. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 67.

  12. De acuerdo con Llambí, ya en ese encuentro entre Cámpora y Perón en Madrid, la suerte del primero estaba echada. Ver al respecto Benito Llambí, Medio siglo de política y diplomacia (Memorias), Buenos Aires, Corregidor, 1997, p. 313, y J. Page, op. cit., pp. 249 y 260. También consultar los editoriales “Cámpora dedicó el día de ayer a conversar con Perón”, La Opinión, 17 de junio de 1973, p. 8; “Madrid visit. Cámpora-Perón relations cool, claim reports”, Buenos Aires Herald, June 17, 1973, p. 9, y “Prolongada conferencia entre Cámpora y Perón”, Clarín, 18 de junio de 1973. 

  13. Sobre los incidentes de Ezeiza el 20 de junio de 1973 ver “Millions disappointed. Homecoming of Perón marred by gunfights”, Buenos Aires Herald, June 21, 1973, p. 1; “Un mensaje diferido”, La Nación, 21 de junio de 1973, p. 8;  “Por enfrentamientos en Ezeiza el presidente y Perón llegaron a Morón” y “Tiroteos aislados causan muchas víctimas”, La Prensa, 21 de junio de 1973, pp. 1 y 7; “Cómo se desarrolló el tiroteo de Ezeiza”, La Razón, 22 de junio de 1973, p. 8. Otros análisis de lo acontecido en Ezeiza en “Violence must stop”, Buenos Aires Herald, June 21, 1973, p. 8; “Comentarios. La concentración popular de Ezeiza”, Criterio, Año XLVI, Nº 1670, 28 de junio de 1973, pp. 310-311 y “Comentarios. La violencia como hecho político”, Criterio, Año XLVI, Nº 1671, 12 de julio de 1973, p. 343. Uno de los puntos más polémicos respecto de lo sucedido en Ezeiza es qué sector provocó el incidente. La Nación, La Prensa y la Razón responsabilizaron en general a la izquierda subversiva. En el caso de Las Bases, semanario representativo de los intereses sindicales y del ministro de Bienestar Social López Rega, la responsabilidad de lo acontecido en Ezeiza recaía sobre “células de agitación subversiva, al servicio de repudiables intereses”. Ver al respecto los editoriales “La agresión al pueblo”, Las Bases, Año II, Nº 49, 28 de junio de 1973, pp. 26-27; “Reflexiones sobre un hecho triste. La unidad del pueblo como respuesta a toda provocación”, Las Bases, Año II, Nº 50, 12 de julio de 1973, pp. 8-10. En cambio, Clarín y La Opinión señalaron en la masacre de Ezeiza la oposición entre los grupos juveniles de izquierda, y los de derecha vinculados a la conducción sindical, bajo las consignas “patria socialista” versus “patria peronista”. Ver “Enfrentamiento entre grupos armados”, Clarín, 21 de junio de 1973, p. 6, y “Seis versiones sobre el origen de los incidentes” y “Debido a las luchas ideológicas de sectores juveniles. Perón debió cancelar su presencia en la masiva concentración de Ezeiza”, La Opinión, 21 de junio de 1973. pp. 6 y 7. Por su parte, Ya! es tiempo de pueblo y El Descamisado, diarios representativos de los grupos izquierdistas Montoneros y JP, responsabilizaron a los sectores de la derecha peronista, y particularmente a las figuras del coronel Jorge Osinde -encargado de la seguridad en el acto de recepción a Perón en Ezeiza-, el diputado justicialista Alberto Brito Lima y Norma Kennedy, aliados al “imperialismo yanqui”. En su análisis de la matanza de Ezeiza del 20 de junio de 1973, estas publicaciones establecieron además un paralelo entre ésta y la masacre de Trelew ocurrida durante el gobierno militar de Lanusse el 22 de agosto de 1972. Ver al respecto “A una semana de la matanza de Ezeiza. ¿Quiénes son los culpables?”, Ya! es tiempo de pueblo, Año I, Nº 1, 29 de junio de 1973, pp. 2-3; e “Informe Ezeiza. Trelew y Ezeiza: Una misma masacre (reportaje a María Antonia Berger y Ricardo Haidar), El Descamisado, Año 1, Nº 8, 10 de julio de 1973, p. 6. Ver también  “Ante la masacre de Ezeiza. FAR y Montoneros, 26 de junio de 1973”, Solicitada, Clarín, 26 de junio de 1973, y “ ‘Perón enfrenta la conspiración’. FAR y Montoneros”, Militancia, Nº 6, 19 de julio de 1973, en Roberto Baschetti (compilador), De Cámpora a la ruptura. Documentos 1973-1976, Buenos Aires, De la Campana, 1996, vol. I, pp. 94 y 97 y 118-119, respectivamente.

  14. El aterrizaje de Perón en Morón fue una decisión adoptada por el vicepresidente Vicente Solano Lima, entonces en ejercicio del poder por ausencia de Cámpora, quien había viajado a Madrid precisamente para acompañar a Perón en su regreso a la Argentina. Mientras Cámpora minimizó la situación y sostuvo que sería una desilusión muy grande para mucha gente el no ver ni escuchar a Perón, Solano Lima le contestó que él era el presidente en ejercicio y que era preferible esa frustración a la muerte del general Perón y de todos ellos. De acuerdo con esta versión de Solano Lima, Cámpora no comprendía la gravedad de la situación. A pesar de la diversidad ideológica de Rodolfo Galimberti de la izquierdista Juventud Peronista  y del conservador popular Solano Lima, ambos coinciden en presentar lo sucedido en Ezeiza como un “complot” urdido por la derecha peronista, un intento de golpe de Estado donde habría represión y se le endilgaría al presidente Cámpora toda la responsabilidad por lo sucedido. Vicente Solano Lima, declaraciones en La Prensa, 8 de marzo de 1981, y Rodofo Galimberti, Testimonio, entrevista de Bernetti a Rodolfo Galimberti, inédito, México, septiembre de 1980,  fuentes citadas en J.L. Bernetti, op. cit., pp. 159-160. 

  15. Texto del mensaje de Juan Domingo Perón difundido por radio y televisión, en “21 de junio de 1973. Dijo el general Perón...”, Las Bases, Año II, Nº 49, 28 de junio de 1973, pp. 17-19, y en “Texto del mensaje”, La Nación, 22 de junio de 1973, pp. 1 y 16, fuente también citada en “Lo que dijo Perón. Discurso por Radio y T.V. 21 de junio de 1973”, R. Baschetti (comp.), op. cit., vol. I, pp. 106-107. Texto del mensaje citado asimismo en La Opinión, 22 de junio de 1973, pp. 1 y 24. Ver análisis del mensaje de Perón en  “Hard work demand. Perón calls for law and order” y “Perón the peacemaker”, Buenos Aires Herald, June 22, 1973, pp. 1 y 8; “El líder incita a replegarse a los grupos de izquierda. Se reorganizará el justicialismo con una vuelta a la ortodoxia doctrinaria”, y “Una clara convocatoria a toda la sociedad”, La Opinión, 22 de junio de 1973, p. 24; editorial “El camino propuesto”, La Nación, 23 de junio de 1973, p. 6; editorial “El mensaje de Perón”, Clarín, 23 de junio de 1973, p. 8; “A los 30 días, el giro a la derecha” y “Perón y su regreso a las fuentes”, por Rodolfo Pandolfi, Redacción, Nº 5, Buenos Aires, julio, 1973, pp. 12-14 y 16-19, respectivamente; “El peronismo gobernante y la guerra interna, 1973-1976”, op. cit., p. 116; J.L. Bernetti, op. cit., p. 162; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 83-86 y J. Page, op. cit., p. 257. 

  16. “Halla auspicioso eco el llamado a la unión nacional formulado por Perón” y “Coinciden los dirigentes políticos en sus opiniones sobre el mensaje”, La Razón, 22 de junio de 1973, p. 1; ”Coinciden en un inequívoco afán común por la unidad nacional. Personalidades políticas de los partidos expresan su apoyo al mensaje de Perón”, La Opinión, 23 de junio de 1973, p. 8; “Los gremios expresaron su apoyo al discurso del líder justicialista”, La Opinión, 23 de junio de 1973, p. 9; “Unánimes pronunciamientos en favor del mensaje de Perón”, Clarín, 23 de junio de 1973, pp. 14 y 23; ”Leftist unhappy. Perón speech to nation pleases nearly everyone”, Buenos Aires Herald, June 23, 1973, p. 7. 

  17. La conferencia de prensa del dirigente del ERP Mario Roberto Santucho se difundió por los canales 11 y 13 el 27 de junio de 1973. Dos días después, las autoridades de ambos canales recibieron sanciones de parte del Comité Federal de Radiodifusión por difundir un comunicado que afectaba “la seguridad nacional, las relaciones institucionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y las buenas costumbres”. “Severas críticas al gobierno formuló al ERP en secreta reunión de prensa”, La Opinión, 28 de junio de 1973, p. 24 y “Especula el ERP con capitalizar supuestos descontentos populares”, La Opinión, 29 de junio de 1973, p. 9. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 88-89.

  18. Palabras de Perón en Buenos Aires Herald, 22 de junio de 1973, fuente citada en R. Gillespie, op. cit., p. 191. 

  19. El acercamiento de Perón a Balbín generó una división dentro de la Unión Cívica Radical. Un sector del radicalismo, liderado por el entonces joven abogado Raúl Alfonsín, rechazó este acercamiento. Mientras el acuerdo Perón-Balbín hizo que los bloques radicales en el Congreso apoyaran los proyectos de leyes económicas del partido gobernante, el alfonsinismo, en repudio a este acuerdo, estableció una alianza táctica con la juventud peronista en la Universidad. Ver al respecto “El peronismo gobernante y la guerra interna (1973-1976), op. cit., p. 116, y Panorama, 26 de junio de 1973, p. 5, fuente citada en J. Page, op. cit., p. 258. Por su parte, expresiones del ala sindical efectuadas en los primeros días de julio de 1973, tales como las del vice-gobernador de la provincia de Buenos Aires, el dirigente metalúrgico Victorio Calabró “Nadie más que Perón puede ser presidente” y la de su colega José Rucci “se acabó la joda”, marcaron el rechazo de los sindicalistas hacia Cámpora y los sectores de izquierda. Ver A. R. Jordan, op. cit., p. 28; B. Llambí, op. cit., pp. 314-315, y “Mayor victory for rightwingers”, Buenos Aires Herald, July 15, 1973, p. 3. 

  20. Según María Seoane, Gelbard tuvo un rol importante en la renuncia de Cámpora. Las relaciones entre el ministro de Economía y el hasta entonces presidente nunca habían sido cordiales, ya que Cámpora prefería un ministro más político y menos identificado con un determinado sector -Gelbard representaba a los pequeños y medianos empresarios agrupados en la CGE-. Por su parte, invocando el cumplimiento de la ley de Acefalía, Cámpora intentó colocar como su reemplazante a un hombre que le era fiel, el presidente del Senado, Alejandro Díaz Bialet. Por su parte, López Rega impulsó la candidatura de su yerno Raúl Lastiri. Gelbard medió entre ambos, pero impulsó una solución funcional a los intereses del ministro de Bienestar Social. Sugirió darle una misión especial a Díaz Bialet en el exterior para que Lastiri pudiera ser nombrado presidente interino sin violar la ley de Acefalía. Ver M. Seoane, op. cit., p. 267.

  21. Alfredo J. L. Carella y Carlos J. Moneta (con la colaboración de Carlos E. Bauler), “Argentina y el pluralismo en el sistema interamericano”, en James F. Petras, Thomas J. Cook, Juan Carlos Puig et al, Política de poder en América Latina, Buenos Aires, Pleamar, 1974, especialmente pp. 139-145.

  22. “‘Argentina Potencia’. Un informe de política exterior del diputado nacional José Luis Fernández Valoni”, Extra, Año 9, Nº 99, Buenos Aires, septiembre de 1973, pp. 21-22.

  23. De acuerdo con la definición de Puig, en un perfil de política exterior caracterizado por la “autonomía heterodoxa”, un país acepta la conducción estratégica de una potencia dominante (en el caso de la Argentina, acepta el liderazgo norteamericano), pero discrepa con dicha potencia en tres cuestiones importantes: a) en el modelo de desarrollo interno, que puede no coincidir con las expectativas de la potencia dominante; b) en las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas y c) en la diferenciación entre los intereses particulares de la potencia dominante y el interés estratégico del bloque. Al no aceptar dogmáticamente la sujeción a los intereses de la potencia hegemónica, y diferenciar intereses nacionales, intereses de la potencia hegemónica e intereses del bloque, el país periférico que adopta el perfil de  “autonomía heterodoxa” se distingue tanto del que tiene un perfil de “dependencia nacional” respecto de la potencia dominante (caso en el que no existe un deslinde entre intereses particulares de la potencia dominante e interés general del bloque) como del que adopta la “autonomía secesionista (caso en el que el país periférico corta el cordón umbilical con la potencia dominante, y ya no atiende ni a los intereses de ésta ni a los intereses del bloque del cual se retira). Ver concepto de autonomía heterodoxa en Juan Carlos Puig, “Introducción”, en Juan Carlos Puig (compilador), América Latina: políticas exteriores comparadas, Buenos Aires, GEL, 1984, tomo I, pp. 78-79.

  24. Juan Carlos Puig, “La política exterior argentina: incongruencia epidérmica y coherencia estructural”, en J.C. Puig, (comp.), op. cit., p. 149.

  25. “Mensaje de Cámpora ante la Asamblea Legislativa. El peronismo se propone como eje de la unión nacional para la liberación”, La Opinión, 26 de mayo de 1973, p. 3. 

  26. Declaraciones del canciller Puig a la prensa en La Razón, 25 de mayo de 1973, p. 1; También J.C. Puig, “La política exterior argentina...”, op. cit., p. 150, y C.J. Moneta, op. cit., p. 61. 

  27. Entrevista con José María Vásquez Ocampo, Buenos Aires, EURAL, 5 de mayo de 1989.

  28. Desde la década del ’60 existían dos modelos de integración  que servían como referentes en la región: el modelo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -ALALC-, surgido por el Tratado de Montevideo de febrero de 1960 y el modelo del Pacto Andino, conformado a partir de la Declaración de Bogotá de agosto de 1966 por aquellos miembros de la ALALC que no estaban conformes con el primer esquema de integración pero que no estaban tampoco dispuestos a enterrar el Tratado de Montevideo. El primer modelo, basado en el libre juego de las fuerzas de mercado y la eliminación de las barreras aduaneras, era preferido por los liberales y los sectores moderados, que impulsaban una política exterior de acercamiento a los países de la Cuenca del Plata -e incluso, en el caso de Mariano Grondona, una alianza argentino-brasileña-. El modelo del Pacto Andino, basado en la industrialización planificada y en la restricción a las inversiones extranjeras, contaba con el respaldo de los sectores nacionalistas y se convirtió en un referente para los nacionalistas desarrollistas y los ubicados hacia la izquierda de esta corriente. Con todo, no conviene exagerar en algunos casos el significado de estos gestos diplomáticos del canciller Puig, que en algunos de los casos no fueron más allá de lo simbólico. Exceptuando el caso del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba -que fue un gesto que ponía en entredicho el bloqueo impulsado desde 1962 por Estados Unidos al régimen-, en el caso del Pacto Andino Puig aclaró que el eventual ingreso de la Argentina a este grupo no implicaría el abandono de la ALALC. “La Argentina hará contactos para ingresar al Pacto Andino anunció el canciller Puig”, Clarín, 11 de junio de 1973, pp. 20-21. Ver también la polémica ALALC-Pacto Andino en editoriales “Argentina y Brasil”, Primera Plana, Año IV, Nº 186, Buenos Aires, 19 al 25 de julio de 1966, p. 13; e “¿Integración o segregación?”, Primera Plana, Año V, Nº 208, Buenos Aires, 20 al 26 de diciembre de 1966, p. 11; y en trabajos de G. Pope Atkins, América Latina en el sistema político internacional, Buenos Aires, GEL, 1991, pp. 259-262, y José Paradiso, Debates y trayectoria de la política exterior argentina, Buenos Aires, GEL, 1993, p. 164. 

  29. Texto de la declaración conjunta de restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y de la referente al establecimiento (por primera vez) de relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Democrática Alemana en “Declaraciones conjuntas”, La Prensa, 29 de mayo de 1973, p. 8.

  30. “Establécense relaciones con Corea del Norte”, La Nación, 2 de junio de 1973, pp. 1 y 18, y “Se establecen vínculos con Corea del Norte”, Clarín, 2 de junio de 1973, p. 15.

  31. J.L. Bernetti, op. cit., pp. 133-135. 

  32. “El gobierno popular ante el ejército y la policía. El presidente Cámpora habla a las Fuerzas Armadas. Discurso en la Comida de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el 6 de julio de 1973”, en H. J. Cámpora, La revolución peronista, Buenos Aires, EUDEBA, 1973, cit. en R. Baschetti (comp.), De Cámpora...Documentos 1973-1976, op. cit., vol. I, pp. 61 y 63; también en La Nación, 7 de julio de 1973, p. 13. 

  33. Ibid. 

  34. Entrevista de la periodista Sonia Pascual Sánchez al canciller del gobierno de Onganía, Nicanor Costa Méndez, citada en “Cancillería. Las razones de Costa Méndez”, Confirmado, Año III, Nº 90, marzo 9 de 1967, pp. 17 y 18.

  35. Ver posición argentina respecto del Tratado de No Proliferación Nuclear en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 125-126.

  36. Discurso del 6 de julio de 1973 del presidente Cámpora ante las Fuerzas Armadas, citado en R. Baschetti (comp.), De Cámpora... Documentos 1973-1976, op. cit., vol. I, p. 62, y La Nación, 7 de julio de 1973, p. 13. 

  37. J. Page, op. cit., p. 262. 

  38. “Solicitada. Alerta a los compañeros trabajadores”, solicitada de la agrupación Resistencia Clasista, del 15 de julio de 1973, fuente citada en Clarín, 16 de julio de 1973, p. 12. 

  39. “Solicitada. Resistir al autogolpe contrarrevolucionario”, solicitada del PRT-ERP, fuente citada en Clarín, 28 de julio de 1973, p. 11. 

  40. Declaración de Raúl Alfonsín citada en “Alfonsín attacks move as ‘right-wing coup’ ”, Buenos Aires Herald, July 14, 1973, p. 7. 

  41. Claras evidencias respecto de esta percepción de la JP-Montoneros son, por un lado, la explicación que ofrece la publicación Ya! es tiempo de pueblo, que en su editorial “La verdadera historia del 13 de julio”, Año 1, Nº 4, 20 de julio de 1973, pp. 2-4, excluye expresamente a Perón de toda responsabilidad por la renuncia de Cámpora, que según dicho editorial fue producto de las fuerzas armadas, la burocracia sindical, los grandes empresarios, los que rodean a Perón (especialmente López Rega, Osinde y Norma Kennedy) y el imperialismo norteamericano y la CIA. Por su parte, El Descamisado, en su número correspondiente al 17 de julio de 1973, cita una frase de López Rega reproducida en Gaceta de La Plata del día 14 de dicho mes, donde el ministro de Bienestar Social sostiene que “La renuncia de Cámpora fue un trabajo nuestro”. Como su colega Ya!, El Descamisado no duda en responsabilizar de la renuncia de Cámpora a Osinde, López Rega y Kennedy, excluyendo a Perón. Ver El Descamisado, Año 1, Nº 9, 17 de julio de 1973, pp. 10-11 y 31.

  42. Ver al respecto R. Baschetti (comp.), De Cámpora... Documentos 1973-1076, op. cit., vol. I, p. 10 y 16-17, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 108. 

  43. A.R. Jordan, op. cit., p. 27, y “Lo que dijo Perón. Discurso por Radio y T.V. 21 de junio de 1973”, en R. Baschetti (comp.), De Cámpora... Documentos 1973-1976, op. cit., vol. I, p. 105.

  44. “El llanto del enemigo”, Cristianismo y Revolución, Nº 28, abril 1971, pp. 70-73, fuente citada en R. Gillespie, op. cit., pp. 133-134. 

  45. Ver “FAR y Montoneros. Conferencia de Prensa junio de 1973”, en El Descamisado, Nº 4, 12 de junio de 1973, cit. en R. Baschetti (comp.), De Cámpora... Documentos 1973-1976, op. cit., vol. I,  pp. 83-84. También C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 63.

  46. “Al Teniente General Juan Domingo Perón. Montoneros Columna José Sabino Navarro y otros”. Septiembre de 1973, archivo del compilador, en R. Baschetti (comp.), De Cámpora... Documentos 1973-1976, op. cit., vol. I, pp. 182-185.

  47. Pablo Kandel y Mario Monteverde, Entorno y caída, Buenos Aires, Planeta, 1976, pp. 15-16. 

  48. El llamado “Operativo Dorrego” consistió en poner a 4000 militares y 8000 jóvenes peronistas a trabajar en la provincia de Buenos Aires para paliar los efectos provocados por las inundaciones. Sobre el “Operativo Dorrego” ver los trabajos de Miguel Angel Scenna, Los militares, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1980, pp. 333-334, y M. Seoane, op. cit., p. 286. Ver también los siguientes editoriales: “El Ejército, la JP y la JR en tareas comunes durante 25 días. La convivencia de militares y jóvenes politizados surge como hecho insólito”, por Alejandro Mónaco, La Opinión, 4 de octubre de 1973, p. 8; “La JP estima positiva la actitud militar. Afluyen nuevos grupos de jóvenes al operativo “Gobernador M. Dorrego”, La Opinión, 7 de octubre de 1973, p. 12; “JP y Ejército en el Operativo Dorrego. Si cantan la marchita, se quedan piolas”, El Descamisado, Año 1, Nº 21, 9 de octubre de 1973, pp. 14-15; “El acto de clausura del Operativo Dorrego. Significativa confluencia política del Ejército y la JP en 25 de Mayo”, La Opinión, 24 de octubre de 1973, p. 8; “23 días de trabajo y discusión entre la Juventud Peronista y el ejército: la JP reconstruye”, Ya! es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 19, Buenos Aires, 1º de noviembre de 1973, pp. 16-17 y “Balance del Operativo Dorrego. La Juventud Peronista fue a trabajar”, El Descamisado, Año 1, Nº 25, 6 de noviembre de 1973, p. 27. 

  49. Julio Godio, Perón. Regreso, soledad y muerte, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 149.

  50. C. Uriarte, op. cit., pp. 61-63. 

  51. Discurso de Lastiri del 30 de julio de 1973, citado en “Delineó la obra de un gobierno que ejerce en plenitud y por el orden contra la subversión se pronunció el Jefe de Estado”, La Razón, 31 de julio de 1973, p. 6.

  52. “El discurso de Lastiri hizo recordar más a Lanusse que a Cámpora”, Ya! es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 6, Buenos Aires, 3 de agosto de 1973, pp. 6-7.

  53. La cuestión de qué sector ha sido responsable del asesinato del secretario general de la CGT José Rucci constituye aún hoy día uno de los puntos más polémicos y oscuros de la historia de este período. De acuerdo con el testimonio de los dirigentes montoneros Alberto Rudni y Mario Firmenich reproducidos por la periodista María Seoane, los responsables del asesinato de Rucci fueron los militantes de la mencionada agrupación izquierdista. Esta versión es bastante plausible teniendo en cuenta los serios enfrentamientos ideológicos existentes entre la JP-Montoneros y la “patota sindical” capitaneada por Rucci, que había participado en los sucesos de Ezeiza en contra de los sectores juveniles izquierdistas y que organizaba patotas para enfrentarse con la JP y JTP, cuyos seguidores procuraban establecer conducciones antiburocráticas en las fábricas que amenazaban el control de la dirigencia sindical en ellas. M. Seoane, op. cit., pp. 281 y 352. Por su parte, los periodistas Eduardo Anguita y Martín Caparrós sostienen también la autoría de Montoneros, citando un informe de la policía federal a Perón según el cual se había utilizado en el atentado un revolver Magnum que había sido robado meses antes en un operativo realizado por Montoneros. E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 187. Sin embargo, según el testimonio del ex capitán del ejército Salvador Paino reproducido por Santiago Pinetta, el asesinato del secretario general cegetista fue provocado por López Rega a través de la Triple A. Ya desde la época del exilio madrileño de Perón, las relaciones entre López Rega y Rucci eran muy tensas. Rucci no soportaba las continuas irrupciones de “Lopecito” en las conversaciones con Perón. Asimismo, y a pesar de la común aversión de Rucci y López Rega por los sectores de izquierda, el secretario general de la CGT representaba un serio obstáculo en las ambiciones de poder del ministro de Bienestar Social. Santiago Pinetta, López Rega: el final de un brujo, Buenos Aires, Abril, 1986, pp. 45-46 y 50. Esta versión ofrecida por Pinetta resulta sugestiva por dos razones: primero, porque evidencia la ilimitada ambición de poder de López Rega, que lo podía llevar a enfrentarse con cualquier figura -de izquierda o de derecha- que no respondiese a sus intereses personales. Segundo, porque la versión de Pinetta permite explicar cómo tras la muerte de Perón y el alejamiento de Gelbard de la cartera económica, López Rega no tuvo ningún empacho en enfrentarse a sus ex aliados, los dirigentes sindicales, en pos del control del gobierno de Isabel Perón. 

  54. El 24 de septiembre de 1973, el gobierno de Lastiri emitió el decreto Nº 1454 declarando ilegal al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pues “ha desatado contra el gobierno y sus autoridades y diversas instituciones, una campaña de amenazas, difamación y actos concretos de violencia, en abierto desprecio de los valores más sagrados, cuales son las vidas humanas y los derechos de las personas, a las que no vacilan en sacrificar, haciendo así el juego a las más violentas corrientes reaccionarias”. Texto del decreto citado en “El Poder Ejecutivo declaró ilegal al ERP”, Clarín, 25 de septiembre de 1973, p. 21. También “Declárose ilegal la actividad del ERP”, La Nación, 25 de septiembre de 1973, p. 1. Respecto de la prohibición de El Mundo y Canal 9 por difundir comunicados del ERP ver editoriales ”Sancionaron al diario El Mundo y a Canal 9”, La Nación, 29 de septiembre de 1973, pp. 1 y 3. También E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 190.

  55. Este proyecto de modificación del Código Penal fue resistido por los partidos de oposición y del peronismo de izquierda -los diputados de la JP-Tendencia (que respondían a Montoneros) renunciaron a sus bancas para no votar el proyecto. E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 247.

  56. Texto del “Documento Reservado” citado en La Opinión, 2 de octubre de 1973 y en “¿Y esto qué es?”, El Descamisado, Año 1, Nº 21, 9 de octubre de 1973, p. 2. También E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, op. cit., pp. 196-198, y J. Godio, op. cit., p. 151.

  57. Ver “Perón reiteró las severas pautas a los gobernadores”, La Opinión, 2 de octubre de 1973, p. 1, y “La campaña contra la ultraizquierda. Perón busca objetivos precisos a través de una compleja maniobra”, por Mariano Grondona, La Opinión, 4 de octubre de 1973, p. 1. 

  58. La preferencia de Perón por la candidatura de Balbín para vicepresidente y la presión del lopezrreguismo en favor de la candidatura de Isabel Perón surgen de la entrevista de Joseph Page con Angel Robledo, Buenos Aires, 3 de mayo de 1977, fuente citada en J. Page, op. cit., p. 265; véase ibid., pp. 265-266. También B. Llambí, op. cit., pp. 320-327. 

  59. “Se llama Alberto Juan Vignes. Las divertidas andanzas de un canciller”, El Descamisado, Año 1, Nº 13, 14 de agosto de 1973, p. 11. 

  60. J.A. Lanús, op. cit., vol. 1, p. 107.

  61. Sobre efectos económicos y políticos de las operaciones comerciales con Cuba ver “Primeros pasos de una política exterior independiente. Argentina otorgó a Cuba un crédito de 200 millones de dólares y está en vías de integrarse al Grupo Andino”, La Opinión, 7 de agosto de 1973, p. 1; “A raíz de la vasta operación concertada con la Argentina. Concluye el aislamiento comercial de Cuba respecto de América Latina”, por Alejandro Horowicz, La Opinión, 8 de agosto de 1973, p. 11; “El acuerdo comercial Argentina-Cuba visto desde La Habana. Decisivo apoyo a la tecnificación del agro puesta en marcha por Fidel Castro”, por Francisco Ramírez, La Opinión, 9 de agosto de 1973, p. 12; “Se elevó a 1200 millones de dólares. El crédito a Cuba permitirá la expansión del sector industrial”, por Alejandro Horowicz, La Opinión, 28 de agosto de 1973, p. 1; “Comentarios. Empresas multinacionales y política exterior”, Criterio, Año XLVII, Nº 1687, 14 de marzo de 1974, p. 102, “Comentarios. Hacia un sistema latinoamericano”, Criterio, Año XLVII, Nº 1691, 9 de mayo de 1974, pp. 231-232; “Cuba, fin de una prisión económica”, Extra, Año IX, Nº 105, marzo de 1974, p. 5; entrevista de revista Extra a Jorge A. Torres, director de exportaciones de Chrysler Fèvre Argentina, Extra, Año IX, Nº 107, marzo de 1974, p. 29.

  62. J.A. Lanús, op. cit., vol. I, pp. 99-100, y “Se llama Alberto Juan Vignes. Las divertidas andanzas de un canciller”, El Descamisado, Año 1, Nº 13, 14 de agosto de 1973, p. 11.

  63. Tanto La Nación como Clarín criticaron en su oportunidad la ambigüedad del contenido del proyecto de ley de “ordenamiento” integral del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto del Servicio Exterior (ISEN), especialmente en lo que respecta a los criterios para determinar las calidades de los funcionarios a ser apartados o reincorporados. Por cierto, esta ambigüedad permitió a la facción liderada por el canciller Vignes  aplicar los conceptos de “eficiencia” y “mejor servicio” -contenidos en el texto del proyecto de ley- con un criterio político: el de alejar rivales de los cuadros del Servicio Exterior. Ver al respecto editoriales “Proyectan vasta reorganización para los cuadros de Cancillería”, Clarín, 9 de agosto de 1973, p. 21; y  “Diplomáticos en comisión”, La Nación, 11 de agosto de 1973, p. 6.

  64. Ver al respecto Henry A. Kissinger, Un mundo restaurado. La política del conservadurismo en una época revolucionaria, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, pp. 11-12, y Stanley Hoffmann, Orden mundial o primacía. La política exterior norteamericana desde la Guerra Fría, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 52-53.

  65. Ver al respecto R. Baschetti, (comp.), De Cámpora... Documentos 1975-1976, op. cit., vol. I, pp. 10 y 32; J. Page, op. cit., p. 285.

  66. B. Llambí, op. cit., p. 335; y M. Seoane, op. cit., pp. 309-311.

  67. La renuncia de Carcagno a la comandancia en jefe del ejército se dio como consecuencia de la postergación de una propuesta elevada por el titular del ejército al Senado en diciembre de 1973 que incluía la promoción de cuatro coroneles, entre ellos Juan Jaime Cesio, mano derecha de Carcagno, acusado por Perón de simpatizar con el ERP. Ante esta dificultad, Carcagno renunció y fue reemplazado por Leandro Anaya, un estricto profesionalista, antiperonista y amigo de Lanusse. Varias fueron las causas del alejamiento de Carcagno. Una, que aparece como el detonante más cercano, fue el contacto secreto entre Carcagno y los Montoneros que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973. Esta reunión fue provocada por el temor a las consecuencias políticas de una dolencia pulmonar que hizo tener por la vida de Perón. Carcagno y los dirigentes montoneros acordaron una intervención cívico-militar en caso de que Perón muriera, e Isabel se convirtiese en una pantalla para que López Rega tomara el poder. El líder justicialista se enteró de este acuerdo secreto y decidió bloquear la propuesta de ascensos promovida por Carcagno al Senado.  Pero también otros factores incidieron en el alejamiento de Carcagno. En un contexto regional signado por la emergencia de regímenes militares o cívico-militares de índole conservadora -casos del general Augusto Pinochet en Chile y José María Bordaberry en Uruguay-, la presencia del izquierdista Carcagno era un elemento de resquemor no sólo en las relaciones con los países vecinos sino también en el ámbito interno. Perón percibió que Carcagno era muy resistido por los altos sectores del ejército y por el contraalmirante Massera por el lado de la marina. Esta oposición se debía a varias medidas de Carcagno. Identificado con la llamada línea “peruanista” del ejército, que admiraba el enfoque populista del régimen peruano del general Juan Velasco Alvarado, Carcagno participó en el “Operativo Dorrego” junto a los militantes de la Juventud Peronista. A su vez, el polémico comandante en jefe del ejército había exigido el retiro de la misión militar norteamericana como reacción ante los memorandos Krebs, preparados por la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y en los cuales se señalaba como “grave” la difusión del modelo peruano en las fuerzas armadas. Perón comprendió el malestar que las medidas populistas de Carcagno despertaban en el ámbito castrense y lo reemplazó por Anaya, un estricto profesionalista. En el discurso que pronunciara con motivo del Día del Ejército, el 29 de mayo de 1974, el nuevo comandante en jefe del ejército ratificó el acatamiento de su arma al poder civil, idea grata para Perón, quien buscaba aumentar su base de sustento en una rama de las fuerzas armadas donde aún era muy marcada la influencia de Lanusse. Asimismo, Anaya señaló el compromiso del ejército en la lucha anti-subversiva, en lo que resultaba un cambio respecto de la prescindencia del arma en este tema, manejado por la policía federal desde mayo de 1973. M. Seoane, op. cit., pp. 293-294; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 207-208; J. Godio, op. cit., pp. 147-149 y p. 248, nota 2, y M.A. Scenna, Los militares..., op. cit., pp. 333-334. Consultar también los siguientes editoriales “Las tres corrientes del Ejército”, Panorama, Nº 356, del 21 al 27 de marzo de 1974, pp. 15-17; “Un avance muy rápido aisló al jefe militar”, La Opinión, 20 de diciembre de 1973, p. 24 y “Acatamiento al poder civil y una nueva definición del arma. El Ejército participará decididamente en la acción contra los guerrilleros”, por Luis Clur, La Opinión, 30 de mayo de 1974, p. 1.

  68. El caso de la renuncia de Carlos Alvarez en marina tuvo un matiz distinto al de Carcagno. A diferencia del último, Alvarez se caracterizó por adoptar una línea apolítica. Pero, dado el hecho de que esta postura provenía de un arma tradicionalmente enemiga de la figura de Perón, la posición prescindente de Alvarez terminó siendo tan o más molesta que la izquierdista o peruanista de Carcagno. En cambio, el contraalmirante Massera evidenció en estos momentos una posición de defensa del gobierno constitucional que se avenía con el deseo de Perón de obtener el respaldo de la armada. Esta actitud de Massera le hizo ganar puntaje como candidato para reemplazar a Alvarez en la comandancia en jefe de la armada, un cargo que anhelaba. Además dos factores colaboraron para que Massera lograra su propósito. En primer lugar contaba con estrechos vínculos con Raúl Lastiri, Lorenzo Miguel y Angel Federico Robledo; en segundo término pertenecía a la Logia Propaganda Due (P-2), de la cual también eran miembros López Rega, Lastiri y otros lopezrreguistas como el ministro de Defensa Adolfo Savino. Fue el propio jefe de la P-2, Licio Gelli, quien intercedió ante López Rega para que éste convenciera a Perón de que Massera fuera designado como máximo titular de la armada. Ver C. Uriarte, op. cit., pp. 61-63, y S. Pinetta, op. cit., pp. 104-105.

  69. El general Miguel A. Iñíguez fue una figura de la resistencia peronista (interlocutor de Perón en sus años de exilio, luchó contra la revolución antiperonista del general Lonardi en 1955, fue el primer jefe de estado mayor de la frustrada revolución peronista del general Juan José Valle en 1956, y en 1960 había dirigido un frustrado levantamiento militar peronista contra el gobierno de Frondizi).  Durante el gobierno de Lastiri, en septiembre de 1973, Iñíguez reemplazó a Héctor Ferrazano como jefe de la policía federal. Ayudó a López Rega en el reclutamiento de policías dispuestos a realizar trabajos sucios, hasta que a su vez fue reemplazado en abril de 1974 por el comisario Alberto Villar, antiguo amigo de López Rega y un especialista en la lucha antisubversiva que se había destacado en la represión en el velatorio de los muertos de Trelew en agosto de 1972, durante los años de la Revolución Argentina. Varias fueron las causas del alejamiento de Iñíguez. Una de ellas fue su añeja enemistad con López Rega, que venía de la época del exilio de Perón. Según el propio Iñíguez “Yo nunca permití (en los años del exilio de Perón) que ese individuo (López Rega) que andaba con los perros de Perón en los brazos se metiera en nuestras conversaciones. Lógicamente, años más tarde, en 1974, se vengó procurando mi renuncia a la Jefatura de la Policía Federal Argentina”. Otra causa del alejamiento de Iñíguez de la jefatura de la policía federal fue su oposición a que López Rega, retirado de la Policía desde 1962, fuera ascendido al grado de comisario general. Una tercera causa fue el deseo de Iñíguez de alejar de su cargo al entonces superintendente de Seguridad Federal, comisario mayor Luis Margaride, medida que no era del agrado de López Rega. Por último, Iñíguez, a pesar de haber participado en la matanza de Ezeiza del lado de las fuerzas de derecha, respaldó en forma verbal la figura del dirigente montonero Mario Firmenich como “un buen nacionalista, un buen peronista y un buen católico”. Este respaldo fue para López Rega la gota que colmó el vaso. Buenos Aires Herald, 14 de abril de 1974, cit. en R. Gillespie, op. cit., pp. 192-193; Roberto Baschetti (compilador), De la guerrilla peronista al gobierno popular. Documentos 1970-1973, Buenos Aires, De la Campana, 1995, p. 20; S. Pinetta, op. cit., p. 43; M. Seoane, op. cit., pp. 310 y 326, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 306. Asimismo consultar los siguientes editoriales: ”Villar reemplaza a Iñíguez. Fue aceptada la dimisión del titular de la Policía”, La Opinión, 11 de abril de 1974, p. 1, y “Además de problemas surgidos alrededor de Margaride. Iñíguez revela que dimitió de la Policía por oponerse al ascenso de López Rega”, La Opinión, 15 de agosto de 1975, p. 8.

  70. M. Seoane, op. cit., pp. 351-352.

  71. Ejemplos de violencia fueron el asesinato del viejo militante de la Resistencia Peronista Constantino Razzetti, perpetrado tan sólo un día después de la asunción de Perón como presidente, en octubre de 1973; la muerte, en Córdoba y en noviembre del mismo año, del ejecutivo de Transax/Ford, John Swint, ocurrida cuando las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) intentaron secuestrarlo; los asesinatos, también en noviembre, de  los militantes del Peronismo de Base Antonio Delleroni y su esposa en la estación ferroviaria de San Miguel, por parte de un tal Villanueva, quien se identificó como “funcionario” del Ministerio de Bienestar Social; el ataque del ERP al cuartel militar de Azul en enero de 1974, ocasión en la que fue secuestrado el teniente coronel Jorge Igarzábal; y el asesinato, en mayo del mismo año, del sacerdote Carlos Mugica, líder del Movimiento de los Sacerdotes por el Tercer Mundo. El padre Carlos Mugica había tenido relaciones cordiales con Montoneros hasta junio de 1973, fecha en que el cura aceptó un cargo de asesor en el Ministerio de Bienestar Social dirigido por López Rega. A partir de ese momento, Mugica hizo explícitas sus críticas al enfoque de lucha armada propuesto por los dirigentes montoneros y al alejamiento de éstos respecto del liderazgo de Perón. En los últimos meses antes de su asesinato Mugica se había acercado a la JP Lealtad, que se inscribía en el peronismo ortodoxo. Debido a los factores mencionados, la mayoría de las declaraciones difundidas por diversas organizaciones peronistas responsabilizaron a Montoneros como autores del atentado. El dirigente montonero Mario Firmenich afirmó que el asesinato de Mugica había sido producido por sectores de la derecha, pero recién en marzo de 1984 Juan Carlos Juncos, un ex custodio de López Rega, declaró ante un juez que había matado a Mugica por orden de su jefe y un pago de 10 millones de pesos. J. Godio, op. cit., p. 169 y p. 250, nota 3, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 317-319.

  72. Ver al respecto C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., pp. 72-73, y M. Seoane, op. cit., pp. 291-292. Ver también los editoriales “El interés nacional prevalece en América por encima del concepto de fronteras ideológicas. Una nueva dimensión al juego diplomático de la Cuenca del Plata”, por Mariano Grondona, y “Culminan cinco años de complejas tratativas. El país ha transformado ahora el cerco que parecía rodearlo”, por Heriberto Kahn, en La Opinión, 2 de diciembre de 1973, pp. 10-11.

  73. Por ejemplo, dos documentos elaborados por Comercio Exterior, de gran importancia para el comercio entre Buenos Aires y Pekín -el Proyecto de Convenio de Transporte Marítimo entre Argentina y China Popular y el análisis del grupo de trabajo interministerial, en su sesión del 3 de julio de 1975, de las observaciones chinas al contraproyecto argentino entregado por las autoridades chinas a la embajada argentina en Pekín- fueron recibidos en Cancillería el 25 de julio y quedaron congelados en la Dirección de Tratados del Palacio San Martín. La Dirección de Tratados estaba en ese momento a cargo de la doctora Nelly Freyre Peñabab, otra aliada del canciller Vignes. Ver al respecto editorial “¿Por qué ocurren estas cosas en el país? (Vignes desde las sombras)”, Confirmado, Año 9, Nº 405, febrero 1976, p. 15. 

  74. En cuanto a la puesta en marcha de Atucha ver los siguientes editoriales  “Proveerá energía a partir de hoy la central de Atucha”, La Opinión, 20 de marzo de 1974, p. 1; “La Argentina ingresó al Club Nuclear. Atucha marca un hito histórico” y “Un paso tecnológico trascendente para el status mundial”, La Opinión, 21 de marzo de 1974, pp. 1 y 24; “Por la Argentina Potencia”, Las Bases, Nº 87, 26 de marzo de 1974, p. 3; “Energía atómica. Argentina: primera en Latinoamérica”, Las Bases, Nº 87, 26 de marzo de 1974, pp. 25-32; “Paso decisivo para montar la segunda central atómica”, La Opinión, 11 de abril de 1974, p. 24, y “Río Tercero continuará el plan del uso independiente de tecnologías atómicas”, La Opinión, 2 de mayo de 1974, p. 15. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 293-294, y M. Seoane, op. cit., pp. 299-300. Respecto del convenio con la India, firmado el 28 de mayo de 1974 por los cancilleres Alberto Vignes y Surendra Pal Singh, vale acotar que dio lugar a muchas hipótesis y comentarios editoriales sobre la posibilidad de que la Argentina, al firmar este convenio, pudiera obtener la cooperación hindú para fabricar la bomba atómica -dado que la India había hecho explotar un artefacto nuclear-. C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 88. Ver también “Intercambio de información nuclear pacífica” y “Dos respuestas para la pregunta por la Bomba”, por Enrique Alonso, en La Opinión, 29 de mayo de 1974, p. 1. 

  75. En esa ocasión, el sindicalista Ricardo Otero y el canciller Alberto Vignes defendieron la gestión de López Rega. Ver al respecto J. Page, op. cit., p. 294; C. Uriarte, op. cit., pp. 71-72, y editorial “Panorama confidencial... Empate en el gabinete”, Panorama, Nº 370, del 16 al 22 de julio de 1974, p. 18.

  76. “¿Pues entonces quién lo tiene?”, Criterio, Año XLVIII, Nº 1728, 27 de noviembre de 1975, pp. 643-645. Consultar también el editorial “¿Quién empuja a la señora presidente hacia la soledad?”, Extra, Año X, Nº 121, julio 1975, p. 19. 

  77. “Verticalismo: Quién es quién ahora que López Rega no está”, por Martín Barrientos, Julio César Fernández y Armando Gallo, Confirmado, Año 9, Nº 402, semana del 18 al 24 de diciembre de 1975, pp. 13-14; “Un buen amigo de Perón”, La Opinión, 30 de octubre de 1975, p. 1; editorial “Cafiero: ‘El golpe estaba decidido’ ”, Clarín, 2ª sección, 22 de marzo de 1998, p. 8.

  78. “Los cismáticos del peronismo”, Confirmado, Año 9, Nº 404, semana del 31 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1976, pp. 14-15.

  79. El MID comenzó a distanciarse gradualmente del FREJULI a partir de octubre de 1974. Aunque inicialmente se limitaron a criticar la gestión del ministro de Economía Gómez Morales, los dirigentes desarrollistas terminaron rompiendo su alianza con el frente casi tres meses antes del golpe militar, el 18 de diciembre de 1975, a través de un comunicado en el cual se hizo referencia a un “fenómeno de descomposición estatal” que “tiene su epicentro en el gobierno: El Poder Ejecutivo está vacante. La Presidenta de la Nación no lo ejerce (el poder) ni siquiera en sus apariciones intermitentes y formales. Los ministros producen hechos aislados conforme lo permite una relación de fuerzas que cambia día a día. El Congreso no escapa a la crisis”. Por su parte, el radicalismo balbinista aunque proclamó reiteradas veces su intención de respaldar la gestión de Isabel,  no dejó de criticar la actitud contraria al diálogo y proclive a las decisiones inconsultas, permitiendo que se creara un “microclima” capaz de sectorizar al gobierno. Esta actitud de Ricardo Balbín mereció las críticas de la otra línea interna del radicalismo, la de Renovación y Cambio, liderada por Raúl Alfonsín, que reclamó una actitud aún más dura hacia el gobierno. Sin embargo, ni Balbín ni su rival en la interna lograron plasmar una alternativa a la crisis del gobierno peronista. Ver respecto de la separación del MID del FREJULI Pablo Kandel y Mario Monteverde, Entorno y caída, Buenos Aires, Planeta, 1976, p. 144; G. Di Tella, op. cit., p. 134, y editorial “El MID rompió con el FREJULI y dijo que el país llegó al límite”, El Cronista, 19 de diciembre de 1975, p. 20. Ver actitud del radicalismo en P. Kandel y M. Monteverde, op. cit., pp. 70-71 y 159-160; calificación de Balbín del entorno que rodeaba a Isabel como “microclima”, en ibid., p. 159.

  80. Véase M. Seoane, op. cit., pp.330-331; 342; 348-349, y 363-367; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 456; P. Kandel y M. Monteverde, op. cit., pp. 15-19.

  81. El enfoque de Benito Llambí en el Ministerio del Interior chocaba con el de López Rega y con el del jefe de la policía, Alberto Villar. El propio Llambí comenta que, a principios de agosto de 1974, tuvo lugar una reunión de gabinete en la que López Rega criticó un informe sobre la situación de las provincias presentado por el ministro del Interior a la presidente Isabel. Llambí replicó duramente al ministro de Bienestar Social, tras comprobar que el contenido del informe leído por Isabel era en realidad una versión adulterada del originalmente presentado a la presidente. Por su parte, Robledo tenía divergencias con López Rega y con el comandante en jefe del ejército Leandro Anaya. Ver al respecto B. Llambí, op. cit., pp. 352-353, y “La Argentina. Qué significan los cambios”, Panorama, Nº 374, 20 al 26 de agosto de 1974, pp. 11-13. También M. Seoane, op. cit., p. 353. Con respecto a Jorge Taiana, ésta era una figura aliada a Montoneros. En cambio su reemplazante Oscar Ivanissevich fue un fascista confeso, que tuvo contactos y afinidad ideológica con López Rega y la Triple A. Ivanissevich había sido ministro de Educación peronista en 1949 y asesor de salud pública del gobierno de Onganía en 1967. Ver al respecto E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 386-387.

  82. Por ejemplo, un editorial de La Opinión, del 19 de octubre de 1975, p. 13, titulado “Mientras cierra filas contra la izquierda. El peronismo tolera infiltraciones nazis”, advertía que en ocasión de la manifestación del 17 de octubre de 1975, un tren que hizo el trayecto Bahía Blanca-Buenos Aires con una multitud de manifestantes y dirigentes llevaba en uno de sus vagones una cruz esvástica junto a las siglas de la CGT 62 Organizaciones y la Juventud Sindical. También señalaba que, en su reaparición, la revista de la ortodoxia peronista Las Bases exhibió en la contratapa una frase empleada para publicitar un libro que había aparecido en esa época y que hacía la apología de Hitler.

  83. Los sucesores de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social fueron Carlos Villone (julio de 1975),  Rodolfo Roballos (julio a agosto de 1975), Carlos Emery (agosto a octubre de 1975) y Aníbal Demarco (octubre de 1975 a febrero de 1976). 

  84. La posición retornista de Lorenzo Miguel encerraba una extraña paradoja. Al provocar el alejamiento de López Rega y Rodrigo, había contribuido a descabezar al entorno lopezrreguista. No obstante, al sostener primero el retorno y luego la permanencia de Isabel Perón en el gobierno, Miguel contribuyó indirectamente a abonar el nacimiento del neolopezrreguismo. Dos factores pueden explicar la actitud verticalista o retornista del líder de las 62 Organizaciones. Primero, porque percibía que era más fácil obtener concesiones y ventajas políticas de Isabel que de figuras como Luder y Robledo, menos influibles que la presidente. Hasta último momento, Miguel sostuvo la permanencia de Isabel en el gobierno. “No cuestionan las 62 Organizaciones la investidura de la Sra. de Perón”, La Nación, (una selección de la semana), 2 de marzo de 1976, p. 5. Segundo, porque en ese momento, Miguel tuvo un importante enfrentamiento por la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica con el gobernador Victorio Calabró. Como su rival era un decidido partidario de requerir la renuncia de Isabel y convocar a una Asamblea Legislativa, el líder de la UOM veía en el retorno de Isabel la posibilidad de obtener respaldo en su puja contra Calabró. 

  85. Según Cafiero, su posición fue de “verticalismo lúcido”, consistente en mantener a Isabel hasta las elecciones y así evitar el golpe militar. “Cafiero: “El golpe estaba decidido”, op. cit.

  86. Robledo, por temor a una creciente inestabilidad institucional y a perder gravitación política con el alejamiento de Isabel, terminó siendo otro de los partidarios del retorno de la presidente. Ver posición de Robledo en los siguientes editoriales: “Mientras crece entre peronistas y opositores el temor por la estabilidad institucional. Causa perplejidad la actitud de Robledo” y “En el cruce de dos líneas”, La Opinión, 2 de octubre de 1975, pp. 12-13.

  87. Sobre estado de sitio ver E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 456. Entre los atentados de la Triple A, podemos mencionar el asesinato, en julio de 1974 del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, seguido de un comunicado con “sentencias de muerte por traición a la Patria” contra los senadores radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Eduardo Angeloz y los diputados nacionales Héctor Sandler (centroizquierda), Miguel Zabala Rodríguez y Leonardo Bettanín (JP), Juan Carlos Comínguez, Jesús Mira (Partido Comunista), Juana Romero, Mariano Lorences y Héctor Portero (APR); matanzas colectivas de cuatro militantes peronistas de La Plata y tres integrantes de la JP Quilmes, en agosto del mismo año; el asesinato del vicegobernador cordobés Atilio López, ex secretario de la combativa CGT del Cordobazo, en ese mismo mes de agosto; el atentado perpetrado contra el rector de la Universidad de Buenos Aires Raúl Laguzzi, que costó la vida de su hijo Pablo Gustavo, de cuatro meses de edad, el 7 de septiembre de 1974; el asesinato del abogado del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), ligado al ERP, Alfredo Curutchet, el 11 de ese mismo mes; el del ex subjefe de la Policía de Buenos Aires, Julio Tomás Troxler, que militaba en la izquierda del peronismo, el 20 del mismo mes, “por bolche y mal argentino”.(según un comunicado de la Triple A del 21de septiembre de 1974); el asesinato de Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, el 27 de septiembre, y el del general chileno Carlos Prats, a fines de ese mismo mes, en Buenos Aires, por obra de un comando integrado por la DINA -el servicio de inteligencia del régimen militar chileno- y las fuerzas de la Triple A argentina. Entre las acciones guerrilleras podemos citar el asesinato del dirigente radical Arturo Mor Roig y de David Kraiselburd, director del diario El Día de La Plata, en julio de 1974; la autoproscripción de la organización Montoneros a principios de septiembre del mismo año; la profanación de la tumba y secuestro del cadáver del general Pedro E. Aramburu por Montoneros en octubre; el asesinato del jefe de la policía federal, Alberto Villar, a principios de noviembre, por parte de la misma agrupación; y el secuestro y posterior asesinato, a fines de febrero de 1975, del cónsul honorario norteamericano en la provincia de Córdoba John Patrick Egan, que según los sectores de izquierda era en realidad un agente de la CIA.

  88. El decreto secreto 261 firmado por la presidente el 5 de febrero de 1975 ponía a disposición del Comando General del Ejército las fuerzas de la policía federal y establecía una suerte de “división del trabajo coordinada”, donde el ejército se encargaba de los operativos militares, y el Ministerio de Bienestar Social de las operaciones de acción cívica necesarias sobre la población afectada por las acciones militares. Este decreto fue el que abrió paso al inicio del “Operativo Independencia” de lucha contra la guerrilla en Tucumán. Texto del decreto secreto 261 del 5 de febrero de 1975, citado en Héctor R. Simeoni,  ¡Aniquilen al ERP!. La guerra sucia en el monte tucumano, Buenos Aires, Cosmos, 1985, pp. 19-20. Esta decisión del gobierno de Isabel de convocar al ejército para la lucha anti-guerrillera en áreas rurales provocó distintas reacciones en el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical. Mientras su líder, Ricardo Balbín, respaldó la decisión, en tanto las fuerzas armadas actuaban convocadas por el Poder Ejecutivo y no por cuenta propia, el titular del bloque radical de Diputados, Antonio Tróccoli, expresó su preocupación de que la política represiva “esté en manos de distintos centros de decisión”. Ver al respecto “Por orden del gobierno nacional, el Ejército conduce una ofensiva contra refugios extremistas en áreas rurales. Operación militar contra la guerrilla en Tucumán” y “La decisión fue tomada por el gabinete hace una semana”, La Opinión, 11 de febrero de 1975, p. 1; “Balbín respalda la acción de las Fuerzas Armadas, La Opinión, 15 de febrero de 1975, p. 1; y “Tras alertar sobre los enemigos de la institucionalización. “La UCR defenderá el proceso hasta las últimas consecuencias”, dijo Tróccoli”, La Opinión, 18 de febrero de 1975, p. 24.

  89. Ver al respecto los siguientes editoriales: “Tras el ataque a Formosa, el más vigoroso y cruento golpe asestado por la sedición, que costó casi 30 vidas. El Gabinete y las Fuerzas Armadas dirigirán la lucha antisubversiva”, La Opinión, 7 de octubre de 1975, p. 1, y “Las Fuerzas Armadas asumen la lucha antisubversiva”, La Opinión, 9 de octubre de 1975, p. 1. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 584, M. Seoane, op. cit., pp. 388-389, y C. Uriarte, op. cit., p. 81.

  90. El documento del Comando en Jefe del Ejército fue un pedido de investigación sobre la eventual participación de miembros de las fuerzas armadas en la Triple A, que elevó el coronel Jorge Felipe Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, a la Jefatura de Operaciones del Ejército, y que el comandante en jefe del ejército Anaya cursó a su vez al ministro de Defensa. El pedido de informes nació del testimonio de un oficial, el teniente de Granaderos Juan Carlos Segura, a quien personas vinculadas al entorno de López Rega le habían confesado que operaban con oficiales de las tres fuerzas armadas. Véase “A requerimiento del ministro de Defensa, el general Anaya pidió el retiro, reemplazándolo Numa Laplane, La Opinión, 14 de mayo de 1975, p. 12; “Las causas del relevo según los diarios”, La Opinión, 15 de mayo de 1975, p. 10; “Numa Laplane sucede a Anaya en el comando del Ejército. La decisión del Poder Ejecutivo sorprendió a la opinión pública”, El Cronista, 14 de mayo de 1975, p. 1; “Laplane desarrolló la doctrina del profesionalismo integrado”, La Opinión, 30 de mayo de 1975, pp. 1 y 8; “La integración” (discurso del teniente general Alberto Numa Laplane), Las Bases, Nº 147, 4 de junio de 1975, pp. 3-9; “Las FF.AA. respaldan un diálogo que consolide las instituciones. Denuncia militar sobre la Triple A”, por Heriberto Kahn, La Opinión, 6 de julio de 1975, p.1 ; “El día que cayó López Rega”, por Alberto Amato y Guido Braslavsky, Clarín, sección Zona de la política, la sociedad y las ideas, 28 de junio de 1998, especialmente p. 14, y “A vuelta de correo. El día que cayó López Rega”, por Leandro Anaya, Clarín, sección Zona de la política, la sociedad y las ideas, 12 de julio de 1998, p. 19.  Véase también S. Pinetta, op. cit., p. 119.

  91. C. Uriarte, op. cit., pp. 80-81.

  92. Así, al creciente descontento del ejército con la figura de López Rega se sumó el rechazo de la mayoría de los oficiales del arma a la figura de Numa Laplane, que sin ser declaradamente lopezrreguista aparecía como excesivamente cerca de un gobierno desprestigiado. En una reunión de altos mandos efectuada el 14 de agosto de 1975, los generales Carlos Delía Larroca (comandante del III Cuerpo de Ejército), Jorge Rafael Videla (Estado Mayor Conjunto), Roberto Viola (II Cuerpo), Carlos Suárez Mason (V Cuerpo) y Diego Urricarriet concordaron en su oposición a la propuesta del “profesionalismo integrado” del nuevo titular de ejército. Alegaron que ésta implicaba el riesgo de que lo estrictamente castrense se viera confundido con los intereses políticos del partido gobernante, y, en consecuencia, sostuvieron la conveniencia de que Damasco pasara a retiro y que Laplane renunciara a la jefatura del ejército. La crisis militar de agosto de 1975 demostró el acercamiento entre los oficiales del ejército y la marina y la profunda división existente en el seno del peronismo, ya que la presidente Isabel se opuso al retiro de Laplane e intentó frenar la caída de Damasco, frente a otro sector del oficialismo -entre ellos el ministro de Economía Antonio Cafiero- partidarios de que el gobierno no se involucrara en la vida interna de las fuerzas armadas. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., pp. 86-87, y P. Kandel y M. Monteverde, op. cit., pp. 105-106; y los editoriales “Cuestionan a Numa Laplane”, Clarín, 27 de agosto de 1975, p. 4; “La crisis militar se derivó al terreno político. Se corren graves riesgos”, Clarín, 27 de agosto de 1975, p. 9; “Nombran a Videla comandante general” y “Tras el nombramiento de Damasco. Las causas de la crisis”, Clarín, 28 de agosto de 1975, pp. 10-13; “Damasco pidió su retiro, pero la ratificación de Laplane por la presidente dejaba abierta la crisis en el Ejército”, La Opinión, 27 de agosto de 1975; pp. 12-13; “Al destacar el peligro de la politización castrense. Videla calificó de imprudente la actitud de Laplane que compromete a las FF.AA”, La Opinión, 27 de agosto de 1975, p. 13; “La jefe del Estado adoptó una decisión que conjura la crisis tras deliberar once horas con líderes civiles y militares. Videla asume en Ejército”, La Opinión, 28 de agosto de 1975, p. 1; “Evitando el riesgo abierto al proceso institucional por Laplane. El nombramiento de Videla restituye la cohesión en los cuadros del Ejército”, por Heriberto Kahn, La Opinión, 28 de agosto de 1975, p. 24, “El general Videla surge como vocero doctrinario de la prescindencia”, El Cronista, 28 de agosto de 1975, p. 5;  “Nombran a Videla comandante general”, Clarín, 28 de agosto de 1975, pp. 10-11; y “La prescindencia vuelve al Ejército con Videla”, La Opinión, 29 de agosto de 1975, p. 1.

  93. “Severa definición de Videla”, El Cronista, 24 de octubre de 1975, p. 1 y “La tesis que sustentó Jorge Videla”, La Opinión, 25 de octubre de 1975, p. 9, y el trabajo de E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 590.

  94. “Con su respaldo al gobernador bonaerense. El Ejército dio una definición política”, La Opinión, 26 de diciembre de 1975, p. 11. También E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 627.

  95. El mensaje de Videla decía:

    (...) El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos, héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas, la especulación política, económica e ideológica, deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad.(...)

    Mensaje de Videla del 24 de diciembre de 1975, citado en “Mañana se cumplen 90 días de la apelación de Videla”, La Opinión, 23 de marzo de 1976, p. 1, y en “Videla puntualizó responsabilidades”, El Cronista, 26 de diciembre de 1975, p. 1. También en P. Kandel y M. Monteverde, op. cit., pp. 151-152 y 209-210. 

  96. La renuncia de López Rega como ministro de Bienestar Social fue disfrazada con el otorgamiento de una misión a Europa con el rango de embajador. El diploma y rango de embajador plenipotenciario le fue otorgado a López Rega en una reunión que el ex ministro de Bienestar Social sostuvo en el Palacio San Martín con el canciller Vignes, el ministro de Defensa Jorge Garrido, el ministro de Interior Antonio Benítez y el secretario privado de la presidente. Aunque Vignes sostuvo que el rango de “plenipotenciario” era excesivo para López Rega, prevaleció el criterio de la presidente, expuesto por el ministro Garrido. Ver al respecto “López Rega viajó con un diploma de embajador ante gobiernos europeos”, La Opinión, 26 de julio de 1975, p. 10, e “Informe sobre los funcionarios que respaldan la misión diplomática asignada a López Rega”, La Opinión, 31 de julio de 1975, p. 24. De acuerdo con la versión de Santiago Pinetta, el “exilio” de López Rega fue decidido en una reunión del ministro de Defensa, Jorge Garrido, con los tres titulares de las fuerzas armadas, el comandante del ejército Alberto Numa Laplane, el de la aeronáutica Héctor Fautario y el de la marina Emilio Massera. En un primer momento Isabel se negó a la alternativa de que López Rega se fuera del país y amenazó incluso con renunciar, pero una larga negociación con las figuras del “entorno” lopezrreguista la convencieron de permanecer en el cargo y permitir la salida de López Rega del país. S. Pinetta, op. cit., pp. 78-80.

  97. A principios de agosto de 1975, un grupo de diplomáticos cesanteados en 1955 -Tomás Arias Colombres, Amadeo Rosendo Fazzari, Maximino Héctor González, José María Tomasini, José Antonio Vedani y el ex jefe de ceremonial Raúl Augusto Margueirat- acusaron al canciller Vignes de falta de idoneidad para ejercer el cargo. Alegaron que durante su paso como consejero de la embajada argentina en Budapest durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Vignes había extorsionado a judíos húngaros perseguidos por el nazismo que buscaban visas para trasladarse a la Argentina, reteniendo, a cambio de este servicio, joyas y objetos de valor. Ver al respecto B. Llambí, op. cit., p. 354, y “Tras negarse a asistir a una convocatoria del ministro de Relaciones Exteriores. Acusa a Vignes un grupo de diplomáticos cesanteados en 1955”, La Opinión, 2 de agosto de 1975, p. 9. Asimismo, el diputado del FREJULI, Luis Sobrino Aranda, presentó un proyecto de resolución pidiendo informes al Ejecutivo referente a personal diplomático declarado “prescindible” durante la gestión de Vignes como canciller. Ver “Sobrino Aranda pide una investigación sobre Vignes”, Clarín, 22 de agosto de 1975, p. 8. A la denuncia de estos diplomáticos se sumó en ese mismo mes de agosto la acusación de Jorge Antonio, quien denunció al canciller Vignes por “ocultar” las presentaciones oficiales del gobierno de Libia referentes a las negociaciones de López Rega en el marco de la llamada “Operación Libia”. Ver “Aun no le fue entregado el pasaporte a Jorge Antonio”, La Opinión, 6 de agosto de 1975, p. 8.

  98. “Pesada carga del ministro de Relaciones Exteriores” y “Vignes protegió a funcionarios lopezrreguistas”, La Opinión, 14 de agosto de 1975, p. 10.

  99. “Argentina inaugura en Lima una posición moderadora”, La Opinión, 26 de agosto de 1975, p. 2; “Entre tropiezos, el canciller Robledo expuso una cauta línea tercermundista”, La Opinión, 28 de agosto de 1975, p. 2; “Argentina fijó su posición en la Conferencia de Lima”, Clarín, 28 de agosto de 1975, p. 9; y “Robledo subrayó en la ONU la posición internacional argentina”, El Cronista, 24 de septiembre de 1975. Sobre el nuevo Pacto del Sinaí firmado el 1º de septiembre de 1975 como producto de la mediación norteamericana ver el trabajo de Roberto Russell y Daniel Samoilovich (editores), El conflicto árabe-israelí. Desde sus orígenes hasta la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, Tomo 1, Cronología, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1979, p. 203.

  100. “Se estudia un amplio plan de cooperación con Venezuela”, La Opinión, 2 de septiembre de 1975, p. 15; “Cooperación con vistas a las tareas nacionales. La visita de Escobar Salom dio nivel creativo a la relación con Venezuela”, por Enrique Alonso, La Opinión, 5 de septiembre de 1975, p. 7; “Hacia una profundización del comercio con Venezuela”, por José Ignacio López, La Opinión, 10 de septiembre de 1975, p. 13, y “En el marco del acuerdo entre Hurtado y Cafiero. Argentina cambia trigo y hierro venezolano”, La Opinión, 29 de noviembre de 1975, p. 1.Ver también  “Atacan a balazos al embajador de Cuba”, El Cronista, 14 de agosto de 1975, p. 7.

  101. Finalmente, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la propuesta mexicana de sancionar a la dictadura española, aunque derivó el tratamiento del tema a la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales del organismo multilateral. “ONU: Argentina no apoya la iniciativa mexicana”, El Cronista, 30 de septiembre de 1975, p. 24 y “ONU: Rechazan propuesta de México sobre España”, El Cronista, 1º de octubre de 1975, p. 24.

  102. Ver “Saldo de la conferencia con Robledo. Kissinger seguirá brindando apoyo para el financiamiento”, La Opinión, 26 de septiembre de 1975, p. 10, y “La situación argentina fue uno de los temas encarados en la segunda entrevista con Kissinger”, La Opinión, 30 de septiembre de 1975, p.11.

  103. “Por la inestabilidad y las trabas burocráticas. La Argentina es considerada zona de alto riesgo por un estudio sobre inversiones”, por Daniel Muchnik, La Opinión, 5 de julio de 1975, p. 11. También los editoriales del Buenos Aires Herald en enero de 1976 sostenían que la situación interna era un “caldo de cultivo para el salvajismo”; reproducían los temores del dirigente radical Raúl Alfonsín quien comparaba la situación argentina a la vivida por el pueblo alemán en 1932; y criticaban el permanente cambio de rostros y no de ideas en el gabinete nacional. Ver al respecto editoriales “Breeding ground for savagery” (“Caldo de cultivo para el salvajismo”), Buenos Aires Herald, January 11, 1976, p. 8; “Alfonsín fears a fascist revival”, Buenos Aires Herald, January 12, 1976, p. 7 y “Mrs. Peron’s tenth cabinet”, Buenos Aires Herald, January 18, 1976, p. 8.

  104. La ONU aprobó la resolución condenatoria del sionismo por 72 votos contra 35 (entre ellos el de Israel) y 32 abstenciones (entre ellas la de Argentina). Ver resolución de la ONU del 11 de noviembre de 1975 calificando al sionismo como “una forma de racismo y de discriminación racial” en R. Russell y D. Samoilovich, op. cit., pp. 206-207. También editorial “Israel, la UNESCO y la ONU”, por Carlos Floria, El Cronista, 14 de noviembre de 1975, p. 17. En lo que respecta a la  polémica solicitada firmada por Calderón tuvo en realidad como autores a siete organizaciones (Coordinadora de Estudiantes Universitarios Peronistas, Mesa Nacional Eva Perón, Movimiento Universitario Nacional, Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, Juventud Nacional Justicialista, Comando 8 de Octubre, Editorial Legión). “Ataca a Israel un funcionario” y “Argentinos judíos censuran a la ONU”, La Opinión, 28 de noviembre de 1975, p. 11. También pedido de informes de los diputados radicales Adolfo Gass, Mario Abel Amaya, Plácido Enrique Nosiglia, Antonio A. Tróccoli y María Teresa Merciadri de Morini, solicitando informes al Ejecutivo sobre la conducta del director de Prensa y Difusión de la UBA, Horacio Calderón, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo IX, op. cit., Reunión 57º, Febrero 25 / 26 de 1976, p. 6212. Ver solicitada del Grupo Nacional Argentino Pro-Tercer Mundo titulada “Sionismo: una forma de racismo”, firmada por el presidente del Grupo, Dr. Jorge Farías Gómez; su secretario general Raúl A. Inchausti y su secretario de Relaciones Intersocietarias Fermín Herrera, en El Cronista, 17 de noviembre de 1975, p. 4. 

  105. “Es nuevo embajador en Brasil Jorge E. Casal”, El Cronista, 3 de abril de 1975, p. 2; y “Cubrir la Cancillería fue un hecho positivo”, La Opinión, 4 de diciembre de 1975, p. 24; “Zona de frontera: Misiones polemiza con la Cancillería”, por Leopoldo Martínez, El Cronista, 2 de enero de 1976, p. 16; “Nuestras representaciones diplomáticas”, La Nación, 9 de marzo de 1976, p. 6 y “Evasión en las fronteras”, La Nación, 10 de marzo de 1976, p. 4.

  106. Proyecto de declaración de los diputados Carlos Fonte y Horacio Hueyo, solicitando al Ejecutivo el pronto tratamiento de una legislación nuclear que evite una regresión en la materia, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo VII, Sesiones extraordinarias (del 22 de octubre al 9 de diciembre de 1975), Reunión 47º, Noviembre 13 de 1975, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1976, pp. 5002-5003.

  107. El encono de los integrantes del entorno neolopezrreguista contra el canciller Arauz Castex respondió a varias causas. Una fue que Arauz Castex dispuso la reincorporación de una serie de funcionarios que habían sido declarados “prescindibles” en la etapa de Vignes como canciller -los doctores Ernesto Garzón Valdés, Guillermo Conti y Federico Erhart del Campo. Otra fue la reticencia de Arauz Castex a la influencia del ex ministro Vignes, vigente a través de sus aliados en el Palacio San Martín. Una tercera causa fue la oposición del canciller a la  intervención federal en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe -una alternativa que impulsaban tanto el neolopezrreguismo como el sindicalismo “verticalista” o “pro-isabelista” conformado por las 62 Organizaciones, cuyo líder era el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Lorenzo Miguel, quien deseaba intervenir Buenos Aires para desplazar del cargo de gobernador al metalúrgico Victorio Calabró, que se había convertido en su rival. Ver respecto de la renuncia del canciller Arauz Castex los editoriales “Se atribuye influencia a Lastiri” y “El día en que se cambió de caballo en la mitad del río. Insólito relevo de Arauz en el fragor del pleito por Malvinas”, por Enrique Alonso, La Opinión, 16 de enero de 1976, pp. 10 y 11. También “Al tiempo que asumía el canciller Quijano. Satisfaciendo el planteo argentino, volvió a Londres el embajador inglés”, La Opinión, 20 de enero de 1976, p. 11.

  108. Por cierto, el problema del terrorismo en la Argentina fue un pasivo en la agenda bilateral que el gobierno de Isabel no logró revertir. El recrudecimiento del fenómeno terrorista a partir de octubre de 1974 había provocado, entre mediados de 1974 y marzo de 1975, la reducción a la mitad del número de diplomáticos norteamericanos que la Casa Blanca mantenía en la Argentina. Un informe del Time de septiembre de 1974 sostuvo que durante 1973, el 60% de los ejecutivos extranjeros había abandonado territorio argentino, movido por los 170 secuestros que se registraron ese año. Asimismo, la Secretaría de Comercio Exterior norteamericana advirtió el 17 de enero de 1976 a los exportadores norteamericanos que no debían anticipar “una rápida o fácil” solución de los problemas económicos argentinos, pues el futuro del país aparecía signado por la inestabilidad, la falta de cohesión política y la reacción gubernamental sobre bases ad hoc, desprovista de un plan económico global para superar la crisis. E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., Tomo II, p. 432. Ver también editorial “La situación del país analizan en los EE.UU.”, La Nación, 18 de enero de 1976, p. 5. Por su parte, un editorial de La Nación titulado “Costo de la inseguridad”, del 1º de febrero de 1976, p. 8, muestra la negativa incidencia de la inestabilidad económica argentina en la corriente exportadora hacia EE.UU. debido a la falta de regularidad en las operaciones comerciales; “Menos diplomáticos de EE.UU. en la Argentina”, La Opinión, 6 de marzo de 1975, p. 10; “Condolencia de la Presidente a Gerald Ford” y “El P.E. repudia el crimen”, La Opinión, 2 de marzo de 1975, pp. 1 y 9.  Incluso más de un mes antes del golpe militar, el 13 de febrero de 1976, el entonces secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, William Rogers, envió al secretario de Estado Henry Kissinger un documento calificado como “secreto” y titulado “Posible golpe en Argentina”, donde advertía sobre la posible emergencia de un régimen de fachada civil pero con el poder real de los militares, que intensificaría la lucha contra la guerrilla cometiendo violaciones a los derechos humanos. Ver el editorial “Los papeles secretos de la Embajada. Anatomía de un golpe”, por Alberto Amato, María Seoane y Vicente Muleiro, Clarín, 2a sección, 22 de marzo de 1998, p. 3.

  109. Ver ecos en EEUU de la designación de Quijano como canciller argentino en el apartado “En Washington”, La Nación, 17 de enero de 1976, p. 5. Sobre encuentro Kissinger-Quijano ver editoriales “Imaginativa solución del secretario norteamericano. Las razones del encuentro de Kissinger con Quijano”, por Enrique Alonso, La Opinión, 10 de febrero de 1976, p. 28; “La entrevista de Quijano con Henry A. Kissinger”, La Nación, 11 de febrero de 1976, p. 2; y "Quijano-Kissinger" en La Nación, 12 de febrero de 1976, p. 6. 

  110. Ver al respecto “Quijano y Blanco dialogaron sin agenda y sin comunicados”, por Enrique Alonso, La Opinión, 26 de febrero de 1976, p. 20; “Ratificación de un acuerdo de tecnología con Paraguay”, La Opinión, 5 de marzo de 1976, p. 8; “Conexión eléctrica con Uruguay”, 16 de marzo de 1976, La Opinión, p. 10; “Sin acento espectacular, resulta útil la misión argentina a La Paz. Quijano efectivizó viejos acuerdos y hubo coincidencias con Bolivia”, por Enrique Alonso, La Opinión, 17 de marzo de 1976, p. 20, y “El diálogo dejó un saldo positivo. Quijano entregó ayer en Bolivia 102 kilómetros de vías férreas”, por Enrique Alonso, La Opinión, 18 de marzo de 1976, p. 20. 

  111. En el caso del contrabando paraguayo, éste se realizaba a través del río Paraguay y afectaba especialmente a la provincia de Formosa. Un dato para entender la actitud represiva de la gendarmería argentina adoptada para hacer frente al contrabando de los comerciantes paraguayos fue la presencia, en ese momento, de una figura importante del lopezrreguismo y del nacionalismo ortodoxo como embajador argentino en Asunción: el coronel retirado Jorge Osinde, participante de la masacre de Ezeiza de junio de 1973. Ver al respecto las siguientes editoriales: “La represión del contrabando afecta las relaciones con Paraguay. Buscan soluciones para los incidentes fronterizos”, La  Opinión, 25 de febrero de 1976, p. 8; “Otro incidente en frontera con Paraguay”, La Opinión, 14 de marzo de 1976, p. 8. En el caso del avance geopolítico, hidroeléctrico y económico brasileño en las provincias de Misiones y Corrientes, cabe señalar el notorio contraste entre la actitud pasiva de una Cancillería paralizada por las pujas internas y la de reclamo por parte de los gobernadores de estas provincias y de los legisladores nacionales. Con respecto a estos últimos, cabe recordar que en septiembre de 1975, el diputado Angel Moral elevó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo una investigación sobre un mapa turístico editado por la Esso Brasileña de Petróleo S.A., que incluía al Parque Nacional Iguazú como brasileño, y exigiendo tanto al gobierno como a los bloques de la Cámara Baja un enérgico reclamo a las autoridades brasileñas. El mismo diputado volvió a presionar al Ejecutivo en el mes de noviembre, denunciando la inacción del gobierno de Isabel respecto de varios temas sensibles de la agenda con Brasil, entre ellos la actitud de mantener vacante la embajada argentina en Brasilia, las negociaciones en relación a los proyectos hidroeléctricos y al Tratado de la Cuenca del Plata, y la infiltración brasileña en áreas fronterizas, particularmente en la provincia de Misiones. En el mes de diciembre el diputado Moral exigió al gobierno informes sobre las pretensiones brasileñas en la Antártida. Asimismo, a fines de febrero de 1976, los diputados del FREJULI-MID, Isidro J. Odena, Antonio Pereira, Ernesto Manuel Campos y Marcos Merchensky, entre otros, presentaron un pedido de informes que denunciaba el estado de indefensión de las fronteras frente a la ocupación pacífica de éstas por parte de Brasil y Paraguay. Lo propio hicieron sus colegas del Partido Comunista Juan Carlos Comínguez y Jesús Mira, que exigieron al Ejecutivo la adopción de medidas tendientes a declarar a Misiones como área de frontera con el fin de contener la adquisición de territorios de esa provincia por parte de ciudadanos brasileños. Pero, como ocurriera en otros temas de la agenda de política exterior, la presión parlamentaria chocó con la inercia del gobierno de Isabel y de la Cancillería. Pedidos de informes del diputado Angel Moral al Ejecutivo, en Congreso Nacional, Diario de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo V, op. cit., Reunión 33º, Septiembre 22 de 1975, pp. 3625-3626; Tomo VII, op. cit., Reunión 48º, Noviembre 19 de 1975, pp. 5168-5173, y Tomo VIII, Sesiones extraordinarias (del 10 de diciembre al 30 de diciembre de 1975), Buenos Aires, Reunión 51º, diciembre 10 de 1975, y Reunión 53º, Diciembre 18 / 19 de 1975, Imprenta del Congreso de la Nación, 1976, pp. 5494-5495 y pp. 5721 y siguientes; proyecto de pedido de informes de los diputados Isidro J. Odena, Ludovico Slamovits, Marcos Merchensky, Antonio Pereira, Ernesto Manuel Campos y Gilberto H. Molina a los ministros de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía y Cultura y Educación; y proyecto de declaración de los diputados Juan Carlos Comínguez y Jesús Mira, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo IX, op. cit., Reunión 57º, Febrero 25 / 26 de 1976, pp. 6225 y 6262-6263. Otro grupo crítico de la ausencia de política gubernamental en las fronteras eran los sectores nacionalistas del ejército argentino. Ya a fines de 1972, el director de la revista Estrategia, el general Juan Enrique Guglialmelli, denunciaba la existencia de una estrategia de avance brasileño sobre la provincia de Misiones. Ver al respecto sus artículos “Argentina frente al ‘Operativo Misiones’ del Brasil””, Estrategia, Nº 19-20, noviembre-diciembre de 1972 / enero-febrero de 1973, pp. 7-16, y “Argentina. Política nacional y política de fronteras. Crisis nacional y problemas fronterizos”, Estrategia, Nº 37-38, noviembre-diciembre de 1975 / enero-febrero de 1976, pp. 5-21. Sobre la infiltración cultural de los países limítrofes en las fronteras argentinas ver editoriales “Preocupa la situación actual de las radios de frontera”, por Jorge Halperín, El Cronista, 3 de enero de 1975, p. 11; “Fuerte penetración brasileña en Misiones”, La Opinión, 16 de noviembre de 1975, donde denuncia la ocupación ilegal de 150.000 ha de la provincia por parte de brasileños ante la falta de vigilancia de las autoridades fronterizas; “Se trató en Cancillería el caso Misiones”, La Opinión, 6 de diciembre de 1975, p. 8; “Misiones y el proceso de colonización brasileño” e “Inclusión de Misiones en la zona de frontera”, La Nación, 8 de febrero de 1976, pp. 2 y 7, respectivamente; y “Evasión en las fronteras”, La Nación, 10 de marzo de 1976, p. 4. 

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