• Las relaciones con Estados Unidos

La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida “necesaria” al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. (1) Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la “buena disposición” con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero. (2) Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una “garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU.” y el gobierno de Videla constituía “un factor de perfecta estabilización” después de “las luchas con características de casi guerra civil” en los años de las administraciones peronistas. (3)
    Sin embargo, a partir de la asunción de James Carter el 20 de enero de 1977, hubo un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nueva administración demócrata estuvo obsesionada con dos cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el régimen militar argentino: las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar y la prioridad que el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear.
    Respecto de la cuestión de derechos humanos, las críticas efectuadas por la administración demócrata y por los líderes de las socialdemocracias europeas a la  represión en la Argentina hizo que los militares locales se sintieran “incomprendidos”. En su particular percepción, las naciones de Occidente no captaban la real dimensión de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo soviético y sus aliados. Frente a este Occidente que no parecía percibir la importancia de la amenaza comunista, o parecía claudicar frente a ella, la Argentina, por su experiencia en la lucha contra la subversión, constituía, junto con otras naciones de la región, el “Extremo Occidente”, que, a diferencia del dubitativo Carter, declaraba la “Tercera Guerra Mundial” contra el comunismo y sus aliados. (4)  
    Inmediatamente de instalada la nueva administración de Carter, en febrero de 1977 el secretario de Estado, Cyrus Vance, anunció ante la Subcomisión de Apropiaciones del Senado la reducción de ayuda militar a la Argentina, debido a las violaciones de derechos humanos practicadas por el gobierno de Videla. La Junta Militar argentina consideró la decisión una intromisión en los asuntos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia norteamericana. (5) 
    No obstante, cabe destacar dos elementos importantes respecto de la política de promoción y defensa de los derechos humanos de la administración Carter en la Argentina. El primero de ellos es que esta política podía aplicarse sin costos en un país considerado estratégicamente irrelevante en términos de los “intereses vitales” de la Casa Blanca. Mientras el gobierno de Carter fue indiferente a las violaciones efectuadas por regímenes militares de países estratégicamente relevantes para Washington, tales como los de Arabia Saudita o Corea, intentó aplicar duras sanciones al gobierno militar argentino. Por cierto, la “irrelevancia” estratégica de la Argentina permitió al gobierno de Carter impulsar una política de sanciones al régimen militar sin sufrir consecuencias. Pero esta política impulsada por la administración demócrata no tuvo por objetivo central la promoción de la democracia en la Argentina. Tan sólo se limitó a aprovechar los bajos costos de aplicar una política coercitiva en un país de status irrelevante como la Argentina. Asimismo, la aplicación de esta política frente al régimen militar argentino tuvo la ventaja adicional de responder a los reclamos morales de los “cruzados” o “principistas” en el Congreso y en la opinión pública norteamericanos, siempre presentes pero particularmente intensos luego de los síndromes de la guerra de Vietnam y del escándalo Watergate. (6)  
    El segundo elemento a tomar en cuenta respecto de la aplicación de la política de derechos humanos de Carter es que, si bien dicha política podía tener un bajo costo en términos estratégicos, ello no significaba que contara con un sólido consenso o que su aplicación fuera necesariamente exitosa. El ala liberal del Departamento de Estado pudo condenar las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen de Videla, y con ello satisfacer los apetitos morales de los “cruzados”. Pero esta actitud fue abiertamente criticada por los sectores “pragmáticos” que, dentro y fuera del gobierno de Carter, percibieron que el perfil “principista” adoptado por la Casa Blanca hacia el régimen militar argentino podía afectar intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la Argentina. Después de todo, el de Videla fue un gobierno anticomunista que además practicó una política económica que favorecía las inversiones norteamericanas. Partiendo de este razonamiento exento de pruritos ideológicos, la línea “dura” impulsada desde el Departamento de Estado fue públicamente criticada por funcionarios que respondieron a la línea “pragmática” de la administración Carter, tales como el embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, (7) y el secretario para Asuntos Interamericanos, Terence Todman. (8) 
    Asimismo, en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como “castigo” por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores “pragmáticos” en su puja con los “cruzados”. A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. (9) Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, (10) y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore. (11)  
    Asimismo, por el lado de las agencias gubernamentales, tampoco tuvo éxito el esfuerzo de Carter de “castigar” la violación de derechos humanos por parte del gobierno militar argentino con el bloqueo de créditos. Por cierto, el tan publicitado “poder de veto” de los representantes oficiales norteamericanos en los organismos multilaterales de crédito, ejercido como repudio por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, fue inefectivo en la práctica. Los datos del Departamento de Tesoro revelan que la Argentina ocupó un lugar privilegiado en las garantías gubernamentales para créditos durante los conflictivos años de la administración Carter. En el rubro de los government contingent liabilities, para el 31 de marzo de 1979 la Argentina ocupaba el séptimo lugar de importancia, detrás de Corea, Brasil, Israel, Taiwán, Filipinas y México. Asimismo, en 1980 la Argentina fue uno de los “principales beneficiarios” del sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos. En consecuencia, y en contra de lo que afirman la mayoría de los autores, no fueron los prestamistas privados los únicos que boicotearon la política de derechos humanos de Carter contra el régimen de Videla. (12)  
    Aprovechando el enorme prestigio externo del ministro de Economía Martínez de Hoz en los círculos financieros y empresarios norteamericanos, el gobierno de Videla intentó explicar a través de la figura de su “superministro” el carácter “indispensable” de la represión interna. Los contactos de Martínez de Hoz abarcaron a figuras tanto del ámbito empresario como gubernamental norteamericano, y excedieron las atribuciones propias de la cartera económica, al tocar temas eminentemente políticos, como la situación de los derechos humanos en la Argentina. (13) 
    A este canal de contacto con las autoridades económicas y políticas de la Casa Blanca protagonizado por el ministro de Economía, el gobierno de Videla agregó otros dos. Uno de ellos fue el canal diplomático formal, integrado por el entonces segundo canciller del Proceso, vicealmirante Oscar Antonio Montes, y por los funcionarios de la Cancillería -entre los que se destacó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Aja Espil-. El otro fue la diplomacia personal del presidente Videla, quien procuró contactos directos con el presidente Carter y otras autoridades norteamericanas con el fin de mejorar la imagen negativa del gobierno en Washington.
    Respecto del canal integrado por el canciller y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo calificamos como formal en tanto su margen de maniobra estuvo condicionado por dos factores: su subordinación a las órdenes emanadas de la Armada y su puja por espacios de poder con la “diplomacia económica” del ministro Martínez de Hoz. No obstante estas limitaciones, la diplomacia formal desplegó una intensa actividad, destinada a “aclarar” la “verdadera” situación argentina en los foros multilaterales. Así, durante la Séptima Asamblea General de la OEA realizada en junio de 1977 en Grenada, el delegado argentino Juan Carlos Arliz presentó un proyecto de resolución donde denunció como una “concepción liberal obsoleta”, la tesis respaldada por Carter de que los gobiernos son los causantes exclusivos de las violaciones a los derechos humanos. Arliz sostuvo que la OEA debía ocuparse de los casos “cometidos por individuos o grupos terroristas”, y que debía cooperar “con los gobiernos que enfrentan al terrorismo”. Por su parte, el canciller argentino, vicealmirante Oscar Antonio Montes, propuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA destinado a inspeccionar la actuación de los diversos gobiernos de la región en materia de derechos humanos, ampliara su competencia a los casos de violaciones causadas por grupos subversivos. Para defender su posición, Montes recordó los atentados subversivos contra su antecesor, el canciller Guzzetti, y contra el canciller salvadoreño, Mauricio Borgonovo. No obstante los esfuerzos de la delegación argentina, la tesis triunfante fue la sostenida por Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela, que afirmaba que ninguna circunstancia justificaba “la tortura, la ejecución sumaria o la detención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley”. (14) 
    El segundo canal, el de la diplomacia personal de Videla, se puso en práctica en una serie de contactos bilaterales que tuvieron lugar durante la segunda mitad de 1977 -la visita del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, a Buenos Aires en agosto; (15) la del presidente Jorge Videla a Washington en septiembre para asistir a la firma de los tratados de Panamá; (16) y la del secretario de Estado, Cyrus Vance, en noviembre- (17). Estos contactos no produjeron ningún cambio esencial en la relación entre Washington y Buenos Aires, a pesar de las afirmaciones del gobierno y de la mayoría de los medios de prensa, que, ante cada visita, hablaron interesada o apresuradamente de “giro” de las relaciones o de comienzo de un período de “entendimiento recíproco”. (18) Muy por el contrario, las autoridades norteamericanas reforzaron su convicción acerca del carácter represivo del régimen militar argentino. En particular, las condenas de Vance influyeron de manera crucial en el ánimo del asesor para Asuntos Interamericanos del presidente Carter, Bob Pastor. Este, a su vez,  jugó un rol decisivo en la aprobación por parte del Congreso norteamericano de la llamada enmienda “Humphrey-Kennedy” que prohibió la asistencia militar de Washington a la Argentina. (19)  
    Decidido a empañar tanto el prestigio del “superministro” Martínez de Hoz en el exterior como los contactos del presidente Videla con funcionarios norteamericanos, el comandante en jefe de la Marina, almirante Massera no dudó en utilizar la cuestión de derechos humanos como un instrumento más para debilitar la autoridad presidencial. Así, en diciembre de ese agitado año de 1977, el jefe naval envió a dos oficiales superiores de la Armada a Washington y Nueva York. Estos desarrollaron contactos con dos funcionarios cercanos al presidente Carter, el senador demócrata neoyorquino, Jacob Javits, y el presidente del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Lawrence Birns. El mensaje enviado por Massera a los funcionarios de la Casa Blanca era el siguiente: la Marina deseaba la transferencia de las áreas militares a la jurisdicción de las cortes civiles, el retorno de la democracia y el mejoramiento de las relaciones con Washington, pero la cerrada oposición de Videla y del Ejército -respaldados por el gobierno norteamericano- impedía la concreción del plan de apertura política. Los enviados de Massera sostuvieron que la imagen que en Estados Unidos se tenía de la Armada como representante de la línea dura de la represión se debía en realidad a la ineptitud de Videla. Incluso transmitieron a los funcionarios norteamericanos la voluntad de la Armada de publicar la lista completa de detenidos y desaparecidos que hubieran tenido lugar desde la visita de Vance en noviembre. (20) 
    Hacia la segunda mitad de 1978, una conjunción de factores internos y externos llevó a que tanto en Washington como en Buenos Aires el tenor de las declaraciones respecto de la espinosa cuestión de los derechos humanos disminuyera. Por el lado del gobierno de Estados Unidos, esta flexibilización estuvo vinculada a dos factores. En primer lugar, a la existencia de sectores internos con  intereses estratégicos, financieros y comerciales en la Argentina, que se opusieron a la política de sanciones impulsada por el Departamento de Estado. Entre ellos, vale citar al Departamento de Tesoro, los militares y algunas empresas norteamericanas. En segundo término, a la adopción de una actitud de mayor pragmatismo por parte del propio gobierno demócrata, que incluyó declaraciones respecto del mejoramiento relativo de la situación de los derechos humanos en la Argentina, como la del portavoz del entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos, Vyron Vaky, en septiembre de 1978. Esta actitud de Washington se debió a la emergencia de conflictos en distintas partes del mundo -las crisis de Irán, Angola, Nicaragua y Afganistán- de mayor prioridad que la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar argentino. (21)
    Por el lado de las autoridades de Buenos Aires, hubo una explícita intención -impulsada por la Secretaría de la Presidencia- de que el gobierno de Videla evitara las críticas al gobierno norteamericano, colocando la responsabilidad de la situación no exclusivamente en Washington sino en la falta de “comprensión mutua” en determinados funcionarios del Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. (22) Así se concretó, por iniciativa del vicepresidente norteamericano Walter Mondale, una entrevista entre éste y el presidente argentino Videla en Roma en septiembre de 1978, en ocasión de la ceremonia de entronización del Papa Juan Pablo I. En este encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo, por el cual el Departamento de Estado prometía rever su política de no autorizar al Eximbank la financiación del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, en tanto Videla se comprometía a permitir el ingreso a la Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para constatar la situación de esos derechos en el país. Por cierto, en estos gestos de “conciliación” de la administración demócrata tuvo mucho que ver la incidencia de los sectores empresariales y financieros con intereses en el mercado argentino, quienes percibieron que la política del “garrote” podía perjudicar sus inversiones. (23) 
    Pero al mismo tiempo esta flexibilización de la administración Carter que apuntó a disuadir al régimen militar con “zanahorias” económicas para que suspendiera las violaciones a los derechos humanos, se vio limitada en la práctica por la injerencia de los “cruzados” norteamericanos que presionaron precisamente en la dirección contraria desde el Congreso. En consecuencia, la política del “garrote” hacia la Argentina volvió a evidenciarse, provocando nuevas fricciones entre Washington y Buenos Aires. Así, a pesar de los esfuerzos “moderadores” del Ejecutivo, el Congreso decidió poner en vigencia, el 1º de octubre de 1978, la enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior -que había sido aprobada por el Legislativo en agosto de 1977-. Por esta enmienda, se suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación acordados con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. (24)  
    Junto a la suspensión de la ayuda militar, otro fracaso en los intentos del gobierno de Videla por granjearse la buena voluntad de la administración Carter fue la repercusión negativa que tuvo la presencia en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (25) entre los días 6 y 20 de septiembre de 1979. Dicha presencia intentó ser políticamente explotada tanto por los dirigentes de los partidos políticos, (26) como por los sectores “duros” del Ejército y la Marina, quienes nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de los sectores “blandos” o “videlistas” de permitir la visita del organismo a la Argentina. (27)  
    Pero las reacciones de repudio a la visita de la CIDH no se limitaron a los sectores “duros” del Ejército y la Marina. En una curiosa demostración de respaldo a la política antiterrorista aplicada por la Junta Militar argentina, una serie de agrupaciones mayoritariamente vinculadas a los sectores agroganadero y empresarial -entre ellas la Cámara Argentina de Frigoríficos, la Sociedad Rural Argentina, el Rotary Club de Buenos Aires, el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación de Cámaras de Exportadores de la República Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Productos Avícolas, la Unión General de Tamberos, el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Publicitario Argentino- emitieron la siguiente solicitada de respaldo al gobierno argentino:

Los Argentinos queremos decirle al mundo: 
Los Argentinos estuvimos en guerra. 
Todos la vivimos y sufrimos. 
Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha que provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas.
Tampoco fue privativa del Gobierno Argentino.
Fue una decisión de Argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la Paz.
A costa de cualquier sacrificio.
Y todos deseamos que la guerra terminara cuanto antes.
Hoy, la guerra terminó, aunque no la vigilia. (...)
Las instituciones que (...) firmamos, queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión.
Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera, quiera Dios que nunca tengamos que pagar este precio para vivir en Paz. (28)

Por su parte, la llamada “Agrupación Democrática Argentina” emitió una declaración de enfático repudio al informe de la CIDH, sosteniendo que 

(...) nuestras Fuerzas Armadas, lejos de ser ponderadas por la victoria obtenida sobre la subversión, resultan absurdamente vilipendiadas y condenadas. Ante este desconcertante informe, es muy lógico que para el ciudadano medio, el proceder de los Estados Unidos se torne ininteligible, en un indescifrable jeroglífico (...). (29)

A fines de marzo de 1980, el canciller Carlos Washington Pastor intentó descomprimir la tensa situación creada por la visita de la CIDH, sosteniendo que “no hay derecho moral ni material” para investigar a la Argentina. (30)  
    Cuando en abril de 1980 se conoció oficialmente en la Argentina el dictamen negativo de la CIDH, el gobierno de Videla se vio obligado a responder con un extenso documento que acusaba al informe de no guardar “los requisitos de ecuanimidad y objetividad que deberían ser indispensables en un documento de tanta importancia”. Asimismo, sostenía que dicho informe utilizaba “elementos distorsionantes de la verdad”, ignorando “la realidad argentina de la última década, sin cuyo conocimiento acabado es imposible la comprensión de la situación actual y del pasado reciente”. (31) 
    Asimismo, el gobierno argentino decidió revertir su negativa imagen externa a través de una intensa campaña de relaciones públicas en Estados Unidos. Con este objetivo, la embajada argentina en Washington publicó un boletín mensual titulado Argentina y distribuido a personas influyentes en los sectores privado y público de la sociedad norteamericana. Asimismo, el embajador Aja Espil estableció sólidos vínculos con grupos conservadores de Estados Unidos, contando con la colaboración de la Fundación Heritage de Washington y el senador Jesse Helms. En 1980, una empresa editora norteamericana privada, la Southern Cone Publishing & Advisory Services, Inc., fue contratada por la embajada para que se ocupara de distribuir materiales impresos sobre la “verdadera” realidad argentina, entre ellos un nuevo boletín mensual titulado Argentine Report. También, especialmente entre 1980 y 1983, se organizaron seminarios donde se reunieron argentinos y norteamericanos para analizar temas de política exterior. (32)  
    Paradójicamente, la presión ejercida desde Washington como “castigo” a la violación de derechos humanos produjo el fortalecimiento de los sectores militares “duros”. (33) Este fue precisamente el efecto contrario al buscado por el presidente Jimmy Carter y por la directora de la Oficina de Derechos Humanos, Patricia Derian. Carter y Derian no percibieron que, en gran medida, la estabilidad del presidente Videla frente a sus colegas militares estaba condicionada no sólo por el éxito del plan económico, sino también por su capacidad para resistir la campaña externa en repudio a la política de derechos humanos del régimen, que se convirtió en un leitmotiv que tiñó la agenda bilateral durante los años 1978 a 1980. Debido a la percepción que los sectores nacionalistas tanto militares como civiles tuvieron de la presión norteamericana como un caso inaceptable de interferencia externa, Videla no podía transigir en esta cuestión sin correr el riesgo de perder legitimidad frente a sus pares. (34)  
    Cabe agregar que luego de la visita de la CIDH en septiembre de 1979, los militares norteamericanos, opuestos a la política de derechos humanos impulsada por la administración demócrata, tuvieron contacto con sus colegas argentinos. Entre éstos contactos, pueden mencionarse el viaje a Buenos Aires del teniente general del Ejército, Gordon Summer, en noviembre de 1979; y el del teniente general del Ejército, Daniel Graham, asesor del candidato republicano a la presidencia Ronald Reagan, en junio de 1980. En la conferencia que diera a su paso por Buenos Aires, Summer estableció claramente sus diferencias de enfoque con la política de derechos humanos impulsada por Carter y Derian:

Estoy especialmente preocupado por la polarización de este hemisferio (...) donde los Estados Unidos han dividido a toda la América latina en dos grupos: los de ‘sombreros blancos’ -en los Estados Unidos los buenos- que son los dictadores de izquierda que ‘defienden los derechos humanos’, y los de ‘sombreros negros’ que son todos los demás. A éstos, bajo la retórica internacional, se les niega la entrada a los mercados internacionales, de dinero, etcétera. Y, estratégicamente, el hemisferio está siendo sacrificado sobre el altar de los derechos humanos. (35)

Por su parte, el teniente general Daniel Graham sostuvo un mensaje muy agradable a los oídos de los militares argentinos:

(...) la Argentina y el Cono Sur es de mucha importancia para la defensa de Occidente. Como los buques petroleros de Occidente (...) que llevan el fluido a Estados Unidos o a Europa, atraviesan el Atlántico Sur, la Argentina tiene una gran importancia estratégica por su posición geográfica. (36)

En una disertación organizada por el Instituto para el Desarrollo del Empresariado Moderno (IDEM), Graham dio un paso más, definiendo a la Argentina como un “gobierno amigo”, y prometiendo un cambio en las relaciones bilaterales a partir de la llegada de Reagan a la presidencia norteamericana, pues el candidato republicano “trataría al mundo tal como es y no como algunos idealistas dicen que es”. (37)
    No obstante la creciente resistencia de algunos sectores a su política de derechos humanos, Carter mantuvo sus ataques al régimen militar argentino. Esta actitud quedó demostrada en la Décima Asamblea General de la OEA en noviembre de 1980, cuando la delegación norteamericana presentó un proyecto que proponía individualizar en la resolución final del organismo interamericano los nombres de los países donde, según los informes de la CIDH, éstos habían sido violados. Mientras los representantes estadounidenses sostuvieron que la no mención individualizada de los países comprendidos en los informes debilitaba las funciones de la Comisión como órgano supervisor de la forma en que los estados debían respetar los derechos humanos, la delegación argentina interpretaba esta actitud norteamericana como un paso discriminatorio de Washington contra el gobierno de Buenos Aires, que en nada contribuía a fortalecer el espíritu de cooperación regional frente a amenazas relevantes como la ofensiva cubano-soviética en el continente. (38) 
    En esta reunión de la OEA, el presidente de la CIDH, el norteamericano Tom Farrer, leyó el informe sobre la situación de derechos humanos en la Argentina, el cual sostenía la persistencia de “signos de dura represión”. La lectura de este informe contó con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo. Su contenido fue enfáticamente rechazado por el embajador argentino ante el organismo panamericano, Raúl Quijano, quien afirmó que el informe de la Comisión 

parece reconocer que en la Argentina hubo una verdadera guerra provocada por la subversión terrorista pero, por la otra, pretende analizar algunas de sus consecuencias sin prestar la debida atención a ese factor fundamental de alteración.

Quijano añadió que la OEA “debe ser un foro para promover la cooperación entre nuestros países y no un campo de confrontación”. El choque de las posiciones argentina y norteamericana llegó a un punto tal que la Argentina amenazó con retirarse de la OEA y la reunión estuvo a punto de fracasar. Finalmente, la gestión mediadora de la mayoría de los países latinoamericanos llevó a una resolución final, cuyo texto representó una transacción entre las posiciones extremas de Buenos Aires y Washington. Como suele ocurrir, esta solución intermedia no conformó a ninguna de las partes. Contra lo que deseaba Carter, la resolución no condenaba a la Argentina, pero la mencionaba, poniendo en una situación incómoda al gobierno de Videla. (39)  
    Junto con la espinosa cuestión de los derechos humanos, la vocación de los militares argentinos por un desarrollo nuclear independiente fue otro tema que generó roces con Washington. En este sentido, la gestión del almirante Carlos Castro Madero al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continuó con la preferencia por la utilización del uranio natural iniciada durante el gobierno de Onganía. El propio titular de la CNEA se encargó de explicar que la opción por el uranio natural implicaba “la independencia del monopolio de uranio enriquecido que estaba prácticamente en manos de los Estados Unidos.” (40) 
    Un avance de la administración Carter en sus esfuerzos por convencer al gobierno militar de que firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Tlatelolco tuvo lugar durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, a Buenos Aires en noviembre de 1977. En dicha ocasión, los representantes de los gobiernos argentino y norteamericano firmaron un comunicado conjunto, donde el régimen de Videla hizo una ambigua referencia a su intención de ratificar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. (41)  
    Para impulsar la política de no proliferación, la administración Carter sancionó la Non Proliferation Act en 1978. Esta fue juzgada por los militares argentinos como un acto discriminatorio, que apuntaba a cercenar el “derecho” de la Argentina a poseer un desarrollo autónomo en esta materia. En octubre de 1978 Castro Madero efectuó una terminante declaración en Washington, sosteniendo que “la Argentina seguirá adelante con sus planes de construir una planta de reprocesamiento de uranio”. Por cierto, este paso significaba la posibilidad de que el régimen militar argentino construyera una bomba atómica. Si bien las autoridades de Buenos Aires expresaron en innumerables ocasiones la vocación pacífica que orientaba el desarrollo del Plan Nuclear, estos gestos no constituyeron señales tranquilizadoras para la Casa Blanca. Desde la sanción de la Non Proliferation Act, el gobierno de Carter estaba embarcado en la tarea de evitar desarrollos nucleares en aquellos países que no aceptaran las inspecciones a sus instalaciones, disposición contemplada por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968. Precisamente la Argentina estaba ubicada en la categoría de países “rebeldes” que aspiraban a un desarrollo nuclear independiente sin aceptar los controles internacionales establecidos en el TNP. En este conflictivo contexto, las palabras de Castro Madero provocaron inquietud entre los miembros de la administración Carter, quienes hicieron un llamamiento para que “se detenga ese programa hasta tanto haya mayores salvaguardias para la no proliferación nuclear”. (42)  
    A pesar de las objeciones de Washington al ambicioso programa nuclear argentino, el presidente de la CNEA subrayó la “vocación pacífica” del mismo en la Vigésimo Tercera Reunión de la Conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se celebró en Nueva Delhi en diciembre de 1979. Basándose en este argumento, Castro Madero reiteró las críticas al sistema de salvaguardias del OIEA establecido por el TNP, sosteniendo que un plan nuclear de índole pacífica como el argentino no debía ser interferido con la excusa de la política de no proliferación. Asimismo, anunció la renuncia argentina al programa de asistencia del organismo multilateral, pues según el titular de la CNEA dicha asistencia “no alcanza el nivel adecuado en los terrenos de la ingeniería y de la tecnología nuclear, que son las urgentes necesidades del país”. (43) 
    Por cierto, el gobierno argentino pudo superar las restricciones a la transferencia de tecnología impuestas por Washington como represalia por no firmar el TNP y no ratificar Tlatelolco. A pesar de este inconveniente, el régimen militar encontró otros proveedores para seguir adelante con su Plan Nuclear. Así, a mediados de marzo de 1980 la empresa suiza Suizer Brothers firmó con la CNEA un contrato para la provisión y montaje de una planta de agua pesada. (44) Por su parte, a principios de mayo del mismo año, la empresa alemana Kraftwerk Union AG firmó un acuerdo con la CNEA para la construcción de la central nuclear Atucha II, que fue la primera construida con un sistema de no “llave en mano”. Este acuerdo, junto con un convenio firmado con las empresas Kraftwerk Union AG y Maschinenfabrik Ausburg-Nuremberg de Alemania y Voest Alpine Aktiengesehischaft de Austria, sobre provisión de energía y asistencia a la fabricación de componentes pesados para centrales nucleares, fueron aprobados por el gobierno argentino en enero de 1981. (45)  
    Ante la falta de adhesión de países como Canadá, la URSS y Alemania Federal a las restricciones en la transferencia de tecnología nuclear a la Argentina impuestas por el gobierno de Carter, las autoridades de la Casa Blanca decidieron enviar una serie de misiones cuyo objetivo fue lograr la adhesión al TNP por parte de los militares argentinos. De este modo, en marzo de 1980 tuvo lugar la misión del embajador especial Gerald Smith, quien no logró ningún resultado. Igual suerte corrió la misión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por su presidente John W. Wydler, que llegó a Buenos Aires a principios de abril del mismo año, con el objetivo de “superar las diferencias existentes en materia de transferencia de tecnología nuclear”. (46)  
    Por otra parte, a principios de enero de 1980, la administración Carter anunció una serie de medidas destinadas a “castigar” la invasión soviética a Afganistán iniciada en diciembre de 1979. Entre ellas se destacó el embargo de 17 millones de toneladas de cereales que habían sido anteriormente solicitados por las autoridades de Moscú. Pocos días después el gobierno norteamericano convocó a los grandes productores mundiales de granos -Argentina, Australia, Canadá y la Comunidad Económica Europea- a una reunión en Washington, con el objeto de crear un “frente occidental” de repudio a las acciones militares soviéticas en Kabul. 
    La propuesta norteamericana y sus efectos en el comercio exterior argentino fueron evaluados en dos reuniones realizadas en el Ministerio de Economía en el mismo mes de enero, que contaron con la participación de funcionarios de Economía y Cancillería y del presidente de la Junta Nacional de Granos. En dichas reuniones se resolvió recomendar al gobierno la no participación en el boicot cerealero, así como el envío de un grupo más técnico y menos político al encuentro de países productores de granos en Washington, con el objetivo de demostrar que el gobierno argentino no estaba dispuesto a negociar su adhesión al embargo. En una reunión del día 9, el ministro de Economía Martínez de Hoz propuso al presidente Videla asumir una posición pragmática que rechazara el embargo y a la vez condenara la invasión soviética a Afganistán. Dicha propuesta fue aceptada por Videla y contó con el respaldo del entonces canciller, brigadier Carlos Washington Pastor. (47)  
    El día 10 de enero ocurrieron dos importantes acontecimientos. Uno fue el anuncio oficial, a través de un comunicado de la Cancillería, de la posición adoptada tanto respecto de la invasión soviética a Afganistán como del embargo cerealero dispuesto por la administración Carter contra las autoridades del Kremlin. Respecto de la primera cuestión, el comunicado reafirmaba la pertenencia de la Argentina a Occidente “por vocación y destino” y condenaba la intervención militar soviética en Afganistán “con absoluto menoscabo de toda norma o principio”. Respecto del embargo, el comunicado sostenía la negativa del gobierno a “participar en decisiones o actitudes punitorias que se hayan adoptado sin nuestra intervención previa y que surjan de centros de decisión ajenos al país”. Asimismo, la declaración de la Cancillería dejaba en claro el desacuerdo de las autoridades de Buenos Aires con el embargo como medio de castigar la actitud soviética, al afirmar que “es una constante de la política exterior argentina la no utilización de sanciones económicas como forma de presión o punición en el ámbito de las relaciones políticas entre los países”. (48) 
    Al día siguiente, exactamente uno antes de la reunión de países productores de granos que debía celebrarse en Washington, Carter envió una carta a su colega argentino, en la que calificaba la invasión soviética a Afganistán como una “agresión” que afectaba “la paz y la estabilidad”. Apelando a las tradiciones “occidentales” de la Argentina, el mandatario demócrata sostuvo en su carta que “ninguna nación comprometida con la paz y la estabilidad puede continuar haciendo negocios como siempre con la Unión Soviética”. (49) En su respuesta a Carter, Videla reafirmó la pertenencia “fervorosa” de la Argentina a Occidente y sostuvo que su gobierno había condenado la invasión soviética a Afganistán con el voto en la ONU, pero que ello no excluía -en forma acorde con la declaración del 10 de enero- “la decisión de no secundar medidas adoptadas en forma unilateral y sin consulta”. (50) En la reunión de productores de granos que tuvo lugar en Washington, los representantes norteamericanos presionaron reiteradamente a la delegación argentina con el fin de obtener la promesa de que las autoridades de Buenos Aires no intentarían “sacar ventaja” de la situación de embargo de granos a Moscú. Para disipar estos temores, tanto el titular de la Junta Nacional de Granos David Lacroze desde Washington, como el secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta desde Buenos Aires, sostuvieron en forma unánime que la Argentina no participaría del embargo, pero tampoco vendería granos adicionales a la URSS, aunque ambos representantes dejaron librado al mercado y a los exportadores privados la decisión final de incrementar las ventas a Moscú en respuesta a una ampliación de la demanda. En la práctica, la promesa de las autoridades argentinas se limitó a lo que vendía el Estado -que era una parte ínfima del total de exportaciones de granos a la URSS-. El grueso de dichas exportaciones, en manos privadas, no se vio afectado por las promesas de Lacroze y Zorreguieta. (51)  
    Las presiones de Washington sobre el gobierno argentino continuaron, pues la administración Carter no confió en el compromiso asumido por las autoridades de Buenos Aires de no renovar los convenios comerciales con Moscú. Para ello envió a Buenos Aires, a fines de enero de 1980, al comandante de la Academia Militar de West Point, general Andrew Jackson Goodpaster, quien sólo obtuvo la promesa del ministro Martínez de Hoz de que la Junta Nacional de Granos no tomaría nuevos compromisos con la URSS. Finalmente, la misión Goodpaster no tuvo éxito, dado que, tras su visita, el intercambio comercial con Moscú, se incrementó. Por cierto, este crecimiento estuvo impulsado más por los intereses de los productores argentinos de aprovechar el mercado soviético, que -como pensaron en su momento algunos funcionarios norteamericanos- por el deseo de “venganza” del gobierno militar debido al “maltrato” que las autoridades de Washington le prodigaban en materia de derechos humanos. (52) 
    Asimismo, también fracasaron los esfuerzos de Goodpaster por atraer a los sectores más duramente anticomunistas de las Fuerzas Armadas a través de argumentos ideológicos, tales como el peligro de que la dependencia comercial argentina respecto de la URSS pasara al plano político. Pero paradójicamente, los sectores “duros”, enemigos de la dupla Videla-Martínez de Hoz en la mayoría de los temas de agenda interna y exterior, respaldaron la decisión del gobierno argentino de no sumarse al embargo cerealero contra la URSS, por dos razones. En primer lugar, la decisión adoptada por Videla y Martínez de Hoz aparecía ante los ojos de estos sectores como un ejemplo de política exterior independiente. En el segundo, el rechazo a la estrategia norteamericana permitía a estos sectores canalizar su disgusto respecto de la política de derechos humanos adoptada por la administración demócrata. (53)  
    Unos meses más tarde, el gobierno de Videla decidió prohibir la participación de deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Moscú, como manifestación de repudio a la intervención soviética en Afganistán. Con esta decisión, el régimen militar pretendió demostrar su vocación “occidental”, pero sin dejar de hacer negocios con Moscú. (54)  
    Otro tema que se presentó en las relaciones argentino-norteamericanas durante el gobierno de Videla estuvo relacionado con el golpe militar que se produjo en Bolivia en julio de 1980. La actitud protagónica del gobierno argentino en dicho golpe que derrocó al presidente Hernán Siles Suazo provocó conflictos con la administración Carter. En el ámbito bilateral, el gobierno norteamericano decidió suspender la programada visita a Buenos Aires del subsecretario de Asuntos Hemisféricos William Bowlder -que representaba la continuación del diálogo iniciado en enero de 1980 por la misión Goodpaster-. Asimismo, dejó la embajada en la Argentina a cargo de un ministro y decidió no designar nuevo embajador hasta después de las elecciones norteamericanas previstas para noviembre de ese año. (55)  
    En el plano multilateral, el gobierno de Carter apoyó en la OEA un proyecto de resolución, presentado por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que condenó enérgicamente el golpe militar en Bolivia y fue finalmente aprobado por el Consejo Permanente del organismo panamericano a fines de julio. Frente a este proyecto respaldado por Washington, el delegado argentino, Raúl Quijano, se abstuvo, fundando paradójicamente su postura en el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. (56) 
    Por cierto, el involucramiento argentino en América Central fue otra cuestión relevante en la agenda bilateral, que tuvo por protagonistas a los militares argentinos y a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA). Ambos sectores coincidieron en sus críticas a la actitud de apaciguamiento del gobierno de Carter respecto de los focos guerrilleros en América Central. En este sentido, vale recordar que la administración demócrata, a diferencia de sus antecesoras, percibió que estos conflictos tenían un origen exclusivamente local. Fuertemente influido por el enfoque de su secretario de Estado Cyrus Vance, Carter planteó que la intervención norteamericana en América Central y otros países del Tercer Mundo, lejos de contribuir a contener la expansión soviético-cubana como sostenían los sectores anti-comunistas, facilitaría su expansión, al enajenar a los sectores populares y volcar sus simpatías hacia los infiltrados izquierdistas. Aplicando este razonamiento en el caso nicaragüense, Carter hizo nada para prevenir el derrocamiento de la dictadura derechista de Anastasio Somoza a manos de los sandinistas en 1979. Mientras las anteriores administraciones, preocupadas por la contención de la infiltración comunista, respaldaron al régimen somocista, Carter optó por correr el riesgo de que llegara al gobierno un régimen izquierdista. Para una administración que recibió la herencia del exceso de intervención norteamericana en Vietnam, este costo era preferible al de intervenir en favor de una dictadura de derecha que además violaba los derechos humanos. Por cierto, el enfoque “regionalista” de Carter y Vance fue enfáticamente criticado por los sectores anticomunistas dentro y fuera del gobierno. Así, además de la oposición republicana, encabezada por el candidato presidencial Ronald Reagan, sumaron sus voces de protesta el asesor de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, y los funcionarios del Departamento de Defensa. Estos sectores, percibieron la llegada al poder de los sandinistas con las lentes ideológicas de la Guerra Fría: esto es, como un triunfo del expansionismo cubano-soviético. (57)  
    El anticomunismo intervencionista de sectores del gobierno como la CIA encontró importantes aliados en los “halcones” militares argentinos, quienes se sentían incomprendidos por la política del “garrote” que Carter y Patricia Derian impulsaron contra el régimen de Videla. Los “cruzados” argentinos, decididos como sus contrapartes norteamericanos a combatir los focos de expresión izquierdista dentro y fuera del país, contaron con el aval de la CIA para jugar un rol crecientemente intervencionista en América Central, justificado por la conexión de los elementos de izquierda de esta subregión con emigrados argentinos provenientes de grupos ideológicamente afines, como el ERP, Montoneros o peronistas de izquierda. (58) 
    Existen diferentes interpretaciones acerca de la fecha de inicio de la intervención argentina en el área centroamericana. Según el académico norteamericano Riordan Roett, la misma comenzó supuestamente hacia fines de 1979, cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri, un “halcón”, fue designado comandante en jefe del Ejército. Actuando como una agencia diplomática autónoma del Poder Ejecutivo, el Comando en Jefe del Ejército, conducido por Galtieri, envió asesores militares a Honduras, El Salvador y otros países del área. (59) De acuerdo con el académico argentino Roberto Russell, los contactos iniciales para el envío de militares y armas argentinos hacia la subregión centroamericana tuvieron ocasión de realizarse durante el denominado Cuarto Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, celebrado en Buenos Aires en septiembre de 1980, foro en el que participaron diversos representantes de la extrema derecha latinoamericana. Entre éstos figuraron precisamente, el presidente de la organización cubana anticastrista de Miami Alpha 66, Andrés Nazario. Alpha 66 era una agrupación que oficiaba como conexión de la operación argentina en América Central. Asimismo, el presidente de este Cuarto Congreso fue el comandante del I Cuerpo de Ejército argentino, general Carlos Guillermo Suárez Mason, identificado con el ala más dura del Proceso, quien no dudó en extender al escenario centroamericano la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo librada dentro de la Argentina. (60)  
    Sin embargo, el ex integrante del Batallón 601 del Ejército, Leandro Sánchez Reisse, y el periodista Daniel Santoro coinciden en sostener que la presencia argentina en América Central es muy anterior al arribo de Galtieri a la jefatura del Ejército. Comenzó en realidad en 1976, como una extensión regional de la lucha antisubversiva que se estaba llevando a cabo dentro del territorio argentino, y se prolongó hasta 1984. Desde 1976 a 1979, estuvo en manos de un “halcón”, el comandante del I Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason. Pero a partir de 1978, la intervención encubierta de los militares argentinos en América Central se llevó a cabo a través del llamado Grupo de Tareas Exterior (GTE), creado en secreto por el batallón de Inteligencia 601, dependiente de la jefatura II de Inteligencia del Ejército. La función del GTE fue la de extender la lucha contra la guerrilla local al plano regional. La parte financiera del Grupo fue manejada por un agente civil del 601: el licenciado en Administración de Empresas y oficial de nominación primera de ese batallón, Leandro Sánchez Reisse, quien abrió la casa de empeño Silver Dollar en Miami como cobertura legal del GTE. Sánchez Reisse financió a las fuerzas argentinas en El Salvador con conocimiento de la CIA y apoyo de los grupos anticastristas Omega y Alpha 66 de Miami. Mientras Sánchez Reisse estaba encargado de la parte financiera de esta “guerra sucia” contra elementos izquierdistas en América Central, oficiales del Ejército, de la Seguridad Federal y de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) comandaron y asesoraron a los elementos contrainsurgentes en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. (61) 
    Por cierto, este creciente involucramiento argentino en el área centroamericana contó con el visto bueno de la CIA. Esta agencia mantuvo desde mucho antes de la llegada de la administración Reagan a la Casa Blanca, fluidos contactos con las dos figuras clave del GTE argentino -el mencionado Sánchez Reisse y el agente de inteligencia civil Raúl Guglielminetti. Los contactos de la CIA con los militares argentinos eran John Bull, un hacendado norteamericano radicado en Costa Rica; el cubano-norteamericano Joe Sancho, y el abogado norteamericano Norman Faber. El último era socio de Sánchez Reisse en la empresa Argentshow, dedicada a la compra de programas de televisión y a la organización de giras de artistas norteamericanos, y que también servía de “pantalla” para operaciones secretas como la emprendida por el GTE. Faber era socio del titular de la CIA, William Casey, en la empresa Hold Dicker. Vale recordar que Casey fue uno de los responsables del escándalo en torno a la conexión “Irán-contras”, que puso a la administración Reagan al borde de un nuevo “Watergate”. (62)
    Con el reemplazo de la administración demócrata de Carter por la del republicano Ronald Reagan en enero de 1981, se abrió una nueva etapa en las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. Por cierto, la llegada de Reagan a la Casa Blanca auguraba a Viola un horizonte más propicio al acercamiento que el que había caracterizado la gestión de Videla. Reagan, a diferencia de su antecesor, definió al comunismo como un “enemigo” cuya expansión no sólo había que contener, sino también revertir. Los militares argentinos celebraron tanto este discurso de cruzada de Reagan como la distinción hecha por Jeanne Kirkpatrick entre regímenes autoritarios -dictaduras de derecha que Estados Unidos debía respaldar debido a su anticomunismo- y regímenes totalitarios -de orientación izquierdista y por ende amenazantes para los intereses estratégicos de Estados Unidos y del conjunto de Occidente-. (63)  
    De acuerdo con una entrevista efectuada al canciller de Viola, Oscar Camilión, en las  relaciones con Estados Unidos el gobierno argentino partió de su autodefinición como “occidental”, aunque sin excluir la existencia de “campos parciales de discrepancia” tales como la política nuclear, la cuestión de las islas Malvinas, los derechos humanos y los problemas comerciales. Camilión también reconocía puntos de concordancia entre las percepciones argentina y norteamericana a partir de la llegada de la administración Reagan, tales como la mutua preocupación por mantener la estabilidad en América Central frente a los grupos de izquierda. (64) 
    Basándose en la convicción de que la recomposición de relaciones con Washington era una alternativa viable tras el alejamiento de Carter, el gobierno de Viola trabajó en esa dirección. Antes de asumir su cargo, en marzo de 1981 Viola, acompañado por Camilión, realizó un viaje a Estados Unidos. Viola procuró obtener de Washington alguna promesa de levantamiento del embargo a la ayuda militar, lo cual fortalecería su autoridad en el frente interno. 
    Respecto de la crisis centroamericana, Viola y Camilión prefirieron mantener un bajo perfil, temerosos de que la expansión revolucionaria en el área tuviera efectos negativos en la propia estabilidad política del gobierno argentino. Así sucedió en el caso de Nicaragua, frente a la junta sandinista que derribó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. En cuanto a El Salvador, la Argentina respaldó política y económicamente el régimen del líder demócrata cristiano José Napoleón Duarte, oponiéndose a la declaración franco-mexicana de agosto de 1981, que reconoció al movimiento guerrillero Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), fuerza opositora al gobierno de Duarte. Incluso la Cancillería argentina trabajó en forma conjunta con el Departamento de Estado norteamericano en el ámbito de la OEA con el objetivo de obtener consenso multilateral para las elecciones previstas para marzo de 1982 en ese país centroamericano. No obstante, y a diferencia de lo que esperaban escuchar los “halcones” militares argentinos y norteamericanos, el respaldo económico del gobierno de Viola a las autoridades salvadoreñas no incluiría la ayuda militar, de acuerdo con lo que el propio canciller Camilión le transmitió a las autoridades de Washington en sus contactos de fines de agosto de 1981. (65)  
    El acercamiento entre las posiciones de los gobiernos argentino y norteamericano respecto de la cuestión salvadoreña se reveló con toda claridad en ocasión de la Undécima Asamblea General de la OEA en Santa Lucía, en diciembre de 1981. En dicho foro, el canciller Camilión sostuvo al término de una reunión con el secretario de Estado Alexander Haig la “coincidencia muy amplia” alcanzada con Washington en la apreciación del problema salvadoreño. Además, la delegación argentina respaldó el proyecto de resolución presentado por El Salvador, Honduras y Costa Rica, que, en coincidencia con el enfoque oficial norteamericano, apoyaba la apertura de un proceso electoral y condenaba el estímulo de los sandinistas nicaragüenses a la guerrilla salvadoreña. (66) 
    Pero mientras el presidente Viola y su canciller Camilión defendían en la OEA el principio de no intervención, el sector de los “halcones”, liderados por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, entrenaba a oficiales somocistas en lucha antisubversiva. Por cierto, guiado por el objetivo de desplazar al presidente Viola de su cargo, Galtieri montó una diplomacia militar paralela que halló eco en la administración republicana de Ronald Reagan, obsesivamente preocupada por la presencia del régimen sandinista en Nicaragua. Tanto para los “halcones” argentinos como para la Casa Blanca, no cabía ninguna duda de que el triunfo de la revolución sandinista, que tenía el poder en Nicaragua desde 1979, implicaba una puerta abierta a la infiltración comunista en la región. Esta común preocupación ya había motivado en febrero de 1981, la visita del enviado especial del secretario de Estado Alexander Haig, el general Vernon Walters, quien solicitó al presidente Videla, al comandante en jefe del Ejército Viola y al canciller Pastor información sobre la “intervención de naciones extracontinentales y de América” en el conflicto entre los guerrilleros marxistas y el gobierno salvadoreño. (67) En el mes de abril, ya con Viola sentado en el sillón de la Casa Rosada, se registró una nueva visita, la del jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano, general Edward Charles Meyer, quien se entrevistó directamente con el entonces comandante en jefe del Ejército Galtieri, con el fin de acordar un sistema de consultas periódicas entre los Ejércitos argentino y norteamericano. (68)  
    Por cierto, la visita de Walters a Buenos Aires evidenció la común vocación de los “cruzados” argentinos y norteamericanos de erradicar a los elementos izquierdistas de América Central. Del lado argentino, el comandante en jefe del Ejército Galtieri manifestó en dos oportunidades su voluntad de cooperar con Washington en la “guerra sucia” de América Central. La primera fue durante la visita de Galtieri a Estados Unidos en mayo de 1981, ocasión en la que se entrevistó con el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, y le ofreció la ayuda argentina para contribuir a la lucha contra el comunismo en América Central. Pero el compromiso formal de intervención militar argentina en Centroamérica fue asumido en noviembre de ese mismo año, en el marco de una nueva gira del titular del Ejército por Estados Unidos. En esta nueva gestión, Galtieri acordó en forma secreta con el entonces director de la CIA, William Casey, el envío de oficiales argentinos para entrenar y organizar a los “contras”. A pesar del carácter secreto de este contacto, Galtieri realizó ante periodistas norteamericanos el sugerente comentario de que el Ejército argentino podía ofrecer al gobierno de Reagan cooperación “y mucho más”. Pocos días después, fue el propio presidente norteamericano quien firmó una orden secreta de seguridad nacional en la que se autorizaba a la CIA a trabajar con los militares argentinos para sostener la contrainsurgencia en Nicaragua: Washington aportaba el dinero y éstos su experiencia en la lucha antisubversiva. (69) 
    Pero el terreno de las coincidencias ideológicas entre los “halcones” argentinos y la administración Reagan no se limitó a América Central. Otro ejemplo de estas coincidencias fue el entusiasmo de Galtieri por participar en la fuerza multinacional de paz destinada a supervisar la retirada israelí de los territorios del Sinaí, ocupados durante la guerra árabe-israelí de 1967. Durante una visita realizada a Buenos Aires en agosto de 1981, la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Jeanne Kirkpatrick, demostró el interés de la administración republicana por obtener la participación argentina en el Sinaí. Asimismo, Claus Ruser, segundo del embajador norteamericano en la Argentina, Harry Shlaudemann, procuró lograr la participación argentina a través de sus contactos con el entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, general José Antonio Vaquero. La estrategia norteamericana logró un entusiasta respaldo del entonces comandante en jefe Galtieri, y del agregado militar en Washington, Miguel Alfredo Mallea Gil, quienes impulsaron la participación en la fuerza multinacional de paz como un “signo de amistad” hacia Estados Unidos. Incluso Galtieri no dudó en emprender una nueva gira a Estados Unidos en ese mismo mes de agosto de 1981, señalando ante funcionarios del gobierno norteamericano la necesidad de que la Argentina saliera “del caparazón en que estuvo encerrada durante tantos años.” Asimismo, en su siguiente viaje a Estados Unidos en noviembre de ese año, Galtieri comunicó a Meyer la necesidad de que la Argentina estuviera en el Sinaí. (70)  
    A pesar del entusiasmo de Galtieri, los oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina fueron remisos a esta iniciativa de Washington. Diversos funcionarios diplomáticos argentinos en Estados Unidos también le hicieron saber a Galtieri durante su estadía en Nueva York en noviembre de 1981 sus reparos respecto de la intervención en Sinaí. A su vez, el presidente Viola se opuso a la participación argentina, haciendo suyos los argumentos del canciller Camilión, quien sostuvo que la región del Sinaí no constituía un área donde se jugaran intereses nacionales “vitales” de la Argentina; que la participación argentina tendría un impacto negativo en las relaciones con los países árabes, afectando la tradicional “equidistancia” de la Argentina en el conflicto árabe-israelí; que la fuerza multinacional de paz era un mecanismo ad hoc extraño a las Naciones Unidas; y que esta participación tendría también un impacto negativo en las fuerzas políticas locales. (71) 
    Finalmente, el presidente Viola y los funcionarios de la Cancillería lograron convencer a la Junta Militar, y ésta decidió la no participación de militares argentinos en la fuerza multinacional de paz en el Sinaí, para desazón de los “cruzados”. Por lo menos en este caso, la diplomacia oficial logró imponer su voluntad sobre la de la diplomacia militar paralela.  
    Otra cuestión donde se registraron convergencias entre los militares argentinos y norteamericanos fue el de la emergencia de un pacto de defensa del Atlántico Sur para contener la agresión comunista. A fines de mayo de 1981, tuvo lugar en Buenos Aires un encuentro entre el comandante de la flota del Atlántico de los Estados Unidos, almirante Harry Train; el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Armando Lambruschini, y el jefe de Estado Mayor del arma, almirante Jorge Anaya. En este encuentro se planteó el tema de un pacto, tratado o convenio para el Atlántico Sur similar al de la OTAN, idea que volvió a ser propuesta por Train en Montevideo ante los marinos uruguayos a principios de junio. (72) Otro defensor de la colaboración de la Argentina en una futura Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS) fue el general Vernon Walters, quien, como se sabe, tuvo contactos con los militares argentinos por otros temas. (73)  
    Pero la lista de los temas donde se registraron indicios de cooperación entre los “halcones” argentinos y los norteamericanos en nombre de la lucha contra el comunismo quedaría incompleta si no se mencionara la participación argentina en el envío clandestino, por vía aérea, de repuestos y municiones norteamericanas para Irán -entonces en guerra contra Irak, respaldada por la URSS-. Estos vuelos, a cargo de la empresa Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) -propiedad de brigadieres retirados de la Fuerza Aérea argentina- tuvo como uno de sus protagonistas claves al ex representante de Perón, Héctor Villalón, que hizo de nexo entre Anthony Mac Donald, titular del First National City Bank de New York, y el coronel Oliver North, el principal acusado del escándalo “Irán-contras”. Incluso el propio Villalón hizo referencia a su intención de organizar efectivos argentinos en Irán para atacar objetivos estratégicos. Uno de los aviones de la TAR, que había partido de Irán en julio de 1981, chocó contra un avión de combate soviético MIG -o fue derribado por éste- al atravesar el territorio de la entonces URSS. Fuentes vinculadas al Senado norteamericano sostienen que este vuelo del avión argentino había sido contratado por la CIA norteamericana. (74) 
    Sin duda, la etapa más crítica en las relaciones argentino-norteamericanas durante el Proceso militar sobrevino con el acceso al poder en la Argentina del comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Galtieri, quien, como se sabe, logró desplazar del gobierno al general Viola, en diciembre de 1981, conservando además su cargo militar. Durante la gestión de Galtieri, las relaciones con Estados Unidos atravesaron dos fases netamente diferenciadas. La primera abarcó desde su asunción a la presidencia hasta el estallido de la crisis de Malvinas en abril de 1982, y se caracterizó por una creciente cooperación bilateral, alimentada por la común preocupación por contener el avance de elementos izquierdistas en América Central. Con todo, una serie de hechos demostró que las coincidencias estratégicas entre Washington y Buenos Aires no implicaron una total identidad de intereses. Galtieri y su canciller Costa Méndez quisieron gestar una alianza con Estados Unidos basada en el común perfil occidentalista y anticomunista con la administración de Reagan. Sin embargo, este intento de alineamiento con los objetivos estratégicos de Washington fue, como sostiene Roberto Russell, un alineamiento “heterodoxo”. El compromiso de la diplomacia militar con los intereses y valores de Occidente no era “una mera adecuación periférica al esquema de globalismo estratégico impulsado por la administración Reagan”. Respondió, por el contrario, a una “racionalidad y definición propias de los intereses de seguridad nacional del Estado argentino”. (75) Durante la administración Carter, esta percepción “heterodoxamente argentina” del concepto de “Occidente” llevó a los militares a sentirse “incomprendidos”. Frente a un Occidente que se mostraba débil y claudicante frente al avance cubano-soviético, la Argentina era “la reserva moral de Occidente” o, directamente, el “Extremo Occidente”. Llegado Reagan a la Casa Blanca, los militares argentinos creyeron que “Occidente” había por fin entendido la importancia de la “cruzada” argentina. Pero el estallido de la crisis de Malvinas demostró a las claras los límites del nuevo entendimiento argentino-norteamericano, evidenciando las diferencias entre los intereses “nacionales” de ambos países,  ocultadas tras el común ropaje anticomunista. 
    A partir del inicio de la guerra de Malvinas se abrió una segunda fase en las relaciones argentino-norteamericanas, que abarcó hasta la renuncia de Galtieri en junio de 1982. En esta segunda etapa, Estados Unidos pasó de ser el aliado a ser el enemigo de la Argentina. A fin de comprender las relaciones argentino-norteamericanas durante la gestión de Galtieri, se debe considerar la vinculación en particular de dos temas -al menos desde la particular óptica de los militares argentinos-: la crisis de Malvinas y la participación argentino-norteamericana en América Central. 
    Por cierto, el estallido de la guerra de Malvinas entre la Argentina y Gran Bretaña -este último país aliado de Estados Unidos en la OTAN- mostró la precariedad de la alianza estratégica forjada entre los “halcones” argentinos y los “globalistas” de la administración Reagan. Un mes antes del desembarco argentino en el archipiélago, en marzo de 1982, el régimen militar argentino buscó sondear la actitud de Washington frente a la cuestión Malvinas, a través de un encuentro entre el presidente Galtieri y el subsecretario de Estado, Thomas Enders. Este contacto resultó crucial en tanto evidenciaba que el interés argentino en América Central estaba vinculado no sólo a coincidencias ideológicas entre Washington y Buenos Aires en torno de la necesidad de contener el comunismo. También se relacionaba con el deseo puntual del régimen militar argentino de que el gobierno de Reagan utilizara su influencia ante la administración conservadora de Margaret Thatcher para obtener concesiones de Londres.
    Pero Enders subestimó la importancia de las islas Malvinas en la cultura política argentina. La cuestión de la recuperación de las islas era un viejo anhelo no sólo del gobierno militar, sino también de la mayor parte de la sociedad argentina, factor que explica la popularidad que tuvo la invasión de las islas del 2 de abril de 1982. Consciente de ello, el gobierno de Galtieri utilizó políticamente este “sentimiento” para otorgar un aura de prestigio a un régimen que atravesaba serios conflictos internos. Pero el funcionario norteamericano nunca concibió que los argentinos le otorgaran tal importancia sentimental a un puñado de islas de escasa importancia económica, y que el régimen de Galtieri estuviera dispuesto a invadir el archipiélago como una forma de obligar a las autoridades de Londres a romper con el estancamiento diplomático y, por esta vía, obtener prestigio interno. (76)  
    La administración norteamericana se sorprendió ante la realidad de la ocupación argentina de las  islas Malvinas el 2 de abril de 1982, iniciativa que el propio Reagan había intentado inútilmente disuadir a través de una llamada telefónica a Galtieri. (77) Ante este hecho, el gobierno de Reagan respondió garantizando el aprovisionamiento de la flota británica en la base militar norteamericana de la isla Ascensión y el paso de dicha flota por el canal de Panamá. Además, las autoridades de Washington consideraron al régimen militar argentino como agresor y exigieron el cumplimiento de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exigía el inmediato cese de las hostilidades y el retiro de las tropas por parte de la Argentina como un paso previo para la solución de la disputa. (78) 
    Tras las infructuosas gestiones de mediación del secretario de Estado, Alexander Haig, en la primera quincena del mes de abril, (79) el Senado y la Cámara de Representantes norteamericanos se pronunciaron mayoritariamente a favor de Gran Bretaña en la disputa por el archipiélago, fundamentando su decisión en lo resuelto por la Resolución 502. Tanto esta actitud del Congreso (80) como la del  Ejecutivo (81) generó la sorpresa y el desconsuelo de los “cruzados” argentinos, quienes se sintieron traicionados. (82) Esta sensación de los militares argentinos quedó claramente evidenciada en la calificación que el propio presidente Galtieri hiciera del gobierno de Estados Unidos como país “sorprendentemente enemigo de la Argentina y su pueblo”. (83)  
    La “sorpresa” del gobierno de Galtieri ante lo que consideró una “traición” del gobierno de Reagan fue producto de supuestos erróneos. Según la percepción del régimen militar, las autoridades de Washington adoptarían una actitud de apoyo o, al menos de pasividad, en la disputa angloargentina sobre las islas Malvinas, como retribución por la colaboración argentina en la “guerra sucia” en América Central, y como consecuencia de las obligaciones norteamericanas como integrante de la OEA y suscriptor del TIAR. Esta percepción del gobierno de Galtieri fue alimentada a través de sondeos indirectos que el presidente y otros “halcones” militares argentinos mantuvieron con figuras de la administración republicana, entre ellos la embajadora Jeanne Kirkpatrick, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Thomas Enders, el general Vernon Walters, y un grupo reducido de congresistas republicanos pertenecientes al llamado “lobby sudafricano”. En estos encuentros, los militares argentinos tocaron el tema Malvinas y creyeron interpretar en sus interlocutores una actitud de respaldo frente a la opción de recuperar el archipiélago de las islas Malvinas por acciones de fuerza. (84)  
    La crisis de Malvinas obligó a la diplomacia del gobierno de Galtieri a adoptar un poco creíble sesgo “tercermundista” en la política exterior, lo cual implicó un giro completo respecto del perfil “occidentalista” que había caracterizado la política exterior de Costa Méndez hasta abril de 1982. Así, en el mensaje que dirigiera al pueblo argentino el 1º de mayo de 1982, en plena guerra, el presidente Galtieri señaló: 

(...) La inmensa mayoría de los pueblos de América nos dieron una respuesta franca y clara, una respuesta solidaria y fraternal. Fue la actitud de los que siempre creyeron con pureza y sin segundos intereses que este continente tenía su proyecto y su destino y que su pasado colonial estaba muerto y convertido en polvo o rezago de la historia. Contamos, también, con la comprensión y la adhesión de las naciones no alineadas, que han sentido en carne propia el rigor de la lucha anticolonialista y que comprenden el valor de esa lucha y las exigencias que la obtención de la victoria demanda. De tal manera, nuestra causa ha dejado de ser una problema argentino. Se ha convertido en una causa de América y del mundo, que no reconoce al colonialismo como una situación que pueda ser soportada en este siglo. (85)

Asimismo, el canciller Costa Méndez presentó el nuevo discurso anticolonialista y tercermundista del gobierno de Galtieri ante la Reunión de No Alineados en La Habana, Cuba, en junio de 1982:

(...) La lucha contra el colonialismo (...) tuvo lugar y se sigue desarrollando porque ha sido la reacción legítima de los pueblos contra un sistema de relaciones internacionales destinado a perpetuar un statu quo que es ilegítimo, que es injusto, del cual sólo se benefician las potencias colonialistas e imperialistas... La Argentina compromete su acción en defensa de los principios y propósitos del No Alineamiento, que no son más que los principios dirigidos a construir un sistema de relaciones internacionales basado en la justicia, en la paz y en el desarrollo de los pueblos (...). (86)

Pero los efectos de Malvinas no se limitaron a los cambios en la política exterior argentina. También obligaron a un replanteamiento del diseño regional elaborado por la administración Reagan en 1981. Como sostiene Luis Maira, el conflicto del Atlántico Sur demostró en primer lugar la fragilidad de las alianzas militares de los distintos gobiernos norteamericanos con regímenes anticomunistas desde los años de la Guerra Fría, diseñadas sin tener en cuenta las diferencias entre los intereses nacionales de dichos gobiernos y el de Washington, ocultas tras el común credo anticomunista. La decisión del gobierno de Galtieri de invadir las islas Malvinas, aun contra la voluntad de la Casa Blanca, evidenció los límites del enfoque estratégico de la administración republicana, basado en una supuesta armonía de intereses entre Washington y Buenos Aires. A partir del estallido de la guerra, se quebró definitivamente la “luna de miel” entre la administración Reagan y las gestiones de Viola y Galtieri. (87) 
    En segundo lugar, la guerra de Malvinas demostró la fragilidad del sistema interamericano, tanto en su armazón institucional como en su expresión militar, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río, establecido en 1947). Un ejemplo acabado de esta falencia fue la fallida invocación de la delegación argentina en la OEA a lo establecido por el TIAR, presentando a Gran Bretaña como el país “agresor” y reclamando el respaldo a los restantes miembros del sistema interamericano. (88)  
    En lo que respecta a la situación centroamericana, el gobierno de Galtieri profundizó el acercamiento de las posiciones argentina y norteamericana iniciado durante la gestión de su antecesor. Así, se mantuvo la actitud de asistir con créditos al gobierno salvadoreño, acosado por la guerrilla. En enero de 1982, Galtieri decidió abrir una línea de créditos al régimen de Duarte, gesto que repercutió favorablemente en Estados Unidos. (89) Pero, como lo demostraron las denuncias efectuadas a mediados del mismo mes por los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de Nicaragua, general Tomás Borge y padre Miguel D’ Escoto, la ayuda argentina no se limitó al plano financiero, sino que abarcó también la directa intervención de oficiales del Ejército argentino en la preparación de los grupos contrarrevolucionarios Unión Democrática Nicaragüense (UDN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (FARN). (90) No obstante, este creciente acercamiento bilateral, basado en una común vocación anticomunista,  y que durante el gobierno de Galtieri tuvo un componente más abiertamente mesiánico e intervencionista que en los días de Viola, pronto se enfrentó con sus propias limitaciones. Por cierto, el hecho de que los gobiernos argentino y norteamericano coincidieran en el objetivo de luchar contra los focos de izquierda en América Central y otras partes del mundo, no implicó una total coincidencia a nivel de “intereses nacionales”.  
    Los militares argentinos colaboraron en la “guerra sucia” que Reagan y la CIA impulsaron en América Central, siguiendo dos motivaciones esenciales. Una de ellas, la de “extender” a la región la lucha emprendida contra la subversión a nivel interno, fue compatible con los intereses norteamericanos de exterminar los focos izquierdistas en América Central. La otra motivación, la de “vincular” la “ayuda” en esta guerra a una posible colaboración norteamericana en la disputa anglo-argentina por los derechos de soberanía en Malvinas, no sólo iba más allá de los intereses nacionales de Washington sino que los contradecía, pues ni Reagan ni ningún otro gobierno norteamericano podía adoptar una actitud que implicara el resquebrajamiento de las relaciones con un socio de la OTAN. 
    No obstante, y evidenciando un absoluto desconocimiento de las más elementales reglas del realismo geopolítico, Galtieri creyó que, tras la invasión a las islas Malvinas del 2 de abril de 1982, podía aún contar con la buena voluntad de la Casa Blanca para frenar una contraofensiva británica. Basado en esta errónea percepción, el presidente argentino decidió cumplir su promesa de ayuda al gobierno derechista de El Salvador, que había sido solicitada por la CIA y por el secretario de Estado Alexander Haig. Esta ayuda se concretó a través del decreto presidencial secreto 721, seis días después del desembarco argentino en las islas. El 10 de abril, Galtieri se encontró en la Casa Rosada con Haig. En esa ocasión, Galtieri manifestó su esperanza respecto de la ayuda norteamericana en el conflicto con Gran Bretaña, y le recordó a Haig el compromiso asumido por las tropas argentinas en América Central y Bolivia. Pero contra las expectativas de Galtieri, Haig no emitió ningún gesto de apoyo concreto. (91)  
    Durante la guerra, la posición mayoritariamente pro-británica de la administración Reagan socavó la cooperación argentino-norteamericana en la “guerra sucia” en América Central. Esta actitud fue criticada por el senador norteamericano Jesse Helms, uno de los principales apoyos de los “contras”. De acuerdo con un informe secreto enviado por el embajador argentino en Honduras, Arturo Ossorio Arana, al canciller Costa Méndez y fechado en Tegucigalpa el 22 de abril de 1982, Helms se quejaba ante el gobierno norteamericano de la falta de “reconocimiento a la labor argentina en Centroamérica” y solicitaba que no se retirara la “asistencia militar argentina a la zona”. (92)  
    No obstante, y a pesar de la innegable crisis que representó la guerra de Malvinas en la cooperación argentino-norteamericana en América Central, ello no implicó necesariamente el fin de la intervención de los “halcones” argentinos. Tras Malvinas, Estados Unidos pasó a ser el “enemigo”, pero la diplomacia militar siguió involucrándose en la “guerra sucia” en Nicaragua, Honduras y El Salvador, respaldando con armas y asistencia técnica a los elementos contrainsurgentes de estos países. Sólo que en la etapa post-Malvinas lo hicieron con absoluta prescindencia de Washington. (93) 
    Por cierto, la posición norteamericana durante la guerra de Malvinas quebró la precaria alianza construida entre los “halcones” militares argentinos y sus contrapartes de la administración Reagan. Como efecto de este sentimiento anti-norteamericano post-Malvinas, el Comando en Jefe de la Armada argentina decidió a principios de marzo de 1983 no participar en el operativo Unitas XXIV con la Marina norteamericana. En su comunicado, los oficiales navales locales hacían expresa referencia al apoyo norteamericano a Gran Bretaña durante la guerra como la causa de esta decisión. (94)  
    Al mismo tiempo que se conocía la decisión argentina de no participar del operativo Unitas, fue difundido un documento por parte de la CIA norteamericana que describía el apoyo de Cuba a las organizaciones subversivas argentinas Montoneros y ERP. Este documento fue divulgado justo veinticuatro horas después del discurso pronunciado por el presidente Bignone en la Reunión de No Alineados de Nueva Delhi, en el que el primer mandatario argentino precisamente agradeció al gobierno de Fidel Castro su apoyo a la causa argentina durante y después del conflicto de Malvinas. Por cierto, este documento provocó un profundo desagrado en las autoridades de Buenos Aires. (95)  
    No obstante el pronunciado clima de frialdad que caracterizó las relaciones con Washington durante el último gobierno militar del general Reynaldo Bignone, la actitud de la administración Reagan fue cautelosa, procurando acelerar el ya irrefrenable proceso de transición hacia la democracia. En julio de 1982, levantó las sanciones económicas impuestas el 30 de abril; en septiembre, anticipó en un gesto simbólico de buena voluntad, el levantamiento de las sanciones militares impuestas desde la enmienda Humphrey-Kennedy de 1978; y a fines del mismo mes, a iniciativa de la diplomacia norteamericana, tuvo lugar en Nueva York el primer diálogo a nivel de cancilleres después de la guerra de Malvinas entre Juan Aguirre Lanari y Geoge Shultz. Por último, en noviembre el gobierno de Estados Unidos votó a favor un proyecto de resolución moderado, que se limitaba a solicitar a la Argentina y Gran Bretaña el reinicio de negociaciones “con el propósito de encontrar, a la mayor brevedad, una solución pacífica a la disputa de soberanía” en las Malvinas. Con este último gesto, la Casa Blanca abrió la posibilidad de recomponer relaciones no sólo con la Argentina sino con el resto de la región, que habían quedado notoriamente alteradas tras el estallido del conflicto angloargentino de 1982. (96)  
    Por cierto, estos gestos conciliatorios del lado norteamericano, sumados a la actitud negociadora de Washington en un tema como el de la deuda externa, tan ríspido para un gobierno de transición como el de Bignone, tuvieron un indudable impacto en la diplomacia argentina, que también adoptó una actitud cautelosa hacia Estados Unidos, aunque sin abandonar la retórica tercermundista. Así, los funcionarios argentinos no dejaron de reclamar la soberanía argentina en Malvinas, pero lo hicieron omitiendo en los foros internacionales toda referencia ofensiva directa a Washington. (97)

• NOTAS

1. Cabe advertir que también los medios de prensa norteamericanos coincidieron con esta percepción oficial. El diario liberal Washington Post sostuvo que los militares argentinos “merecen respeto por su patriotismo, al tratar de salvar un barco que se hunde. El fin del gobierno civil, normalmente un hecho lamentable, era en este caso una bendición”. Por su parte, otro medio relevante como el New York Times coincidió con las apreciaciones del Post, remarcando que “nadie puede discutir con seriedad la declaración de la Junta Militar de que el régimen depuesto creó un tremendo vacío de poder que amenazó con lanzar a la Argentina al abismo de la desintegración económica y la anarquía política.” Comentarios del Washington Post y del New York Times citados en E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo III, pp. 27-28.

2. Ver al respecto los trabajos de R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 15; Aldo C. Vacs, “A delicate balance: confrontation and cooperation between Argentina and the United Sates in the 1980s”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Volume 31, Number 4, Winter 1989, University of Miami, 1989, p. 31; Carlos Escudé, “Argentina: The Costs of Contradiction”, en Abraham F. Lowenthal (editor), Exporting Democracy. The United States and Latin America. Case Studies, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1991, p. 20, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo III, p. 21.

3. Wolf Grabendorff, “¿De país aislado a aliado preferido? Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos: 1976-1981”, en Peter Waldmann y Ernesto Garzón Valdés (compiladores), El poder militar en la Argentina (1976-1981), Buenos Aires, Galerna, 1983, p. 157.

4. Carta Política, Nº 59, octubre de 1978, y Discurso del general Carlos Suárez Mason, La Razón, 4 de septiembre de 1980, citados en Roberto Russell, “Sistemas de creencias y política exterior argentina: 1976-1989”, FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación, Nº 204, Buenos Aires, julio de 1996, pp. 15-16.

5. La decisión del Ejecutivo norteamericano anunciada por Vance en febrero de 1977 implicó la reducción del crédito norteamericano de los 32 millones de dólares recomendados por la administración de Gerald Ford en el presupuesto del Programa de Asistencia para la Seguridad (Security Assistance Program) a tan sólo 15,7 millones. Frente a esta reducción crediticia, ligada a la violación de los derechos humanos por parte del régimen militar argentino, el gobierno de Videla decidió el 1º de marzo de 1977 rechazar la totalidad de la ayuda económica norteamericana, pues en la percepción de la Junta, la aceptación de los remanentes equivalía a convalidar las acusaciones de Washington. Finalmente, el 30 de septiembre de 1978, el Congreso norteamericano decidió “castigar” las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen militar argentino y prohibió todos los suministros de armas a la Argentina, incluyendo los de carácter comercial. Ver al respecto los trabajos de W. Grabendorff, op. cit., p. 159; R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., pp. 15-16, y C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit., p. 19. Asimismo editoriales “La Cancillería dio un comunicado sobre el corte a los créditos militares. Se denunció la intervención norteamericana” y “Ni soberanía de la tortura ni tortura de la soberanía”, por Enrique Alonso, La Opinión, 1º de marzo de 1977, pp. 12-13. 

6. Sobre este tema ver los trabajos de Carlos Escudé, La Argentina ¿Paria internacional?, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1984, especialmente pp. 40 a 43; C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit,, pp. 19 y 31-32; J.A. Tulchin, op. cit., p. 263; y Francisco Corigliano, “El impacto de los Estados Unidos en el proceso de democratización en Argentina”, en varios autores, El apoyo internacional a la democracia en América Latina, en revista Síntesis,  Nº 21, Madrid, julio-diciembre 1993, p. 236.

7. “Dos voces norteamericanas”, Extra, Nº 142, abril 1977, p. 17; “El ex embajador en Buenos Aires criticó la política exterior de Carter. Robert C. Hill pidió “paciencia y entendimiento” para la Argentina”, La Opinión, 29 de junio de 1977; “Argentina-EE.UU. El sillón de Hill sigue vacío”, Somos, Nº 42, 8 de julio de 1977, pp. 18-19, y declaraciones de Hill en O. Troncoso, op. cit., pp. 39-40. 

8. C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit., p. 19.

9. Ibid., p. 22.

10. Los pronunciamientos del lado norteamericano en contra de la suspensión de los créditos del Eximbank a la Argentina incluyeron, entre otros, al presidente de la empresa encargada de vender las turbinas, operación justamente financiada por los créditos del Eximbank; al general Gordon Summers, presidente de la Junta Interamericana de Defensa, quien sostuvo que “sólo los comunistas pueden beneficiarse de esta política”, y al vicepresidente de la Asociación de las Cámaras de Comercio norteamericanas en América Latina, quien sostuvo que esta política de suspensión de los créditos del Eximbank sólo perjudicaba a las empresas norteamericanas. Ver al respecto el editorial “¿A quién perjudica el Eximbank?”, Somos, Nº 97, 28 de julio de 1978, p. 9, que citaba el telegrama enviado al presidente Carter, al secretario de Estado Cyrus Vance y a otros funcionarios por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, recomendando el cese de las sanciones a la Argentina, pues “innumerables compañías estadounidenses se verán perjudicadas por esta política (...)”. También C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit., pp. 19-20.

11. C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit., p. 20. Ver también editorial “Signo del mejoramiento de las relaciones con EE.UU. Respaldo del Eximbank a la Argentina”, La Opinión, 28 de septiembre de 1978, p. 1, que demuestra, más allá de su análisis parcial, las excelentes relaciones del presidente del Eximbank, John Moore, con el ministro de Economía argentino Martínez de Hoz.

12. Sobre el impacto negativo de las violaciones de los derechos humanos en la Argentina en el poder de veto de los representantes oficiales norteamericanos en organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ver Wolf Grabendorff, “¿De país aislado a aliado preferido? Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos”, op. cit., p. 158; Jorge Domínguez, “Un valioso desafío para una sabia diplomacia”, en  A Fondo, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1983, p. 32; R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 26; y Aldo Vacs, “Regime Change and International Constraints: Democratization and Foreign Policies in Argentina”, paper presentado ante la 29º Convención Anual de International Studies Association, St. Louis, Missouri, March 29-April 2, 1988. Para una interpretación opuesta a las anteriores, ver C. Escudé, “Argentina: The Costs...”, op. cit., pp. 20-26.

13. El titular de Economía, actuando de hecho como un canciller, procuró aclarar la “verdadera” situación de los derechos humanos en la Argentina ante figuras netamente políticas del gabinete de Carter. Tal el caso de sus contactos ante el secretario de Defensa Zbigniew Brzezinski a principios de junio de 1977, cuyo objetivo fue superar los escollos políticos que impedían la aprobación de créditos al régimen militar argentino. Ver respecto de estos contactos el editorial “Entrevista de claro contenido político. Martínez de Hoz con Zbigniew Brzezinski”, por Guillermo Calisto, La Opinión, 5 de junio de 1977, p. 1.

14. La tesis presentada por Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica se impuso en la OEA por 14 votos y 8 abstenciones -Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay-, derrotando por escaso margen a la propuesta argentina -que tuvo 11 votos a favor (entre ellos los de Brasil, Chile, Perú y Uruguay), 6 en contra (Estados Unidos, Grenada, Jamaica, Panamá, Trinidad-Tobago y Venezuela) y 4 abstenciones (México, Barbados, República Dominicana y Ecuador).  Ver respecto de este tema y la posición argentina, los trabajos de R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 17, y O. Troncoso, op. cit., pp. 36-37. También los siguientes editoriales: “Mientras la Argentina presentaba en Grenada un proyecto de resolución sobre el tema. Es lejano el logro de acuerdo sobre los derechos humanos”, por Alfredo Becerra, La Opinión, 17 de junio de 1977, p. 24; “Somos víctimas de aberraciones de quienes dicen luchar por la libertad”. Fundamentó Argentina su posición en la OEA”, por Alfredo Becerra, La Opinión, 21 de junio de 1977, p. 10; “La implicancia del terrorismo. Se pide a EE.UU. mayor realismo”, por Haroldo Foulkes, La Opinión, 21 de junio de 1977, p. 10, “Los derechos humanos dividieron a la OEA”, La Opinión, 23 de junio de 1977, p. 1; “La postura de EE.UU. se impuso en la OEA”, por Hugo Infantino, La Opinión, 23 de junio de 1977, pp. 12-13; “Por escaso margen no prosperó la tesis argentina”, La Opinión, 23 de junio de 1977, pp. 12-13. “OEA. Dos temas en Grenada: Corpus y derechos humanos”, Somos, Nº 40, 24 de junio de 1977, p. 12, y “El canciller y los derechos humanos”, Extra, Nº 145, julio 1977, pp. 30-31. 

15. Vale acotar que la visita del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, a Buenos Aires en agosto de 1977 tuvo notables repercusiones internas. Sobre contactos de Todman y Derian con dirigentes políticos y las críticas del MID a estos contactos, ver O. Troncoso, op. cit., pp. 53-56, y E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo III, pp. 328-330. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, mantuvo contactos con los integrantes de la Junta Militar. Como Videla comenzaba a ser percibido por algunos sectores de la administración Carter como el “moderado” de la Junta “cercado” por los “halcones”, Massera decidió “ensuciar” la imagen del presidente. Así, en la entrevista que el jefe naval mantuvo con la representante norteamericana en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Massera responsabilizó exclusivamente al Ejército y a la Fuerza Aérea por las torturas y desapariciones. La estrategia de Massera no resultó convincente para Derian, quien respondió que también tenía testimonios de violaciones a los derechos humanos efectuadas por oficiales navales. Sobre visita de Derian a Massera y sus repercusiones en la interna del régimen militar ver C. Uriarte, op. cit., pp. 172-174;  “La semana Derian”, Somos, Nº 457, 21 de junio de 1985, p. 45, y “Patricia, Todman y Cía. Los días del ‘corto circuito’ ”, Extra, Nº 147, septiembre 1977, p. 93, hace referencia al editorial de Convicción Boletín Político Nº 11, de la primera quincena de agosto de 1977, titulado “La Hora del Pueblo se reunió en la Embajada de Estados Unidos”. 

16. El viaje de Videla a Washington, producto de la invitación del gobierno norteamericano a todos los gobiernos de la región para asistir a la firma de los tratados de Panamá, provocó una feroz puja dentro de la Junta Militar. Mientras desde la Secretaría de la Presidencia, Villarreal y Yofre impulsaban el contacto con Carter como una forma de ganar un aliado externo en la transición hacia una “democracia responsable”, Massera se opuso al viaje, pretextando que Videla quedaría en una posición de subordinación frente al presidente norteamericano. Finalmente, el viaje de Videla a Washington se concretó, aunque no produjo los resultados esperados por Villarreal y Yofre. C. Uriarte, op. cit., pp. 169-171. 

17. En su visita a la Argentina en noviembre de 1977, el secretario de Estado Cyrus Vance entregó a la Cancillería argentina una lista con 7.500 personas presumiblemente detenidas y desaparecidas, y reclamó el juicio de las mismas. Asimismo, Vance se entrevistó en forma separada con los tres miembros de la Junta Militar. Cuando le tocó el turno a Massera, éste responsabilizó de los excesos de la represión al Ejército, dejando a Vance la impresión de que si el gobierno estuviera en manos de la Armada, la política de derechos humanos sería más afín al gusto de la Casa Blanca. Pero, al mismo tiempo que en este tema asumía una posición agradable ante los ojos de Vance, Massera adoptaba un discurso muy duro en el tema de armamentos, que desconcertó al secretario de Estado norteamericano, pues hizo referencia a la búsqueda de otros proveedores e incluso recurrió a la amenaza de liderar un movimiento anti-norteamericano. En dicha reunión, Massera anunció la decisión de su arma de no participar en los ejercicios conjuntos UNITAS con la Marina norteamericana. Ver al respecto Bruno Passarelli, El delirio armado. Argentina-Chile: La guerra que evitó el Papa, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 25; C. Uriarte, op. cit., pp. 172-173, e Isidoro Gilbert, El oro de Moscú. La historia secreta de las relaciones argentino-soviéticas, Buenos Aires, Planeta, 1994,  pp. 336-338. 

18. R. Russell. “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 18. Los siguientes editoriales son elocuentes respecto de la tendencia señalada por Russell: “Tras el encuentro Videla-Carter, vendrá el canciller Cyrus Vance. ENTENDIMIENTO CON EE.UU.”, (en mayúsculas en el original), por Raúl Fain Binda, La Opinión, 10 de septiembre de 1977, p. 1; “El viaje del general Videla”, La Nación, 6 de septiembre de 1977, p. 8, que subraya un cambio en la posición de Carter hacia América latina; “La imagen dejada por la gestión presidencial”, por Santiago Ferrari, La Nación, 11 de septiembre de 1977, p. 3, y “La gira de Vance. Un nuevo idioma con EE.UU.”, Somos, Nº 62, 25 de noviembre de 1977, pp. 16-18. Una interesante excepción a este exagerado optimismo respecto de los contactos de Videla con las autoridades norteamericanas fue la opinión vertida por los editoriales de la revista Cabildo, representativa de la línea nacionalista más “ortodoxa”. Así, en sus editoriales correspondientes a los números 10 (septiembre de 1977) y 11 (octubre-noviembre de 1977), p. 3, los columnistas de Cabildo criticaron la actitud de Videla de intentar acercarse al “democratismo de los derechos humanos” impuesto por la administración Carter. 

19. B. Passarelli, op. cit., p. 26. 

20. C. Uriarte, op. cit., pp. 189-191.

21. Ver al respecto los trabajos de John Spanier, La política exterior norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, pp. 259-262, y de James A. Nathan y James K. Oliver, Efectos de la política exterior norteamericana en el orden mundial, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, pp. 380-383.

22. R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 19, y C. Uriarte, op. cit., p. 166.

23. Este intento de la administración Carter de vincular la cuestión de los derechos humanos a la concesión de créditos a la Argentina muestra, en realidad, dos aspectos interesantes desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales. Uno de ellos es que este esfuerzo de vinculación fue intentado por la administración Carter porque un país como la Argentina, carente de la relevancia estratégica de Japón, los países europeo-occidentales o del Medio Oriente, fue un perfecto test case para que la política norteamericana de defensa de los derechos humanos -una exigencia de los sectores “cruzados” y principistas de la clase política y de la opinión pública norteamericana- pudiera aplicarse sin costos estratégicos. El segundo punto es que el esfuerzo de vinculación de cuestiones impulsado desde el gobierno fue limitado por la negativa de los “pragmáticos” -los sectores privados comerciales y empresariales norteamericanos con intereses en la Argentina-. Ejemplo de la actitud d éstos fue el envío, en el mes de julio de 1978, de un telegrama por parte de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana al presidente James Carter, al secretario de Estado Cyrus Vance y a unos 150 legisladores y funcionarios de la Casa Blanca solicitando la revisión de una medida que no afectaba a la Argentina sino a Estados Unidos, pues “(...) un país con las reservas y la posición financiera que tiene en este momento la Argentina puede comprar y obtener créditos de cualquier proveedor del mundo”. Clarín, 28 de septiembre de 1978, cit. en R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., pp. 19-20.

24. Clarín, 1º de octubre de 1978, cit. en R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 20.

25. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estaba compuesta por su presidente, el venezolano Andrés Aguilar; el costarricense Luis Timoco Castro; el norteamericano Thomas Farer; el colombiano Marco Monroy Cabral; el brasileño Carlos Alberto Dunshoe de Abranches; el salvadoreño Francisco Bertrand Galindo y el chileno Edmundo Vargas Camaño. Entre los contactos que estos miembros de la Comisión tuvieron en su visita de dos semanas a Buenos Aires, en septiembre de 1979, figuraron, además de los miembros de la Junta Militar, la ex presidente María Estela Martínez de Perón, el dirigente sindical Lorenzo Miguel y el periodista Jacobo Timerman, ex director de La Opinión. Ver “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, Somos, Nº 155, 7 de setiembre de 1979, pp. 4-9. 

26. “Peronismo y gobierno, frente a frente”, Somos, Nº 157, 21 de septiembre de 1979, pp. 4-9.

27. “Suárez Mason opina sobre la visita”, Convicción, 16 de septiembre de 1979, p. 9. Ver también declaraciones de Lezama, director de Convicción y por ende referente del pensamiento de Massera, al rechazar la invitación que le efectuaran los miembros de la CIDH para conversar respecto de la libertad de prensa en la Argentina, en “No”, Convicción, 19 de septiembre de 1979, p. 1. Asimismo “Significativos conceptos de Graffigna ante la Cámara de Anunciantes. ‘Preservar nuestro estilo de vida no representa violar los derechos humanos’ ”, Convicción, 21 de septiembre de 1979, p. 1.

28. Texto de la solicitada publicada en Convicción, 21 de septiembre de 1979, p. 5. Vale remarcar la presencia en la lista de agrupaciones adheridas a la solicitada la presencia de dos vinculadas a la comunidad árabe -la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa y la Cámara de Comercio Arabe-Argentina- y la notoria ausencia de agrupaciones representativas de la comunidad judía, hecho explicable por las actitudes antisemitas de los militares argentinos y, en particular, por la negativa repercusión del caso “Timerman”.

29. “Réplica a un informe sobre la Argentina”, Convicción, 4 de marzo de 1980, p. 7.

30. Declaraciones del canciller argentino, brigadier Carlos Washington Pastor, Convicción, 20 de marzo de 1980, p. 13.

31. Informe final de la CIDH, Convicción, 19 de abril de 1980, p. 1; texto completo del comunicado del gobierno argentino del 19 de abril de 1980, refutando las conclusiones del informe final de la CIDH, Convicción, 20 de abril de 1980, pp. 10-11. También referencias en R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., p. 21.

32. J.A. Tulchin, op. cit., pp. 267-268.

33. Ver “Vaquero afirmó que no se admitirá la revisión de lo hecho contra el terrorismo”, Convicción, 18 de noviembre de 1980, p. 10.

34. J.A. Tulchin, op. cit., pp. 265-268.

35. Palabras del teniente general del Ejército de Estados Unidos, general Gordon Summer, en “Summer habló del retroceso de los Estados Unidos”, Convicción, 1º de noviembre de 1979, p. 12.

36. Mensaje del teniente general del Ejército norteamericano, general Daniel Graham, Buenos Aires, 16 de junio de 1980, en “Graham aludió al rol argentino en el Atlántico Sur”, Convicción, 17 de junio de 1980, p. 12.

37. “Graham prevé un despertar nacionalista en los Estados Unidos”, Convicción, 19 de junio de 1980, p. 13; “El acercamiento a la Argentina, una necesidad estratégica para Estados Unidos”, por Sergio Cerón, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 12 de noviembre de 1980, p. 2.

38. “Argentina amenazó con retirarse de la OEA”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 21 de noviembre de 1980, pp. 1 y 6; “Derechos Humanos: pugna entre nuestro país y Norteamérica”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 22 de noviembre de 1980, pp. 1 y 8.

39. “Se leyó en la OEA el informe sobre derechos humanos en nuestro país”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 24 de noviembre de 1980, pp. 1 y 5; “Categórico rechazo de Argentina”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 24 de noviembre de 1980, p. 5; y “OEA: La Resolución no condena, pero nombra a Argentina”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 28 de noviembre de 1980, pp. 1 y 8.

40. R. García Lupo, op. cit., p. 42.

41. Ver al respecto nota 13 del artículo de R. Russell, “Las relaciones Argentina-Estados Unidos...”, op. cit., pp. 18-19. A pesar de la ambigüedad del compromiso de Videla respecto de revisar la negativa a la firma del TNP, esta actitud oficial generó fuertes críticas de los elementos nacionalistas “ortodoxos” y “desarrollistas” militares y civiles, como puede apreciarse en el editorial “Crónica nacional”, apartado “Un núcleo de nuestra soberanía”, revista Cabildo, Nº 11, octubre-noviembre de 1977, en donde se remarca que el compromiso de Videla se contradice con las declaraciones del presidente de la CNEA, vicealmirante Carlos Castro Madero, y del embajador argentino en la ONU, quienes por esos mismos días reivindicaron el derecho argentino a