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Las relaciones con Chile

A principios de agosto de 1973, el gobierno argentino tomó una decisión que agregó un elemento de fricción a la ya tradicional disputa limítrofe con Chile. El día 10, el presidente Lastiri, los comandantes en jefe de las tres armas y los ministros del gabinete se trasladaron a la base aérea militar Vicecomodoro Marambio, ubicada en la Antártida, para realizar los actos centrales del Día de la Fuerza Aérea. Desde la base Marambio, que durante tres días funcionó como sede provisional del gobierno argentino, el primer mandatario y su comitiva firmaron el “Acta de Afirmación de la soberanía en la Antártida Argentina”, como un gesto originalmente destinado a frenar las pretensiones de Brasil en el continente blanco. (1)  
    Pero esta decisión argentina generó las reacciones de la Cancillería chilena y del comité “Patria y Soberanía”, un organismo integrado por ex militares y parlamentarios. Ambos protestaron por la presencia y radicación del gobierno argentino en la Antártida, acto al que no dudaron en calificar como una “ostensible violación de la soberanía chilena antártica”, agregando además que la actitud argentina iba en contra de las cláusulas del Tratado Antártico, el cual establecía expresamente la invalidez de los actos de reclamo o afirmación de soberanía en el territorio austral durante su vigencia. (2)  
    Más allá del conflicto limítrofe, la progresiva crisis interna en la que se sumió el gobierno chileno de Salvador Allende motivó la preocupación de los legisladores argentinos. Así, poco más de un mes antes del derrocamiento del presidente chileno, los senadores de la bancada radical Carlos H. Perette, Raúl J. Zarriello, Hipólito Solari Yrigoyen, Juan Carlos Pugliese, y Rubén Osvaldo Cáceres presentaron un proyecto de resolución a los miembros de la Cámara Alta en el que expresaban su anhelo para que los pueblos de Chile y Uruguay “puedan vivir en el modelo de las instituciones republicanas y democráticas y con pleno imperio de la soberanía popular.” Dicho proyecto fue aprobado en forma unánime. (3) 
    El 11 de septiembre de 1973 un golpe militar en Chile encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte derrocó y asesinó al presidente Allende. Perón calificó el hecho como “una tragedia para el continente” y agregó que el régimen de Pinochet “representa intereses que son conocidos por nosotros”, en referencia a Estados Unidos. (4) Sin embargo, en su encuentro con los miembros de la Juventud Peronista en su casa de la calle Gaspar Campos, el líder justicialista, haciendo gala de su realismo político, utilizó la experiencia del caído gobierno de Allende para tranquilizar su propio frente interno. Perón caracterizó el gobierno de Allende como un ejemplo de la inconveniencia de “apresurar” los procesos revolucionarios y de la necesidad de encauzarlos de una forma gradual y pacífica. (5) Un argumento similar planteó Perón en una carta que le dirigiera al presidente panameño, general Omar Torrijos, el 19 de septiembre de 1973: 

(...) Como habrá podido observar, el “Cono Sud” se ha visto azotado por un nuevo “coletazo” del imperialismo. En Chile, la situación ha hecho crisis, un poco a raíz de la presión externa, y otro tanto por errores en la conducción interna. Al amigo Allende lo han volteado tanto los que lo empujaban de adelante como los que lo hacían de atrás. Un marxismo a outrance de nuestros países no es lo que puede consolidar a un Gobierno del Pueblo.
Sus enemigos han sido tanto los pro-imperialistas que anhelaban derrocarlo como los comunistas, que lo empujaban hacia acciones descabelladas. En fin, un pueblo que deseaba liberarse, frente a una nueva frustración. Les faltó cumplir el apotegma de los griegos: Todo en su medida y armoniosamente (...). (6)

El derrocamiento y muerte del presidente chileno provocaron declaraciones de repudio y de solidaridad con el pueblo chileno por parte de los miembros de ambas cámaras del Congreso argentino. (7) Tras el golpe de estado, el gobierno de Pinochet anunció el 12 de septiembre su deseo de “mantener las mejores relaciones de amistad con el gobierno argentino”. Poco después, un decreto firmado por el presidente Lastiri, el ministro del Interior Benito Llambí y el ministro de Relaciones Exteriores Alberto Juan Vignes, establecía un duelo nacional de tres días por la muerte del presidente Allende. Finalmente, el 19 de septiembre de 1973, la Cancillería argentina anunció la continuación de las relaciones diplomáticas con las autoridades de Santiago. Dicha medida se justificó por la aplicación de la doctrina Estrada, por la cual se reconoce a un gobierno, cuando, más allá de las características ideológicas del mismo, éste ejerce un absoluto control sobre el territorio. (8)
   
La decisión del reconocimiento argentino del régimen militar chileno fue interpretada de manera distinta por los medios de prensa de la época. Mientras Buenos Aires Herald y Clarín respaldaron la medida como una muestra de una política exterior pragmática, no atada a “fronteras ideológicas”, los medios de izquierda la vieron como una nueva señal de la presencia de elementos derechistas en el gobierno argentino, que establecían un “cerco” entre Perón y el pueblo. Este “cerco” formaba parte de los planes del gobierno norteamericano y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar los gobiernos antiimperialistas. (9) Por su parte, la revista católica Criterio hizo una crítica ambigua a la actitud del gobierno argentino hacia el régimen militar chileno, en los siguientes términos.

(...) Todas estas medidas pueden definir una actitud pragmática ante nuevas circunstancias, por lo demás, inesperadas. (...) Pero el trazado de una estrategia de pragmatismo externo, no debe relegar al olvido las exigencias que plantea un régimen democrático interno. La Argentina es el único país en el extremo sur del continente que reivindica la legitimidad de un régimen democrático. Mantener esta experiencia es hoy más necesario que nunca. No conviene romper porque sí las solidaridades de hecho con las naciones latinoamericanas por más que el régimen que gobierne a muchas de ellas repugne a nuestra conciencia pero tampoco conviene librarse a una actitud complaciente con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y menos dejarse penetrar por una manera de resolver los problemas políticos acerca de la cual tenemos amargas experiencias (...). (10)

Otro tema de la agenda con Chile que generó intensas polémicas dentro de la Argentina fue la actitud del gobierno de Lastiri hacia los asilados chilenos en la embajada argentina en Santiago y los refugiados que llegaban a Buenos Aires. El encargado de negocios argentino, Alberto del Carril, directamente se desinteresó de la suerte de los asilados chilenos, delegando esta tarea en el secretario de embajada, Félix Córdoba Moyano. Pero el último, junto con otros dos diplomáticos de la embajada, Albino Gómez y el cónsul general Sainz Ballesteros, debieron retornar a Buenos Aires por disposición de las autoridades de la Cancillería. El hecho motivó el pedido de informes al Palacio San Martín de un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado de UDELPA-Alianza Popular Revolucionaria (APR), Héctor Sandler. En dicho pedido, los legisladores se preguntaban si no era precisamente la actitud de estos tres diplomáticos de otorgar asilo a los chilenos perseguidos por el régimen de Pinochet lo que habría motivado su regreso a la capital argentina. (11)
   
En la edición de Clarín del 30 de septiembre de 1973 apareció una solicitada firmada por numerosas personalidades del medio académico y literario, tales como, entre muchos otros, José María Aricó, Luis Aznar, Gregorio Klimovsky, Ernesto Sábato, Rodolfo Puiggrós, Reyna Pastor de Togneri, Pablo Sigal, Gregorio Selser, David Viñas y Rodolfo Walsh, quienes solicitaron al gobierno de Lastiri:
    a) que hiciera efectivo el traslado a la Argentina de los asilados en la Embajada argentina en Chile;
    b) que promoviera acciones para garantizar vida y seguridad de los ciudadanos argentinos presos en territorio trasandino;
    c) que actuara ante los organismos internacionales para asegurar que el régimen militar chileno respetara la plena vigencia de los derechos humanos;
    d) que levantara las restricciones del gobierno argentino que limitaban el goce de derechos a los exiliados políticos que estaban en y que llegaran a territorio argentino, extendiendo a todos sin distinción el derecho de asilo y garantizando a todos la residencia legal; y
   
e) que estructurara una política inmigratoria amplia, consecuente con la mejor tradición argentina. (12)
   
Por su parte, los exiliados chilenos solicitaron a Perón su intervención personal para resolver el problema. (13) No obstante, el primer resultado concreto no provino ni del líder justicialista ni del gobierno de Lastiri sino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal, Miguel Inchausti, hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Asimismo, Inchausti cuestionó al jefe de la Policía Federal, general Miguel A. Iñíguez, por privación ilegítima de la libertad. (14) Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Dirección de Migraciones, que haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el país. (15) 
    A las dificultades de los asilados chilenos en la Argentina se sumaron las de sus compatriotas en la embajada argentina en Santiago, situación que motivó las investigaciones en la capital chilena de legisladores argentinos como el diputado por la APR, Héctor Sandler. El último denunció que de las 374 personas refugiadas en la embajada, 278 tenían el salvoconducto acordado con la Junta Militar chilena, pero no podían salir de Chile por la falta de autorización del gobierno argentino. Frente a estas acusaciones, el ministro del Interior Llambí negó que durante septiembre de 1973 se hubiera registrado algún caso de detención. (16) 
    Entre los exiliados chilenos que llegaron a la Argentina huyendo del régimen de Pinochet se encontró el general Carlos Prats, quien contó con la protección de Perón y del ministro Gelbard, quienes no pudieron evitar que un año después fuera asesinado por un comando de la agencia de inteligencia chilena DINA, en coordinación con la Triple A y gente de la Policía Federal vinculada a López Rega. (17).
    Durante la gestión de Perón, el problema de los residentes argentinos en Chile perseguidos por el régimen militar continuó siendo un serio problema, pero no tanto a nivel de gobiernos, pues Perón procuró un bajo perfil en todo tema que obstaculizase el acercamiento con el régimen del general Pinochet. Más bien el conflicto estalló entre los sectores de izquierda, la opinión pública y los legisladores argentinos y el régimen pinochetista. Los primeros repudiaron abiertamente la violación de la dictadura chilena a los derechos humanos de los residentes argentinos en Santiago, quienes eran detenidos e incluso fusilados sin juicio previo. (18) 
    A pesar del rechazo expresado por los sectores anteriormente mencionados, en mayo de 1974 tuvo lugar un encuentro entre Perón y Pinochet en el aeropuerto de Morón. Este encuentro cumbre fue públicamente repudiado por manifestaciones organizadas por distintos sectores de la clase política argentina en diversos puntos del país, lo que provocó que el encuentro se hiciera en el marco de estrictas medidas de seguridad. Asimismo, varios legisladores presentaron proyectos en rechazo a la visita del dictador chileno. (19) Más allá de estas polémicas derivaciones internas, el resultado más importante del encuentro Perón-Pinochet fue la firma de una declaración conjunta sobre los derechos soberanos de ambos países en el continente antártico, acompañada de tres convenios sobre transporte marítimo, terrestre y cooperación científico-tecnológica bilateral, suscriptos por los cancilleres argentino y chileno, Alberto Juan Vignes y almirante Ismael Huerta Díaz. El documento referente a la Antártida enfatizaba el mutuo propósito de promover el desarrollo de una política armónica en el continente blanco, de conformidad con los términos del Tratado Antártico del 1º de diciembre de 1959 y de salvaguardar los respectivos intereses en el Polo Sur, especialmente en lo referente a la exploración y eventual explotación de los recursos naturales dentro de la zona establecida por el Tratado. (20)
    Desaparecido Perón, como se dijo, el canciller Vignes apoyado por el grupo lopezrreguista buscó una alianza con los países vecinos que tenían regímenes de derecha, como ocurrió en el caso de Chile. En abril de 1975, el canciller Vignes realizó una visita a Chile, donde condecoró al canciller Carvajal con la Orden del Libertador y formalizó una invitación para que el presidente Pinochet viajara a la Argentina. La visita se concretó el 18 del mismo mes. Su resultado más importante fue la firma de una declaración conjunta de los presidentes Isabel Perón y Pinochet, suscripta en Morón, que ratificaba los derechos soberanos de los dos países en la Antártida, y expresaba la mutua voluntad de mejorar las condiciones de transporte por el estrecho de Magallanes, interconectar los sistemas nacionales de telecomunicación, constituir empresas binacionales, estimular el turismo y llegar a acuerdos respecto del gas. (21)
   
Se estableció además un verdadero pacto entre las fuerzas de seguridad e inteligencia de ambos países para actuar en forma coordinada y frenar la subversión a ambos lados de la cordillera. Esto tuvo su implementación por ejemplo en el asesinato en Buenos Aires del general legalista Carlos Prats por parte de un comando integrado por efectivos de la policía federal argentina vinculados a la Triple A y a la DINA chilena. Asimismo, los servicios de inteligencia chilenos contaron con la colaboración de las fuerzas parapoliciales argentinas para perseguir refugiados chilenos en territorio argentino, y colocar nombres de desaparecidos chilenos a cadáveres argentinos, a fin de sustituir identidades y de este modo recortar la lista de desaparecidos del lado trasandino. (22) Asimismo la alianza ideológica forjada entre ambos países llevó a la delegación argentina a oponerse a una resolución condenatoria del régimen chileno en la ONU que exigía la investigación de torturas por parte de una comisión ad hoc. (23) 
   
El peso de esta alianza anticomunista orquestada con Chile hizo incluso que el canciller Vignes adoptase un muy bajo perfil respecto del diferendo limítrofe. Esta posición irritó a los sectores militares y a los miembros del Congreso, que criticaron la permanencia de jueces de origen anglosajón en la Corte Internacional de Justicia encargada de dictar el laudo arbitral sobre el canal de Beagle. No obstante, a pesar de estas presiones y debido también a sus luchas internas y su interés prioritario en la propia supervivencia, el gobierno de Isabel no adoptó ningún paso en relación al conflicto limítrofe pendiente con Chile. (24)
   
Otro tema en el que el gobierno argentino no reaccionó fue el apresamiento de residentes argentinos en territorio chileno por parte del régimen de Pinochet. Si bien se registraron numerosos reclamos parlamentarios al gobierno de Isabel y al canciller Vignes, éstos no ordenaron investigar la situación. (25)

  1. “Ratifícase la soberanía nacional en el día de la Fuerza Aérea. En una base antártica Lastiri establece hoy la sede accidental del gobierno”, La Opinión, 10 de agosto de 1973, p. 8; “Reafirmó la soberanía argentina en la Antártida y destacó la misión de las Fuerzas Armadas el Presidente de la República”, La Razón, 10 de agosto de 1973, p. 1; “Con dos discursos, el gobierno ratificó ayer desde la Base Marambio la soberanía argentina en la Antártida”, La Opinión, 11 de agosto de 1973, p. 6; “Reafirmación de nuestra soberanía, La Nación, 11 de agosto de 1973, pp. 1 y 18, y “La Antártida fue sede del Poder Ejecutivo como acto de reafirmación de la soberanía”, Clarín, 11 de agosto de 1973, p. 13.

  2. “Declaración chilena sobre la Antártida”, La Nación, 15 de agosto de 1973, p. 2; “Se pusieron nerviosos. Refirma Chile su soberanía sobre la Antártida y denuncian que el viaje de Lastiri constituyó una ostensible violación”, La Razón, 15 de agosto de 1973, p. 1; “Posición chilena sobre la soberanía antártica”, Clarín, 16 de agosto de 1973, p. 14, y “El viaje de Lastiri provoca protestas en Santiago. Discuten nuestra soberanía en la Antártida”, La Opinión, 16 de agosto de 1973, p. 3.

  3. Proyecto de resolución presentado por los senadores radicales Carlos H. Perette, Raúl J. Zarriello, Hipólito Solari Yrigoyen, Juan Carlos Pugliese y Rubén Osvaldo Cáceres, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973, Tomo 1, Reunión 22º, Agosto 8 de 1973, pp. 852-860. 

  4. Declaraciones del general Juan D. Perón en referencia al golpe militar en Chile, citadas en “Perón: ‘There was celebrating going on at State Department’ ”, Buenos Aires Herald, September 13, 1973, p. 9.

  5. “Lo que dijo Perón (Texto completo)”, Ya! es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 12, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1973, p. 27.

  6. Carta del general Juan D. Perón al general panameño Omar Torrijos, Buenos Aires, 19 de septiembre de 1973, fuente citada en Juan Perón, Tercera Posición y unidad latinoamericana, Buenos Aires, Biblos, 1985, pp. 122-123. 

  7. Ver al respecto proyectos de declaración de los diputados Clemente Maldonado y Gilberto H. Molina; de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros; de los diputados Carlos Miguel Kunkel, Diego Muñiz Barreto y otros; de los diputados Ricardo T. Natale, Nicolás Salvador y otros; del diputado Hugo Ramón Lima, y de los diputados Ricardo Ramón Balestra y Francisco J. Moyano, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo III, op. cit., Reunión 31º, Septiembre 11 de 1973, pp. 2469-2471. Asimismo, consultar proyectos de declaración de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros; de los diputados Ricardo T. Natale, Nicolás Salvador y otros; y de los diputados Luis Rubeo, Hipólito Acuña y otros, citados en ibid., Reunión 33º, Octubre 3 de 1973, pp. 2614 -2615. Ver también proyecto de declaración de la Cámara de Senadores expresando su “preocupación por la ruptura del orden constitucional” en Chile y su “solidaridad” con el pueblo de este país, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1973 Tomo II, Sesiones ordinarias (del 23 de agosto de 1973 al 8 de noviembre de 1973, Buenos Aires, Publicación del Cuerpo de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación, pp. 1421-1424. Cabe acotar que, frente a este pedido del Senado en rechazo al régimen de Pinochet, la entidad Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP), emitió una declaración, firmada por Cosme Béccar Varela (h.) y Jorge María Storni, que demostraba su regocijo por el golpe chileno, sosteniendo que el mismo “no hizo más que interpretar el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo chileno, reconduciendo a la nación hermana a las vías de la civilización cristiana de las que el socialismo la había apartado”. Ver al respecto “Una entidad apoya a la revolución”, La Nación, 16 de septiembre de 1973, p. 4. 

  8. Ver al respecto ”Duelo nacional por tres días en nuestro país”, La Nación, 14 de septiembre de 1973, pp. 1 y 3, y “Mantiénense los vínculos con Chile”, La Nación, 20 de septiembre de 1973, pp. 1 y 2; también el editorial “Pragmatic diplomacy”, Buenos Aires Herald, September 20, 1973, p. 9.

  9. “Pragmatic diplomacy”, Buenos Aires Herald, September 20. 1973, p. 9; editorial “Argentina y Chile”, Clarín, 21 de septiembre de 1973, p. 10, y “Chile no se rinde. Argentina cercada. Banzer, Stroessner, Bordaberry, Pinochet y la ofensiva imperialista sobre América Latina”, Ya! es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 13, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1973, pp. 6-7. 

  10. “Comentarios. El nuevo contexto latinoamericano”, Criterio, Año XLVI, Nº 1677, 11 de octubre de 1973, pp. 535-536. 

  11. Ver al respecto proyecto de resolución de los diputados Héctor Raúl Sandler, Héctor Portero y Rafael Francisco Marino, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo IV, Sesiones de Asamblea, ordinarias y de prórroga (del 1º de septiembre al 17 de octubre de 1973), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, Reunión 34º, Octubre 17 de 1973, pp. 2828-2829. Asimismo, un proyecto de resolución presentado el 3 de octubre de 1973 por los diputados radicales Antonio A. Tróccoli, Adolfo Gass y Ricardo T. Natale, entre otros, exhortaba al gobierno de Lastiri a adoptar, conforme a las normas universales del derecho de gentes, las medidas necesarias para todos los asilados políticos que huyendo del régimen de Pinochet buscaban refugio en territorio argentino. Dicho proyecto también expresaba la preocupación ante la suerte de los argentinos detenidos por el régimen militar chileno. Por último, un proyecto de resolución presentado por los diputados de la APR, Héctor Raúl Sandler y Armando Molina Zavalía, el 17 del mismo mes transmitía al Ejecutivo su preocupación por el trato dispensado a los refugiados políticos en territorio argentino. Ver al respecto proyecto de resolución de los diputados radicales Antonio A. Tróccoli, Carlos A. Fonte y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo IV, op. cit., Reunión 33º, Octubre 3 de 1973, pp. 2627-2629. Ver también proyecto de resolución de los diputados de la APR, Héctor Raúl Sandler y Armando Molina Zavalía, en ibid., Reunión 34º, Octubre 17 de 1973, pp. 2821-2822. Consultar también los siguientes editoriales: “La actitud argentina”, Clarín, 29 de septiembre de 1973, p. 3; “Cinco días de penas, entre risas y llantos”, por Eduardo Suárez, y “La tradición argentina debe ser preservada”, por Enrique Alonso, La Opinión, 5 de octubre de 1973, p. 24; “Consideró el gabinete la situación de los refugiados chilenos, que serían confinados en el interior del país”, La Opinión, 6 de octubre de 1973, p. 20; “Continúa sin aclararse la situación de los refugiados de Chile en Ezeiza”, La Opinión, 7 de octubre de 1973, p. 12. Por su parte, El Descamisado, revista que reflejaba la opinión de Montoneros y Juventud Peronista, coincidió con Clarín y La Opinión en que la incomunicación a que eran sometidos los exiliados chilenos, virtualmente recluidos en el Hotel Internacional de Ezeiza, era una decisión contradictoria con el derecho de asilo. Señaló además que el encargado de negocios de la embajada argentina en Santiago, Alberto del Carril, había desatendido a los refugiados argentinos, llegando la Cancillería argentina al extremo de separar de sus cargos a los tres únicos funcionarios de dicha embajada que se preocuparon por la situación de los asilados chilenos. Además, El Descamisado sostuvo que los exiliados chilenos que se encontraban en territorio argentino fueron sometidos a interrogatorios policiales y fotografías, se les impuso la condición de no salir del Hotel de Ezeiza, y se limitó su estadía a sólo 10 días. Ver “El rechazo a los compañeros de Chile. Esta barbaridad se hace en nombre del peronismo”, El Descamisado, Año 1, Nº 21, 9 de octubre de 1973, p. 26. 

  12. “Solicitada. Al Gobierno argentino”, Clarín, 30 de septiembre de 1973, p. 12.

  13. “Pide la intervención a Perón un grupo de refugiados”, La Opinión, 9 de octubre de 1973, p. 10.

  14. “Liberó la justicia a 112 asilados chilenos detenidos”, La Opinión, 18 de octubre de 1973, p. 28.

  15. “Contradicciones en relación con el fallo del juez Inchausti sobre derecho de asilo. La Dirección de Migraciones emplazó hasta mañana a 78 exiliados chilenos para abandonar el país”, La Opinión, 20 de octubre de 1973, p. 8.

  16. “Dramático informe de Sandler sobre 374 asilados. Refugiados en Ezeiza piden solución urgente para chilenos y no chilenos”, La Opinión, 11 de octubre de 1973, p. 10. B. Llambí, op. cit.., pp. 329-331.

  17. Sobre Prats ver referencias en M. Seoane, op. cit., pp. 283-284 y 362. 

  18. Ver editoriales “La tragedia afectó a un influyente periodista. El fusilamiento de argentinos en Chile se supo por una casualidad”, por Camilo Taufic, La Opinión, 1º de noviembre de 1973, p. 8; “Mueren otros dos argentinos en la capital chilena”, La Opinión, 13 de noviembre de 1973, p. 1, y “Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”, La Opinión, 8 de enero de 1974, p. 6. Un grupo de diputados provenientes tanto del FREJULI como de la UCR presentaron hacia fines de octubre de 1973 un proyecto de resolución pidiendo al gobierno de Perón que obtuviese de su colega militar chileno la suspensión de los fusilamientos de tres ciudadanos argentinos detenidos en territorio trasandino -el profesor universitario Pedro Damián Tsakomagkos Corzo, el doctor Bernardo Lejderman y señora-. Asimismo, los diputados de la APR Héctor Portero y Héctor Raúl Sandler presentaron junto a otros colegas dos proyectos de resolución en noviembre del mismo año quejándose por el fusilamiento de otros cuatro ciudadanos argentinos por parte del régimen militar chileno -Carlos Rodolfo Adler Zuleta y su esposa Elena Beatriz Díaz, Teodoro Klux y Oscar Bugallo-. Por su parte, en enero de 1974, el diputado peronista José Luis Fernández Valoni expresó su repudio por el asesinato del chileno Sergio Leiva Molina, quien se encontraba asilado en la embajada argentina en Santiago de Chile. Lo propio hicieron los diputados del Partido Comunista Juan Carlos Comínguez y Tomás Pedro Arana a través de un proyecto de declaración. En todos estos casos, se reclamó al gobierno de Perón la presentación de una nota de protesta formal a las autoridades chilenas. Proyecto de resolución de los diputados Rodolfo Oscar Villar, Ricardo Tomás Natale y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo V, op. cit., Reunión 35º, Octubre 24/25 de 1973, pp. 3097-3098; nota del canciller Alberto Vignes al señor secretario técnico de la Secretaría General de la Presidencia, doctor Gustavo Caraballo, en ibid., Reunión 39º, Noviembre 14 de 1973, pp. 3516-3517; proyecto de resolución de los diputados Jesús Mira, Héctor Portero y otros, en ibid., Reunión 39º, Noviembre 14 de 1973, p. 3584; proyecto de resolución de los diputados Héctor Portero, Mariano Rufino Lorences y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo VI, sesiones de prórroga (del 21 de noviembre al 29 de noviembre de 1973), Reunión 41º, Noviembre 21 de 1973, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1974, p. 3777; proyecto de resolución del diputado José Luis Fernández Valoni y proyecto de declaración de los diputados Juan Carlos Comínguez y Tomás Pedro Arana, estos dos últimos en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1973, Tomo VIII, Sesiones extraordinarias (del 19 de diciembre de 1973 al 24/25 de enero de 1974), Reunión 57º, enero 10 de 1974, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1974, pp. 5477 y 5484, respectivamente. En el caso particular del asesinato del asilado chileno Sergio Leiva, perpetrado en la embajada argentina por un grupo de carabineros, los reclamos de los legisladores  tuvieron cierto eco, ya que, a principios de enero de 1974, el canciller Vignes inició la protesta formal por el caso Leiva a las autoridades de Santiago y pidió explicaciones del mismo al embajador chileno en Buenos Aires, René Rojas Galdames. “Tras el reemplazo del canciller chileno. Argentina presentó en Santiago la nota de protesta por el caso Leiva”, La Opinión, 8 de enero de 1974, p. 6.

  19. El 15 de mayo de 1974 la Cámara de Diputados, en una resolución sobre tablas promovida por la mayoría de los partidos ligados al FREJULI, declaró al mandatario chileno persona “no grata”. Por su parte, el senador radical Luis León (Chaco) sostuvo que la Cancillería argentina debería haber comunicado a la chilena la no conveniencia de la visita del dictador chileno. Aunque el canciller Vignes intentó minimizar la importancia de la entrevista Perón-Pinochet, lo cierto es que la misma generó una serie de concentraciones políticas como expresión de repudio a dicho encuentro. Ver al respecto proyecto de resolución declarando persona “no grata” al general Pinochet, “desembozado agente del Pentágono y de la CIA”, presentado por el diputado Juan Carlos Cárdenas; y proyecto de declaración de los diputados Vicente Miguel Musacchio, Tomás Pedro Arana y otros, en repudio de la presencia en la Argentina del presidente de la junta militar chilena, que ha violado los principios consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, proyectos citados en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1974, Tomo 1, Sesiones ordinarias (del 26 de abril al 6 de junio de 1974), Reunión 3º, Mayo 15 de 1974, pp. 151 y 158-159, respectivamente. Consultar también los siguientes editoriales: “Oficialmente la visita surge de una mera escala técnica. Magistrados, legisladores, partidos políticos e instituciones manifiestan su repudio a Pinochet”, La Opinión, 16 de mayo de 1974, p. 8. La concentración de repudio a la visita de Pinochet efectuada en Rosario fue organizada por las Juventudes Políticas Argentinas, frente donde militaban sectores de la Juventud Peronista  (JP) de las Regionales, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical alfonsinista y muchas otras agrupaciones. La que tuvo lugar en Capital Federal fue organizada por militantes de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), del Socialismo Popular, del Socialismo Unificado, de la Coordinación de Movimiento de Ayuda a Chile, la Organización de Solidaridad con los Presos Estudiantiles y Gremiales, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires y el Movimiento Nacional Intersindical, agrupaciones que declararon su rechazo a la presencia de Pinochet. En dicha declaración se enumeraban las persecuciones, torturas y crímenes cometidos por el régimen militar chileno. Ver al respecto “En medio de estrictas medidas de seguridad Perón y Pinochet dialogaron por más de una hora en Morón” y “Después de la partida proseguían las exteriorizaciones de repudio”, La Opinión, 17 de mayo de 1974, p. 8.

  20. “Tras suscribir varios convenios con la Argentina, regresó a su país el ministro de Relaciones Exteriores de Chile”, La Opinión, 18 de mayo de 1974, p. 6.

  21. Sobre el viaje de Vignes a Chile y la visita de Pinochet a la Argentina ver C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93, y los siguientes editoriales: “Vignes condecora hoy al canciller chileno”, La Opinión, 10 de abril de 1975, p. 8; “Vignes formalizó la invitación oficial. El general Pinochet aceptó viajar a Argentina en abril”, La Opinión, 11 de abril de 1975”, p. 1; y “Al cabo de siete horas de conferencia coincidieron en concretar proyectos de integración regional. Ratificación de derechos sobre la Antártida y principios para aumentar el intercambio”, La Opinión, 19 de abril de 1975, p. 8.

  22. C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93. Ver también denuncias de artículos correspondientes a los periódicos The Washington Post y The New York Times sobre la colaboración de López Rega y la Triple A con personas detenidas o desaparecidas en Chile en “Versiones norteamericanas vinculan a López Rega con una maniobra de cobertura del asesinato de chilenos” y “En Santiago, la publicación católica ‘Mensaje’ pide una investigación sobre el caso de 119 desaparecidos”, La Opinión, 9 de agosto de 1975, p. 8; y “Una documentada afirmación del semanario norteamericano ‘Time’. El terrorismo derechista de ambos lados de los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos”, La Opinión, 16 de agosto de 1975, p. 4. Sobre asesinato del general chileno Carlos Prats ver M. Seoane, op. cit., pp. 283-284.

  23. Ver editorial “El riesgo de confundir Tercera Posición con tercermundismo. Recientes votos en la ONU parecen revelar el abandono de principios diplomáticos tradicionales”, por Heriberto Kahn, La Opinión, 26 de noviembre de 1974, p. 13. También C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 93.

  24. El descontento militar con la política de Vignes respecto del canal de Beagle llevó a los sectores nacionalistas desarrollistas a publicar en la revista Estrategia, dirigida por el general (RE) Juan Enrique Guglialmelli, los “Documentos sobre el arbitraje en la cuestión del Beagle”. Véase Estrategia, Nº 34-35, mayo-junio / julio-agosto de 1975, pp. 41-53. Respecto de la presión del Congreso al Ejecutivo argentino en el diferendo con Chile, vale destacar que ya el 6 de julio de 1974 el diputado Rodolfo Ortega Peña había solicitado la suspensión del arbitraje puesto en marcha en 1971. Por su parte, el 1º de agosto de 1975, un grupo de diputados, encabezados por Rodolfo Domingo Parente, presentó un proyecto de declaración en el que se impugnaba al presidente de la Corte Arbitral por su origen inglés. Este proyecto coincidió en su espíritu con la iniciativa aprobada en Senadores el día anterior, presentada por el justicialista Humberto José Martiarena, según la cual el Ejecutivo debía suspender el arbitraje hasta que hubiera pronunciamiento del Congreso, ya que Gran Bretaña, al tener intereses en Malvinas, no podía ejercer desinteresadamente el rol de árbitro en el diferendo argentino-chileno por el Beagle. Otro elemento que generó reclamos en los legisladores argentinos fue la violación chilena del status de neutralidad del estrecho de Magallanes establecido por el tratado de 1881, cuando las autoridades de la armada trasandina decidieron restringir el cruce por el estrecho de barcos de más de 70 pies de calado. Esta restricción a la libre navegación motivó el pedido de informes del diputado Ernesto Manuel Campos al Poder Ejecutivo a fines de febrero de 1976. En esa misma fecha, los diputados Jorge Nelson Gualco y Ernesto Manuel Campos se dirigieron al Poder Ejecutivo, solicitando informes respecto de las razones que impulsaron al gobierno a aceptar que en la Corte Arbitral que debía decidir sobre la controversia con Chile no hubiera ningún juez de “habla española”, sólo uno de “Formación  Jurídica Continental” y cuatro de “Formación Jurídica Anglosajona”. En la interpretación de los legisladores argentinos, esta composición podía implicar el riesgo de que en la Corte Arbitral no se evaluaran debidamente los derechos heredados de la Corona española. Pedido de informes de los diputados Jorge Nelson Gualco y Ernesto Manuel Campos al Poder Ejecutivo, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo IX, op. cit., Reunión 57º, Febrero 25 / 26 de 1976, pp. 6188-6190 y 6248-6249; proyecto de ley impulsado por el Senado y Cámara de Diputados desechando el acuerdo de arbitraje (compromiso) de 1971 entre Argentina, Chile y Gran Bretaña, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo V, sesiones ordinarias (del 10 de septiembre al 26 de setiembre de 1975), Reunión 35º, Septiembre 22 de 1975, p. 3609; proyecto de resolución de los diputados Enrique Eguireun, Pedro Alfredo Puentes y otros, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo V, op. cit., Reunión 35º, Septiembre 22 de 1975, p. 3632; proyecto de resolución de los diputados Enrique Eguireun, José Carmelo Amerise y otros, y proyecto de ley del Senado y Cámara de Diputados, estos dos últimos en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1975, Tomo VI, op. cit., Reunión 41º, Septiembre 30 de 1975, pp. 4499-4500. Ver también los editoriales “Una comisión de Diputados debatió con Vignes. El Congreso presiona al Ejecutivo en relación al arbitraje sobre el Beagle”, La Opinión, 26 de junio de 1975, p. 8; y “El Congreso abrió, en los hechos, un compás de espera en el tema Beagle”, La Opinión, 2 de octubre de 1975, p. 10. Asimismo consultar los trabajos de Miguel Angel Scenna, Argentina-Chile: Una frontera caliente, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1981, pp. 222-227, y C.J. Moneta, “La política exterior del peronismo...”, op. cit., p. 95.

  25. Ver al respecto proyecto de comunicación de los senadores radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Francisco Eduardo Cerro, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1974, Tomo II, Sesiones ordinarias (del 10 de julio de 1974 al 4 de septiembre de 1974), Reunión 10º, Julio 11 de 1974, p. 910.

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