Capítulo 68: El régimen militar (1976-1983)
Introducción
Tras
el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno de María Estela Martínez
de Perón (Isabel Perón), fue instaurado un régimen militar que sería
conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Una Junta Militar compuesta
por los comandantes de las tres armas -general Jorge Rafael Videla, almirante
Emilio Eduardo Massera y brigadier Orlando Ramón Agosti-, la cual debía
nombrar al presidente, se hizo cargo del poder. Mediante el dictado de una serie
de Actas Institucionales -el Acta para el proceso de reorganización nacional
del 24 de marzo; el Acta estableciendo el propósito y los objetivos básicos
para dicho proceso, de la misma fecha; el Estatuto para el mismo proceso del 31
de marzo; y la ley 21256, que aprobaba el Reglamento para el funcionamiento de
la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento
Legislativo (CAL), del 26 de marzo de 1976-, dicha Junta estableció una
seudo-legalidad. La Constitución Nacional quedaba subordinada a los objetivos y
fines del Proceso revolucionario. El presidente debía elegirse entre oficiales
superiores de las fuerzas armadas y tendría atribuciones ejecutivas,
legislativas y de nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales. Dicho
cargo recayó en uno de los miembros de la Junta Militar, el general Videla,
quien hasta agosto de 1978 fue simultáneamente comandante en jefe del Ejército.
(1)
Las
Actas Institucionales disponían la participación de las tres armas, por partes
iguales en el manejo del estado. De este modo, las distintas áreas del gobierno
nacional y los gobiernos provinciales fueron repartidos equitativamente. De
acuerdo con este sistema, cada arma tendría 33% del poder, no sólo en el poder
Ejecutivo -la Junta Militar, integrada por los comandantes en jefe de las tres
armas-, sino también en el Legislativo -la Comisión de Asesoramiento
Legislativo (la CAL, órgano integrado por oficiales en actividad cuya función
era la de estudiar la creación de nuevas leyes)-. Asimismo, cada ministerio
estuvo a cargo de un arma y cada funcionario designó a sus colaboradores de
acuerdo con el estricto sistema castrense de lealtades personales. Pero también
cada ministerio a cargo de un arma tuvo delegados militares observadores de las
otras dos armas, y de las tres en el caso de ministerios a cargo de civiles
(como, por ejemplo, el de Economía). Este sistema particular de controles
mutuos, teóricamente tuvo por objetivo evitar la excesiva concentración de
poder en una determinada arma y garantizar la incorruptibilidad del sistema. (2)
En la práctica, sin embargo, terminó generando una estructura decisoria de
alto nivel de conflictividad, donde se exacerbaron las rivalidades entre las
tres armas, las internas dentro de cada arma y las luchas personales por
controlar mayores espacios de poder. (3)
Además
de reunir la mayor cantidad de recursos para reprimir la guerrilla subversiva,
las fuerzas armadas se propusieron un ambicioso plan de gobierno: reorganizar la
nación, renovar sus estructuras económicas, reformar las instituciones políticas
y dar nuevos contenidos a los valores establecidos en el preámbulo
constitucional. Entre los objetivos básicos se mencionaban la soberanía política,
la moral cristiana, la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la
seguridad nacional, la erradicación de la subversión y de sus causas, y la
inserción internacional del país en el “mundo occidental y cristiano”. (4)
En opinión del sociólogo Torcuato Di Tella, el proceso iniciado en 1976
constituyó una “intervención transformativa”, que tuvo la intención de
“construir” una “nueva Argentina” a través de la modernización de la
economía, el disciplinamiento de los sindicatos y la liquidación de la
subversión izquierdista. Asimismo, Marcelo Cavarozzi caracteriza este régimen
como “autoritario refundacional”, por su propósito de transformar al
conjunto de la sociedad argentina e imponer un orden económico y social
ortodoxo que eliminara todo vestigio de las políticas populistas de peronismo.
(5)
Por
otra parte, el contexto regional e interno de la segunda mitad de los años
’70, caracterizado por la presencia de la actividad guerrillera, llevó a los
militares argentinos a adoptar la “doctrina de contrainsurgencia”, el eje más
conservador de la Alianza para el Progreso. Esto significaba que la Doctrina de
la Seguridad Nacional y el Desarrollo pasaría a ser la Doctrina de la Seguridad
Nacional a secas. El objetivo hobbesiano de “extirpar” el “cáncer”
de la subversión izquierdista y lograr el “orden” a cualquier precio pasó
a ser la prioridad del régimen surgido del golpe de 1976. Así, en el Acta que
fija el propósito y los objetivos básicos del Proceso y en el Acta para el
Proceso, el término ”desarrollo nacional” aparece tan sólo mencionado un
par de veces y totalmente mediatizado por las frecuentes referencias a objetivos
vinculados a la seguridad, como la necesidad de erradicar la subversión y sus
causas y la de suspender las actividades políticas, parlamentarias y gremiales.
(6)
A
pesar de sus esfuerzos por demostrar una imagen monolítica ante la opinión pública,
el nuevo régimen militar evidenció serias fracturas internas, lo cual
contradice la imagen corriente del Proceso como una dictadura militar clásica,
al estilo de la castrista en Cuba o la pinochetista en Chile. En el ámbito
militar se distingue la presencia de dos grupos o facciones dentro de cada una
de las Fuerzas Armadas: los llamados “blandos” o “palomas” y los
“duros” o “halcones”. En el Ejército, el grupo o facción de las
“palomas” estuvo representado por el primer presidente del régimen, el
general Videla; el jefe de Estado Mayor, general Roberto Eduardo Viola; y un
grupo de generales jóvenes del Ejército, en su mayor parte pertenecientes a la
promoción Nº 76, que mantenía estrechos vínculos con Videla y con Viola
desde mediados de la década de 1970. (7) Respecto de la política interna, las
“palomas”, aunque respaldaron los métodos represivos adoptados para
aplastar la guerrilla izquierdista, evidenciaron cierta identificación con
algunas ideas provenientes del pensamiento liberal. (8) Ejemplo de esto fue el
respaldo del presidente Videla a las recetas de ajuste liberal ortodoxo
promovidas por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, o el de
su sucesor Viola a las recetas “gradualistas” del liberal Lorenzo Sigaut. En
política exterior, las “palomas” tuvieron una marcada inclinación por la búsqueda
de soluciones negociadas a los conflictos pendientes con los países limítrofes.
En este sentido, puede mencionarse el respaldo a la mediación papal como vía
de solución al diferendo argentino-chileno sobre el canal de Beagle, y la búsqueda
de negociaciones para resolver las disputas pendientes en materia hidroeléctrica
con Brasil y Paraguay, que culminó en la firma del Acuerdo Tripartito de 1979.
En
cambio, el grupo de los “duros” o “halcones” del Ejército,
mayoritariamente representado por los generales de división y comandantes de
Cuerpo, como los generales Carlos Guillermo Suárez Mason (I Cuerpo) y Luciano
Benjamín Menéndez (III Cuerpo), tuvo, en política interna, una marcada
inclinación por las ideas más ortodoxas del nacionalismo y atacó el sesgo
liberal de las “palomas”, prefiriendo un Estado más autoritario e
intervencionista. Una manifestación de esta postura fue, por ejemplo, el
rechazo de los “halcones” a la política económica de Martínez de Hoz.
Asimismo, en el terreno de la política exterior, estos sectores crudamente
nacionalistas fueron partidarios de la continuación de hipótesis de conflicto
con los países vecinos, repudiando los esfuerzos negociadores. Clara evidencia
fue la gestación del “Operativo Soberanía” a fines de 1978, que, impulsado
por los “halcones”, estuvo a punto de involucrar a la Argentina en una
guerra con Chile.
Dentro
de la Armada la mayor parte de sus integrantes se encolumnó tras la figura de
su comandante en jefe,
almirante Emilio Eduardo Massera. Enfrentados con las duplas de poder
conformadas por el presidente Videla y su ministro Martínez de Hoz, y por
Videla y el jefe de Estado Mayor Viola, los masseristas procuraron ganar
espacios de poder apelando a alianzas ideológicamente contradictorias. Por un
lado, se acercaron a los “halcones” del Ejército. Para ello, Massera y sus
seguidores no dudaron en explotar cada posible veta de oposición a Videla,
Viola y Martínez de Hoz. De este modo, adoptaron un discurso duramente crítico
de los intentos de apertura política de Videla y Viola y de la política económica
de Martínez de Hoz, y fuertemente nacionalista en cuestiones territoriales de
la agenda externa, como Beagle y Malvinas. La retórica masserista fue, por
cierto, muy agradable a los oídos de los “halcones” del Ejército y de la
Marina. (9)
Pero,
al mismo tiempo, Massera y los suyos intentaron su propia “apertura política”
alternativa. Entraron en contactos y negociaciones con los mismos sectores
“populistas” que generaban rechazo en los sectores “duros” del Ejército
y la Marina: esto es, con dirigentes sindicales, e incluso con figuras de franca
tendencia izquierdista, como el jefe de los Montoneros, Mario Firmenich. Esta
paradoja se explica por el hecho de que Massera no estaba atado a ortodoxias
ideológicas, sino al deseo de llegar a la presidencia y ser “un nuevo Perón”
que encabezara un frente amplio de connotación anti-liberal. Para ello, no dudó
en captar tanto a los sectores militares más rígidamente nacionalistas (que a
la vez eran visceralmente anti-peronistas) como a los sectores populares
identificados precisamente con ese pasado populista-peronista. (10)
Cabe
señalar, sin embargo, que un sector minoritario de la Armada criticó la
politización del arma orquestada por Massera, sosteniendo la necesidad de
volver a la histórica posición “profesionalista” y apolítica. Según este
sector, Massera no seguía los intereses de la Armada sino los suyos propios. Un
referente de este grupo fue el sucesor de Massera en la comandancia en jefe de
la Armada, el almirante Armando Lambruschini, quien intentó, no con demasiado
éxito, despolitizar o “desmasserizar” el arma. (11)
Por
último, los oficiales de la Fuerza Aérea jugaron un papel de “tercera
fuerza”, destinada a destrabar las numerosas impasses producidas en las
internas desatadas entre “duros” y “blandos” del Ejército y la Marina.
Por
otro lado, la división de la interna militar en sectores “duros” y
“blandos” mencionada no debe hacernos perder de vista otro importante eje de
debate. En todo caso, la pugna entre “duros” y “blandos” constituyó la
extensión, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de un debate muy anterior al
golpe de 1976 entre las distintas variantes de las corrientes liberal y
nacionalista, que, por cierto, siempre contó con interlocutores tanto civiles
como militares. No obstante esta continuidad básica, cabe notar que, a
diferencia de las etapas anteriores, en el ciclo 1976-1983 la variante
“desarrollista” del nacionalismo -la que ponía el acento en la falta de
desarrollo económico como principal causa de la subversión- perdió peso
respecto de las opciones más extremas u “ortodoxas” del nacionalismo y del
liberalismo.
El
liberalismo “ortodoxo”, planteó que la mejor forma de lograr el retorno al
“orden” era la aplicación, en forma drástica, de medidas de ajuste
anti-inflacionario, apertura económica y privatización. A su vez, el
nacionalismo “ortodoxo” apuntó a suplantar un sistema liberal de partidos
percibido como deficiente por un estado fuerte, de sesgo fascistoide, donde la
represión lisa y llana de los grupos subversivos, los sindicatos y, en fin, el
conjunto de la sociedad pasó a ser un fin en sí misma, más que el medio para
recuperar el “orden” y la estabilidad perdidos. La enorme desconfianza de
los nacionalistas “ortodoxos” por los partidos políticos y los sindicatos
-percibidos como referentes de la “pesadilla populista” de los años
1973-1976- los llevó a concebir un Proceso militar que no tenía plazos para el
retorno a la democracia.
En
la práctica, el Proceso militar fue producto de una extraña convivencia entre
liberales y nacionalistas ortodoxos. En un punto, y tal como ocurriera en el
caso del modelo económico aplicado por el general Augusto Pinochet en Chile
desde septiembre de 1973, la indiscriminada represión resultaba funcional a la
necesidad del modelo liberal ortodoxo de “disciplinar” a los agentes económicos,
particularmente a aquéllos beneficiados con el modelo “populista” del
peronismo - como sindicatos o pequeños y medianos empresarios-. Pero en otro
punto, la receta liberal ortodoxa entró en franca colisión con el nacionalismo
“ortodoxo”. Así, objetivos tales como el crecimiento del gasto en
armamentos para sostener hipótesis de conflicto con los países vecinos y la
onerosa apuesta al “Plan Nuclear” argentino fueron pasos acordes con los
intereses de los nacionalistas “ortodoxos”, que chocaron con los principios
de la ortodoxia liberal de bajar el gasto público -incluyendo el militar- y
privilegiar los mecanismos de cooperación e integración económica por sobre
las hipótesis de conflicto. En realidad, esta extraña convivencia entre las
ortodoxias liberal y nacionalista -en tanto la primera maximizaba la soberanía
económica del mercado y la segunda la del Estado- ya había comenzado a
anunciarse durante la gestión de Isabel Perón, pero constituyó un rasgo
definitorio en los gobiernos del Proceso militar abierto en marzo de 1976. (12)
En términos
estrictamente políticos, existió dentro del régimen militar una corriente
“liberal”, partidaria, en política interna, de una “gradual” u
“ordenada” transición hacia una democracia. Dicha corriente se opuso a
eternizar el Proceso militar como pretendían los nacionalistas “ortodoxos”.
Esta corriente “liberal” -dentro de las lógicas limitaciones de aplicación
que tiene este término en el caso de un régimen autoritario- ideó un proceso
político dividido en dos etapas. La primera, de necesaria represión de la
guerrilla, y la segunda, donde una vez lograda la eliminación del fenómeno
subversivo, se concretaría la transición del régimen militar hacia una
democracia “ordenada”, cuyos protagonistas serían un partido “oficial”,
surgido del propio Proceso militar, y los partidos políticos tradicionales. En
realidad, como sostiene María de los Angeles Yanuzzi, tanto el discurso
aperturista de Videla como el de Viola se referían a “partidos” pero más
en el sentido de “movimientos de opinión” que de partidos políticos
propiamente dichos, en tanto su forma organizativa era menos estructurada que la
de los últimos. (13) Podemos mencionar como integrantes militares de esta
corriente “liberal” con reservas al propio presidente y comandante en jefe
del Ejército, general Jorge Rafael Videla; al jefe del Estado Mayor de dicha
arma y más tarde comandante en jefe, general Roberto Eduardo Viola; al ministro
de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, y al secretario general de la
Presidencia, general José Rogelio Villarreal.
No
obstante, esta corriente liberal, a pesar de la común convicción de sus
integrantes de que el Proceso no debía ser indefinido, distó mucho de ser
homogénea, ya que no hubo acuerdo respecto de quiénes serían los
protagonistas de la futura democracia “ordenada”. Podemos distinguir, en
este sentido, dos proyectos distintos de apertura política: el proyecto
Videla-Villarreal-Yofre, y el proyecto Viola.
El
proyecto del presidente Videla, con el respaldo de Villarreal y de su segundo,
el subsecretario y abogado radical Ricardo Yofre, buscó la transición hacia la
democracia sobre la base de los partidos políticos ya existentes, en
particular, del radicalismo, dada la particular desconfianza de Videla por el
sesgo “populista” del peronismo. Villarreal impulsó junto con Yofre el diálogo
entre el presidente Videla y los partidos políticos, a fin de otorgar al primer
mandatario una imagen de “hombre moderado” del Proceso tanto dentro como
fuera de la Argentina, que lo diferenciara de los sectores “duros” del régimen,
opuestos a la apertura política. (14)
Por
cierto, un rasgo importante del proyecto “liberal” impulsado por Villarreal
y Yofre fue la designación de embajadores provenientes de partidos políticos
tradicionales, idea que Videla aceptó pues ayudaba a contrarrestar las
denuncias sobre derechos humanos y revertir la negativa imagen argentina en el
exterior. De este modo, el gobierno de Videla incorporó como embajadores a políticos
a los radicales Héctor Hidalgo Solá -titular de la legación argentina en
Venezuela-; Rubén Blanco -embajador en el Vaticano- y Tomás de Anchorena
-embajador en Francia-; al demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda
-embajador en Italia-; al desarrollista Oscar Camilión -embajador en Brasil-;
al demócrata mendocino Francisco Moyano -quien se desempeñó como embajador en
Colombia y asesor presidencial de Videla-; y al socialista Américo Ghioldi
-embajador en Portugal-. (15)
Contrariando
el deseo de los sectores más “ortodoxos” del régimen de prorrogar
indefinidamente la etapa de tutela militar previa al inicio del diálogo con los
partidos políticos y otros sectores de la sociedad civil, el presidente Videla
anunció el comienzo de esta etapa “dialoguista” en marzo de 1977, luego de
su viaje a Perú, señalando que “la época del silencio ha terminado” y que
era “necesario dar contenido político al Proceso”. Pero,
probablemente procurando evitar repercusiones negativas en la interna militar,
el presidente no hizo ninguna referencia a plazos concretos, limitándose a
hablar de objetivos a cumplir. (16)
Con
serias objeciones de parte de los “ortodoxos” del régimen militar, la mención
de Videla del “diálogo político” reapareció en distintos momentos de su
gobierno. Así, en diciembre de 1979, la Junta Militar dio a conocer públicamente
las llamadas “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de
Reorganización Nacional”, que señalaban el segundo semestre de 1980 como
fecha para dar a conocer las normas legales sobre el régimen de los partidos
políticos y la normalización institucional. Quedaban excluidas del juego político
ideologías totalitarias que tuvieran el “inaceptable” propósito de
“fomentar la lucha de clases”. (17)
El segundo momento fue el 6 de marzo de 1980, cuando el presidente Videla
transmitió un mensaje por cadena oficial de radio y televisión, en el que señaló
oficialmente el inicio del llamado “diálogo político”. (18)
Pero
a pesar del discurso de Videla, el
“diálogo político” tardó en concretarse, debido a la poderosa
resistencia que el retorno de los partidos políticos provocaba en buena parte
de las Fuerzas Armadas, en virtud de la negativa experiencia de los años 1973 a
1976. Maniatados por sus dudas y recelos respecto del desempeño de la
dirigencia política, los militares aplazaron el “diálogo político” hasta
que, por efecto de la crisis generada por la derrota en la guerra de las
Malvinas, ya no tuvieron ningún espacio para condicionar la transición a la
democracia y debieron aceptar las exigencias de esa misma clase política.
A
diferencia del proyecto impulsado por los “videlistas”, que tenía una
impronta predominantemente radical y totalmente despojada de rasgos populistas,
el llamado Movimiento de Opinión Nacional (MON), patrocinado por los sectores
“violistas”, pretendió ser un partido integrado por numerosas fuerzas políticas
donde no estaban excluidos los representantes del peronismo y otros equivalentes
“populistas”. Estaba compuesto por alianzas de partidos provinciales bajo la
jefatura explícita o implícita de la diputada jujeña María Cristina Guzmán,
representantes del sindicalismo y probables desprendimientos del radicalismo y
del peronismo. Por cierto, los contactos que mantuvo el entonces jefe del Estado
Mayor del Ejército general Viola con el sindicalismo le valieron tanto la
oposición de Massera -que precisamente rivalizó con Viola en la captación de
la dirigencia sindical-, como la de los sectores “duros” del Ejército y la
Marina, que rechazaban por convicción ideológica lo que consideraban una
inclinación “populista” o “peronizante” de Viola. Así, en una reunión
de generales de división que tuvo lugar a mediados de 1977, los “duros”
Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros, Carlos Guillermo Suárez
Mason y Ramón Genaro Díaz Bessone se opusieron al MON “porque no queremos
que de sus entrañas nazca un nuevo Perón”. (19)
Así
como Videla y Viola, a pesar de su común pertenencia a la corriente que podemos
definir como “liberal” con ciertas reservas, no tuvieron pensamientos
coincidentes en materia de apertura política, también presentaron divergencias
en lo que a política económica se refiere. Mientras Videla representó la
variante ortodoxa del liberalismo, Viola, opuesto a la política de Martínez de
Hoz, fue un firme defensor de la variante heterodoxa o gradualista. Así, la
opción de ajuste drástico y ortodoxo, encarnada en la política del ministro
de Economía Martínez de Hoz, predominó durante la presidencia de Videla,
entre marzo de 1976 y marzo de 1981. La del ajuste gradual, en cambio, fue
defendida por Viola, quien temió que las medidas de ajuste de Martínez de Hoz
provocaran un nuevo Cordobazo como el que había sufrido el liberal Adalbert
Krieger Vasena durante su gestión como ministro de Onganía. Este temor explica
la elección de un liberal “gradualista” como el economista Lorenzo Sigaut
durante la presidencia de Viola, entre marzo y diciembre de 1981.
En
cuanto a la política exterior, Videla y Martínez de Hoz consideraron
prioritaria la necesidad de atraer capitales y créditos para la economía
argentina. En la práctica, el titular de Economía invadió ámbitos privativos
de otros ministerios, como el de Relaciones Exteriores. Así, actuó como un
“superministro” y utilizó sus buenos contactos con empresarios y entidades
financieras en el exterior para revertir la imagen negativa de la Argentina en
materia de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el enorme poder que
Videla le otorgó a Martínez de Hoz quedó también evidenciado en el hecho de
que la mayor parte de los embajadores correspondientes a países del Primer
Mundo -fuente de los créditos internacionales- dependieron del titular de la
cartera económica. (20)
En
el caso de la corriente nacionalista, la vertiente “ortodoxa” estuvo
representada por figuras tales como el gobernador de Buenos Aires, Ibérico
Saint Jean; el jefe de la policía provincial, coronel Ramón J. Camps; los
comandantes de Cuerpo, generales Carlos Guillermo Suárez Mason (I Cuerpo,
Buenos Aires), Luciano Benjamín Menéndez (III Cuerpo, Córdoba) y René
Osvaldo Azpitarte (V Cuerpo, Bahía Blanca). Fueron éstos los sectores
“duros” o “halcones” del ámbito militar, que se inclinaron por un
esquema gubernamental dictatorial de corte rígidamente anticomunista y
antisemita, donde fuera desterrada toda participación política o sindical como
vestigio del pasado “populista” e “izquierdista” que había que arrancar
de cuajo en la sociedad argentina. En este sentido, el general Saint Jean definió
claramente el método y objetivos de la “guerra contra la subversión” desde
la perspectiva de los “nacionalistas ortodoxos”: “primero mataremos a
todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después (...) a sus
simpatizantes, en seguida (...) a aquellos que permanecen indiferentes, y
finalmente mataremos a los tímidos (...)”. (21)
Acorde
con la ortodoxia de su pensamiento, Saint Jean presentó en octubre de 1976 su
plan político, que llevó el nombre de “Un nuevo ciclo histórico argentino:
del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República. Lineamientos
para una estrategia nacional”. El plan del entonces gobernador de Buenos Aires
planteaba la
“limpieza” del cauce institucional y la emergencia de una “Tercera República”
constituida por “una nueva clase dirigente” y donde “los partidos perderán
el monopolio de la representación en la sociedad y de la conducción del
Estado”. Los partidos políticos y el Parlamento eran reemplazados en este
proyecto por el llamado Consejo de la República, un “verdadero espejo de
pluralidad social”, que funcionaría “por vía de la multiplicación de
comisiones”, y en donde las Fuerzas Armadas ejercerían el rol de
“custodios” de la seguridad, disponiendo además de poder de veto. (22)
A
su vez, el comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez,
expuso claramente el anticomunismo militante de los sectores “ortodoxos” del
régimen. En su discurso del 1º de noviembre de 1977 en la Tercera Reunión
Regional de Gobernadores llevada a cabo en San Juan, Menéndez sostuvo que
(...)
El objetivo político de las Fuerzas Armadas en esta tercera guerra mundial,
apartada de la tremendez material de los dos conflictos mundiales anteriores,
pero en la que se utilizan procedimientos más sutiles y totales, es aniquilar
el marxismo en nuestro país y cerrarle toda posibilidad de surgimiento futuro
(...), condición básica sobre la que se edificará el futuro de paz y grandeza
que merece nuestra Argentina. (23)
Asimismo, el general Leopoldo Fortunato Galtieri - reemplazante de Viola en la comandancia general del Ejército primero, y en la presidencia después- exigía en febrero de 1980 un “recambio mental” en los partidos políticos y especialmente en el peronismo, como paso previo a cualquier apertura política. (24) En marzo de ese año, Galtieri, entonces comandante en jefe del Ejército, se opuso abiertamente al inicio del diálogo con los partidos políticos como punto de partida para una gradual apertura del régimen. Frente a los anuncios que en este sentido había hecho el presidente Videla, Galtieri sostuvo que “las urnas están guardadas y bien guardadas”. (25) Galtieri volvió a insistir en su posición el 29 de mayo de 1981, en ocasión del día del Ejército, cuando envió a sus colegas del Colegio Militar un mensaje que se oponía claramente al sesgo aperturista iniciado por Viola:
(...)
Ultimamente han arreciado voces que demandan de las Fuerzas Armadas acelerar la
transferencia del poder. No es voluntad de los hombres de armas prolongar de
manera indefinida su paso por el Gobierno Nacional, pero sólo cuando estén
dadas las condiciones, sólo entonces, se materializará dicha entrega, para que
la misma sea exitosa y no implique el riesgo de un retorno al caos, previamente
el país deberá desarrollar una labor de refundación política (...)
Entiéndase esto: cuando el Proceso, cumpliendo sus objetivos, sea coronado por
el éxito (...) habrá llegado el momento de poner en ejecución la democracia
deseada, en forma gradual, o sea paso a paso, para evitar que un desliz nos
precipite al abismo (...). (26)
Otra
figura renuente a la apertura del “diálogo político” fue el reemplazante
de Massera en la comandancia de la Armada, el almirante Armando Lambruschini. A
pesar de que Lambruschini nunca compartió la “politización” que su
antecesor le imprimió al arma, paradójicamente tuvo en común con Massera la
oposición a los contactos de Viola con los dirigentes sindicales peronistas,
aunque por distintas razones. Mientras Massera se opuso a Viola porque era la
gran figura política del Ejército y, por ende, un obstáculo importante para
su aspiración a la presidencia, Lambruschini lo hizo por el natural prurito que
sentía por un general que se contactaba con elementos “populistas”. (27) Así,
en declaraciones de principios de marzo de 1980, Lambruschini sostuvo que:
“(...) El Proceso procederá con particular reflexión, no urgido por las
circunstancias (...) como no podemos ni queremos colocar parches que serían de
duración efímera, la presencia del Proceso no será corta”. (28)
Por
último, en esta nómina de representantes del nacionalismo “ortodoxo” ocupa
un lugar especial el ministro del Interior del gobierno de Videla, general
Albano Eduardo Harguindeguy. Para desazón de Videla, Harguindeguy no compartió
el interés presidencial en un proceso de apertura política basado en los
partidos políticos tradicionales aunque “renovados” en ideas y hombres, a
fin de acelerar la transición hacia una “democracia ordenada”. Ante las
referencias de Videla al fin del tiempo de silencio y el inicio del diálogo político,
Harguindeguy intentó desalentar el efecto que el mensaje presidencial produjo
en la dirigencia política, advirtiendo que dicho fin no significa “bajo ningún
concepto la apertura de un diálogo con las agrupaciones políticas”; que
“el país deberá olvidarse por mucho tiempo de los partidos políticos” y
que “este no es tiempo de partidos políticos”. En noviembre de 1977, el
titular de Interior mencionó algunas fechas tentativas para poner en marcha el
“diálogo” anunciado por el presidente Videla. Sin embargo, lo hizo de
manera ambigua, dejando traslucir el condicionamiento de las mismas al logro de
objetivos tales como la eliminación de la subversión y un cambio en la cultura
política argentina que impidiera el retorno de los viejos vicios populistas.
Para abril de 1978, nuevamente Harguindeguy dejó traslucir su rechazo a los
partidos políticos tradicionales sosteniendo que “no tienen cabida en la
Argentina del futuro”. (29)
El
ministro Harguindeguy fue reacio a la participación de los partidos políticos,
fueran éstos “reformados” o no, lo cual lo acercó más a la visión
corporativa de los “nacionalistas ortodoxos” que a la
“liberal-partidista” del presidente Videla. Si bien el titular de Interior
coincidió con el primer mandatario en el absoluto respaldo al plan económico
de Martínez de Hoz, tuvo sus diferencias con Videla respecto del papel de los
partidos políticos en la futura democracia. En otras palabras, Harguindeguy fue
un “liberal” ortodoxo en cuanto a filosofía económica, pero compartió a
la vez la desconfianza de los nacionalistas “ortodoxos” respecto de la
dirigencia política tradicional. Sin embargo, en un contexto donde tanto para
el gobierno como para amplios sectores de la sociedad civil la continuidad del
plan de estabilidad económica justificaba la presencia de un Estado represor,
la peculiar posición ideológica de Harguindeguy no resultó tan paradójica.
(30) Por cierto, la falta de vocación aperturista demostrada por el ministro
Harguindeguy enfureció a los dirigentes políticos como el radical Ricardo Balbín,
entusiasmados con las permanentes referencias del presidente Videla al “diálogo
político”. (31)
Por
su parte, la vertiente “desarrollista” del nacionalismo estuvo representada
en la política interna por la figura del ministro de Planeamiento, general Ramón
Genaro Díaz Bessone y los hombres de su fundación Año 2000. El “Proyecto
Nacional” de Díaz Bessone, quien asumió como ministro de Planeamiento a
fines de octubre de 1976, estableció hacia 1990 el fin del Proceso militar y la
emergencia de una “Nueva República”. (32) El mencionado proyecto otorgaba
un rol protagónico al Ministerio de Planeamiento, que controlaría el proceso
político de transición del régimen militar a la “nueva” democracia cívico-militar.
Pero ni el ministro de Economía Martínez de Hoz ni el propio presidente Videla
estuvieron dispuestos a ver restringidos sus respectivos espacios de poder en
aras de la manía “planificadora” de Díaz Bessone. Asimismo, la palabra
“planificación” atentaba contra la convicción liberal de la dupla
Videla-Martínez de Hoz. Finalmente, otro rasgo del proyecto de Díaz Bessone
fue su exacerbado anticomunismo, que lo llevaba a proponer constantemente la
guerra contra la Unión Soviética. En este punto, también el titular de
Planeamiento chocó con el enfoque “pragmático-comercialista” del
presidente y su ministro de Economía, que deseaban diversificar los contactos
económicos externos de la Argentina sin atender ningún prejuicio ideológico.
Esta serie de factores llevó a una serie de roces entre Martínez de Hoz y Díaz
Bessone. Como el titular de Economía contaba con el respaldo del presidente
Videla y del ministro del Interior Harguindeguy, Díaz Bessone presentó su
renuncia en diciembre de 1977. (33)
En
el ámbito de la política exterior, un representante del “desarrollismo”,
Oscar Camilión,
se desempeñó como embajador argentino en Brasil durante el gobierno de
Videla, jugando un rol protagónico en las negociaciones con Brasil y Paraguay
que llevaron en 1979 a la firma del Acuerdo Tripartito. Por cierto, la decisión
del presidente Videla de concretar el emprendimiento hidroeléctrico de Corpus,
en sociedad con el gobierno de Asunción, fue acorde con los intereses de los
sectores militares y civiles “desarrollistas”, que señalaban la necesidad
de no quedar atrás respecto de la política de “hacer obras” emprendida por
la Cancillería brasileña. Sin embargo, el largo e intrincado proceso que llevó
a la firma del Acuerdo Tripartito de 1979 demostró que estos vestigios de
“desarrollismo” estuvieron en la práctica mediatizados por las abrumadoras
influencias de las ortodoxias nacionalista y liberal. La primera estuvo
representada por los dos primeros cancilleres del Proceso, César Augusto
Guzzetti (24 de marzo de 1976 al 23 de mayo de 1977) y Oscar Antonio Montes (23
de mayo de 1977 al 27 de octubre de 1978), quienes, siguiendo los duros
lineamientos geopolíticos del entonces comandante en jefe de la Armada,
almirante Emilio Massera, tuvieron poca o nula vocación por negociar con sus
colegas de Brasil y Paraguay en torno al problema de los emprendimientos hidroeléctricos
en la Cuenca del Plata. Por su parte, la ortodoxia liberal estuvo representada
en las figuras del propio presidente Videla, del ministro de Economía Martínez
de Hoz y de los sectores ligados a la burguesía terrateniente y financiera
transnacional que privilegiaron la firma de un acuerdo tripartito que cedía
terreno en aspectos considerados críticos por los nacionalistas tanto
“ortodoxos” como “desarrollistas”, tales como la altura de la cota de la
represa de Itaipú o el número de turbinas. Así, tanto unos como otros
hablaron de la “brasileñización” del modelo económico argentino o del
papel de la Argentina como “socio menor” del Brasil. (34)
En
los temas que afectaban directa o indirectamente la soberanía territorial, como
el anteriormente mencionado de las represas hidroeléctricas en la Cuenca del
Plata, el diferendo argentino-chileno por el canal de Beagle o la cuestión de
las Malvinas, nacionalistas “ortodoxos” y “desarrollistas” se unieron, más
allá de sus diferencias, con el fin de criticar la política del gobierno.
Mientras el presidente y el ministro Martínez de Hoz dieron prioridad en estas
cuestiones al diálogo y la búsqueda de fórmulas de negociación que superaran
las hipótesis de conflicto con los países limítrofes, los sectores
nacionalistas -tanto “ortodoxos” como “desarrollistas”- coincidieron en
impugnar el sesgo dialoguista de los sectores liberales. Así, el general Osiris
Guillermo Villegas, un nacionalista “desarrollista” de conocida trayectoria
durante los años de la Revolución Argentina, ex embajador en Brasil y titular
de la delegación argentina en las negociaciones con Chile, sostuvo un discurso
de duro tono geopolítico, notablemente cercano a la variante ortodoxa del
nacionalismo. A fines de 1978 Osiris Villegas pronunció frases tales como
“hay que tomar lo que es de uno” y “la paz no debe ser nunca el producto
de una claudicación”. (35)
Por
último, la figura del almirante Massera puede ser definida como representante
de una variante peculiar de la corriente nacionalista, que definiremos como un
nacionalismo “heterodoxo” en tanto no respondió a parámetros ideológicos
fijos, sino únicamente al deseo de incrementar su poder personal. Con este fin,
se opuso a las recetas liberales de Martínez de Hoz no tanto por convicciones
ideológicas sino porque percibió que esa actitud le daría un aura de
popularidad que le permitiría sumar a sus filas a todos los sectores
opositores, desde los militares y civiles “nacionalistas ortodoxos” hasta
los mismos peronistas. Percibiéndose a sí mismo como nexo entre los sectores
peronistas y los grupos nacionalistas “ortodoxos” y “antiperonistas” de
los “halcones” del Ejército, Massera soñó con un proyecto “populista
militar”, una suerte de frente nacional con base militar-popular que le
permitiera ocupar el sillón presidencial, desplazando del poder al trípode
“liberal” de Videla, Viola y Martínez de Hoz. (36)
Decidido
a oponerse a cualquier estrategia que aumentara el margen de maniobra de este trípode,
Massera se opuso a la apertura del “diálogo político” anunciada por el
presidente Videla a principios de marzo de 1980. Durante ese mismo mes, Massera
inició un gesto de acercamiento a los sectores “duros” u “ortodoxos”
del Ejército al proclamar que lo realmente importante no era el diálogo en sí
mismo, sino “saber qué intenciones tienen los que dialogan”. (37)
Posteriormente, en junio, el ex jefe naval elaboró un documento fuertemente crítico
de Videla y Martínez de Hoz. (38)
Pero
el blanco preferido por los ataques del masserismo fue el ministro Martínez de
Hoz, por dos motivos. En primer lugar, el ministro de Economía constituyó un
obstáculo importante para las ambiciones de Massera de llegar al poder
presidencial. Ello se debía tanto a las excelentes contactos externos del
ministro como al respaldo que le otorgaba el presidente Videla. Por cierto,
Videla percibió cierta relación entre su estabilidad en el poder y la del
titular de la cartera económica. Las importantes conexiones de Martínez de Hoz
con los organismos financieros internacionales proveyeron a Videla de un
importante aliado externo, en un momento de conflictivas relaciones con
Washington por la espinosa cuestión de los derechos humanos. La segunda razón
fue que, a diferencia de las figuras de Videla y Viola, que contaban con
lealtades divididas en la interna militar, el enfoque liberal ortodoxo del
ministro de Economía despertó resistencias tanto en los “duros” del Ejército
y la Marina, como en los sectores de la sociedad antes beneficiados por el
modelo “populista”. Incluso dentro de las “palomas” del Ejército, y a
pesar de la influencia del pensamiento liberal, Viola y sus seguidores no
compartieron el respaldo de Videla a las medidas del ministro Martínez de Hoz.
Temían que los efectos de una política tan drástica produjeran un “rebrote
subversivo” y le hicieran perder consenso y estabilidad al Proceso iniciado en
1976. De esta manera, era más fácil para Massera llevar a cabo una fuerte
oposición al ministro que al presidente, quien aún disfrutaba entre sus
subordinados de la imagen de eficiencia y profesionalidad que le otorgara el
“Operativo Independencia” de lucha contra la subversión durante el último
gobierno peronista. El ataque a la gestión de Martínez de Hoz era una forma
indirecta pero efectiva de desestabilizar a Videla sin generar efectos
contraproducentes en la interna del Ejército. Para ello, Massera enarboló un
oportunista discurso antiliberal, que tuvo la virtud de aglutinar tanto a los
nacionalistas “ortodoxos” del Ejército como a muchos dirigentes peronistas.
(39)
El
ataque más importante de Massera hacia la figura de Martínez de Hoz se registró
a mediados de junio de 1980, cuando salió a la luz un documento fuertemente crítico
tanto hacia la política económica como hacia el sesgo “pragmático” y
“economicista” de la política exterior de Videla. En uno de los párrafos más
significativos de este documento, Massera denunció, para satisfacción de los
nacionalistas “ortodoxos” la existencia de una crisis “moral” en la
gestión de gobierno:
(...) Cuando la defensa de nuestros derechos soberanos es una declamación sin contenido; cuando tratamos de justificar acuerdos internacionales carentes de sentido; cuando no defendemos con vigor nuestras Malvinas y alguno las negocia; cuando no distinguimos al amigo del enemigo, sino al que compra del que no compra; cuando los intereses pecuniarios superan a los intereses nacionales. (...) (40)
En un ataque posterior, Massera no dudó incluso en vincular el surgimiento del terrorismo a políticas “antinacionales” como la de Martínez de Hoz. Así, en una conferencia que tuvo lugar en Salta en octubre de 1982, el almirante afirmó que
El terrorismo antinacional ha sido derrotado, pero la Patria financiera lo activa (...) Ese sector (...) lo forma una minoría antinacional unida porque su único objetivo es ganar plata a costa del país (...). Esa minoría antinacional (...) desde el centro del escenario o desde las sombras, manejó los resortes del poder y se benefició con una dependencia dócil y hasta gozosa de nuestro país ante los grandes centros de decisión mundial. (41)
En
síntesis, guiado por sus apetitos de poder personal, Massera se opuso tanto a
la política económica liberal del ministro Martínez de Hoz -respaldada por el
presidente Videla- como a la propuesta de incorporación de dirigentes políticos
al gobierno militar, como una manera de organizar la transición hacia la
democracia -idea que contaba con el aval de Videla y del comandante en jefe del
Ejército Viola-.
El
plan político de Massera se terminó de armar en octubre de 1977. Aunque no
tuvo trascendencia oficial, apuntó a la conformación de un “movimiento cívico”,
un partido político nuevo, que heredaría a través de las elecciones al
gobierno militar. Para ello se proponía alentar la emergencia de un
“movimiento de Opinión Nacional” que incluyera “a todos aquellos que
deseen la verdadera grandeza del país”, desde “una izquierda inteligente
(donde el peronismo tendría un rol importante) hasta una “derecha
controlada”. En otras palabras, Massera planteó una especie de
“neoperonismo” en donde su figura ocuparía el lugar de Perón con el fin de
captar a los sectores obreros, una especie de programa social-demócrata opuesto
al proyecto liberal de Martínez de Hoz, cargado con fuertes dosis de
oportunismo nacionalista, que le permitirían la adhesión de los sectores
“duros” del Ejército y la Marina. (42)
La
guerra entre Videla y Massera también se desarrolló en el ámbito de la política
exterior. Sintiéndose dueño del área de Cancillería por lo establecido en el
“cuoteo”, Massera se opuso a la designación de embajadores provenientes de
partidos políticos impulsada por Videla, llegando a sostener ante el presidente
que los embajadores de este origen representaban “el pasado de corrupción,
mediocridad y decadencia que había puesto a la República al borde del
abismo” y que el Proceso debía revertir. Por cierto, tras esta dialéctica
moralista, Massera ocultó su deseo de disputarle espacios de poder a Videla y
de utilizar precisamente la política exterior como una herramienta para su
proyecto de poder personal. El jefe naval logró, en algunos casos, vetar a
embajadores propuestos por los sectores “videlistas” -por ejemplo al
peronista Hipólito Jesús Paz- (43) y en otros, los hizo renunciar -caso del
embajador argentino en Washington, Arnaldo Musich-. (44) En los casos donde
Massera no había logrado ni una cosa ni la otra, directamente los mandó
eliminar -los famosos casos de la desaparición y posterior asesinato del
embajador “videlista” en Venezuela, Hidalgo Solá, y de la funcionaria de la
embajada argentina en París, Elena Holmberg-. (45)
Asimismo,
Massera dio instrucciones para que la Cancillería no colaborara con las visitas
de Videla a Venezuela (mayo de 1977) y a Estados Unidos (septiembre del mismo año),
y en general tendió a objetar los viajes de Videla al exterior, pretextando o
bien que el país a visitar era una “cueva de subversivos y marxistas”, o
que bien que “la visita va a ser usada para humillar a nuestro presidente con
la campaña antiargentina que elementos subversivos desarrollan en el
exterior”. Al mismo tiempo, el jefe naval maximizó sus propios contactos en
el exterior, a fin de encontrar aliados para su proyecto político. Para ello
diseñó una diplomacia paralela a la del entonces presidente, que tuvo como
rasgos más destacados las actividades en el Centro Piloto de París. Las
entrevistas del jefe naval incluyeron además de colegas de su arma en América
latina y en Europa, al jefe de la logia derechista italiana Propaganda Due o
P-2, el “Venerable” Licio Gelli, y a figuras ubicadas en las antípodas del
pensamiento anticomunista entonces predominante entre los “halcones” del Ejército
y la Armada, tales como los dirigentes montoneros exiliados en Europa y el
dirigente socialista rumano Nicolae Ceaucescu. (46)
Por
cierto, como el proyecto de política exterior masserista respondió más a
ambiciones personales que a convicciones ideológicas, contuvo elementos que lo
acercaron al pensamiento rígidamente occidentalista de los nacionalistas
“ortodoxos”, y rasgos que lo aproximaron extrañamente a la perspectiva de
política exterior del peronismo. Un ejemplo de los primeros fue la identificación
del “eurocomunismo” como una forma solapada de imperialismo soviético, que
compartieron tanto Massera como los “halcones” del Ejército y la Marina.
(47) A su vez, una muestra del sesgo “neoperonista” del discurso de política
exterior de Massera fue el contenido de su disertación en la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, ocasión
en la que el ex comandante en jefe naval sostuvo un discurso de tono
notablemente similar al de la “Tercera Posición” peronista:
(...)
Ante un socialismo colectivista y un capitalismo materialista (...) que buscan
igualmente una sociedad que amenaza con la destrucción de los recursos
naturales y de la calidad de vida, nosotros aspiramos a constituir un país en
que sólo Dios sea más importante que el hombre. Creemos que el mundo se
encuentra oprimido por la idolatría de la riqueza en dos formas opuestas que
tienen su raíz en la misma adoración de lo material: el socialismo
colectivista y el capitalismo materialista. El socialismo colectivista define la
justicia a costa de la libertad y, finalmente a costa de la justicia misma. El
capitalismo materialista (...) define la libertad a costa de la justicia, a
costa de la libertad misma (...). (48)
Asimismo,
a fines de 1982, Massera, completamente decidido a llevar adelante su proyecto
político, mandó colocar en las calles de Buenos Aires afiches de fondo azul
con letras blancas que decían lo siguiente:
1945:
Perón ó Braden
1982: Massera ó Martínez de Hoz
Patria ó Colonia
Jamás el movimiento nacional será derrotado por la antipatria (49)
Como
puede apreciarse, el mensaje de estos afiches, que fueron el punto de partida
para la conformación del partido de Massera -Partido para la Democracia Social-
tenía una intencional continuidad con el acento nacionalista y antiliberal que
caracterizó a los afiches con los que Perón se enfrentara en 1945 a la Unión
Democrática.
Por
otra parte, tras meses de intensas deliberaciones entre los militares de las
tres armas, a principios de mayo de 1978 la Junta Militar resolvió que, a
partir del 1º de agosto de 1978 terminara el período de “excepcionalidad”
de Videla, quien podía seguir ejerciendo la presidencia pero debía renunciar a
su cargo de comandante en jefe del Ejército. Esto significaba la introducción
de la figura del presidente como un “cuarto hombre”, es decir un militar
retirado, subordinado a las decisiones de los comandantes en jefe de las tres
armas que integraban la Junta Militar, y era una exigencia planteada por Massera
desde el inicio mismo del Proceso. (50)
En
el diseño masserista, el presidente Videla debía ser precisamente ese
“cuarto hombre” subordinado a las decisiones de los miembros de la Junta.
Sin embargo, cuando el 1º de agosto de 1978 Videla renunció a su cargo de
comandante en jefe para ejercer sólo el de presidente, se dio precisamente el
efecto contrario al deseado por el alto jefe naval, ya que tras el nuevo reparto
ministerial que tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre, el poder de
Videla, lejos de debilitarse, se vio fortalecido. A ello contribuyeron un
conjunto de factores, entre ellos el nombramiento en la comandancia del Ejército
de una figura fiel a Videla, la del general Roberto Eduardo Viola; el
alejamiento de Massera de la comandancia en jefe de la Marina a mediados de
septiembre y su reemplazo por una figura con un perfil más bajo, la del
almirante Armando Lambruschini; (51) la alianza de los sectores videlistas con
la cúpula de la Fuerza Aérea; la renuncia del canciller, vicealmirante Oscar
Antonio Montes, y su reemplazo por una figura proveniente de la Fuerza Aérea,
el brigadier Carlos Washington Pastor; (52) y el peso propio de la diplomacia
del “superministro” Martínez de Hoz, que atravesaba su fase de apogeo -la
conocida etapa de la llamada “plata dulce”-.
El
momento de máximo poder de Videla como “cuarto hombre” se dio
particularmente entre la segunda mitad de 1978 y 1979, al compás del éxito
relativo del “programa antiinflacionario” de Martínez de Hoz. No obstante,
y tal como ocurriera en el primer tramo de su gestión, Videla siguió
encontrando resistencias por parte de los sectores “duros” del Ejército,
aliados con Massera, quien, no dejó de atacar al presidente y a su ministro de
Economía Martínez de Hoz, en tanto ambos eran los dos obstáculos más
importantes para su proyecto de promoción personal.
En
su pugna con Massera y los “halcones” del Ejército, Videla alternó
derrotas con triunfos en esta nueva etapa. Entre las primeras, vale mencionar el
frustrado proyecto del presidente Videla y el secretario de la Presidencia
Villarreal de formar un gabinete de gobierno más abierto y pluralista, con
participación de militantes de distintas expresiones políticas (Martínez
Raymonda en Bienestar Social, Oscar Camilión en Relaciones Exteriores; Acuña
Anzorena en Trabajo, Rubén Blanco en Educación y Amadeo Frúgoli en Justicia).
Ante la resistencia de las demás fuerzas, Videla confeccionó un gabinete con
mayor participación militar: el contraalmirante Jorge A. Fraga en Bienestar
Social, el brigadier Carlos Washington Pastor en Cancillería, el
contraalmirante Horacio de la Riva en Defensa. (53)
Pero
también Videla obtuvo importantes triunfos sobre los “halcones” del Ejército
y la Marina, entre los que cabe mencionar el viaje presidencial a la ceremonia
de entronización del Papa Juan Pablo I en Roma en septiembre de 1978; (54) la
imposición de la mediación papal sobre la opción bélica con Chile en
diciembre del mismo año; el acatamiento de los altos mandos del Ejército a la
resolución de la Corte Suprema de Justicia de liberar al periodista y ex
director de La Opinión, Jacobo Timerman; (55) y la neutralización del
levantamiento del general Luciano Benjamín Menéndez en septiembre de 1979.
(56) Finalmente, aunque con sus limitaciones, un triunfo de Videla en su etapa
como “cuarto hombre” fue la elección de Viola como su sucesor. Primero, en
la comandancia en jefe del Ejército -desde el 1º agosto de 1978 hasta el 29 de
diciembre de 1979-, y luego en la misma presidencia -a partir del 29 de marzo de
1981-.
Durante
esta segunda etapa, el retiro del almirante Massera del servicio activo,
producido a mediados de septiembre de 1978, estuvo muy lejos de ser un factor
que contribuyera a amenguar sus ataques al presidente Videla y a la política
económica de Martínez de Hoz. Massera mantuvo intacto el deseo de ser el
heredero del poder que en ese momento tenían Videla y Martínez de Hoz. Así,
en un discurso pronunciado a comienzos de junio de 1979 en el Centro de Estudios
Estratégicos de la Universidad de Georgetown, en Washington, Massera sostuvo
que la política de Martínez de Hoz “ha llevado a la industria argentina a la
quiebra”. El ministro de Economía, que en ese momento estaba casualmente en
Nueva York, hizo serios reproches al ex comandante por ventilar en otro país
asuntos de política interna argentina. (57) Massera, lejos de amedrentarse,
volvió a atacar a Martínez de Hoz en un documento que salió a la luz el 15 de
junio de 1980, en el cual, sin mencionarlo, criticó todos los aspectos de la
política económica del ministro. (58) Martínez de Hoz respondió a los
ataques de Massera. Sin mencionar explícitamente al ex comandante en jefe de la
Armada, el titular de la cartera económica sostuvo que “el país ya está un
poco cansado de afirmaciones que son de alguna manera o lugares comunes, con
propósitos demagógicos, o inexactitudes muy gruesas”. (59)
El
juego de fuerzas de la interna militar tuvo su innegable correlato en la política
exterior, en donde se registraron varios triunfos de los sectores
“videlistas” y “violistas” sobre “masseristas” de la Armada y
“halcones” del Ejército. Vale destacar, entre muchas otras decisiones que
enfurecieron a los “duros”, las siguientes medidas del gobierno de Videla:
a)
respecto de las relaciones con
Estados Unidos, la admisión, por parte del régimen militar argentino,
de la visita de inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA en septiembre de 1979, como medida tendiente a mejorar
la imagen argentina en el exterior y particularmente en Estados Unidos;
b)
en lo referente a las relaciones con Brasil y Paraguay, la firma de un acuerdo
tripartito en 1979 que flexibilizaba las exigencias argentinas, acercándolas a
las de Itamaraty; y
c)
en lo vinculado a las relaciones con Chile, la emergencia de la mediación papal
como alternativa a la opción bélica impulsada por los “halcones”.
Por
otra parte, en octubre de 1980, la Junta eligió al teniente general (RE)
Roberto Eduardo Viola para ejercer la presidencia en el período comprendido
entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984. Contradiciendo
abiertamente la imagen monolítica que el régimen militar intentó ofrecer a la
opinión pública desde marzo de 1976, el contenido del comunicado de prensa
hizo referencia a las intensas disputas inter e intra-fuerzas que acompañaron a
la designación del sucesor de Videla:
(...) los señores comandantes en jefe han acordado que, por sobre los distintos enfoques existentes, deben tener primacía los supremos intereses vinculados al futuro institucional del país y al mantenimiento de la imprescindible unidad de las Fuerzas Armadas para el logro efectivo de los objetivos y propósitos del Proceso de Reorganización Nacional. (60)
Por
cierto, Viola, el candidato de Videla, llegó a la presidencia notoriamente
debilitado en relación a su antecesor. En primer lugar, el nuevo mandatario se
topó con la oposición del entonces comandante en jefe, general Leopoldo
Fortunato Galtieri, un “halcón” que ambicionaba para sí la presidencia.
Asimismo, Viola también contó con la oposición de un viejo rival, el ex
comandante en jefe de la Marina Massera, quien, guiado por el propósito de
evitar la sucesión de Videla por otro “blando” como Viola, había impulsado
la doble candidatura de Galtieri como comandante en jefe del Ejército y
presidente. Tal como había hecho con Videla, Massera intentó por todos los
medios debilitar y condicionar a Viola. Así, ya en enero de 1981, el ex
comandante en jefe de la Armada no tuvo empacho en declarar que no se podía
esperar que el nuevo presidente “opere milagros en un cuerpo demasiado herido,
como es el país”. (61) En forma coincidente con Massera, los oficiales de la
Armada tampoco simpatizaron con la figura de Viola, principalmente por el sesgo
“populista” del nuevo presidente. Pero Viola encontró la oposición más
importante en el entonces jefe del Estado Mayor de dicha arma, Jorge Isaac
Anaya, amigo y compañero de estudios de Galtieri. (62)
Asimismo,
la condicionada gestión de Viola tampoco contó con el aval de los empresarios,
los sindicatos y los partidos políticos. Como la guerra contra la subversión
izquierdista estaba prácticamente liquidada, la persistencia del régimen
militar fue percibida por estos sectores como una maquinaria asfixiante que ya
no tenía su razón de ser. En consecuencia, comenzaron los tiempos de las
manifestaciones de los sindicatos y de los partidos políticos. Además, los
grupos económicos y financieros argentinos, plenamente identificados con la política
económica de Martínez de Hoz, percibieron con inquietud los cambios efectuados
por el ministro Lorenzo Sigaut, especialmente en materia de política
financiera. En definitiva, debido a la interacción de estos factores, Viola
contó sólo con el respaldo de los sectores moderados del Ejército y de la
Fuerza Aérea. (63)
Al
contrario de lo sucedido con su antecesor, el gabinete de Viola no contó con la
presencia de
una figura fuerte. Esto se notó especialmente en el área económica, donde el
dominio del “superministro” Martínez de Hoz fue un rasgo definitorio de la
gestión videlista. Mientras durante la etapa de Martínez de Hoz el Ministerio
de Economía concentró el conjunto de la gestión de asuntos públicos
-incluido el Ministerio de Obras y Servicios Públicos-, durante el gobierno de
Viola se procedió a una fragmentación de Economía en cinco agencias
ministeriales diferenciadas. En tres de ellas -Agricultura, Industria y Obras Públicas
y Servicios- aparecieron ministros representantes de intereses sectoriales y con
autonomía respecto del ministro de Economía, Lorenzo Sigaut. Además, Sigaut,
a diferencia de Martínez de Hoz, no contó con poder para manejar los
instrumentos financieros clave: el crédito del Banco Central y el presupuesto.
En otras palabras, la autoridad económica fue descentralizada. Por cierto, ello
fue producto tanto de las propias convicciones de Viola y de su ministro Sigaut
-quienes no compartían el estilo “centralizado” de la conducción de política
económica de su antecesor- como de los cambios de fuerzas que operaron en el
interior del Ejército -Viola, que había sido un “aliado” clave de Videla
en las disputas interfuerzas, no encontró en Galtieri el respaldo necesario
para aumentar su margen político de maniobra. (64)
Por
último, Viola sintió mucho más que Videla la creciente presión de los
sindicatos y los partidos políticos. Por cierto, el fin de la amenaza
subversiva privó al nuevo gobierno del elemento legitimador que había
permitido a la gestión de Videla contar con la resignación de buena parte de
la dirigencia política y sindical durante su primera etapa de gobierno. Un síntoma
de la mayor capacidad de presión político-sindical fue la emergencia, el 14 de
julio de 1981, de la llamada Multipartidaria, integrada por los partidos
justicialista, radical, desarrollista, intransigente y demócrata-progresista.
Aunque la Multipartidaria no implicó en esta primera fase de su existencia una
ruptura franca de la clase política con las Fuerzas Armadas, lo cierto fue que
a partir de su creación la sociedad civil estaba demostrando que el crédito
sin garantías que en marzo de 1976 se había otorgado a la dictadura militar
estaba llegando a su fin. (65)
Finalmente,
el 22 de diciembre de 1981, el hasta entonces comandante en jefe del Ejército,
general Leopoldo Fortunato Galtieri, logró su ansiado objetivo de desplazar a
Viola de la presidencia. Tanto en política interna como en política exterior,
la tercera gestión del Proceso implicó un triunfo de las posiciones más
ortodoxas del régimen. (66) Así, al conservar a la vez los cargos de
comandante en jefe del Ejército y de presidente, Galtieri retomó el esquema
del primer tramo de la presidencia de Videla -es decir, del período
transcurrido entre el golpe de marzo de 1976 hasta la creación de la figura del
“cuarto hombre” a mediados de 1978-. Este retorno al esquema de
“excepcionalidad” que caracterizó el primer tramo del gobierno de Videla le
permitió a Galtieri contar con una cuota de poder aún mayor que la de sus dos
antecesores en el cargo, gracias a la interacción de dos factores. En primer
lugar, el nuevo presidente y a la vez comandante del Ejército logró tener bajo
su mando a un arma homogeneizada por las “purgas” que el propio Galtieri había
efectuado, asegurándose de pasar a retiro a los sectores “videlistas” y
“violistas”. (67) En segundo lugar, el nuevo mandatario contó con el apoyo
de la Marina, ventaja con la que no contaron ni Videla ni Viola. No obstante, el
apoyo naval tuvo un alto precio: el respaldo de Galtieri al viejo proyecto del
comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, de recuperar por
la fuerza las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. (68)
Pero,
si bien a diferencia de la gestión de Videla, el nuevo presidente y comandante
en jefe del Ejército contó con la doble ventaja de un Ejército
“homogeneizado” o “galtierizado” y el respaldo de la Armada, no tuvo el
“cheque en blanco” de los dirigentes políticos y la sociedad civil que sí
había tenido Videla. La ascendente protesta sindical, sumada a los reclamos políticos
por una salida electoral, llevó a la nueva gestión militar a optar por el
camino de la represión y las recetas ortodoxas para afirmar una autoridad ya
carcomida en sus bases de sustentación.
El
tercer gobierno del Proceso adoptó recetas netamente ortodoxas en dos áreas
clave: la política económica y la política exterior. En el primer caso, la
designación de Roberto Alemann, significó el retorno al enfoque liberal
“ortodoxo” de Martínez de Hoz, interrumpido por la “flexibilización”
del ministro Lorenzo Sigaut durante la gestión de Viola. Asimismo, el gobierno
de Galtieri adoptó una política exterior occidentalista, totalmente
identificada con los intereses estratégicos globales de la administración
republicana de Ronald Reagan. Ya en su discurso inaugural, el presidente
Galtieri sostuvo que
En
el plano de la política exterior creo conveniente señalar que la situación de
Argentina en el mundo no es compatible con posiciones equívocas o grises
susceptibles de debilitar nuestra raíz occidental ni con devaneos o coqueteos
ideológicos que desnaturalicen los intereses permanentes de la Nación. (69)
Para
hacer realidad sus palabras, Galtieri designó como canciller a Nicanor Costa Méndez,
ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del general Juan Carlos Onganía,
y una figura claramente identificada con el perfil nacionalista y occidentalista
del presidente y del comandante en jefe de la Marina, Jorge Isaac Anaya. Además,
Costa Méndez contaba con el apoyo de los oficiales de la Fuerza Aérea, por lo
que constituía una figura acorde con el objetivo de Galtieri de
“homogeneizar” el frente militar. Vale recordar al respecto que en 1978,
Costa Méndez había redactado la parte de política internacional de las
“Bases políticas de la Fuerza Aérea” -uno de los documentos base empleados
para elaborar el programa político de la Junta Militar-; y que en dichas Bases,
el ex canciller de Onganía había defendido la inserción de la Argentina en el
“Occidente cristiano”. (70)
Guiada
por este sesgo occidentalista ortodoxo, una de las primeras medidas de la
Cancillería fue crear, en enero de 1982, una comisión ad hoc para
analizar si la Argentina iba a continuar formando parte del Movimiento de Países
No Alineados. Este paso respondía a la sugerencia de algunos militares, entre
ellos el agregado militar de la embajada argentina en Washington, general Miguel
Angel Mallea Gil, una figura clave del entorno de Galtieri, quien a comienzos de
ese año había enviado un informe al presidente, sosteniendo respecto de la
participación argentina en No Alineados la necesidad de “iniciar un
desplazamiento hacia la periferia, a fin de despegarse y quedar solamente como
observadores”. (71)
Paradójicamente,
la guerra de Malvinas no sólo abortó la posible salida argentina del NOAL.
Obligó a un régimen tan ortodoxamente occidentalista como el de Galtieri a
recurrir a ese foro multilateral con el objetivo de encontrar aliados en su
disputa con Gran Bretaña. Así, el canciller Costa Méndez, a su regreso de la
Reunión de No Alineados en La Habana de junio de 1982, sostuvo que la
participación argentina en dicho foro obedecía a la necesidad de “invertir,
modernizar y actualizar” las alianzas del país y revertir el aislamiento
externo impuesto a la Argentina por Gran Bretaña, Estados Unidos y los países
europeos. Pero, al mismo tiempo, los esfuerzos de Costa Méndez por definir a la
Argentina como un “país atípico”, que no era estrictamente ni del Tercer
ni del Primer Mundo, evidenciaron los esfuerzos de la Cancillería por
justificar ante la diplomacia militar las razones de un giro adoptado por la
fuerza de las circunstancias y no por convicción ideológica. (72)
Por
último, cabe señalar que en el ámbito de la política exterior, la dupla
Galtieri-Anaya le encomendó al canciller Costa Méndez la misión de resolver
-por las buenas o por las malas- dos temas caros a los intereses geopolíticos
de los sectores “duros”: la recuperación de las islas Malvinas y una solución
“justa” a la disputa limítrofe con Chile por el Beagle. Repitiendo una
tendencia propia del proceso de toma de decisiones del régimen militar, el
margen de maniobra del nuevo ministro de Relaciones Exteriores se vio sumamente
condicionado por las exigencias de los “halcones”. Ejemplo claro de esto fue
el fallido intento de Costa Méndez de condicionar su aceptación del cargo a
una promesa del gobierno militar en el sentido de que no se embarcaría en una
guerra con Chile. La respuesta de Galtieri a Costa Méndez fue una irónica y
contundente advertencia: “Yo llamé a un duro y resulta que ahora vino a verme
un blando”. (73)
La
frustrada (y costosa) guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, llevada a cabo
por el gobierno de Galtieri, generó un fuerte sentido de oposición de la mayor
parte de la sociedad civil hacia los militares, cerrando definitivamente la
posibilidad de una transición negociada del Proceso a la democracia. Como
consecuencia de una profunda decepción colectiva, los militares en su conjunto
pasaron a ser percibidos por la sociedad civil como “responsables” de los
“excesos” cometidos por la Junta Militar. Por cierto, la derrota militar
logró el objetivo contrario al buscado por Galtieri al embarcarse en la guerra.
En consecuencia, se incrementó la presión de los partidos políticos y de los
sindicatos hacia la vuelta a un régimen democrático sin ningún tipo de
condicionamientos por parte de los debilitados sectores militares. A la vez, en
el ámbito militar, la frustrada experiencia bélica exacerbó las diferencias
entre las armas. La cooperación entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea,
sumamente dificultosa durante todo el Proceso por la coexistencia de rivalidades
entre las armas, intereses facciosos y ambiciones políticas personales, se tornó
imposible a partir del fin de la guerra. Por cierto, en el balance, la Fuerza Aérea
era la que había tenido un mejor desempeño al infligir importantes pérdidas a
las fuerzas británicas, mientras que la actuación del Ejército había sido
decepcionante. Estas diferencias en la gestión operativa pesaron decisivamente
en los conflictos interfuerzas de la etapa post-Malvinas. Tras la renuncia de
Galtieri a la presidencia y a la comandancia en jefe del Ejército hacia
mediados de junio de 1982, los cuadros de las tres armas comenzaron a acusarse
mutuamente por el fracaso de la experiencia bélica.
Debido
a que fue el arma que menos satisfactoriamente se desempeñó en la guerra, el
Ejército sufrió tras la derrota militar el inmediato descabezamiento de sus
principales figuras: el hasta ese momento presidente y comandante en jefe
Galtieri; el jefe de Estado Mayor, general José Antonio Vaquero, y el
secretario general del Ejército, general Alfredo Saint Jean. La comandancia en
jefe del arma pasó a manos de otro “duro”, el general Cristino Nicolaides,
quien polemizaba con los partidos políticos moderados y muy especialmente con
los dirigentes de la Unión Cívica Radical. El nombramiento de Nicolaides,
partidario de estirar el plazo de entrega del poder lo más posible, fue un obstáculo
insalvable en la convivencia del Ejército con las otras dos armas, deseosas de
acelerar una transición política hacia el régimen democrático percibida ya
como inevitable. En especial, Nicolaides chocó con el titular de la Fuerza Aérea,
brigadier Basilio Arturo Lami Dozo, quien pretendió usufructuar la posición
favorable adquirida por su arma durante la guerra para recrear el antiguo
proyecto videlista de creación de un partido político adicto al régimen
militar. El titular de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, también se
distanció del Ejército, acercándose a la Fuerza Aérea.
Como
consecuencia del cambio en el equilibrio entre las tres armas que provocó la
derrota en Malvinas, los oficiales de la Fuerza Aérea y la Armada decidieron
dejar aislados a sus colegas del Ejército y por primera vez en todo el Proceso,
tomaron la drástica actitud de retirarse del gobierno. El día 22 de junio de
1982 el Ejército decidió asumir la “responsabilidad de la conducción política”,
designando para el cargo de presidente al general (RE) Reynaldo Bignone. (74)
El
general Reynaldo Bignone fue el encargado de conducir la inevitable transición
hacia la democracia. Ya en su primer discurso oficial, pronunciado el 1º de
julio de 1982, el último presidente de facto sostuvo que su misión era la de
“institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984”. (75) Pero, a
pesar del deseo del Ejército de alargar lo más posible los plazos del llamado
a elecciones y entrega del poder a las autoridades civiles, ambos se
adelantaron, debido a la gran presión de los partidos políticos y del conjunto
de la sociedad, que habían optado por el fin del Proceso. Surgida como
consecuencia del fracaso de una irresponsable aventura militar, la gestión de
Bignone tuvo desde su inicio un margen de maniobra sumamente reducido por las
secuelas que la guerra dejó tanto en la sociedad civil como en el ámbito
militar.
La
transitoria disolución de la Junta Militar no fue obstáculo para que durante
la gestión de Bignone siguieran los característicos roces entre el Presidente
y la Junta, tal como había sucedido en las gestiones anteriores del Proceso
militar. Así, existieron serias divergencias respecto de cuestiones claves de
la transición como, por ejemplo, la fecha y alcance de las elecciones, la fecha
de traspaso del poder a las autoridades civiles, y el alcance de la
“concertación” o “diálogo político”. (76)
El
aislamiento interno y externo de la última administración del Proceso militar
se vio exacerbado por la adopción de dos medidas de gobierno que fueron otra
causa de discordia entre los miembros de la Junta Militar. Una de ellas fue la
firma, por parte de los miembros de la Junta el 28 de abril de 1983, del llamado
“Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que
declaró la muerte de todos los desaparecidos. (77) La otra medida polémica fue
la sanción, el 23 de septiembre de ese mismo año, de la ley Nº 22.924,
denominada de Amnistía o de Pacificación Nacional, que otorgaba una suerte de
amnistía tanto a los promotores de actividades terroristas como a los
encargados de reprimirlas. (78) Como era de esperarse, estas medidas no hicieron
más que generar aún mayor descontento tanto en el ámbito interno como
externo. (79)
En
el plano de la política exterior, el impacto de la guerra de Malvinas obligó a
la gestión de Bignone a continuar con el sesgo anticolonialista y
tercermundista adoptado por Costa Méndez a partir de la crisis de Malvinas. Con
el fin de justificar este discurso ante la propia interna militar, el nuevo
canciller Juan Ramón Aguirre Lanari se tomó el trabajo de redefinir el
concepto de “Occidente” adaptándolo a las condiciones del contexto
post-Malvinas. Según esta nueva definición,
(...)
Occidente es un concepto cultural y es una filosofía desde el punto de vista de
nuestra conformación política. Yo pienso que Occidente significa democracia.
Significa una manera de vida que respeta al ser humano y su personalidad. Desde
ese punto de vista somos occidentales y estamos trabajando para restablecer la
plenitud democrática en nuestro país. Pero ser occidental no significa estar
subordinado a ninguna superpotencia, sino practicar determinados valores de
acuerdo a nuestro propio imperativo, y tener una buena política independiente
manteniendo relaciones con todas las naciones del mundo. (80)
Incluso,
el canciller Aguirre Lanari respondió a las críticas de los sectores
partidarios de que la Argentina adoptara una posición netamente
“occidental” y abandonara No Alineados, en los siguientes términos:
(...) hay quienes sostienen que la Argentina no debería integrar el movimiento de No Alineados. A ellos les respondo que de ninguna manera yo tomaría una decisión en ese sentido, porque interpreto que a los intereses de la Argentina, les conviene que estemos en ese movimiento. Y les interrogo, ¿de dónde obtuvimos apoyo que no nos dieron algunos otros sectores del mundo? Yo no voy a tomar jamás una decisión en el sentido de alejarnos de No Alineados porque en primer lugar ellos nos apoyaron y además no significa acordar ideológicamente con algunos de sus miembros (...). (81)
Esta
suerte de “revisión” o “redefinición” de la política exterior por
parte del presidente Bignone y su canciller Aguirre Lanari fue respaldada por el
ex canciller Costa Méndez, quien rectificaba su pasado perfil
“occidentalista” al señalar que “si bien en su momento critiqué la
inserción argentina en el movimiento de No Alineados, (...) la Argentina de
1982 no puede retirarse de ese movimiento. (82)
A
la vez, la Cancillería argentina otorgó una especial prioridad a América
latina, actitud explicable por dos razones: el importante respaldo a la posición
argentina otorgado por la mayoría de los países de la región durante los días
de la guerra con Gran Bretaña, y el papel que estas naciones podían jugar en
la batalla diplomática que el gobierno de Bignone estaba dispuesto a emprender
para reivindicar, con armas distintas a las utilizadas por Galtieri, los
derechos argentinos en Malvinas. Así, en su primer mensaje al país, el
presidente Bignone sostuvo que se impulsaría “al máximo” las relaciones
“con los países hermanos de Iberoamérica, a quienes tendremos siempre en
nuestros corazones por su amistad y solidaridad en los difíciles momentos que
hemos vivido recientemente”. Del mismo modo, el canciller Aguirre Lanari
sostuvo que América latina “debe ser nuestra primera prioridad, según indica
no solamente la historia sino también y muy especialmente, lo demostrado en los
últimos días”. (83)
NOTAS
Carlos A. Floria y César A. García Belsunce, Historia de la Argentina contemporánea, 1880-1983, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 239-241.
Sobre el sistema de cuoteo ver los trabajos de Enrique Vázquez, PRN. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar, Buenos Aires, EUDEBA, 1985, pp. 20-21; Claudio Uriarte, Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 103-107; Carlos M. Túrolo, De Isabel a Videla: los pliegues del poder, Buenos Aires, Sudamericana, 1996, especialmente pp. 145-151; Félix Luna, “El ‘Proceso’ (1976-1982)”, artículo citado en revista Criterio, Número de Navidad 1982, p. 741, y en Ricardo del Barco et al, 1943-1982 Historia política argentina, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1983, p. 155; Roberto Russell, “Argentina y la política exterior del régimen autoritario (1976-1983): una evaluación preliminar”, en Rubén M. Perina y Roberto Russell (editores), Argentina en el mundo (1973-1987), Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, p. 103; Roberto Russell, “El proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina (1976-1989)”, en Roberto Russell, (editor), Política exterior y toma de decisiones en América Latina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1990, p. 15, y Aldo Vacs, “Back to the Origins: Democracy, Liberalization and the Redefinition of Argentina’s Foreign Policies”, Seminario “La Nueva Matriz Política Argentina”, organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con apoyo del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, Buenos Aires, 26 y 27 de Noviembre de 1993, p. 12.
C.M. Túrolo, op. cit., pp. 31-33.
C.A. Floria y C.A. García Belsunce, op. cit., p. 242.
Torcuato S. Di Tella, Sociología de los procesos políticos, Buenos Aires, EUDEBA, 1986, pp. 298-303; Marcelo Cavarozzi, “La política: clave del largo plazo latinoamericano”, versión revisada del trabajo presentado en el XVII Congreso de LASA (Latin American Studies Association), Los Angeles, 23-26 de septiembre de 1992, p. 5, nota 5. Siguiendo la definición de Perry Anderson, denominamos políticas populistas a aquéllas que, en América latina, tuvieron por objetivo proponer reformas materiales para las masas urbanas y estimular el desarrollo económico, particularmente en el sector industrial. Véase Perry Anderson, “Democracia y dictadura en América Latina”, en Horacio Gaggero (compilador), Estructura social y conflicto político en América Latina, Buenos Aires, Biblos, 1989, p. 249.
Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976; Acta para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976, y Anexo I, Medidas inmediatas de gobierno, fuentes citadas en República Argentina, Junta Militar, Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 1980, pp. 7-10 y 25-29.
Andrés Fontana, “De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina”, Working Paper Nº 74, Buenos Aires, EURAL, August 1986,p. 37, nota 6.
Esta identificación de las “palomas” del Ejército con los sectores ultraliberales databa del último tramo del gobierno de Isabel Perón. Durante 1975, muchos militares tomaron contacto con los integrantes del llamado “grupo Perriaux”, entre quienes se contaban liberales como José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce y Alberto Rodríguez Varela. Fue el general de brigada retirado Hugo Miatello quien puso “oficialmente” en contacto al grupo Perriaux con los oficiales del Ejército. Este grupo de liberales fue el que elaboró el plan económico que se adoptó luego del golpe de marzo de 1976. No obstante, cabe advertir que algunos sectores del Ejército tuvieron reparos respecto de la ortodoxia de un plan que podía alejar a los militares de los sectores populares en el difícil contexto de la lucha contra la subversión. C.M. Túrolo, op. cit., pp. 41-48.
“La guerra que nadie vio” (segunda parte), Somos, Nº 459, 5 de julio de 1985, p. 20.
Cabe destacar la habilidad política de Massera para lograr el contacto con ex dirigentes sindicales peronistas (como Casildo Herreras en Venezuela) y con dirigentes montoneros (como Mario Firmenich) sin perder el respaldo de los “duros” del Ejército y la Armada. Estos últimos, detestaban a los dirigentes sindicales y políticos peronistas y a los Montoneros, pues constituían verdaderos ejemplos de la amenaza “populista” e “izquierdista” que había que erradicar definitivamente en la sociedad argentina. Véase C. Uriarte, op. cit., pp. 195-198.
C.M. Túrolo, op. cit., p. 274.
Véase Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso..., op. cit., especialmente p. 8.
Los movimientos de opinión “videlista” y “violista” procuraron la convergencia cívico-militar, con el aporte proveniente de algunos dirigentes de partidos políticos -los de ideas moderadas, más cercanas al Proceso-, pero sin la inclusión de estructuras partidarias. M.A. Yanuzzi, op. cit., p. 197.
Un claro indicio del proyecto aperturista de Videla, Villarreal y Yofre fue la convocatoria del gobierno de Videla a la “cena de la amistad” que se celebró a principios de diciembre de 1978, y de la que participaron cerca de 400 políticos de extracción radical, entre ellos Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Fernando de la Rúa, Antonio Tróccoli y Juan Trilla. Ver al respecto “Juicios políticos en una cena de la amistad”, La Opinión, 10 de diciembre de 1978, p. 11. Sobre el proyecto de apertura política del general Villarreal y sus contactos con el radicalismo ver C.M. Túrolo, op. cit., pp. 168-174. Ver también los editoriales “La guerra que nadie vio” (primera parte), Somos, Nº 456, 14 de junio de 1985, p. 8, y “La guerra que nadie vio” (segunda parte), op. cit., p. 21.
Sobre el tema de los embajadores políticos y su rol en la “ofensiva diplomática” para revertir la negativa imagen externa de la Argentina, ver los editoriales “La diplomacia política”, Somos, Nº 135, 20 de abril de 1979, pp. 18-19, y “Videla mira a Europa”, Somos, Nº 169, 14 de diciembre de 1979, pp. 12-13. Consultar asimismo el trabajo de C. Uriarte, op. cit., pp. 125-126.
Discurso
de Videla de marzo de 1977 en Santa Fe haciendo referencia a la necesidad de
dar “contenido político” al Proceso, citado en M.A. Yanuzzi, op.
cit., p. 193. Videla volvió a mencionar la alternativa del diálogo el
4 de abril de 1977 en una declaración efectuada a periodistas brasileños,
“Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, Convicción, 20 de diciembre de 1979, Segunda Sección.
Mensaje del presidente general Jorge Rafael Videla, Buenos Aires, 6 de marzo de 1980, Convicción, 7 de marzo de 1980, pp. 12-13; “El discurso de Videla”, Somos, Nº 182, 14 de marzo de 1980, p. 11.
Sobre el proyecto de apertura política violista ver los trabajos de C. Uriarte, op. cit., p. 244; E. Vázquez, op. cit., p. 21 y pp. 92-93, y C.M. Túrolo, op. cit., p. 275. Véase también “Así piensa el general Viola”, Somos, Nº 95, 14 de julio de 1978, p. 18, y palabras del general Roberto Eduardo Viola en la Universidad de Belgrano, el 25 de octubre de 1979, citadas en Somos, Nº 163, 2 de noviembre de 1979, p. 66; texto íntegro del discurso de Viola transcripto en Convicción, 26 de octubre de 1979, p. 12.
A su vez, el hecho de que la mayor parte de los embajadores argentinos en países del Primer Mundo estuvieran bajo la órbita de Videla y Martínez de Hoz generó innumerables roces con la Cancillería, que estaba bajo la égida del almirante Massera y reclamaba el control exclusivo sobre la designación de embajadores. R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 18-19, y C. Uriarte, op. cit., pp. 104 y 125-126.
Declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, citadas en Cable de la United Press International (UPI), referido a comentario editorial del New York Times, del 25 de mayo de 1977, fuente citada en E. Vázquez, op. cit., pp. 72-73. También en Joseph Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza, Buenos Aires, Planeta, 1987, p. 261.
E. Vázquez, op. cit., pp. 70-71, y C. Uriarte, op. cit., p. 123.
Declaraciones del comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, del 1º de septiembre de 1977, citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 58-59.
A
principios de febrero de 1980 Galtieri declaró que
(...)
todos tienen derecho a intervenir en la cosa pública. Pero sin olvidarse ni
por un instante de la dolorosa experiencia por la que pasó el país.
Quienes no hagan un recambio mental, quienes insistan en los vicios y
errores del pasado, quienes olviden que hemos atravesado un río de sangre
para alcanzar este nuevo y esperanzado punto de partida, no tendrán lugar
en la vida política de la Nación (...) creo haber sido claro, pero lo voy
a ser más aún: el peronismo en su forma y estructura conocida no tendrá
cabida dentro del Proceso. Como todos, deberá adecuarse a las amplias
reglas de juego establecidas en las bases políticas. Hemos luchado por eso
y de ahora en más empezamos a construir la nueva República y comienza un
nuevo ciclo histórico para la Nación (...).
Declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, citadas en “ ‘El peronismo en su forma conocida no tendrá cabida en el Proceso’, dijo Galtieri”, Convicción, 7 de febrero de 1980, p. 1.
Esta polémica frase de Galtieri generó la firme respuesta del dirigente radical Raúl Alfonsín, quien sostuvo que “Si el general Galtieri ha dicho que las urnas están guardadas y permanecerán así por un buen tiempo, nosotros le respondemos que les vayan pasando el plumero porque las llenaremos de votos”. Palabras del general Leopoldo Fortunato Galtieri del 27 de marzo de 1980 y réplica del dirigente radical Raúl Alfonsín del 31 de marzo de 1980, citadas en Somos, Nº 185, 4 de abril de 1980, p. 66.
Discurso de Galtieri en el Colegio Militar en el Día del Ejército, 29 de mayo de 1981, Convicción, 30 de mayo de 1981, pp. 12-13.
C.M. Túrolo, op. cit., pp. 274-275.
Declaraciones del comandante en jefe de la Armada, almirante Armando Lambruschini, en “El Proceso no procederá urgido por las circunstancias y su presencia no será corta, afirmó Lambruschini”, Convicción, 4 de marzo de 1980; también discurso de Lambruschini en el almuerzo del Centro de Estudios Comparados, Buenos Aires, 26 de marzo de 1980, en Convicción, 27 de marzo de 1980, pp. 12-13.
A
diferencia de Videla y de Viola, Harguindeguy deseaba la desaparición de
los partidos y su reemplazo por formas alternativas de participación, como
la municipal. También el ministro del Interior prefería hablar de una
Nueva República conformada por elites y formas de participación
directa que excluyera a los partidos políticos. Ver al respecto los
trabajos de O. Troncoso, op. cit., pp. 45 y 58, y M. A. Yanuzzi, op.
cit., pp. 96, 133-134 y 141. Declaraciones de Harguindeguy del 17 de
marzo, 15 de julio y 1º de septiembre de 1977 descartando el diálogo del régimen
militar con los partidos políticos, citadas en editorial “Harguindeguy
descartó el diálogo con los partidos”, La Opinión, 18 de marzo
de 1977, p. 10. Nótese la ambigüedad de las fechas establecidas para la
transición del “Proceso” militar hacia la democracia en las
declaraciones de Harguindeguy del 22 de noviembre de 1977, citadas por la
revista Extra de diciembre de 1977, donde los “plazos” para el
Proceso fijados por el entonces titular de la cartera de Interior eran los
siguientes:
El
primero (...) se iniciará en 1979 y llegaremos así hasta 1982. El segundo
se efectuará entre 1983 y 1987. Las circunstancias dirán si debemos
desarrollar un tercero. Yo diría que sí, aunque nosotros no queremos
hablar de plazos sino de objetivos a alcanzar. Hasta entonces no debe
pensarse en partidos, que son partes, sectorización, división (...).
Declaraciones de Harguindeguy citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 81-82, y en editorial “¿Hasta 1987?”, Extra, Nº 150, diciembre 1977, p. 22.
O. Troncoso, op. cit., p. 8; C. Uriarte, op. cit., p. 123; “La Sociedad Rural afirmó que no hay que apresurar la salida política”, Clarín, 5 de septiembre de 1980, p. 4.
En
una carta que Balbín envió a los presidentes de los comités de distrito
de la UCR el 2 de enero de 1978, señaló, como balance del año 1977:
(...)
Se ha dicho, repetido y lo reiteramos: no hay democracia estable y
representativa sin partidos políticos y sin participación popular. Y aquéllos
no se disuelven ni nacen por decreto. Sus falencias no han sido superiores a
las que registran los otros países que tienen éxito en su marcha. Hay que
desechar a los declamadores de “las nuevas refundaciones”.
Declaraciones de Balbín, citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 92-93.
La “Nueva República” o “Tercera República” llegaría como producto de la convergencia de civiles y militares y de la previa eliminación de los partidos políticos, que debían ser reemplazados por formas alternativas de participación, tales como los municipios. M.A. Yanuzzi, op. cit., pp. 96-97 y 177.
Con el fin de abortar proyectos como el de Díaz Besssone, alternativos a la ortodoxia liberal del “superministro” Martínez de Hoz, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en diciembre de 1978 la ley 21.909, que suprimió el Ministerio de Planeamiento y lo convirtió en una secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación. Texto de la propuesta política del ministro Díaz Bessone, citado en La Nación, 17 y 18 de septiembre de 1977, pp. 1 y 6 y pp. 1, 16, 18 y 19, respectivamente, y en La Opinión, 28 de agosto de 1977, p. 12. Sobre el proyecto de Díaz Bessone y las causas de su renuncia ver los editoriales “El adiós a Díaz Bessone”, Extra, Nº 151, enero de 1978, p. 14, y “El no de Videla”, Somos, Nº 68, 6 de enero de 1978, pp. 8-9. Consultar también sobre este tema O. Troncoso, op. cit., pp. 8 y 91-92; C. Uriarte, op. cit., pp. 123-124, y E. Vázquez, op. cit., p. 66. Por su parte, el trabajo de Rogelio García Lupo, Diplomacia secreta y rendición incondicional, Buenos Aires, Legasa, 1983, pp. 16-17, remarca la influencia ideológica del general Díaz Bessone sobre el general Leopoldo Galtieri, la común vocación anticomunista de ambos, y el importante papel jugado por el ex ministro de Planeamiento en los contactos que Galtieri desarrolló con los “halcones” militares norteamericanos durante la gestión presidencial del general Roberto Viola.
Por ejemplo, un fiel representante de la ortodoxia del nacionalismo, el almirante (RE) Isaac Rojas, en su carácter de presidente de la “Comisión para la defensa de los intereses argentinos en la Cuenca del Plata”, solicitó al presidente Videla la suspensión del acuerdo sobre Corpus “por considerarlo atentatorio contra vitales intereses nacionales y la seguridad de Argentina” en una carta enviada el 14 de octubre de 1979, cinco días antes de la firma del Acuerdo Tripartito. Por su parte, otro representante del nacionalismo “ortodoxo”, el teniente de navío (RE) Raúl Mason Lugones, sostuvo que, en lo referente a las relaciones con Brasil, el plan económico de Martínez de Hoz condenaba a la Argentina al papel de “satélite” de Brasil en cuanto a la provisión de artículos industriales. Y, de manera coincidente, el nacionalista “desarrollista” general de división (RE) Juan E. Guglialmelli, director de la revista Estrategia, sostuvo que el acuerdo de 1979 condenaba a la Argentina al papel de “socio menor” de Brasil. Ver al respecto los artículos del general de división (RE) Juan E. Guglialmelli, “Corpus-Itaipú. Tres batallas perdidas por la Argentina y, ahora peligrosa perspectiva: el papel de socio menor del Brasil”; del Tte de navío (RE) Raúl Mason Lugones, “Argentina: el actual plan económico compromete el futuro del país, en particular la Seguridad Nacional”; del almirante (RE) Isaac Francisco Rojas, “Carta al Excmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina, Tte. Gral. Don Jorge Rafael Videla (14 de octubre de 1979)”, y “Comisión para la Defensa de los Intereses Argentinos en la Cuenca del Plata, Declaración Nº 10: el acuerdo Corpus-Itaipú” (26 de noviembre de 1979)”, Estrategia, Nº 61-62, noviembre-diciembre 1979 / enero-febrero 1980, respectivamente pp. 7-29; 64-75; y Parte II, Documentos, pp. 85-87 y 96-101.
“General Osiris Villegas: las naciones no tienen hermanas, tienen intereses”, Somos, Nº 118, 22 de diciembre de 1978, pp. 20-21.
Rock califica el proyecto político del almirante Massera como un “populismo militar” o un “peronismo sin Perón”. A través de un discurso fuertemente nacionalista, opuesto al liberalismo aperturista del ministro de Economía Martínez de Hoz, el entonces titular de la Armada procuró diferenciarse del gobierno de Videla, ganar respaldo popular y constituir una opción “neoperonista” que frenara nuevos estallidos populares como el Cordobazo o una resurrección de la guerrilla. Ver David Rock, Argentina 1516-1987. Desde la colonización española hasta Alfonsín, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 456-457, y C. Uriarte, op. cit., p. 160.
“Entrevistas y viajes de Massera”, Convicción, 21 de marzo de 1980, p. 7.
“ ‘No hay urgencias electorales, es tiempo de proceder serenamente’, dijo Massera en un extenso y significativo documento”, Convicción, 15 de junio de 1980, pp. 12-13.
Reportaje a Massera realizado por el periodista Alberto J. Schazin, director regional de United Press International para el Cono Sur de América Latina, reproducido en La Opinión, 22 de diciembre de 1976, p. 16; mensaje de fin de año del almirante Massera a los oficiales de la Armada, La Opinión, 31 de diciembre de 1976, pp. 14-15; disertación del ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 8 de octubre de 1979, citada en “Massera sentó las bases ideológicas para un verdadero despegue argentino”, Convicción, 9 de octubre de 1979, p. 12; y declaraciones del almirante Massera, efectuadas en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1979, en editorial “Definiciones y reflexiones de Massera sobre el presente y el futuro del país”, Convicción, 19 de diciembre de 1979, p. 12.
Texto completo del documento transcripto en Convicción, 15 de junio de 1980, pp. 12-13.
Párrafo de la conferencia del almirante Massera en Salta, octubre de 1982, citado en “Massera: ‘La patria financiera activa el terrorismo’ ”, Convicción, 5 de octubre de 1982, p. 13.
E. Vázquez, op. cit., pp. 81-82 y 133-134; editorial “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 10.
El peronista Hipólito Jesús Paz figuraba en una lista de embajadores que el secretario y subsecretario de la Presidencia, el general José Villarreal y el abogado y dirigente radical Ricardo Yofre, habían propuesto al presidente Videla. En su pugna con Videla, Massera logró vetar algunos de estos nombres, entre ellos el de Paz, sosteniendo que “no podía admitir a un peronista en esa función”. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., pp. 125-126, y E. Vázquez, op. cit., p. 69.
Arnaldo T. Musich era embajador argentino en Washington. Identificado con la línea “liberal” de Videla-Viola-Villarreal-Yofre, Musich procuraba eliminar del régimen los elementos “duros” u “ortodoxos” como Carlos Suárez Mason o Ibérico Saint Jean, como lo demuestra una declaración suya sosteniendo que “una vez terminada en Argentina la operación de cirugía mayor que suponía la extirpación del cáncer subversivo” habría que proceder “a limpiar el bisturí”. A la vez, con estas declaraciones, Musich buscaba mejorar la imagen del presidente Videla en Washington. Pero además, el embajador protagonizó un serio entredicho con el canciller César Guzzetti por el arresto e incomunicación del sacerdote norteamericano James Weeks en Córdoba. Posteriormente, cuando Weeks fue expulsado de la Argentina por decisión de la Junta Militar, fue recibido en Washington por el embajador Musich, decisión que irritó profundamente al canciller. Guzzetti, que respondía a Massera, optó por recurrir entonces al presidente Videla, sosteniendo que “O se va él (Musich) o me voy yo”. Ante la disyuntiva, el presidente concedió la exigencia del canciller y Musich debió abandonar la embajada en Washington el 20 de septiembre de 1976. Sobre causas de la renuncia de Musich, ver C. Uriarte, op. cit., pp. 168-169; E. Vázquez, op. cit., pp. 69-70; y los editoriales “Disensos y alineamientos”, por Joaquín Morales Solá, Clarín, 19 de septiembre de 1976, p. 8, y “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 9.
Héctor
Hidalgo Solá era un político radical, que había sido designado embajador
en Venezuela. Las declaraciones de Hidalgo Solá efectuadas desde Caracas a
principios de julio de 1977, acerca de la proximidad del proceso de
institucionalización y de la formación de un gobierno cívico-militar para
1978, irritaron tanto a los “halcones” del Ejército como a los
“masseristas”, según lo prueba una nota del boletín político Convicción
de julio de 1977, que consideraba “imprudentes” estas declaraciones.
También molestaron a Massera las negociaciones emprendidas por Hidalgo Solá
tendientes a un encuentro entre Videla y el presidente socialdemócrata
venezolano Carlos Andrés Pérez en Caracas, que se oponían a la estrategia
masserista de evitar todo contacto del presidente con el exterior. Por último,
otra causa de disgusto para el almirante fueron los contactos del embajador
con el dirigente sindicalista Casildo Herreras en Venezuela, que estorbaban
la estrategia masserista de cooptar a los dirigentes peronistas para su
proyecto político. El canciller Guzzetti intentó obtener la renuncia de
Hidalgo Solá, pero el embajador fue respaldado por Videla. Debido al
fracaso de esta jugada, Massera mandó a sus hombres a secuestrar y eliminar
a Hidalgo Solá. Este hecho fue acompañado por otros dos acontecimientos
sospechosamente sugestivos: la explosión de una bomba en casa de Yofre y la
designación de Federico Barfeldt, un hombre de confianza de Massera, al
frente de la embajada en Caracas. El jefe naval deseaba eliminar tanto a
Yofre como a Hidalgo Solá, en tanto obstaculizaban su deseo de llegar a
ocupar el sillón presidencial. Ver respecto de las declaraciones de Hidalgo
Solá y las razones de su asesinato los trabajos de O. Troncoso, op. cit.,
pp. 43-44 y 46; M.A. Yanuzzi, op. cit., p. 81, y C. Uriarte, op.
cit., pp. 160-166. También los editoriales “La guerra que nadie
vio” (primera parte), op. cit., p. 9, y
“El caso Hidalgo Solá y el diario Convicción”, Convicción,
24 de octubre de 1982, p. 10, que hace referencia a la nota del boletín político
Convicción de julio de 1977 titulada “El Dr. García Venturini y
el embajador Hidalgo Solá” donde califica de “imprudentes” las
declaraciones de Solá.
Por su parte, Elena Holmberg era una funcionaria diplomática de segundo orden de la embajada argentina en París, que accedió a información sobre los contactos de Massera con los dirigentes montoneros y sus movimientos en el Centro Piloto de París, inicialmente creado por la Junta Militar para desarrollar una ofensiva propagandística que revirtiera la imagen negativa que existía en Europa respecto del régimen argentino. Holmberg comunicó sus informes a Videla, al general Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo) y al capitán de navío Walter Allara. En diciembre de 1978 Elena Holmberg fue secuestrada por dos oficiales de la Marina vestidos de civil, los tenientes Enrique Dunda y Jorge Radice, y posteriormente fue asesinada. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., pp. 202-205 y 223-226. Consultar también editorial “¿Quién era Elena Holmberg?”, Somos, Nº 314, 24 de septiembre de 1982, que subraya las interferencias entre la diplomática y los oficiales navales en el Centro Piloto de París.
En sus contactos con Montoneros y dirigentes peronistas en el exilio, Massera procuró negociar una tregua en la campaña anti-Proceso montada por estos grupos en Francia, a fin de evitar que ésta afectase el Mundial de Fútbol organizado por la Argentina en 1978. Pero también el jefe naval procuró definir con sus interlocutores los términos del retorno a una normalización política y sindical en la Argentina, donde Massera tuviera el liderazgo frente a los intentos que en la misma dirección protagonizaban, por un lado, el trípode Videla-Villarreal-Yofre con los partidos políticos, y por otro, Viola y los dirigentes sindicales que estaban en la Argentina. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., p. 104; 125-126; 144 y 155; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 18; “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., pp. 10-11, y “La guerra que nadie vio” (segunda parte), op. cit., pp. 18-19 y 21.
Ver al respecto el editorial “El eurocomunismo como estrategia de confusión”, del diario masserista Convicción, 23 de julio de 1978, p. 4, donde sostiene que el eurocomunismo “(...) tiende a conseguir una declinación de la hegemonía militar norteamericana en Europa Occidental y primordialmente en las naciones mediterráneas, cuyo mar, de aguas siempre templadas, constituye la salida permanente más querida por la marina soviética”.
“Massera sentó las bases...”, op. cit., p. 13.
“La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., pp. 10-11.
Ver al respecto O. Troncoso, op. cit., p. 120, y editorial “Cómo se eligió al cuarto hombre?”, Somos, Nº 85, 5 de mayo de 1978, pp. 8-9. Vale acotar que no sólo Massera era partidario de la figura del “cuarto hombre” por su personal interés en debilitar el poder de Videla dentro de la Junta. También el titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti, había confesado a la revista Extra a fines de 1977 su marcada preferencia por la neta diferenciación de las funciones de pr