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Capítulo 69: La administración radical (1983-1989)
Introducción
Producido el agotamiento de los regímenes militares del llamado
"Proceso de Reorganización Nacional", se inició, a partir del 10 de diciembre
de 1983, un nuevo ciclo democrático con la asunción de la presidencia por Raúl Ricardo
Alfonsín.
La administración radical partió de la creencia de que la raíz de
todos los problemas de la sociedad argentina residía en la persistencia de una cultura
autoritaria, abonada por décadas de dictaduras militares o democracias formales y /o
condicionadas por el desmesurado poder político de las corporaciones (principalmente de
dos de ellas, los sindicatos y las Fuerzas Armadas). En consecuencia, hubo en la primera
etapa del gobierno radical una tendencia a minimizar el alcance de los problemas
económicos heredados del "Proceso" militar -la abultada deuda externa e
interna, el estancamiento y la persistencia de una mentalidad especulativa en los agentes
económicos-, subordinándolos a las medidas político-culturales orientadas a
"democratizar" a la sociedad argentina. Presa de un excesivo "voluntarismo
político (1)", la administración alfonsinista creyó que podía gobernar
respaldándose exclusivamente en el mayoritario apoyo otorgado por la ciudadanía en las
exitosas elecciones del 30 de octubre de 1983, en las que la Unión Cívica Radical se
impuso por más del 50 % de los votos. Así, al asumir como presidente, Alfonsín tomó la
iniciativa de utilizar el poder político otorgado por las urnas para avanzar
simultáneamente en varias áreas conflictivas (militar, político, sindical y
económico-financiero) y extirpar las prácticas autoritarias, aunque esta operación
"democratizante" afectara intereses empresarios y corporativos. Incluso, durante
los primeros meses de gestión del gobierno radical, el propio presidente y la mayoría de
los funcionarios de gobierno llegaron a creer que el solo establecimiento de la democracia
generaría un impacto lo suficientemente poderoso como para revertir la mentalidad
especulativa e inflacionaria de los agentes económicos y encarrilar a la economía (2).
Para ser justos, este voluntarismo político del gobierno de Alfonsín,
evidenciado claramente en su famosa frase "con la democracia se come, se cura y se
vota", fue compartido inicialmente por buena parte de la sociedad, cuyas expectativas
en esta primera etapa se centraron en el deseo de recuperar los derechos de libertad de
expresión y participación interrumpidos durante el "Proceso de Reorganización
Nacional (3)". Para la mayor parte de la sociedad argentina en 1983, agobiada por los
excesos del ciclo dictatorial iniciado en marzo de 1976, la prioridad pasaba por el
ejercicio efectivo de los derechos propios de un sistema democrático.
Por cierto, el gobierno de Alfonsín intentó aprovechar el consenso
que había logrado en las urnas para adoptar una serie de medidas tendientes a
democratizar las Fuerzas Armadas. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de
medidas: a) las que apuntaron al pasado, a enjuiciar las violaciones a los derechos
humanos cometidas tanto por grupos guerrilleros como militares durante el período
comprendido entre el 25 de mayo de 1973 y el 10 de diciembre de 1983; y b) las conducentes
a la protección futura de los derechos humanos (4).
En el primer tipo de medidas, se destacó la promulgación de los
decretos 157 y 158 por parte del Poder Ejecutivo el 13 de diciembre de 1983,
inmediatamente después de la asunción del nuevo mandatario. El decreto 157 declaraba la
necesidad de promover la persecución penal por asociación ilícita, instigación
pública a cometer delitos y apología del crimen, entre otros cargos, contra los
cabecillas de los grupos organizados que "instauraron formas violentas de acción
política con la finalidad de acceder al poder mediante el uso de la fuerza". Los
jefes de dichos grupos sometidos por este decreto a la justicia civil fueron Mario
Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti y Roberto
Pernía (pertenecientes a Montoneros) y Enrique Gorriarán Merlo (del Ejército
Revolucionario del Pueblo, ERP). Por su parte, el decreto 158 ordenó iniciar el
enjuiciamiento de los sucesivos integrantes de la Junta Militar (tenientes generales Jorge
Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri; los almirantes Emilio Massera, Armando
Lambruschini y Jorge Anaya; y los brigadieres generales Orlando Agosti, Omar Graffigna y
Basilio Lami Dozo) por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y
aplicación de tormentos a detenidos, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con
apelación a la Cámara Federal (5). A mediados de enero de 1984, el gobierno radical
también ordenó por el decreto 280 / 84 el procesamiento del ex jefe de Policía de la
Provincia de Buenos Aires durante el Proceso de Reorganización Nacional, general Ramón
Camps (6).
Asimismo, se destacó el envío al Congreso el 15 de diciembre de un
proyecto de ley que derogaba la ley de Amnistía o ley 22.924 sancionada por el gobierno
militar (7). Dicho proyecto fue el primero sancionado por el Congreso durante la nueva
etapa democrática, convirtiéndose en la ley 23.040, el 22 de diciembre de 1983. Esta ley
declaraba como "inconstitucional" e "insanablemente nula" la ley de
facto 22.924, es decir, que ésta pasaba a no tener validez jurídica "para el
juzgamiento de las responsabilidades penal, civil, administrativa y militar emergente de
los hechos que ella pretende cubrir" (es decir, los actos terroristas y los
operativos anti-terroristas en el período 25 de mayo de 1973 a 17 de junio de 1982).
Además, la nueva ley dispuso que toda persona
que haya recuperado su libertad por aplicación de la ley de facto Nº 22.924 deberá presentarse ante el tribunal de radicación de la causa dentro del quinto (5) día de la vigencia de la presente ley. En caso contrario, será declarada rebelde y se dispondrá su captura, sin necesidad de citación previa (8).
Estas medidas fueron complementadas por el decreto 187, firmado por el
presidente Alfonsín el 15 de diciembre, que dispuso la obligatoriedad de brindar
informes relativos sobre los desaparecidos, y la creación de la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (CONADEP), una entidad dependiente de la Presidencia de la
Nación y encargada de reunir pruebas sobre el destino de los desaparecidos, los
secuestros, prisiones ilegales, torturas y asesinatos. La CONADEP, presidida por el
escritor Ernesto Sábato, estuvo integrada por 16 personalidades del ámbito civil (9). El
informe final de la CONADEP, titulado "Nunca Más" y presentado el 20 de
septiembre de 1984 en la Casa Rosada, sirvió como base para el juicio a los ex
comandantes en jefe de la Junta Militar del Proceso (10).
Dentro del segundo tipo de medidas -las conducentes a la protección
futura de los derechos humanos- cabe reconocer dos tipos de modalidades: a) las que
apuntaron al reemplazo de la estructura militar del Proceso por una de mayor
subordinación al poder civil, y b) las que buscaron construir un marco jurídico que
impidiera en el futuro cualquier intento de violación de los derechos humanos.
En cuanto a las medidas de reorganización de la estructura militar
adoptadas por el gobierno radical, cabe destacar el pase a retiro de 50.000 reclutas
(aproximadamente las tres cuartas partes del número total de tropas del Ejército); la
reorganización de la cúpula militar (el retiro de 40 oficiales de alto rango y la
reducción del número de generales de 60 a 25); la supresión del cargo de comandante en
jefe de cada una de las Fuerzas Armadas (ya que la Constitución establece que el
comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas es el presidente); la transferencia, por
el decreto 280 / 83 del 23 de diciembre de 1983, de las empresas en manos militares al
ámbito del Ministerio de Defensa -casos de la Dirección General de Fabricaciones
Militares (DGFM) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)-; la reducción
del presupuesto militar -del 4,2% del PBI en 1983 al 2,5% en el período 1984 / 1986- y
del ingreso al servicio militar obligatorio; la creación de la fuerza policial
antiterrorista dependiente del Ministerio del Interior -con el objetivo de devolverle a
las Fuerzas Armadas el exclusivo resguardo de las fronteras nacionales (11)-.
Como era de esperarse, las medidas de castigo a las violaciones a los
derechos humanos cometidas en el pasado generaron la oposición de los sectores afectados
por las mismas. Así, un "duro" del Proceso como el ex comandante del III Cuerpo
de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, expresó a fines de diciembre de 1983
que "los que hablan de excesos son subversivos (12)". En particular, el decreto
presidencial 158 del 13 de diciembre de 1983, ordenando al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas el juicio a los integrantes de la Junta Militar, encontró resistencia en el
propio Consejo, que seis meses después desistió de juzgar a sus pares, sosteniendo que
las órdenes impartidas durante la guerra sucia eran "inobjetables (13)". El 9
de febrero de 1984 se reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que la
justicia civil intervendría como órgano de apelación de las decisiones de la justicia
militar (14). Así, la Cámara Federal de Justicia decidió tomar la causa del juicio a
los miembros de la Junta Militar en agosto de ese año. Este paso generó resistencia en
algunos funcionarios del gobierno radical, tales los casos del ministro de Defensa, Raúl
Borrás, y del Interior, Antonio Tróccoli, preocupados por limitar en tiempo, espacio y
cantidad de casos el juicio. No obstante, seis camaristas -León Arslanian, Andrés
D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo
Ledesma- decidieron llevar adelante su tarea, la que culminó en diciembre de 1985 (15).
Por cierto, las medidas orientadas a reestructurar las Fuerzas Armadas
y subordinarlas al poder civil encontraron disímiles respuestas y resistencias en el
complejo ámbito castrense. El general Julio Fernández Torres, primer jefe del Estado
Mayor Conjunto del gobierno democrático, propuso al gobierno radical la formación de
comandos estratégicos operativos conjuntos, específicos y/o combinados, dependientes en
línea directa del presidente, y la racionalización del gasto militar. Esta propuesta de
reforma fue aceptada por el ministro de Defensa Raúl Borrás, al punto que éste la
gestionó como propia (16).
No obstante, en una reunión conjunta de los jefes de las tres armas
efectuada el 20 de febrero de 1984, el comandante de Instrucción de la Fuerza Aérea,
brigadier Alberto Simari, criticó abiertamente el proyecto de reestructuración
presupuestaria de Fernández Torres, que otorgaba primacía al Ejército. Simari sostuvo
la necesidad de implementar una doctrina estratégica defensiva, capaz de disuadir ataques
externos y una mayor asignación del gasto militar para la Fuerza Aérea -arma que durante
la guerra de Malvinas había demostrado su eficiencia para el desempeño de tareas
defensivas-. El enfrentamiento de criterios entre Fernández Torres y Simari terminó con
al arresto del último, impuesto por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea,
brigadier mayor Teodoro Waldner. Por cierto, el caso Simari reveló las dificultades con
las que se encontró el gobierno radical para reorganizar las Fuerzas Armadas y el deseo
de la Aeronáutica de conservar el espacio político ganado por su exitoso desempeño
durante el conflicto mencionado (17).
Por cierto, las divergencias de enfoque respecto de los juicios a la
cúpula militar del Proceso y a las reformas dentro del ámbito castrense no se terminaron
en el poco amistoso intercambio de opiniones entre Fernández Torres y Simari. La
existencia de serias diferencias entre el jefe del Estado Mayor General del Ejército,
general Jorge Arguindegui, y el ministro de Defensa, Raúl Borrás, desembocó en la
primera crisis militar de la gestión de Alfonsín, que estalló en julio de 1984 y
provocó el reemplazo de Arguindegui por el general Ricardo Gustavo Pianta como nuevo jefe
del Ejército (18). Como este cambio de nombres no resolvió las divergencias provocadas
por la política militar del gobierno de Alfonsín, una nueva crisis tuvo lugar en febrero
de 1985, y, como consecuencia de ella, el general Pianta fue a su vez reemplazado por el
general Héctor Ríos Ereñú, quien era uno de los oficiales más próximos a la
administración radical. Este cambio incluyó además el retiro de varios generales
vinculados al Proceso militar (19).
Por otra parte, el gobierno de Alfonsín tomó numerosas medidas
apuntadas a crear un marco jurídico que diera pie al inicio de los juicios a los miembros
de la cúpula militar del Proceso, y a la vez actuara como disuasor de cualquier intento
futuro de violación a los derechos humanos. Entre dichas medidas, vale destacar las
siguientes (20):
a) el envío al Parlamento de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que anuló las leyes
llamadas de "represión a la subversión" (la ley 20.840 dictada por el gobierno
peronista y la ley 21.338, dictada por el gobierno militar). El Congreso sancionó este
proyecto el 9 de agosto de 1984 como ley 23.077 o ley de Defensa de la democracia (21);
b) el envío al Parlamento de los proyectos de ley del Ejecutivo que se transformaron en
leyes 23.050 y 23.057, por las que se facilitó y liberalizó el régimen de
excarcelación, libertad condicional y reincidencia (22);
c) el ya mencionado proyecto de ley del Ejecutivo que declaró como
"inconstitucional" e "insanablemente nula" la ley de Amnistía 22.924
promulgada por el gobierno militar. Este proyecto de ley fue aprobado por el Congreso como
ley 23.040 el 22 de diciembre de 1983 (23);
d) el proyecto de ley previendo un recurso especial de hábeas corpus para obtener
la nulidad de las sentencias condenatorias dictadas contra civiles por tribunales
militares, que el Congreso convirtió en ley 23.042 el 22 de diciembre de 1983 (24);
e) la ley 23.070, sancionada por el Parlamento el 4 de julio de 1984, que contempla las
condiciones de detención inaceptablemente severas a las que fueron sometidos los
procesados y condenados durante el "Proceso" militar (24 de marzo de 1976 al 10
de diciembre de 1983). Dicha ley dispuso que cada día de detención en ese período se
computase como dos o tres días a los efectos de la condena según el régimen de
seguridad al que esa persona se vio sometida; esto permitió recobrar la libertad a muchos
detenidos durante la dictadura (25);
f) el proyecto del entonces senador radical Fernando de la Rúa, que extendió y precisó
el recurso de hábeas corpus (dando incluso lugar a que se revise la razonabilidad
de las detenciones que se produzcan durante el estado de sitio). Este proyecto fue
sancionado por el Congreso como ley 23.098, el 28 de septiembre de 1984 (26);
g) el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, por el cual la tortura resulta
reprimida con la misma pena que el homicidio, castigándose también la omisión de
denunciar actos de tortura o tomar medidas para que tales actos no se produzcan en un
establecimiento carcelario, policial o militar. El Parlamento sancionó este proyecto como
ley 23.097 el 28 de septiembre de 1984 (27);
h) el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, de modificación del Código
de Justicia Militar sancionado en 1951, y de abolición del fuero militar para delitos
comunes cometidos por militares en ocasión de su servicio o en lugares militares. Este
proyecto recibió el visto bueno parlamentario, convirtiéndose en la ley 23.049 el 9 de
febrero de 1984 (28); e
i) el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, sobre protección de la
libertad de expresión y abolición de la ley 18.019 -que durante el Proceso militar creó
el Ente de Calificación Cinematográfica como órgano de censura- y su reemplazo por un
sistema de calificación que sólo protege a los menores y a los adultos que no consienten
en presenciar un espectáculo ofensivo, permitiendo la más absoluta libertad para los
adultos que consienten (el mismo sistema fue adoptado en los espectáculos teatrales y la
circulación de revistas). Este proyecto fue aprobado por el Parlamento como ley 23.052 el
22 de febrero de 1984 (29);
Junto con las medidas anteriormente mencionadas, aplicables al ámbito
interno, merecen destacarse también la firma y/o ratificación de numerosos tratados de
derechos humanos en el ámbito de los foros multilaterales. Durante la primera etapa de la
administración radical, merece destacarse, en el ámbito de la OEA, la firma de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos -llamada pacto de San José de Costa Rica-
del 22 de noviembre de 1969. La Argentina firmó su adhesión a este pacto el 2 de febrero
de 1984 y lo ratificó el 5 de septiembre del mismo año. Asimismo, su texto recibió la
sanción parlamentaria el 1º de marzo de 1984 como ley 23.054 (30).
La convicción inicial del gobierno de Alfonsín de que "con la
democracia se come, se cura y se vota" demostró ser insuficiente, especialmente en
el terreno de la política económica. El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun,
fue elegido para ese cargo por razones más políticas que económicas. Pecando de
voluntarismo político, Grinspun diagnosticó recetas keynesianas de reactivación
económica para solucionar lo que él percibía como males propios de un mercado interno
deprimido. El sesgo keynesiano-cepalino-desarrollista de las medidas económicas se
advierte al analizar los tres componentes del paquete: a) medidas de control de precios,
dispuesto por la Secretaría de Comercio el 12 de diciembre de 1983 (31); b) incremento
del gasto público -a través de políticas de corte social tales como el Plan Alimentario
Nacional (PAN), los planes de salud y planes de vivienda (32); y c) aumento de salarios
del 6 al 8% en el año, anunciado el 16 del mismo mes por el ministro Grinspun (33).
Pero este paquete de medidas no contó con el respaldo de los grupos de
presión internos ni externos. En el caso de los empresarios, éstos se ampararon en una
actitud especulativa, en la que cualquier medida que exceptuara el otorgamiento de
incentivos fiscales y subsidios era mal vista. Así, desde esta particular perspectiva,
los empresarios rechazaron el aumento del costo de producción producido por las medidas
de aumento salarial y también se opusieron a las medidas de control de precios, en tanto
éstas intentaban interferir en la manipulación de los márgenes de ganancia por parte
del sector empresario. Asimismo, las medidas del primer equipo económico radical tampoco
contaron con el respaldo de los sindicatos -que consideraron insuficiente el incremento
salarial (34) y que, además, como bastiones de la oposición peronista, lograron abortar
el intento del gobierno por democratizar las estructuras sindicales-. Vale aclarar que, a
su vez, el fracaso oficial en su pulseada con la cúpula sindical potenció la actitud
especulativa de los empresarios, pues este resultado demostraba, desde la óptica del
sector empresarial, que la amenaza peronista-sindical seguía firme y que la misma tenía
un enorme poder de maniobra frente al gobierno (35).
Ante las crecientes presiones combinadas de los empresarios y
sindicatos en el frente interno, y de las autoridades del Fondo Monetario Internacional
(FMI) en favor de la estabilización y el ajuste económicos en el frente externo, el
ministro Grinspun se vio obligado a renunciar en febrero de 1985 (36). Los altos índices
inflacionarios que tuvieron lugar durante su gestión fueron lo suficientemente elocuentes
como para que el presidente decidiera su alejamiento. Así, mientras el gobierno militar
había llegado en su último año y medio a una inflación promedio del 15%, a partir de
la asunción de Alfonsín y hasta la implementación del Plan Austral en junio de 1985 ese
promedio ascendió al 21% con meses de 27,5% -en septiembre de 1984-, 29,4% -en abril de
1985- y 30,5% -paradójicamente, en el mismo mes que se implementó el Plan Austral (37)-.
Por cierto, la fuerte dosis de idealismo que caracterizó la primera
etapa del gobierno de Alfonsín en el ámbito de la política interna también estuvo
presente en el plano de la política exterior, donde se registró una por momentos
exagerada confianza en los réditos políticos externos de la naciente democracia (38).
Pero, si bien el gobierno de Alfonsín gozó de un capital político importante en el
exterior -especialmente entre los gobiernos socialdemócratas europeos-, esto no se
tradujo -como la gestión radical esperaba- en apoyos económicos concretos por parte de
los países desarrollados, debido esencialmente a la falta de un programa económico que
generara confianza en los inversores externos.
Descartada la alternativa de aplicación de recetas keynesianas de
reactivación económica y de control de precios llevada a cabo por Grinspun, el
presidente Alfonsín nombró a Juan Vital Sourrouille como nuevo ministro de Economía.
Este cambio significó una dura prueba personal para el mandatario radical, quien tuvo que
alejar de la cartera económica a un amigo de 40 años, pero cuya estrategia confrontativa
en el tema de la deuda había generado malas relaciones con los organismos internacionales
de crédito. Fue también una dura prueba para Alfonsín porque, si bien al colocar a
Sourrouille como ministro de Economía el gobierno lograría una imagen de mayor
credibilidad externa, el reemplazante de Grinspun generaría objeciones internas, incluso
en el seno del oficialismo -especialmente del sector interno conformado por miembros de la
juventud radical de 1973 llamado la "Coordinadora", que apoyaban a Alfonsín
pero no siempre coincidieron con sus decisiones". Las objeciones de la
"Coordinadora" a la figura de Sourrouille se evidenciaron el mismo día en que
éste juró como ministro, cuando tuvieron lugar declaraciones negando cambios en la
política económica y asegurando el nombramiento de Grinspun como secretario de
Planificación -el antiguo cargo de Sourrouille-. Las objeciones de este sector del
partido estaban vinculadas al origen extrapartidario del nuevo ministro, quien además
tenía una formación técnica mayor que la de su antecesor, pero con una filosofía de
política económica ajena a la tradición populista-cepalina del radicalismo (39).
Condicionados por los intereses sectoriales y por las objeciones de la
"Coordinadora" y de los sectores radicales tradicionales, el presidente
Alfonsín y su ministro de Economía Sourrouille tardaron cinco meses para completar el
"giro realista" en la política económica, del enfoque keynesiano de Grinspun
al "Plan Austral". En esta etapa de "transición", en que la gestión
de Sourrouille no pareció diferenciarse demasiado de la de su antecesor, el gobierno
comenzó a dejar entrever algunas señales que prenunciaban la necesidad del ajuste
económico. Así, en el marco de una convocatoria presidencial en rechazo a un intento de
golpe de Estado, Alfonsín comunicó el 12 de abril de 1985 y reafirmó el 23 del mismo
mes el inicio de una etapa de "economía de guerra (40)". Otra
"señal" significativa fue el discurso del presidente del 1º de mayo, con
motivo de la inauguración del período de sesiones del Congreso, donde señaló, entre
otros conceptos inéditos en el discurso radical, que "en el mundo de la economía la
primera de todas las instituciones es la moneda", o las referencias a "una
maraña fantástica de control, que todos padecemos" y al hecho de que "los
hombres de bien ven cada ven más trabado su esfuerzo creador (41)".
No obstante, los agentes económicos no se conformaron con estas vagas
insinuaciones al ajuste y a la modernización, como lo demostró el comportamiento
especulativo del mercado bursátil: en ese momento, las tasas de interés se pagaban a
razón de 47% mensual, lo que daba una rentabilidad de 3,7% mensual en dólares, contra
una tasa internacional que estaba en 8% anual (42).
Tras el período de transición que se extendió de febrero a junio de
1985, el 14 de junio fue presentado el Plan Austral, un plan de estabilización lejano al
enfoque populista de Grinspun, aunque tampoco totalmente "ortodoxo" como el que
pretendían los técnicos del FMI. El Plan Austral incluyó el congelamiento de precios,
salarios, sueldos y tarifas, la promesa gubernamental de no emisión y de eliminación del
déficit estatal y el establecimiento de una nueva moneda -el austral-, que, luego de una
devaluación del 18%, estableció la paridad cambiaria de 1 dólar por cada 80 centavos de
austral (43).
Este Plan atravesó dos fases. La primera, que se extendió desde el 14
de junio de 1985 hasta el 6 de febrero de 1986, tuvo un balance relativamente favorable al
gobierno. A pesar de la negativa reacción de la CGT, de los dirigentes del peronismo y
del liberal Alvaro Alsogaray al Plan, el mismo logró bajar la inflación en los meses
claves que transcurrieron entre el lanzamiento del Plan y las elecciones legislativas de
noviembre de 1985. Así, los índices descendieron del 30,5% de junio al 6,1% en julio; 3%
en agosto, 1,9% en septiembre, y 1,9% en octubre. A estos favorables índices se sumó la
contundente victoria electoral del oficialismo, que evidenciaba un fuerte respaldo de la
sociedad al plan económico adoptado, a pesar de la existencia de algunos síntomas
negativos como la recesión y el aumento del desempleo (44).
Pero en los meses inmediatamente posteriores a la victoria electoral,
los índices de inflación volvieron a repuntar, si bien levemente, demostrando que las
medidas adoptadas eran tan sólo coyunturales. Así, noviembre de 1985 mostró un índice
del 2,3%; diciembre un 3,1% y marzo de 1986 trepó al 4,6%. Esta realidad, sumada a la
oposición sindical expresada a través de permanentes paros y una serie de dificultades
en el sector agropecuario movieron al presidente Alfonsín a profundizar los alcances de
un plan de estabilización adoptado por necesidad, pero muy alejado de sus principios. En
sendos mensajes al país efectuados el 6 de febrero de 1986, el presidente Alfonsín y su
ministro de Economía Sourrouille lanzaron la segunda etapa del Plan Austral, cuyas
medidas apuntaban a impulsar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y
privatizar empresas públicas (45).
Pero los objetivos de esta segunda fase del Plan Austral -que se
extendió desde febrero de 1986 a agosto de 1988, fecha del lanzamiento del Plan
Primavera- sólo podían lograrse adoptando dos pasos políticamente imposibles de aceptar
tanto para el oficialismo como para la mayoría de los partidos de oposición en ese
momento: audaces medidas de reducción del gasto público y amplias privatizaciones.
Todavía en 1986, y hasta la funesta experiencia hiperinflacionaria de 1989, el grueso de
la clase política argentina -con escasas excepciones como la del liberal Alvaro
Alsogaray- creía en el ilimitado poder del Estado aunque los números no cerraran, y
rechazaba las privatizaciones, asociándolas con la "pérdida de soberanía
nacional". Por cierto, la casi unánime presencia en dirigentes políticos y
sindicales, oficialistas u opositores, de una mentalidad vinculada a una cultura estatista
y fuertemente voluntarista, condicionó gravemente los buenos resultados iniciales del
Plan Austral, evitando que el "shock de confianza" inicial pasara a
transformarse en reformas estructurales en la economía argentina (46).
Por otra parte, el 10 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dio a conocer su fallo en el juicio que
le siguiera a los integrantes de la Junta Militar. Por unanimidad, los jueces sentenciaron
a los ex comandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a cadena perpetua; a
Orlando Ramón Agosti a 4 años y medio de prisión; a Roberto Viola a 17 años de
prisión, y a Armando Lambruschini a 8 años de prisión; absolviendo de culpa y cargo a
Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo (47).
Tras el juicio a la cúpula militar del Proceso en diciembre de 1985,
quedó por resolver el problema de la responsabilidad de los subordinados en los actos de
represión y violación de los derechos humanos, dado que el punto 30 de la sentencia
ordenó continuar los juicios contra los acusados. Esta disposición sacudió al gobierno
radical. Tanto el presidente Alfonsín como el ministro de Defensa, José Horacio
Jaunarena, temieron que la extensión en el tiempo y en la cantidad de casos a ser
juzgados terminara provocando un alzamiento militar. Influido por las sugerencias de
Jaunarena y ante la multiplicación de juicios en tribunales de todo el país, el
presidente Alfonsín decidió en diciembre de 1986 impulsar la llamada ley de Punto Final
al enjuiciamiento de los militares. Así se impartieron a través del Ministerio de
Defensa instrucciones al fiscal general de las Fuerzas Armadas para promover la
aceleración de los juicios, el agrupamiento de las causas y la acusación de los
subordinados sólo cuando éstos hubieran tenido capacidad decisoria o hubieran incurrido
en la ejecución de hechos aberrantes. Pero estas instrucciones produjeron efectos
diferentes: mientras en el ámbito militar contribuyeron a "tranquilizar" a los
cuadros inferiores, en el Poder Judicial provocaron una aguda crisis, que desembocó en la
renuncia de uno de los camaristas que había participado en el juicio a los integrantes de
la Junta Militar, Jorge Torlasco (48).
En el contexto de los incidentes provocados por la puja de intereses
entre los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas, renuentes a declarar ante la
Justicia, y el Poder Judicial, que no deseaba detener el juzgamiento de los cuadros, el
presidente Alfonsín anunció el 5 de diciembre de 1986 el envío al Congreso de un
proyecto de ley que establecía el "punto final". La decisión presidencial
despertó reacciones encontradas (49), pero el proyecto del Ejecutivo fue aprobado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre y por la Diputados el 23, con la ausencia del
bloque justicialista renovador y la de algunos diputados oficialistas que no compartían
la estrategia adoptada por Alfonsín (50). Finalmente, el 24 se promulgó la ley de Punto
Final como ley nacional 23492, que establecía que las causas contra personas
presuntamente involucradas en violaciones a los derechos humanos durante la lucha
antisubversiva debían caducar el 22 de febrero de 1987 (51).
Pero pocos días después de la promulgación de la ley nacional 23492,
ocurrió un curioso fenómeno. Las Cámaras de la Justicia Federal, tradicionalmente
lentas en sus acciones judiciales, decidieron acelerar las causas pendientes para impedir
los efectos de la nueva ley antes de que expirara el plazo de 60 días fijado por ésta
para su entrada en vigencia. Como consecuencia, a casi un mes de operado el vencimiento
del término legal, el número de oficiales encausados se multiplicó hasta alcanzar la
cifra de 400, de los cuales 30% estaban en servicio activo. En otras palabras, la ley de
Punto Final lejos de frenar los enjuiciamientos, los aceleró, produciendo una creciente
tensión entre los cuadros intermedios de la oficialidad y los altos mandos, que estalló
en los sucesos de Semana Santa de abril de 1987 (52).
Asimismo, la ley de Punto Final no logró cerrar las heridas abiertas
entre militares y sociedad civil, y colocó además al gobierno en una incomoda situación: la administración de Alfonsín fue atacada tanto por los sectores de
izquierda -que acusaban al radicalismo de claudicantes frente a la presión militar y de
favorecer la impunidad- como por los sectores de derecha -que acusaron al gobierno de ser
un instrumento de la "venganza terrorista" contra las Fuerzas Armadas (53)-.
Esta situación pudo apreciarse claramente el 24 de marzo de 1987, en ocasión de un nuevo
aniversario del golpe militar de 1976, oportunidad en la que 15.000 personas
pertenecientes a distintas agrupaciones de la izquierda local (Movimiento al Socialismo
(MAS), Partido Comunista (PC) y Partido Intransigente (PI) y a las organizaciones
defensoras de los derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares)
marcharon desde las avenidas de Mayo y 9 de julio hasta la Plaza de los Dos Congresos para
"rechazar el punto final" y exigir el "juicio y castigo a todos los
culpables" de los delitos cometidos a partir del 24 de marzo de 1976 (54).
La creciente tensión entre cuadros intermedios y altos mandos explotó
el 15 de abril de 1987, con el motín "carapintada" de Campo de Mayo, que en el
Ejército fue encabezado por el teniente coronel Aldo Rico. El detonante del conflicto fue
la negativa de un militar en actividad, el mayor Ernesto Barreiro, a concurrir a los
estrados judiciales. El mayor Barreiro se refugió en el Regimiento XIV de Infantería en
La Calera (Córdoba) y desde ese momento oficiales de diversos puntos del país
(aproximadamente 250) se autoacuartelaron y exigieron el cambio de toda la cúpula del
Ejército. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ríos Ereñú, ordenó avanzar
para reprimir las tropas rebeldes acantonadas en Campo de Mayo. Por cierto, la lentitud
con la que procedieron las tropas leales al gobierno fue un síntoma de que la oficialidad
media, de subtenientes a tenientes coroneles, estaba a favor de Rico y se resistía a
cumplir las órdenes del titular del Ejército.
La actitud de los amotinados violaba la Constitución Nacional al
exigir por la fuerza la remoción de la cúpula militar, una atribución que sólo
corresponde al presidente en su carácter de comandante en jefe. El levantamiento motivó
una serie de reuniones políticas y de manifestaciones populares. La crisis carapintada
se
cerró el 19 de abril, fecha en la que el presidente Alfonsín salió al balcón de la
Casa de Gobierno y pronunció ante la multitud la famosa y polémica frase "la casa
está en orden". Por cierto, tanto esta frase como las dos medidas adoptadas por el
gobierno tras el fin del levantamiento -el reemplazo del jefe del Estado Mayor general del
Ejército Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, el 20 de abril; y el
aceleramiento de los trámites conducentes a la sanción de la ley 23251, llamada de
Obediencia Debida, finalmente sancionada el 4 de junio de 1987- fueron interpretadas por
distinta manera, percibiendo algunos en ellas un gesto de realismo político destinado a
enfriar la interna militar, y otros una concesión del gobierno a los cuadros intermedios
de oficiales (55).
Haya habido o no negociación entre el presidente Alfonsín y los
rebeldes -cargo que tanto Alfonsín como Aldo Rico se han encargado de desmentir- lo
cierto es que esta salida a la crisis fue tan sólo coyuntural. Como ocurriera con su
antecesor Rios Ereñú, Caridi no era una figura del agrado de los
"carapintadas", y la intranquilidad en las filas militares se mantuvo (56). Por
su parte, la ley de Obediencia Debida generó rechazo en algunos miembros del Poder
Judicial (57).
El 18 de enero de 1988 estalló una nueva crisis militar cuando Aldo
Rico, figura de la rebelión de Semana Santa, abandonó el arresto domiciliario y se
acuarteló en el Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros, donde logró congregar a
200 hombres. Mientras tanto, un grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea,
acompañados por civiles armados, tomó el aeroparque metropolitano en nombre de Rico, a
quien designó comandante en jefe del Ejército. Este alzamiento militar fue sofocado por
las "fuerzas de reserva" conducidas por el general Caridi (58).
Por otra parte, cabe mencionar la decisión adoptada el 31 de octubre
de 1988 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal Federal de la
Capital, de unificar en 12 años las penas al teniente general (RE) Leopoldo Fortunato
Galtieri, al almirante (RE) Jorge Isaac Anaya y al brigadier general Basilio Lami Dozo,
quienes además recibieron la accesoria de destitución, por la "negligencia"
con la que, como integrantes del Comité Militar (COMIL), condujeron la guerra de Malvinas
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 (59).
El 1º de diciembre de 1988 se inició una tercera sublevación en
miembros de la "agrupación Albatros" de la Prefectura Naval Argentina y el
Ejército, cuyo conductor fue el coronel Mohamed Seineldín -sindicado como el mentor de
los levantamientos "carapintadas" anteriores aunque hubiera estado al margen de
ellos-. Los rebeldes se agruparon en la guarnición de Villa Martelli, donde resistieron
durante cuatro días con la ayuda del Regimiento 5 de la ciudad de Mercedes, hasta que las
fuerzas del general Caridi lograron la rendición de los insurgentes. Según la óptica
rebelde, tanto en los sucesos de Monte Caseros como en los de Villa Martelli, los
"carapintadas" buscaron la "dignidad del ejército", exigiendo mayor
respeto de la ciudadanía, aumentos salariales, el ascenso de Seineldín a general, y la
finalización de la persecución a los "carapintadas". Pero lo cierto es, como
señalan Robert Potash e Ignacio Massun, que el respeto de la sociedad civil no podía
obtenerse por las armas, violentando las atribuciones constitucionales del presidente como
comandante en jefe de la República al intentar obligarlo a efectuar cambios en la cúpula
militar (60).
El último conflicto serio en materia de seguridad interna durante la
gestión de Alfonsín fue el asalto perpetrado el 23 de enero de 1989 al III Regimiento de
Infantería de La Tablada. Dicho ataque fue ideado por el militante del izquierdista
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Enrique Gorriarán Merlo, y justificado en
términos de las denuncias del Movimiento Todos por la Patria (MTP) acerca de un supuesto
complot militar contra el régimen democrático ideado por el "carapintada"
Seineldín y que supuestamente contaba con el respaldo de los dirigentes justicialistas
Carlos Menem y Lorenzo Miguel (61).
Pero las dificultades del gobierno de Alfonsín no se circunscribían
al ámbito militar. En la primera mitad de 1988 se había producido una aceleración
inflacionaria y el oficialismo había sufrido una derrota electoral. Para tratar de
revertir la situación, en agosto de 1988, el gobierno lanzó el Programa para la
Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido, más conocido como Plan Primavera.
Este Plan se puso oficialmente en marcha el día 3 con un congelamiento general de
precios, tarifas, salarios estatales y tipo de cambio. El gobierno radical logró
inicialmente forjar un acuerdo con 53 empresas líderes que, como respaldo a las medidas
adoptadas, congelaron sus precios hasta el 30 de septiembre. No obstante, desde un primer
momento el Plan tropezó con la cerrada oposición de la Sociedad Rural, expresada en la
silbatina que debió soportar el primer mandatario en ocasión de la inauguración de la
exposición (62).
Aunque el bimestre agosto-septiembre cerró con un relativo éxito de
las medidas antiinflacionarias adoptadas por el gobierno -descenso del índice de precios
al consumidor y leve aumento del dólar financiero-, ya en la primera semana de octubre se
oyeron las primeras críticas. Así, desde Ambito Financiero, el economista y
entonces diputado extrapartidario por el peronismo Domingo Cavallo criticaba al gobierno
radical por el atraso cambiario y profetizaba un escenario de hiperinflación, mientras
que el presidente de la UIA sostuvo que "de nada vale la reforma arancelaria
(proyectada por el gobierno) si no contamos con un dólar adecuado (63)".
Por cierto, a las críticas de Cavallo y la actitud especulativa y de
profunda desconfianza de los inversores, los empresarios y demás agentes económicos
hacia las autoridades económicas en el frente interno, se sumó la suspensión del apoyo
externo por parte del Banco Mundial, un aliado clave para el equipo de Sourrouille. Tras
el fracaso del Plan Primavera, se abrió el capítulo más trágico de la gestión
radical: hiperinflación, estampida del dólar, pérdida de reservas del Banco Central,
saqueos a supermercados y sensación general de inseguridad tras el copamiento a la
Tablada. El desorden económico-social ya no podría ser revertido por el presidente
Alfonsín, quien finalmente se vio obligado a hacer entrega del mando presidencial
anticipadamente al sucesor electo Carlos Menem.
NOTAS
Lo del "punto final" está basado principalmente en que han transcurrido tres años de procesamiento. En ninguna parte del mundo el procesamiento de una persona dura tres años por lo que si no se lo procesa durante un tiempo determinado no se lo procesa más.
Por su parte, desde el 19 de diciembre de 1986 los principales dirigentes del peronismo renovador, el Partido Intransigente (PI), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Comunista (PC), el Movimiento al Socialismo (MAS), otras agrupaciones (como militantes del peronismo revolucionario), la cúpula de la CGT, encabezada por Saúl Ubaldini y organismos de defensa de los derechos humanos (como las Madres de Plaza de Mayo) encabezaron manifestaciones populares contra el "punto final" impulsado por el gobierno. Ver "Panorama político. El epílogo", por Joaquín Morales Solá, Clarín, 7 de diciembre de 1986, pp. 18-19; "Disímiles reacciones por el discurso del brigadier Waldner", Clarín, 8 de diciembre de 1986, p. 4; "El tema en el Congreso, Viene la discusión", Clarín, 7 de diciembre de 1986, p. 4; "Diversas expresiones políticas", Clarín, 8 de diciembre de 1986, p. 5; "Panorama político. La pérdida de consenso", por Eduardo van der Kooy, Clarín, 18 de diciembre de 1986, pp. 18-19; "Incidentes con varios heridos", Clarín, 20 de diciembre de 1986, p. 4; "Concurrencia masiva a la marcha de oposición", Clarín, 20 de diciembre de 1986, pp. 4-5; "Hubo actos en el Interior", Clarín, 20 de diciembre de 1986, p. 5; y "Punto final: ¿Y ahora qué? La reacción de las cámaras federales crea dudas sobre la eficacia del punto final", Somos, Nº 537, 7 de enero de 1987, p. 19; y el trabajo de A.L.. Melo, op. cit., p. 48.
."Efecto a dos bandas", Clarín, 19 de marzo de 1987, pp. 16-17.
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