Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Brasil
En este ámbito de la agenda de política exterior, se destacó la
existencia de convergencias políticas entre los gobiernos de la Argentina y Brasil en dos
temas prioritarios para la diplomacia radical en su primera etapa de gobierno, como las
cuestiones de Malvinas y de la crisis centroamericana. Con respecto a la primera, cabe
agregar, junto al rol brasileño como representante de los intereses argentinos en Londres
desde el inicio de la guerra de Malvinas, el apoyo de Itamaraty a los reclamos de
soberanía sobre el archipiélago efectuados por las autoridades argentinas; y la
decisión del gobierno brasileño de no autorizar el establecimiento de una escala regular
en su territorio para los aviones británicos que se dirigieran al Atlántico Sur (1).
Respecto de la crisis centroamericana, los gobiernos de ambos países
coincidieron en la defensa del principio de no intervención y el respaldo a la acción
pacificadora del Grupo de Contadora. Esta actitud convergente llevó con el tiempo a la
participación de la Argentina y Brasil en el llamado Grupo de Apoyo a Contadora (2).
No obstante, y tal como ocurriera en el caso de las relaciones con
Chile, las diferencias entre el régimen argentino, de origen democrático y el
brasileño, de origen militar, impidieron en la primera etapa del gobierno radical una
profundización de las relaciones políticas. Sectores políticos y militares del régimen
del vecino país expresaron cierto temor a las posibilidades de que el proceso de
democratización brasileño sufriera un "revanchismo a la argentina (3)".
Asimismo, la visita del presidente brasileño Tancredo Neves a Buenos
Aires a principios de febrero de 1985 frustró las expectativas del gobierno argentino de
concertar con las autoridades brasileñas una posición política común en un tema
prioritario de la agenda de ambos países: el de la deuda externa. Respecto de esta
cuestión, Neves sostuvo enfáticamente que la idea impulsada por la Argentina de formar
un bloque para discutir conjuntamente el problema del endeudamiento "está fuera de
la realidad (4)".
En el ámbito económico bilateral, cabe recordar que desde 1980 la
Argentina mantenía un saldo deficitario con Brasil. No obstante, se adoptaron dos medidas
conducentes a estimular el reducido nivel del intercambio comercial -que no superaba los
900 millones de dólares-. Una fue la reactivación de la Comisión argentino-brasileña
de Coordinación, paralizada desde 1979, debido a los desencuentros en torno a la central
hidroeléctrica de Itaipú. La otra medida consistió en la creación de un grupo de
trabajo informal para la negociación de un nuevo acuerdo bilateral de concesiones
tarifarias en el ámbito de la ALADI. Pero estos avances embrionarios se vieron afectados
a principios de 1985 por la enfermedad y muerte de Tancredo Neves, factor que indujo a la
política interna y exterior de Brasil a ingresar en un panorama de indefinición (5).
A este período de indefiniciones, que abarcó también el primer tramo
de la gestión del sucesor de Neves, José Sarney, se sumó otro obstáculo para la
profundización de los vínculos comerciales bilaterales: la presencia de barreras
arancelarias. Así, en febrero de 1985 el Ministerio de Hacienda del Brasil procedió a
fijar salvaguardias para la importación de manzanas, ajos frescos y pescados desde la
Argentina. Esta medida impuso cuotas de 280.000 cajas de manzanas mensuales no
acumulativas con tarifa cero, contrariando las expectativas del gobierno y los empresarios
argentinos de exportar 500.000 cajones mensuales (6).
A fines de abril de 1985 el gobierno argentino decidió suspender la
importación de bananas y café brasileños. Las autoridades de Brasilia interpretaron
esta medida como represalia por las salvaguardias que las autoridades económicas
brasileñas fijaran sobres las manzanas, ajos y pescado de origen argentino en el mes de
febrero. Protestaron, argumentando que la Argentina no era productora de bananas y café,
y por ende no podía invocar la cláusula del estatuto de la ALADI que autoriza la
colocación de salvaguardias para proteger la industria nacional. Por su parte, el
embajador argentino en Brasil, Rafael Vázquez, justificó la medida sosteniendo que la
misma apuntaba a reducir el fuerte déficit de la balanza comercial argentina (7).
Ante las dificultades evidenciadas en el frente comercial bilateral,
los días 19, 20 y 21 de mayo de 1985 se reunieron en Buenos Aires los cancilleres
argentino y brasileño, Dante Caputo y Olavo Setúbal. En esa ocasión, Setúbal anunció
la intención de ampliar las compras de trigo, petróleo y gas, en respuesta a las
proposiciones formuladas por el canciller argentino, como forma de compensación por las
restricciones en la compra de los otros productos argentinos. Por otra parte, Setúbal
expresó su "preocupación" por "la militarización de la región de las
islas Malvinas", y manifestó coincidencia con su colega argentino respecto de una
solución política al problema planteado por el bloqueo norteamericano a Nicaragua. En el
tema de la deuda, en cambio, mostró su disidencia con el gobierno argentino,
pronunciándose por el tratamiento caso por caso (8).
Fue poco después que el presidente Sarney tomara la decisión, en
reunión con algunos de sus ministros, de convertir a la Argentina en el principal socio
comercial brasileño (9). Así, en la tercera semana de julio de 1985, el ministro
interino de Relaciones Exteriores de Brasil, Paulo de Tarso Flexa de Lima, y el secretario
de Comercio argentino, Ricardo Campero, convinieron la prórroga del Acuerdo de Alcance
Parcial Nº 1 (que vencía el 30 de junio) hasta el 31 de diciembre; y el compromiso de
Brasil de adquirir hasta julio de 1986 un volumen de 1.375.000 toneladas de trigo (contra
800.000 toneladas en el año 1984), y petróleo y derivados por cantidades similares. Por
este acuerdo, quedaron parcialmente satisfechas las demandas argentinas de equilibrar la
balanza comercial y las brasileñas de no reducir las exportaciones (10).
Pero el paso más trascendente en la exploración de nuevos caminos de
cooperación con Brasil fue, sin duda, el encuentro que tuvo lugar a fines de noviembre de
1985 entre los presidentes de la Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, en
Foz de Iguazú, calificado como "histórico" por ambas partes. En dicha
ocasión, los dos mandatarios firmaron la Declaración de Iguazú, documento que
explicitaba las posiciones convergentes de ambos gobiernos respecto de temas tales como el
Consenso de Cartagena, el Grupo de Apoyo a Contadora, la creación de una Zona de Paz y
Cooperación en el Atlántico Sur, y la posición argentina de defensa de sus derechos
soberanos sobre las islas Malvinas en la ONU (11).
Como señala Mónica Hirst, para las autoridades del Palacio San
Martín, la asociación con el país vecino era un instrumento para romper su marginación
política y económica en el ámbito internacional. En particular, la diplomacia radical
procuró desde un primer momento la concertación de posiciones con Brasil en temas
entonces considerados prioritarios como el endeudamiento externo, la cuestión de las
Malvinas y la crisis centroamericana. En el diseño de la Cancillería brasileña, la
aproximación con la Argentina permitía desactivar una hipótesis de conflicto heredada
del pasado. A su vez, tanto para Itamaraty como para el Palacio San Martín, la
eliminación de las hipótesis de conflicto constituía un paso obligado para consolidar
un espacio de autonomía y prestigio en el sistema internacional (12).
No obstante, la convergencia de intereses no implicaba la negación de
los obstáculos concretos que pesaban -y pesan- en la relación Argentina-Brasil,
derivados de la diferencia en los niveles de desarrollo económico. La presencia de dichos
obstáculos fue reconocida por el propio presidente Alfonsín, quien sostuvo que "la
armonización de políticas entre ambos países no implica la homogeneización de sus
respuestas (13)". De todos modos, el paso dado por ambos gobiernos fue de enorme
importancia para el proceso de integración bilateral que se inició formalmente meses
después.
Además, en el encuentro presidencial de Foz de Iguazú, ambos
mandatarios suscribieron, el 30 de noviembre de 1985, la Declaración Conjunta sobre
Política Nuclear, por la cual reafirmaban los propósitos pacíficos de sus respectivos
programas nucleares y decidían intensificar la cooperación mutua en ese campo, medida
que apuntaba a desactivar las presiones internacionales provenientes de las potencias
nucleares (14). También se creó una comisión bilateral para la integración de los dos
países, constituyendo tres grupos de trabajo: uno dedicado a temas económicos, otro para
transporte y comunicaciones, y otro para ciencia y tecnología (15).
Tras el importante impulso político que los presidentes argentino y
brasileño otorgaron a la cooperación bilateral al firmar la Declaración de Iguazú, en
junio de 1986 los gobiernos de la Argentina y Brasil lanzaron el Programa de Integración
y Cooperación Económica (PICE). En el corto plazo, este programa tenía como objetivos
reducir los desequilibrios comerciales bilaterales y promover una recuperación de los
flujos de comercio a los niveles alcanzados antes de la crisis externa de principios de la
década de 1980. En el largo plazo, pretendía estrechar aún más los vínculos
económicos entre ambos países (16).
Tanto en el caso argentino como en el brasileño, la agencia estatal
desde donde partió la iniciativa política del PICE fue el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Para las autoridades del Palacio San Martín, la posibilidad de la
integración con Brasil estaba esencialmente vinculada a la necesidad económica de
superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, impulsando una
apertura exportadora estimulada por asociaciones preferenciales. En cambio, para las
autoridades de Itamaraty, las motivaciones que impulsaron el acercamiento con la Argentina
fueron primordialmente políticas: el interés por asegurar mayor estabilidad en el
Atlántico Sur, especialmente después de la crisis de Malvinas. Las motivaciones
económicas fueron secundarias y apenas un reducido grupo de burócratas brasileños
percibió la construcción de un mercado ampliado con la Argentina como un proyecto
ventajoso para Brasil (17).
Tras el lanzamiento del PICE, en julio de 1986 tuvo lugar el encuentro
de los presidentes Alfonsín y Sarney en Buenos Aires, donde suscribieron el Acta de
Integración y Cooperación Argentino-Brasileña y 12 Protocolos bilaterales. El Acta
establecía como objetivos el estímulo a la integración intrasectorial (evitando la
especialización de las economías), el equilibrio cuantitativo y cualitativo del
intercambio comercial, la modernización tecno-industrial, y una localización más
eficiente de los recursos en las economías de ambos países (18). Por su parte, los 12
Protocolos abarcaban los siguientes temas: intercambio de bienes de capital, proyecto de
producción y distribución de trigo, complementación del abastecimiento alimentario,
expansión del comercio, empresas binacionales, asuntos financieros, fondo de inversiones
para la promoción del crecimiento económico, energía, biotecnología, establecimiento
de un centro argentino-brasileño de altos estudios económicos, accidentes nucleares y
emergencias radiológicas, y cooperación aeronáutica (19).
Como ocurrió en el caso de la Declaración de Iguazú de 1985, estos
protocolos se inscribieron en una coincidencia amplia de políticas internas y externas
por parte de las diplomacias argentina y brasileña. Así, la Argentina apoyó la
iniciativa brasileña de declarar el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación.
Respecto de esta iniciativa, la motivación principal de las autoridades de Buenos Aires
fue contrarrestar la militarización del área por parte del gobierno del Reino Unido,
mientras que el gobierno brasileño impulsó esta iniciativa como un medio para fortalecer
la credibilidad política de su política exterior de proyección africana (20). En el
plano de las coincidencias de políticas internas, la preocupación de ambos gobiernos era
consolidar los procesos de democratización, evitando tensiones externas que pudieran
afectar su estabilidad. En este sentido, los protocolos procuraron reforzar el camino
iniciado en el histórico encuentro de Iguazú y, al incluir expresamente los acuerdos
nucleares, concretaron lo que Jorge Grandi llama "disuasión desarmada", es
decir, la realización de actividades conjuntas en materia nuclear que quitaran espacio a
las especulaciones sobre fabricación de bombas en la Argentina y Brasil (21).
Por cierto, desde la firma de los doce Protocolos de cooperación entre
la Argentina y Brasil, el proceso de integración no ha dejado de avanzar, aunque con
ritmos diferentes en las distintas áreas. El terreno donde se dieron los mayores
progresos fue el de la cooperación en materia nuclear y de seguridad. Ello se debió al
cambio de régimen en ambos países, y a la mutua necesidad, por un lado, de otorgar una
imagen de confiabilidad en el exterior y, por otro, de cerrar cualquier fantasma de
hipótesis de conflicto regional. En cambio, los negociadores argentinos y brasileños
encontraron mayores dificultades para avanzar en los protocolos vinculados a cuestiones
económicas, dada la asimetría existente en el nivel de desarrollo de ambos países y la
multiplicidad de intereses en juego.
En un principio, las expectativas de los gobiernos de Alfonsín y
Sarney respecto de los alcances de la cooperación nuclear no fueron coincidentes.
Mientras las autoridades argentinas promovían un acuerdo de salvaguardias recíprocas,
las brasileñas preferían la tesis de la seguridad mutua a través de la cooperación
intensiva. Finalmente, las últimas lograron hacer prevalecer su criterio, que fue el que
orientó los acuerdos referentes a la cooperación nuclear entre ambos países (22).
Entre los progresos realizados en materia nuclear y de seguridad por la
Argentina y Brasil cabe destacar, en octubre de 1986, la aprobación, por parte de la
Asamblea General de la ONU, de la resolución A / XLI-11. Dicha resolución, basada
originalmente en un proyecto de Brasil, copatrocinado por Argentina, Angola, Cabo Verde,
Congo, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe y
Uruguay, dispone la creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, con
el objetivo de prevenir la militarización de la región y mantenerla fuera del conflicto
de las superpotencias (23).
A decir verdad, la cooperación técnico-científica bilateral en
materia nuclear se registró desde mucho antes del advenimiento de la democracia en ambos
países -ya en la década del 70 funcionaba un proyecto de cooperación nuclear
entre las corporaciones científico-técnicas de los dos países; y en 1979 se firmó un
acuerdo de cooperación nuclear entre los regímenes militares de la Argentina y Brasil-.
Pero, como señalan Hirst y Bocco, la Declaración Conjunta de Brasilia en Materia
Nuclear, firmada en diciembre de 1986 por Alfonsín y Sarney, durante la visita del
primero a Brasil, le otorgó un nuevo sentido político a la cooperación en ese ámbito,
comprometiéndola con el binomio integración y democracia, y otorgándole un nuevo
dinamismo bajo la coordinación de los organismos responsables de la política nuclear en
ambos países: la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina (CNEA) y la
Comisión Nacional de Energía Nuclear en Brasil (CNEN) (24).
En este encuentro presidencial de Brasilia, se agregaron a los 12
Protocolos ya firmados otros 5, que incluían cooperación nuclear, siderurgia,
comunicaciones, transportes marítimos y transportes terrestres. El Protocolo de
cooperación nuclear detallaba campos de cooperación, tales como: el desarrollo de
elementos combustibles de bajo enriquecimiento para reactores de investigación, el
intercambio y desarrollo de instrumentación nuclear, la investigación en materia de
fusión nuclear, la cooperación y complementación en la implementación del sistema de
salvaguardias de la Asociación Internacional de Energía Atómica (AIEA), el
establecimiento de diez proyectos conjuntos en el área de la seguridad nuclear y de la
protección radiológica, con miras a la defensa del medio ambiente y la preservación de
la salud de la población. También se previó el establecimiento de un proyecto conjunto
para el desarrollo de las tecnologías necesarias para la construcción de la futura
generación de reactores nucleoeléctricos (fast breeders), estimándose la
construcción de un prototipo para el año 2010 (25). Para demostrar la implementación de
la política acordada, en julio de 1987 se concretó la visita del presidente Sarney a la
usina argentina de Pilcaniyeu, y los presidentes argentino y brasileño firmaron la
Declaración Conjunta de Viedma en Materia Nuclear (26).
Asimismo, durante su viaje a Brasil en abril de 1988, Alfonsín visitó
la planta nuclear de Aramar, ubicada en la localidad de Iperó, y firmó la llamada
Declaración de Iperó. A través de este documento, calificado por el presidente
argentino como "histórico en serio", ambos países declararon su compromiso de
utilizar la energía con fines pacíficos. Además, decidieron perfeccionar los mecanismos
bilaterales de cooperación política y técnica, y transformar en Comité Permanente el
Grupo de Trabajo Conjunto de Energía Nuclear creado en Iguazú en 1985. Por cierto, todas
estas medidas estuvieron destinadas a fortalecer las posiciones de ambos países frente a
las presiones externas -principalmente las norteamericanas-, para que la Argentina y
Brasil firmaran el Tratado de No Proliferación y sometieran sus programas nucleares a
agencias de control internacional (27).
Frente a los avances en el ámbito de la cooperación nuclear, los
registrados en el terreno militar fueron modestos. Entre ellos podemos mencionar las ya
tradicionales prácticas de ejercicios navales conjuntos, como la VII Operación Fraterno
-que tuvo lugar entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre de 1985
(28)-, y la organización del Primer Simposio de Estudios Estratégicos
Argentino-Brasileños, por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
argentinas y el Estado Mayor General de Brasil (29).
Por otro lado, quedaba pendiente la formalización de un protocolo
vinculado a la industria automotriz. Así, durante el encuentro Alfonsín-Sarney en
Brasilia, de diciembre de 1986, el documento fue elaborado pero no llegó a firmarse, pues
la parte argentina exigió mayores especificaciones sobre las compensaciones, frente a las
asimetrías de costos entre las industrias automotrices argentina y brasileña (30). Tras
numerosas idas y venidas, finalmente en abril de 1988 fue firmado el Protocolo automotriz,
cuyos puntos básicos fueron: reducción a cero de los aranceles de importación y
suspensión de restricciones no arancelarias; cupos máximos de exportación para cada
país de 5000 automóviles para 1989 y de 10.000 para 1990; y cupo global de intercambio
de 150 millones de dólares para 1989 para partes, piezas y componentes. Este acuerdo
demostró el predominio de los intereses del sector transnacional de la industria
automotriz y de autopiezas, al acordarse una política de cuotas anuales de intercambio de
vehículos acabados junto a las autopiezas correspondientes, discriminados en listas
comunes. Para la industria de autopiezas argentinas, la principal ventaja del acuerdo
logrado fue la supresión de las restricciones no arancelarias en su intercambio con
Brasil, lo que en la práctica significó librarse de un impuesto sobre operaciones
financieras del 25% (31).
Una nueva manifestación de la voluntad política de los gobiernos de
la Argentina y Brasil de avanzar en el proceso de integración a pesar de sus obstáculos
fue la firma, el 29 de noviembre de 1988, del Tratado de Integración, Cooperación y
Desarrollo, que tuvo lugar durante la visita del presidente Sarney a Buenos Aires. La
firma de este tratado tenía un profundo sentido político al ampliar el alcance de los
acuerdos, transformar el proceso de integración en un compromiso permanente para los dos
países, e intentar revertir la pérdida de dinamismo en el proceso de cooperación
económica. Para lograr lo último, se contemplaban dos fases diferenciadas: una, de
remoción gradual de barreras arancelarias y armonización de políticas aduaneras,
comercio interno y externo y políticas en materia monetaria, fiscal, cambiaria y de
capitales; y otra, de armonización del resto de las políticas necesarias para la
conformación de un mercado común. El segundo factor de relevancia de este tratado fue el
de abrir la incorporación de Uruguay al proceso de integración argentino-brasileño
(32).
Además del tratado, ambos gobiernos suscribieron el Protocolo Nº 23,
denominado Regional Fronterizo, que fijaba los lineamientos para una mayor integración
física, económica y cultural entre los estados brasileños de Río Grande do Sul, Santa
Catarina y Paraná, y las provincias argentinas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe. También este protocolo contemplaba el establecimiento de
Comités de Frontera en las ciudades de Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, Uruguayana y Paso
de los Libres (33). Asimismo, se firmaron ampliaciones de los protocolos ya existentes,
correspondientes a bienes de capital, expansión del comercio, transporte terrestre y
regional, así como nuevos acuerdos en los campos de industria alimenticia, siderurgia,
empresas binacionales y actividad cultural.
Cabe destacar, en primer término, la importancia del anexo al
protocolo de expansión comercial, por el que se establece un criterio alternativo para la
definición del equilibrio dinámico del intercambio bilateral. Los acuerdos de 1986
habían tenido por objetivo el de incrementar el intercambio compensado, con reducción
equilibrada de los aranceles para mantener una balanza comercial sin grandes
desequilibrios. No obstante, en 1988 el saldo de la balanza siguió reflejando un
importante desequilibrio comercial en favor de Brasil, que alcanzó un monto cercano a los
400 millones de dólares (esta era la cifra máxima acordada, luego de la cual se preveía
que ambos países analizaran mecanismos para equilibrar el comercio). Esta situación de
desequilibrio tuvo un impacto negativo en la Argentina, donde se realizó un debate sobre
los beneficios y desventajas de la integración. Russell destaca que este debate no tomó
en consideración dos hechos importantes: a) que desde el inicio del proceso de
integración se produjo una modificación cualitativa de las exportaciones argentinas a
Brasil, que pasaron de 80% de materias primas y 20% de productos manufacturados en 1986, a
60% y 40% aproximadamente en 1988; y b) que los desequilibrios se produjeron básicamente
en los productos no negociados. El criterio alternativo establecido en el anexo al
protocolo de expansión comercial, sin distinguir productos negociados de no negociados,
introdujo un nuevo mecanismo para hacer frente al desequilibrio comercial, al establecer
que cuando se verifique una tendencia al déficit comercial anual superior al 20% del
intercambio bilateral total, el país superavitario profundizará las preferencias para
los productos en el Acuerdo Parcial Nº 1 de la ALADI en quince puntos porcentuales, y el
país deficitario en cinco puntos porcentuales cuando el último formalice la
correspondiente solicitud (34).
Debe mencionarse también la firma del documento sobre empresas
binacionales que determinaba el cronograma de tareas para el grupo de trabajo bilateral
durante 1989. Este grupo, antes del 30 de junio de 1990, debía expedirse sobre el
estatuto que regiría la constitución y funcionamiento de las empresas
argentino-brasileñas, y, de este modo, contar con un marco jurídico para la acción de
dichas empresas. Vale recordar que un estatuto de este tipo demoró 16 años para
plasmarse en la CEE.
En tercer término, se destacó el acuerdo de los gobiernos de la
Argentina y Brasil con un proyecto integrado de complementación industrial y comercial
entre dos empresas privadas de cada país. El plan contemplaba una inversión de unos 150
millones de dólares, y consistía en la instalación de una planta reductora de hierro en
la Patagonia argentina -aprovechando las ventajas de gas natural-, y la instalación de
una planta de bobinados en caliente en Brasil.
Asimismo, fue importante la decisión adoptada por Alfonsín y Sarney
de iniciar en 1989 los estudios técnicos para construir el gasoducto binacional que
uniría San Jerónimo Norte (provincia de Santa Fe) con Porto Alegre (Estado de Río
Grande do Sul), en un plazo no mayor de tres años.
En quinto término, fue significativa la visita de Sarney a la planta
de reprocesamiento de uranio de Ezeiza, acto que constituyó una ratificación de las
políticas de buena voluntad en materia nuclear iniciada con anteriores visitas de ambos
presidentes a otras plantas hasta entonces secretas de la Argentina y Brasil. Además, el
29 de noviembre de 1988 se firmó un documento, denominado Declaración de Ezeiza, por el
cual ambos mandatarios se comprometieron a continuar impulsando distintos proyectos
conjuntos y el intercambio de informaciones, experiencias y visitas técnicas como medio
de asegurar el perfeccionamiento definitivo de los mecanismos de cooperación y su
perdurabilidad. No obstante, como señala Mónica Hirst, el frenético ritmo otorgado a la
cooperación argentino-brasileña en el campo nuclear en esta etapa resultó
contradictorio con las condiciones reales de expansión de los programas nucleares en
ambos países, seriamente condicionados por la escasa disponibilidad de materiales, y,
particularmente en el caso argentino, por la crisis energética que debió padecer la
administración radical en el último tramo de su gobierno (35).
Como punto final a las reuniones de Alfonsín y Sarney en Buenos Aires,
el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, fue invitado a firmar un acuerdo sobre
transporte terrestre y documentos tripartitos complementarios de los acuerdos reseñados.
En ellos se puntualizaba la decisión de los tres presidentes de continuar con el proceso
de integración, y de analizar las modalidades y condiciones específicas para la
asociación de Uruguay a esta nueva etapa, a través de la oportuna suscripción de los
correspondientes instrumentos legales.
En el ámbito estrictamente político de la agenda bilateral, merece
destacarse por último la negativa del gobierno de Brasilia en marzo de 1989 a autorizar
al carguero "Indiana I", que llevaba mercaderías a las islas Malvinas, a
recalar en un puerto brasileño. El canciller Caputo destacó este gesto como una muestra
de solidaridad latinoamericana hacia la Argentina en su disputa con Gran Bretaña por la
soberanía de las islas Malvinas (36).
NOTAS
Mónica Hirst, "La política exterior de Brasil en 1986: continuidad y cambio", en H. Muñoz (comp.), op. cit., p. 63; y Mónica Hirst, "Continuidad y cambio del programa de integración Argentina-Brasil", FLACSO, Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales, Nº 108, Buenos Aires, diciembre de 1990, pp. 41-42.
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