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Las relaciones con los países asiáticos
En marzo de 1984, llegó a Buenos Aires una delegación de
parlamentarios de Israel con el objetivo de solicitar a la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (CONADEP) informes sobre la situación de casi 400 ciudadanos de
ese país desaparecidos durante el Proceso militar (1).
Cabe destacar también el viaje a Israel emprendido entre fines de
marzo y principios de abril de 1989 por el ministro de Defensa argentino, José Horacio
Jaunarena, con el objetivo de destrabar la venta de aviones norteamericanos Skyhawk, que
venía congelada desde 1982. Pero las gestiones de Jaunarena se toparon con un requisito
planteado por los negociadores israelíes: la venta de aviones estaría condicionada a que
la Argentina rompiera el acuerdo con Egipto para fabricar el misil Cóndor II -que había
sido probado exitosamente en una base de la Fuerza Aérea en la Patagonia el 3 de marzo-,
y negociara la participación de Tel Aviv en el proyecto (2).
Por otra parte, el fin del Proceso militar y la instauración del
gobierno democrático no interrumpieron el negocio de la venta de armas a Irán.
Paradójicamente, esta continuidad se debió a la decisión del presidente Alfonsín de
reducir el presupuesto militar total del 4% del PBI al 2,5%. Esta medida obligó a que el
Ejército argentino, hasta entonces principal adquirente de armas y municiones a la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), interrumpiera sus compras. A su vez,
esta situación movió a que un dirigente radical amigo del ministro de Defensa Raúl
Borrás, el contador Raúl Abel Tomás, secretario de Producción para la Defensa a cargo
de la DGFM, decidiera incrementar las exportaciones de armas como "una forma de
paliar la disminución del mercado interno y de conseguir fondos frescos" para
mantener las fuerzas armadas (3).
El decreto presidencial secreto 1723 del 7 de junio de 1984 -firmado
por el ministro de Defensa Raúl Borrás, el canciller Dante Caputo y el ministro de
Economía Bernardo Grinspun- puso en marcha la primera venta de armas a Irán durante el
gobierno democrático, el "Operativo Ezarim", que consistió en la venta al
contado de 18 cañones CITER de 155 milímetros; 200.000 proyectiles para dichos cañones;
100 equipos electrónicos de vigilancia terrestre y 100 radios mochila (4). Por su parte,
el titular de Defensa desmintió que hubiera efectuado una venta de 100 tanques argentinos
medianos (TAM) y de dos destructores tipo 42 -el Hércules y el Santísima Trinidad-
al mercado iraní (5).
Además del comercio de armas, otro rubro de intercambio relevante con
Irán fueron las exportaciones argentinas de granos. A fines de abril de 1984, la Junta
Nacional de Granos de la Argentina concretó la venta de 60.000 toneladas de arroz a la
República Islámica de Irán (6).
Decididas a no perder el lucrativo negocio que implicaba la existencia
por esos años del conflicto entre Irán e Irak, las autoridades de la DGFM presionaron al
gobierno del presidente Alfonsín para que no interrumpiera el comercio de armas. Así, el
secretario de Producción para la Defensa Tomás logró convencer a Alfonsín de que
aprobara un nuevo decreto presidencial secreto, el 987 del 5 de junio de 1985, que
autorizó la exportación a Irán con fines de demostración los siguientes elementos: un
avión Pucará; dos lanzadores de cohetes para Pucará; 56 cohetes Pampero para Pucará;
cuatro bombas de 250 kilos y proyectiles para Pucará; diez tanques con dotación de
armamentos y munición completa; diez misiles antitanque hiloguiado Mathogo y setenta y
seis misiles aire-superficie Albatros y ocho coheteras para lanzarlos. En esa misma fecha,
Alfonsín autorizó otro decreto secreto, el 988, por el cual el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas de la Argentina (CITEFA)
enviaba a Irán un sistema de comando para misil Mathogo 2000 y otro para misil Mathogo
3000 disparado desde helicóptero (7).
Por cierto, esta medida contrastaba con la aparición, en la sesión
del 19 de junio en la Cámara Alta, de un proyecto de resolución que, en clave
abiertamente pacifista, condenaba el uso de armas químicas en el conflicto entre Irán e
Irak. Dicho proyecto fue firmado por senadores pertenecientes tanto a las filas del
oficialismo -Adolfo Gass, Luis León, Miguel Mathus Escorihuela, Fernando de la Rúa- como
de la oposición -los peronistas Julio A. Amoedo, Luis Salim, Eduardo Menem, Olijuela del
Valle Rivas, Edgardo Murguía, Jorge Castro y el bloquista sanjuanino Carlos Gómez
Centurión (8)-.
El 9 de octubre de 1985, el decreto presidencial secreto 1978 autorizó
la venta a Irán de 1500 cohetes del modelo Cohete Argentino Mediano (CAM), 7 lanzadores
de esos cohetes y 2 sistemas de guiado. Este decreto tiene las firmas de los ministros de
Defensa, Roque Carranza; Relaciones Exteriores, Dante Caputo, y Obras Públicas, Roberto
Tomasini (9).
Más tarde, el 27 de febrero de 1987, Alfonsín firmó el decreto
secreto 307 que autorizó un contrato para vender al gobierno de Irán 18 mil granos
propulsantes para cohetes, por medio de la empresa argentina Proveedores Argentinos de
Equipos Sociedad Anónima (PRADESA) (10). El 3 de junio de 1987, Alfonsín autorizó a
través del decreto secreto 852 un nuevo convenio con Irán para la venta de 600.000 fojas
negras, 1400 toneladas de pólvora para los cañones de 155 milímetros y 100 toneladas de
pólvora CBI (a base de nitroglucosa monobásica). Esta operación había sido impulsada
por el titular de PRADESA, José Mondino, quien de acuerdo con el decreto recibiría 10%
del total del contrato (cuyo monto ascendía a 38.174.000 dólares en condiciones FOB en
el puerto de Buenos Aires). Pero cuando se había cumplido con una parte del decreto, la
Argentina e Irán decidieron de común acuerdo suspender el contrato, lo que desató una
batalla legal de Mondino para cobrar la totalidad de la comisión. El proceso judicial
finalizó con el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 15 de marzo de 1994 en contra
de las exigencias de Mondino, ya que la resolución sostenía que se trataba de una
comisión del 10% que "revestía un carácter de tope máximo y no de suma fija e
irrevisable (11)".
Meses después de concretada la "Operación Ezarim" con
Irán, a principios de 1985, el gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, se reunió con el
presidente Alfonsín en forma reservada. En dicha ocasión, Angeloz pidió al primer
mandatario el permiso para concretar la venta de 20 aviones argentinos Pucará a Irak al
precio de 3.825.000 dólares, es decir, una operación cuyo monto total ascendía a casi
80 millones de dólares. Pero esta demanda iraquí dividió las opiniones de las personas
que tenían poder de decisión al respecto. A favor de la operación estuvieron el
gobernador de Córdoba -quien sostenía que la venta del Pucará, producido en el Area
Material Córdoba de la Fuerza Aérea daría trabajo a cientos de personas en su
provincia- y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Ernesto Crespo. En contra de
la venta de los aviones argentinos estuvieron el ministro de Defensa, Raúl Borrás; el
secretario de Producción para la Defensa a cargo de la DGFM, Raúl Tomás -quien temía
el impacto negativo de esta operación en las ventas de armas a Irán-; el canciller Dante
Caputo -por sus efectos para la imagen externa de la Argentina tanto en Washington como en
el resto de la comunidad internacional-; y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel
-en representación de los intereses de los productores de arroz que exportaban a Irán y
no querían interrumpir sus operaciones comerciales por una venta de Pucará a Irak-.
Así, a pesar de que el 29 de marzo de 1985 se firmó un contrato que contemplaba la venta
de seis Pucará a Irak en seis meses, y el entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea
Iraquí por parte de oficiales argentinos, la compra de estos aviones se frustró porque
el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, negó la prefinanciación necesaria
argumentando que se necesitaban divisas para el inminente lanzamiento del Plan Austral
(12).
Por otra parte, cabe mencionar la visita del presidente de la India,
Zail Singh, a la Argentina, a fines de abril de 1984. Fruto de las conversaciones con su
colega argentino Alfonsín fue la firma de un acuerdo naviero para que las embarcaciones
de ambos países pudieran operar en forma conjunta tanto en puertos argentinos como
indios. Asimismo, ambos presidentes trataron la convocatoria a una reunión extraordinaria
de Países No Alineados (13).
Al año siguiente, en ocasión de la Reunión del Grupo de los Seis
sobre Desarme en enero de 1985 en la capital india, Nueva Delhi, el presidente Raúl
Alfonsín y el primer ministro Rajivh Gandhi firmaron, en un contexto de importantes
convergencias políticas en torno del desarme y de un intercambio comercial cuyo saldo era
notoriamente favorable a la Argentina, tres acuerdos sobre complementación en materia
económica y comercial; científica y tecnológica, y cultural y educativa. Un punto
relevante de estos acuerdos fue la decisión de crear empresas comunes para la
fabricación y exportación a terceros países de manufacturas de cuero, productos
farmacéuticos, petroquímica y máquinas herramientas de alta tecnología (14).
En el caso de China, cabe destacar que, a fines de agosto de 1984
llegó a la Argentina una delegación de este país encabezada por el viceministro de
Gestiones Económicas Estatales, Lin Zhontag, y compuesta por nueve especialistas en temas
nucleares, con el objeto de establecer vinculaciones económicas en el campo de la
energía nuclear con fines pacíficos -ámbito en el que China tenía falencias dado su
énfasis en el aspecto militar de dicha energía (15)-.
En abril de 1985 el canciller Caputo viajó a China, ocasión en la que
firmó con su colega, Wu Xuequian, un acuerdo para la aplicación de los usos pacíficos
de la energía nuclear. Este convenio preveía el uso pacífico de cualquier material o
equipo transferido; coloca toda transferencia de tecnología nuclear bajo el sistema de
salvaguardias de la OIEA y establece las siguientes áreas de cooperación: a)
investigación, diseño, construcción y operación de centrales nucleares y reactores; b)
exploración, minería y procesamiento de minerales de uranio; c) ingeniería,
fabricación y suministro de elementos combustibles nucleares, incluyendo materiales para
su uso en reactores nucleares; d) gestión de desecho radiactivo; e) producción y
aplicación de radioisótopos; f) protección radiológica y seguridad nuclear, y g)
protección física de materiales nucleares (16).
En el marco de las relaciones con China -en ese momento un importante
socio comercial de la Argentina, y uno de los que sostenían junto con Irán y la URSS el
reducido saldo favorable de la balanza comercial argentina-, se destacó en mayo de 1988
el viaje de Alfonsín a Pekín. En esta ocasión, el primer mandatario argentino estuvo
acompañado de una nutrida comitiva integrada por representantes de grandes empresas
comerciales y de la pequeña y mediana industria. De acuerdo con Russell, el resultado
más importante de esta visita presidencial fue la decisión de los gobiernos argentino y
chino de crear un órgano de consulta permanente de alto nivel, con el objetivo de
intercambiar ideas sobre la evolución de la situación política internacional. Este
acuerdo político se vio en gran medida facilitado por las coincidencias existentes en los
dos países en el seno de Naciones Unidas, donde China respaldó más del 80% de las
posiciones sustentadas por la diplomacia argentina (entre ellas los reclamos de soberanía
argentinos sobre las islas Malvinas); y por el diagnóstico coincidente respecto del rol
moderador y crecientemente activo que deberían jugar tanto Buenos Aires como Pekín en un
contexto global más complejo e interdependiente que el de los años de la pax
americana (17).
Por cierto, los temas más conflictivos de la agenda política fueron
intencionalmente dejados de lado para no perturbar el alto nivel de convergencias
políticas. Entre aquéllos figuraban la indefinición de la Cancillería argentina
respecto de la situación de las islas Spratly -disputadas entre China y Vietnam desde
1979-; el acuerdo firmado en 1985 por el canciller Caputo -que despertó la preocupación
norteamericana ya que ninguno de los dos países había firmado el Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNP)-, y el frustrado ofrecimiento chino de armamentos a la Fuerza
Aérea argentina -en particular aviones F7, que no cubrían los requerimientos argentinos
porque no tenían suficiente autonomía de vuelo como para alcanzar las islas Malvinas
(18)-.
No obstante la existencia de estos acuerdos políticos de mediano y
largo plazo, la visita de Alfonsín evidenció también la persistencia de obstáculos
económicos: la naturaleza de las importaciones argentinas, centradas en equipos y
materias primas, rubros donde China no ha sido competitiva; el excesivo peso de los
productos primarios en las exportaciones argentinas (principalmente lanas, cereales,
productos oleaginosos y cueros); la limitada capacidad de compra del mercado chino en este
rubro de las exportaciones argentinas; y las rígidas políticas cambiarias adoptadas por
ambos países, que han impedido la diversificación del intercambio comercial bilateral
(19).
De todas maneras, la visita presidencial dejó como saldo la firma de
seis acuerdos bilaterales entre Alfonsín y su colega chino Yang Sankjun, sobre temas tan
diversos como la cooperación aeroespacial, el intercambio tecnológico-agropecuario, la
sanidad animal, las compras de carbón mineralizado para SOMISA y térmico para Agua y
Energía y SEGBA, y la puesta en marcha de una granja experimental modelo, en la que China
cedía unas 2000 hectáreas y la Argentina proveía la tecnología (20).
Por último, respecto del Japón, debe mencionarse, en julio de 1986 el
viaje del presidente Alfonsín a dicho país, en el contexto de una nueva política que
buscaba formas de asociación con potencias económicas que, en palabras del canciller
Caputo no intentaban "ninguna forma de hegemonía política", y que por esta
razón no ofrecían "riesgos de generar ninguna posibilidad de dependencia económica
(21)".
Como resultados concretos de la visita presidencial a Japón, se
destacaron: la constitución de un grupo bilateral de seguimiento -integrado por
representantes de entes oficiales y privados de ambos países-; el crédito de 100
millones de dólares otorgado por el Eximbank a la Argentina -relevante porque, a
diferencia del resto de los créditos, era de libre disponibilidad, aunque debía
utilizarse para la compra de productos de origen japonés-; la firma de dos convenios de
pesca -uno para el financiamiento de investigaciones de pesca de fondo en la zona
económica exclusiva de la Argentina, y otro que consistía en un acuerdo marco para la
cooperación bilateral en la explotación de la misma área; y el compromiso de Japón de
comprar a la Argentina alrededor de 3 millones de granos -paso importante dado que durante
1986 la URSS no había cumplido plenamente el convenio de granos firmado con la Argentina
(22).
En octubre de 1987 Japón otorgó otro respaldo financiero importante a
la economía argentina, cuando el Eximbank de Japón, aprobó, conjuntamente con el Banco
Mundial, la concesión de un crédito por 737 millones de dólares a bajo interés y
amortización prolongada para proyectos petroquímicos y de gas natural. Lo importante de
este nuevo crédito radicó en que, a diferencia del otorgado en 1986, la Argentina no
estaba obligada a adquirir productos de fabricación japonesa (23).
NOTAS
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