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Al evaluar la política exterior de este período, algunos autores, como el caso del propio ex canciller del gobierno de Cámpora, Juan Carlos Puig, si bien reconocen (aunque en forma limitada) cierta continuidad entre el “autonomismo heterodoxo” adoptado durante las gestiones de Cámpora, Lastiri y Perón y ciertos elementos de las gestiones militares de Levingston y Lanusse (como el restablecimiento de relaciones con China Popular, el acercamiento a los gobiernos izquierdistas de Chile y Perú y la voluntad de restablecer vínculos diplomáticos con Cuba), no escapan a la tentación de colocar en categorías contrapuestas la política exterior de estos regímenes militares y la de los gobiernos peronistas. No obstante, la política exterior adoptada a partir de mayo de 1973 no aparece como un  “corte” respecto de la implementada en los años de la llamada Revolución Argentina, sino más bien como la profundización de una tendencia iniciada ya durante los gobiernos militares. En todo caso, la ruptura más relevante fue el mismo cambio de régimen, o sea el pasaje de una dictadura militar a una democracia elegida por voto popular.
   
Por cierto, el cambio que se estaba operando en el contexto internacional entre fines de la década del ’60 y principios de la del ’70 -el paso de la Guerra Fría a la détente, de las “barreras ideológicas” a la distensión- incentivó la apertura tanto de los últimos gobiernos de la Revolución Argentina como de los de la nueva era peronista.
   
La necesidad de diferenciarse del régimen anterior llevó al gobierno de Cámpora a implementar una política interna y exterior “reactiva”, es decir, definida en frontal oposición a la experiencia previa a 1973, lo cual por otra parte sería una característica típica de los momentos de transición de un régimen militar a uno democrático. De esta manera, si la política económica de la Revolución Argentina era identificada como la política económica liberal de Krieger Vasena, la política económica del primer gobierno peronista de la década del ’70 debía ser anti-liberal e intervencionista; si la política de seguridad se había caracterizado por la adopción de medidas represivas para contener a los terroristas, la nueva política de seguridad debía amnistiar a los presos políticos; si la política exterior regional del régimen militar era identificada como de mansa sujeción al “subimperialismo” brasileño, entonces había que denunciar el Acuerdo de Nueva York; si la etapa militar se había caracterizado por ser “pro-norteamericana”, la iniciada en mayo de 1973 debía mostrar un perfil independiente y antiimperialista.
    No obstante esta necesidad ideológica y política del gobierno de Cámpora de diferenciarse del pasado inmediato, la sola presencia de una figura como la de Juan Carlos Puig al frente de la Cancillería debilita la idea de “ruptura” respecto de la etapa anterior, ya que precisamente durante los años de la Revolución Argentina, Puig fue asesor de política internacional y desempeñó un rol protagónico en agencias importantes del régimen militar como el Consejo de Seguridad Nacional (CONASE) y en la Secretaría de Recursos Hídricos. Lo propio ocurre con el general Jorge Raúl Carcagno, quien, siendo interventor en Córdoba tras el Cordobazo, se incorporó al peronismo y fue comandante en jefe del ejército durante los gobiernos de Cámpora y Lastiri.
    Cabe mencionar que durante la gestión provisional de Raúl Lastiri se dio un avance significativo de la corriente nacionalista ortodoxa vinculada al lopezrreguismo. Además de Lastiri, López Rega retuvo el Ministerio de Bienestar Social y Alberto Juan Vignes fue el canciller reemplazante de Puig. Este avance de los sectores derechistas se notó en el ámbito doméstico, donde tanto Perón como los grupos lopezrreguista y sindicalista ortodoxo estaban convencidos de la necesidad de adoptar una política de seguridad menos permisiva que la de Cámpora para combatir la guerrilla. En el caso de la política exterior, la injerencia de los sectores derechistas fue menos significativa, debido a que ese ámbito fue definido por el propio Perón. No obstante, se suavizó el tono antiimperialista de la política exterior, ajustándolo al pragmatismo del líder justicialista y a su proyecto de Tercera Posición. De este modo, a pesar de los reparos ideológicos de López Rega y del propio Vignes, la Argentina ingresó al Movimiento de No Alineados, y se ampliaron los convenios comerciales con los gobiernos socialistas de Cuba y los países del Este, pasos que eran acordes con los proyectos de Perón y del ministro de Economía Gelbard. 
    Por cierto, durante el gobierno de Perón quedó clara la coexistencia de dos proyectos de política interna y exterior esencialmente antagónicos. Uno, el del propio líder justicialista y de su ministro de Economía Gelbard, partidarios de un modelo de desarrollo basado en el “pacto social” entre estado, empresarios y sindicatos, en las exportaciones industriales y en la diversificación de mercados -en este sentido la “apertura hacia el Este” impulsada por Gelbard guardaba perfecta sintonía con la Tercera Posición de Perón-. Para hacer realidad dicho proyecto de apertura, el ministro Gelbard tuvo un aliado importante en la Cancillería: el frondizista Leopoldo Tettamanti, primero como subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y luego como secretario de Estado de Relaciones Económicas Internacionales. El otro proyecto, claramente opuesto al de Gelbard, fue el del grupo encabezado por el ministro de Bienestar Social López Rega, cuyo perfil fue más cercano al “nacionalismo ortodoxo” con connotaciones derechistas y fascistas. En el frente interno, López Rega contó con dos aliados importantes: la dirigencia sindical -que detestaba a Gelbard tanto por su origen extrapartidario como por su condición judía- y los oficiales de policía retirados del servicio, con los que conformó la fuerza parapolicial Triple A. En la Cancillería, el ministro de Bienestar Social contó con la presencia de Vignes. Mientras López Rega impulsó las polémicas negociaciones con la Libia de Khadaffi, Vignes procuró -por razones tanto ideológicas como de competencia personal- frustrar la “apertura hacia el Este” impulsada por Gelbard y Tettamanti. Sin embargo, el interés personal de Perón en la última estrategia permitió la concreción de los convenios, aunque luego de su muerte la implementación de los mismos no se promoviera. La desaparición física del líder justicialista abrió el camino para que el grupo liderado por López Rega tomara de hecho el poder presidencial, dado la influencia que el ministro de Bienestar Social y secretario privado ejercía sobre la vicepresidente Isabel Perón. El proyecto de López Rega resultó en la práctica una extraña combinación de nacionalismo de ultraderecha con dosis de liberalismo ortodoxo en la política interna y perfil tercermundista pro-árabe (o antisemita) en la política exterior.
   
El primer elemento, el nacionalismo de ultraderecha con tintes fascistas, se hizo evidente tanto en la política universitaria y cultural como en la política antiterrorista del gobierno. López Rega logró desplazar a Gelbard del ministerio de Economía y colocar primero, a un liberal gradualista o moderado, Alfredo Gómez Morales, y luego, a un hombre de su entera confianza, Celestino Rodrigo, un liberal partidario de las recetas de ajuste ortodoxo. Pero esta experiencia de liberalismo ortodoxo quebró la inicial alianza orquestada entre lopezrreguistas y sindicalistas ortodoxos, generada por la aversión de ambos grupos a los sectores izquierdistas y a la presencia de judíos como Gelbard en el gabinete. El ajuste que intentaron Gómez Morales primero y especialmente Rodrigo después sucumbió por la fuerte oposición sindical a una política económica de este tipo. 
    En cuanto a la política exterior, cabe mencionar el impacto negativo de la inestabilidad interna en la viabilidad de la primera. Así, la crisis política, social, económica e institucional interna, cuya expresión más grave fue la coexistencia del terrorismo de izquierda con el de derecha, afectó profundamente la imagen del país en el exterior. Sobre todo durante la gestión de Isabel Perón, la Cancillería dejó de ser un ámbito donde se promovieran estrategias de inserción internacional para convertirse en arena de disputa entre “lopezrreguistas” y “antilopezrreguistas”. Además, el vacío de poder de poder que se produjo permitió que todas las iniciativas en materia de política exterior fueran criticadas vehementemente por un nacionalismo que prácticamente se había hecho hegemónico en todas las fuerzas políticas y que exigía actitudes muy duras hacia Brasil, Chile, Gran Bretaña y  Estados Unidos. La debilidad del gobierno, la crisis económica, los ataques de la guerrilla, la represión de los grupos parapoliciales y las exigencias de actitudes duras por parte de los nacionalistas en cuestiones de política exterior llevaron en definitiva al país a una situación límite.
   
De esta manera, la credibilidad internacional del país se vio profundamente afectada. Basta observar los titulares de los medios de prensa extranjeros del período para comprobar cómo los problemas internos (terrorismo, inestabilidad económica, crisis universitaria, quiebra del “pacto social”, ruptura del diálogo con la UCR, crisis militar) ocuparon la primera plana de los mismos, proyectando una imagen negativa para el país en el exterior. A pesar de que el pragmatismo del proyecto de Perón y Gelbard contó con buena prensa, la persistencia del terrorismo e incluso su agudización tras la muerte del líder justicialista fue un factor que espantó las inversiones, trabó préstamos del FMI  y atentó contra la regularidad de las operaciones comerciales argentinas.  
    Como consecuencia, se generó un “voluntarismo político” a modo de falsa opción para construir una “imagen de credibilidad externa” inexistente. En particular, la forma en que el gobierno de Isabel planteó las relaciones con Estados Unidos revela la creencia -por otra parte no nueva en la política exterior argentina- en que la imagen externa del país puede mejorarse (ganar credibilidad) a corto plazo por obra y gracia de la voluntad política. Esta tradicional actitud voluntarista en la política exterior argentina tiene su raíz en dos supuestos erróneos: a) que la Argentina tiene -o puede cumplir- un papel relevante a nivel regional o global (caso de la retórica de la “Argentina Potencia” utilizada por el gobierno de Isabel), y b) que Estados Unidos es un actor racional y unificado.
   
Respecto del primer supuesto, las continuas suspensiones de posibles visitas de Kissinger a distintos países de la región (anunciadas por los cancilleres argentinos y nunca concretadas) mostraban claramente la baja prioridad de la Argentina en la política exterior norteamericana y la ingenuidad de un país irrelevante para Washington (como el caso de la Argentina) de reclamar para sí un papel de “vocero regional”.
    En cuanto al segundo supuesto, la existencia de intereses diferenciados entre los empresarios y sindicatos norteamericanos del sector automotriz, y los funcionarios del Departamento de Estado y del Ejecutivo en el tema de la venta de autos a Cuba demuestran que Estados Unidos no actúa en política exterior como si fuese un actor racional y unificado. Lejos de las visiones conspirativas de la izquierda latinoamericana que perciben como un todo coherente al “imperialismo yanqui”, cabe reconocer, detrás de la aparente unidad Estados Unidos un conglomerado heterogéneo y complejo de actores de diversa índole, provenientes tanto del ámbito estatal como no estatal, con intereses convergentes a veces, divergentes la mayoría de las veces. Pero, a su vez, los intereses de actores privados y/o estatales norteamericanos se entrelazan de forma compleja con los de actores privados y/o estatales argentinos. En consecuencia, una decisión como la venta de autos de las filiales argentinas de Chrysler, Ford y General Motors al mercado cubano, impulsada por el gobierno argentino y contraria a la política de bloqueo impulsada por el Departamento de Estado y el Ejecutivo norteamericano, pudo perfectamente contar con el respaldo del sector automotriz norteamericano, el cual ejerció presión sobre el gobierno de su país para que autorizara la venta de autos a La Habana. Paradójicamente, el permiso otorgado por la administración Nixon para que esa venta se concretara no fue producto ni de la capacidad de presión del gobierno argentino y ni de la buena voluntad del norteamericano. Estuvo vinculado con la capacidad de presión de los empresarios y sindicatos de Detroit, cuyos intereses resultaron convergentes con los del empresariado argentino y los del ministro de Economía José Ber Gelbard, red de intereses privados y públicos que permitió concretar la venta de autos a Cuba.
   
Por otra parte, toda política interna y exterior confiable debe asentarse en un mínimo consenso interno, para lograr tanto una eficaz administración como una buena imagen en el exterior. De los cuatro gobiernos peronistas de la década del ’70, sólo el del general Juan Perón contó con el suficiente consenso interno y con una inicial credibilidad externa. Pero incluso estas ventajas no fueron suficientes para plasmar el proyecto Perón-Gelbard. Los códigos pragmáticos inherentes a dicho proyecto no congeniaron con los del resto de las facciones del peronismo, basados en criterios ideológicamente fundamentalistas. Finalmente, la violencia de matriz facciosa que se desarrolló en el seno del movimiento justicialista terminó por destruir un diseño que no tuvo chances de madurar en la convulsionada Argentina de los años ’70.

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