Las relaciones con España
En el caso de las relaciones con España, tanto el viaje del canciller
Caputo a Madrid en mayo de 1984, como el realizado por el presidente Alfonsín un mes más
tarde, evidenciaron claramente las posibilidades y las limitaciones de la cooperación
bilateral entre dos regímenes que tenían fuertes coincidencias ideológicas (1).
Durante la visita de Alfonsín a España, el primer mandatario
argentino y su colega español, Felipe González, firmaron en el Palacio del Pardo una
declaración conjunta, cuyos puntos principales eran: apoyo a los sistemas democráticos
de gobierno; repudio a la violencia, el autoritarismo y la intolerancia; defensa, respeto
y ejercicio efectivo de los derechos humanos; apoyo a las gestiones del Grupo Contadora
para resolver la crisis centroamericana; reconocimiento de la gravedad de la antinomia
Norte-Sur; oposición a la carrera armamentista; apoyo de España a la renegociación
argentina de la deuda externa y a sus reivindicaciones sobre las islas Malvinas; apoyo
argentino al ingreso de España a la Comunidad Europea y a los reclamos a Gran Bretaña
sobre Gibraltar; y cooperación técnica bilateral como instrumento de desarrollo de ambas
naciones (2).
En lo que respecta a los aspectos económicos de la declaración, el
punto más importante del documento era el inciso octavo, en el cual el gobierno español
expresaba su coincidencia con el argentino respecto de la dimensión política del
problema de la deuda externa. Sin embargo, las declaraciones oficiales de las autoridades
españolas no se tradujeron en apoyos económicos concretos. La precaria situación
económica argentina previa a la adopción del Plan Austral llevaba a los bancos
españoles a no querer renegociar la importante deuda pendiente con la Argentina (3). Para
desazón del presidente Alfonsín y de su ministro de Economía Grinspun, la delegación
argentina sólo obtuvo la reactivación de las líneas de crédito acordadas en 1979.
España cooperaría con la Argentina en el marco del "Club de París", pero para
obtener nuevos créditos debía pasar primero por el FMI. Asimismo, el propio presidente
González, al sostener que "la Argentina no necesita abogados", disipó toda
esperanza de la administración radical respecto de un papel mediador del gobierno
español basado en las coincidencias ideológicas entre Alfonsín y González. A partir de
ese momento, el gobierno radical bajó notoriamente sus expectativas respecto de la
posibilidad de que las socialdemocracias europeo-occidentales presionaran a Estados Unidos
y a los organismos internacionales de crédito para que adoptaran, respecto del tema de la
deuda, una actitud tolerante hacia el gobierno argentino (4).
En abril de 1985 los reyes españoles visitaron la Argentina, ocasión
en la que el monarca Juan Carlos I hizo una exaltación de la democracia argentina en su
discurso ante el Congreso. Asimismo, durante la visita real, el secretario de Comercio
español, Luis Velasco Rama, y su par argentino, Ricardo Campero, firmaron un acta de
cooperación con el objetivo de impulsar el intercambio comercial. El acta preveía la
participación española en el proceso de exploración intensiva de nuevas reservas
petrolíferas con el financiamiento de capitales públicos españoles, y el mejoramiento
de la infraestructura del puerto de Quequén (5).
El 5 de octubre de 1985, el presidente Alfonsín recibió de manos de
Felipe de Borbón, el heredero del trono de España, el premio Príncipe de Asturias de la
Cooperación Interamericana. Al día siguiente, el presidente argentino se entrevistó en
Madrid con el presidente del gobierno español González. La conversación se centró
sobre la posibilidad de que España mediara en el conflicto de Malvinas. Alfonsín
solicitó a González que lo ayudara a traer a Gran Bretaña a la mesa de negociaciones
acerca de la disputa sobre las Malvinas. También le habría pedido al líder español que
lo ayudara a promocionar una renegociación de la deuda externa argentina, es decir, que
González fuera el abogado de los intereses argentinos ante la comunidad europea. Por otra
parte, el presidente argentino se entrevistó con el titular del partido Liberal
británico, David Steel. Al final de la reunión, ambos estuvieron de acuerdo en emitir un
comunicado conjunto, señalando su coincidencia respecto de que las negociaciones "en
todos los aspectos del futuro de las islas Malvinas, incluido el de la soberanía"
debían comenzar sin más retraso (6).
Durante la crisis militar de Semana Santa, el presidente del gobierno
español González envió a su colega Alfonsín el 17 de abril de 1987 un comunicado de
adhesión al gobierno argentino, que decía lo siguiente:
El gobierno español expresa su solidaridad con el gobierno legítimo de la Argentina, apoya con absoluta firmeza la legalidad constitucional, y desea vivamente que no se rompa el vínculo que une la Argentina democrática con la comunidad internacional (7).
Pero el respaldo verbal a la continuidad de la democracia argentina no
se limitó al presidente González, como lo demostraron la nota del rey de España Juan
Carlos I, las declaraciones de apoyo provenientes de diversos medios de prensa españoles
(8); y el viaje que efectuara a la Argentina, el 27 de abril, el vicepresidente del
gobierno español, Alfonso Guerrra (9).
Otro tema de la agenda política donde la Argentina obtuvo un respaldo
-aunque limitado- de las autoridades de Madrid fue la cuestión de Malvinas. Por cierto,
el gobierno español, motivado por su propia disputa con Gran Bretaña por la cuestión de
Gibraltar, optó por un respaldo verbal a la posición argentina, pero, de manera
realista, buscó que ese respaldo no dañara sus relaciones con Londres en el doble marco
de la CEE y de la OTAN. Así, cuando el gobierno británico decidió el 29 de octubre de
1986 establecer la zona de exclusión alrededor de las islas Malvinas, uno de los apoyos
europeos que buscó la diplomacia argentina fue precisamente el de España. El presidente
González ofreció su respaldo verbal al declarar que "nosotros defenderemos el
derecho argentino a la recuperación de su integridad territorial, por consiguiente,
defenderemos el derecho de Argentina sobre la totalidad de su territorio". Asimismo,
respecto de la exigencia británica de licencias para pescar en la zona de exclusión
González afirmó "no haremos ningún acto jurídico en las relaciones
internacionales que permita hacer pensar que España está reconociendo una soberanía
distinta que la Argentina (10)".
No obstante este respaldo verbal del presidente González, a mediados
de diciembre de 1986 varias compañías pesqueras españolas -entre ellas, Anamer y
Anayar- solicitaron al Reino Unido permiso para operar en la zona económica exclusiva
(11). Incluso, a principios de febrero de 1987 fue el propio gobierno español quien
condicionó el alcance de su respaldo a la posición argentina al reiterar, por un lado,
su no reconocimiento de la zona económica exclusiva establecida por Londres, y
manifestar, por otro, que no podía impedir que sus barcos pesqueros realizaran tareas en
aquella zona (12).
Durante la visita de Felipe González a la Argentina entre fines de
octubre y comienzos de noviembre de 1987, se volvieron a evidenciar tanto las
posibilidades como las limitaciones de la cooperación española, hasta ese momento
claramente más trascendente en términos políticos que económicos. En aquella
oportunidad, González manifestó al presidente Alfonsín el rechazo del gobierno español
a la idea de condonar la deuda argentina contraída con España e instó a su colega a la
búsqueda de soluciones imaginativas como la conversión de dicha deuda en inversiones que
apoyaran la renovación tecnológica de pequeñas y medianas empresas (13).
Sin embargo, dos factores llevaron al gobierno español a modificar su
bajo perfil en términos de la cooperación económica con la democracia argentina, y
otorgar el que fue, sin lugar a dudas, el más importante instrumento de apoyo económico
concedido por las autoridades de Madrid a las de Buenos Aires: el Tratado de Amistad y
Cooperación, firmado en Madrid en junio de 1988. Este acuerdo-marco incluyó un crédito
español por 1000 millones de dólares, inversiones españolas por otros 1000 millones y,
como tercer componente, inversiones argentinas por igual monto que las españolas. El
principal objetivo del acuerdo era "fomentar el crecimiento industrial armónico
argentino, con la activa participación de los sectores privados de ambos países" y
"establecer asociaciones entre empresas de los dos países signatarios, que
favorezcan la modernización del aparato productivo argentino, con vistas a incrementar su
eficacia, competitividad y capacidad exportadora (14)".
Siguiendo a Russell, varias fueron las razones que explican el
importante paso adoptado por el gobierno de Felipe González. Una de las razones que
motivaron a las autoridades españolas a suscribir un tratado con sus colegas argentinas
fue precisamente la existencia del tratado asociativo entre la Argentina e Italia que,
firmado en diciembre de 1987, ejerció un importante impacto sobre el gobierno, la
opinión pública y los sectores empresariales españoles interesados en invertir en
América Latina y que no deseaban verse desplazados por sus colegas italianos que habían
tomado la iniciativa. El otro factor que indujo a las autoridades españolas a adoptar
este paso fue el estallido de la crisis militar de Monte Caseros en enero de 1988, que
convenció a las autoridades de Madrid respecto de la necesidad de adoptar un gesto de
respaldo a la democracia argentina que excediera el estrecho marco de las declaraciones
políticas. Es por ello que, como en el caso del acuerdo firmado con Italia, el Tratado
con España incluye la "cláusula democrática", es decir, la inmediata
suspensión de los acuerdos ante un golpe de estado en Argentina (15).
No obstante la importancia de este paso, el acuerdo especial con
España sufrió varios obstáculos, entre los que podemos destacar dos. El primero fue la
falta de estabilidad económica argentina, que fue crónica durante la última etapa del
gobierno de Alfonsín, y que atacó a los actores protagónicos de este convenio
preferencial: las pequeñas y medianas empresas locales. El segundo fue la pretensión
española de adjudicaciones directas, factor que desató no solamente una fuerte interna
dentro del propio gobierno radical sino que también contribuyó a agravar las ya
conflictivas relaciones del radicalismo con la oposición, claves en el fracaso del
interés español por adjudicarse la compra de las empresas estatales argentinas ENTEL y
Aerolíneas Argentinas (16).
A fines de noviembre de 1988, el presidente Alfonsín realizó una
visita a Madrid, que reveló las dificultades que, más allá de la buena voluntad de
ambos gobiernos, atravesaba la implementación del tratado asociativo con España,
particularmente vinculadas con la falta de estabilidad económica que castigó el último
tramo de la administración radical (17).
Otro hecho relevante, y también indicativo de las dificultades de la
transición democrática en la Argentina -y de la inquietud que éstas provocaban en las
autoridades y empresarios españoles- fue la repercusión que tanto en Madrid como en
Buenos Aires tuvieron las declaraciones del entonces candidato presidencial por el
justicialismo, Carlos Menem. Para aventar cualquier clase de temores ante sus
interlocutores, Menem prometió respetar los acuerdos con España y -anticipándose
verbalmente a lo que luego fue una de las decisiones más importantes de su gestión-
reveló su interés en negociar con Gran Bretaña, incluso marginando la cuestión de la
soberanía. Las declaraciones de Menem ante los empresarios españoles -"no se puede
ingresar en el Mercado Común Europeo sin ablandar el conflicto con Gran Bretaña"-
tuvieron inmediato impacto en la política interna argentina. Pasaron a ser bocadillo de
la pugna por la sucesión presidencial entre oficialismo y oposición justicialista, al
generar el repudio del candidato presidencial por el radicalismo, Eduardo Angeloz, quien
señaló que "no se pueden iniciar negociaciones con Gran Bretaña renunciando desde
el comienzo al tema de la soberanía en Malvinas". Las palabras de Menem provocaron
asimismo la enfática respuesta de Caputo afirmando que "las islas son
nuestras". Ante la repercusión de sus declaraciones, y a fin de no provocar la
diáspora dentro de las propias filas del justicialismo, Menem optó por desmentir días
después el contenido de sus palabras, señalando que la negociación con Londres que
estaba dispuesto a encarar no excluiría la cuestión de la soberanía (18).
NOTAS
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