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Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Cuba
El 10 de diciembre de 1983, pocas horas después de asumir el gobierno
Raúl Alfonsín, el canciller Dante Caputo tuvo una entrevista reservada con el presidente
de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. El canciller argentino solicitó en dicho encuentro que
el régimen de Fidel Castro dejara de apoyar a la guerrilla sudamericana, especialmente al
Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que era uno de los factores que
justificaban la permanencia de la dictadura chilena del general Augusto Pinochet. Como
Alfonsín -y su canciller Caputo- deseaban que la Argentina se alejara del contexto de la
segunda guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mensaje era que Cuba
no se involucrara con las guerrillas del Cono Sur. A cambio, el gobierno argentino
respetaría el régimen castrista (1).
Mas allá de este mensaje al régimen cubano, los vínculos políticos
entre Buenos Aires y La Habana se destacaron por la existencia de posiciones convergentes,
al menos en el plano del discurso. Así, durante su visita oficial a Panamá en octubre de
1984, el vicepresidente argentino, Víctor Martínez, se entrevistó con el presidente
cubano Carlos Rafael Rodríguez. Ambos coincidieron en la necesidad de lograr la
distensión en el área centroamericana. Martínez elogió la gestión de Contadora y
Rodríguez afirmó que su país veía con agrado la firma del acuerdo de paz entre la
Argentina y Chile (2).
En el ámbito económico de la agenda bilateral, en marzo de 1984 tuvo
lugar la visita a Cuba de una delegación argentina presidida por el secretario de
Comercio Ricardo Campero e integrada por altos funcionarios gubernamentales e integrantes
del empresariado industrial. El resultado más relevante de esta visita fue la firma de un
"Acta de Entendimiento" con el objeto de expandir las ventas argentinas a Cuba
de un monto de 120 a 200 millones de dólares. Por cierto, la firma de esta Acta allanó
el camino para un estrechamiento de los vínculos económicos y comerciales entre ambos
países, como lo evidenciaron las deliberaciones de la Primera Comisión Mixta
Argentino-Cubana en Buenos Aires en agosto, y la inauguración de una exposición
industrial argentina de herramientas, equipos de refrigeración, hotelería, instrumentos
médicos y automotores en La Habana a principios de noviembre (3).
Asimismo, otros pasos significativos en este ámbito de la relación
bilateral fueron la realización del primer vuelo comercial Buenos Aires-La Habana por
parte de la empresa Aerolíneas Argentinas a fines de ese mismo mes de noviembre, y el
restablecimiento del tráfico marítimo regular -interrumpido desde 1979- entre la Empresa
Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) y el gobierno cubano, a partir del 11 de enero de
1985 (4).
El primer encuentro entre los presidentes Alfonsín y Castro tuvo lugar
en la Reunión de los Países No Alineados en Harare, Zimbabwe, en septiembre de 1986. En
esa oportunidad, el presidente argentino planteó a su colega cubano su preocupación por
la acción de algunos sectores de izquierda (en especial el Partido Comunista) en la
Argentina. Castro le respondió con una invitación a La Habana. Este encuentro cumbre en
la capital cubana se concretó al mes siguiente. En el mismo, Alfonsín dejó en claro que
el gobierno argentino propiciaba la integración de Cuba a América Latina, a condición
de que Cuba no transmitiera a la región (y muy especialmente a América Central) sus
problemas bilaterales con Estados Unidos. Por su parte, Castro aseguró a Alfonsín que
Cuba no había contribuido a armar al izquierdista Frente Manuel Rodríguez que planteaba
la lucha armada contra el régimen de Pinochet en Chile (5).
Por otra parte, la cuestión de las violaciones a los derechos humanos
por parte del régimen castrista fue tratada en la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 1987. El gobierno norteamericano presentó un
proyecto de resolución que procuraba la condena directa al régimen de Fidel Castro -como
si la investigación ya se hubiese realizado-. La estrategia de Washington apuntó a
provocar un pronunciamiento multilateral contra el gobierno de Fidel Castro. La ofensiva
norteamericana colocó al gobierno argentino en un dilema. Desde la perspectiva de la
administración radical, votar a favor del proyecto norteamericano equivalía a sumarse
automáticamente a la condena; oponerse al mismo implicaba asumir el incómodo rol de
"abogado defensor" del régimen castrista. Para la Argentina y para muchos
países de la región, que tenían en ese momento la pretensión de mantener una actitud
equidistante y cordial tanto respecto de Washington como de La Habana, ambas posiciones
extremas resultaban poco atractivas. Finalmente, la propuesta norteamericana fue bloqueada
por una moción presentada por la India, que planteó una cuestión de procedimiento. De
acuerdo con la moción india, la eventual condena internacional al gobierno cubano por sus
violaciones a los derechos humanos debía tener lugar luego de una investigación sobre la
verosimilitud de las denuncias a dichas violaciones, nunca sin ella -como lo había
propuesto Estados Unidos-. La moción de la India se impuso ajustadamente por 19 votos
-entre ellos los de Argentina, Colombia, México, Nicaragua, Venezuela y Perú- frente a
18 votos en contra -entre ellos los de Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Alemania,
Austria y Gran Bretaña- y 6 abstenciones -las de Brasil, Bangladesh, Iraq, Pakistán,
Rwanda y Senegal-.
La Cancillería argentina fundamentó su voto a favor de la iniciativa
presentada por la India no sólo en una cuestión de procedimiento, sino también en el
temor de las autoridades del Palacio San Martín a los efectos regionales de la política
norteamericana, que impulsaba el aislamiento del gobierno de Castro. Según las palabras
del canciller Caputo:
Quiero decir que el gobierno argentino se opone a que nuestro país sea incluido en el conflicto este-oeste, que ya vivimos en los años ’70, que fue bastante desgarrador cuando algunos aplicaron las recetas subversivas y otros las recetas represivas. Entonces seamos muy claros sobre este punto: la Argentina ha mantenido y mantendrá una posición coherente en materia de derechos humanos (6).
Por cierto, el respaldo argentino a la moción india tuvo importantes
repercusiones internas. Así, la entonces diputada de la Unión del Centro Democrático
(UCD), María Julia Alsogaray, pidió interpelar a Caputo en la Cámara Baja; y el
desarrollista Rogelio Frigerio se preguntó públicamente si a la Cancillería le
interesaban realmente los derechos humanos, dado que había adoptado una posición frente
a Chile y una opuesta frente a Cuba. Frigerio acusó a Caputo de actuar más en función
de su solidaridad ideológica con la socialdemocracia internacional que en función de la
defensa del interés nacional en las relaciones exteriores de nuestro país. El ministro
de Relaciones Exteriores refutó estas críticas, señalando que "resulta curioso
observar cómo cuando Estados Unidos estornuda, algunos se resfrían (7)".
Las posiciones divergentes de los gobiernos argentino y norteamericano
respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba se repitieron al año siguiente.
El 29 de febrero de 1988, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Vernon Walters,
presentó ante la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de resolución que pedía una
investigación sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Por su parte, la
diplomacia cubana, intuyendo anticipadamente la renovada ofensiva diplomática de
Washington, intentó sondear la posición del gobierno argentino respecto de la cuestión.
Con este fin, el 27 de enero, el canciller cubano Isidoro Malmierca visitó Buenos Aires.
Frente a las presiones diplomáticas provenientes de Washington y La
Habana, la Cancillería argentina optó por repetir la actitud adoptada el año anterior.
Así, y a pesar de que el canciller Caputo destacó que la propuesta norteamericana
versión ’88 era "mejor que la anterior" -en referencia a la presentada en
el ’87 que la Argentina se negó a avalar-, acotó que "aún se le deben hacer
modificaciones (8)".
Finalmente, los representantes de Argentina, Colombia, México y Perú
terminaron elaborando una propuesta alternativa a la norteamericana, consistente en la
invitación a una delegación de la Comisión de Derechos Humanos para que visitara Cuba y
elaborara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla. El gobierno
de Castro respaldó esta iniciativa, que sirvió para frenar por segunda vez un proyecto
de resolución norteamericano. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl
Roa, no dejó de aprovechar la ocasión para expresar "la gratitud del gobierno de
Cuba a los cuatro países latinoamericanos que acogieron la propuesta de mi gobierno para
presentarla como resultado del acuerdo de mi gobierno con esos países (9)".
Tal como ocurriera el año anterior, la posición que la delegación
argentina adoptó en 1988 respecto de la propuesta norteamericana sobre investigación de
la situación de los derechos humanos en Cuba tuvo importantes repercusiones en la
política interna. Así, el 2 de marzo de 1988 se registraron en la Capital Federal sendas
sentadas de la Unión del Centro Democrático (UCD) y del Partido Comunista (PC) frente al
Ministerio de Relaciones Exteriores, en protesta -con argumentos obviamente opuestos- por
la posición adoptada por la Cancillería en Ginebra (10). Frente a estas manifestaciones,
el canciller Caputo criticó días después la posición de la UCD al comentar que
"es curioso que ese partido de centroderecha pida que se inspeccione a Cuba cuando
sugirió una amnistía por la violación a los derechos humanos en la Argentina -durante
el Proceso Militar (11)-". También criticó la posición de la izquierda, al afirmar
que estas agrupaciones "quieren que la situación de los derechos humanos sólo se
investigue en la Argentina y no en otros lugares del mundo (12)".
Ya en la última etapa de la gestión radical, se produjo en enero de
1989 la visita del presidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, quien se entrevistó con
Alfonsín con el objetivo de informarle respecto de las semejanzas y diferencias entre las
políticas exteriores de Cuba y la Unión Soviética. Esta presencia de Rodríguez
obedecía al objetivo del régimen de Castro de evitar que la crisis en los vínculos
entre La Habana y Moscú a partir de la perestroika generara algún impacto
negativo en las relaciones con Buenos Aires, habida cuenta de la simpatía con que el
gobierno de Alfonsín percibía tanto los esfuerzos de cambio introducidos por Mijail
Gorbachov en el ámbito interno, como por el perfil de creciente distensión de la URSS en
el plano internacional (13).
NOTAS
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