|
|
Las relaciones con Estados Unidos
Las principales coincidencias entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y
de Ronald Reagan se dieron en torno de los principios de defensa de la democracia y de los
derechos humanos y la común pertenencia a Occidente. Pero este acuerdo en los principios
no pudo ocultar la presencia de notorias divergencias de intereses en temas de peso de la
agenda bilateral: la deuda externa, la crisis centroamericana, la política nuclear, el
desarrollo del proyecto misilístico Cóndor II, y los vínculos militares entre la
Argentina y Estados Unidos.
Ya durante el primer viaje del presidente argentino a Estados Unidos en
septiembre de 1984, Alfonsín y Reagan coincidieron en que los objetivos básicos que
animaban a los pueblos de la Argentina y Estados Unidos eran "la democracia, el
pluralismo, la dignidad del hombre, los derechos humanos, la libertad y la justicia social
(1)".
Por cierto, tras las traumáticas experiencias de efecto potencialmente
desestabilizador para la región emprendidas por la dictadura militar, como la "casi
guerra" con Chile y el conflicto angloargentino por Malvinas, la administración
Reagan desistió del respaldo otorgado a los regímenes autoritarios de derecha por su
vocación anticomunista y optó por preferir los regímenes democráticos, mucho más
previsibles en términos del statu quo regional. Este factor de previsibilidad llevó
a que algunos sectores de la administración Reagan coincidieran con la perspectiva del
gobierno radical respecto de la existencia de un nexo entre seguridad, desarrollo
económico y consolidación del proceso democratizador en la Argentina y en el resto de
América Latina (2).
Sin embargo, como veremos, existieron temas en que la concertación se
hizo muy difícil. Uno de ellos fue el problema de la deuda externa. Mientras que para el
gobierno de Alfonsín esta cuestión se resolvería sólo a través de la concertación
política multilateral entre los países acreedores y deudores, para el
gobierno norteamericano éste era un problema exclusivamente financiero, que debía
solucionarse resolverse a través de la negociación bilateral entre cada gobierno
deudor y los bancos acreedores. En todo caso, el rol jugado por Washington debía
limitarse al de un mediador que favoreciera una mejor comunicación entre el gobierno
argentino y los bancos privados (3).
Por cierto, durante la campaña electoral del año 1983 que lo llevó
finalmente a la presidencia, Alfonsín defendió la necesidad de politizar la deuda, en
tanto las políticas de ajuste "ortodoxo" recomendadas por los organismos
internacionales de crédito debilitarían las nacientes democracias de la región,
demasiado vulnerables para soportar los efectos sociales de las medidas de austeridad.
Asimismo, el candidato radical prometió que pagaría sólo los compromisos considerados
legítimos de la cuantiosa deuda legada por el Proceso militar (4). En la primera
conferencia de prensa que ofreció al asumir el gobierno, el 12 de enero de 1984,
Alfonsín volvió a repetir estos conceptos, y también lo hizo a mediados de mayo de
1984, cuando expresó su indignación ante el alza de las tasas de interés, que aumentaba
considerablemente lo que la Argentina debía pagar en ese año. En esta ocasión ratificó
la decisión del gobierno argentino de cumplir con los compromisos exteriores, pero
aclaró que dicho cumplimiento sólo sería posible "en un marco ético y equitativo
que atienda nuestras propias necesidades de paz democracia y desarrollo (5)".
Asimismo, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, sostuvo con una mezcla de
arrogancia e ingenuidad que "ellos (los acreedores) son más débiles que nosotros,
porque si nosotros nos negamos a pagar ellos no tendrán forma de cobrarnos nada
(6)".
De acuerdo con esta percepción simplista del problema de la deuda,
Grinspun decidió como primera medida suspender el pago de la misma hasta el 30 de junio
de 1984 con el objetivo de evaluar su monto y legitimidad. Con posterioridad a esa fecha,
las autoridades económicas argentinas renegociarían los pagos con la banca acreedora,
pero considerándose como terminado el acuerdo stand-by firmado por el régimen
militar. Asimismo, el gobierno argentino declaró su intención de no utilizar sus
reservas para cancelar intereses atrasados (7).
En este contexto de progresivo endurecimiento, el paquete de
"salvataje financiero" de 500 millones de dólares otorgado a la Argentina el 31
de marzo de 1984 no debe ser interpretado como un gesto de "flexibilización"
unilateral de parte de la banca. En realidad, el grueso de este préstamo no provino de
los bancos norteamericanos o de otros países acreedores, sino de los propios deudores de
la región: los gobiernos de México, Venezuela, Brasil y Colombia aportaron 300 de los
500 millones. Por su parte, para acceder a este paquete de rescate financiero, el ministro
Grinspun debió ceder y utilizar una parte de las reservas para cancelar intereses
atrasados -contribuyó con 100 millones-. Finalmente, el Departamento del Tesoro y los
bancos privados norteamericanos, en un gesto de buena voluntad aportaron los 100 millones
restantes. A decir verdad, este doble préstamo puente, que partió de la iniciativa del
secretario de Hacienda mexicano, Jesús Silva Herzog, constituyó una verdadera fórmula
de transacción en donde todas las partes cedieron para evitar un callejón sin salida al
problema de la deuda. Para las autoridades radicales, la concesión de una parte de sus
reservas le permitió acceder al préstamo y cumplir con el pago de intereses vencidos
antes del 31 de diciembre de 1983. Para el gobierno y la banca norteamericanos, su
pequeña participación en el paquete de rescate financiero evitó que la Argentina se
convirtiera en un peligroso modelo a imitar por parte de los demás países deudores. A su
vez, los cuatro países latinoamericanos, que tuvieron la participación mayoritaria en el
rescate financiero de la Argentina, buscaron sumar puntos ante la banca acreedora y evitar
que estallara un precedente negativo para futuras negociaciones (8).
De todos modos, en marzo de 1984 tanto el presidente del Eximbank,
William Draper, como el secretario del Tesoro norteamericano, Donald Regan, coincidieron
en rechazar la posición argentina de concertación política en materia de endeudamiento
externo. Por su parte, el subsecretario del Tesoro norteamericano, Robert Mc Namara,
sostuvo en mayo del mismo año que no habría nuevos créditos hasta que las autoridades
argentinas no llegaran a un acuerdo con el FMI antes del 31 de ese mismo mes (9).
No obstante, Grinspun mantuvo su posición ante los bancos. El 11 de
junio, decidió enviar al director gerente del FMI, Jacques de Laroisiere, en forma
unilateral -es decir, sin contar previamente con la anuencia de la misión de técnicos
del Fondo que estaba en ese momento en Buenos Aires- una carta de intención donde se
reflejaban los puntos de vista "heterodoxos" del titular de Economía respecto
de la balanza comercial, salarios y déficit fiscal (10). La actitud del ministro Grinspun
provocó la reacción del Departamento del Tesoro norteamericano, que el 15 de junio
retiró el ofrecimiento de un préstamo de 300 millones de dólares, condicionando el
estudio de una nueva solicitud de crédito a un acuerdo previo entre la Argentina y el
FMI. El mismo día, el Citibank envió un télex a 320 acreedores bancarios informándoles
de la incapacidad del gobierno argentino para cumplir con sus obligaciones financieras y
que, por ende, la cuota de 750 millones de dólares correspondiente al préstamo puente de
fines de 1982 "se renovará día a día hasta nuevo aviso". El 18 del mismo mes,
el comité asesor de bancos acreedores decidió postergar toda decisión sobre nuevos
créditos a la Argentina, subordinando su decisión a la evolución de las negociaciones
entre la Argentina y el FMI (11).
A pesar de este endurecimiento, la banca acreedora terminó por
otorgar, a fines de junio, un nuevo paquete de rescate al gobierno radical, aunque con
mayores condiciones que el de fines de marzo. Así, en este nuevo acuerdo, la Argentina
debió pagar de sus reservas un monto mayor que en el anterior -225 millones de dólares
de los 350 millones de intereses adeudados que vencían el 30 de junio-. Por su parte, y
no obstante las prevenciones adoptadas por el Fondo en este nuevo paquete, varios bancos
norteamericanos registraron importantes pérdidas por préstamos morosos otorgados a la
Argentina (12).
Si bien los especialistas del período coinciden en calificar la
política adoptada por las autoridades económicas argentinas como confrontacionista respecto
de los bancos acreedores, no existe el mismo grado de acuerdo respecto de los efectos de
la actitud argentina en el gobierno y los bancos norteamericanos. Según el académico
norteamericano Joseph Tulchin, la retórica vehemente de Grinspun no encontró mayor eco
en el gobierno de Reagan y en las autoridades financieras norteamericanas, que adoptaron
una actitud tolerante, privilegiando la estabilidad de la aún frágil democracia
argentina (13). En cambio, Alicia Frohmann considera que el tono de confrontación
utilizado por el titular de Economía, sumado a la falta de un programa económico
confiable que tranquilizara a los banqueros e inversores externos, fueron factores que
contribuyeron decisivamente a disipar la inicial tolerancia del gobierno norteamericano
para con la naciente democracia argentina. Dicha actitud fue reemplazada por un
endurecimiento del gobierno y la banca norteamericanos, con el objetivo de encarrilar a la
Argentina en el camino del ajuste y prevenir una eventual moratoria que tuviera
repercusión regional (14).
Por cierto, los paquetes de "rescate financiero"
constituyeron tan sólo alivios coyunturales que no resolvieron el dilema económico en el
que estuvo inmerso el gobierno radical en su primera etapa. Si éste continuaba en el
sendero iniciado por Grinspun perdía la credibilidad externa; si, por el contrario,
optaba por el camino de acordar con el FMI y aplicaba recetas "ortodoxas" para
sanear la situación económica interna, allanaba el camino para obtener el apoyo de
banqueros e inversores, pero se alejaba de lo prometido en la plataforma electoral y
agitaba la oposición de los dirigentes sindicales.
Dado este dilema, el gobierno radical optó por una solución
intermedia, que permitiera una "relación madura" con Estados Unidos y los
organismos de crédito sin enajenar los apoyos internos. Para ello, tanto el presidente
Alfonsín como su canciller Dante Caputo no dudaron en disminuir sus críticas a la
administración Reagan en los dos temas más ríspidos de la agenda bilateral -deuda
externa y crisis centroamericana-, con el fin de obtener el respaldo político de la Casa
Blanca en las delicadas negociaciones con la banca. Ya en su primera visita a Estados
Unidos en septiembre de 1984, Alfonsín efectuó el inicio de lo que Roberto Russell
denomina "giro realista" en la relación con Estados Unidos, al sostener que la
intención de su gobierno era la de "trabajar, producir, exportar y pagar lo que
debemos", desterrando la vieja promesa electoral de repudiar la "deuda
ilegítima" heredada del Proceso militar. Incluso, el presidente argentino procuró
aventar cualquier temor de Washington respecto de la emergencia de un pool de
países deudores liderados por la Argentina, al afirmar el propósito del gobierno radical
de buscar alguna instancia de diálogo entre los países industrializados y los de
América latina para resolver los problemas financieros de la región (15).
De esta manera, varios factores llevaron al agotamiento de la
estrategia confrontacionista del ministro Grinspun: la falta de un programa económico que
generara confiabilidad interna y externa; las presiones de los bancos y el gobierno
norteamericano en favor de la "disciplina económica"; el fracaso de la
estrategia regional multilateral esbozada en las reuniones de Quito, Cartagena y Mar del
Plata, y finalmente la falta de apoyo de las socialdemocracias europeas a la estrategia
argentina de dar un tratamiento político al problema del endeudamiento (16).
El "giro realista" adoptado por el gobierno radical logró un
resultado concreto a fines de diciembre de 1984, cuando las autoridades argentinas
cerraron un acuerdo stand-by con el FMI en el que la propia administración Reagan
jugó un destacado papel de arbitraje entre las autoridades de Buenos Aires y los bancos.
No obstante su colaboración, el gobierno republicano exhortó al argentino a que adoptara
medidas de ajuste como las recetadas por los bancos (17).
Sin embargo, la rápida aceleración de la inflación a principios de
1985 obligó a que las autoridades del Fondo sólo hicieran un desembolso del préstamo stand-by
en enero, para posteriormente suspender el convenio. Este factor debilitó
notoriamente la ya precaria posición del equipo económico del ministro Grinspun, quien
en febrero de 1985 fue reemplazado por el ministro Juan Vital Sourrouille (18).
En el segundo viaje del presidente argentino a Estados Unidos, en marzo
de 1985, si bien Alfonsín reiteró su posición crítica frente al problema del
endeudamiento externo, puso también énfasis en la necesidad de adoptar las medidas de
reforma estructural del estado y de privatizaciones, en forma acorde con la filosofía
"ortodoxa" de los financistas y empresarios norteamericanos. Particularmente,
Alfonsín anunció en la ciudad de Houston la intención de su gobierno de licitar áreas
petrolíferas para la inversión privada -el denominado Plan Houston (19)-.
Precisamente en esta segunda visita presidencial, el presidente de la
Reserva Federal, Paul Volcker, señaló a los miembros de la comitiva argentina que era
necesario "hacer algo contra la inflación" mas allá del cumplimiento de las
metas nominales estipuladas por el FMI (20). En junio de ese mismo año, el ministro de
Economía Sourrouille se reunió con Volcker y el director gerente del FMI, Jacques de
Laroisiere, presentándoles un plan de estabilización económica basado en un shock pero
de características "heterodoxas", ya que incluía un congelamiento de precios. A
pesar de la resistencia que acusó entre los técnicos del Fondo un plan de
características no convencionales, el 11 de junio se anunció un convenio con el FMI,
como resultado de la presión de Laroisiere sobre el staff técnico del Fondo. Este
principio de acuerdo cerró el problema que el equipo económico de Sourrouille heredara
de la gestión de Grinspun: la suspensión, a principios de 1985, del desembolso del stand-by
convenido en diciembre de 1984. Con el respaldo del director gerente del FMI al
memorándum de entendimiento presentado por las autoridades argentinas, el gobierno
radical pudo lanzar tres días después, el 14 de junio de 1985, el primer plan de
estabilización, denominado Plan Austral (21).
Por cierto, el lanzamiento del Plan Austral contribuyó a despejar las
dudas que los banqueros y potenciales inversores norteamericanos tuvieron respecto de la
economía argentina durante el primer tramo de la administración radical. Asimismo,
profundizó el "giro realista" iniciado en la segunda mitad de 1984 y abonó el
camino para lo que Russell -siguiendo una conocida expresión de la Cancillería argentina
en aquel momento- definió como la "recomposición madura" de las relaciones
entre la Argentina y Estados Unidos. No obstante, esta "recomposición" implicó
puntos de coincidencia y puntos de disidencia con Washington. Las "convergencias
esenciales" se verificaron en el enunciado de una serie de valores comunes a los
regímenes democráticos de ambos países: apoyo a la ampliación y fortalecimiento de la
democracia; pertenencia a Occidente; pleno respeto a los derechos políticos, sociales,
económicos y humanos; defensa de la libertad y la justicia. Los desencuentros -o
"diferencias metodológicas"- surgieron cuando esos valores e ideales pasaron
del nivel de la retórica al de su realización efectiva (22).
La implementación del Plan Austral, sumada a los anuncios de medidas
de privatizaciones efectuados por el presidente Alfonsín durante su gira por Estados
Unidos, generó una reacción positiva tanto en el gobierno norteamericano como en los
organismos financieros internacionales, evidenciada en una serie de "gestos"
destinados a respaldar al equipo económico de Juan Vital Sourrouille. Así, a principios
de julio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
norteamericano, Richard Lugar, sostuvo durante su visita a Buenos Aires que "la
Tesorería de los Estados Unidos se siente comprometida con el éxito del nuevo Plan del
gobierno argentino (23)". Otro "gesto" positivo hacia las autoridades
argentinas fueron las declaraciones del subsecretario para Asuntos Interamericanos del
Departamento de Estado, Richard Holwill, quien, de visita en Buenos Aires a fines de julio
para observar la aplicación del programa antiinflacionario argentino, admitió que las
relaciones entre ambos países habían adoptado un sesgo diferente a las predominantes
durante la etapa Grinspun (24).
Asimismo, se registraron una serie de préstamos al gobierno argentino
por parte de organismos financieros internacionales que demostraban la confianza de los
bancos en el Plan Austral y las medidas de privatización anunciadas por la
administración radical. Así, tras el visto bueno otorgado el 11 de junio de 1985 por el
director gerente del FMI Laroisiere a lo que sería el Plan Austral, quedó abierto el
camino para que a fines de agosto de ese mismo año se firmaran los convenios entre las
autoridades argentinas y los representantes de los bancos comerciales (25).
A mediados de junio de 1986 y a pesar del incumplimiento de las metas
pactadas con el FMI, la Argentina obtuvo un waiver del Fondo gracias a la presión
de los representantes norteamericanos del organismo. En septiembre de ese mismo año,
-luego del acuerdo logrado entre el gobierno mexicano y el Comité de Bancos en julio-
otra vez fue el gobierno norteamericano el que, en otro "gesto" de buena
voluntad hacia el gobierno argentino, presionó a la banca acreedora para que ésta diera
prioridad a la Argentina antes que a Brasil (26).
El respaldo de la banca -y, sobre todo, de los representantes
norteamericanos en la misma- continuó en 1987, a pesar de que en ese año el radicalismo
perdió las elecciones legislativas y con ellas se esfumaron buena parte de las
posibilidades de concretar las reformas previstas en la fase II del Plan Austral. Así, en
el contexto de la crisis financiera provocada por la decisión brasileña de suspender los
pagos de intereses a la banca extranjera, el gobierno norteamericano nuevamente presionó
para que doce países industrializados concedieran a través de sus bancos centrales un
préstamo puente por 500 millones de dólares a la Argentina en febrero de 1987 (27). En
abril de ese mismo año, nuevamente la presión del gobierno norteamericano obligó al
Comité de Bancos a acordar con las autoridades argentinas un acuerdo de reprogramación
de la deuda con condiciones ventajosas para éstas (28). Finalmente, a mediados de
noviembre, el Departamento del Tesoro norteamericano, en forma conjunta con el Banco de
Acuerdos Internacionales de Basilea, el Banco de la República de Colombia, el Banco de
México y el Banco Central de Uruguay, concedió a las autoridades radicales un crédito
puente por 500 millones de dólares (29).
Durante el año 1988, el apoyo norteamericano a la economía argentina
se renovó. Así, en febrero de dicho año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
concedió a la Argentina un crédito puente por 550 millones de dólares, destinado a
aliviar la precaria situación de divisas que en ese momento atravesaba la economía
argentina. Este crédito fue de carácter bilateral, es decir, se realizó sin la
participación de bancos centrales de otros países, como había sido habitual hasta ese
momento en operaciones financieras para la Argentina (30). En agosto, el gobierno de
Estados Unidos -decidido a evitar cualquier crisis en las relaciones financieras
internacionales que pudiera entorpecer el camino hacia las elecciones presidenciales de
noviembre, y preocupado por la posibilidad de que el gobierno de Alfonsín cayera
nuevamente en una situación de hiperinflación- aprobó un nuevo stand-by por 500
millones de dólares, en apoyo explícito al nuevo plan de estabilización lanzado por el
equipo económico de Sourrouille, el llamado Plan Primavera (31). Y a fines de septiembre,
el presidente del Banco Mundial, Barber Conable, anunció, junto al ministro de Economía
argentino Sourrouille en conferencia de prensa, la concesión de préstamos por 1250
millones de dólares sin que existiera un acuerdo previo con el FMI (32).
No obstante el mencionado respaldo político de Estados Unidos a las
negociaciones del gobierno argentino con la banca acreedora, en muchos círculos
financieros y en algunos del propio gobierno norteamericano no se disiparon totalmente las
dudas sobre el horizonte económico argentino. Estas dudas se debieron a la fuerte
resistencia interna que debió enfrentar el gobierno radical tanto respecto de su actitud
negociadora con la banca, como de sus anuncios de medidas privatizadoras en marzo de 1985
y del discurso presidencial de Parque Norte presentando el programa de modernización
económica, efectuado en diciembre de ese mismo año.
En cuanto al tema de la deuda, hubo resistencias a la actitud del
gobierno tanto en la oposición como en el propio partido gobernante. Así, durante la
llegada de Rockefeller a la Argentina en enero de 1986, el banquero norteamericano fue
repudiado no sólo a través de manifestaciones callejeras por los sectores de izquierda
-Partido Obrero (PO), Movimiento al Socialismo (MAS), Partido Comunista (PC) y activistas
montoneros-, sino también por sectores juveniles tanto de la izquierda como del propio
radicalismo, quienes confluyeron en el Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO) (33).
Incluso el veterano asesor radical Aldo Tessio, un alfonsinista, atacó a Rockefeller como
un "chupasangre" responsable de "haber acelerado la caída del gobierno de
Illia". Tessio se enfrentó abiertamente con la estrategia negociadora del ministro
de Economía Sourrouille y tanteó a dirigentes radicales con el objetivo de programar un
encuentro latinoamericano en Buenos Aires, una especie de "club de deudores". La
movida de Tessio irritó profundamente al presidente Alfonsín, quien respaldó las
gestiones de Sourrouille ante el banquero norteamericano (34).
Por cierto, Alfonsín captó el descontento de su propio partido y de
amplios sectores de la sociedad con la estrategia hasta entonces adoptada por Sourrouille
de diálogo con los bancos y el FMI, y de pago de intereses anuales en virtud de la
cantidad de divisas disponibles a partir del superávit del comercio exterior. Entre 1984
y 1988 se transfirieron 10.000 millones de dólares en concepto de intereses,
prácticamente el superávit comercial de ese período que fue de 10.500 millones;
mientras que la deuda ascendió de 43.000 a 55.000 millones-. Estas cifras, sumadas al
deterioro de las condiciones de vida, la reducción de la acumulación de capital durante
el lapso 1984-1988, y el fracaso del oficialismo en las elecciones legislativas de 1987
fueron factores que movieron a Alfonsín a actuar personalmente. Aprovechando su viaje
como orador en la Tercera Sesión Especial de la Asamblea de la ONU por el Desarme, el
presidente argentino expuso ante los bancos, el 31 de mayo de 1988, una propuesta
alternativa sobre la deuda, basada en la reducción de la tasa de interés que gravaba el
capital adeudado a los bancos internacionales del 8,5% al 4% anual, un aumento en el cupo
vigente de capitalización de la deuda y un mayor protagonismo del Banco Mundial como
garante de cobro para los bancos acreedores, salteando al FMI. Sin embargo, la propuesta
de Alfonsín, que no implicaba una disminución en la cantidad de divisas que la Argentina
abandonaba efectivamente a los bancos, pero buscaba evitar que la deuda siguiera creciendo
con la baja de la tasa de interés, chocó con el escepticismo del secretario adjunto del
Tesoro norteamericano, Peter Mc Pherson, quien señaló que la propuesta argentina
generaba "intranquilidad" porque "no sabemos cuáles son las garantías de
que la Argentina esté en condiciones de cumplir con medidas de ajuste". Por su
parte, los medios financieros de Wall Street señalaron que el problema del entonces
llamado "Plan o Programa Alfonsín" era que el gobierno argentino demostraba en
realidad tener más interés en negociar que en cumplir el ajuste (35). Por otra parte, la
propuesta de Alfonsín no tuvo eco en Estados Unidos porque la administración republicana
de Reagan ya había ingresado en su tiempo de descuento y no podía dar una respuesta
antes de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales.
Asimismo, el "Programa Alfonsín" sufrió severas críticas
internas de las fuerzas de oposición. Por el lado del peronismo, el precandidato
presidencial Carlos Menem se manifestó en contra de la propuesta señalando que "es
insuficiente porque significa pagar dos mil millones de dólares al año, mientras que con
el esquema actual en 1987 sólo se transfirieron mil millones". La Izquierda
Democrática Popular (IDEPO) señaló que la propuesta planteada por Alfonsín era un
cambio en el sentido negativo, ya que implicaba una mayor transferencia de divisas que la
efectuada hasta ese momento. Por su parte, el Partido Intransigente (PI) se manifestó en
contra y a favor de una moratoria, y la democracia cristiana (DC) sostuvo que la propuesta
"es irrelevante e incapaz de revertir el estancamiento productivo y la degradación
del nivel de vida de los argentinos", sugiriendo a cambio un esquema "que
condicione el pago de los intereses al nivel y los precios de las exportaciones". Con
una posición igualmente crítica hacia el plan sobre la deuda, pero con argumentos
esencialmente diferentes a los anteriormente señalados, la Unión del Centro Democrático
(UCD) sostuvo que la estrategia del gobierno "reincide en tratar de buscar soluciones
alrededor de la deuda externa, cuando ése no es el problema que nos aqueja (36)".
Por cierto, durante una asamblea conjunta del FMI y del Banco Mundial
que tuvo lugar en Berlín en septiembre de 1988, quedó establecido el compromiso del
Fondo de otorgar a la Argentina un préstamo de 1252 millones de dólares destinado al
comercio exterior, reformas del sistema financiero, vivienda y energía (37). No obstante
este apoyo de las autoridades del Fondo -que contó a su vez con el respaldo político del
gobierno norteamericano-, vale advertir que el mismo se limitó a otorgar un alivio sólo
coyuntural a los problemas financieros de la economía argentina. Los esfuerzos realizados
por las autoridades de Buenos Aires en materia de reformas estructurales en la última
etapa, aunque apreciados en Washington, no implicaron un cambio drástico en las
divergencias entre países acreedores y deudores. Contra las expectativas del gobierno
argentino, que se quejaba del desequilibrio existente entre el "ritmo de
comprensión" del problema y el "ritmo de la crisis", las autoridades
norteamericanas no adoptaron recetas que excedieran el marco estrictamente coyuntural en
sus relaciones financieras con la Argentina. Por cierto, ello se debió a una serie de
incertidumbres derivadas de la situación política y económica en el último tramo de la
gestión de Alfonsín. Entre las dudas de orden político, figuraban las asociadas a la
sucesión del gobierno radical, quien además debió sufrir en esa época una nueva
rebelión militar -la de Villa Martelli- en diciembre de 1988. Entre las incertidumbres de
índole económica, se hallaban las vinculadas a la reforma del Estado que no lograban
concretarse (38).
Pero, además, el préstamo de 1252 millones de dólares obligaba a una
serie de metas -aprobación del presupuesto de 1989 antes del fin de 1988; reducción del
déficit fiscal al 2,4% en 1989; aumento de la recaudación; y rebaja de aranceles- que
las autoridades económicas no cumplieron. Ante la poco feliz performance del
equipo del ministro Sourrouille y el agotamiento del Plan Primavera, las autoridades del
Banco Mundial adoptaron un paso drástico, que dejó a dicho equipo sin su principal
aliado externo: el 2 de mayo de 1989, el titular del organismo, Barber Conbale, anunció
que suspendía los desembolsos a la Argentina "por incumplimiento de
condiciones". Del préstamo de 1252 millones de dólares de septiembre de 1988 sólo
se recibieron 150 para la política comercial y 104 para energía eléctrica (39).
Por cierto, el gobierno de Alfonsín ni siquiera pudo contar a su favor
con la ayuda que planteaba el "Plan Brady" de reducción de la deuda externa,
una alternativa que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, lanzó
para evitar estallidos regionales como el "Caracazo" de principios de marzo de
1989. Pero como el equipo económico argentino no había cumplido las metas exigidas por
los organismos de créditos internacionales, la Argentina no pudo entrar al Brady hasta el
gobierno de Carlos Menem (40).
Otro tema de disenso con el gobierno norteamericano fue la actitud ante
la crisis centroamericana. Mientras la administración Reagan privilegió una visión
simplista, en la que la responsabilidad de todos los conflictos globales y regionales
recaía sobre la amenaza soviético-cubana, el gobierno de Alfonsín se negó a reconocer
el eje Este-Oeste como único modelo de referencia para entender la realidad mundial y
regional (41).
Por cierto, el gobierno radical se opuso a la política
intervencionista de la administración Reagan en el conflicto centroamericano, por dos
razones principales. Una estuvo vinculada a la necesidad de diferenciarse de la
complicidad del régimen militar con los "contras", por lo cual la gestión de
Alfonsín decidió respaldar las gestiones de paz en la región centroamericana. La
segunda se relacionaba con el temor de que el conflicto ideológico entre los
"contras" y el sandinismo -como subproducto del conflicto Este-Oeste- tuviera
proyección regional, y se repitieran los enfrentamientos que tuvieron lugar en la década
del ‘70, con efectos devastadores para las aún frágiles democracias de la región.
En palabras del canciller Caputo, la Argentina debía interesarse por respaldar cualquier
gestión pacificadora en la región centroamericana no sólo por razones de solidaridad
latinoamericana, sino también de interés nacional (42).
El canciller Caputo atacó toda forma de intervención en la región en
la Conferencia Económica Latinoamericana de Quito en enero de 1984 (43); y durante su
visita a México en marzo del mismo año (44). Por otra parte, el gobierno de Alfonsín
otorgó un crédito de 45 millones de dólares a las autoridades nicaragüenses para la
compra de maquinarias industriales y agropecuarias. Esta medida provocó el disgusto del
embajador norteamericano en Buenos Aires, Frank Ortiz, con el canciller argentino (45).
Cabe aclarar que la posición del gobierno argentino frente a la crisis centroamericana
contó con el respaldo de las fuerzas de la oposición, como lo prueban los proyectos de
declaración y de resolución presentados ante ambas Cámaras del Congreso en mayo y
diciembre de 1984, que llamaban a apoyar al Grupo de Contadora, a repudiar las agresiones
en América Central, y a respaldar a Nicaragua frente al "imperialismo"
norteamericano (46).
Como ya se dijo, a partir del comienzo de la gestión económica de
Sourrouille, la gestión radical, en una evaluación crítica de la etapa anterior,
decidió encarar una "asociación madura" con Washington, suavizando su
posición crítica respecto del intervencionismo norteamericano en América Central y
adoptando medidas económicas internas acordes con las exigencias del gobierno y los
bancos norteamericanos. Pero, aunque suavizadas, las diferencias de enfoque respecto de la
crisis centroamericana volvieron a manifestarse durante el segundo viaje del presidente
Alfonsín a Estados Unidos, en marzo de 1985. En el momento de los discursos de
bienvenida, el primer mandatario norteamericano, Ronald Reagan, expresó enfáticamente su
posición ante la cuestión: "el pueblo libre de este hemisferio no puede permanecer
pasivo y mirar cómo una tiranía comunista impuesta en Nicaragua se expande en las
tierras libres de América (47)".
Frente a la posición intervencionista del presidente Reagan, Alfonsín
no dudó en respaldar, en su discurso ante el Congreso norteamericano, la acción
mediadora del Grupo de Contadora y la necesidad de garantizar la estabilidad de la región
centroamericana a través del respeto a los principios de autodeterminación de los
pueblos, la vigencia de las democracias pluralistas, la integridad territorial de cada
país y la no intervención. En la enfática referencia al último principio, Alfonsín
criticó solapadamente el intervencionismo norteamericano en el área centroamericana,
pero, de acuerdo con Russell, este ataque quedó "equilibrado" con el explícito
rechazo del presidente argentino a la intervención de potencias extracontinentales en el
área, en obvia alusión a la Unión Soviética (48).
No obstante, la Cancillería argentina moderó su posición respecto de
la crisis centroamericana, lo cual fue perceptible en el inmediato y apresurado apoyo a la
"propuesta de paz" sobre América Central presentada por la administración
Reagan en el mes de abril de 1985, donde se llamaba a los integrantes de la Junta
sandinista a iniciar negociaciones con los contras, y en la respuesta –aunque muy
débil- del gobierno argentino al bloqueo económico dispuesto por las autoridades
norteamericanas contra Nicaragua en el mes de mayo del mismo año (49).
Por cierto, esta moderada posición del gobierno argentino respecto de
las medidas adoptadas por Washington contra el régimen sandinista contrastó con la
adoptada por los legisladores de la bancada oficialista y de algunos de los partidos de la
oposición, como lo demuestran la emergencia de un proyecto de resolución ingresado ante
la Cámara Baja en las sesiones de los días 8 y 9 de mayo de 1985, donde los diputados
Federico Storani (radicalismo), Augusto Conte (Partido Demócrata Cristiano), Domingo
Purita y José Luis Manzano (justicialistas), Reynaldo Pastor Gutiérrez (Movimiento
Popular Neuquino), y Raúl O. Rabanaque (Partido Intransigente) repudiaron las medidas
adoptadas por Estados Unidos con respecto a Nicaragua; y dos proyectos de declaración
presentados esos mismos días condenando la presencia militar y el embargo económico
aplicado por la Casa Blanca contra el régimen de Managua por los diputados justicialistas
Néstor Perl y Oscar Fappiano y por el demócrata cristiano Augusto Conte. A estos
proyectos se sumó la presentación, en la sesión de la Cámara Alta del día 8 de mayo,
de un proyecto de declaración de un grupo de senadores radicales (Antonio Nápoli,
Héctor Velázquez, Ricardo Laferriere, Luis Brasesco y José Falcone) que repudiaron el
bloqueo económico a Nicaragua como una actitud contraria a los principios de no
intervención, soberanía de los estados y respeto a la autodeterminación de los pueblos
(50).
Por otra parte, el gobierno radical criticó la decisión de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos de aprobar el envío de ayuda económica y militar
a
los "contras" en América Central. En palabras del canciller Caputo,
tan grave como el peligro que significaría para la estabilidad en el continente que una nación pase a ser aliada de una potencia extra-regional es el peligro de que como consecuencia de la acción de otra potencia, se destruyan el orden jurídico internacional y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos (51).
En febrero de 1986, y aprovechando la entrevista de los cancilleres del
Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo con el secretario de Estado George Shultz, el
canciller Caputo planteó, en nombre del Grupo de Apoyo, la solución del conflicto
centroamericano sobre la base del respeto a lo estipulado por el "Mensaje de
Caraballeda" -documento conjunto de enero de 1986 (52)-: cese del apoyo externo a los
movimientos insurreccionales y las fuerzas irregulares que actuaban en la región;
suspensión de maniobras militares internacionales; retiro de asesores militares y bases
extranjeras, no agresión entre países centroamericanos y medidas efectivas de
reconciliación interna. Pero los esfuerzos de Caputo cayeron en saco roto, por cuanto
para Shultz los "contras" no eran fuerzas irregulares ni agredían al gobierno
sandinista nicaragüense (53).
A pesar de la existencia de divergencias aparentemente insalvables
entre la óptica argentina y la norteamericana, un conjunto de factores llevó al gobierno
de Alfonsín a adoptar un perfil de menor compromiso respecto de la crisis
centroamericana, en procura de un mayor respaldo de Washington en las cuestiones que la
gestión radical consideraba prioritarias, como la deuda externa y el diferendo con Gran
Bretaña por Malvinas. Los factores que incidieron en este cambio de perfil por parte de
la diplomacia radical fueron los siguientes: el fracaso de la reunión de los cinco
países centroamericanos en Panamá en junio de 1986, gestada por los cancilleres de
Centroamérica, Contadora y el Grupo de Apoyo en la reunión anterior de Panamá, en abril
de ese mismo año (54); el estancamiento de las negociaciones para la firma de un Acta de
Paz en Centroamérica; la rigidez de las posiciones norteamericana y nicaragüense; el
fracaso de las gestiones realizadas por el Grupo de los Ocho y por los secretarios de la
ONU y la OEA para reactivar las negociaciones entre los países centroamericanos; el giro
de los integrantes de los Grupos de Contadora y de Apoyo a posiciones de menor perfil; y,
por último, las críticas de México y Venezuela, miembros de Contadora, al alto perfil
de compromiso que hasta ese momento había adoptado la diplomacia argentina en la crisis
centroamericana (55).
Por cierto, durante la misión del enviado personal de Reagan para
sondear la posición argentina en la cuestión centroamericana, Philip Habib, quien llegó
a Buenos Aires en enero de 1987, se registró un mayor nivel de coincidencias respecto de
la crisis que obsesionaba a la administración republicana (56). Otro sondeo diplomático
norteamericano se realizó a través de la visita del subsecretario para Asuntos
Latinoamericanos del Departamento de Estado, Robert Gelbard, quien se entrevistó con el
canciller Caputo y el presidente Alfonsín a principios de febrero de 1988, precisamente
poco tiempo después del voto adverso del Congreso norteamericano para que continuara la
ayuda militar a los "contras" nicaragüenses (57).
En cuanto a la política nuclear, el gobierno de Alfonsín no
representó una ruptura respecto de los gobiernos anteriores, pero la cuestión fue uno de
los temas más conflictivos de la agenda con el gobierno norteamericano. En una
conferencia de prensa que contó con la participación de periodistas nacionales e
internacionales en enero de 1984, el primer mandatario manifestó claramente la actitud de
continuidad en esta cuestión, sosteniendo que
La Argentina ha trabajando con éxito en la investigación nuclear con fines pacíficos. En este sentido, nuestro gobierno va a seguir, como no podría ser de otra manera, esta orientación fundamental. En cuanto al tratado de no proliferación, nuestro gobierno no ha considerado su ratificación por considerarlo discriminatorio (58).
Asimismo, en una carta dirigida al senador norteamericano Charles
Percy, el canciller Dante Caputo reiteró las tradicionales reservas respecto del Tratado
de No Proliferación Nuclear (TNP) (59) -su carácter discriminatorio-, e hizo algunas
observaciones respecto del Tratado de Tlatelolco (60). Sostuvo que los acuerdos de
salvaguardia con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debían
"reflejar las particularidades de Tlatelolco en relación al TNP", no debiendo
Tlatelolco ser considerado una versión regional del TNP; y que el gobierno argentino
deseaba verificar si habían existido violaciones al Protocolo II de Tlatelolco durante la
guerra de las Malvinas. Finalmente, Caputo señaló en su carta la posibilidad de
ratificar Tlatelolco, previa satisfacción de las condiciones apuntadas (61).
Por cierto, la ambigua actitud adoptada por el gobierno radical frente
a las presiones norteamericanas en el tema del TNP y Tlatelolco era producto del peso de
los argumentos nacionalistas contrarios a contraer compromisos en estos temas. Como
ocurriera en el caso de la crisis centroamericana, tanto las filas del oficialismo como de
la oposición compartían un enfoque divergente respecto del postulado por las autoridades
de la Casa Blanca (62).
No obstante la existencia de estas diferencias, a principios de octubre
de 1984 se registró un intento del ex presidente demócrata norteamericano James Earl
Carter por obtener de las autoridades argentinas la firma del TNP. Carter se entrevistó
en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados, el radical Juan Carlos
Pugliese; el senador radical Adolfo Gass, y los legisladores peronistas Diego Guelar y
Carlos Ferré, el ucedeísta Juan José Manny, el demócrata cristiano Augusto Conte y el
intransigente Miguel Monserrat, comprobando la vigencia del tradicional enfoque basado en
argumentos de índole nacionalista, que rechazaba la firma del TNP por su carácter
"discriminatorio" y atentatorio de la aspiración argentina a un status de
"independencia nuclear (63)".
A pesar de su negativa a acceder a las presiones norteamericanas en
cuanto a firmar el TNP y ratificar Tlatelolco, el gobierno de Alfonsín realizó una serie
de gestos políticos, cuyo doble fin fue marcar diferencias con las autoridades del
"Proceso" militar y aventar posibles temores de Washington y de la comunidad
internacional. Uno de estos gestos, efectuado en la citada conferencia de prensa de enero
de 1984, fue la promesa de hacer concesiones recíprocas con los países vecinos para
inspeccionar sus instalaciones nucleares -paso que la Argentina concretó con Brasil
(64)-. Asimismo, la administración radical aclaró que la planta de procesamiento de
uranio enriquecido de Pilcaniyeu sería utilizada exclusivamente con fines pacíficos.
Finalmente fue significativa la elección de un civil, Alberto Constantini, en la
titularidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Por cierto, entre las pesadas herencias que el gobierno de Alfonsín
recibió del Proceso militar, se encontraron los programas misilísticos Cóndor I y
Cóndor II. El Cóndor II era un misil balístico de alrededor de 1000 kilómetros de
alcance, capaz de alcanzar las islas Malvinas desde la costa patagónica, o Santiago de
Chile, las dos hipótesis de conflicto que tenía la Fuerza Aérea cuando puso en marcha
el proyecto en forma secreta en 1982, tras la derrota de la guerra de las Malvinas. Tras
el advenimiento de la democracia, este proyecto secreto no fue interrumpido, por razones
tanto de carácter político como económico. Entre las primeras, el gobierno de Alfonsín
consideró que la posesión del Cóndor II podía representar un instrumento de disuasión
en caso de un eventual ataque externo -incluso el gobierno radical llegó a especular con
que el Cóndor II pudiera ser una carta de negociación más en la disputa con Gran
Bretaña por las islas Malvinas (65)-.
Asimismo, algunos observadores coinciden en que hubo de parte del
gobierno radical una actitud de no reparar ante el emprendimiento gestado por la Fuerza
Aérea. Esta actitud era una especie de "compensación política" o
"premio" a la fuerza más democrática y menos conflictiva respecto del poder
civil, en un contexto de creciente tensión en las relaciones entre gobierno y Fuerzas
Armadas, debido a la histórica decisión del gobierno radical de enjuiciar a los miembros
de la Junta Militar del "Proceso". También vale recordar que, de las tres
fuerzas, la Fuerza Aérea fue la que menos se involucró la "guerra sucia"
contra la subversión durante la etapa 1976-1983, la que contaba con mejor imagen dentro y
fuera del ámbito castrense desde la guerra de Malvinas, y la que, además, había
cumplido el papel más digno en dicho conflicto.
Finalmente, el gobierno de Alfonsín tuvo también motivaciones
económicas para conservar el proyecto: la venta de armas o misiles como el Cóndor II
representaba -más allá de su negativo impacto de largo plazo en las relaciones
políticas y económicas con Estados Unidos y las potencias occidentales- jugosos negocios
a corto plazo, balanceando con ingresos alternativos la decisión gubernamental de reducir
el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Los propios documentos de la Cancillería revelaron
la impotencia del poder civil para controlar el Programa Cóndor. Como sostiene Granovsky,
parafraseando una conocida frase del presidente Alfonsín, el gobierno radical no quiso,
no supo o no pudo supervisar el Cóndor (66).
De acuerdo con información aportada por Leonard Spector y Carlos
Escudé, el proyecto Cóndor II emergió como consecuencia de un acuerdo secreto entre la
Argentina, Irak y Egipto en enero de 1984, firmado por el propio presidente Alfonsín. El
proyecto fue rápidamente detectado por los servicios de inteligencia norteamericanos,
pero, a pesar de las presiones de Washington, el Cóndor II no fue desactivado (67).
Así, el 9 de abril de 1985, el Poder Ejecutivo dictó el decreto
secreto Nº 604, que aprobó los Programas Cóndor I y Cóndor II como parte del Plan de
Satelización de la Fuerza Aérea Argentina. Además, por este decreto se convalidaron una
serie de contratos celebrados entre el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y la
Empresa Tecnología Aerospacial S.A. (TEA) por un lado, y las firmas IFAT Corp. Ltd.
(empresa egipcia), DESINTEG AG y CONSEN S.A. por la otra, relativos a interrelación,
exportación, tecnología y materias primas para el Cóndor II. Este decreto 604 permitió
a la Fuerza Aérea "un sistema de intercambio compensado" para importar y
exportar a Egipto partes del misil argentino sin utilizar divisas, y sin control de la
Aduana ni de ningún otro organismo civil (68).
La decisión oficial de continuar con los proyectos misilísticos
Cóndor se enfrentó con fuertes presiones de Estados Unidos y de las demás grandes
potencias, las cuales decidieron la creación, en abril de 1987, de un régimen llamado
MTCR (Missile Technology Control Regime), un acuerdo firmado fuera de las Naciones
Unidas, para impedir la exportación de tecnología misilística a los países en vías de
desarrollo (69).
No obstante la existencia de esfuerzos conjuntos por parte de los
países desarrollados para limitar la difusión de tecnología nuclear misilística en
países no pertenecientes al MTCR, el gobierno de Alfonsín continuó con el proyecto
Cóndor a través de un segundo decreto, el Nº 1315 del 13 de agosto de 1987, por el cual
el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un acuerdo en forma de Acta, celebrada entre la Fuerza
Aérea y las empresas CONSELTEC S.A. y DESINTEC S.A., para la constitución de una nueva
sociedad anónima con el nombre de Integradora Aeroespacial S.A. (INTESA) -creada en 1987
para desarrollar el misil Cóndor y exportar parte de su tecnología- y declaró de
interés nacional todas las actividades que realizara esa nueva empresa en cumplimiento de
los Programas Cóndor I y II (70).
Ante la continuidad del proyecto Cóndor por parte de la Argentina, y
en un contexto signado por la Iniciativa de Defensa Estratégica de la administración
Reagan, y la firma, por parte de la Casa Blanca y del Kremlin, de un tratado de
eliminación de misiles de alcance intermedio, el embajador norteamericano en Buenos Aires
Gildred decidió, en diciembre de 1987, escribir una columna para ser publicada en los
diarios argentinos, explicando en qué consistía el tratado de eliminación de misiles de
alcance intermedio. Según Granovsky, la sola publicación en un diario argentino suponía
un mensaje de las autoridades de Washington para el gobierno de Alfonsín: si los Estados
Unidos y la Unión Soviética, por ese entonces las dos superpotencias globales, decidían
destruir arsenales propios; países mucho menos poderosos que ellos como la Argentina
debían, con más razón, seguir el camino trazado por las administraciones de Reagan y
Gorbachov. Incluso Granovsky sostiene que, a través de la publicación de esta columna
especial en un diario argentino, la embajada ya había fijado el objetivo y el plazo: el
Cóndor debía ser destruido a más tardar el 8 de diciembre de 1990 (71).
No obstante, el gobierno de Alfonsín intentó tranquilizar a
Washington acerca de los objetivos del programa nuclear argentino. En este marco se
inscribió la visita entre el 8 y el 10 de marzo de 1988 del asesor especial del
Departamento de Estado sobre política de no proliferación, Richard Kennedy, quien se
entrevistó con funcionarios de la Cancillería y de la CNEA. A decir verdad, Kennedy era
un viejo conocido de las autoridades radicales, con las que había tenido sendos
encuentros en Buenos Aires en 1985, y en Washington en septiembre de 1986 (72).
De la misma manera, la reanudación de los vínculos militares entre la
Argentina y Estados Unidos durante el gobierno de Alfonsín constituyó otro ámbito no
exento de dificultades, derivadas esencialmente de la guerra de Malvinas. Cabe recordar al
respecto que, durante y después del conflicto, los militares argentinos, en un total
desconocimiento de las más elementales reglas de la geopolítica, no le perdonaron a
Washington su "traición" al respaldar militarmente a Londres. Pecaron en este
sentido de una triple ignorancia: no tomar en cuenta los profundos lazos que unían a Gran
Bretaña y Estados Unidos como socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) desde 1949; no advertir que entre la importancia estratégica de Londres y la de
Buenos Aires no había demasiada posibilidad de opción para la Casa Blanca; y no
considerar la fuerte identidad ideológica entre las administraciones de Reagan y
Thatcher. Para los militares argentinos, Washington había "traicionado" una
"reivindicación justa" de la Argentina por la soberanía del archipiélago
-percepción que era compartida en mayor o menor grado por amplios sectores de la sociedad
civil y de la dirigencia política argentina-, demostrando que esos sentimientos
respondían en realidad a dogmas nacionalistas fuertemente arraigados en la cultura
política argentina (73). A su vez, para los militares norteamericanos, sus colegas
argentinos eran una fuente de incertidumbre, y era conveniente avanzar despacio en la
normalización de las relaciones a fin de no irritar a un aliado clave, el Reino Unido,
que percibía cualquier paso del gobierno argentino con natural desconfianza.
El primer paso en dirección a dicha normalización fue adoptado por la
Casa Blanca. En diciembre de 1983, poco antes de la toma de mando de Alfonsín, el
gobierno de Reagan anunció que levantaría el embargo que pesaba sobre la asistencia
militar a la Argentina desde la enmienda Humphrey-Kennedy de 1977. La medida comenzaría a
regir a partir del momento en que Alfonsín asumiera la presidencia. El hecho provocó una
gran repercusión en Gran Bretaña, siendo objeto de comentario en los más importantes
diarios británicos entre los días 10 y 12 de diciembre de 1984 (74). Mark Falcoff
señala la existencia de divergencias del lado norteamericano respecto del momento más
conveniente para levantar el embargo: así, a pesar de las presiones por parte de la
embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para adoptar la medida antes de la
asunción del poder por parte de Alfonsín, el Departamento de Estado y la Casa Blanca
impusieron su criterio, inclinado a postergar la decisión hasta después de la
toma de posesión del candidato radical (75). De acuerdo con Russell, la decisión
constituyó un gesto conciliador o de buena voluntad de la Casa Blanca hacia el nuevo
gobierno democrático (76). A su vez, Riordan Roett señala que muchos sectores en Buenos
Aires no percibieron el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos como una
medida conciliatoria. Desde una lectura paranoicamente nacionalista y antiimperialista,
estos sectores -que desconfiaban del "giro democrático" de una administración
que hasta la crisis de Malvinas no había dudado en respaldar las autocracias militares-
interpretaron que, dado que el levantamiento del embargo de armas fue adoptado por la
administración Reagan sin que Alfonsín lo solicitara, en realidad este gesto constituía
un indicio de que la Casa Blanca todavía prefería a los grupos autoritarios antes que al
nuevo gobierno democrático (77).
De todos modos, cabe señalar que el levantamiento del embargo de armas
no se concretó en forma amplia hasta el siguiente gobierno de Carlos Menem. La oposición
británica a que el gobierno norteamericano permitiera el reequipamiento del Ejército
argentino sin que el gobierno argentino hubiera declarado el cese de hostilidades en el
conflicto de las Malvinas, y la falta de una buena relación entre las autoridades
militares de la Argentina y Estados Unidos fueron factores decisivos que evitaron que la
medida se implementara.
Durante 1984 tuvo lugar una serie de contactos entre militares
argentinos y norteamericanos, a iniciativa del Pentágono, que, si bien no excedieron el
nivel protocolar, procuraron mejorar el clima bilateral. Así, en abril una delegación
del Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos, encabezada por el teniente coronel Jack
Jacobs, e integrada por profesores civiles y militares y diez alumnos, visitó Buenos
Aires y tomó contacto con organismos militares argentinos (78). En mayo, llegó a
Buenos Aires el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, general
Charles Gabriel, quien se entrevistó con su par argentino, brigadier Teodoro Waldner; con
el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Julio Fernández Torres; y con el ministro de
Defensa, Raúl Borrás (79).
Meses después, se concretó la contrapartida argentina de estas
iniciativas norteamericanas. En octubre de 1984, el general Julio Fernández Torres
visitó Estados Unidos ante una invitación oficial del Estado Mayor Conjunto
norteamericano. Este fue el primer contacto militar de alto rango entre ambos países
durante el período democrático, pero se limitó a un nivel exclusivamente técnico y
profesional (80).
No obstante, estos contactos militares no lograron quebrar la
resistencia de los militares argentinos a participar del operativo UNITAS. Incluso, en
septiembre de 1984 se produjo un incidente con un grupo de naves de guerra norteamericanas
que participaban de dicho operativo y cuyas tripulaciones intentaron desembarcar en la
ciudad patagónica de Puerto Madryn. Si bien el presidente Alfonsín había autorizado el
desembarco y reabastecimiento de cinco naves estadounidenses, un grupo de ciudadanos
hostilizó las embarcaciones e impidió su amarre y reabastecimiento en el puerto. Durante
estos actos, el grupo hizo referencia al "alineamiento" norteamericano junto a
Gran Bretaña durante la guerra de 1982 (81).
También los miembros del Concejo Deliberante de dicha ciudad y de la
Legislatura de Chubut manifestaron su desacuerdo con la decisión oficial, introduciendo
sendos proyectos de condena a la presencia de las naves. Finalmente, en el ámbito de la
Capital Federal, la posición del gobierno radical tuvo una importante repercusión en el
Congreso. Así, en las sesiones correspondientes a los días 12 y 13 de septiembre en la
Cámara Baja, el diputado oficialista Federico Storani y sus colegas de la oposición
justicialista -Adam Pedrini, Miguel Unamuno, Luis Casale y Néstor Perl- e intransigente
-Miguel Monserrat y Marcelo Arabolaza- elevaron una serie de pedidos de informes al
Ejecutivo respecto de las razones que lo motivaron a autorizar el desembarco de las naves
de guerra norteamericanas en Puerto Madryn. Por su parte, los diputados peronistas Casale
y Onofre Briz de Sánchez elevaron sendos proyectos de declaración respecto de esta
cuestión, que se solidarizaban con el repudio de la opinión pública de Puerto Madryn
por la presencia de dichas naves de guerra y criticaban que el Ejecutivo hubiera decidido
concederles permiso para reabastecerse (82). A su vez, los senadores justicialistas
Olijuela del Valle Rivas y Ramón A. Araujo presentaron el 19 del mismo mes un proyecto de
declaración, expresando "su más enérgico repudio" por la presencia de la
"flota imperialista yanqui" en aguas territoriales argentinas como "acto
lesivo para la soberanía y el honor de la República", y su homenaje "al
valeroso pueblo de Puerto Madryn" por la "dignísima" actitud de enfrentar
la "innoble" presencia de las unidades de guerra norteamericanas (83). Una
semana después, los mencionados senadores presentaron un proyecto de pedido de informes
al Ejecutivo respecto de la presencia de un oficial de la Armada de los Estados Unidos en
la Base Naval Almirante Zar, en Trelew. Demostrando el profundo sello que había dejado la
guerra de Malvinas y la posición norteamericana en dicho conflicto, los senadores Araujo
y Rivas señalaban que la presencia de dicho oficial no se justificaba pues representaba
"a un país aliado del enemigo (84)".
Como ocurriera el año anterior, en 1985 se mantuvo la negativa de los
militares argentinos a participar del operativo UNITAS. En mayo, el general Burt Moon, del
Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, de visita por la Argentina, se quejó del
"distanciamiento" entre las fuerzas militares de ambos países, situación de la
cual responsabilizó a los argentinos. Por cierto, esta actitud se manifestó no sólo en
la negativa a participar del UNITAS, sino también en el cese del intercambio de misiones
militares a través de la Escuela Interamericana de Defensa, y en la renuencia de los
militares argentinos a estrechar contactos con los agregados militares norteamericanos que
visitaban la Argentina con el objetivo de reanudar los vínculos bilaterales. Por cierto,
los contactos que se dieron durante esta etapa del gobierno de Alfonsín -tales como la
visita del subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Néstor Sánchez, en marzo de 1985,
o la del mencionado general Moon en mayo del mismo año- jamás excedieron el nivel
protocolar (85).
En octubre de 1985, durante su visita a la Argentina, el jefe del
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general John Galvin, se reunió con
los jefes de las tres armas y señaló que el retorno de la Argentina al UNITAS sería
"un buen vehículo para el intercambio profesional". Consciente de la
susceptibilidad militar argentina ante un operativo que era percibido como una
subordinación a los dictados de la estrategia militar norteamericana sin contrapartida
material o profesional convincente, Galvin aclaró que por el momento no existía
"ningún plan para realizar un ejercicio conjunto" y que el objetivo de su
visita era mejorar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de los dos países. No
obstante, el oficial militar norteamericano dejó abierta la posibilidad de realizar
"un intercambio pequeño de oficiales, mediante cualquier vehículo, sea una visita o
un pequeño ejercicio militar (86)".
A pesar de la intensificación de los contactos entre autoridades
militares y civiles de ambos países, esto no redundó en una modificación de la
posición argentina en relación con el operativo UNITAS. Así, en mayo de 1986, el
gobierno argentino informó a Washington que tampoco ese año la Armada argentina
participaría en el UNITAS, pero que algunas naves aprovecharían la presencia en el
Atlántico Sur de unidades de otras fuerzas navales del continente para realizar tareas de
entrenamiento, tales como trabajos de aprovisionamiento y comunicaciones en alta mar (87).
En abril de 1988 el almirante Frank B. Kelso, jefe de la sede de la
flota atlántica norteamericana en Norfolk, viajó a la Argentina para invitar
oficialmente a los marinos argentinos a reintegrarse a las maniobras navales conjuntas
UNITAS (88). Al mes siguiente, el titular de la Armada argentina, almirante Ramón Arosa,
se dirigió a Estados Unidos para participar de la Reunión de jefes de Estado Mayor del
continente y mantener conversaciones con el almirante Kelso y diplomáticos
norteamericanos de alto nivel (89). Estos contactos tuvieron su primer resultado el 16 de
octubre de 1988, cuando un escueto comunicado dado a conocer por el Ministerio de Defensa
argentino señaló que
La presencia de buques de la Marina de los Estados Unidos coincidentemente con la realización de actividades de unidades de la Armada argentina será aprovechada para realizar ejercitación conjunta entre el 17 y el 22 del corriente.
Estos ejercicios conjuntos fueron los primeros que se realizaron desde
la suspensión del Operativo Unitas en 1982 (90).
Por otro lado, se registraron una serie de conversaciones entre
militares y funcionarios de Defensa de ambos países para tratar la cuestión del
levantamiento del embargo de armas. Dicho embargo no pesaba tanto sobre la Armada y la
Fuerza Aérea -que satisfacían sus demandas de modernización de armamento en el mercado
europeo-, como sobre el Ejército, el arma más dependiente de la oferta norteamericana.
En diciembre de 1985, el ministro de Defensa argentino, José Horacio Jaunarena, viajó a
Estados Unidos invitado por su colega norteamericano, William Taft. Jaunarena mantuvo
entrevistas con los máximos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado,
así como con miembros de los comités de las Fuerzas Armadas. En estos contactos, cuyo
objetivo prioritario fue destrabar los mecanismos de asistencia militar norteamericana
desactivados desde la guerra de Malvinas -incluso a cambio de "señales
amistosas" hacia Gran Bretaña- el funcionario argentino trató la reforma militar y
del sistema de defensa puestas en marcha por el gobierno de Alfonsín (91).
En octubre de 1987, Jaunarena viajó nuevamente a Washington para
sondear la posibilidad de que Estados Unidos otorgara un préstamo "blando" de
entre 5 y 10 años para el reequipamiento militar argentino, con el doble objetivo de
aliviar el presupuesto nacional y privar a los militares de una fuente de descontento
hacia el gobierno constitucional -por cierto, la crisis de Semana Santa había tenido
lugar en abril de ese año-. Si bien los funcionarios con los que dialogó Jaunarena
escucharon con interés la propuesta, el secretario de Defensa norteamericano, Caspar
Weinberger, planteó algunos reparos a la misma, señalando que el recuerdo de la guerra
de Malvinas estaba muy fresco, y, por esta razón, una eventual asistencia militar y
financiera de Estados Unidos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas iba
a despertar protestas en las autoridades de Londres (92).
Por cierto, la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas fue un
tema conflitivo en la agenda entre Buenos Aires y Washington, debido a la intención de la
Casa Blanca de adoptar una política de equilibrio o de mediación entre las partes en
conflicto. Respecto de la Argentina, las autoridades norteamericanas no podían adoptar
ninguna decisión a nivel diplomático-estratégico que resintiera las relaciones con
Londres, el principal aliado de Washington en el marco de la OTAN. Pero, dado el
particular peso que en la política interna argentina tenía la cuestión de las islas
Malvinas, la administración Reagan intentó algunos gestos de mediación entre ambas
partes, tendientes a limar asperezas entre Buenos Aires y Londres sin afectar los
intereses vitales del Reino Unido.
Así, cuando el gobierno de Gran Bretaña decidió el establecimiento
de una zona de exclusión pesquera alrededor de las islas Malvinas, el 29 de octubre de
1986 (93), a los pocos días el diario británico The Times informaba que Alfonsín
buscaría el apoyo de Estados Unidos respecto del asunto, señalando que lo haría durante
una reunión con Reagan en la Casa Blanca, ocasión que aprovecharía para pedirle una
declaración pública de apoyo a la Argentina en su disputa con Gran Bretaña sobre los
derechos pesqueros en las islas Malvinas. Pero, según fuentes oficiales británicas, el
gobierno norteamericano estaría decidido a no ofender a ninguno de los dos países, y a
mantenerse fuera de la disputa dentro de lo posible. En forma privada, decía el diario,
la administración de Reagan habría confiado que se encontraba molesta con el hecho de
que la acción británica había forzado a Estados Unidos hacia una difícil situación
diplomática. El artículo señalaba que los diplomáticos argentinos mostraban su
complacencia ante el progresivo alejamiento de Estados Unidos de su fuerte apoyo inicial a
Gran Bretaña luego de la invasión argentina a las Malvinas en 1982. La política
estadounidense de neutralidad, continuaba diciendo la nota, "es generalmente
interpretada en Latinoamérica como un acercamiento hacia la posición argentina, y como
un intento de restablecer su reputación dentro del hemisferio sur (94)".
Asimismo, el gobierno norteamericano se encontró en una posición
sumamente incómoda a principios de 1988, cuando Gran Bretaña anunció los operativos
militares "Fire Focus" en el Atlántico Sur, los cuales fueron calificados por
la diplomacia argentina como un gesto de provocación por parte de Londres. Como era
lógico de prever, la Casa Blanca optó por recurrir al bajo perfil propio de un país que
se autodefinía como "amigo" del Reino Unido y de la Argentina al mismo tiempo.
Así, el embajador norteamericano Gildred señaló su sorpresa ante la decisión
británica de efectuar maniobras militares en el Atlántico Sur, admitiendo que "no
podemos tomar una postura" por ser la Argentina y Gran Bretaña "dos países
amigos de Estados Unidos", y concluyendo con el deseo de que "nuestros amigos
ingleses y argentinos encuentren cuanto antes la manera de resolver este problema que no
ayuda a nadie (95)". Poco después en su visita a Buenos Aires en el mes de abril, el
representante norteamericano ante la ONU, Vernon Walters, defendió la posición adoptada
por su gobierno ante los operativos británicos "Fire Focus", señalando que,
gracias a la gestión mediadora de las autoridades de Washington, dichos operativos fueron
"de menor importancia y empleando menos efectivos de lo que originalmente se había
planeado (96)".
Tras la segunda revuelta "carapintada" en Monte Caseros en
enero de 1988, el temor norteamericano a la pérdida de la estabilidad democrática
argentina motivó una reactivación de los contactos a nivel de Fuerzas Armadas y
funcionarios de Defensa de ambos países tendientes a lograr el reequipamiento militar
argentino. Por cierto, tanto en Washington como en Buenos Aires existía cierto grado de
conciencia respecto de que la permanencia del embargo de las ventas de armamento a la
Argentina era un elemento irritativo en las filas del Ejército argentino y potencialmente
desestabilizador en las ya de por sí conflictivas relaciones entre el último y el
gobierno (97). Guiado por este razonamiento, el jefe del Ejército, general Caridi, viajó
a Estados Unidos a mediados de abril, y encontró buen eco en los jefes militares
norteamericanos, de quienes destacó "la buena predisposición" para apoyar el
sistema defensivo del Ejército argentino (98).
Mientras Caridi intentaba obtener de las autoridades norteamericanas la
concesión de un crédito para la compra de repuestos como un primer paso hacia el
levantamiento del embargo, una importante delegación de funcionarios norteamericanos
arribaba a Buenos Aires el 18 de abril de 1988. La misma estaba compuesta por el
secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams; el subsecretario
de Defensa, Robert Pastorino; y el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU,
Vernon Walters, a los que se sumó días más tarde el jefe de la flota estadounidense del
Atlántico, Frank B. Kelso. Los funcionarios norteamericanos demostraron el interés de su
gobierno en examinar con autoridades de Defensa y militares argentinos las políticas
regionales adoptadas por Estados Unidos en el hemisferio Sur -con especial énfasis en la
cuestión del narcotráfico (99)-.
Pastorino acordó de palabra con el ministro de Defensa argentino
Jaunarena la concesión del crédito tan ansiado por los oficiales del Ejército local,
pero condicionó este paso a una decisión difícil de adoptar para el gobierno de
Alfonsín: la de declarar el cese de hostilidades con Gran Bretaña por la cuestión
Malvinas. En la misma línea argumental que Pastorino, el secretario de Estado adjunto
Abrams sugirió a las autoridades argentinas que, de adoptarse el cese de hostilidades,
Washington podría presionar a Londres para que levantara la zona de exclusión en torno
al archipiélago de Malvinas. Aunque Washington no incluyó en este acuerdo de palabra la
venta de armas ofensivas a los militares argentinos para no irritar la sensibilidad de las
autoridades británicas, sí se acordó la venta de repuestos y la eventual compra de los
aviones argentinos Pampa (100). Pocos días después, a principios
de mayo de 1988, llegaba a la Argentina el subsecretario de Seguridad, Edward Derwinski,
para continuar las conversaciones con el ministro Jaunarena (101).
A su vez, el representante de Estados Unidos ante la ONU Walters
sondeó el eventual apoyo de la Argentina y de otros países de la región a alguna
fórmula de intervención que permitiera desalojar al general Manuel Noriega del poder en
Panamá, debido a sus peligrosas conexiones con Cuba, Colombia y el narcotráfico. Walters
señaló que le "gustaría ver a los países del Grupo de los Ocho emplear su
influencia" para lograr una solución a la crisis panameña. En la reunión que
Walters y otros funcionarios norteamericanos mantuvieron con Alfonsín, quedó claro que
la delegación norteamericana deseaba que el presidente argentino liderara una suerte de
"cártel" de países latinoamericanos cuyo objetivo sería negociar la salida de
Noriega del poder. Pero la posición del mandatario argentino -de respaldar pero no
liderar una salida negociada- no respondió exactamente a las expectativas
norteamericanas. Si bien en su fuero interno Alfonsín estaba bastante cerca de la
posición planteada por Walters, optó por el bajo perfil. Como señala Morales Solá, la
moderada posición del gobierno radical se debió a dos factores esenciales: primero, que
existían países de la región claramente no intervencionistas -como el caso de México-
y otros que respaldaban al régimen de Noriega -como los de Cuba y Nicaragua-; y segundo,
que un acercamiento a la posición norteamericana le hubiera costado al gobierno de
Alfonsín el repudio de una oposición altamente "sensible" a cuestiones que
violaban el sagrado principio de no intervención -caso del peronismo y de la izquierda-,
y quizás también el oprobio de algunos sectores del oficialismo que comulgaban con el
credo nacionalista y antiimperialista de las mencionadas fuerzas de oposición (102).
Por otra parte, el gobierno norteamericano, además de demostrar sus
recelos respecto de la continuación de proyectos potencialmente peligrosos como el
Cóndor II, se mostró preocupado por la existencia de operaciones de venta de armamento
argentino a regiones conflictivas del planeta. Así, a mediados de junio de 1988 el
subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, Richard Salomon, realizó un
viaje a la Argentina, para informar al gobierno argentino sobre los resultados de la
cumbre entre Reagan y Gorbachov celebrada en Moscú. Salomon manifestó personalmente al
presidente Alfonsín la preocupación de su gobierno por la "corriente de armas que
sigue llegando al conflicto Irán-Irak", en alusión a supuestos envíos argentinos a
Teherán (103).
Tras los viajes del general Caridi a Estados Unidos y del subsecretario
de Defensa norteamericano Pastorino a la Argentina, un nuevo capítulo de los contactos en
procura del reequipamiento militar argentino -el cuarto durante 1988- tuvo lugar entre
fines de septiembre y principios de octubre, cuando el ministro de Defensa Jaunarena
realizó otra visita a Estados Unidos (104). A su vez, el 23 de octubre, tuvo lugar el
quinto contacto bilateral cuando llegó a Buenos Aires el jefe del Comando Sur del
Ejército de Estados Unidos, general Fred F. Woerner, quien se entrevistó con el ministro
de Defensa Jaunarena, y con los jefes del Estado Mayor del Ejército, general Caridi; de la
Armada, almirante Ramón Arosa; y de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Crespo. En dicha
ocasión, se trató el tema del reequipamiento militar y de la cooperación entre los
ejércitos de ambos países (105).
Un sexto capítulo de esta historia de contactos tuvo lugar tras el
nuevo levantamiento militar de diciembre en Villa Martelli, factor que motivó el envío
de una carta del secretario de Defensa norteamericano, Frank Carlucci, a su colega
argentino Jaunarena, en la que explicitaba que
los EE.UU han comprendido que la Argentina necesita FF.AA fuertes, pero respetuosas de la Constitución. Por eso envían un mensaje antigolpista y aprueban los pedidos de repuestos para facilitar la recomposición armada (106).
El capítulo final de estos contactos tuvo lugar el 21 de febrero de
1989, cuando el titular del Ejército argentino, general Francisco Gassino -reemplazante
de Caridi tras la crisis de Villa Martelli-, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos,
general Woerner, firmaron en Buenos Aires un préstamo norteamericano para la compra de
repuestos para vehículos blindados y helicópteros por valor de más de 13 millones de
dólares (107).
Otro tema conflictivo en la agenda con el gobierno de Estados Unidos
durante la gestión de Alfonsín fue la posición ante la cuestión de los derechos
humanos en Cuba. En marzo de 1987, la delegación argentina en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra votó en contra de un proyecto de resolución norteamericano
que procuraba investigar la situación de los derechos humanos en Cuba, condenando, al
mismo tiempo, las violaciones del régimen de Castro a esos derechos como si la
investigación se hubiera realizado. En vez de respaldar la moción norteamericana, la
diplomacia argentina apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar
ninguna decisión de fondo en el asunto. La propuesta india se impuso por 19 votos
–incluidos los de Argentina, Colombia, México Perú y Venezuela- contra 18 -entre
los cuales figuraron los de Estados Unidos y Costa Rica- y 6 abstenciones -entre éstas la
de Brasil (108).
Por cierto, la decisión argentina causó en Estados Unidos efectos que
aún en la actualidad son objeto de debate entre los académicos. Según Carlos Escudé,
no cabe ninguna duda acerca del impacto negativo de la posición adoptada por la
diplomacia radical (109). Por cierto, los diarios locales han citado numerosas expresiones
de disgusto de diversos funcionarios norteamericanos que parecen confirmar este argumento.
Así, el embajador norteamericano en la Argentina, Theodore Gildred, sostuvo que el voto
argentino en Ginebra que ayudó a bloquear la investigación de los derechos humanos en
Cuba "nos dolió (110)". Por su parte, el secretario de Estado adjunto para
Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, advirtió que la negativa de la Argentina,
Colombia, Perú, Venezuela y México a seguir a Estados Unidos en la condena a la
situación de los derechos humanos en Cuba "no podrá dejar de tener efectos en las
relaciones bilaterales (111)". Finalmente, un tercer testimonio del disgusto
norteamericano provino de una figura íntimamente asociada al primer tramo de la
adminstración Reagan, la ex embajadora norteamericana en la ONU Jeanne Kirkpatrick, quien
denunció que Fidel Castro "telefoneó personalmente a los dirigentes de Colombia,
Venezuela y la Argentina" para que votaran en contra de la moción norteamericana
presentada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que condenaba a Cuba (112).
A su vez, Russell sostiene que, si bien el secretario de Estado adjunto
Abrams comunicó al embajador argentino en Washington el "enfado" de la Casa
Blanca por el voto de la Argentina, los negociadores de la deuda informaron a Alfonsín
que el efecto de dicho voto había sido "imperceptible" en la relación con los
bancos acreedores. De modo coincidente con los últimos, el subsecretario para Asuntos
Latinoamericanos, Robert Gelbard, subrayó al embajador argentino en Washington -al igual
que al resto de los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos-, que era
un "idiota" quien sostuviera que las relaciones bilaterales pudieron haberse
deteriorado después del voto argentino en Ginebra. Para no dejar ninguna clase de dudas,
el funcionario norteamericano destacó, como prueba del excelente nivel alcanzado por las
relaciones bilaterales, el apoyo de Washington al gobierno de Alfonsín durante los
sucesos de Semana Santa (113).
La situación de confrontación volvió a repetirse en ocasión de la
nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar en Ginebra, en
marzo de 1988. Otra vez, la diplomacia argentina se vio sometida a la presión, por un
lado de los norteamericanos -a través del subsecretario Gelbard, y de Armando Valladares,
jefe de la delegación norteamericana en Ginebra-, y por otro de los cubanos -por medio de
las gestiones del canciller Isidoro Malmierca (114)-. Incluso en un determinado momento
-dado el papel protagónico ejercido en ese entonces por la Casa Blanca tanto en las
delicadas gestiones del equipo económico con los organismos internacionales de crédito
como en las conversaciones informales con Londres por Malvinas- los medios de prensa
argentinos especularon que la diplomacia radical iba a modificar la posición sostenida en
1987 y apoyaría la moción norteamericana, si ésta no condenaba a priori al
régimen castrista. Según esta interpretación, la modificación de la posición
argentina sería un gesto de reciprocidad por el eventual apoyo de Washington a las
gestiones argentinas en favor de una solución pacífica en la disputa de soberanía por
las islas Malvinas (115)-.
No obstante, el gobierno argentino adoptó en Ginebra una posición
contraria al proyecto norteamericano. Si bien éste procuró captar la adhesión
latinoamericana a través de un tono menos agresivo hacia Cuba que el de 1987 (116),
nuevamente la posición argentina se basó en la idea de que la moción norteamericana
condenaba al régimen cubano sin una investigación previa (117). El 10 de marzo de 1988,
la Comisión de Derechos Humanos aprobó un proyecto presentado por Argentina, Colombia,
México y Perú, que aceptaba la invitación efectuada por Cuba para que el presidente y
cinco miembros de la Comisión visitaran la isla y elevaran un informe sobre la situación
de los derechos humanos (118).
El disgusto norteamericano por la votación argentina se hizo oír a
través de las críticas que efectuó públicamente al gobierno radical el representante
de Estados Unidos ante la Comisión, el poeta cubano nacionalizado norteamericano, Armando
Valladares. Este denunció que
(...) la posición argentina (respecto de los derechos humanos en Cuba) fue destructiva durante todo el tiempo, y nos estuvieron engañando durante tres semanas, haciéndonos creer que iban a apoyar una investigación en Cuba, por eso transformamos nuestra resolución.
Nosotros cumplimos con la Argentina y la Argentina durante todo este tiempo nos estuvo engañando con esa cuestión; las famosas declaraciones de la Cancillería que maneja el canciller Caputo, en cuanto a que no iban a oponerse a una investigación, fueron de consuno para la opinión pública, porque descubrimos que tres semanas atrás ya sabían lo que iban a hacer (...)
(...) todo fue un intento cubano para evadir la acción de las Naciones Unidas, y para esto se contó con el apoyo de la Argentina, Colombia, Perú y México, y es totalmente falso que estos países trataron de canalizar una investigación en Cuba. (...)
La Argentina, Colombia, Perú y México trataron de proteger a Cuba, trataron de salvar a Cuba una vez más, pero se seguirá avanzando en el tema porque el tiro les salió por la culata (119).
Temiendo una repercusión interna desfavorable de las polémicas
declaraciones de Valladares, la Cancillería argentina optó por enviar al embajador
norteamericano Gildred una enérgica nota de protesta el 21 de marzo, calificando de
"absurda y disparatada" la actitud de Valladares y exigiendo
"rectificación" de Washington respecto de los graves cargos señalados por el
diplomático contra las autoridades argentinas. Pocos días después, llegó la respuesta
norteamericana de respaldo a las declaraciones de Valladares, lo que puso en una
situación incómoda a la Cancillería, particularmente en el frente interno (120). Dado
el alboroto en torno de la figura de Valladares y el polémico intercambio de notas entre
Washington y Buenos Aires, en la segunda quincena de mayo de 1988 la Cancillería
argentina decidió, para salir de la primera línea de fuego, no integrar el grupo
especial proyectado por la ONU para observar la situación de los derechos humanos en Cuba
(121).
No obstante todas las cuestiones conflictivas mencionadas, cabe
destacar el respaldo del gobierno norteamericano a la continuidad del gobierno de
Alfonsín. Durante los sucesos de Semana Santa de abril de 1987, la administración Reagan
declaró públicamente su apoyo a la democracia argentina a través de la siguiente
declaración del Departamento de Estado:
Los Estados Unidos han admirado y brindado su apoyo al progreso político y económico logrado por la Argentina desde su retorno a la democracia en 1983 (...) se oponen categóricamente a la posición desafiante adoptada por este pequeño grupo de oficiales militares (...) Nuestro apoyo al gobierno democráticamente elegido en la Argentina es firme e inequívoco (122).
Asimismo, tras el cierre de la crisis militar el 19 de abril, el
gobierno norteamericano renovó sus expresiones de respaldo al gobierno argentino,
felicitándolo por el desenlace del levantamiento. Incluso el propio presidente Reagan
envió una carta a su colega Alfonsín en señal de inequívoco apoyo de Washington a la
continuidad democrática (123).
Este respaldo político de las autoridades de la Casa Blanca fue
renovado durante el transcurso de la sublevación militar de Monte Caseros en enero de
1988, ocasión en la que el gobierno de Estados Unidos reafirmó su "más decidido
respaldo a los esfuerzos de consolidación de la democracia y del respeto a la ley
(124)".
Lo propio ocurrió cuando tuvo lugar la crisis militar de Villa
Martelli en diciembre de 1988, ocasión en que el Departamento de Estado dio a conocer
mediante un comunicado su más firme apoyo al sistema democrático argentino. De igual
manera y para no dejar ninguna duda del respaldo político de Washington a la
administración radical, la vocera del Departamento de Estado, Phyllips Oakley, aclaró
que "al igual que en otras ocasiones, los Estados Unidos apoyan la democracia en la
Argentina como importante para la estabilidad y el bienestar de ese país (y se oponen a)
cualquier intento de revertir el proceso de transición (125)".
Por último, respecto del tema narcotráfico, el gobierno de Alfonsín
adoptó una serie de medidas que evidenciaron la intención oficial de subordinar la
política antinarcóticos argentina a la norteamericana. Así, el gobierno norteamericano
consiguió que Alfonsín accediera a formar una Comisión Nacional Coordinadora para el
Control del Narcotráfico y Abuso de Drogas, un organismo al estilo de la Drug
Enforcement Agency (DEA) norteamericana. Esta Comisión, creada en julio de 1985,
funcionó en un primer momento en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social, y
luego pasó a jurisdicción de la Presidencia (126).
La creciente convergencia en el ámbito de la lucha contra el
narcotráfico se manifestó en la firma, el 15 de septiembre de 1987, de un acuerdo
entre el canciller argentino Dante Caputo y el embajador Theodore Gildred. En esta
Carta-Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y
la Embajada de los Estados Unidos de América, se formalizaba un sistema ya existente de
operaciones encubiertas y de monitoreo para la performance de fuerzas de seguridad
argentinas (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Aduana y Prefectura Naval
argentinas): la parte argentina debía presentar un informe semestral a la Embajada de
Estados Unidos conteniendo las medidas policiales y judiciales adoptadas en casos de
violación a la legislación de estupefacientes, así como las incautaciones y
destrucciones de contrabandos. Por el lado norteamericano, se aportaba un monto de 340.000
dólares durante el año 1987 destinado a mejorar la capacidad general de las fuerzas de
seguridad argentinas en el control de estupefacientes -provisión equipos,
aprovisionamiento y servicios (127)-.
No obstante este acuerdo, existieron divergencias en relación a la
percepción del problema de las drogas, su origen y alcance. Un acabado ejemplo al
respecto fue el choque de posiciones que tuvo lugar durante la Segunda Conferencia de
Jefes de Servicios Nacionales de la Droga para América, organizada por la INTERPOL en
Buenos Aires, a fines de junio de 1988. Así, mientras el representante de la Oficina
Internacional de la Policía Criminal (OIPC), el norteamericano Raimond Kendal, no dudó
en responsabilizar del problema a los productores latinoamericanos al afirmar que
"Sudamérica y drogas ilícitas se han vuelto sinónimos", el propio presidente
argentino Raúl Alfonsín criticó el enfoque "ofertista" del representante
estadounidense, al sentenciar que "no se puede ser duro en una parte y permisivo en
otra", ya que "al mismo tiempo que se ataca la producción hay que ver de qué
manera se ataca el consumo (128)".
Durante el último tramo, la administración de Alfonsín mantuvo una
política antidroga totalmente identificada con los objetivos de la Casa Blanca en la
materia. Así, la carta-convenio sobre cooperación bilateral en la lucha antinarcóticos
de septiembre de 1987 fue prorrogada por un año más a través de la firma en Buenos
Aires, el 26 de agosto de 1988, de una modificación a la misma por parte del canciller
Caputo y del embajador Gildred. En este nuevo acuerdo, el gobierno de Estados Unidos se
comprometía a enviar 360.000 dólares durante el año 1988, y la Argentina debía
utilizar dichos fondos para la lucha contra el narcotráfico en Salta, Jujuy, Tucumán,
Misiones, Formosa y Corrientes (129).
Por otra parte, en el contexto de la creciente preocupación de
Washington por el "lavado" de dinero en países del Cono Sur, el canciller
Caputo y el embajador Gildred firmaron, el 24 de mayo de 1989, un Acuerdo de Cooperación
entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos para
reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (130). Con un esquema similar a
los anteriormente mencionados, este nuevo acuerdo establecía: a) la cooperación
bilateral mediante la facilitación de equipo, recursos humanos y financieros para
programas concretos anti-droga; b) la prestación de asistencia mutua de carácter
técnico, y c) el intercambio de información.
NOTA
(...) la posición del gobierno de Estados Unidos y la de los bancos privados es que el tema de la deuda debe ser resuelto entre los países deudores y que la deuda es más una cuestión doméstica de manejo financiero sensato que una cuestión política. Además, se sostiene que los gobiernos deben aceptar las responsabilidades heredadas de administraciones anteriores. (...) Existe en Estados Unidos un sentimiento creciente de que el propio Alfonsín no entiende el vínculo existente entre orden económico interno y sobrevivencia de las políticas democráticas en la Argentina. Este es un caso, a mi juicio, en el que mala economía es mala política.
Entrevista a Riordan Roett, director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Johns Hopkins University, Washington D.C., Estados Unidos, por Roberto Russell, en América Latina / Internacional, Vol. 2, número 5, julio-septiembre 1985, p. 105; A. Frohmann, "Democracia, deuda externa y disciplinamiento económico...", op. cit., pp. 75-76; R. Russell, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos...", op. cit., p. 52; y Howard J. Wiarda, "La política interna y exterior de Sudamérica", en G. Pope Atkins, Sudamérica en la década de 1990. El desarrollo de las relaciones internacionales en una nueva era, Buenos Aires, GEL, 1990, pp. 50-51.
arrinconar al Fondo, o sea que se está malvinizando la deuda, y lo que no percibe el gobierno argentino es que esas actitudes no resuelven el problema. Es cierto que los bancos también deben flexibilizar su posición, pero en la medida en que la Argentina no baje la inflación, elimine los subsidios a empresas ineficientes, instaure sistemas impositivos justos y premie la producción en vez de la especulación, no habrá manera de convencer al Fondo o a alguna otra institución crediticia del mundo de que se está realizando un esfuerzo serio de recuperación.
Por su parte, McFadden, de la banca Morgan coincidió con la posición crítica de Fleischmann al señalar que
La Carta de Alfonsín al Fondo y la gestión actual del ministro Grinspun en Nueva York y Washington son más eficientes a nivel político que a nivel económico. Globalmente, le sirven a Argentina más para mostrar ante el mundo la iniciativa de romper un esquema perimido de préstamos internacionales, que para justificar su erróneo esquema económico. El mundo recordará que Argentina dio el primer paso para poner al Fondo frente a una realidad ineludible como es la de movilizar a una economía sólo para pagar intereses, pero Argentina también pasará a la historia por haber fracasado en controlar la inflación subsidiando industrias ineficientes e imprimiendo moneda para financiar la máquina burocrática estatal.
"Nueva York: la óptica de los bancos", Somos, Nº 406, 29 de junio de 1984, p. 57.
(...) los argentinos fueron muy inteligentes. Negociaron muy bien. Hicieron presión en el momento justo y en el lugar exacto: Washington. El problema es que si todo sigue así las deudas se van a terminar negociando en Washington y los banqueros les vamos a decir a la Administración que pongan ellos la plata.
"Anunció el Gobierno un acuerdo con los bancos acreedores", Clarín, 15 de abril de 1987, pp. 2-3, y los artículos de R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina: resultados y perspectivas", op. cit., pp. 129-130; A. Frohmann, "Actores privados y estatales en la relación Argentina-Estados Unidos", op. cit., pp. 37-38; R. Russell y G. Fernández, op.cit., pp. 17-18; R. Bouzas y S. Keifman, "Las negociaciones financieras externas de la Argentina en el período 1982-1987", op. cit., pp. 51-52; Saúl Keifman, "Argentina bajo el Plan Baker", op. cit., pp. 177-178, y F. Corigliano, op. cit., p. 243.
