Capítulo 67: Los gobiernos peronistas (1973-1976)
Introducción
El
25 de mayo de 1973, el candidato del Frente Justicialista de Liberación
(FREJULI), Héctor J, Cámpora, asumió la presidencia en un contexto interno y
regional fuertemente radicalizado. En el ámbito interno, el peronismo pasó a
jugar el papel de catalizador de las frustraciones que los distintos sectores de
la sociedad argentina sentían respecto de la experiencia militar de la Revolución
Argentina, asociada -en forma excesivamente simplista- con la política económica
liberal de Adalbert Krieger Vasena, el ministro de Economía del gobierno de
Onganía. Para los sectores de la derecha, el retorno del peronismo al poder
permitiría llevar a cabo los objetivos estatistas, nacionalistas y corporativos
presentes en la plataforma histórica del peronismo. Para los sectores de centro
-y muy especialmente para los peronistas históricos-, las elecciones de marzo
de 1973 cerraban 18 años de proscripción e implicaban la vuelta a los
programas de política interna y exterior del período 1946-1955. Finalmente,
para los sectores de la izquierda peronista -Juventud Peronista (JP) y
Montoneros-, la
vuelta del peronismo al poder era la llave para una “revolución
socialista”. Sólo el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
desconfió del carácter “revolucionario” del peronismo tan pregonado por su
líder durante los años de exilio, por lo cual se mantuvo en una actitud de
expectativa, en espera de que el gobierno de Cámpora acelerara la transición
hacia la “patria socialista”. Cabe aclarar que, salvo el ERP, estas
exageradas expectativas en torno de los alcances “revolucionarios” del
peronismo de la mayoría de los sectores de izquierda se dieron en un contexto
muy particular, donde el término “revolución” estaba de moda y prácticamente
todos los partidos políticos lo usaron, aunque sin aclarar demasiado su
alcance. Incluso expresiones políticas de signo relativamente moderado, como el
radicalismo, en aquella época llegaron a sostener que “la Revolución tendrá
lugar en la Argentina con las fuerzas armadas, sin las fuerzas armadas o contra
las fuerzas armadas”. A su vez, el contexto regional se caracterizó por el
predominio de fórmulas nacionalistas y populistas con orientación
izquierdizante y anti-norteamericana, percibidas por muchos militantes de
izquierda como el prólogo de una revolución continental cuyos referentes eran
los regímenes socialistas de Cuba y China y los procesos de descolonización
afro-asiáticos. Las fórmulas de índole democrática eran impugnadas por estos
mismos sectores como una máscara del “imperialismo yanqui” en tanto
trababan la opción revolucionaria hacia el socialismo. (1)
Además
del contexto radicalizado en el que estuvo inmerso, otro rasgo definitorio del
breve período del gobierno de Cámpora fue su carácter provisorio o
transitorio. Si bien Cámpora llegó al gobierno con un porcentaje cercano al 50
% de los votos, frente a un radicalismo que captó menos de la mitad, (2) lo
cierto es que los distintos sectores de la sociedad que votaron la propuesta del
FREJULI lo hicieron pensando en el retorno de Perón al poder. Como sostenía el
propio lema de la campaña electoral de dicha alianza “Cámpora al gobierno y
Perón al poder”, la candidatura de Cámpora a presidente fue una alternativa
obligada por la proscripción que el titular del último gobierno militar,
general Lanusse, hizo pesar sobre la figura de Perón.
El
hecho de ocupar el cargo presidencial en nombre de Perón le quitó a Cámpora
el margen de maniobra necesario para gobernar, situación que se vio agravada
debido a que su principal -y único- sostén provenía de la JP vinculada a
Montoneros y ésta tenía un grupo muy pequeño de adherentes en la Cámara de
Diputados, en comparación con la numerosa representación de los sindicalistas
y los sectores ortodoxos. La JP sólo había conquistado 18 % de los cargos en
las elecciones internas efectuadas en marzo de 1973. (3)
Los
Montoneros procuraron compensar esta débil presencia en el Parlamento a través
de dos estrategias. La primera consistió en ocupaciones forzosas de hospitales,
escuelas, correos, oficinas municipales, bancos estatales e incluso algunas
empresas privadas, y la segunda fue lograr una importante influencia en algunos
ministerios, gobernaciones y en el ámbito universitario. Esta segunda
estrategia fue relativamente exitosa durante el gobierno de Cámpora. Además de
figuras pro-montoneras en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, los
Montoneros tuvieron buenos contactos con el canciller Juan Carlos Puig, el
ministro del Interior Esteban Righi y el de Educación Jorge Taiana. Asimismo,
tuvieron conexión con los gobernadores de Córdoba, Ricardo Obregón Cano; de
Buenos Aires, Oscar Bidegain; de Mendoza, Alberto Martínez Baca; de Santa Cruz,
Jorge Cepernic, y de Salta, Miguel Ragone-. (4) Frente a esta ofensiva de los
Montoneros y otros grupos de la izquierda peronista, los grupos de la derecha
dentro de la coalición del peronismo aseguraron su presencia en el ámbito
parlamentario, en el Ministerio de Bienestar Social y sus dependencias y en los
medios de comunicación.
Este
reparto de influencias entre los sectores del peronismo ortodoxo, sindicalistas,
grupos de izquierda y de derecha demostró a las claras el enorme poder de
convocatoria que tenía Perón, pero éste no pareció estar sujeto a ninguno de
los grupos en pugna. Más bien utilizó tácticas cambiantes en función de un
equilibrio de fuerzas que, contrarrestándose entre sí, le permitieran mantener
el liderazgo dentro del movimiento justicialista. De este modo, orquestó un
gabinete integrado por un presidente sin autoridad efectiva, Cámpora, que
respondía bien al deseo de Perón de retornar al poder; un ministro de Economía,
José Ber Gelbard, proveniente del PC pero básicamente un pragmático, un
partidario del intervencionismo estatal, bien conectado con los dirigentes
sindicales y con los pequeños y medianos empresarios, y, por lo tanto, un buen
artífice del “pacto social” que persiguió el líder justicialista; (5) un
ministro de Bienestar Social, José López Rega, que contaba con contactos con
los sectores de la derecha del peronismo, tales como el coronel retirado Jorge
Osinde; y, finalmente, los ministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig,
y del Interior, Esteban Righi, vinculados al presidente Cámpora y a los
sectores de la izquierda del peronismo como la JP-Montoneros. (6)
En
un primer momento Perón especuló con un papel de “primer embajador” y
demoró su retorno definitivo a la Argentina hasta el 20 de junio de 1973. (7)
El líder justicialista no participó de la ceremonia de asunción de Cámpora,
sosteniendo que él era “soldado del presidente Cámpora”. De este modo, Perón
tomó una conveniente distancia del nuevo ocupante de la Casa Rosada, a fin de
poner a salvo su prestigio de los eventuales errores del nuevo mandatario. (8)
Por cierto, la ceremonia de asunción de Cámpora, el 25 de mayo, evidenció la
presencia protagónica de los sectores de izquierda dentro del peronismo. Los
enormes carteles de FAR, Montoneros y la JP -que rivalizaron en su tamaño con
las pancartas de los sindicatos- presagiaron el conflicto entre dicha izquierda
y el grupo sindical, que estallaría poco tiempo después. Los sectores
izquierdistas juveniles hicieron sentir su presencia insultando a las fuerzas
militares. (9)
Los
grupos guerrilleros ejercieron presión sobre Cámpora para que el gobierno
liberara a los presos políticos encarcelados en Villa Devoto. Estos se
amotinaron en la misma mañana del 25 en que tuvo lugar la ceremonia de asunción
de Cámpora. El nuevo presidente, superado por los acontecimientos, respondió a
dicha presión decretando esa noche un indulto, mientras proponía al Congreso
un proyecto de ley de amnistía de amplios alcances, y un proyecto de ley para
derogar una serie de normas penales violatorias de principios constitucionales
que habían estado vigentes durante el régimen militar de la Revolución
Argentina. Ambos proyectos fueron sancionados por el Congreso y promulgados el día
27 de mayo. (10)
Pero
las actitudes de violencia, lejos de disminuir tras las medidas de pacificación
adoptadas por Cámpora y el ministro Righi, se incrementaron notoriamente. A los
motines en las cárceles de Villa Devoto, Caseros y otros puntos del país, se
sumaron otras expresiones de actitudes extremistas tales como la intervención
en las universidades y el ataque a profesores y alumnos que no comulgaran con
ideas izquierdistas -en una versión ideológicamente invertida de la “noche
de los bastones largos”-, secuestros extorsivos a empresarios y ocupación
forzada de fábricas, establecimientos públicos y hospitales. Los
diarios hablaron en ese momento de “vacío de poder” y de la “pérdida
de control” por parte del gobierno de Cámpora. En el caso particular de las
ocupaciones de empresas privadas, éstas constituyeron un directo desafío al
espíritu conciliatorio del “pacto social” propuesto por el ministro de
Economía Gelbard. (11) Por cierto, estos incidentes crearon un abismo entre Cámpora
y Perón, que se evidenció claramente cuando el primero viajó a Madrid el 15
de junio de 1973 con el propósito de acompañar al líder del justicialismo en
su retorno a la Argentina. En esa oportunidad, Perón le demostró al presidente
electo su desagrado con lo que estaba ocurriendo en la Argentina. (12)
Las
tensiones facciosas presentes en el movimiento justicialista estallaron el 20 de
junio de 1973 en Ezeiza, donde miles de manifestantes que esperaban el regreso
de Perón tras 18 años de exilio fueron testigos de la transformación de lo
que iba a ser una fiesta en una trágica batalla campal entre los sectores de
derecha y de izquierda dentro del peronismo. (13) Debido a la gravedad de los
incidentes, Perón, Cámpora y su comitiva se vieron obligados a aterrizar en
Morón. (14) El 21 de junio, Perón dirigió un enérgico mensaje por radio y
televisión, implícita pero inequívocamente dirigido contra los
sectores de izquierda de su movimiento:
“(...)
Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser
de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino.
(...)
Los
peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento. Ponerlo
en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo y desde
arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de
uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino
que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a
nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades
peronistas dicen. No es gritando “La vida por Perón” que se hace Patria,
sino manteniendo el credo por el cual luchamos.
Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos, que
levantan banderas revolucionarias. (...)Los que ingenuamente piensan que pueden
copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el Pueblo ha conquistado, se
equivocan. (...)
(...) Por eso, deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos
populares o estatales, que por ese camino van mal. Así, aconsejo a todos ellos
tomar el único camino genuinamente nacional: cumplir con nuestro deber de
argentinos sin dobleces ni designios inconfesables. (15)
El
enérgico mensaje del líder justicialista contó con el beneplácito general de
los distintos dirigentes de los partidos políticos -desde las filas del propio
justicialismo y de los integrantes no peronistas del FREJULI hasta las fuerzas
de la oposición como la UCR y la Nueva Fuerza de Alvaro Alsogaray. También
produjo una reacción favorable en los medios de prensa y en los líderes
gremiales. Las únicas excepciones a este respaldo casi unánime provinieron del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del ERP. Juan Carlos Coral,
candidato presidencial del PST, sostuvo la “desproporción evidente”
existente entre las expectativas sociales que había generado el retorno de Perón
a la Argentina y el contenido de su mensaje, agregando que el mismo demostraba
que “Perón ha llegado al país para calmar y posponer los reclamos de los
trabajadores”. (16) También el dirigente del ERP, Mario Roberto Santucho,
anunció en una conferencia de prensa su actitud de romper la tregua con el
gobierno, y pronunció severas críticas a la actitud de Cámpora y Perón ante
los sucesos de Ezeiza. (17)
Por
cierto, el enfrentamiento de Ezeiza demostró los límites de la estrategia de
Perón de concertar un equilibrio entre las distintas facciones dentro del
movimiento. Durante su forzado exilio, Perón había alentado a los sectores de
izquierda y a las llamadas “formaciones especiales”. Pero, vuelto al país y
asegurado el retorno del peronismo al poder, Perón procuró un nuevo
equilibrio, desmovilizando a los sectores juveniles que él mismo había
contribuido a activar, e inclinando el fiel de la balanza hacia la dirigencia
sindical y los sectores de derecha dentro del peronismo. Cuando fue informado de
la tragedia de Ezeiza, Perón reaccionó sosteniendo que “ha de haber un
retorno al orden legal y constitucional”, (18) y en su discurso posterior a la
masacre, dejó entrever que ya no se sentía identificado con el grupo
conformado por Cámpora y sus aliados de la juventud izquierdista. Pocos días
después, Perón mantuvo contactos con el dirigente radical Ricardo Balbín (19)
y con el jefe del ejército, general Jorge Raúl Carcagno. Tras estas
conversaciones, Perón terminó de concretar la renuncia de Cámpora en una
reunión que tuvo el 10 de julio con el ministro de Economía Gelbard, el
ministro de Bienestar Social López Rega, y el presidente de la Cámara de
Diputados Raúl Lastiri,
yerno de López
Rega. (20)
Para
muchos analistas de la política exterior argentina, el retorno del peronismo al
poder en 1973, tras 18 años de ostracismo, marcó un giro respecto de los años
del régimen militar que lo precedió. Claros exponentes de esta interpretación
fueron autores como Alfredo Carella y Carlos Juan Moneta, quienes en un articulo
de 1974 diferenciaron de manera tajante los perfiles de política exterior del
último gobierno de la llamada Revolución Argentina -el del general Alejandro
Lanusse- y del primer gobierno justicialista -el de Héctor J. Cámpora-. Según
Carella y Moneta, la política exterior de Lanusse se caracterizó por un perfil
de pluralismo ideológico pero statuquista, pues aunque reconoció la
presencia en la región de regímenes de signo ideológico distinto, no toleró
la participación cubana en el sistema interamericano, ni cuestionó la
dependencia de Estados Unidos. En cambio, el adoptado por el gobierno peronista
de Cámpora fue un perfil pluralista que apuntó a la reinserción de Cuba en la
región y a la ruptura de la dependencia norteamericana, objetivos que compartió
con las políticas exteriores de otros gobiernos de la región de índole
populista o izquierdista como los de Salvador Allende en Chile, y del general
Juan Velasco Alvarado en Perú. (21)
Por
cierto, ésta fue una interpretación fomentada por los propios militantes
peronistas, debido a la lógica necesidad de diferenciarse lo más posible de un
período militar que amplios sectores de la sociedad argentina percibieron en su
momento como esencialmente negativo. Así, de acuerdo con el informe de política
exterior elaborado por el diputado peronista José Luis Fernández Valoni en
septiembre de 1973, la política exterior del período 1966-1973 se había
caracterizado por un perfil que cedió la iniciativa a Brasil en el
aprovechamiento de la Cuenca del Plata, se alineó con el “imperialismo”
norteamericano a través de figuras como el ministro de Economía Adalbert
Krieger Vasena y los cancilleres Nicanor Costa Méndez y Eduardo Mc Loughlin,
negoció “secretamente” sobre las Malvinas para llevar el problema a una vía
muerta, obstaculizó el reingreso de Cuba a la OEA y llegó al escándalo de
proponer una fuerza represora multinacional para ejercer, en concordancia con la
política regional de Washington, el papel de policía contra la liberación de
los pueblos -observaciones muy discutibles, como se ha visto-. Por oposición,
la política exterior abierta a partir de la llegada del peronismo al poder se
caracterizaba por la “Tercera Posición” y la “Argentina Potencia”, slogans
que indicaban una política regional caracterizada por el acercamiento a los
países latinoamericanos, el estrechamiento de vínculos con Cuba, y la adopción
de actitudes independientes frente al imperialismo norteamericano y su socio
subregional, la diplomacia brasileña. (22)
En un trabajo académico de 1984, el ex canciller del gobierno de Héctor
J. Cámpora, Juan Carlos Puig, reconoce sin embargo cierta continuidad entre el
perfil de política exterior de incipiente autonomismo de los gobiernos de los
generales Roberto M. Levingston y Alejandro A. Lanusse y el de autonomismo
heterodoxo (23) adoptado por los gobiernos de Cámpora, Raúl Lastiri y Juan Perón.
No obstante, Puig insiste, de manera similar a las anteriores interpretaciones,
en establecer una diferenciación neta entre la política exterior de los dos últimos
gobiernos de la Revolución Argentina y la de las gestiones peronistas. De
acuerdo con Puig, mientras los elementos autonomistas del período militar eran
“injertos” dentro de un cuadro general de carácter dependentista, los
presentes en la etapa abierta a partir de mayo de 1973 eran producto de una
concepción integral, que respondía a los lineamientos del autonomismo
heterodoxo que hizo posible la “Tercera Posición”. (24)
La
idea de ruptura estaría sustentada en ciertas actitudes de la diplomacia
argentina, tales como la denuncia del Acuerdo de Nueva York firmado entre los
gobiernos de la Argentina y Brasil en noviembre de 1972 durante el régimen
militar, la reanudación de vínculos diplomáticos con Cuba, o la severa crítica
a la política norteamericana y al funcionamiento de la OEA que efectuara el
subsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Vázquez, cargada de un fuerte
tinte izquierdista y antiimperialista. Incluso el mensaje del presidente Cámpora
ante los miembros de la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 1973, contenía
un tono inequívocamente antiimperialista que parece abonar la idea de ruptura
con las políticas exteriores de los gobiernos de la Revolución Argentina:
(...) mi Gobierno será invariablemente solidario con las luchas
antiimperialistas que llevan a cabo los Pueblos para abolir las viejas y nuevas
formas de colonialismo y nunca tomará partido por los Gobiernos o Naciones
explotadoras (...). (25)
Frente a esta
serie de lecturas que ponen el énfasis en la idea de ruptura, en el
“antes” y el “después” del retorno del peronismo al poder, proponemos
una explicación alternativa, que pone el acento en la idea de ajuste.
Puig, quien había sido asesor en política internacional del CONASE y director
nacional de Política Fluvial Internacional y Asuntos Jurídicos de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos durante los años de la llamada Revolución
Argentina, en realidad no buscó en su diseño original una política exterior
conceptualmente opuesta al perfil occidentalista heterodoxo de Costa Méndez
o al pluralismo ideológico de los cancilleres Mc Loughlin y de Pablo
Pardo. Más bien profundizó su alcance. El canciller del gobierno de Cámpora
propuso una “apertura al mundo” de la Argentina a través de una red de
vinculaciones múltiples que permitiera a nuestro país contrapesar la
tradicional incidencia de Estados Unidos. Este último fue el objetivo de Costa
Méndez o de de Pablo Pardo, o del “Plan Europa” impulsado por el general
Uriburu, que contó con la aprobación del presidente Onganía. Vale reconocer,
sin embargo, que el diseño de Costa Méndez tuvo un contenido anti-castrista
que el de Puig no tuvo.
El
perfil de política exterior del canciller Puig, definido por él mismo como
“autonomía heterodoxa”, buscó diversificar las relaciones externas de la
Argentina, evitando las posiciones extremas de recurrir al alineamiento con
Estados Unidos o de la secesión respecto del país líder del bloque occidental
-camino que había adoptado el régimen castrista cubano-. En este sentido, su
proyecto habría intentado ser una continuación de la Tercera Posición de Perón
propuesta en los años ’40 y ’50. Puig pretendió insertar a la Argentina en
un esquema de vinculaciones múltiples, donde figuraban áreas alternativas a
las tradicionales de Estados Unidos y Europa Occidental, tales como Europa
Oriental, Japón, América latina y países del Tercer Mundo. (26)
No
obstante, en el momento de poner en práctica el diseño del canciller, las
ideas de éste se fusionaron con las de los sectores de izquierda, especialmente
con las de la JP, cuya propuesta de política exterior contenía un fuerte tinte
antiimperialista (en el sentido de antinorteamericano y de antibrasileño en
tanto Brasil era percibido como el “agente subimperialista” de Estados
Unidos en el Cono Sur). La mayor parte de los integrantes jóvenes de los
cuadros de Cancillería estaba conformada por académicos que, necesitados de
respaldo político, fueron en la práctica muy receptivos a las propuestas de la
JP. El nombramiento de Jorge Vázquez como subsecretario de Relaciones
Exteriores, una figura apoyada por la JP, mostraba la estrecha vinculación de
los funcionarios jóvenes de Cancillería con los sectores de izquierda durante
el gobierno de Cámpora. (27) El peso de esta vinculación es el que explica la
resonancia que -para los sectores izquierdistas y para sus opositores- tuvo el
anuncio -no concretado- del canciller Puig del ingreso de la Argentina al Pacto
Andino. (28)
El
sesgo ideológico mencionado se evidenció además en la adopción de medidas
tales como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba -aunque la
normalización de relaciones se inició durante el gobierno militar de Lanusse-;
el establecimiento (por primera vez) de las relaciones con la República Democrática
Alemana pocos días después de la asunción de Cámpora a la presidencia, el 28
de mayo de 1973; (29) el establecimiento de relaciones diplomáticas con el
gobierno comunista de Corea del Norte el 1º de junio, sobre la base del respeto
recíproco a los principios de “soberanía, no intervención, igualdad y
beneficio mutuo”; (30) y, mucho más claramente, en la crítica respecto de la
política regional norteamericana en la reunión de Lima a mediados de junio,
que le otorgó a la política exterior de Puig un indeleble sello izquierdista y
anti-norteamericano. (31)
Esta
amalgama del diseño de Puig con las ideas anti-norteamericanas (o
antiimperialistas) de los sectores de izquierda otorgó de hecho un
perfil confrontativo a la política exterior argentina. Vale examinar al
respecto un párrafo del discurso que el presidente Cámpora dirigiera a las
fuerzas armadas, referido a la política exterior:
(...) Nuestra posición doctrinaria es terminante. Nos opondremos con igual energía a los imperialismos que, prácticamente desde Yalta, tratan de someter a los pueblos libres. (...) Haremos una política exterior firme y decidida en América Latina. Buscaremos nuevas formas de asociación con los pueblos hermanos que coinciden con nuestros objetivos de liberación y nos opondremos a toda tentativa imperialista que pretenda perturbar nuestra marcha hacia un destino común. No pretendemos una uniformidad impuesta por las armas, sino que sea producto de aspiraciones comunes. Pero recurriremos a ellas, si fuese necesario, para impedir cualquier tipo de agresión que pretenda quebrar la armónica integración de nuestros pueblos.(...) (32)
Sin
embargo, este tinte izquierdista y confrontativo que tuvo de facto la política
exterior de Cámpora -ausente tanto en las políticas exteriores del período de
la llamada Revolución Argentina como en el diseño original de política
exterior del canciller Puig- no oculta algunas continuidades entre el período
iniciado en mayo de 1973 y el que lo precedió. Una de ellas es la crítica a
los esquemas de seguridad supra o multinacional propuestos por Washington. En
otro párrafo del citado discurso ante las fuerzas armadas, Cámpora hizo una
fuerte crítica a la llamada “doctrina de seguridad nacional” que el
peronismo -en su necesidad de diferenciarse con el régimen militar anterior-
identificó con el alineamiento a la doctrina estratégica regional impuesta por
Estados Unidos adoptado durante los años del régimen de Onganía:
(...)
La Argentina ha sentido la penetración imperialista en sus distintas
expresiones. Las Fuerzas Armadas, como parte de la nación, han sido objeto de
una de las formas más sutiles de presión.
So pretexto de la llamada “defensa continental” se organizó un sistema político-militar
extra-nacional que pretendió distraer a las Fuerzas Armadas de su misión
esencial: proteger la soberanía nacional.
Se estableció así una suerte de división internacional del “trabajo”
militar. Sus promotores se arrogaron la responsabilidad de la defensa contra la
agresión externa, reservando para las Fuerzas Armadas latinoamericanas la función
de lo que se dio en llamar la “seguridad interna”. Esta actitud fue
complementada con una política unilateral de imponer graves limitaciones al
poder de decisión nacional en materia de armamentos. (...). (33)
Pero, más allá de la necesidad política de Cámpora de diferenciarse del gobierno militar, existe de hecho una notoria semejanza entre la anteriormente citada crítica del presidente justicialista a los esquemas supranacionales de seguridad regional y la que a continuación citamos, efectuada por el entonces canciller de Onganía, Nicanor Costa Méndez, al proyecto multinacional de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), impulsado por Estados Unidos:
(...)
No queremos una fuerza militar supranacional. No queremos la Fuerza
Interamericana de Paz. Sí queremos un organismo que coordine los planes y
proyectos militares de las diversas naciones en orden a la seguridad. A eso
apuntaba nuestro proyecto (...)
(...) Las diferencias son sustanciales. La FIP supone la creación de una
entidad militar supranacional. El proyecto argentino significa la
institucionalización de un instrumento para coordinar los esfuerzos nacionales
en favor de la seguridad. (...) la fuerza interamericana supondría un ejército
supranacional que interviniera sin control de las naciones en Santo Domingo,
Cuba o el país que fuere. El proyecto nuestro significaría que los ejércitos
de los países que están dispuestos a intervenir en el supuesto caso,
intervengan y coordinen sus esfuerzos a través de un organismo centralizador de
armonización y coordinación de la actividad que los ejércitos nacionales
realicen en la emergencia. (34)
Asimismo,
la crítica a la política adoptada por las potencias nucleares que efectuara Cámpora
en el citado discurso ante las fuerzas armadas del 6 de julio de 1973, ofrece
una evidente continuidad con la posición de la diplomacia argentina en los
tiempos de Onganía de rechazo al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). En
palabras del entonces delegado argentino ante la ONU, embajador José María
Ruda, el TNP tenía carácter discriminatorio al consagrar el “desarme de los
desarmados” y no establecer garantías satisfactorias respecto de las
potencias que ya poseían armas nucleares. (35) En un notorio testimonio de
continuidad respecto del rechazo del TNP registrado durante el onganiato, el
presidente Cámpora sostuvo ante los oficiales de las fuerzas armadas que:
(...)La
soberanía política de la República no es una idea para ser dicha sonoramente
y después olvidarla en los hechos. Ninguna nación puede considerarse soberana
si no es capaz de decidir, por sí misma, qué es lo que entiende por su
seguridad interna o externa, cuáles son las amenazas que debe afrontar y cómo
las rechazará. En la actualidad los imperialismos propugnan otros medios,
igualmente sutiles, para controlar la voluntad de los pueblos (...)
Ofrecen entonces complejos mecanismos de desarme para mantener a otros
desarmados y facilitar el perfeccionamiento y desarrollo de los propios
armamentos. Tampoco olvidan de diseñar, en el marco de esos acuerdos,
ingeniosos esquemas para perturbar el desarrollo tecnológico con fines pacíficos
argumentando que representan un peligro de carácter militar.
A
esto responderemos con la misma energía. La Argentina no teme los acuerdos
reales de desarme porque tiene una clara intención pacifista. Pero no permitirá
que se cercene su libertad de decisión cuando otros no se sujetan a las reglas
de juego. Tal el caso, por ejemplo, del llamado “club nuclear”. Cuando sus
miembros aumentaron, fueron sus fundadores los primeros en adoptar una enérgica
actitud de oposición. Pero nada hicieron o han hecho para desprenderse de sus
armas (...). (36)
Caído
Cámpora el 13 de julio de 1973, dos nuevas figuras ligadas a López Rega
lograron puestos claves en el nuevo gobierno: su yerno, Raúl Lastiri, fue
designado presidente provisional en reemplazo de Cámpora y Alberto Juan Vignes
pasó a ser el nuevo canciller en lugar de Juan Carlos Puig. Con estos cambios,
Perón reemplazaba a las figuras más identificadas con una postura izquierdista
dentro del movimiento -Cámpora, Puig, Righi- por miembros del grupo
lopezrreguista. El nuevo ministro del Interior, Benito Llambí, era una figura
moderada al igual que el ministro de Defensa, Angel Federico Robledo, y el
titular de Justicia, Antonio Benítez, quienes permanecieron en sus puestos.
Otra movida -¿consentida u orquestada?- del líder justicialista fue la aparición
de un nuevo grupo llamado Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA),
de orientación derechista y encabezado por un funcionario del Ministerio de
Bienestar Social llamado Julio Yessi. Este grupo, conocido como la
“Jotaperra” fue creado para servir de contrapeso a la Juventud Peronista, de
orientación izquierdista. (37) No obstante, de acuerdo con su política de
equilibrios y contrapesos, Perón compensó este avance de las figuras del
lopezrreguismo manteniendo en la titularidad de Economía a José Ber Gelbard,
un representante del pequeño y mediano empresariado con buenos contactos en la
dirigencia sindical.
Estos
cambios de gabinete fueron percibidos por algunos grupos juveniles de izquierda
como digitados por Perón en forma conjunta con los sectores de la derecha
peronista y del sindicalismo ortodoxo, cuyos objetivos eran “limpiar” de
izquierdistas al movimiento justicialista, poner en marcha la “revolución en
paz” propuesta por Perón y atraer capitales extranjeros. Tal el caso de la
agrupación Resistencia Clasista, cuyos militantes advirtieron en una solicitada
del 15 de julio de 1973 que “la renuncia de Cámpora viene acompañada por el
intento de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes y de la
burocracia, de frenar el avance de los trabajadores (...)”. (38) Del mismo
modo, los dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
dirección política del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que en una
solicitada percibieron al alejamiento de Cámpora y Righi como parte de un
proceso contrarrevolucionario protagonizado por los sectores más conservadores
de la burguesía, la derecha peronista y los mandos de las fuerzas armadas. (39)
Asimismo,
dentro de los sectores de izquierda en el radicalismo, el entonces jefe de la
agrupación Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín, interpretó la renuncia de Cámpora
en términos similares a los del ERP, percibiéndola como un “golpe derechista
para asegurar un gobierno que no cambiará nada”. (40)
Por
cierto, los sectores de la izquierda dentro del peronismo, como la JP y
Montoneros, no pudieron o no quisieron ver este giro de Perón hacia la derecha
y lo excusaron de toda responsabilidad por el alejamiento de Cámpora. (41) Por
ingenuidad o por la necesidad política de utilizar a Perón como herramienta de
su propio proyecto político, los dirigentes de la JP y de Montoneros
interpretaron que el líder justicialista era una víctima del “cerco”
digitado por López Rega, que lo aislaba del contacto con el sector juvenil y
con el “pueblo”. Así, los integrantes de la JP hicieron el 21 de julio de
1973, una multitudinaria manifestación alrededor de la quinta presidencial de
Olivos para quebrar dicho “cerco”. Pero a pesar de que los dirigentes de la
JP Juan Carlos Dante Gullo, Juan Carlos Añón, Beto Ahumada y Miguel Lisazo
obtuvieron el contacto directo con Perón, la euforia que provocó este logro
fue efímera. Horas después, la Secretaría de Prensa de la Presidencia anunció
a través de un comunicado la designación de José López Rega como delegado
personal de Perón ante las distintas organizaciones de la Juventud Peronista.
Con el fin de no romper el vínculo con el líder justicialista, muchos
dirigentes juveniles prefirieron seguir explicando este nuevo desengaño a través
del argumento del “cerco”. (42)
Pero,
a esta altura de los hechos, la teoría del “cerco” no se correspondía con
la incontrastable realidad de los hechos. Sólo durante el período del exilio
Perón adoptó un discurso afín a los objetivos “revolucionarios” de los
sectores juveniles de izquierda. La referencia de Perón en el discurso
pronunciado el 21 de junio de 1973 a su viejo lema “De casa al trabajo y del
trabajo a casa” fue un inequívoco llamado a la desmovilización de los
activos grupos juveniles, a los que Perón pedía “ordenar sus cabezas y espíritus”,
discurso que contrastaba llamativamente con las citas de Mao Tse Tung que solía
hacer tan sólo unos meses antes. (43) Ni Cámpora ni los sectores juveniles de
izquierda dentro del peronismo pudieron o quisieron percibir este “giro” de
Perón.
Pero
tampoco Perón pudo o quiso percibir que su proyecto personal, de corte
reformista, no podía ser conciliado con el de los sectores de izquierda, de índole
revolucionaria. Mientras Perón habló de
una “revolución en paz” dentro del sistema capitalista., los
Montoneros persiguieron “la destrucción del Estado capitalista y de su ejército,
como previos a la toma del poder por el pueblo”. En tanto Perón siguió
planteando la Tercera Posición como herramienta para ampliar los mercados de
colocación alternativos al norteamericano, Montoneros propuso una variante más
radicalizada, “una forma de vinculación solidaria activa con los pueblos
latinoamericanos, asiáticos y americanos, los del llamado Tercer Mundo,
explotados por el colonialismo y el imperialismo”. (44) Mientras en el
proyecto de Perón y de su ministro de Economía José Ber Gelbard la
importancia de China no era de corte ideológico sino económico, como mercado
de colocación de productos primarios e industriales argentinos, en la
perspectiva de Montoneros la vinculación con China Popular, un régimen
comunista, tenía una profunda implicancia ideológica, como la tenía la relación
con Cuba o con otros regímenes socialistas en pos de la lucha antiimperialista.
Por su parte, Firmenich criticó la oposición entre las consignas “patria
socialista” y “patria peronista”, que demostraba claramente el divorcio
existente entre los sectores de la ortodoxia peronista y aquellos volcados hacia
posturas más de izquierda. (45) Incluso en un comunicado de septiembre de 1973,
diversas agrupaciones de izquierda dentro del peronismo, lideradas por el grupo
Montoneros Columna José Sabino, reclamaron a Perón el cumplimiento de las
promesas efectuadas en los años de exilio. (46)
Otro
proceso que se hizo evidente con la renuncia de Cámpora fue la consolidación
del cisma preexistente entre tres polos de poder: uno, liderado por el ministro
de Economía José Ber Gelbard; el otro, encabezado por los dirigentes
sindicales (el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci y el líder de
las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel); y un tercero, el de los sectores de
derecha que rodeaban a Perón, cuyo referente esencial fue el titular de
Bienestar Social López Rega. Gelbard, los dirigentes sindicales y López Rega
habían estado momentáneamente unidos por su común rechazo a Cámpora. Pero
tras el alejamiento del último, estos tres polos libraron una sorda batalla por
el poder, que se desarrolló en dos fases distintas. En un primer momento, la
derecha lopezrreguista y la derecha sindical actuaron en forma coordinada pero
oculta contra Gelbard, debido al apoyo que Perón otorgaba al titular de Economía.
En un segundo momento, a partir de la muerte del líder justicialista, la guerra
sindical-lopezrreguista contra Gelbard fue abierta. (47)
La
purga de figuras izquierdistas o filoizquierdistas en el gabinete de gobierno
que tuvo lugar el 13 de julio de 1973 no alcanzó a la cúpula del ejército,
arma que mantuvo como su comandante en jefe al general Jorge Raúl Carcagno.
Este estuvo ideológicamente identificado con el régimen populista-izquierdista
peruano del general Juan Velasco Alvarado -razón por la que algunos lo
caracterizan como representante de la corriente “peruanista” dentro del ejército.
Ya durante los días de la Revolución Argentina Carcagno se había identificado
con el discurso del “nacionalismo desarrollista” difundido por sus colegas
Osiris Villegas y Juan Enrique Guglialmelli en publicaciones militares como la Revista
del Círculo Militar y Estrategia. Cabe recordar que los
nacionalistas desarrollistas enfatizaban la insuficiencia de la mera represión
como fórmula para derrotar la guerrilla, subrayando la íntima relación entre
la falta de desarrollo y la violencia guerrillera.
Carcagno
había sido interventor en Córdoba tras el Cordobazo obrero-estudiantil de mayo
de 1969, pero, a diferencia del enfoque represivo del régimen de Onganía, el
entonces interventor federal propuso el diálogo como alternativa para
solucionar la crisis. Tras la llegada del FREJULI al gobierno en mayo de 1973,
Carcagno fue designado comandante en jefe del ejército. En la gestión de
Lastiri, la figura de Carcagno brilló con luz propia en dos acontecimientos:
uno, de carácter externo, fue su protagonismo en la Décima Conferencia de Ejércitos
Americanos en Caracas en septiembre de 1973. Otro, de índole interna, fue su
participación en el llamado “Operativo Dorrego”, un procedimiento conjunto
del ejército y la Juventud Peronista en tareas de ayuda social en ámbitos de
la provincia de Buenos Aires asolados por inundaciones. (48) Este operativo,
aunque tuvo más publicidad que efectividad, disgustó a los sectores más
conservadores de las fuerzas armadas. También motivó los recelos de los
miembros del Consejo Superior del Justicialismo, al punto que se llegó a
formular un pedido de interpelación parlamentaria al general Carcagno por el
polémico “Operativo Dorrego”. (49)
El
“Operativo Dorrego” como otras actitudes populistas de Carcagno irritaron a
los cuadros superiores del ejército y de la marina. Precisamente de la armada
emergió otro foco de oposición a Carcagno, liderado por el entonces
contraalmirante Emilio Eduardo Massera, quien tenía, además, buenos contactos
políticos desde hacía tiempo con Lastiri. Massera repudió el “Operativo
Dorrego” y sintió rechazo por el enfoque izquierdista de Carcagno. Buscó
asimismo desplazar al entonces comandante en jefe de la armada Carlos Alvarez,
un estricto profesionalista que había sido designado en mayo de 1973.
Criticando tanto el izquierdismo de Carcagno como el apoliticismo de Alvarez y
propugnando una actitud de fuerte compromiso con el gobierno peronista, Massera
aprovechó sus conexiones con dirigentes peronistas -el propio presidente
Lastiri, el metalúrgico Lorenzo Miguel y el ministro de Defensa Angel Federico
Robledo- para obtener la titularidad del arma, meta que logró concretar durante
la gestión de Perón, a fines de ese agitado año de 1973. (50)
Por
otra parte, el alejamiento de Cámpora, Puig y Righi del gobierno nacional
exacerbó la violencia guerrillera. Lastiri, intentando diferenciarse de la
actitud contemporizadora de su antecesor, emitió un enérgico discurso el 30 de
julio de 1973, en el que anunció una política de abierto enfrentamiento a los
sectores guerrilleros a través del uso riguroso de la ley. (51)
Su discurso fue repudiado por los sectores de izquierda. (52)
El
asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci el 25 de
setiembre de 1973, (53) a tan sólo días del pronunciamiento electoral que le
otorgó a Perón 62,7% de los votos, marcó el inicio de la completa ruptura del
candidato triunfante con los sectores de izquierda, proceso cuyo primer capítulo
se había dado tras la matanza de Ezeiza del 20 de junio. El giro -ya
irreversible- de Perón hacia la derecha de su movimiento se evidenció a través
de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Lastiri con la anuencia del
líder justicialista. Entre éstas cabe destacar la sanción del decreto Nº
1454 del 24 de septiembre, declarando ilegal al ERP, y la prohibición por 24
horas que pesó sobre el diario El Mundo y Canal 9 por haber difundido un
comunicado de este grupo; (54) la emergencia de un proyecto de modificación del
Código Penal que aumentaba las condenas por asociación ilícita o producción
de panfletos; (55) la aparición del famoso “Documento Reservado” del
Consejo Superior Peronista que llamaba a la “guerra santa”, (56) y,
finalmente, las expresas instrucciones del propio Perón a los gobernadores
provinciales para que su próximo gobierno transitara dentro de la “más pura
ortodoxia peronista”, y para que cada uno de los mandatarios provinciales
proceda a “bloquear” posibles avances marxistas en sus respectivos
gabinetes. (57)
Sin
embargo, ninguna de las medidas anteriormente mencionadas logró contener la
espiral de violencia guerrillera. En parte, esto se debía al carácter
provisional del gobierno de Lastiri, dado que su función consistía en convocar
dentro de los 30 días de su instalación a nueva elección de presidente y
vicepresidente. Por distintos motivos, el problema fue similar al que sufriera
su antecesor Cámpora. Por ello, y por la identificación que los sectores
izquierdistas hacían de Lastiri como una figura ligada a López Rega, el
presidente provisorio nunca contó con la legitimidad necesaria para contener la
violencia guerrillera.
Si
bien la figura de Perón fue la elección obligada y unánime para candidato a
presidente, quedaba como incógnita la del vicepresidente. Los diarios y
revistas de la época especularon acerca de la fórmula mixta Perón-Balbín.
Pero esta opción encontró la oposición de ciertos sectores del justicialismo,
del gobierno y del propio radicalismo -tal el caso del movimiento Renovación y
Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, opuesto a la línea conciliadora con el
gobierno que promovía Balbín. En cambio, la figura de la esposa de Perón, María
Estela Martínez -conocida como Isabel- apareció como una opción respaldada
por el sindicalismo peronista ortodoxo y -al igual que ocurriera en su momento
con Cámpora- como una figura débil, subordinada a Perón. Nuevamente, la
preocupación de Perón por preservar un equilibrio favorable a su liderazgo
personal es el que explicaría la tan controvertida decisión final, adoptada en
agosto de 1973, de nombrar como compañera de fórmula a su esposa. Los autores
peronistas intentan desligar a Perón de toda responsabilidad en esta decisión,
alegando que en realidad el líder justicialista prefería a Balbín, pero que
la presión combinada de los dirigentes sindicales y de López Rega y sus
aliados lo terminaron convenciendo de la candidatura de Isabel. Este argumento
sin embargo no logra desligar totalmente a Perón de su responsabilidad personal
en el polémico nombramiento. Haya tenido o no incidencia directa en la
designación, lo cierto es que no hizo nada por evitarla. Conociendo como conocía
a su esposa y la influencia que López Rega ejercía sobre ella, sorprende que
no haya pensado a largo plazo el problema de la sucesión. Lo que sí queda
claro es que la opción por Isabel aparecía ante sus ojos como la alternativa más
práctica a corto plazo, en función de su deseo de perpetuar el liderazgo, pues
la compañera de fórmula sería una figura decorativa en su cargo de
vicepresidente. (58)
Por
otra parte, el precario equilibrio existente entre las dos facciones encabezadas
por los dos sobrevivientes de la recomposición ministerial de julio de 1973,
José López Rega y José Ber Gelbard, se manifestó en el plano de la política
exterior. El primero contó con una importante figura aliada en el Palacio San
Martín: la del propio canciller Alberto Vignes. Vignes desató una sorda campaña
para boicotear el acercamiento a los países socialistas del Este que impulsó
desde Economía su titular José Ber Gelbard. Además, el nuevo canciller retiró
la orden de su antecesor Puig de hacer renunciar a los embajadores designados
por los gobiernos militares de la Revolución Argentina, e incluso contó en su
gabinete con la participación de figuras vinculadas a la derecha antiperonista,
como el caso de Julio Peña, quien se desempeñó como secretario general del
Ministerio. (59)
No
obstante la ofensiva de Vignes, la apertura comercial hacia Cuba y el Este
europeo impulsada por Gelbard no sufrió tropiezos porque el propio Perón avaló
la estrategia. El titular de la cartera económica tuvo además en esta época
la ayuda de dos colaboradores claves, ambos provenientes del desarrollismo
frondizista: el subsecretario de Relaciones Exteriores Julio César Carasales y
Leopoldo Tettamanti, quien se desempeñó como subsecretario de Relaciones Económicas
de la Cancillería y luego como secretario de estado de Relaciones Económicas
Internacionales. Gracias a la ayuda de Tettamanti, Gelbard logró vencer los
obstáculos que Vignes interpuso en el proyecto de apertura hacia los países
del Este. La rivalidad entre Gelbard y Vignes estuvo motivada por razones tanto
de índole ideológica como personal. Mientras vivió Perón, las batallas
fueron ganadas por Gelbard. El 3 de mayo de 1974, ya durante el gobierno del líder
justicialista, una misión comercial viajó a la Unión Soviética, Polonia,
Hungría y Checoslovaquia, encabezada por el propio ministro de Economía. (60)
Otro
triunfo de Gelbard sobre Vignes fue la firma de un convenio de cooperación con
Cuba. Por este convenio, la Argentina otorgó a Cuba una línea de crédito por
200 millones de dólares, ampliada luego a 1200. El propósito fundamental de la
operación, que se concretó durante la gestión de Perón, entre fines de 1973
y principios de 1974, fue de financiar a Cuba compras de vehículos producidos
en la Argentina, especialmente camiones y automóviles. La venta de autos a Cuba
fue impulsada por el ministro Gelbard, dueño de industrias íntimamente ligadas
al sector automotriz, y por el propio Perón, pues ambos apostaron a un modelo
de desarrollo basado en la expansión de las exportaciones industriales a través
de la diversificación de los mercados de colocación. Este modelo iba en
perfecta sintonía con los postulados de la Tercera Posición en política
exterior, y además otorgaría recursos necesarios para que la “justicia
social” y el “pacto social” tuvieran una base material donde sustentarse.
Una mayor presencia exportadora argentina solucionaría el problema de la
estrechez del mercado interno local, que afectó tanto al gran capital
empresarial -representado en la Unión Industrial Argentina (UIA)- como a la
pequeña y mediana empresa -representada en la Confederación General de la
Empresa (CGE)-. Curiosamente, esta operación comercial contó también con el
respaldo de los empresarios y sindicatos vinculados a la industria automotriz
norteamericana, que, como sus colegas argentinos, estuvieron preocupados por los
efectos recesivos de la crisis petrolera mundial en el mercado interno y se
opusieron a la continuación del bloqueo diplomático-económico sobre la isla,
vigente desde 1962 y que las agencias del gobierno norteamericano deseaban
mantener. (61)
Por
último, otra derrota para López Rega y el canciller Vignes fue la incorporación
de la Argentina como miembro del Movimiento de Países No Alineados. Debido a su
inclinación ideológica, Vignes evidenció preocupación por el ingreso en este
foro, concretado en septiembre de 1973 en la conferencia de Argel, y aconsejó
al presidente Lastiri prudencia frente a este tema. Pero a pesar de los
esfuerzos del canciller por frenar la participación argentina, pesó la postura
del propio Perón, interesado en que la Argentina ingresara en el Movimiento
como una confirmación de la Tercera Posición argentina en el contexto
internacional de los años ’70. (62)
Frente
a estas “derrotas”, López Rega y su aliado en Cancillería se aseguraron
dos polémicos triunfos sobre su rival el ministro de Economía. Uno fue la
aprobación del proyecto de ley sobre el “ordenamiento” integral del
Servicio Exterior y de su Instituto, fundamentado en razones de eficiencia pero
que en la práctica fue un instrumento de eliminación de elementos hostiles a
la dupla López Rega-Vignes. (63) El otro triunfo del lopezrreguismo fue la
firma de convenios con Libia en febrero de 1974, que le otorgó a dicho grupo
aliados externos en su lucha por el control del poder.
El
12 de octubre de 1973, Perón asumió la presidencia, con el masivo respaldo de
los distintos sectores del movimiento justicialista: la dirigencia sindical, el
empresariado, las agrupaciones de la izquierda y de la derecha dentro del
movimiento, todos los cuales celebraron con júbilo la llegada al poder del
conductor, demorada por aquella prohibición del general Lanusse. Incluso Perón
contó con el respaldo del radicalismo balbinista a su gestión.
En
apariencia, con la llegada de Perón se dieron todos los requisitos necesarios
para convertir en realidad su proyecto interno, basado en la “revolución en
paz” y en el “pacto social” -un ámbito de diálogo entre los distintos
sectores socio-económicos-. Pareció que, tras años de sangrientas luchas
intestinas, la sociedad argentina podía crecer a través de una alianza y
concertación entre sus componentes al estilo social-demócrata europeo. Pero,
contra los deseos del nuevo presidente, los componentes del movimiento
justicialista, ceñidos a rigideces ideológicas sectoriales, no estuvieron
dispuestos al diálogo mutuo, sino a la destrucción del otro. Es decir, fue una
realidad que estuvo en las antípodas del orden interno “legítimo” -al
decir de Kissinger-, en el cual un acuerdo acerca de los objetivos y métodos de
la política permite la resolución de los conflictos como expresión del
consenso general. (64)
Pero
la dirigencia sindical, los jóvenes izquierdistas y el círculo lopezrreguista
no entendieron los códigos kissingerianos con los que se manejó el viejo
caudillo. Mientras Perón propugnaba una “revolución en paz”, estos
sectores pensaron en términos de cruzada fundamentalista, donde cada uno de
ellos debía imponer su proyecto. Así, la defensa que Perón hiciera de la
burocracia sindical en su célebre discurso del 1º de Mayo de 1974, y los
calificativos de “imberbes” y “estúpidos” que dirigiera a los sectores
juveniles de izquierda, hizo que
los Montoneros y la JP-Tendencia se retiraran de Plaza de Mayo expresando
su decepción, y poco después Montoneros pasara a la lucha clandestina. (65)
Los
sectores izquierdistas percibieron la llegada de Perón a la Casa Rosada tan sólo
como un paso en dirección a la patria socialista. Perón no quiso llegar tan
lejos: buscó la “revolución en paz” pero dentro de un sistema capitalista,
intención que los sectores izquierdistas interpretaron como conservadora y
claudicante. En
consecuencia, Montoneros y JP-Tendencia dentro del peronismo, y el ERP fuera de
él, apelaron a la actividad guerrillera en función de dos objetivos: acelerar
la transición hacia el socialismo y responder a los ataques de las patotas
sindicales y de la derecha lopezrreguista. Esta violenta realidad llevó a Perón
a endurecer progresivamente su actitud con la guerrilla izquierdista, sobre todo
a partir del ataque del ERP al cuartel general de Azul en enero de 1974. Este
ataque provocó una fuerte reacción de Perón. El presidente culpó de lo
ocurrido al gobernador de Buenos Aires, el filomontonero Oscar Bidegain, quien
fue reemplazado por el sindicalista Victorio Calabró, proveniente de las 62
Organizaciones. (66)
Junto
con el alejamiento de Bidegain se dieron otras purgas en sectores clave de la
política nacional, acordadas entre Perón, la dirigencia sindical y el
lopezrreguismo, para eliminar los vestigios izquierdistas del movimiento
justicialista. Un paso importante en esta dirección fueron los reemplazos del
“peruanista” Jorge Raúl Carcagno por el “profesionalista” Leandro Anaya
en la comandancia general del ejército; (67) del vicealmirante Carlos Alvarez
por el almirante Emilio Massera en la jefatura de la armada, (68) y del general
Miguel A. Iñíguez por el comisario Alberto Villar al frente de la Policía
Federal. (69)
Estas purgas
evidenciaron un giro de Perón hacia la dirigencia sindical y el grupo
lopezrreguista, que sería ya irreversible. También mostraron la emergencia de
una serie de figuras de orientación derechista y opuestas al proyecto de
“pacto social” y “apertura hacia el Este” del ministro Gelbard, quien se
fue encontrando gradualmente sin aliados, con la expresa excepción de Perón.
Gelbard, consciente de su creciente aislamiento y obsesionado con la idea de que
López Rega lo quería matar, activó los contactos con los dirigentes radicales
y con los montoneros para obtener respaldo a su gestión y conformar un frente
antilopezrreguista. (70)
El
único elemento parcialmente moderador en esta espiral de violencia alimentada
tanto desde la izquierda como desde la derecha fue el propio Perón, quien
procuró una política de persuasión con los Montoneros vía Gelbard y no
adhirió a la propuesta de López Rega de utilizar fuerzas parapoliciales para
apagar la violencia guerrillera. Pero ni el pragmatismo de Perón ni los
contactos de Gelbard con Montoneros y dirigentes de la oposición lograron
contener dicha violencia. A los ataques de sectores izquierdistas se sucedieron
réplicas de las patotas sindicales y de las fuerzas parapoliciales organizadas
en forma secreta por López Rega y sus aliados, respuestas que a su vez
provocaron nuevos atentados de la izquierda. (71)
En
el ámbito de la política exterior, Perón diseñó un perfil que representó
acabadamente su actitud pragmática. No sólo profundizó el acercamiento con
los regímenes comunistas de Cuba, la Unión Soviética y los países de su área
de influencia, y China, ya insinuado durante las gestiones anteriores. También
fomentó los vínculos con los países árabes, especialmente Libia. Asimismo,
se aproximó a los gobiernos vecinos de signo ideológico derechista, como los
de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Por lo tanto, el elemento orientador de
su política exterior no fue el ideológico. Influido por el realismo geopolítico
y preocupado por el cambio en el equilibrio de poder subregional -expresado en
la irrupción de regímenes militares anticomunistas en los países vecinos-,
Perón procuró evitar el aislamiento y ganar socios económicos, desechando las
incongruencias ideológicas entre la Tercera Posición argentina y las políticas
exteriores de sus vecinos. Con el fin de limar asperezas, cerró viejas disputas
con Uruguay a través de la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente
Marítimo en noviembre de 1973, y buscó asociarse con los vecinos a través del
desarrollo de obras energéticas: el proyecto de Salto Grande con Uruguay, el de
Yacyretá-Apipé con Paraguay, y el de minas de hierro de Minarense y Corumbá
con Brasil. (72)
Las
negociaciones comerciales con Pekín se iniciaron en noviembre de 1973, con
motivo de la visita de una delegación de la República Popular China a Buenos
Aires. En enero de 1974 se intercambiaron en Pekín los textos referentes al
Convenio de Transporte Marítimo vinculado a la venta de granos. Estas
negociaciones se canalizaron a través de la embajada argentina en China, llegándose
a un texto común en agosto de 1974. Pero la maquinaria burocrática montada por
el canciller Vignes y sus aliados trabaron y demoraron los cables procedentes de
China, llegando a retener información y no transmitirla a Economía y a
Comercio Exterior. (73)
Cabe
mencionar además que el 20 de marzo de 1974 se puso en marcha la central
nuclear de Atucha, construida con el aporte tecnológico alemán acordado en la
época de Onganía. Este reactor mantuvo su funcionamiento con uranio natural,
disponible en la Argentina, en vez del uranio enriquecido, cuyo abastecedor era
Estados Unidos. Asimismo, durante el gobierno de Perón se construyó una
segunda central nuclear, en la localidad cordobesa de Embalse del Río Tercero,
también con uranio natural. Este segundo emprendimiento contó con tecnología
de origen canadiense. Otro paso fue la firma, en mayo de 1974, de un convenio
con la India sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
que establecía el intercambio de información y experiencias sobre la materia.
Vale advertir que estas medidas fueron enfáticamente publicitadas por los
medios como ejemplos de una política exterior independiente, diferente a la del
período militar, en pos del objetivo de la “Argentina Potencia”, cuando en
realidad representaron mas bien la continuación de la política nuclear del período
de la Revolución Argentina. (74)
La
muerte de Perón se produjo el 1º de julio de 1974. Con el líder justicialista
desapareció la única figura política con la suficiente capacidad de
convocatoria para moderar la violencia proveniente tanto de los sectores de
izquierda como de derecha. A pesar de la ruptura entre el líder justicialista y
los sectores izquierdistas de la JP-Tendencia y Montoneros, otros sectores de la
JP (como, por ejemplo, la JP-Lealtad) siguieron reconociendo el liderazgo de Perón.
De esta manera, la desaparición física de Perón consolidó el giro hacia la
derecha ya iniciado con la matanza de Ezeiza el 20 de junio de 1973, las
renuncias de Cámpora, Puig y Righi el 13 de julio del mismo año y las medidas
de seguridad adoptadas durante los gobiernos de Lastiri y Perón, y que se había
tornado irreversible tras las purgas de elementos izquierdistas del gobierno y
de las fuerzas armadas y la expulsión de los Montoneros de la Plaza de Mayo en
el discurso del 1º de mayo de 1974.
Sin
la presencia moderadora de Perón, tanto los representantes de la extrema
izquierda como la extrema derecha del movimiento justicialista se sintieron
habilitados para ejercer la violencia en forma ilimitada y abierta. La
dirigencia del ERP, que nunca había creído en la vocación
“revolucionaria” de Perón, percibió al gobierno de Isabel como
representativo de los sectores derechistas ligados al capitalismo y al
imperialismo yanqui. A su vez, López Rega y su grupo ya no tuvieron ningún
freno para utilizar en forma desembozada a la Triple A para reprimir a los
manifestantes de izquierda y a miembros de la comunidad judía -tuviesen o no
inclinación izquierdista.
Pero
ni Isabel Perón ni López Rega podían ocupar el liderazgo vacante. Ya en la
primera reunión convocada en Olivos a tan sólo cuatro días de la muerte del líder
justicialista, los ataques del dirigente radical Ricardo Balbín, del ministro
de Defensa Angel Robledo y del jefe de la armada Emilio Massera a la figura de López
Rega demostraron a las claras la resistencia que éste despertaba tanto dentro
de las filas del oficialismo como de la oposición. (75)
La
dupla Isabel Perón-López Rega procuró reemplazar su escaso poder de
convocatoria con un estilo vertical e impregnado de elementos autoritarios. Se
conformó además un entorno presidencial, constituido por elementos del grupo
lopezrreguista y otros de la derecha, que monopolizó el control del poder y la
toma de decisiones del gobierno, produciendo un fenómeno que fue percibido por
algunos observadores como de “privatización de la política” (76) y que
llevó a una progresiva pérdida de legitimidad del gobierno. Provocó también
la división del propio partido justicialista en dos grupos, los
“verticalistas” y los “anti-verticalistas”, que tuvieron diferencias de
enfoque respecto de la continuación de la presidente Isabel en el gobierno.
Entre los primeros estuvieron el grupo lopezrreguista y el de las 62
Organizaciones de la CGT, liderado por Lorenzo Miguel, que terminarían
enfrentados. Existió también un “verticalismo crítico”, es decir de apoyo
a la presidente pero no a su entorno, en el cual militaron algunos dirigentes
sindicales, algunas figuras del peronismo histórico, entre ellos el ministro de
Economía Antonio Cafiero y el de Defensa Angel Robledo, y algunos gobernadores
de provincia, como Carlos Menem de La Rioja. (77) Por su parte, los
“anti-verticalistas” procuraron la renuncia de Isabel. Dentro de este grupo
se encontraban el gobernador de Buenos Aires, el sindicalista Victorio Calabró
-quien rivalizó dentro de la UOM con Lorenzo Miguel-; las figuras ligadas con
el ex gobierno de Cámpora como el ex vicecanciller Jorge Vázquez y los ex
gobernadores provinciales Ricardo Obregón Cano de Córdoba y Miguel Ragone de
Salta; los integrantes de la llamada neo-JP o JP anti-verticalista, un grupo
integrado por los diputados peronistas Julio Bárbaro, Julio Mera Figueroa,
Enrique Osella Muñoz y Nilda Garré, quienes constituyeron el denominado
“Grupo de Trabajo” y conformaron su propia banca, separándose del bloque de
FREJULI. (78) A la división entre “verticalistas” y
“anti-verticalistas” dentro del justicialismo se sumaron el alejamiento de
los partidos aliados del FREJULI, tales como el Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID), y los roces con el radicalismo balbinista, que procuró inútilmente
mantener el diálogo con el oficialismo. (79)
En
octubre de 1974 el alejamiento del ministro de Economía Gelbard fue una gran
victoria del lopezrreguismo, que pudo llevarse a cabo debido a la concurrencia
de las críticas de las 62 Organizaciones sindicales y de las entidades de
productores agropecuarios. (80) La entente
lopezrreguista-sindical también provocó la renuncia de varias
figuras del gabinete que tuvieron diferencias de estilo y enfoque con el
ministro de Bienestar Social. Tales fueron los casos del titular de Interior,
Benito Llambí; de Educación, Jorge Taiana, y de Defensa, Angel Robledo,
quienes fueron reemplazados a mediados de agosto de 1974 por Alberto Rocamora,
Oscar Ivanissevich y Adolfo Savino, respectivamente. (81)
No
obstante, esta alianza lopezrreguista-sindical fue sólo circunstancial,
motivada por el común rechazo de ambos grupos a los sectores izquierdistas y a
la figura de Gelbard, rechazo que, en el último caso, evidenció además la
presencia de una fuerte inclinación ideológica antisemita tanto dentro del
lopezrreguismo como en las filas del sindicalismo. (82) El acuerdo entre ambos
grupos se quebró cuando López Rega digitó en junio de 1975 el nombramiento
del ultraliberal Celestino Rodrigo como ministro de Economía, quien adoptó una
política de ajuste que provocó la reacción de los sectores sindicales.
Paradójicamente,
la ofensiva sindical desplazó a López Rega de su cargo en julio de 1975, pero,
al proteger la permanencia de Isabel en el gobierno, permitió la regeneración
de un entorno integrado por elementos neolopezrreguistas, continuadores de la
política sectaria y autoritaria del ex ministro de Bienestar Social. Entre
estos neolopezrreguistas cabe destacar las figuras del secretario técnico y
privado de la Presidencia, el nacionalista católico Julio González, quien ocupó
el lugar de López Rega en términos de influencia sobre la presidente; del
ministro de Educación Pedro Arrighi, y las de los sucesivos ministros de
Bienestar Social, que mantuvieron la línea de López Rega. (83)
Las
62 Organizaciones lograron imponer varias figuras acordes con sus intereses
durante el breve interinato de Italo Luder (13 de septiembre al 17 de octubre de
1975) provocado por la licencia de la presidente Isabel. Este interinato, con
las presencias de dos figuras cercanas a los intereses sindicales como Antonio
Cafiero en el ministerio de Economía y Carlos Ruckauf en el de Trabajo, abrió
un compás de esperanza tanto a las 62 como a los peronistas históricos y los
radicales, que reconocieron en Luder una figura proclive al diálogo. Incluso
Luder logró alejar a otras figuras lopezrreguistas del gobierno, como el
canciller Alberto Vignes, reemplazado provisoriamente en agosto por Angel
Federico Robledo. Pero finalmente el retorno de la presidente el 17 de octubre
de 1975 se produjo porque, además del neolopezrreguismo, sectores y figuras
contrarias a este grupo como las 62 Organizaciones lideradas por Lorenzo Miguel,
(84) el ministro de Economía Antonio Cafiero (85) e incluso el propio Robledo
(86) terminaron adhiriendo a la posición verticalista, no por coincidencias de
intereses con el grupo neolopezrreguista sino más bien preocupados por el temor
al vacío institucional que podía dejar la salida de Isabel del gobierno. Esta
extraña coincidencia entre sectores divididos ideológicamente fortaleció la
alternativa verticalista frente a la opción de alejar definitivamente a la
presidente, sustentada entre otros por los sectores militares, la Corriente de
Afirmación Peronista, el llamado Grupo de Trabajo anti-verticalista, los
dirigentes radicales y el sindicalista Victorio Calabró.
Cabe
mencionar que el gobierno de Isabel procuró una serie de medidas para eliminar
la guerrilla izquierdista. Decretó el estado de sitio a partir del 6 de
septiembre de 1974 por tiempo indefinido y autorizó el empleo de fuerzas
paramilitares -entre ellas Triple A- controladas por el Ministerio de Bienestar
Social. Estas medidas no lograron disminuir la violencia guerrillera. Más bien
complicaron la situación, pues a los ataques provenientes de los sectores de
izquierda se sumaron los originados desde el propio aparato estatal. (87)
Ante
el fracaso de los mecanismos antiterroristas instrumentados desde el Ministerio
de Bienestar Social en coordinación con la policía federal, el gobierno de
Isabel resolvió que los militares se encargaran de la lucha antisubversiva, a
través del decreto secreto 261 aprobado a principios de febrero de 1975. El éxito
del “Operativo Independencia” contra la guerrilla en Tucumán, realizado
como consecuencia de esta decisión, fue una derrota táctica de López Rega, en
tanto demostró el fracaso de las fuerzas policiales para contener la violencia
guerrillera y la eficiencia del ejército en lograr ese objetivo. (88) Durante
el breve interinato de Luder, entre septiembre y octubre de 1975, fueron
sancionados dos nuevos decretos (Nos. 2270 y 2272) que otorgaron a las fuerzas
armadas el control centralizado de las operaciones militares, si bien éstas
quedaban bajo el comando superior de la presidente. Estos decretos fueron un
nuevo golpe para los intereses del lopezrreguismo, porque la policía federal -área
controlada por el ministro de Bienestar Social- debía estar a disposición de
las fuerzas armadas. (89)
En
mayo de 1975 el comandante en jefe del ejército Leandro Anaya fue reemplazado
por el general Alberto Numa Laplane. Las causas del retiro de Anaya fueron su
desacuerdo respecto de la participación del ejército en los hechos de Villa
Constitución el año anterior; su crítica a la falta de apoyo gubernamental en
el operativo militar antiguerrillero en Tucumán, y finalmente el envío al
ministro de Defensa Adolfo Savino, a fines de abril de 1975, de un documento del
Comando General del Ejército que denunciaba las actividades de la Triple A e
involucraba en ellas al ministro de Bienestar Social López Rega. El
ministro Savino, quien era amigo de López Rega, increpó a Anaya
por enviarle una denuncia sobre un tema que el titular del ejército
conocía. Por su parte, el sucesor de Anaya, Numa Laplane, designado a
instancias de López Rega, abogó por una nueva política de “profesionalismo
integrado”, que suponía el apoyo institucional de las fuerzas armadas al
gobierno. (90)
Por
otro lado, el asesinato del coronel Mario Rico en marzo de 1975, atribuido a López
Rega, provocó
el distanciamiento del gobierno del comandante en jefe de la marina, Emilio
Massera, una figura hasta entonces cercana a López Rega. Producido luego el
retiro de Anaya, Massera se aproximaría a éste, implementando una estrategia
apuntada a dos objetivos: el rechazo a la posición de compromiso con el
gobierno que adoptara Laplane y la conformación de un frente militar
anti-lopezrreguista. Anaya coincidió con el primer objetivo de Massera, porque
era un profesionalista y porque tanto él como el jefe naval temieron quedar
involucrados en el creciente descrédito del partido gobernante. Asimismo, Anaya
estaba molesto por los ecos que en el ejército provocara el asesinato de Rico y
coincidió con Massera en la necesidad de limitar el poder de López Rega. (91)
Esta
entente entre Massera y Anaya reveló hasta qué punto el enfoque de
“profesionalismo integrado” sustentado por el comandante en jefe Numa
Laplane no fue bien visto por la mayoría de los oficiales del ejército y de la
marina. Estos impulsaron las renuncias del ministro del Interior, Vicente
Damasco (quien había sido designado en febrero de 1974 y era un coronel en
actividad), y de Laplane. La presidente se negaba a aceptar el alejamiento del
último. Finalmente, la situación hizo crisis en agosto de 1975, y Laplane fue
reemplazado por el general Jorge Rafael Videla, continuador de la línea de
“profesionalismo prescindente” del ex comandante en jefe Anaya. Tras el
nombramiento de Videla, el frente anti-lopezrreguista conformado por Massera y
Anaya se consolidó, fracasando así
el intento
de la presidente y López Rega de lograr la participación directa de los
militares en el gobierno. (92)
Videla
se definió como un “apartidista” en la Novena Conferencia de Comandantes de
Ejércitos Americanos que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo en octubre de
1975. Pero al mismo tiempo declaró que estaba dispuesto a lograr la seguridad
del país “a costa de cualquier sacrificio”. (93)
No obstante, poco tiempo después el comandante demostró que su postura
“prescindente” era mera retórica cuando envió una carta de felicitación
al gobernador de Buenos Aires Calabró, por la eficacia de las fuerzas
policiales provinciales en la represión al ataque del ERP contra el Batallón
de Arsenales 601 de Monte Chingolo. Este gesto de Videla tuvo importantes
repercusiones en el ámbito gremial, pues impidió que Lorenzo Miguel, rival de
Calabró, lograra remover al último de su cargo a través de una intervención
federal. (94) Asimismo, el comandante en jefe del ejército envió su mensaje de
Nochebuena desde Tucumán, hecho que fue interpretado en los medios políticos
como un verdadero ultimátum al gobierno. (95)
Por
cierto, la creciente crisis de legitimidad que padeció la gestión de Isabel
tuvo su correlato en el ámbito de la política exterior, que se convirtió en
arena de disputas facciosas entre lopezrreguistas y anti-lopezrreguistas,
generando permanentes cambios en la conducción de la Cancillería. A lo largo
de los veintiún meses de gobierno de Isabel, se sucedieron cuatro cancilleres
de estilos personales muy diferentes, lo cual privó a la política exterior de
un mínimo de coherencia como para dotarla de cierta credibilidad. Los
cancilleres del gobierno de Isabel Perón fueron además de Vignes (que
permaneció hasta agosto de 1975), Angel Federico Robledo (agosto a octubre de
1975), Manuel Arauz Castex (octubre de 1975 a enero de 1976) y Raúl Quijano
(enero a marzo de 1976).
Cabe
señalar además que existieron dos canales simultáneos para la implementación
de la política exterior, fenómeno que luego se repetiría en los años del
“Proceso” militar. Uno estaba integrado por el canciller y los funcionarios
del Palacio San Martín, cuyo principal interés era activar contactos diplomáticos
con Washington y los foros internacionales, negar las evidencias de
inestabilidad interna, y desplegar en el exterior una imagen irreal de la
“Argentina Potencia” que enfrentaba exitosamente el terrorismo y crecía
económicamente. Ejemplos de esta diplomacia virtual fueron la exagerada
importancia que los cancilleres Vignes, Robledo y Quijano atribuyeron a sus
respectivos contactos personales con el secretario de Estado norteamericano
Kissinger, y los esfuerzos desplegados por la diplomacia argentina para colocar
al argentino Alejandro Orfila en la secretaría general de la OEA. El segundo
canal estuvo en poder de los oficiales militares, cuyo rol en política exterior
fue crecientemente importante, sobre todo en los temas vinculados a cuestiones
de soberanía territorial. El papel protagónico de la marina en las cuestiones
del Beagle y Malvinas fue un claro ejemplo del hecho.
Durante
la gestión de Vignes como canciller del gobierno de Isabel, se profundizaron
algunos rasgos ya presentes durante su actuación como ministro de Perón, por
ejemplo, el acercamiento a los países del Cono Sur. En cambio, otros temas, que
habían sido relevantes para el líder justicialista y su ministro de Economía
Gelbard, pasaron a segundo plano -caso de los vínculos con Cuba, México,
Venezuela y Perú y el ingreso al Pacto Andino- o fueron directamente
abandonados por su vinculación con Gelbard -casos de la apertura comercial a la
URSS y los países socialistas del Este europeo y los tratados comerciales con
China Popular-. El gobierno de Isabel adoptó una actitud de cooperación y
complicidad con los regímenes militares de los países vecinos -especialmente
con los de Chile y Uruguay-. El canciller Vignes también mantuvo un perfil
moderado en las cuestiones interamericanas potencialmente irritativas para los
intereses norteamericanos -cuestión del bloqueo a Cuba, Trade Bill, rol
de la OEA y del TIAR) y el sesgo decididamente pro-árabe y antisemita respecto
del ámbito de Medio Oriente. En síntesis, durante su etapa como canciller del
gobierno de Isabel, Vignes respondió a la matriz ideológica del
lopezrreguismo. Como consecuencia, el perfil de política exterior resultante se
alejó de la Tercera Posición de Perón-Gelbard y en cambio se acercó al
alineamiento con Estados Unidos en las cuestiones interamericanas.
Tras
la caída de López Rega en julio de 1975, el poder del canciller Vignes entró
en un cono de sombras. (96) Su gestión fue objeto de diversas denuncias, (97)
hasta que en el mes de agosto fue reemplazado por Angel Robledo. La gestión de
Robledo como canciller (agosto a octubre de 1975), coincidió en buena medida
con el interinato de Italo Luder (septiembre a octubre de 1975), período en el
que los sectores opuestos a López Rega intentaron sin éxito una vuelta al
“pacto social” y a la Tercera Posición de Perón. Robledo, que contaba con
una larga trayectoria en el peronismo y con excelentes contactos en el
radicalismo, representó precisamente a estos sectores anti-lopezrreguistas e
intentó revertir lo que percibía como un “adormecimiento” de la Cancillería
debido al paso de Vignes. (98)
Uno
de los pasos adoptados por Robledo en esta tarea de otorgar una “nueva imagen
exterior” a la Argentina fue el retorno a la tradicional posición
equidistante en el conflicto árabe-israelí. Así, en la Quinta Conferencia de
Países No Alineados, celebrada en Lima en agosto de 1975, el nuevo canciller
argentino no adhirió a la postura árabe de expulsar a Israel de la ONU, aunque
apoyó los derechos del pueblo palestino y expresó su esperanza en el éxito de
las negociaciones encabezadas por el secretario de Estado norteamericano Henry
Kissinger con los gobiernos de Egipto e Israel. Robledo ratificó más tarde
esta postura “equidistante” en la ONU, cuando a fines de septiembre aplaudió
el nuevo Pacto del Sinaí firmado entre los gobiernos egipcio e israelí a
principios de dicho mes. (99)
En
el ámbito regional, Robledo reactivó los vínculos con Venezuela y Cuba, prácticamente
desactivados durante la gestión de Vignes. El canciller asignó particular
importancia a Venezuela como productor petrolero y miembro de la OPEP, en un
contexto en el que los efectos de la crisis petrolera se hicieron sentir en la
economía argentina. Aprovechando las gestiones comerciales y financieras del
ministro de Economía Cafiero en Caracas y la visita del canciller venezolano
Escobar Salom a Buenos Aires en septiembre de 1975, Robledo intentó reactivar
los vínculos bilaterales. Pero los resultados de estos contactos se vieron
frustrados por la corta gestión de Robledo en el Palacio San Martín. En el
caso de Cuba, el atentado perpetrado a mediados de agosto de 1975 contra el
embajador de Cuba en Buenos Aires, Emilio Aragón, por parte de grupos armados,
demostró la precariedad de los esfuerzos renovadores del canciller Robledo
frente a las asechanzas del neolopezrreguismo. (100)
El
caso de los vínculos con México expresó las propias limitaciones del esfuerzo
renovador de Robledo, quien, sin adherir al lopezrreguismo, tampoco fue una
figura izquierdista. El canciller argentino se opuso a la iniciativa impulsada
en la ONU por el gobierno populista-izquierdista mexicano de Luis Echeverría,
tendiente a adoptar sanciones por la política represiva del régimen español
derechista del general Francisco Franco contra terroristas españoles. Robledo
basó su posición en la sujeción al principio de no intervención en los
asuntos internos. (101)
Como
su antecesor Vignes, Robledo concedió particular importancia a los contactos
diplomáticos bilaterales con el secretario de Estado norteamericano Kissinger,
con el fin de obtener respaldo político y créditos de la Casa Blanca y los
bancos. Consciente de que este objetivo sólo podía lograrse disipando la
desconfianza de los inversores, Robledo decidió “aclarar” la situación del
terrorismo en la Argentina en la entrevista que tuvo con Kissinger a fines de
septiembre de 1975. En dicho encuentro, efectuado en el marco de la 30º
Asamblea General de las Naciones Unidas, Robledo intentó convencer a su
interlocutor, aludiendo a “distorsiones” en los medios de prensa,
minimizando el fenómeno subversivo y destacando que el mismo no afectaba ni la
estabilidad del gobierno ni su consenso. Kissinger prometió el respaldo de
Washington para el proceso político argentino. (102) Por cierto, el apoyo de
Kissinger no podía ir más allá de la retórica. Ni en ese momento ni después,
la economía argentina dio señal alguna que permitiera generar un mínimo de
confianza en el exterior. Vale citar al respecto la calificación de la
Argentina como “zona altamente peligrosa” efectuada por una “tabla de
riesgos” (Business Environment Risk Index) publicada en Estados Unidos.
(103)
Finalmente,
las pujas facciosas dentro del gobierno argentino debilitaron el margen de
maniobra del ministro Robledo, por lo cual éste fue reemplazado a comienzos de
octubre de 1975 por Manuel Arauz Castex, un hombre de formación jurídica -había
sido juez de la Corte Suprema-, quien se mantendría en el cargo hasta enero de
1976.
El
reemplazo de Robledo por Arauz Castex en la Cancillería evidenció hasta qué
punto la política exterior de este período estuvo sujeta a los vaivenes de la
lucha entre los neolopezrreguistas y sus opositores. Un claro indicio de esta
pugna durante la gestión del nuevo canciller fue la negativa repercusión que
en el lopezrreguismo y otros grupos de la derecha antisemita argentina tuvo la
votación de abstención de la delegación argentina respecto de la resolución
de la ONU de noviembre de 1975, que calificaba al sionismo como “una forma de
racismo y de discriminación racial”. Así, el jefe de prensa de la UBA,
Horacio Calderón, en forma acorde con el antisemitismo del grupo
lopezrreguista, publicó una solicitada titulada “Sión y el racismo” de
apoyo al dictamen de la ONU y de crítica al pueblo de Israel y a los argentinos
de credo judío. La solicitada de Calderón motivó un pedido de informes de
parte de un grupo de diputados del radicalismo alfonsinista al Poder Ejecutivo.
Pero a la solicitada antisemita de Calderón se sumó la firmada por varios
integrantes del llamado “Grupo Nacional Argentino Pro-Tercer Mundo”, que
también defendió el dictamen de la ONU y definió al sionismo como una forma
de racismo equivalente al “apartheid” sudafricano, evidenciado en actitudes
tales como la “judaización” de la Ciudad Santa de Jerusalén. Estas
solicitadas de tono antisemita y pro-árabe provocaron la inmediata reacción de
los grupos vinculados a las comunidades judías en la Argentina, tales como la
Organización Sionista y la Confederación Juvenil Judeo-Argentina, que
emitieron un documento refutando la imputación de “racista” adjudicada al
sionismo por la resolución de la ONU. Incluso en noviembre de 1975 tuvo lugar
una manifestación de 10.000 personas en la sinagoga de la calle Libertad de la
Capital Federal, convocada con el objeto de repudiar la citada resolución.
(104)
En
cuanto a las relaciones con los países latinoamericanos, Arauz Castex quiso
revertir el vacío existente en las relaciones diplomáticas con Brasil,
provocado por la prolongada ausencia de un embajador argentino en el país
vecino. La designación de Jorge Casal, a principios de diciembre de 1975, fue
un paso importante en este sentido. Pero este paso -demorado en la práctica
hasta febrero de 1976, fecha en la que Casal presentó sus credenciales ante las
autoridades de Itamaraty- poco hizo por revertir la situación de abandono que
venían sufriendo las provincias argentinas ubicadas en la frontera
-especialmente Misiones y Corrientes-. Como sus antecesores en el cargo, Arauz
Castex asumió una actitud pasiva ante los reclamos del gobernador de Misiones,
Miguel Angel Alterach, quien solicitó atención de las autoridades nacionales
con el fin de detener el problema del contrabando de drogas y ganado con destino
a Brasil. (105)
En
el caso de la posición argentina sobre los delicados temas de la no proliferación
nuclear y el desarme, Arauz Castex intentó mantener la postura tradicional
argentina de defensa de un desarrollo nuclear independiente, en forma acorde con
el discurso de los sectores nacionalistas desarrollistas. Pero la puesta en
marcha del programa nuclear elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) -e iniciado durante el gobierno de Perón con la inauguración de
centrales nucleares como la de Atucha- fue seriamente obstaculizada por los
avatares de la política interna. Este hecho provocó en noviembre de 1975 un
pedido de informes al Ejecutivo proveniente del ámbito parlamentario, que
criticó la falta de una legislación nuclear que protegiera los emprendimientos
nacionales. (106)
No obstante la
dura actitud asumida por Arauz Castex frente a Gran Bretaña por la cuestión de
las Malvinas, que fue aplaudida por los militares y sectores del propio partido
gobernante, el canciller no se mantuvo a salvo de las asechanzas del entorno
neolopezrreguista, cuyas figuras -el presidente de la Cámara de Diputados Raúl
Lastiri y el secretario técnico y privado de la Presidencia Julio González-
influyeron sobre la presidente Isabel para digitar su alejamiento. (107)
El
último canciller del gobierno de Isabel, Raúl Quijano (enero-marzo de 1976),
fue un diplomático que contó a su favor con una buena imagen en Estados
Unidos, producto de una dilatada trayectoria en foros multilaterales. La
presidente y su entorno recurrieron a su figura prestigiosa en un nuevo intento
por obtener un mínimo de credibilidad externa. Quijano recurrió como sus
antecesores al contacto con el secretario de Estado norteamericano Kissinger.
Pero el cordial tono del encuentro entre ambos diplomáticos, que tuvo lugar a
principios de 1976, no bastó para revertir los problemas de la agenda
bilateral, producto de la inestabilidad económica y política argentina y de la
negativa incidencia del terrorismo en las inversiones norteamericanas. (108)
Asimismo, el encuentro con Kissinger le demostró a Quijano que el “Nuevo Diálogo”
ya había muerto y que el gobierno argentino no podía esperar ningún respaldo
de Washington que superara el mero nivel de la retórica. Por cierto, a la
contundente realidad de un país “no confiable” se sumó el hecho de que América
latina no era prioritaria para el gobierno de Estados Unidos, que concentraba
sus energías y atención en otras áreas como Europa Occidental y el Medio
Oriente. (109)
Por
otra parte, Quijano protagonizó activos contactos con los países limítrofes,
firmando un acuerdo de complementación energética con Uruguay, uno de
cooperación tecnológica con Paraguay y una declaración conjunta con Bolivia.
(110) No obstante, persistieron los problemas ya tradicionales de la agenda
subregional como el problema del avance económico -a través del contrabando- y
cultural brasileño, especialmente importante en las provincias de Misiones y
Corrientes. Además, la represión del contrabando “hormiga” sobre el río
Paraguay, por parte de efectivos de la gendarmería argentina, motivó las
quejas de comerciantes y autoridades paraguayos. (111) Por cierto, Quijano no
tuvo tiempo de implementar ninguna política a largo plazo, pues el 24 de marzo
de 1976 se produjo el golpe que derrocó a la presidente Isabel Perón.
NOTAS
Ver al respecto Claudio Uriarte, Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 9-10.
De acuerdo con Miguel Bonasso, el FREJULI obtuvo un porcentaje de 49,61%; la UCR 21, 29%; el partido de Manrique 14, 9% y la alianza de los comunistas y Oscar Alende 7,4%. Seoane da porcentajes semejantes: 49,5% para el FREJULI y 21,3% para la UCR. Si bien el sistema de ballotage electoral exigía una segunda vuelta si ninguna fórmula alcanzaba 50 % de los votos, Lanusse proclamó la victoria del FREJULI ya en la primera vuelta, temiendo que una reacción popular violenta abortara la transición. Ver al respecto Miguel Bonasso, El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo, Buenos Aires, Planeta 1997, p. 418, y María Seoane, El burgués maldito, Buenos Aires, Planeta, 1998, p. 232.
Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Buenos Aires, Norma, 1997, tomo I, p. 658; M. Bonasso, op. cit., p. 418.
M. Seoane, op. cit., p. 254, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 43; 49, 53-54 y 56.
El “Pacto Social” era el nombre que recibió el “Compromiso para la reconstrucción y la liberación nacional”, auspiciado por el gobierno y firmado por la Confederación General Empresaria (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en junio de 1973. Consistió en un plan económico que, al poner en marcha un ámbito de concertación permanente entre Estado, patrones y obreros, ponía en práctica la “alianza de clases” de Perón. El plan gelbardista planteó como meta la “inflación cero” y propuso un aumento de sueldos y asignaciones familiares, a la vez que congeló los precios del sector privado por dos años, con el fin de facilitar la redistribución de los ingresos. En realidad, el primer paso para este acuerdo entre la CGE y la CGT se había dado en la declaración conjunta que las centrales empresaria y sindical hicieran oportunamente en septiembre de 1972, en la que Gelbard jugó un papel clave. Ver al respecto Daniel Muchnik, Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998, Buenos Aires, Manantial, 1998, p. 61.
Según Joseph Page y Wayne Smith, nombramientos como los de Esteban Righi en el Ministerio del Interior y de Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores no respondían al tipo de dirigente que Perón hubiera querido para esos cargos. No obstante, como sostiene Page, hechos aparentemente incompatibles como el apoyo simultáneo de Perón a las CGT de Vandor y de Ongaro durante sus años de exilio; la incidencia de Perón en el nombramiento del dirigente de la Juventud Peronista Rodolfo Galimberti como integrante del Consejo Superior Peronista y en su posterior caída, provocada a raíz de la propuesta de Galimberti de crear una “milicia de juventud argentina para la reconstrucción nacional”; el nombramiento, por parte de Perón, del peronista conservador de la primera hora y devenido en izquierdista Héctor J. Cámpora primero como delegado personal de Perón en la Argentina en lugar del moderado Jorge Paladino, luego como candidato presidencial del justicialismo; el posterior reemplazo de Cámpora por el lopezrreguista Raúl Lastiri, digitado por el líder justicialista, son evidencias que demuestran que Perón no se atuvo a una línea ideológica determinada o a un estilo personal que condicionara sus nombramientos -aunque en algunos de estos “giros” y nombramientos pueda percibirse una influencia de su secretario privado y ministro de Bienestar Social José López Rega. El líder justicialista, haciendo una analogía entre el movimiento y un organismo con virus y anticuerpos, apuntó a que estos nombramientos equilibraran las tendencias conflictivas, y, como resultante de este juego “depurador” de fuerzas, él pudiera ejercer cómodamente su rol de conductor. Si bien las designaciones de Juan Carlos Puig como canciller y de Esteban Righi como ministro del Interior pudieron en su momento sorprender por la juventud y relativa falta de trayectoria política de estas figuras, estrechamente vinculadas a Cámpora, Perón pudo haber admitido estos nombramientos porque respondían a su promesa de “trasvasamiento generacional”, efectuada a los sectores juveniles de izquierda en sus años de exilio. En todo caso, estas designaciones no fueron mucho más sorprendentes que la de José López Rega como ministro de Bienestar Social, un oscuro personaje cuyo único elemento a favor fue su cercanía a Perón, construida en base a su tenacidad personal y, sobre todo, a la influencia que logró ejercer sobre la segunda esposa del líder justicialista, María Estela Martínez, también conocida como Isabel Perón. Ver comentarios sobre gabinete de Cámpora en Panorama, 31 de mayo de 1973, pp. 20-21; Wayne Smith, “The Argentine Elections of 1973: Demilitarization and the Struggle for Consensus”, Ph.D., George Washington University, 1980, Vol. II, pp. 412-413, nota 13; entrevista de Page con Juan Carlos Puig, Washington, 23 de mayo de 1979, fuentes citadas en J. Page, op. cit., pp. 242-243. Según el equipo de asesores personales de Cámpora, la heterogeneidad ideológica del gabinete fue producto de la coexistencia de cinco circunstancias distintas en el origen de las designaciones ministeriales: a) las que fueron producto de la designación directa de Perón (que habrían sido José Ber Gelbard en Economía y José López Rega en Bienestar Social); b) las que fueron “conversadas” entre Perón y Cámpora, pero sugeridos por el líder justicialista (como Jorge Taiana en Educación y Antonio Benítez en Justicia); c) las que fueron igualmente “conversadas” entre ambos, pero propuestos por Cámpora (Esteban Righi en Interior y Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores); d) las que fueron directamente efectuadas por el entonces presidente, sin consulta con Perón (Angel Federico Robledo en Defensa), y e) el cargo de Trabajo propuesto por las 62 Organizaciones para Ricardo Otero. Ver al respecto Jorge Luis Bernetti, El peronismo de la victoria, Buenos Aires, Legasa, 1983, pp. 112-113.
De acuerdo con declaraciones de Jorge Taiana, quien fue ministro de Educación durante el gobierno de Cámpora, Juan Perón no quería volver a la Argentina ni ejercer la presidencia, pero fueron su esposa Isabel y López Rega quienes lo convencieron de su retorno, “porque querían heredarlo”. Ver “Declaraciones de Taiana sobre Perón y López Rega”, El Cronista, 31 de julio de 1975, p. 24.
Declaración de Perón en “Perón será ‘un soldado’ de Cámpora”, La Opinión, 17 de marzo de 1973, p. 10, fuente también citada en J. Page, op. cit., p. 241.Ver también “Hacia el 25 de mayo”, Criterio, Año XLVI, Nº 1665, 12 de abril de 1973, p. 149, y “El ‘soldado’ Perón”, por Bernardo Neustadt, Extra, Año 8, Nº 95, mayo 1973, p. 3. También en M. Bonasso, op. cit., p. 419.
Ver al respecto editorial “Throw away those blinkers”, Buenos Aires Herald, May 27, 1973, p. 8. También Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, volumen II, p. 295.
Mensaje del presidente Cámpora a la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 1973, La Opinión, 26 de mayo de 1973, p. 5, y La Prensa, 26 de mayo de 1973, p. 8. También texto del proyecto de ley de amnistía general enviado por el Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de mayo de 1973, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, tomo I: Sesiones preparatorias, de asamblea y ordinarias (del 3 de mayo al 5 de julio de 1973), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, pp. 83-88, y en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973; tomo I, Sesiones ordinarias (del 2 de mayo de 1973 al 10 de agosto de 1973), Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación, Reunión 2º, Mayo 26 de 1973, pp. 69-73; Alberto R. Jordan, “Cámpora. Siete semanas de gobierno”, Todo es Historia, Nº310, Año XXVI, Mayo de 1993, p. 24; J.L. Bernetti, op. cit., pp. 115-118; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 17-18; “Peronists and leftist collide”, Buenos Aires Herald, June 3, 1973, p. 3. Ver también ”Cámpora dispuso un indulto inmediato. Se incluye a los presos políticos sin perjuicio de la ley sobre amnistía”, La Prensa, 26 de mayo de 1973, p. 11, y “A great gesture: But what will be the replay?”, Buenos Aires Herald, May 28, 1973, p. 8. La ley de Amnistía Nº 20.508, sancionada y promulgada el 27 de mayo de 1973, estableció una amnistía amplia para todos los delitos cometidos con móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea su modo de comisión; la participación en asociaciones ilícitas o hechos cometidos como miembros de ellas o con motivo de manifestaciones de protesta, ocupaciones de fábricas o medidas de fuerza -artículo 1º, apartados a) a e)-. También dispuso el cese de los funcionarios de la Cámara Penal Federal, popularmente conocida como el Camarón. -artículo 8º, apartado d)-. Esta ley de Amnistía fue sancionada por unanimidad. El bloque radical acompañó al oficialismo en la aprobación del proyecto, aunque el entonces senador por la Capital Federal Fernando de la Rúa aclaró que esta ley no debía ser usada “para promover el revanchismo o intensificar la violencia”. Esta ley fue acompañada por otra, la Nº 20.509, también sancionada y promulgada el 27 de mayo, que derogaba una serie de normas penales violatorias de principios constitucionales heredadas del período militar anterior. Entre éstas se encontraban la ley 16.984 de octubre de 1966 sobre prohibición de la circulación postal de propaganda comunista; la ley 17.401 de agosto de 1967 sobre represión del comunismo; la ley 17.649 de febrero de 1968 sobre planeamiento y ejecución de las movilizaciones; las leyes 16.970 y sus modificatorias 17.112, 17.225 y 17.226 sobre defensa nacional; la ley 19.081 y su modificatoria 20.032 sobre participación de las fuerzas armadas en la represión de actividades terroristas y subversivas; y la ley 20.087 de enero de 1973 sobre detenidos de máxima peligrosidad. Ver al respecto Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, tomo I, op. cit., pp. 88-140 y pp. 486-489; texto de la ley Nº 20.508 de amnistía, en Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 22674, Año LXXXI, 28 de mayo de 1973, p. 4, y en La Prensa, 28 de mayo de 1973, pp. 1 y 6; texto de la ley Nº 20.509 en Boletín Oficial..., op. cit., p. 3. También referencias a este tema en E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 25-26; R. Jordan, op. cit., p. 23, y Héctor J. Cámpora, El mandato de Perón, México, edición del autor, 1975, pp. 73-74, fuente citada en J.L. Bernetti, op. cit., pp. 118-119. Ver también los editoriales ”Amnesty is already on its way”, Buenos Aires Herald, May 26, 1973, p. 9; ”Trató el Parlamento los primeros proyectos de gobierno. Aprobación unánime de la amnistía y la derogación de los mecanismos represivos”, La Opinión, 27 de mayo de 1973, p. 1; “Ready for signing. Amnesty law rushes through both houses of Congress”, Buenos Aires Herald, May 28, 1973, p. 7. Por su parte, el editorial “La ley de amnistía”, de La Prensa, 30 de mayo de 1973, p. 6, criticó la excesiva injerencia del Ejecutivo en atribuciones propias de la Justicia para lograr la sanción de la ley de Amnistía. Asimismo, el editorial de La Nación “Los alcances de una ley”, 1º de junio de 1973, p. 8, criticó el apresuramiento en la derogación de leyes del régimen militar cuyo alcance excedía al de la represión.
“Intolerance in the universities”, Buenos Aires Herald, June 12, 1973, p. 8. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 67.
De acuerdo con Llambí, ya en ese encuentro entre Cámpora y Perón en Madrid, la suerte del primero estaba echada. Ver al respecto Benito Llambí, Medio siglo de política y diplomacia (Memorias), Buenos Aires, Corregidor, 1997, p. 313, y J. Page, op. cit., pp. 249 y 260. También consultar los editoriales “Cámpora dedicó el día de ayer a conversar con Perón”, La Opinión, 17 de junio de 1973, p. 8; “Madrid visit. Cámpora-Perón relations cool, claim reports”, Buenos Aires Herald, June 17, 1973, p. 9, y “Prolongada conferencia entre Cámpora y Perón”, Clarín, 18 de junio de 1973.
Sobre los incidentes de Ezeiza el 20 de junio de 1973 ver “Millions disappointed. Homecoming of Perón marred by gunfights”, Buenos Aires Herald, June 21, 1973, p. 1; “Un mensaje diferido”, La Nación, 21 de junio de 1973, p. 8; “Por enfrentamientos en Ezeiza el presidente y Perón llegaron a Morón” y “Tiroteos aislados causan muchas víctimas”, La Prensa, 21 de junio de 1973, pp. 1 y 7; “Cómo se desarrolló el tiroteo de Ezeiza”, La Razón, 22 de junio de 1973, p. 8. Otros análisis de lo acontecido en Ezeiza en “Violence must stop”, Buenos Aires Herald, June 21, 1973, p. 8; “Comentarios. La concentración popular de Ezeiza”, Criterio, Año XLVI, Nº 1670, 28 de junio de 1973, pp. 310-311 y “Comentarios. La violencia como hecho político”, Criterio, Año XLVI, Nº 1671, 12 de julio de 1973, p. 343. Uno de los puntos más polémicos respecto de lo sucedido en Ezeiza es qué sector provocó el incidente. La Nación, La Prensa y la Razón responsabilizaron en general a la izquierda subversiva. En el caso de Las Bases, semanario representativo de los intereses sindicales y del ministro de Bienestar Social López Rega, la responsabilidad de lo acontecido en Ezeiza recaía sobre “células de agitación subversiva, al servicio de repudiables intereses”. Ver al respecto los editoriales “La agresión al pueblo”, Las Bases, Año II, Nº 49, 28 de junio de 1973, pp. 26-27; “Reflexiones sobre un hecho triste. La unidad del pueblo como respuesta a toda provocación”, Las Bases, Año II, Nº 50, 12 de julio de 1973, pp. 8-10. En cambio, Clarín y La Opinión señalaron en la masacre de Ezeiza la oposición entre los grupos juveniles de izquierda, y los de derecha vinculados a la conducción sindical, bajo las consignas “patria socialista” versus “patria peronista”. Ver “Enfrentamiento entre grupos armados”, Clarín, 21 de junio de 1973, p. 6, y “Seis versiones sobre el origen de los incidentes” y “Debido a las luchas ideológicas de sectores juveniles. Perón debió cancelar su presencia en la masiva concentración de Ezeiza”, La Opinión, 21 de junio de 1973. pp. 6 y 7. Por su parte, Ya! es tiempo de pueblo y El Descamisado, diarios representativos de los grupos izquierdistas Montoneros y JP, responsabilizaron a los sectores de la derecha peronista, y particularmente a las figuras del coronel Jorge Osinde -encargado de la seguridad en el acto de recepción a Perón en Ezeiza-, el diputado justicialista Alberto Brito Lima y Norma Kennedy, aliados al “imperialismo yanqui”. En su análisis de la matanza de Ezeiza del 20 de junio de 1973, estas publicaciones establecieron además un paralelo entre ésta y la masacre de Trelew ocurrida durante el gobierno militar de Lanusse el 22 de agosto de 1972. Ver al respecto “A una semana de la matanza de Ezeiza. ¿Quiénes son los culpables?”, Ya! es tiempo de pueblo, Año I, Nº 1, 29 de junio de 1973, pp. 2-3; e “Informe Ezeiza. Trelew y Ezeiza: Una misma masacre (reportaje a María Antonia Berger y Ricardo Haidar), El Descamisado, Año 1, Nº 8, 10 de julio de 1973, p. 6. Ver también “Ante la masacre de Ezeiza. FAR y Montoneros, 26 de junio de 1973”, Solicitada, Clarín, 26 de junio de 1973, y “ ‘Perón enfrenta la conspiración’. FAR y Montoneros”, Militancia, Nº 6, 19 de julio de 1973, en Roberto Baschetti (compilador), De Cámpora a la ruptura. Documentos 1973-1976, Buenos Aires, De la Campana, 1996, vol. I, pp. 94 y 97 y 118-119, respectivamente.
El aterrizaje de Perón en Morón fue una decisión adoptada por el vicepresidente Vicente Solano Lima, entonces en ejercicio del poder por ausencia de Cámpora, quien había viajado a Madrid precisamente para acompañar a Perón en su regreso a la Argentina. Mientras Cámpora minimizó la situación y sostuvo que sería una desilusión muy grande para mucha gente el no ver ni escuchar a Perón, Solano Lima le contestó que él era el presidente en ejercicio y que era preferible esa frustración a la muerte del general Perón y de todos ellos. De acuerdo con esta versión de Solano Lima, Cámpora no comprendía la gravedad de la situación. A pesar de la diversidad ideológica de Rodolfo Galimberti de la izquierdista Juventud Peronista y del conservador popular Solano Lima, ambos coinciden en presentar lo sucedido en Ezeiza como un “complot” urdido por la derecha peronista, un intento de golpe de Estado donde habría represión y se le endilgaría al presidente Cámpora toda la responsabilidad por lo sucedido. Vicente Solano Lima, declaraciones en La Prensa, 8 de marzo de 1981, y Rodofo Galimberti, Testimonio, entrevista de Bernetti a Rodolfo Galimberti, inédito, México, septiembre de 1980, fuentes citadas en J.L. Bernetti, op. cit., pp. 159-160.
Texto del mensaje de Juan Domingo Perón difundido por radio y televisión, en “21 de junio de 1973. Dijo el general Perón...”, Las Bases, Año II, Nº 49, 28 de junio de 1973, pp. 17-19, y en “Texto del mensaje”, La Nación, 22 de junio de 1973, pp. 1 y 16, fuente también citada en “Lo que dijo Perón. Discurso por Radio y T.V. 21 de junio de 1973”, R. Baschetti (comp.), op. cit., vol. I, pp. 106-107. Texto del mensaje citado asimismo en La Opinión, 22 de junio de 1973, pp. 1 y 24. Ver análisis del mensaje de Perón en “Hard work demand. Perón calls for law and order” y “Perón the peacemaker”, Buenos Aires Herald, June 22, 1973, pp. 1 y 8; “El líder incita a replegarse a los grupos de izquierda. Se reorganizará el justicialismo con una vuelta a la ortodoxia doctrinaria”, y “Una clara convocatoria a toda la sociedad”, La Opinión, 22 de junio de 1973, p. 24; editorial “El camino propuesto”, La Nación, 23 de junio de 1973, p. 6; editorial “El mensaje de Perón”, Clarín, 23 de junio de 1973, p. 8; “A los 30 días, el giro a la derecha” y “Perón y su regreso a las fuentes”, por Rodolfo Pandolfi, Redacción, Nº 5, Buenos Aires, julio, 1973, pp. 12-14 y 16-19, respectivamente; “El peronismo gobernante y la guerra interna, 1973-1976”, op. cit., p. 116; J.L. Bernetti, op. cit., p. 162; E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 83-86 y J. Page, op. cit., p. 257.
“Halla auspicioso eco el llamado a la unión nacional formulado por Perón” y “Coinciden los dirigentes políticos en sus opiniones sobre el mensaje”, La Razón, 22 de junio de 1973, p. 1; ”Coinciden en un inequívoco afán común por la unidad nacional. Personalidades políticas de los partidos expresan su apoyo al mensaje de Perón”, La Opinión, 23 de junio de 1973, p. 8; “Los gremios expresaron su apoyo al discurso del líder justicialista”, La Opinión, 23 de junio de 1973, p. 9; “Unánimes pronunciamientos en favor del mensaje de Perón”, Clarín, 23 de junio de 1973, pp. 14 y 23; ”Leftist unhappy. Perón speech to nation pleases nearly everyone”, Buenos Aires Herald, June 23, 1973, p. 7.
La conferencia de prensa del dirigente del ERP Mario Roberto Santucho se difundió por los canales 11 y 13 el 27 de junio de 1973. Dos días después, las autoridades de ambos canales recibieron sanciones de parte del Comité Federal de Radiodifusión por difundir un comunicado que afectaba “la seguridad nacional, las relaciones institucionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y las buenas costumbres”. “Severas críticas al gobierno formuló al ERP en secreta reunión de prensa”, La Opinión, 28 de junio de 1973, p. 24 y “Especula el ERP con capitalizar supuestos descontentos populares”, La Opinión, 29 de junio de 1973, p. 9. Ver también E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, pp. 88-89.
Palabras de Perón en Buenos Aires Herald, 22 de junio de 1973, fuente citada en R. Gillespie, op. cit., p. 191.
El acercamiento de Perón a Balbín generó una división dentro de la Unión Cívica Radical. Un sector del radicalismo, liderado por el entonces joven abogado Raúl Alfonsín, rechazó este acercamiento. Mientras el acuerdo Perón-Balbín hizo que los bloques radicales en el Congreso apoyaran los proyectos de leyes económicas del partido gobernante, el alfonsinismo, en repudio a este acuerdo, estableció una alianza táctica con la juventud peronista en la Universidad. Ver al respecto “El peronismo gobernante y la guerra interna (1973-1976), op. cit., p. 116, y Panorama, 26 de junio de 1973, p. 5, fuente citada en J. Page, op. cit., p. 258. Por su parte, expresiones del ala sindical efectuadas en los primeros días de julio de 1973, tales como las del vice-gobernador de la provincia de Buenos Aires, el dirigente metalúrgico Victorio Calabró “Nadie más que Perón puede ser presidente” y la de su colega José Rucci “se acabó la joda”, marcaron el rechazo de los sindicalistas hacia Cámpora y los sectores de izquierda. Ver A. R. Jordan, op. cit., p. 28; B. Llambí, op. cit., pp. 314-315, y “Mayor victory for rightwingers”, Buenos Aires Herald, July 15, 1973, p. 3.
Según María Seoane, Gelbard tuvo un rol importante en la renuncia de Cámpora. Las relaciones entre el ministro de Economía y el hasta entonces presidente nunca habían sido cordiales, ya que Cámpora prefería un ministro más político y menos identificado con un determinado sector -Gelbard representaba a los pequeños y medianos empresarios agrupados en la CGE-. Por su parte, invocando el cumplimiento de la ley de Acefalía, Cámpora intentó colocar como su reemplazante a un hombre que le era fiel, el presidente del Senado, Alejandro Díaz Bialet. Por su parte, López Rega impulsó la candidatura de su yerno Raúl Lastiri. Gelbard medió entre ambos, pero impulsó una solución funcional a los intereses del ministro de Bienestar Social. Sugirió darle una misión especial a Díaz Bialet en el exterior para que Lastiri pudiera ser nombrado presidente interino sin violar la ley de Acefalía. Ver M. Seoane, op. cit., p. 267.
Alfredo J. L. Carella y Carlos J. Moneta (con la colaboración de Carlos E. Bauler), “Argentina y el pluralismo en el sistema interamericano”, en James F. Petras, Thomas J. Cook, Juan Carlos Puig et al, Política de poder en América Latina, Buenos Aires, Pleamar, 1974, especialmente pp. 139-145.
“‘Argentina Potencia’. Un informe de política exterior del diputado nacional José Luis Fernández Valoni”, Extra, Año 9, Nº 99, Buenos Aires, septiembre de 1973, pp. 21-22.
De acuerdo con la definición de Puig, en un perfil de política exterior caracterizado por la “autonomía heterodoxa”, un país acepta la conducción estratégica de una potencia dominante (en el caso de la Argentina, acepta el liderazgo norteamericano), pero discrepa con dicha potencia en tres cuestiones importantes: a) en el modelo de desarrollo interno, que puede no coincidir con las expectativas de la potencia dominante; b) en las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas y c) en la diferenciación entre los intereses particulares de la potencia dominante y el interés