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Capítulo 68: El régimen militar (1976-1983)

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (Isabel Perón), fue instaurado un régimen militar que sería conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Una Junta Militar compuesta por los comandantes de las tres armas -general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera y brigadier Orlando Ramón Agosti-, la cual debía nombrar al presidente, se hizo cargo del poder. Mediante el dictado de una serie de Actas Institucionales -el Acta para el proceso de reorganización nacional del 24 de marzo; el Acta estableciendo el propósito y los objetivos básicos para dicho proceso, de la misma fecha; el Estatuto para el mismo proceso del 31 de marzo; y la ley 21256, que aprobaba el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), del 26 de marzo de 1976-, dicha Junta estableció una seudo-legalidad. La Constitución Nacional quedaba subordinada a los objetivos y fines del Proceso revolucionario. El presidente debía elegirse entre oficiales superiores de las fuerzas armadas y tendría atribuciones ejecutivas, legislativas y de nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales. Dicho cargo recayó en uno de los miembros de la Junta Militar, el general Videla, quien hasta agosto de 1978 fue simultáneamente comandante en jefe del Ejército. (1) 
    Las Actas Institucionales disponían la participación de las tres armas, por partes iguales en el manejo del estado. De este modo, las distintas áreas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales fueron repartidos equitativamente. De acuerdo con este sistema, cada arma tendría 33% del poder, no sólo en el poder Ejecutivo -la Junta Militar, integrada por los comandantes en jefe de las tres armas-, sino también en el Legislativo -la Comisión de Asesoramiento Legislativo (la CAL, órgano integrado por oficiales en actividad cuya función era la de estudiar la creación de nuevas leyes)-. Asimismo, cada ministerio estuvo a cargo de un arma y cada funcionario designó a sus colaboradores de acuerdo con el estricto sistema castrense de lealtades personales. Pero también cada ministerio a cargo de un arma tuvo delegados militares observadores de las otras dos armas, y de las tres en el caso de ministerios a cargo de civiles (como, por ejemplo, el de Economía). Este sistema particular de controles mutuos, teóricamente tuvo por objetivo evitar la excesiva concentración de poder en una determinada arma y garantizar la incorruptibilidad del sistema. (2) En la práctica, sin embargo, terminó generando una estructura decisoria de alto nivel de conflictividad, donde se exacerbaron las rivalidades entre las tres armas, las internas dentro de cada arma y las luchas personales por controlar mayores espacios de poder. (3)
   
Además de reunir la mayor cantidad de recursos para reprimir la guerrilla subversiva, las fuerzas armadas se propusieron un ambicioso plan de gobierno: reorganizar la nación, renovar sus estructuras económicas, reformar las instituciones políticas y dar nuevos contenidos a los valores establecidos en el preámbulo constitucional. Entre los objetivos básicos se mencionaban la soberanía política, la moral cristiana, la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la seguridad nacional, la erradicación de la subversión y de sus causas, y la inserción internacional del país en el “mundo occidental y cristiano”. (4) En opinión del sociólogo Torcuato Di Tella, el proceso iniciado en 1976 constituyó una “intervención transformativa”, que tuvo la intención de “construir” una “nueva Argentina” a través de la modernización de la economía, el disciplinamiento de los sindicatos y la liquidación de la subversión izquierdista. Asimismo, Marcelo Cavarozzi caracteriza este régimen como “autoritario refundacional”, por su propósito de transformar al conjunto de la sociedad argentina e imponer un orden económico y social ortodoxo que eliminara todo vestigio de las políticas populistas de peronismo. (5)  
    Por otra parte, el contexto regional e interno de la segunda mitad de los años ’70, caracterizado por la presencia de la actividad guerrillera, llevó a los militares argentinos a adoptar la “doctrina de contrainsurgencia”, el eje más conservador de la Alianza para el Progreso. Esto significaba que la Doctrina de la Seguridad Nacional y el Desarrollo pasaría a ser la Doctrina de la Seguridad Nacional a secas. El objetivo hobbesiano de “extirpar” el “cáncer” de la subversión izquierdista y lograr el “orden” a cualquier precio pasó a ser la prioridad del régimen surgido del golpe de 1976. Así, en el Acta que fija el propósito y los objetivos básicos del Proceso y en el Acta para el Proceso, el término ”desarrollo nacional” aparece tan sólo mencionado un par de veces y totalmente mediatizado por las frecuentes referencias a objetivos vinculados a la seguridad, como la necesidad de erradicar la subversión y sus causas y la de suspender las actividades políticas, parlamentarias y gremiales. (6) 
   
A pesar de sus esfuerzos por demostrar una imagen monolítica ante la opinión pública, el nuevo régimen militar evidenció serias fracturas internas, lo cual contradice la imagen corriente del Proceso como una dictadura militar clásica, al estilo de la castrista en Cuba o la pinochetista en Chile. En el ámbito militar se distingue la presencia de dos grupos o facciones dentro de cada una de las Fuerzas Armadas: los llamados “blandos” o “palomas” y los “duros” o “halcones”. En el Ejército, el grupo o facción de las “palomas” estuvo representado por el primer presidente del régimen, el general Videla; el jefe de Estado Mayor, general Roberto Eduardo Viola; y un grupo de generales jóvenes del Ejército, en su mayor parte pertenecientes a la promoción Nº 76, que mantenía estrechos vínculos con Videla y con Viola desde mediados de la década de 1970. (7) Respecto de la política interna, las “palomas”, aunque respaldaron los métodos represivos adoptados para aplastar la guerrilla izquierdista, evidenciaron cierta identificación con algunas ideas provenientes del pensamiento liberal. (8) Ejemplo de esto fue el respaldo del presidente Videla a las recetas de ajuste liberal ortodoxo promovidas por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, o el de su sucesor Viola a las recetas “gradualistas” del liberal Lorenzo Sigaut. En política exterior, las “palomas” tuvieron una marcada inclinación por la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos pendientes con los países limítrofes. En este sentido, puede mencionarse el respaldo a la mediación papal como vía de solución al diferendo argentino-chileno sobre el canal de Beagle, y la búsqueda de negociaciones para resolver las disputas pendientes en materia hidroeléctrica con Brasil y Paraguay, que culminó en la firma del Acuerdo Tripartito de 1979.  
    En cambio, el grupo de los “duros” o “halcones” del Ejército, mayoritariamente representado por los generales de división y comandantes de Cuerpo, como los generales Carlos Guillermo Suárez Mason (I Cuerpo) y Luciano Benjamín Menéndez (III Cuerpo), tuvo, en política interna, una marcada inclinación por las ideas más ortodoxas del nacionalismo y atacó el sesgo liberal de las “palomas”, prefiriendo un Estado más autoritario e intervencionista. Una manifestación de esta postura fue, por ejemplo, el rechazo de los “halcones” a la política económica de Martínez de Hoz. Asimismo, en el terreno de la política exterior, estos sectores crudamente nacionalistas fueron partidarios de la continuación de hipótesis de conflicto con los países vecinos, repudiando los esfuerzos negociadores. Clara evidencia fue la gestación del “Operativo Soberanía” a fines de 1978, que, impulsado por los “halcones”, estuvo a punto de involucrar a la Argentina en una guerra con Chile. 
    Dentro de la Armada la mayor parte de sus integrantes se encolumnó tras la figura de su comandante en jefe,  almirante Emilio Eduardo Massera. Enfrentados con las duplas de poder conformadas por el presidente Videla y su ministro Martínez de Hoz, y por Videla y el jefe de Estado Mayor Viola, los masseristas procuraron ganar espacios de poder apelando a alianzas ideológicamente contradictorias. Por un lado, se acercaron a los “halcones” del Ejército. Para ello, Massera y sus seguidores no dudaron en explotar cada posible veta de oposición a Videla, Viola y Martínez de Hoz. De este modo, adoptaron un discurso duramente crítico de los intentos de apertura política de Videla y Viola y de la política económica de Martínez de Hoz, y fuertemente nacionalista en cuestiones territoriales de la agenda externa, como Beagle y Malvinas. La retórica masserista fue, por cierto, muy agradable a los oídos de los “halcones” del Ejército y de la Marina. (9)  
    Pero, al mismo tiempo, Massera y los suyos intentaron su propia “apertura política” alternativa. Entraron en contactos y negociaciones con los mismos sectores “populistas” que generaban rechazo en los sectores “duros” del Ejército y la Marina: esto es, con dirigentes sindicales, e incluso con figuras de franca tendencia izquierdista, como el jefe de los Montoneros, Mario Firmenich. Esta paradoja se explica por el hecho de que Massera no estaba atado a ortodoxias ideológicas, sino al deseo de llegar a la presidencia y ser “un nuevo Perón” que encabezara un frente amplio de connotación anti-liberal. Para ello, no dudó en captar tanto a los sectores militares más rígidamente nacionalistas (que a la vez eran visceralmente anti-peronistas) como a los sectores populares identificados precisamente con ese pasado populista-peronista. (10)  
    Cabe señalar, sin embargo, que un sector minoritario de la Armada criticó la politización del arma orquestada por Massera, sosteniendo la necesidad de volver a la histórica posición “profesionalista” y apolítica. Según este sector, Massera no seguía los intereses de la Armada sino los suyos propios. Un referente de este grupo fue el sucesor de Massera en la comandancia en jefe de la Armada, el almirante Armando Lambruschini, quien intentó, no con demasiado éxito, despolitizar o “desmasserizar” el arma. (11)  
    Por último, los oficiales de la Fuerza Aérea jugaron un papel de “tercera fuerza”, destinada a destrabar las numerosas impasses producidas en las internas desatadas entre “duros” y “blandos” del Ejército y la Marina. 
    Por otro lado, la división de la interna militar en sectores “duros” y “blandos” mencionada no debe hacernos perder de vista otro importante eje de debate. En todo caso, la pugna entre “duros” y “blandos” constituyó la extensión, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de un debate muy anterior al golpe de 1976 entre las distintas variantes de las corrientes liberal y nacionalista, que, por cierto, siempre contó con interlocutores tanto civiles como militares. No obstante esta continuidad básica, cabe notar que, a diferencia de las etapas anteriores, en el ciclo 1976-1983 la variante “desarrollista” del nacionalismo -la que ponía el acento en la falta de desarrollo económico como principal causa de la subversión- perdió peso respecto de las opciones más extremas u “ortodoxas” del nacionalismo y del liberalismo.
   
El liberalismo “ortodoxo”, planteó que la mejor forma de lograr el retorno al “orden” era la aplicación, en forma drástica, de medidas de ajuste anti-inflacionario, apertura económica y privatización. A su vez, el nacionalismo “ortodoxo” apuntó a suplantar un sistema liberal de partidos percibido como deficiente por un estado fuerte, de sesgo fascistoide, donde la represión lisa y llana de los grupos subversivos, los sindicatos y, en fin, el conjunto de la sociedad pasó a ser un fin en sí misma, más que el medio para recuperar el “orden” y la estabilidad perdidos. La enorme desconfianza de los nacionalistas “ortodoxos” por los partidos políticos y los sindicatos -percibidos como referentes de la “pesadilla populista” de los años 1973-1976- los llevó a concebir un Proceso militar que no tenía plazos para el retorno a la democracia. 
    En la práctica, el Proceso militar fue producto de una extraña convivencia entre liberales y nacionalistas ortodoxos. En un punto, y tal como ocurriera en el caso del modelo económico aplicado por el general Augusto Pinochet en Chile desde septiembre de 1973, la indiscriminada represión resultaba funcional a la necesidad del modelo liberal ortodoxo de “disciplinar” a los agentes económicos, particularmente a aquéllos beneficiados con el modelo “populista” del peronismo - como sindicatos o pequeños y medianos empresarios-. Pero en otro punto, la receta liberal ortodoxa entró en franca colisión con el nacionalismo “ortodoxo”. Así, objetivos tales como el crecimiento del gasto en armamentos para sostener hipótesis de conflicto con los países vecinos y la onerosa apuesta al “Plan Nuclear” argentino fueron pasos acordes con los intereses de los nacionalistas “ortodoxos”, que chocaron con los principios de la ortodoxia liberal de bajar el gasto público -incluyendo el militar- y privilegiar los mecanismos de cooperación e integración económica por sobre las hipótesis de conflicto. En realidad, esta extraña convivencia entre las ortodoxias liberal y nacionalista -en tanto la primera maximizaba la soberanía económica del mercado y la segunda la del Estado- ya había comenzado a anunciarse durante la gestión de Isabel Perón, pero constituyó un rasgo definitorio en los gobiernos del Proceso militar abierto en marzo de 1976. (12) 
   
En términos estrictamente políticos, existió dentro del régimen militar una corriente “liberal”, partidaria, en política interna, de una “gradual” u “ordenada” transición hacia una democracia. Dicha corriente se opuso a eternizar el Proceso militar como pretendían los nacionalistas “ortodoxos”. Esta corriente “liberal” -dentro de las lógicas limitaciones de aplicación que tiene este término en el caso de un régimen autoritario- ideó un proceso político dividido en dos etapas. La primera, de necesaria represión de la guerrilla, y la segunda, donde una vez lograda la eliminación del fenómeno subversivo, se concretaría la transición del régimen militar hacia una democracia “ordenada”, cuyos protagonistas serían un partido “oficial”, surgido del propio Proceso militar, y los partidos políticos tradicionales. En realidad, como sostiene María de los Angeles Yanuzzi, tanto el discurso aperturista de Videla como el de Viola se referían a “partidos” pero más en el sentido de “movimientos de opinión” que de partidos políticos propiamente dichos, en tanto su forma organizativa era menos estructurada que la de los últimos. (13) Podemos mencionar como integrantes militares de esta corriente “liberal” con reservas al propio presidente y comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rafael Videla; al jefe del Estado Mayor de dicha arma y más tarde comandante en jefe, general Roberto Eduardo Viola; al ministro de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, y al secretario general de la Presidencia, general José Rogelio Villarreal.
   
No obstante, esta corriente liberal, a pesar de la común convicción de sus integrantes de que el Proceso no debía ser indefinido, distó mucho de ser homogénea, ya que no hubo acuerdo respecto de quiénes serían los protagonistas de la futura democracia “ordenada”. Podemos distinguir, en este sentido, dos proyectos distintos de apertura política: el proyecto Videla-Villarreal-Yofre, y el proyecto Viola. 
   
El proyecto del presidente Videla, con el respaldo de Villarreal y de su segundo, el subsecretario y abogado radical Ricardo Yofre, buscó la transición hacia la democracia sobre la base de los partidos políticos ya existentes, en particular, del radicalismo, dada la particular desconfianza de Videla por el sesgo “populista” del peronismo. Villarreal impulsó junto con Yofre el diálogo entre el presidente Videla y los partidos políticos, a fin de otorgar al primer mandatario una imagen de “hombre moderado” del Proceso tanto dentro como fuera de la Argentina, que lo diferenciara de los sectores “duros” del régimen, opuestos a la apertura política. (14)  
    Por cierto, un rasgo importante del proyecto “liberal” impulsado por Villarreal y Yofre fue la designación de embajadores provenientes de partidos políticos tradicionales, idea que Videla aceptó pues ayudaba a contrarrestar las denuncias sobre derechos humanos y revertir la negativa imagen argentina en el exterior. De este modo, el gobierno de Videla incorporó como embajadores a políticos a los radicales Héctor Hidalgo Solá -titular de la legación argentina en Venezuela-; Rubén Blanco -embajador en el Vaticano- y Tomás de Anchorena -embajador en Francia-; al demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda -embajador en Italia-; al desarrollista Oscar Camilión -embajador en Brasil-; al demócrata mendocino Francisco Moyano -quien se desempeñó como embajador en Colombia y asesor presidencial de Videla-; y al socialista Américo Ghioldi -embajador en Portugal-. (15)  
    Contrariando el deseo de los sectores más “ortodoxos” del régimen de prorrogar indefinidamente la etapa de tutela militar previa al inicio del diálogo con los partidos políticos y otros sectores de la sociedad civil, el presidente Videla anunció el comienzo de esta etapa “dialoguista” en marzo de 1977, luego de su viaje a Perú, señalando que “la época del silencio ha terminado” y que era “necesario dar contenido político al Proceso”. Pero, probablemente procurando evitar repercusiones negativas en la interna militar, el presidente no hizo ninguna referencia a plazos concretos, limitándose a hablar de objetivos a cumplir. (16)
   
Con serias objeciones de parte de los “ortodoxos” del régimen militar, la mención de Videla del “diálogo político” reapareció en distintos momentos de su gobierno. Así, en diciembre de 1979, la Junta Militar dio a conocer públicamente las llamadas “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, que señalaban el segundo semestre de 1980 como fecha para dar a conocer las normas legales sobre el régimen de los partidos políticos y la normalización institucional. Quedaban excluidas del juego político ideologías totalitarias que tuvieran el “inaceptable” propósito de “fomentar la lucha de clases”. (17)  El segundo momento fue el 6 de marzo de 1980, cuando el presidente Videla transmitió un mensaje por cadena oficial de radio y televisión, en el que señaló oficialmente el inicio del llamado “diálogo político”. (18) 
    Pero a pesar del discurso de Videla, el  “diálogo político” tardó en concretarse, debido a la poderosa resistencia que el retorno de los partidos políticos provocaba en buena parte de las Fuerzas Armadas, en virtud de la negativa experiencia de los años 1973 a 1976. Maniatados por sus dudas y recelos respecto del desempeño de la dirigencia política, los militares aplazaron el “diálogo político” hasta que, por efecto de la crisis generada por la derrota en la guerra de las Malvinas, ya no tuvieron ningún espacio para condicionar la transición a la democracia y debieron aceptar las exigencias de esa misma clase política.  
    A diferencia del proyecto impulsado por los “videlistas”, que tenía una impronta predominantemente radical y totalmente despojada de rasgos populistas, el llamado Movimiento de Opinión Nacional (MON), patrocinado por los sectores “violistas”, pretendió ser un partido integrado por numerosas fuerzas políticas donde no estaban excluidos los representantes del peronismo y otros equivalentes “populistas”. Estaba compuesto por alianzas de partidos provinciales bajo la jefatura explícita o implícita de la diputada jujeña María Cristina Guzmán, representantes del sindicalismo y probables desprendimientos del radicalismo y del peronismo. Por cierto, los contactos que mantuvo el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército general Viola con el sindicalismo le valieron tanto la oposición de Massera -que precisamente rivalizó con Viola en la captación de la dirigencia sindical-, como la de los sectores “duros” del Ejército y la Marina, que rechazaban por convicción ideológica lo que consideraban una inclinación “populista” o “peronizante” de Viola. Así, en una reunión de generales de división que tuvo lugar a mediados de 1977, los “duros” Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros, Carlos Guillermo Suárez Mason y Ramón Genaro Díaz Bessone se opusieron al MON “porque no queremos que de sus entrañas nazca un nuevo Perón”. (19) 
    Así como Videla y Viola, a pesar de su común pertenencia a la corriente que podemos definir como “liberal” con ciertas reservas, no tuvieron pensamientos coincidentes en materia de apertura política, también presentaron divergencias en lo que a política económica se refiere. Mientras Videla representó la variante ortodoxa del liberalismo, Viola, opuesto a la política de Martínez de Hoz, fue un firme defensor de la variante heterodoxa o gradualista. Así, la opción de ajuste drástico y ortodoxo, encarnada en la política del ministro de Economía Martínez de Hoz, predominó durante la presidencia de Videla, entre marzo de 1976 y marzo de 1981. La del ajuste gradual, en cambio, fue defendida por Viola, quien temió que las medidas de ajuste de Martínez de Hoz provocaran un nuevo Cordobazo como el que había sufrido el liberal Adalbert Krieger Vasena durante su gestión como ministro de Onganía. Este temor explica la elección de un liberal “gradualista” como el economista Lorenzo Sigaut durante la presidencia de Viola, entre marzo y diciembre de 1981.  
    En cuanto a la política exterior, Videla y Martínez de Hoz consideraron prioritaria la necesidad de atraer capitales y créditos para la economía argentina. En la práctica, el titular de Economía invadió ámbitos privativos de otros ministerios, como el de Relaciones Exteriores. Así, actuó como un “superministro” y utilizó sus buenos contactos con empresarios y entidades financieras en el exterior para revertir la imagen negativa de la Argentina en materia de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el enorme poder que Videla le otorgó a Martínez de Hoz quedó también evidenciado en el hecho de que la mayor parte de los embajadores correspondientes a países del Primer Mundo -fuente de los créditos internacionales- dependieron del titular de la cartera económica. (20)
   
En el caso de la corriente nacionalista, la vertiente “ortodoxa” estuvo representada por figuras tales como el gobernador de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean; el jefe de la policía provincial, coronel Ramón J. Camps; los comandantes de Cuerpo, generales Carlos Guillermo Suárez Mason (I Cuerpo, Buenos Aires), Luciano Benjamín Menéndez (III Cuerpo, Córdoba) y René Osvaldo Azpitarte (V Cuerpo, Bahía Blanca). Fueron éstos los sectores “duros” o “halcones” del ámbito militar, que se inclinaron por un esquema gubernamental dictatorial de corte rígidamente anticomunista y antisemita, donde fuera desterrada toda participación política o sindical como vestigio del pasado “populista” e “izquierdista” que había que arrancar de cuajo en la sociedad argentina. En este sentido, el general Saint Jean definió claramente el método y objetivos de la “guerra contra la subversión” desde la perspectiva de los “nacionalistas ortodoxos”: “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después (...) a sus simpatizantes, en seguida (...) a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos (...)”. (21) 
    Acorde con la ortodoxia de su pensamiento, Saint Jean presentó en octubre de 1976 su plan político, que llevó el nombre de “Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República. Lineamientos para una estrategia nacional”. El plan del entonces gobernador de Buenos Aires planteaba  la “limpieza” del cauce institucional y la emergencia de una “Tercera República” constituida por “una nueva clase dirigente” y donde “los partidos perderán el monopolio de la representación en la sociedad y de la conducción del Estado”. Los partidos políticos y el Parlamento eran reemplazados en este proyecto por el llamado Consejo de la República, un “verdadero espejo de pluralidad social”, que funcionaría “por vía de la multiplicación de comisiones”, y en donde las Fuerzas Armadas ejercerían el rol de “custodios” de la seguridad, disponiendo además de poder de veto. (22)  
    A su vez, el comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, expuso claramente el anticomunismo militante de los sectores “ortodoxos” del régimen. En su discurso del 1º de noviembre de 1977 en la Tercera Reunión Regional de Gobernadores llevada a cabo en San Juan, Menéndez sostuvo que

(...) El objetivo político de las Fuerzas Armadas en esta tercera guerra mundial, apartada de la tremendez material de los dos conflictos mundiales anteriores, pero en la que se utilizan procedimientos más sutiles y totales, es aniquilar el marxismo en nuestro país y cerrarle toda posibilidad de surgimiento futuro (...), condición básica sobre la que se edificará el futuro de paz y grandeza que merece nuestra Argentina. (23)

Asimismo, el general Leopoldo Fortunato Galtieri - reemplazante de Viola en la comandancia general del Ejército primero, y en la presidencia después- exigía en febrero de 1980 un “recambio mental” en los partidos políticos y especialmente en el peronismo, como paso previo a cualquier apertura política. (24) En marzo de ese año, Galtieri, entonces comandante en jefe del Ejército, se opuso abiertamente al inicio del diálogo con los partidos políticos como punto de partida para una gradual apertura del régimen. Frente a los anuncios que en este sentido había hecho el presidente Videla, Galtieri sostuvo que “las urnas están guardadas y bien guardadas”. (25) Galtieri volvió a insistir en su posición el 29 de mayo de 1981, en ocasión del día del Ejército, cuando envió a sus colegas del Colegio Militar un mensaje que se oponía claramente al sesgo aperturista iniciado por Viola:

(...) Ultimamente han arreciado voces que demandan de las Fuerzas Armadas acelerar la transferencia del poder. No es voluntad de los hombres de armas prolongar de manera indefinida su paso por el Gobierno Nacional, pero sólo cuando estén dadas las condiciones, sólo entonces, se materializará dicha entrega, para que la misma sea exitosa y no implique el riesgo de un retorno al caos, previamente el país deberá desarrollar una labor de refundación política (...)
Entiéndase esto: cuando el Proceso, cumpliendo sus objetivos, sea coronado por el éxito (...) habrá llegado el momento de poner en ejecución la democracia deseada, en forma gradual, o sea paso a paso, para evitar que un desliz nos precipite al abismo (...). (26)

Otra figura renuente a la apertura del “diálogo político” fue el reemplazante de Massera en la comandancia de la Armada, el almirante Armando Lambruschini. A pesar de que Lambruschini nunca compartió la “politización” que su antecesor le imprimió al arma, paradójicamente tuvo en común con Massera la oposición a los contactos de Viola con los dirigentes sindicales peronistas, aunque por distintas razones. Mientras Massera se opuso a Viola porque era la gran figura política del Ejército y, por ende, un obstáculo importante para su aspiración a la presidencia, Lambruschini lo hizo por el natural prurito que sentía por un general que se contactaba con elementos “populistas”. (27) Así, en declaraciones de principios de marzo de 1980, Lambruschini sostuvo que: “(...) El Proceso procederá con particular reflexión, no urgido por las circunstancias (...) como no podemos ni queremos colocar parches que serían de duración efímera, la presencia del Proceso no será corta”. (28) 
    Por último, en esta nómina de representantes del nacionalismo “ortodoxo” ocupa un lugar especial el ministro del Interior del gobierno de Videla, general Albano Eduardo Harguindeguy. Para desazón de Videla, Harguindeguy no compartió el interés presidencial en un proceso de apertura política basado en los partidos políticos tradicionales aunque “renovados” en ideas y hombres, a fin de acelerar la transición hacia una “democracia ordenada”. Ante las referencias de Videla al fin del tiempo de silencio y el inicio del diálogo político, Harguindeguy intentó desalentar el efecto que el mensaje presidencial produjo en la dirigencia política, advirtiendo que dicho fin no significa “bajo ningún concepto la apertura de un diálogo con las agrupaciones políticas”; que “el país deberá olvidarse por mucho tiempo de los partidos políticos” y que “este no es tiempo de partidos políticos”. En noviembre de 1977, el titular de Interior mencionó algunas fechas tentativas para poner en marcha el “diálogo” anunciado por el presidente Videla. Sin embargo, lo hizo de manera ambigua, dejando traslucir el condicionamiento de las mismas al logro de objetivos tales como la eliminación de la subversión y un cambio en la cultura política argentina que impidiera el retorno de los viejos vicios populistas. Para abril de 1978, nuevamente Harguindeguy dejó traslucir su rechazo a los partidos políticos tradicionales sosteniendo que “no tienen cabida en la Argentina del futuro”. (29)  
    El ministro Harguindeguy fue reacio a la participación de los partidos políticos, fueran éstos “reformados” o no, lo cual lo acercó más a la visión corporativa de los “nacionalistas ortodoxos” que a la “liberal-partidista” del presidente Videla. Si bien el titular de Interior coincidió con el primer mandatario en el absoluto respaldo al plan económico de Martínez de Hoz, tuvo sus diferencias con Videla respecto del papel de los partidos políticos en la futura democracia. En otras palabras, Harguindeguy fue un “liberal” ortodoxo en cuanto a filosofía económica, pero compartió a la vez la desconfianza de los nacionalistas “ortodoxos” respecto de la dirigencia política tradicional. Sin embargo, en un contexto donde tanto para el gobierno como para amplios sectores de la sociedad civil la continuidad del plan de estabilidad económica justificaba la presencia de un Estado represor, la peculiar posición ideológica de Harguindeguy no resultó tan paradójica. (30) Por cierto, la falta de vocación aperturista demostrada por el ministro Harguindeguy enfureció a los dirigentes políticos como el radical Ricardo Balbín, entusiasmados con las permanentes referencias del presidente Videla al “diálogo político”. (31) 
    Por su parte, la vertiente “desarrollista” del nacionalismo estuvo representada en la política interna por la figura del ministro de Planeamiento, general Ramón Genaro Díaz Bessone y los hombres de su fundación Año 2000. El “Proyecto Nacional” de Díaz Bessone, quien asumió como ministro de Planeamiento a fines de octubre de 1976, estableció hacia 1990 el fin del Proceso militar y la emergencia de una “Nueva República”. (32) El mencionado proyecto otorgaba un rol protagónico al Ministerio de Planeamiento, que controlaría el proceso político de transición del régimen militar a la “nueva” democracia cívico-militar. Pero ni el ministro de Economía Martínez de Hoz ni el propio presidente Videla estuvieron dispuestos a ver restringidos sus respectivos espacios de poder en aras de la manía “planificadora” de Díaz Bessone. Asimismo, la palabra “planificación” atentaba contra la convicción liberal de la dupla Videla-Martínez de Hoz. Finalmente, otro rasgo del proyecto de Díaz Bessone fue su exacerbado anticomunismo, que lo llevaba a proponer constantemente la guerra contra la Unión Soviética. En este punto, también el titular de Planeamiento chocó con el enfoque “pragmático-comercialista” del presidente y su ministro de Economía, que deseaban diversificar los contactos económicos externos de la Argentina sin atender ningún prejuicio ideológico. Esta serie de factores llevó a una serie de roces entre Martínez de Hoz y Díaz Bessone. Como el titular de Economía contaba con el respaldo del presidente Videla y del ministro del Interior Harguindeguy, Díaz Bessone presentó su renuncia en diciembre de 1977. (33)  
    En el ámbito de la política exterior, un representante del “desarrollismo”, Oscar Camilión,  se desempeñó como embajador argentino en Brasil durante el gobierno de Videla, jugando un rol protagónico en las negociaciones con Brasil y Paraguay que llevaron en 1979 a la firma del Acuerdo Tripartito. Por cierto, la decisión del presidente Videla de concretar el emprendimiento hidroeléctrico de Corpus, en sociedad con el gobierno de Asunción, fue acorde con los intereses de los sectores militares y civiles “desarrollistas”, que señalaban la necesidad de no quedar atrás respecto de la política de “hacer obras” emprendida por la Cancillería brasileña. Sin embargo, el largo e intrincado proceso que llevó a la firma del Acuerdo Tripartito de 1979 demostró que estos vestigios de “desarrollismo” estuvieron en la práctica mediatizados por las abrumadoras influencias de las ortodoxias nacionalista y liberal. La primera estuvo representada por los dos primeros cancilleres del Proceso, César Augusto Guzzetti (24 de marzo de 1976 al 23 de mayo de 1977) y Oscar Antonio Montes (23 de mayo de 1977 al 27 de octubre de 1978), quienes, siguiendo los duros lineamientos geopolíticos del entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, tuvieron poca o nula vocación por negociar con sus colegas de Brasil y Paraguay en torno al problema de los emprendimientos hidroeléctricos en la Cuenca del Plata. Por su parte, la ortodoxia liberal estuvo representada en las figuras del propio presidente Videla, del ministro de Economía Martínez de Hoz y de los sectores ligados a la burguesía terrateniente y financiera transnacional que privilegiaron la firma de un acuerdo tripartito que cedía terreno en aspectos considerados críticos por los nacionalistas tanto “ortodoxos” como “desarrollistas”, tales como la altura de la cota de la represa de Itaipú o el número de turbinas. Así, tanto unos como otros hablaron de la “brasileñización” del modelo económico argentino o del papel de la Argentina como “socio menor” del Brasil. (34) 
    En los temas que afectaban directa o indirectamente la soberanía territorial, como el anteriormente mencionado de las represas hidroeléctricas en la Cuenca del Plata, el diferendo argentino-chileno por el canal de Beagle o la cuestión de las Malvinas, nacionalistas “ortodoxos” y “desarrollistas” se unieron, más allá de sus diferencias, con el fin de criticar la política del gobierno. Mientras el presidente y el ministro Martínez de Hoz dieron prioridad en estas cuestiones al diálogo y la búsqueda de fórmulas de negociación que superaran las hipótesis de conflicto con los países limítrofes, los sectores nacionalistas -tanto “ortodoxos” como “desarrollistas”- coincidieron en impugnar el sesgo dialoguista de los sectores liberales. Así, el general Osiris Guillermo Villegas, un nacionalista “desarrollista” de conocida trayectoria durante los años de la Revolución Argentina, ex embajador en Brasil y titular de la delegación argentina en las negociaciones con Chile, sostuvo un discurso de duro tono geopolítico, notablemente cercano a la variante ortodoxa del nacionalismo. A fines de 1978 Osiris Villegas pronunció frases tales como “hay que tomar lo que es de uno” y “la paz no debe ser nunca el producto de una claudicación”. (35)  
    Por último, la figura del almirante Massera puede ser definida como representante de una variante peculiar de la corriente nacionalista, que definiremos como un nacionalismo “heterodoxo” en tanto no respondió a parámetros ideológicos fijos, sino únicamente al deseo de incrementar su poder personal. Con este fin, se opuso a las recetas liberales de Martínez de Hoz no tanto por convicciones ideológicas sino porque percibió que esa actitud le daría un aura de popularidad que le permitiría sumar a sus filas a todos los sectores opositores, desde los militares y civiles “nacionalistas ortodoxos” hasta los mismos peronistas. Percibiéndose a sí mismo como nexo entre los sectores peronistas y los grupos nacionalistas “ortodoxos” y “antiperonistas” de los “halcones” del Ejército, Massera soñó con un proyecto “populista militar”, una suerte de frente nacional con base militar-popular que le permitiera ocupar el sillón presidencial, desplazando del poder al trípode “liberal” de Videla, Viola y Martínez de Hoz. (36)  
    Decidido a oponerse a cualquier estrategia que aumentara el margen de maniobra de este trípode, Massera se opuso a la apertura del “diálogo político” anunciada por el presidente Videla a principios de marzo de 1980. Durante ese mismo mes, Massera inició un gesto de acercamiento a los sectores “duros” u “ortodoxos” del Ejército al proclamar que lo realmente importante no era el diálogo en sí mismo, sino “saber qué intenciones tienen los que dialogan”. (37) Posteriormente, en junio, el ex jefe naval elaboró un documento fuertemente crítico de Videla y Martínez de Hoz. (38) 
    Pero el blanco preferido por los ataques del masserismo fue el ministro Martínez de Hoz, por dos motivos. En primer lugar, el ministro de Economía constituyó un obstáculo importante para las ambiciones de Massera de llegar al poder presidencial. Ello se debía tanto a las excelentes contactos externos del ministro como al respaldo que le otorgaba el presidente Videla. Por cierto, Videla percibió cierta relación entre su estabilidad en el poder y la del titular de la cartera económica. Las importantes conexiones de Martínez de Hoz con los organismos financieros internacionales proveyeron a Videla de un importante aliado externo, en un momento de conflictivas relaciones con Washington por la espinosa cuestión de los derechos humanos. La segunda razón fue que, a diferencia de las figuras de Videla y Viola, que contaban con lealtades divididas en la interna militar, el enfoque liberal ortodoxo del ministro de Economía despertó resistencias tanto en los “duros” del Ejército y la Marina, como en los sectores de la sociedad antes beneficiados por el modelo “populista”. Incluso dentro de las “palomas” del Ejército, y a pesar de la influencia del pensamiento liberal, Viola y sus seguidores no compartieron el respaldo de Videla a las medidas del ministro Martínez de Hoz. Temían que los efectos de una política tan drástica produjeran un “rebrote subversivo” y le hicieran perder consenso y estabilidad al Proceso iniciado en 1976. De esta manera, era más fácil para Massera llevar a cabo una fuerte oposición al ministro que al presidente, quien aún disfrutaba entre sus subordinados de la imagen de eficiencia y profesionalidad que le otorgara el “Operativo Independencia” de lucha contra la subversión durante el último gobierno peronista. El ataque a la gestión de Martínez de Hoz era una forma indirecta pero efectiva de desestabilizar a Videla sin generar efectos contraproducentes en la interna del Ejército. Para ello, Massera enarboló un oportunista discurso antiliberal, que tuvo la virtud de aglutinar tanto a los nacionalistas “ortodoxos” del Ejército como a muchos dirigentes peronistas. (39)  
    El ataque más importante de Massera hacia la figura de Martínez de Hoz se registró a mediados de junio de 1980, cuando salió a la luz un documento fuertemente crítico tanto hacia la política económica como hacia el sesgo “pragmático” y “economicista” de la política exterior de Videla. En uno de los párrafos más significativos de este documento, Massera denunció, para satisfacción de los nacionalistas “ortodoxos” la existencia de una crisis “moral” en la gestión de gobierno:

(...) Cuando la defensa de nuestros derechos soberanos es una declamación sin contenido; cuando tratamos de justificar acuerdos internacionales carentes de sentido; cuando no defendemos con vigor nuestras Malvinas y alguno las negocia; cuando no distinguimos al amigo del enemigo, sino al que compra del que no compra; cuando los intereses pecuniarios superan a los intereses nacionales. (...) (40)

En un ataque posterior, Massera no dudó incluso en vincular el surgimiento del terrorismo a políticas “antinacionales” como la de Martínez de Hoz. Así, en una conferencia que tuvo lugar en Salta en octubre de 1982, el almirante afirmó que

El terrorismo antinacional ha sido derrotado, pero la Patria financiera lo activa (...) Ese sector (...) lo forma una minoría antinacional unida porque su único objetivo es ganar plata a costa del país (...). Esa minoría antinacional (...) desde el centro del escenario o desde las sombras, manejó los resortes del poder y se benefició con una dependencia dócil y hasta gozosa de nuestro país ante los grandes centros de decisión mundial. (41)

En síntesis, guiado por sus apetitos de poder personal, Massera se opuso tanto a la política económica liberal del ministro Martínez de Hoz -respaldada por el presidente Videla- como a la propuesta de incorporación de dirigentes políticos al gobierno militar, como una manera de organizar la transición hacia la democracia -idea que contaba con el aval de Videla y del comandante en jefe del Ejército Viola-.
   
El plan político de Massera se terminó de armar en octubre de 1977. Aunque no tuvo trascendencia oficial, apuntó a la conformación de un “movimiento cívico”, un partido político nuevo, que heredaría a través de las elecciones al gobierno militar. Para ello se proponía alentar la emergencia de un “movimiento de Opinión Nacional” que incluyera “a todos aquellos que deseen la verdadera grandeza del país”, desde “una izquierda inteligente (donde el peronismo tendría un rol importante) hasta una “derecha controlada”. En otras palabras, Massera planteó una especie de “neoperonismo” en donde su figura ocuparía el lugar de Perón con el fin de captar a los sectores obreros, una especie de programa social-demócrata opuesto al proyecto liberal de Martínez de Hoz, cargado con fuertes dosis de oportunismo nacionalista, que le permitirían la adhesión de los sectores “duros” del Ejército y la Marina. (42) 
    La guerra entre Videla y Massera también se desarrolló en el ámbito de la política exterior. Sintiéndose dueño del área de Cancillería por lo establecido en el “cuoteo”, Massera se opuso a la designación de embajadores provenientes de partidos políticos impulsada por Videla, llegando a sostener ante el presidente que los embajadores de este origen representaban “el pasado de corrupción, mediocridad y decadencia que había puesto a la República al borde del abismo” y que el Proceso debía revertir. Por cierto, tras esta dialéctica moralista, Massera ocultó su deseo de disputarle espacios de poder a Videla y de utilizar precisamente la política exterior como una herramienta para su proyecto de poder personal. El jefe naval logró, en algunos casos, vetar a embajadores propuestos por los sectores “videlistas” -por ejemplo al peronista Hipólito Jesús Paz- (43) y en otros, los hizo renunciar -caso del embajador argentino en Washington, Arnaldo Musich-. (44) En los casos donde Massera no había logrado ni una cosa ni la otra, directamente los mandó eliminar -los famosos casos de la desaparición y posterior asesinato del embajador “videlista” en Venezuela, Hidalgo Solá, y de la funcionaria de la embajada argentina en París, Elena Holmberg-. (45)  
    Asimismo, Massera dio instrucciones para que la Cancillería no colaborara con las visitas de Videla a Venezuela (mayo de 1977) y a Estados Unidos (septiembre del mismo año), y en general tendió a objetar los viajes de Videla al exterior, pretextando o bien que el país a visitar era una “cueva de subversivos y marxistas”, o que bien que “la visita va a ser usada para humillar a nuestro presidente con la campaña antiargentina que elementos subversivos desarrollan en el exterior”. Al mismo tiempo, el jefe naval maximizó sus propios contactos en el exterior, a fin de encontrar aliados para su proyecto político. Para ello diseñó una diplomacia paralela a la del entonces presidente, que tuvo como rasgos más destacados las actividades en el Centro Piloto de París. Las entrevistas del jefe naval incluyeron además de colegas de su arma en América latina y en Europa, al jefe de la logia derechista italiana Propaganda Due o P-2, el “Venerable” Licio Gelli, y a figuras ubicadas en las antípodas del pensamiento anticomunista entonces predominante entre los “halcones” del Ejército y la Armada, tales como los dirigentes montoneros exiliados en Europa y el dirigente socialista rumano Nicolae Ceaucescu. (46) 
   
Por cierto, como el proyecto de política exterior masserista respondió más a ambiciones personales que a convicciones ideológicas, contuvo elementos que lo acercaron al pensamiento rígidamente occidentalista de los nacionalistas “ortodoxos”, y rasgos que lo aproximaron extrañamente a la perspectiva de política exterior del peronismo. Un ejemplo de los primeros fue la identificación del “eurocomunismo” como una forma solapada de imperialismo soviético, que compartieron tanto Massera como los “halcones” del Ejército y la Marina. (47) A su vez, una muestra del sesgo “neoperonista” del discurso de política exterior de Massera fue el contenido de su disertación en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, ocasión en la que el ex comandante en jefe naval sostuvo un discurso de tono notablemente similar al de la “Tercera Posición” peronista:

(...) Ante un socialismo colectivista y un capitalismo materialista (...) que buscan igualmente una sociedad que amenaza con la destrucción de los recursos naturales y de la calidad de vida, nosotros aspiramos a constituir un país en que sólo Dios sea más importante que el hombre. Creemos que el mundo se encuentra oprimido por la idolatría de la riqueza en dos formas opuestas que tienen su raíz en la misma adoración de lo material: el socialismo colectivista y el capitalismo materialista. El socialismo colectivista define la justicia a costa de la libertad y, finalmente a costa de la justicia misma. El capitalismo materialista (...) define la libertad a costa de la justicia, a costa de la libertad misma (...). (48)

Asimismo, a fines de 1982, Massera, completamente decidido a llevar adelante su proyecto político, mandó colocar en las calles de Buenos Aires afiches de fondo azul con letras blancas que decían lo siguiente:

1945: Perón ó Braden
1982: Massera ó Martínez de Hoz
Patria ó Colonia
Jamás el movimiento nacional será derrotado por la antipatria (49)

Como puede apreciarse, el mensaje de estos afiches, que fueron el punto de partida para la conformación del partido de Massera -Partido para la Democracia Social- tenía una intencional continuidad con el acento nacionalista y antiliberal que caracterizó a los afiches con los que Perón se enfrentara en 1945 a la Unión Democrática.
   
Por otra parte, tras meses de intensas deliberaciones entre los militares de las tres armas, a principios de mayo de 1978 la Junta Militar resolvió que, a partir del 1º de agosto de 1978 terminara el período de “excepcionalidad” de Videla, quien podía seguir ejerciendo la presidencia pero debía renunciar a su cargo de comandante en jefe del Ejército. Esto significaba la introducción de la figura del presidente como un “cuarto hombre”, es decir un militar retirado, subordinado a las decisiones de los comandantes en jefe de las tres armas que integraban la Junta Militar, y era una exigencia planteada por Massera desde el inicio mismo del Proceso. (50)  
    En el diseño masserista, el presidente Videla debía ser precisamente ese “cuarto hombre” subordinado a las decisiones de los miembros de la Junta. Sin embargo, cuando el 1º de agosto de 1978 Videla renunció a su cargo de comandante en jefe para ejercer sólo el de presidente, se dio precisamente el efecto contrario al deseado por el alto jefe naval, ya que tras el nuevo reparto ministerial que tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre, el poder de Videla, lejos de debilitarse, se vio fortalecido. A ello contribuyeron un conjunto de factores, entre ellos el nombramiento en la comandancia del Ejército de una figura fiel a Videla, la del general Roberto Eduardo Viola; el alejamiento de Massera de la comandancia en jefe de la Marina a mediados de septiembre y su reemplazo por una figura con un perfil más bajo, la del almirante Armando Lambruschini; (51) la alianza de los sectores videlistas con la cúpula de la Fuerza Aérea; la renuncia del canciller, vicealmirante Oscar Antonio Montes, y su reemplazo por una figura proveniente de la Fuerza Aérea, el brigadier Carlos Washington Pastor; (52) y el peso propio de la diplomacia del “superministro” Martínez de Hoz, que atravesaba su fase de apogeo -la conocida etapa de la llamada “plata dulce”-.
   
El momento de máximo poder de Videla como “cuarto hombre” se dio particularmente entre la segunda mitad de 1978 y 1979, al compás del éxito relativo del “programa antiinflacionario” de Martínez de Hoz. No obstante, y tal como ocurriera en el primer tramo de su gestión, Videla siguió encontrando resistencias por parte de los sectores “duros” del Ejército, aliados con Massera, quien, no dejó de atacar al presidente y a su ministro de Economía Martínez de Hoz, en tanto ambos eran los dos obstáculos más importantes para su proyecto de promoción personal.
   
En su pugna con Massera y los “halcones” del Ejército, Videla alternó derrotas con triunfos en esta nueva etapa. Entre las primeras, vale mencionar el frustrado proyecto del presidente Videla y el secretario de la Presidencia Villarreal de formar un gabinete de gobierno más abierto y pluralista, con participación de militantes de distintas expresiones políticas (Martínez Raymonda en Bienestar Social, Oscar Camilión en Relaciones Exteriores; Acuña Anzorena en Trabajo, Rubén Blanco en Educación y Amadeo Frúgoli en Justicia). Ante la resistencia de las demás fuerzas, Videla confeccionó un gabinete con mayor participación militar: el contraalmirante Jorge A. Fraga en Bienestar Social, el brigadier Carlos Washington Pastor en Cancillería, el contraalmirante Horacio de la Riva en Defensa. (53)  
    Pero también Videla obtuvo importantes triunfos sobre los “halcones” del Ejército y la Marina, entre los que cabe mencionar el viaje presidencial a la ceremonia de entronización del Papa Juan Pablo I en Roma en septiembre de 1978; (54) la imposición de la mediación papal sobre la opción bélica con Chile en diciembre del mismo año; el acatamiento de los altos mandos del Ejército a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de liberar al periodista y ex director de La Opinión, Jacobo Timerman; (55) y la neutralización del levantamiento del general Luciano Benjamín Menéndez en septiembre de 1979. (56) Finalmente, aunque con sus limitaciones, un triunfo de Videla en su etapa como “cuarto hombre” fue la elección de Viola como su sucesor. Primero, en la comandancia en jefe del Ejército -desde el 1º agosto de 1978 hasta el 29 de diciembre de 1979-, y luego en la misma presidencia -a partir del 29 de marzo de 1981-.  
    Durante esta segunda etapa, el retiro del almirante Massera del servicio activo, producido a mediados de septiembre de 1978, estuvo muy lejos de ser un factor que contribuyera a amenguar sus ataques al presidente Videla y a la política económica de Martínez de Hoz. Massera mantuvo intacto el deseo de ser el heredero del poder que en ese momento tenían Videla y Martínez de Hoz. Así, en un discurso pronunciado a comienzos de junio de 1979 en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Georgetown, en Washington, Massera sostuvo que la política de Martínez de Hoz “ha llevado a la industria argentina a la quiebra”. El ministro de Economía, que en ese momento estaba casualmente en Nueva York, hizo serios reproches al ex comandante por ventilar en otro país asuntos de política interna argentina. (57) Massera, lejos de amedrentarse, volvió a atacar a Martínez de Hoz en un documento que salió a la luz el 15 de junio de 1980, en el cual, sin mencionarlo, criticó todos los aspectos de la política económica del ministro. (58) Martínez de Hoz respondió a los ataques de Massera. Sin mencionar explícitamente al ex comandante en jefe de la Armada, el titular de la cartera económica sostuvo que “el país ya está un poco cansado de afirmaciones que son de alguna manera o lugares comunes, con propósitos demagógicos, o inexactitudes muy gruesas”. (59) 
    El juego de fuerzas de la interna militar tuvo su innegable correlato en la política exterior, en donde se registraron varios triunfos de los sectores “videlistas” y “violistas” sobre “masseristas” de la Armada y “halcones” del Ejército. Vale destacar, entre muchas otras decisiones que enfurecieron a los “duros”, las siguientes medidas del gobierno de Videla:
   
a) respecto de las relaciones con  Estados Unidos, la admisión, por parte del régimen militar argentino, de la visita de inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) de la OEA en septiembre de 1979, como medida tendiente a mejorar la imagen argentina en el exterior y particularmente en Estados Unidos;
   
b) en lo referente a las relaciones con Brasil y Paraguay, la firma de un acuerdo tripartito en 1979 que flexibilizaba las exigencias argentinas, acercándolas a las de Itamaraty; y
   
c) en lo vinculado a las relaciones con Chile, la emergencia de la mediación papal como alternativa a la opción bélica impulsada por los “halcones”.
   
Por otra parte, en octubre de 1980, la Junta eligió al teniente general (RE) Roberto Eduardo Viola para ejercer la presidencia en el período comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984. Contradiciendo abiertamente la imagen monolítica que el régimen militar intentó ofrecer a la opinión pública desde marzo de 1976, el contenido del comunicado de prensa hizo referencia a las intensas disputas inter e intra-fuerzas que acompañaron a la designación del sucesor de Videla:

(...) los señores comandantes en jefe han acordado que, por sobre los distintos enfoques existentes, deben tener primacía los supremos intereses vinculados al futuro institucional del país y al mantenimiento de la imprescindible unidad de las Fuerzas Armadas para el logro efectivo de los objetivos y propósitos del Proceso de Reorganización Nacional. (60)

Por cierto, Viola, el candidato de Videla, llegó a la presidencia notoriamente debilitado en relación a su antecesor. En primer lugar, el nuevo mandatario se topó con la oposición del entonces comandante en jefe, general Leopoldo Fortunato Galtieri, un “halcón” que ambicionaba para sí la presidencia. Asimismo, Viola también contó con la oposición de un viejo rival, el ex comandante en jefe de la Marina Massera, quien, guiado por el propósito de evitar la sucesión de Videla por otro “blando” como Viola, había impulsado la doble candidatura de Galtieri como comandante en jefe del Ejército y presidente. Tal como había hecho con Videla, Massera intentó por todos los medios debilitar y condicionar a Viola. Así, ya en enero de 1981, el ex comandante en jefe de la Armada no tuvo empacho en declarar que no se podía esperar que el nuevo presidente “opere milagros en un cuerpo demasiado herido, como es el país”. (61) En forma coincidente con Massera, los oficiales de la Armada tampoco simpatizaron con la figura de Viola, principalmente por el sesgo “populista” del nuevo presidente. Pero Viola encontró la oposición más importante en el entonces jefe del Estado Mayor de dicha arma, Jorge Isaac Anaya, amigo y compañero de estudios de Galtieri. (62)  
    Asimismo, la condicionada gestión de Viola tampoco contó con el aval de los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos. Como la guerra contra la subversión izquierdista estaba prácticamente liquidada, la persistencia del régimen militar fue percibida por estos sectores como una maquinaria asfixiante que ya no tenía su razón de ser. En consecuencia, comenzaron los tiempos de las manifestaciones de los sindicatos y de los partidos políticos. Además, los grupos económicos y financieros argentinos, plenamente identificados con la política económica de Martínez de Hoz, percibieron con inquietud los cambios efectuados por el ministro Lorenzo Sigaut, especialmente en materia de política financiera. En definitiva, debido a la interacción de estos factores, Viola contó sólo con el respaldo de los sectores moderados del Ejército y de la Fuerza Aérea. (63) 
    Al contrario de lo sucedido con su antecesor, el gabinete de Viola no contó con la presencia  de una figura fuerte. Esto se notó especialmente en el área económica, donde el dominio del “superministro” Martínez de Hoz fue un rasgo definitorio de la gestión videlista. Mientras durante la etapa de Martínez de Hoz el Ministerio de Economía concentró el conjunto de la gestión de asuntos públicos -incluido el Ministerio de Obras y Servicios Públicos-, durante el gobierno de Viola se procedió a una fragmentación de Economía en cinco agencias ministeriales diferenciadas. En tres de ellas -Agricultura, Industria y Obras Públicas y Servicios- aparecieron ministros representantes de intereses sectoriales y con autonomía respecto del ministro de Economía, Lorenzo Sigaut. Además, Sigaut, a diferencia de Martínez de Hoz, no contó con poder para manejar los instrumentos financieros clave: el crédito del Banco Central y el presupuesto. En otras palabras, la autoridad económica fue descentralizada. Por cierto, ello fue producto tanto de las propias convicciones de Viola y de su ministro Sigaut -quienes no compartían el estilo “centralizado” de la conducción de política económica de su antecesor- como de los cambios de fuerzas que operaron en el interior del Ejército -Viola, que había sido un “aliado” clave de Videla en las disputas interfuerzas, no encontró en Galtieri el respaldo necesario para aumentar su margen político de maniobra. (64)  
    Por último, Viola sintió mucho más que Videla la creciente presión de los sindicatos y los partidos políticos. Por cierto, el fin de la amenaza subversiva privó al nuevo gobierno del elemento legitimador que había permitido a la gestión de Videla contar con la resignación de buena parte de la dirigencia política y sindical durante su primera etapa de gobierno. Un síntoma de la mayor capacidad de presión político-sindical fue la emergencia, el 14 de julio de 1981, de la llamada Multipartidaria, integrada por los partidos justicialista, radical, desarrollista, intransigente y demócrata-progresista. Aunque la Multipartidaria no implicó en esta primera fase de su existencia una ruptura franca de la clase política con las Fuerzas Armadas, lo cierto fue que a partir de su creación la sociedad civil estaba demostrando que el crédito sin garantías que en marzo de 1976 se había otorgado a la dictadura militar estaba llegando a su fin. (65)  
    Finalmente, el 22 de diciembre de 1981, el hasta entonces comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, logró su ansiado objetivo de desplazar a Viola de la presidencia. Tanto en política interna como en política exterior, la tercera gestión del Proceso implicó un triunfo de las posiciones más ortodoxas del régimen. (66) Así, al conservar a la vez los cargos de comandante en jefe del Ejército y de presidente, Galtieri retomó el esquema del primer tramo de la presidencia de Videla -es decir, del período transcurrido entre el golpe de marzo de 1976 hasta la creación de la figura del “cuarto hombre” a mediados de 1978-. Este retorno al esquema de “excepcionalidad” que caracterizó el primer tramo del gobierno de Videla le permitió a Galtieri contar con una cuota de poder aún mayor que la de sus dos antecesores en el cargo, gracias a la interacción de dos factores. En primer lugar, el nuevo presidente y a la vez comandante del Ejército logró tener bajo su mando a un arma homogeneizada por las “purgas” que el propio Galtieri había efectuado, asegurándose de pasar a retiro a los sectores “videlistas” y “violistas”. (67) En segundo lugar, el nuevo mandatario contó con el apoyo de la Marina, ventaja con la que no contaron ni Videla ni Viola. No obstante, el apoyo naval tuvo un alto precio: el respaldo de Galtieri al viejo proyecto del comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, de recuperar por la fuerza las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. (68) 
    Pero, si bien a diferencia de la gestión de Videla, el nuevo presidente y comandante en jefe del Ejército contó con la doble ventaja de un Ejército “homogeneizado” o “galtierizado” y el respaldo de la Armada, no tuvo el “cheque en blanco” de los dirigentes políticos y la sociedad civil que sí había tenido Videla. La ascendente protesta sindical, sumada a los reclamos políticos por una salida electoral, llevó a la nueva gestión militar a optar por el camino de la represión y las recetas ortodoxas para afirmar una autoridad ya carcomida en sus bases de sustentación.  
    El tercer gobierno del Proceso adoptó recetas netamente ortodoxas en dos áreas clave: la política económica y la política exterior. En el primer caso, la designación de Roberto Alemann, significó el retorno al enfoque liberal “ortodoxo” de Martínez de Hoz, interrumpido por la “flexibilización” del ministro Lorenzo Sigaut durante la gestión de Viola. Asimismo, el gobierno de Galtieri adoptó una política exterior occidentalista, totalmente identificada con los intereses estratégicos globales de la administración republicana de Ronald Reagan. Ya en su discurso inaugural, el presidente Galtieri sostuvo que 

En el plano de la política exterior creo conveniente señalar que la situación de Argentina en el mundo no es compatible con posiciones equívocas o grises susceptibles de debilitar nuestra raíz occidental ni con devaneos o coqueteos ideológicos que desnaturalicen los intereses permanentes de la Nación. (69)

Para hacer realidad sus palabras, Galtieri designó como canciller a Nicanor Costa Méndez, ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del general Juan Carlos Onganía, y una figura claramente identificada con el perfil nacionalista y occidentalista del presidente y del comandante en jefe de la Marina, Jorge Isaac Anaya. Además, Costa Méndez contaba con el apoyo de los oficiales de la Fuerza Aérea, por lo que constituía una figura acorde con el objetivo de Galtieri de “homogeneizar” el frente militar. Vale recordar al respecto que en 1978, Costa Méndez había redactado la parte de política internacional de las “Bases políticas de la Fuerza Aérea” -uno de los documentos base empleados para elaborar el programa político de la Junta Militar-; y que en dichas Bases, el ex canciller de Onganía había defendido la inserción de la Argentina en el “Occidente cristiano”. (70) 
    Guiada por este sesgo occidentalista ortodoxo, una de las primeras medidas de la Cancillería fue crear, en enero de 1982, una comisión ad hoc para analizar si la Argentina iba a continuar formando parte del Movimiento de Países No Alineados. Este paso respondía a la sugerencia de algunos militares, entre ellos el agregado militar de la embajada argentina en Washington, general Miguel Angel Mallea Gil, una figura clave del entorno de Galtieri, quien a comienzos de ese año había enviado un informe al presidente, sosteniendo respecto de la participación argentina en No Alineados la necesidad de “iniciar un desplazamiento hacia la periferia, a fin de despegarse y quedar solamente como observadores”. (71)  
    Paradójicamente, la guerra de Malvinas no sólo abortó la posible salida argentina del NOAL. Obligó a un régimen tan ortodoxamente occidentalista como el de Galtieri a recurrir a ese foro multilateral con el objetivo de encontrar aliados en su disputa con Gran Bretaña. Así, el canciller Costa Méndez, a su regreso de la Reunión de No Alineados en La Habana de junio de 1982, sostuvo que la participación argentina en dicho foro obedecía a la necesidad de “invertir, modernizar y actualizar” las alianzas del país y revertir el aislamiento externo impuesto a la Argentina por Gran Bretaña, Estados Unidos y los países europeos. Pero, al mismo tiempo, los esfuerzos de Costa Méndez por definir a la Argentina como un “país atípico”, que no era estrictamente ni del Tercer ni del Primer Mundo, evidenciaron los esfuerzos de la Cancillería por justificar ante la diplomacia militar las razones de un giro adoptado por la fuerza de las circunstancias y no por convicción ideológica. (72)  
    Por último, cabe señalar que en el ámbito de la política exterior, la dupla Galtieri-Anaya le encomendó al canciller Costa Méndez la misión de resolver -por las buenas o por las malas- dos temas caros a los intereses geopolíticos de los sectores “duros”: la recuperación de las islas Malvinas y una solución “justa” a la disputa limítrofe con Chile por el Beagle. Repitiendo una tendencia propia del proceso de toma de decisiones del régimen militar, el margen de maniobra del nuevo ministro de Relaciones Exteriores se vio sumamente condicionado por las exigencias de los “halcones”. Ejemplo claro de esto fue el fallido intento de Costa Méndez de condicionar su aceptación del cargo a una promesa del gobierno militar en el sentido de que no se embarcaría en una guerra con Chile. La respuesta de Galtieri a Costa Méndez fue una irónica y contundente advertencia: “Yo llamé a un duro y resulta que ahora vino a verme un blando”. (73) 
    La frustrada (y costosa) guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, llevada a cabo por el gobierno de Galtieri, generó un fuerte sentido de oposición de la mayor parte de la sociedad civil hacia los militares, cerrando definitivamente la posibilidad de una transición negociada del Proceso a la democracia. Como consecuencia de una profunda decepción colectiva, los militares en su conjunto pasaron a ser percibidos por la sociedad civil como “responsables” de los “excesos” cometidos por la Junta Militar. Por cierto, la derrota militar logró el objetivo contrario al buscado por Galtieri al embarcarse en la guerra. En consecuencia, se incrementó la presión de los partidos políticos y de los sindicatos hacia la vuelta a un régimen democrático sin ningún tipo de condicionamientos por parte de los debilitados sectores militares. A la vez, en el ámbito militar, la frustrada experiencia bélica exacerbó las diferencias entre las armas. La cooperación entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, sumamente dificultosa durante todo el Proceso por la coexistencia de rivalidades entre las armas, intereses facciosos y ambiciones políticas personales, se tornó imposible a partir del fin de la guerra. Por cierto, en el balance, la Fuerza Aérea era la que había tenido un mejor desempeño al infligir importantes pérdidas a las fuerzas británicas, mientras que la actuación del Ejército había sido decepcionante. Estas diferencias en la gestión operativa pesaron decisivamente en los conflictos interfuerzas de la etapa post-Malvinas. Tras la renuncia de Galtieri a la presidencia y a la comandancia en jefe del Ejército hacia mediados de junio de 1982, los cuadros de las tres armas comenzaron a acusarse mutuamente por el fracaso de la experiencia bélica. 
   
Debido a que fue el arma que menos satisfactoriamente se desempeñó en la guerra, el Ejército sufrió tras la derrota militar el inmediato descabezamiento de sus principales figuras: el hasta ese momento presidente y comandante en jefe Galtieri; el jefe de Estado Mayor, general José Antonio Vaquero, y el secretario general del Ejército, general Alfredo Saint Jean. La comandancia en jefe del arma pasó a manos de otro “duro”, el general Cristino Nicolaides, quien polemizaba con los partidos políticos moderados y muy especialmente con los dirigentes de la Unión Cívica Radical. El nombramiento de Nicolaides, partidario de estirar el plazo de entrega del poder lo más posible, fue un obstáculo insalvable en la convivencia del Ejército con las otras dos armas, deseosas de acelerar una transición política hacia el régimen democrático percibida ya como inevitable. En especial, Nicolaides chocó con el titular de la Fuerza Aérea, brigadier Basilio Arturo Lami Dozo, quien pretendió usufructuar la posición favorable adquirida por su arma durante la guerra para recrear el antiguo proyecto videlista de creación de un partido político adicto al régimen militar. El titular de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, también se distanció del Ejército, acercándose a la Fuerza Aérea.  
    Como consecuencia del cambio en el equilibrio entre las tres armas que provocó la derrota en Malvinas, los oficiales de la Fuerza Aérea y la Armada decidieron dejar aislados a sus colegas del Ejército y por primera vez en todo el Proceso, tomaron la drástica actitud de retirarse del gobierno. El día 22 de junio de 1982 el Ejército decidió asumir la “responsabilidad de la conducción política”, designando para el cargo de presidente al general (RE) Reynaldo Bignone. (74)  
    El general Reynaldo Bignone fue el encargado de conducir la inevitable transición hacia la democracia. Ya en su primer discurso oficial, pronunciado el 1º de julio de 1982, el último presidente de facto sostuvo que su misión era la de “institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984”. (75) Pero, a pesar del deseo del Ejército de alargar lo más posible los plazos del llamado a elecciones y entrega del poder a las autoridades civiles, ambos se adelantaron, debido a la gran presión de los partidos políticos y del conjunto de la sociedad, que habían optado por el fin del Proceso. Surgida como consecuencia del fracaso de una irresponsable aventura militar, la gestión de Bignone tuvo desde su inicio un margen de maniobra sumamente reducido por las secuelas que la guerra dejó tanto en la sociedad civil como en el ámbito militar.
   
La transitoria disolución de la Junta Militar no fue obstáculo para que durante la gestión de Bignone siguieran los característicos roces entre el Presidente y la Junta, tal como había sucedido en las gestiones anteriores del Proceso militar. Así, existieron serias divergencias respecto de cuestiones claves de la transición como, por ejemplo, la fecha y alcance de las elecciones, la fecha de traspaso del poder a las autoridades civiles, y el alcance de la “concertación” o “diálogo político”. (76)
 
    El aislamiento interno y externo de la última administración del Proceso militar se vio exacerbado por la adopción de dos medidas de gobierno que fueron otra causa de discordia entre los miembros de la Junta Militar. Una de ellas fue la firma, por parte de los miembros de la Junta el 28 de abril de 1983, del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró la muerte de todos los desaparecidos. (77) La otra medida polémica fue la sanción, el 23 de septiembre de ese mismo año, de la ley Nº 22.924, denominada de Amnistía o de Pacificación Nacional, que otorgaba una suerte de amnistía tanto a los promotores de actividades terroristas como a los encargados de reprimirlas. (78) Como era de esperarse, estas medidas no hicieron más que generar aún mayor descontento tanto en el ámbito interno como externo. (79)  
    En el plano de la política exterior, el impacto de la guerra de Malvinas obligó a la gestión de Bignone a continuar con el sesgo anticolonialista y tercermundista adoptado por Costa Méndez a partir de la crisis de Malvinas. Con el fin de justificar este discurso ante la propia interna militar, el nuevo canciller Juan Ramón Aguirre Lanari se tomó el trabajo de redefinir el concepto de “Occidente” adaptándolo a las condiciones del contexto post-Malvinas. Según esta nueva definición,

(...) Occidente es un concepto cultural y es una filosofía desde el punto de vista de nuestra conformación política. Yo pienso que Occidente significa democracia. Significa una manera de vida que respeta al ser humano y su personalidad. Desde ese punto de vista somos occidentales y estamos trabajando para restablecer la plenitud democrática en nuestro país. Pero ser occidental no significa estar subordinado a ninguna superpotencia, sino practicar determinados valores de acuerdo a nuestro propio imperativo, y tener una buena política independiente manteniendo relaciones con todas las naciones del mundo. (80)

Incluso, el canciller Aguirre Lanari respondió a las críticas de los sectores partidarios de que la Argentina adoptara una posición netamente “occidental” y abandonara No Alineados, en los siguientes términos:  

(...) hay quienes sostienen que la Argentina no debería integrar el movimiento de No Alineados. A ellos les respondo que de ninguna manera yo tomaría una decisión en ese sentido, porque interpreto que a los intereses de la Argentina, les conviene que estemos en ese movimiento. Y les interrogo, ¿de dónde obtuvimos apoyo que no nos dieron algunos otros sectores del mundo? Yo no voy a tomar jamás una decisión en el sentido de alejarnos de No Alineados porque en primer lugar ellos nos apoyaron y además no significa acordar ideológicamente con algunos de sus miembros (...). (81)

Esta suerte de “revisión” o “redefinición” de la política exterior por parte del presidente Bignone y su canciller Aguirre Lanari fue respaldada por el ex canciller Costa Méndez, quien rectificaba su pasado perfil “occidentalista” al señalar que “si bien en su momento critiqué la inserción argentina en el movimiento de No Alineados, (...) la Argentina de 1982 no puede retirarse de ese movimiento. (82)  
    A la vez, la Cancillería argentina otorgó una especial prioridad a América latina, actitud explicable por dos razones: el importante respaldo a la posición argentina otorgado por la mayoría de los países de la región durante los días de la guerra con Gran Bretaña, y el papel que estas naciones podían jugar en la batalla diplomática que el gobierno de Bignone estaba dispuesto a emprender para reivindicar, con armas distintas a las utilizadas por Galtieri, los derechos argentinos en Malvinas. Así, en su primer mensaje al país, el presidente Bignone sostuvo que se impulsaría “al máximo” las relaciones “con los países hermanos de Iberoamérica, a quienes tendremos siempre en nuestros corazones por su amistad y solidaridad en los difíciles momentos que hemos vivido recientemente”. Del mismo modo, el canciller Aguirre Lanari sostuvo que América latina “debe ser nuestra primera prioridad, según indica no solamente la historia sino también y muy especialmente, lo demostrado en los últimos días”. (83)

  1. Carlos A. Floria y César A. García Belsunce, Historia de la Argentina contemporánea, 1880-1983, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 239-241.

  2. Sobre el sistema de cuoteo ver los trabajos de Enrique Vázquez, PRN. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar, Buenos Aires, EUDEBA, 1985, pp. 20-21; Claudio Uriarte, Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 103-107; Carlos M. Túrolo, De Isabel a Videla: los pliegues del poder, Buenos Aires, Sudamericana, 1996,  especialmente pp. 145-151; Félix Luna, “El ‘Proceso’ (1976-1982)”, artículo citado en revista Criterio, Número de Navidad 1982, p. 741, y en Ricardo del Barco et al, 1943-1982 Historia política argentina, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1983, p. 155; Roberto Russell, “Argentina y la política exterior del régimen autoritario (1976-1983): una evaluación preliminar”, en Rubén M. Perina y Roberto Russell (editores), Argentina en el mundo (1973-1987), Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, p. 103; Roberto Russell, “El proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina (1976-1989)”, en Roberto Russell, (editor), Política exterior y toma de decisiones en América Latina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1990, p. 15, y Aldo Vacs, “Back to the Origins: Democracy, Liberalization and the Redefinition of Argentina’s Foreign Policies”, Seminario “La Nueva Matriz Política Argentina”, organizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con apoyo del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, Buenos Aires, 26 y 27 de Noviembre de 1993, p. 12.

  3. C.M. Túrolo, op. cit., pp. 31-33.

  4. C.A. Floria y C.A. García Belsunce, op. cit., p. 242.

  5. Torcuato S. Di Tella, Sociología de los procesos políticos, Buenos Aires, EUDEBA, 1986, pp. 298-303; Marcelo Cavarozzi, “La política: clave del largo plazo latinoamericano”, versión revisada del trabajo presentado en el XVII Congreso de LASA (Latin American Studies Association), Los Angeles, 23-26 de septiembre de 1992, p. 5, nota 5. Siguiendo la definición de Perry Anderson, denominamos políticas populistas a aquéllas que, en América latina, tuvieron por objetivo proponer reformas materiales para las masas urbanas y estimular el desarrollo económico, particularmente en el sector industrial. Véase Perry Anderson, “Democracia y dictadura en América Latina”, en Horacio Gaggero (compilador), Estructura social y conflicto político en América Latina, Buenos Aires, Biblos, 1989, p. 249.

  6. Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976; Acta para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976, y Anexo I, Medidas inmediatas de gobierno, fuentes citadas en República Argentina, Junta Militar, Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 1980, pp. 7-10 y 25-29.

  7. Andrés Fontana, “De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina”, Working Paper Nº 74, Buenos Aires, EURAL, August 1986,p. 37, nota 6.

  8. Esta identificación de las “palomas” del Ejército con los sectores ultraliberales databa del último tramo del gobierno de Isabel Perón. Durante 1975, muchos militares tomaron contacto con los integrantes del llamado “grupo Perriaux”, entre quienes se contaban liberales como José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce y Alberto Rodríguez Varela. Fue el general de brigada retirado Hugo Miatello quien puso “oficialmente” en contacto al grupo Perriaux con los oficiales del Ejército. Este grupo de liberales fue el que elaboró el plan económico que se adoptó luego del golpe de marzo de 1976. No obstante, cabe advertir que algunos sectores del Ejército tuvieron reparos respecto de la ortodoxia de un plan que podía alejar a los militares de los sectores populares en el difícil contexto de la lucha contra la subversión. C.M. Túrolo, op. cit., pp. 41-48.

  9. “La guerra que nadie vio” (segunda parte), Somos, Nº 459, 5 de julio de 1985, p. 20.

  10. Cabe destacar la habilidad política de Massera para lograr el contacto con ex dirigentes sindicales peronistas (como Casildo Herreras en Venezuela) y con dirigentes montoneros (como Mario Firmenich) sin perder el respaldo de los “duros” del Ejército y la Armada. Estos últimos, detestaban a los dirigentes sindicales y políticos peronistas y a los Montoneros, pues constituían verdaderos ejemplos de la amenaza “populista” e “izquierdista” que había que erradicar definitivamente en la sociedad argentina. Véase C. Uriarte, op. cit., pp. 195-198. 

  11. C.M. Túrolo, op. cit., p. 274.

  12. Véase Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso..., op. cit., especialmente p. 8. 

  13. Los movimientos de opinión “videlista” y “violista” procuraron la convergencia cívico-militar, con el aporte proveniente de algunos dirigentes de partidos políticos -los de ideas moderadas, más cercanas al Proceso-, pero sin la inclusión de estructuras partidarias. M.A. Yanuzzi, op. cit., p. 197. 

  14. Un claro indicio del proyecto aperturista de Videla, Villarreal y Yofre fue la convocatoria del gobierno de Videla a la “cena de la amistad” que se celebró a principios de diciembre de 1978, y de la que participaron cerca de 400 políticos de extracción radical, entre ellos Ricardo Balbín, Juan Carlos Pugliese, Fernando de la Rúa, Antonio Tróccoli y Juan Trilla. Ver al respecto “Juicios políticos en una cena de la amistad”, La Opinión,  10 de diciembre de 1978, p. 11. Sobre el proyecto de apertura política del general Villarreal y sus contactos con el radicalismo ver C.M. Túrolo, op. cit., pp. 168-174. Ver también los editoriales “La guerra que nadie vio” (primera parte), Somos, Nº 456, 14 de junio de 1985, p. 8, y “La guerra que nadie vio” (segunda parte), op. cit., p. 21. 

  15. Sobre el tema de los embajadores políticos  y su rol en la “ofensiva diplomática” para revertir la negativa imagen externa de la Argentina, ver los editoriales “La diplomacia política”, Somos, Nº 135, 20 de abril de 1979, pp. 18-19, y “Videla mira a Europa”, Somos, Nº 169, 14 de diciembre de 1979, pp. 12-13. Consultar asimismo el trabajo de C. Uriarte, op. cit., pp. 125-126.

  16. Discurso de Videla de marzo de 1977 en Santa Fe haciendo referencia a la necesidad de dar “contenido político” al Proceso, citado en M.A. Yanuzzi, op. cit., p. 193. Videla volvió a mencionar la alternativa del diálogo el 4 de abril de 1977 en una declaración efectuada a periodistas brasileños, y en su discurso de clausura de la III Reunión de Gobernadores del 15 del mismo mes. Declaraciones de Videla del 4 y 15 de abril de 1977 citadas en Oscar Troncoso, El Proceso de Reorganización Nacional / 2: De abril de 1977 a junio de 1978, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985, pp. 13-14 y 16.  Videla retornó con la idea del diálogo en su discurso del 29 de mayo de ese mismo año, con motivo de la celebración del Día del Ejército. Editorial “El diálogo y el poder”, por José Ignacio López,  Extra, Nº 145, julio de 1977, p. 32  Finalmente, Videla reafirmó en diciembre de ese año de 1977 que los partidos políticos “no han sido disueltos”, pues constituyen “indispensables mecanismos de reclutamiento de las divergencias políticas”. Declaraciones de Videla en un reportaje efectuado por el diario brasileño Folha de Sao Paulo del 21 de diciembre de 1977, citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 88-89. 

  17. “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, Convicción, 20 de diciembre de 1979, Segunda Sección.

  18. Mensaje del presidente general Jorge Rafael Videla, Buenos Aires, 6 de marzo de 1980, Convicción, 7 de marzo de 1980, pp. 12-13; “El discurso de Videla”, Somos, Nº 182, 14 de marzo de 1980, p. 11.

  19. Sobre el proyecto de apertura política violista ver los trabajos de C. Uriarte, op. cit., p. 244; E. Vázquez, op. cit., p. 21 y pp. 92-93, y C.M. Túrolo, op. cit., p. 275. Véase también “Así piensa el general Viola”, Somos, Nº 95, 14 de julio de 1978, p. 18, y palabras del general Roberto Eduardo Viola en la Universidad de Belgrano, el 25 de octubre de 1979, citadas en Somos, Nº 163, 2 de noviembre de 1979, p. 66; texto íntegro del discurso de Viola transcripto en Convicción, 26 de octubre de 1979, p. 12.

  20. A su vez, el hecho de que la mayor parte de los embajadores argentinos en países del Primer Mundo estuvieran bajo la órbita de Videla y Martínez de Hoz generó innumerables roces con la Cancillería, que estaba bajo la égida del almirante Massera y reclamaba el control exclusivo sobre la designación de embajadores. R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 18-19, y C. Uriarte, op. cit., pp. 104 y 125-126.

  21. Declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, citadas en Cable de la United Press International (UPI), referido a comentario editorial del New York Times, del 25 de mayo de 1977, fuente citada en E. Vázquez, op. cit., pp. 72-73. También en Joseph Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza, Buenos Aires, Planeta, 1987, p. 261. 

  22. E. Vázquez, op. cit., pp. 70-71, y C. Uriarte, op. cit., p. 123.

  23. Declaraciones del comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, del 1º de septiembre de 1977, citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 58-59.

  24. A principios de febrero de 1980 Galtieri declaró que

    (...) todos tienen derecho a intervenir en la cosa pública. Pero sin olvidarse ni por un instante de la dolorosa experiencia por la que pasó el país. Quienes no hagan un recambio mental, quienes insistan en los vicios y errores del pasado, quienes olviden que hemos atravesado un río de sangre para alcanzar este nuevo y esperanzado punto de partida, no tendrán lugar en la vida política de la Nación (...) creo haber sido claro, pero lo voy a ser más aún: el peronismo en su forma y estructura conocida no tendrá cabida dentro del Proceso. Como todos, deberá adecuarse a las amplias reglas de juego establecidas en las bases políticas. Hemos luchado por eso y de ahora en más empezamos a construir la nueva República y comienza un nuevo ciclo histórico para la Nación (...).

    Declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, citadas en “ ‘El peronismo en su forma conocida no tendrá cabida en el Proceso’, dijo Galtieri”, Convicción, 7 de febrero de 1980, p. 1.

  25. Esta polémica frase de Galtieri generó la firme respuesta del dirigente radical Raúl Alfonsín, quien sostuvo que “Si el general Galtieri ha dicho que las urnas están guardadas y permanecerán así por un buen tiempo, nosotros le respondemos que les vayan pasando el plumero porque las llenaremos de votos”. Palabras del general Leopoldo Fortunato Galtieri del 27 de marzo de 1980 y réplica del dirigente radical Raúl Alfonsín del 31 de marzo de 1980, citadas en Somos, Nº 185, 4 de abril de 1980, p. 66. 

  26. Discurso de Galtieri en el Colegio Militar en el Día del Ejército, 29 de mayo de 1981, Convicción, 30 de mayo de 1981, pp. 12-13.

  27. C.M. Túrolo, op. cit., pp. 274-275.

  28. Declaraciones del comandante en jefe de la Armada, almirante Armando Lambruschini, en “El Proceso no procederá urgido por las circunstancias y su presencia no será corta, afirmó Lambruschini”, Convicción, 4 de marzo de 1980; también discurso de Lambruschini en el almuerzo del Centro de Estudios Comparados, Buenos Aires, 26 de marzo de 1980, en Convicción, 27 de marzo de 1980, pp. 12-13.

  29. A diferencia de Videla y de Viola, Harguindeguy deseaba la desaparición de los partidos y su reemplazo por formas alternativas de participación, como la municipal. También el ministro del Interior prefería hablar de una Nueva República conformada por elites y formas de participación directa que excluyera a los partidos políticos. Ver al respecto los trabajos de O. Troncoso, op. cit., pp. 45 y 58, y M. A. Yanuzzi, op. cit., pp. 96, 133-134 y 141. Declaraciones de Harguindeguy del 17 de marzo, 15 de julio y 1º de septiembre de 1977 descartando el diálogo del régimen militar con los partidos políticos, citadas en editorial “Harguindeguy descartó el diálogo con los partidos”, La Opinión, 18 de marzo de 1977, p. 10. Nótese la ambigüedad de las fechas establecidas para la transición del “Proceso” militar hacia la democracia en las declaraciones de Harguindeguy del 22 de noviembre de 1977, citadas por la revista Extra de diciembre de 1977, donde los “plazos” para el Proceso fijados por el entonces titular de la cartera de Interior eran los siguientes:

    El primero (...) se iniciará en 1979 y llegaremos así hasta 1982. El segundo se efectuará entre 1983 y 1987. Las circunstancias dirán si debemos desarrollar un tercero. Yo diría que sí, aunque nosotros no queremos hablar de plazos sino de objetivos a alcanzar. Hasta entonces no debe pensarse en partidos, que son partes, sectorización, división (...).

    Declaraciones de Harguindeguy citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 81-82, y en editorial “¿Hasta 1987?”, Extra, Nº 150, diciembre 1977, p. 22.

  30. O. Troncoso, op. cit., p. 8; C. Uriarte, op. cit., p. 123; “La Sociedad Rural afirmó que no hay que apresurar la salida política”, Clarín, 5 de septiembre de 1980, p. 4. 

  31. En una carta que Balbín envió a los presidentes de los comités de distrito de la UCR el 2 de enero de 1978, señaló, como balance del año 1977:

    (...) Se ha dicho, repetido y lo reiteramos: no hay democracia estable y representativa sin partidos políticos y sin participación popular. Y aquéllos no se disuelven ni nacen por decreto. Sus falencias no han sido superiores a las que registran los otros países que tienen éxito en su marcha. Hay que desechar a los declamadores de “las nuevas refundaciones”.

    Declaraciones de Balbín, citadas en O. Troncoso, op. cit., pp. 92-93. 

  32. La “Nueva República” o “Tercera República” llegaría como producto de la convergencia de civiles y militares y de la previa eliminación de los partidos políticos, que debían ser reemplazados por formas alternativas de participación, tales como los municipios. M.A. Yanuzzi, op. cit., pp. 96-97 y 177.

  33. Con el fin de abortar proyectos como el de Díaz Besssone, alternativos a la ortodoxia liberal del “superministro” Martínez de Hoz, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en diciembre de 1978 la ley 21.909, que suprimió el Ministerio de Planeamiento y lo convirtió en una secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación. Texto de la propuesta política del ministro Díaz Bessone, citado en La Nación, 17 y 18 de septiembre de 1977, pp. 1 y 6 y pp. 1, 16, 18 y 19, respectivamente, y en La Opinión, 28 de agosto de 1977, p. 12.  Sobre el proyecto de Díaz Bessone y las causas de su renuncia ver los editoriales “El adiós a Díaz Bessone”, Extra, Nº 151, enero de 1978, p. 14, y “El no de Videla”, Somos, Nº 68, 6 de enero de 1978, pp. 8-9. Consultar también sobre este tema O. Troncoso, op. cit., pp. 8 y 91-92; C. Uriarte, op. cit., pp. 123-124, y E. Vázquez, op. cit., p. 66. Por su parte, el trabajo de Rogelio García Lupo, Diplomacia secreta y rendición incondicional, Buenos Aires, Legasa, 1983, pp. 16-17, remarca la influencia ideológica del general Díaz Bessone sobre el general Leopoldo Galtieri, la común vocación anticomunista de ambos, y el importante papel jugado por el ex ministro de Planeamiento en los contactos que Galtieri desarrolló con los “halcones” militares norteamericanos durante la gestión presidencial del general Roberto Viola.

  34. Por ejemplo, un fiel representante de la ortodoxia del nacionalismo, el almirante (RE) Isaac Rojas, en su carácter de presidente de la “Comisión para la defensa de los intereses argentinos en la Cuenca del Plata”, solicitó al presidente Videla la suspensión del acuerdo sobre Corpus “por considerarlo atentatorio contra vitales intereses nacionales y la seguridad de Argentina” en una carta enviada el 14 de octubre de 1979, cinco días antes de la firma del Acuerdo Tripartito. Por su parte, otro representante del nacionalismo “ortodoxo”, el teniente de navío (RE) Raúl Mason Lugones, sostuvo que, en lo referente a las relaciones con Brasil, el plan económico de Martínez de Hoz condenaba a la Argentina al papel de “satélite” de Brasil en cuanto a la provisión de artículos industriales. Y, de manera coincidente, el nacionalista “desarrollista” general de división (RE) Juan E. Guglialmelli, director de la revista Estrategia, sostuvo que el acuerdo de 1979 condenaba a la Argentina al papel de “socio menor” de Brasil.  Ver al respecto los artículos del general de división (RE) Juan E. Guglialmelli, “Corpus-Itaipú. Tres batallas perdidas por la Argentina y, ahora peligrosa perspectiva: el papel de socio menor del Brasil”; del Tte de navío (RE) Raúl Mason Lugones, “Argentina: el actual plan económico compromete el futuro del país, en particular la Seguridad Nacional”; del almirante (RE) Isaac Francisco Rojas,  “Carta al Excmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina, Tte. Gral. Don Jorge Rafael Videla (14 de octubre de 1979)”, y “Comisión para la Defensa de los Intereses Argentinos en la Cuenca del Plata, Declaración Nº 10: el acuerdo Corpus-Itaipú” (26 de noviembre de 1979)”, Estrategia, Nº 61-62, noviembre-diciembre 1979 / enero-febrero 1980, respectivamente pp. 7-29; 64-75; y Parte II, Documentos, pp. 85-87 y 96-101. 

  35. “General Osiris Villegas: las naciones no tienen hermanas, tienen intereses”, Somos, Nº 118, 22 de diciembre de 1978, pp. 20-21.

  36. Rock califica el proyecto político del almirante Massera como un “populismo militar” o un “peronismo sin Perón”. A través de un discurso fuertemente nacionalista, opuesto al liberalismo aperturista del  ministro de Economía Martínez de Hoz, el entonces titular de la Armada procuró diferenciarse del gobierno de Videla, ganar respaldo popular y constituir una opción “neoperonista” que frenara nuevos estallidos populares como el Cordobazo o una resurrección de la guerrilla. Ver David Rock, Argentina 1516-1987. Desde la colonización española hasta Alfonsín, Buenos Aires, Alianza, 1989, pp. 456-457, y C. Uriarte, op. cit., p. 160. 

  37. “Entrevistas y viajes de Massera”, Convicción,  21 de marzo de 1980, p. 7.

  38. “ ‘No hay urgencias electorales, es tiempo de proceder serenamente’, dijo Massera en un extenso y significativo documento”, Convicción, 15 de junio de 1980, pp. 12-13.

  39. Reportaje a Massera realizado por el periodista  Alberto J. Schazin, director regional de United Press International para el Cono Sur de América Latina, reproducido en La Opinión, 22 de diciembre de 1976, p. 16; mensaje de fin de año del almirante Massera a los oficiales de la Armada, La Opinión, 31 de diciembre de 1976, pp. 14-15; disertación del ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 8 de octubre de 1979, citada en “Massera sentó las bases ideológicas para un verdadero despegue argentino”, Convicción, 9 de octubre de 1979, p. 12; y declaraciones del almirante Massera, efectuadas en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1979, en editorial “Definiciones y reflexiones de Massera sobre el presente y el futuro del país”, Convicción, 19 de diciembre de 1979, p. 12.

  40. Texto completo del documento transcripto en Convicción, 15 de junio de 1980, pp. 12-13.

  41. Párrafo de la conferencia del almirante Massera en Salta, octubre de 1982, citado en “Massera: ‘La patria financiera activa el terrorismo’ ”, Convicción, 5 de octubre de 1982, p. 13.

  42. E. Vázquez, op. cit., pp. 81-82 y 133-134; editorial “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 10.

  43. El peronista Hipólito Jesús Paz figuraba en una lista de embajadores que el secretario y subsecretario de la Presidencia, el general José Villarreal y el abogado y dirigente radical Ricardo Yofre, habían propuesto al presidente Videla. En su pugna con Videla, Massera logró vetar algunos de estos nombres, entre ellos el de Paz, sosteniendo que “no podía admitir a un peronista en esa función”. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., pp. 125-126, y E. Vázquez, op. cit., p. 69.

  44. Arnaldo T. Musich era embajador argentino en Washington. Identificado con la línea “liberal” de Videla-Viola-Villarreal-Yofre, Musich procuraba eliminar del régimen los elementos “duros” u “ortodoxos” como Carlos Suárez Mason o Ibérico Saint Jean, como lo demuestra una declaración suya sosteniendo que  “una vez terminada en Argentina la operación de cirugía mayor que suponía la extirpación del cáncer subversivo” habría que proceder “a limpiar el bisturí”. A la vez, con estas declaraciones, Musich buscaba mejorar la imagen del presidente Videla en Washington. Pero además, el embajador protagonizó un serio entredicho con el canciller César Guzzetti por el arresto e incomunicación del sacerdote norteamericano James Weeks en Córdoba. Posteriormente, cuando Weeks fue expulsado de la Argentina por decisión de la Junta Militar, fue recibido en Washington por el embajador Musich, decisión que irritó profundamente al canciller. Guzzetti, que respondía a Massera, optó por recurrir entonces al presidente Videla, sosteniendo que “O se va él (Musich) o me voy yo”. Ante la disyuntiva, el presidente concedió la exigencia del canciller y Musich debió abandonar la embajada en Washington el 20 de septiembre de 1976. Sobre causas de la renuncia de Musich, ver C. Uriarte, op. cit., pp. 168-169; E. Vázquez, op. cit., pp. 69-70; y los editoriales “Disensos y alineamientos”, por Joaquín Morales Solá, Clarín, 19 de septiembre de 1976, p. 8, y “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 9.

  45. Héctor Hidalgo Solá era un político radical, que había sido designado embajador en Venezuela. Las declaraciones de Hidalgo Solá efectuadas desde Caracas a principios de julio de 1977, acerca de la proximidad del proceso de institucionalización y de la formación de un gobierno cívico-militar para 1978, irritaron tanto a los “halcones” del Ejército como a los “masseristas”, según lo prueba una nota del boletín político Convicción de julio de 1977, que consideraba “imprudentes” estas declaraciones. También molestaron a Massera las negociaciones emprendidas por Hidalgo Solá tendientes a un encuentro entre Videla y el presidente socialdemócrata venezolano Carlos Andrés Pérez en Caracas, que se oponían a la estrategia masserista de evitar todo contacto del presidente con el exterior. Por último, otra causa de disgusto para el almirante fueron los contactos del embajador con el dirigente sindicalista Casildo Herreras en Venezuela, que estorbaban la estrategia masserista de cooptar a los dirigentes peronistas para su proyecto político. El canciller Guzzetti intentó obtener la renuncia de Hidalgo Solá, pero el embajador fue respaldado por Videla. Debido al fracaso de esta jugada, Massera mandó a sus hombres a secuestrar y eliminar a Hidalgo Solá. Este hecho fue acompañado por otros dos acontecimientos sospechosamente sugestivos: la explosión de una bomba en casa de Yofre y la designación de Federico Barfeldt, un hombre de confianza de Massera, al frente de la embajada en Caracas. El jefe naval deseaba eliminar tanto a Yofre como a Hidalgo Solá, en tanto obstaculizaban su deseo de llegar a ocupar el sillón presidencial. Ver respecto de las declaraciones de Hidalgo Solá y las razones de su asesinato los trabajos de O. Troncoso, op. cit., pp. 43-44 y 46; M.A. Yanuzzi, op. cit., p. 81, y C. Uriarte, op. cit., pp. 160-166. También los editoriales “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 9, y  “El caso Hidalgo Solá y el diario Convicción”, Convicción, 24 de octubre de 1982, p. 10, que hace referencia a la nota del boletín político Convicción de julio de 1977 titulada “El Dr. García Venturini y el embajador Hidalgo Solá” donde califica de “imprudentes” las declaraciones de Solá.

    Por su parte, Elena Holmberg era una funcionaria diplomática de segundo orden de la embajada argentina en París, que accedió a información sobre los contactos de Massera con los dirigentes montoneros y sus movimientos en el Centro Piloto de París, inicialmente creado por la Junta Militar para desarrollar una ofensiva propagandística que revirtiera la imagen negativa que existía en Europa respecto del régimen argentino. Holmberg comunicó sus informes a Videla, al general Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo) y al capitán de navío Walter Allara. En diciembre de 1978 Elena Holmberg fue secuestrada por dos oficiales de la Marina vestidos de civil, los tenientes Enrique Dunda y Jorge Radice, y posteriormente fue asesinada. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., pp. 202-205 y 223-226. Consultar también editorial “¿Quién era Elena Holmberg?”, Somos, Nº 314, 24 de septiembre de 1982, que subraya las interferencias entre la diplomática y los oficiales navales en el Centro Piloto de París.

  46. En sus contactos con Montoneros y dirigentes peronistas en el exilio, Massera procuró negociar una tregua en la campaña anti-Proceso montada por estos grupos en Francia, a fin de evitar que ésta afectase el Mundial de Fútbol organizado por la Argentina en 1978. Pero también el jefe naval procuró definir con sus interlocutores los términos del retorno a una normalización política y sindical en la Argentina, donde Massera tuviera el liderazgo frente a los intentos que en la misma dirección protagonizaban, por un lado, el trípode Videla-Villarreal-Yofre con los partidos políticos, y por otro, Viola y los dirigentes sindicales que estaban en la Argentina. Ver al respecto C. Uriarte, op. cit., p. 104; 125-126; 144 y 155; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 18; “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., pp. 10-11, y “La guerra que nadie vio” (segunda parte), op. cit., pp. 18-19 y 21.

  47. Ver al respecto el editorial “El eurocomunismo como estrategia de confusión”, del diario masserista Convicción, 23 de julio de 1978, p. 4, donde sostiene que el eurocomunismo “(...) tiende a conseguir una declinación de la hegemonía militar norteamericana en Europa Occidental y primordialmente en las naciones mediterráneas, cuyo mar, de aguas siempre templadas, constituye la salida permanente más querida por la marina soviética”. 

  48. “Massera sentó las bases...”, op. cit., p. 13.

  49. “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., pp. 10-11. 

  50. Ver al respecto O. Troncoso, op. cit., p. 120, y editorial “Cómo se eligió al cuarto hombre?”, Somos, Nº 85, 5 de mayo de 1978, pp. 8-9. Vale acotar que no sólo Massera era partidario de la figura del “cuarto hombre” por su personal interés en debilitar el poder de Videla dentro de la Junta. También el titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti, había confesado a la revista Extra a fines de 1977 su marcada preferencia por la neta diferenciación de las funciones de presidente y comandante en jefe. Reportaje de Extra al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Agosti, en editorial “El valor de la prudencia o el silencio habla”, Extra, Nº 150, diciembre 1977, p. 15.

  51. No obstante, no conviene exagerar la importancia del retiro de Massera de la comandancia en jefe de la Armada, en tanto fue un mero acto formal que no debilitó a los sectores “masseristas” del arma. Lambruschini era una figura débil e influenciable y Massera siguió manejando a almirantes y capitanes en una suerte de comandancia paralela. Esto llevó a una situación de dualidad, donde los oficiales navales cumplían órdenes contradictorias, emanadas tanto del Edificio Libertad -sede institucional de la Armada-, como de las oficinas instaladas por Massera en la calle Cerrito. C. Uriarte, op. cit., p. 212, y C.M. Túrolo, op. cit., pp. 108-110.

  52. El editorial “La falta de definición en las jurisdicciones”, por Observador, La Prensa, 28 de octubre de 1978, p. 7, señala que la renuncia del vicealmirante Oscar Antonio Montes a fines de octubre de 1978 se debió tanto a su cansancio por la indiferencia que sentían hacia su persona el presidente Videla y los demás integrantes de la Junta Militar, como por las interferencias que el canciller debió soportar en sus gestiones diplomáticas externas. Percibiendo que su rol era prácticamente inexistente frente a las diplomacias militar y económica, Montes renunció y este hecho dio lugar a una nueva redistribución de influencias en la interna del régimen. La renuncia de Montes fue un hecho importante, en tanto marcó el fin de los cancilleres de origen naval y el inicio de una mayor influencia del Ejército -y en menor grado de la Fuerza Aérea- en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta ese momento un área privativa de la Armada. Además, como el reemplazante de Montes, el brigadier Carlos Washington Pastor, era cuñado del presidente Videla, su designación al frente de la Cancillería prometía un mayor grado de concordia entre Presidencia y Cancillería, aunque -como lo demostraron los prolegómenos del viaje de Videla a China en junio de 1980- esta mayor armonía no se trasladó a la relación entre Pastor y el ministro de Economía Martínez de Hoz. Ver al respecto R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 19-20 y p. 21, nota 22. 

  53. E. Vázquez, op. cit., pp. 80-81. 

  54. La Armada, cumpliendo órdenes de Massera, intentó boicotear el viaje de Videla a Roma. Ante la amenaza de renuncia del presidente, los oficiales navales cambiaron su posición, pero Videla tropezó con la falta de colaboración de la Cancillería en la confección de la agenda de su visita, que pasó a ser manejada exclusivamente por los hombres de la Presidencia. El propio presidente Videla, al ser entrevistado por un periodista de la agencia oficial italiana de noticias ANSA, sostuvo en la capital italiana que “Hay personas que han hecho de todo para impedir esta visita mía a Italia y al Vaticano”. Ver “Videla en Roma”, Somos, Nº 103, 8 de septiembre de 1978, p. 8, fuente también citada en R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 20;  “La guerra que nadie vio” (primera parte), op. cit., p. 11, y C. Uriarte, op. cit., p. 210.

  55. Jacobo Timerman estaba preso desde el 22 de abril de 1977 bajo el cargo de estar vinculado con el caso Graiver y los Montoneros. Estuvo treinta meses preso, primero en centros de tortura clandestinos, luego en dependencias oficiales y finalmente en su domicilio. El 24 de septiembre de 1979 la Corte Suprema de Justicia dictaminó la revocación de la privación de libertad que pesaba sobre Timerman. Ese mismo día, seis de los generales de división convocados por Viola para pronunciarse sobre la decisión de la Corte se opusieron a ésta (Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Suárez Mason, Leopoldo Galtieri, José Montes, Luciano Jáuregui y Oscar Gallino). En el difícil contexto de la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de las acusaciones de antisemitismo que recibió el gobierno de Videla por el apresamiento de Timerman, Videla y Viola decidieron mejorar la imagen del régimen y prometieron a los miembros de la CIDH la liberación de Timerman. Para ello, ambos debieron vencer las objeciones de los generales de división. Uno de los “halcones”, Luciano Benjamín Menéndez -comandante del III Cuerpo de Ejército- mantuvo su negativa respecto de sacar de la prisión a un “marxista”, amparado además por el lobby judío norteamericano. Para torcer el rumbo de la interna militar, Videla amenazó con renunciar si no se acataba la decisión de la Corte, factor que terminó por decidir el voto favorable de la Junta a la liberación de Timerman. También jugaron un papel importante la presión del gobierno de Israel y de la Organización Sionista Internacional. Respecto del primero, cabe recordar que a fines de julio de 1979, el entonces embajador de Israel en la Argentina, Ram Nargard, expresó ante las autoridades argentinas su preocupación por el “arresto domiciliario” de Jacobo Timerman. Nargard sostuvo que “Timerman es judío, y tiene su lugar en Israel si quisiera allí vivir”. El gobierno de Videla, para conformar a los “halcones” del Ejército y la Marina, calificó las expresiones del embajador como una “intromisión en la política nacional”. En cuanto a la Organización Sionista Internacional, vale acotar que su presidente, León Dultintzin, había viajado a Buenos Aires para solicitar la liberación de Timerman. Finalmente, Timerman fue expulsado de la Argentina en septiembre de 1979 tras ser despojado de su ciudadanía argentina, en lo que constituía una solución de compromiso entre la postura “flexible” de Videla-Viola, y la “dura” de los “halcones” de la Marina y del Ejército. Ver respecto del caso Timerman y sus efectos dentro de la interna del régimen militar los editoriales “Timerman”, Extra, Nº 170, agosto 1979, p. 8; “Un embajador poco diplomático”, Somos, Nº 151, 10 de agosto de 1979, p. 15; “La Junta Militar dispuso, además, privarlo de la ciudadanía argentina. Timerman, expulsado por un decreto del Poder Ejecutivo, abandonó el país”, Convicción, 26 de septiembre de 1979, p. 1; “Timerman: un viaje sin retorno”, Somos, Nº 158, 28 de septiembre de 1979, pp. 4-7 y “Camps cuestionó la decisión de dejar libre a Timerman”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 7 de julio de 1981, p. 1. Ver también los trabajos de Reynaldo B.A. Bignone, El último de facto. La liquidación del Proceso. Memoria y testimonio, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 89-91; C.M. Túrolo, op. cit., pp. 127-129; B. Passarelli, op. cit., pp. 107-108, nota 1, y Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Buenos Aires, Norma, 1997, tomo III, p. 308.

  56. Acerca de las causas del levantamiento de Menéndez ver los editoriales “Editorial. Con los dientes apretados”, por Bernardo Neustadt, Extra, Nº 172, octubre 1979, pp. 13-15;  “El levantamiento de Menéndez”, Somos,  Nº 159, 5 de octubre de 1979, pp. 4-6 y “La carta de Menéndez”, Extra, Nº 173, noviembre 1979, p. 3. Ver también los trabajos de R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, p. 20; R. Bignone, op. cit., pp. 91-92; C.M. Túrolo, op. cit., pp. 137-138, y C. Uriarte, op. cit., p. 243.

  57. C. Uriarte, op. cit., p. 238 y 244-245.

  58. El documento crítico hacia Martínez de Hoz fue concebido como una exhortación a la fibra nacionalista de las Fuerzas Armadas. Documento del ex comandante en jefe de la Marina, almirante Emilio Eduardo Massera, en Convicción, 15 de junio de 1980, pp. 12-13, y en C. Uriarte, op. cit., pp. 244-245.

  59. Ver respuesta del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, citada en “Diversas repercusiones originó el documento político difundido por el almirante Massera”, Convicción, 17 de junio de 1980, pp. 12-13.

  60. Texto del comunicado de prensa citado en La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 4 de octubre de 1980, p. 6, y R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 21. 

  61. “No podemos esperar milagros de Viola, manifestó Massera”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 29 de enero de 1981, p. 4.

  62. Vale acotar que, a pesar del mayoritario rechazo de los oficiales de la Marina hacia su figura por “populista” o “peronizante”, el presidente Viola contó con el esporádico apoyo del almirante Armando Lambruschini, quien reemplazó a Massera como comandante en jefe de la Marina a partir de mediados de septiembre de 1978. Lambruschini no compartía el perfil político que Massera había otorgado a la Armada, y fue un factor de equilibrio en la relativa continuidad de Viola. Sin embargo, con el desplazamiento de Lambruschini por el almirante Jorge Isaac Anaya en la titularidad de la Armada a partir de octubre de 1981, Viola perdió un aliado y se ganó otro enemigo, ya que Galtieri y Anaya mantenían una larga amistad, que se remontaba a los tiempos de estudio en el Liceo Militar Gral. San Martín.  Ver al respecto A. Fontana, op. cit., p. 39, notas 9 y 14; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 23, y R. Bignone, op. cit., pp. 113-115. 

  63. Ver respecto de la precariedad del gobierno de Viola los trabajos de A. Fontana, op. cit., p. 4: C. Uriarte, op. cit., pp. 245-247; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 21-22, y Roberto Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos: del ‘alineamiento heterodoxo’ a la ‘recomposición madura’”, en Mónica Hirst (compiladora), Continuidad y cambio en las relaciones América Latina-Estados Unidos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987, p. 30. Asimismo, consultar el editorial “Historia secreta de la caída de Viola”, Somos, Nº 351, 10 de junio de 1983, pp. 50-57.

  64. Ver estas diferencias entre el gabinete Videla y el gabinete Viola en el editorial “El gabinete Galtieri”, A fondo, Nº 15, diciembre 1981-enero 1982, pp. 59-60.

  65. M.A. Yanuzzi, op. cit., pp. 433-435.

  66. Respecto de la preferencia de Galtieri por las opciones “ortodoxas”, consultar el editorial “Galtieri makes a choice for toughness”, by James Nelson, Buenos Aires Herald, December 20, 1981, pp. 3 y 15. También B. Passarelli, op. cit., p. 215.

  67. R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 23, y B. Passarelli, op. cit., p. 215.

  68. A decir verdad, la alternativa de invasión y recuperación de las islas Malvinas fue una obsesión del comandante en jefe de la Marina, Jorge Isaac Anaya, y no de su colega del Ejército Galtieri, quien se inclinaba más por el Beagle como escenario para hacer demostraciones de dureza en política exterior. No obstante, la necesidad de devolver el favor que Anaya le hizo a Galtieri -al ayudarlo a sacar del medio a Viola- inclinó al nuevo presidente a otorgar “luz verde” a los deseos de Anaya. Vale aclarar que ya en sus tiempos como comandante de la Flota de Mar, en 1977, Anaya había elaborado un plan de recuperación por la fuerza de las islas Malvinas por expreso encargo del entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera. Este plan, entregado por el propio Massera a los integrantes de la Junta Militar, no contó con el aval de los sectores “videlistas” y “violistas” del Ejército. Pero la llegada a la presidencia de un “halcón” del Ejército, el general Galtieri, en diciembre de 1981, y la vieja relación que éste mantenía con Anaya como compañeros de estudio en el Liceo General San Martín, fueron factores que hicieron posible que el viejo plan de Massera de invasión a las Malvinas pudiera concretarse. Hacia mediados de diciembre Galtieri dio su visto bueno al plan de Anaya, al que se sumó el respaldo del titular de la Fuerza Aérea, brigadier Basilio Lami Dozo. Lograda esta inédita convergencia de posiciones entre los miembros de la Junta Militar, en la reunión del 6 de enero de 1982 se decidió la invasión de las Malvinas. A su vez, en la reunión con los altos mandos del Ejército que tuvo lugar tan sólo dos días después, Galtieri ordenó a sus subordinados la consigna de “tener al día los requerimientos de logística y de operaciones, ya que el poder militar, en el curso de este año, puede ser usado en el Beagle o en Malvinas, o incluso en ambos lugares simultáneamente”. Ver respecto del plan de la Armada los trabajos de Oscar R. Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van der Kooy, Malvinas. La trama secreta, Buenos Aires, Planeta, 1983, especialmente pp. 19-21, 36 y 39-40; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 23; R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 36, y B. Passarelli, op. cit., pp. 213-214 y 217.

  69. Discurso inaugural de Galtieri, en Convicción, 14 de enero de 1982, p. 1. También citado en R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., pp. 36-37; O. Cardoso, R. Kirschbaum y E. Van der Kooy, op. cit., p. 22, y R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 23.

  70. O. Cardoso, R. Kirschbaum y E. Van der Kooy, op. cit., p. 36. Asimismo, en la nota de presentación del canciller Nicanor Costa Méndez de La Nación del 19 de diciembre de 1981, se destacaba que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, como colaborador permanente del matutino, “(...) publicó numerosos trabajos acerca de la integración y de la naturaleza del denominado Tercer Mundo y criticó la alineación de nuestro país a ese nucleamiento de naciones”. Ver al respecto R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., pp. 35-36. 

  71. Ver al respecto el llamado “Informe Mallea Gil”, citado por La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 23 de junio de 1982, p. 4, y la tesis de Raúl Ricardes, “Análisis jurídico y político del Movimiento de Países No Alineados”, tesis doctoral, Buenos Aires, 1987, p. 102.

  72. Ver declaraciones del canciller Nicanor Costa Méndez a un enviado de Clarín en editorial “Reversión de alianzas”, Clarín, 5 de junio de 1982, p. 6, fuente citada en C.J. Moneta,  “El conflicto de las islas Malvinas en el contexto de la política exterior argentina”, en Roberto Russell, (comp.), América Latina y la guerra del Atlántico Sur: experiencias y desafíos, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1984, p. 34.

  73. O. Cardoso, R. Kirschbaum y E. Van der Kooy, op. cit., p. 36.

  74. Sobre el proceso que llevó a la destitución de Galtieri, véase el editorial “Entretelones de una designación”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 18 de junio de 1982, p. 5, y el trabajo de R. Bignone, op. cit., pp. 123-124. Ver también R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 24; y los editoriales “Solamente el Ejército”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 2 de julio de 1982, p. 1; “Una crisis apenas cerrada”, por Angel Anaya, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 2 de julio de 1982, p. 3, y “La crisis militar”, Criterio, Nº 1884, 8 de julio de 1982, pp. 329-330.

  75. Mensaje del presidente Bignone, 1º de julio de 1982, transcripto completo en Convicción, 2 de julio de 1982, pp. 12-13.

  76. Si bien el presidente Bignone anunció el 1º de diciembre de 1982 que las elecciones iban a tener lugar el último trimestre de 1983, la estipulación de una fecha concreta se demoró hasta fines de febrero de 1983, debido a las disidencias entre el presidente y la Junta, e incluso entre el régimen militar y los partidos políticos. Ver al respecto “Posiciones disímiles. La entrega del gobierno”, Clarín, 16 de octubre de 1983, p. 2; declaraciones del general Nicolaides respecto de la fecha de elecciones, citadas en Convicción, 9 de diciembre de 1982, p. 1; “Tuvimos un día muy activo” y “Los anuncios de Bignone revolvieron el avispero”, por Pascual Albanese, Convicción, 2 de diciembre de 1982, pp. 1 y 8-9. 

  77. De acuerdo con el Documento Final, “(...) quienes figuran en las nóminas de desaparecidos y (...) no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”.  “Documento Final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, Clarín, 29 de abril de 1983, pp. 2 y 4-5. El alcance del documento incluía, por cierto, la desaparición de centenares de bebés por robo, lo que provocó que recientemente se condenara a prisión al ex presidente general Jorge Rafael Videla y al ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, y se citara a declarar al ex presidente, general (RE) Reynaldo Bignone. Ver al respecto “Enjuician por robo de bebés al último presidente de facto”, por Silvana Boschi, Clarín, 3 de diciembre de 1998, p. 12. 

  78. El período de aplicación de la ley de Amnistía, derogada durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, abarcaba desde el 25 de mayo de 1973 -fecha de asunción del presidente Héctor Cámpora- hasta el 17 de junio de 1982, por considerar que éste había sido el período de mayor actividad terrorista y a la vez de mayor represión contra la subversión. Texto completo de la ley de Amnistía o de Pacificación Nacional, transcripto en Clarín, 24 de septiembre de 1983, pp. 3 y 40.

  79. En el ámbito interno, estas medidas merecieron la repulsa de las Madres de Plaza de Mayo, de la Iglesia y de los dirigentes políticos congregados en la Multipartidaria. Ver expresiones de repudio al Documento Final y a la ley de Amnistía o de Pacificación en “Críticas al informe sobre los desaparecidos”, Clarín, 30 de abril de 1983, pp. 2-3; “Rechazo global a la amnistía”, Clarín, 24 de septiembre de 1983, p. 4, “Expresiones de oposición y crítica a la Ley de Amnistía”, y “Sábato: ‘Es una monstruosidad’”, Clarín, 25 de septiembre de 1983, pp. 4 y 5. En el ámbito externo, el Papa Juan Pablo II y diversas autoridades y medios de prensa de España, Italia, Francia y Alemania Federal, que venían reclamando por sus connacionales desaparecidos en la Argentina, demostraron su rechazo a estas medidas del gobierno de Bignone. Contrastando claramente con la abierta condena de estos gobiernos europeos y de la organización Amnesty Internacional, que exigió datos “más precisos” acerca de los desaparecidos, el Departamento de Estado norteamericano reaccionó tibiamente. Ver al respecto los editoriales “Expresó ‘estupor’ la cancillería italiana”, “Afirman que España seguirá presionando”, y “Tibia reacción en Washington”, Clarín, 30 de abril de 1983, p. 4, y “¿Documento final?”, Somos, Nº 346, 6 de mayo de 1983, pp. 14-17. 

  80. “Juan Ramón Aguirre Lanari: ‘No hemos declarado la paz’”, Somos, Nº 304, 16 de julio de 1982, p. 52.

  81. Entrevista del enviado de Convicción, H. H. Rodríguez, al canciller Aguirre Lanari, Convicción, 25 de julio de 1982, p. 24.

  82. “Costa Méndez y los No Alineados”, Convicción, 10 de septiembre de 1982, p. 17.

  83. Ver párrafo del mensaje del presidente Bignone del 1º de julio de 1982, cit. en Convicción, 2 de julio de 1982, p. 12, y “Aguirre Lanari y América Latina”, Convicción, 1º de julio de 1982, p. 14.

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