Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Chile
Por cierto, en las relaciones con Chile existieron tres temas
generadores de fricciones: la violación a los derechos humanos en el país trasandino, la
continuidad de la posición pro-británica adoptada por el régimen de Pinochet respecto
de la cuestión de las islas Malvinas, y finalmente la persistencia del diferendo
limítrofe en torno al canal de Beagle.
La violación a los derechos humanos por parte del régimen militar
chileno provocó una reacción en el Congreso argentino. Así, por ejemplo, el diputado
intransigente Raúl O. Rabanaque envió a la Cámara Baja en las sesiones del 9 y 10 de
agosto de 1984 un proyecto de resolución que tenía por objetivo
(...) Solidarizarse con las luchas del pueblo chileno, y por ello dirigirse al gobierno de Chile con el fin de solicitarle la libertad de todos los presos políticos y gremiales de ese país como paso necesario para la ansiada democratización en los países de América Latina (1).
Asimismo, con motivo de hechos de violencia ocurridos en Chile durante
los primeros días de septiembre de 1984, el 13 de ese mes fueron presentados dos
proyectos de declaración ante el Senado argentino. El primero, auspiciado por los
senadores radicales Luis León, Antonio Nápoli, Héctor Velázquez y Edison Otero,
repudiaba al régimen militar chileno y su política de violación a las garantías y
derechos democráticos, ratificando a la vez su solidaridad con el pueblo chileno (2). El
segundo, presentado por otro grupo de senadores radicales, José Flasone, Antonio
Berhongaray y Luis A. Brasesco, repudiaba los hechos de violencia ocurridos en Chile y la
violación a los derechos humanos perpetrada por el gobierno de Pinochet (3).
Por otro lado, la cuestión de las islas Malvinas se mantuvo vigente en
la agenda bilateral debido principalmente a dos factores: la decisión del gobierno
chileno de reanudar el comercio con el archipiélago, y la revelación de la existencia de
un pacto secreto entre el régimen de Pinochet y la administración conservadora de
Margaret Thatcher durante el conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña por dichas islas
(4).
La decisión del gobierno de Pinochet de reanudar el comercio con
Malvinas motivó en julio de 1984 una nota de protesta entregada al embajador chileno,
Arturo Fontaine Aldunate. En dicha nota, las autoridades argentinas reclamaron por el
comercio existente entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas,
sosteniendo que la actitud chilena rompía la "solidaridad latinoamericana", y
resultaba negativa en momentos en que la Argentina y Chile reanudaban negociaciones por la
cuestión del canal de Beagle. El gobierno chileno respondió que apoyaba los reclamos
argentinos de soberanía en el archipiélago, y que tomaría todas las medidas a su
alcance con el objeto de disuadir a los particulares de realizar cualquier actividad
comercial con los malvinenses (5).
La actitud chilena tuvo repercusión en el Congreso argentino. En las
sesiones del día 8 de agosto en la Cámara Alta, el senador radical Luis León presentó
un proyecto de declaración expresando su enérgica protesta por "la actitud del
gobierno chileno de mantener relaciones comerciales con el colonialismo usurpador",
con lo cual se demostraba que "las dictaduras en Latinoamérica siguen siendo un
peligro para la paz y una negación permanente a la vocación integradora de los pueblos
(6). A su vez, a principios de diciembre, el diputado del PJ Luis Casale presentó un
proyecto de resolución, solicitando al Ejecutivo informes respecto de la inusual compra
de harina vitaminizada y cemento argentinos por parte de Chile, con el objetivo de
abastecer las necesidades de la guarnición inglesa en las islas Malvinas (7).
Cuando en enero de 1985 se conoció información sobre la existencia de
un pacto secreto entre el régimen de Pinochet y la administración conservadora de
Margaret Thatcher durante el conflicto de Malvinas, el canciller Caputo trató de restarle
importancia, arrojando una sombra de duda sobre su veracidad, en una estrategia destinada
a evitar que los "halcones nacionalistas" del lado argentino, chileno o
británico explotaran esa información con el fin de empantanar las gestiones apuntadas a
cerrar el conflicto limítrofe con Chile (8). Por su parte, el director de Política
Bilateral de la cancillería chilena, José Manuel Ovalle, desmintió la existencia de un
pacto secreto chileno-británico, sosteniendo que durante la guerra de 1982 Chile observó
"estricta neutralidad (9)".
En cuanto al irresuelto diferendo en el canal de Beagle, desde un
primer momento el gobierno radical dio muestras de querer cerrar este frente de conflicto
con Chile heredado de los años de la dictadura militar. Así, poco tiempo después de
asumir la presidencia, el presidente Alfonsín definió esta cuestión como la
"prioridad número uno" de su gestión (10).
El primer paso importante en esta cuestión se concretó el 23 de enero
de 1984, cuando los cancilleres de la Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle,
firmaron en el Vaticano la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, un compromiso mediante
el cual manifestaron su intención de alcanzar una solución "justa y honorable"
al diferendo. La declaración fue incluso un poco más allá, ya que ambos gobiernos
expresaron su decisión de solucionar "siempre y exclusivamente por medios pacíficos
las controversias de cualquier naturaleza entre sus respectivos países (11)". Como
era de esperarse, del lado argentino el compromiso de paz con Chile recibió el completo
respaldo del radicalismo, el apoyo "condicionado" de la oposición
justicialista, y la abierta oposición de los sectores de la derecha nacionalista (12).
Decidido a cerrar definitivamente un conflicto que en el pasado había
llevado a la "casi guerra" con Chile, a principios de junio de 1984 Alfonsín
propuso a los distintos dirigentes de los partidos políticos la firma de un Acta de
Coincidencias, cuyo artículo 11º, referido a la cuestión del Beagle, afirmaba que
la aceptación de las sugerencias y propuestas del Papa Juan Pablo II sobre el Beagle -como marco de paz- permitirá resolver pacífica y definitivamente el litigio limítrofe con la hermana República de Chile, ratificar el principio bioceánico y nuestros derechos sobre la Antártida, y comenzar la consideración y aprobación de numerosos proyectos de complementación económica y social entre ambas naciones.
Esta Acta fue firmada el 7 de junio por 16 partidos políticos. Algunos
lo hicieron con reservas y otros -la Unión del Centro Democrático (UCD), el Partido
Comunista (PC), el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Federal (PF)- la
rechazaron (13).
A esta altura de las circunstancias, el gobierno radical era consciente
de que los pasos tendientes a cerrar el viejo diferendo limítrofe con Chile no serían
sencillos, y que las heridas podrían reabrirse ante la menor señal de mala voluntad de
una de las partes. En este sentido, el gobierno argentino sintió el cimbronazo que
representaron para el proceso de negociación las duras declaraciones del vicecanciller
chileno, Sergio Covarrubias. Este, cuyas palabras fueron difundidas por los diarios
argentinos el 26 de junio, sostuvo que "en la cuestión del Beagle no se tenía en
cuenta el principio biocéanico y que a su país le interesaba la proyección sobre el
océano Atlántico". Al negar el principio biocéanico y afirmar la proyección
atlántica de Chile, el vicecanciller chileno conformó a los nacionalistas trasandinos,
pero exacerbó la sensibilidad de los que estaban del otro lado de la cordillera. Las
duras expresiones de Covarrubias tuvieron un rápido eco parlamentario, ya que motivaron
la presentación de sendos proyectos de declaración de repudio por parte de los diputados
peronistas José Luis Manzano e Ignacio Cardozo, y de su colega de bancada Florencio
Carranza (14).
Por cierto, este incidente, a pocos meses de haber firmado el
compromiso de Paz, convenció al presidente Alfonsín y a otros funcionarios del gobierno
de que había que buscar una estrategia que cerrara definitivamente las hipótesis de
conflicto estimuladas por los sectores nacionalistas de uno y otro lado de la cordillera.
La respuesta fue la iniciativa de la consulta popular, que reforzaría la imagen interna y
externa del gobierno radical y pulverizaría de una vez por todas los reparos de los
sectores que, en nombre del "interés nacional" impedían cerrar el histórico
diferendo con Santiago.
Así, el 25 de julio de 1984 el presidente Alfonsín convocó
oficialmente a todos los ciudadanos a expresar su opinión respecto de la firma o no de un
tratado de paz con Chile por medio de una consulta popular y no vinculante, en los
siguientes términos:
(...) Queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile. (...)
La solución al diferendo del Beagle no sólo constituiría el final de un antiguo litigio sino además, y sobre todo, un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina con rapidez. Me refiero, precisamente a ese proceso de integración que señalé al comienzo de mis palabras, y que, en los próximos años puede y debe acelerarse como condición vital para defender nuestros intereses y sentar las bases de la prosperidad para todos nosotros (15).
Según Passarelli, si el gobierno de Alfonsín realmente tuvo desde un
primer momento la expresa voluntad de cerrar el diferendo limítrofe por el canal de
Beagle, el paso adoptado resulta de difícil explicación, en tanto la expresa
determinación del gobierno radical de cerrar el conflicto con Chile habría sufrido un
importante traspié en el hipotético caso de que el grueso de la ciudadanía hubiera
optado por el "no" en aquella consulta (16). En realidad, y tal como sostienen
Russell y Paradiso, varias razones de política interna explicaban y justificaban la
decisión del primer mandatario: a) el virtual agotamiento de la vía de la mediación
vaticana, que le posibilitaba a Chile la opción de recurrir a la Corte Internacional de
La Haya, una alternativa desfavorable para la Argentina; b) la necesidad de proyectar
hacia el exterior la imagen de una dirigencia racional y prudente, que además de levantar
la bandera de la solución pacífica de las controversias la pusiera en práctica -desde
el razonamiento de la administración radical, este factor a su vez otorgaría al gobierno
el prestigio externo y la "autoridad moral" necesarios para encarar de forma
similar la controversia con Gran Bretaña por Malvinas o sostener iniciativas en favor del
desarme global-; c) la incertidumbre respecto de los votos peronistas en el Congreso
cuando se discutiera la ratificación del tratado, y d) la convicción de que el voto
positivo de la ciudadanía cerraría definitivamente la cuestión, restando espacio tanto
a la acción desestabilizadora de grupos ultranacionalistas, como al uso intencional del
diferendo por parte de la oposición en función de la política interna (17).
Por cierto, la convocatoria de Alfonsín a la consulta popular generó
un intenso debate político tanto en las fuerzas del oficialismo como en las de la
oposición. Russell afirma que este debate estuvo centrado en torno a tres puntos: la
conveniencia de aceptar o no la propuesta de tratado definitivo; la constitucionalidad de
la consulta; y la oportunidad de la firma del tratado, debido a que se ponía en tela de
juicio la capacidad jurídica de la dictadura de Pinochet para cerrar un conflicto de
larga data (18).
Dentro de las fuerzas de oposición, cabe distinguir aquellas que
aceptaron la iniciativa de la consulta popular -casos de la Unión del Centro Democrático
(UCD) y del Partido Comunista argentino (PC)-, las que la aceptaron con fuertes reservas
-caso del Movimiento Al Socialismo (MAS)-, y las que la rechazaron -casos del Movimiento
de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Federalista de Centro (FPC) y otros grupos
de corte ultranacionalista como el Movimiento de Afirmación por la Soberanía, liderado
por el ex vicepresidente Isaac Rojas-. A su vez, el principal partido de oposición, el
peronismo, adoptó una particularmente ambigua posición frente a la consulta, cuyo
análisis merece una consideración aparte (19).
Por cierto, la convocatoria presidencial a una consulta popular
respecto de la firma o no de un tratado de paz con Chile contribuyó a agudizar la
fragmentación interna que el partido justicialista venía acusando desde su derrota
electoral en 1983. Así, la mayoría de los dirigentes peronistas como el ex candidato
presidencial Italo Luder, el gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem, Carlos
Ruckauf, o legisladores como los diputados Adam Pedrini y Julio Bárbaro o el senador
Deolindo Bittel favorecieron el "sí" a la propuesta papal e incluso aceptaron
la convocatoria a la consulta popular lanzada por el oficialismo. En cambio, la derecha
peronista, que pretendía concesiones de Chile ya imposibles de alcanzar en los últimos
tramos de la mediación vaticana; y los sectores de izquierda del partido, que por una
cuestión de principios se oponían a negociar con la dictadura militar chilena, se
pronunciaron a favor del "no (20)".
Pero, como comenta Russell, optar por el "sí" o por el
"no" no constituía en ese momento una decisión sencilla para los dirigentes
peronistas. Elegir el "sí" implicaba quedar "pegado" al oficialismo;
en cambio, optar por el "no" podía acarrear al justicialismo una nueva derrota
en las elecciones parlamentarias de 1985 e implicaba para los dirigentes peronistas una
antipática identificación con figuras como las del general Luciano Benjamín Menéndez
-el mismo que impulsara la "casi guerra" con Chile de fines de 1978- o el
almirante Isaac Rojas -creador del Movimiento de Afirmación de la Soberanía (MAS) (21)-.
Dado el incómodo dilema que provocaba en el justicialismo el
lanzamiento de la consulta, el Consejo Nacional del partido y el grueso de los
legisladores peronistas adoptaron una actitud intermedia entre el "sí" y el
"no", e intentaron frenar la iniciativa del oficialismo apelando a una serie de
argumentos e iniciativas. El primero de ellos tuvo lugar a pocos días del lanzamiento de
la consulta popular por parte del oficialismo. Así, el 30 de julio de 1984, el Consejo
Nacional y los bloques de diputados y senadores justicialistas solicitaron a través de un
comunicado conjunto que la consulta debía ser producto de una decisión parlamentaria y
debía incluir la cuestión de la deuda externa. Asimismo, el texto del comunicado
reivindicaba el principio bioeánico y la proyección atlántica de la Argentina y
subrayaba que los miembros del Congreso debían adoptar "todos los recaudos para que
el pueblo argentino no sea sorprendido en su buena fe mediante falsas consignas que
encubran una claudicación (22)".
La aparición de este comunicado generó una rápida respuesta en las
filas oficialistas. Así, en su discurso en el almuerzo mensual de la Cámara Argentina de
Anunciantes del día 2 de agosto, el canciller Caputo replicó los argumentos
nacionalistas utilizados por la oposición, sosteniendo que
no toda política exterior se reduce a los problemas territoriales (...) el objetivo principal es recuperar la credibilidad y la previsibilidad ante la comunidad internacional, porque de tal modo se defiende la soberanía nacional (...) es indispensable que cuestiones que deben ser resueltas con racionalidad no se perturben por la incidencia de factores emotivos, para lo cual es necesario terminar con una historia centenaria de ocultamientos (...) (23).
Ante la réplica radical, varios diputados de la bancada peronista
-entre ellos Diego Ibáñez, Julio Bárbaro y Adam Pedrini- presentaron a principios de
agosto su propio proyecto de consulta de carácter obligatorio, con el objetivo de evitar
ser acusados de "belicistas" por el oficialismo. A diferencia del proyecto de
consulta radical, la versión peronista debía realizarse luego de conocerse el contenido
de la propuesta papal y de la aprobación parlamentaria de las conclusiones de las
negociaciones con Chile. Además, la iniciativa peronista extendía la consulta a la
solución del pago de la deuda externa (24).
Pero la estrategia peronista se encontró con el escollo de la Iglesia.
Por esos mismos días, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento respaldando
la solución pacífica al diferendo con Chile, debido a que éste no podía seguir
"indefinidamente sin solución" y porque una solución a la disputa con Chile
"sería un ejemplo alentador para el mundo dividido por las guerras (25)".
Ante este traspié, un nuevo paso del justicialismo para trabar la
convocatoria radical fue el comunicado del 10 de agosto de 1984 del Comando Superior
Justicialista, firmado por Jorge Camus, Humberto Martiarena, Pedro Arrighi, Emilio
Mondelli y Juan Labaké, en el que se señalaba la disconformidad con la convocatoria
presidencial a la consulta popular por el Beagle, fundamentado en que la misma
"constituye un desconocimiento de los artículos 22 y 27, inciso 28 de la
Constitución Nacional, que implica colocar a la ciudadanía en un confuso estado
deliberativo (26)".
Días después, el 15 de agosto, comenzó a circular un borrador de un
documento titulado "Vote no o no vote", que invitaba a la formación de un
"Gran Frente Patriótico" destinado a impulsar el voto negativo o la abstención
en la consulta popular por el Beagle. Esta iniciativa contaba entre sus adherentes a los
peronistas Herminio Iglesias y Adam Pedrini, a los ex mandatarios militares Isaac Rojas y
Roberto Marcelo Levingston, al radical Mario Roberto, a los nacionalistas Raúl Puigbó y
Marcelo Sánchez Sorondo, al ex canciller Nicanor Costa Méndez y a otros dirigentes
centristas, liberales y federalistas, tales como Alejandro Herrera, Cecilio Jack Viera,
Enrique Gilardi Novaro, Fernando y Hugo Esteva, Radamés Marini, Ernesto Olmedo, Julio
Barbieri y Gerardo Palacios Hardy (27).
Ese mismo día 15 de agosto, el senador justicialista jujeño Humberto
Martiarena, dio un paso adicional al introducir en la Cámara Alta un proyecto de nulidad
de la consulta. Los argumentos que justificaban la nulidad eran básicamente dos: la falta
de respeto al "juego armónico de los poderes de la República", y la
improcedencia de "consultar a la opinión pública sin que ésta contase con los
elementos necesarios". El proyecto impulsado por Martiarena y avalado por su bloque
fue rechazado en el Senado el 23 de agosto, por el escaso margen de 25 votos contra 21
(28).
A fines de octubre de 1984, tuvo lugar un nuevo intento por obstruir la
iniciativa de la consulta, cuando el peronismo presentó su posición de "abstención
activa y militante" frente a la convocatoria oficial a la consulta popular fijada
para el 25 de noviembre (29). Además, el peronismo acusó al gobierno radical de
"embretar al pueblo argentino en una falsa opción de guerra o paz y en un
procedimiento consultivo ajeno a todas las tradiciones políticas y electorales del país
(30)".
Un último intento del justicialismo y de otras corrientes opositoras a
la iniciativa de la consulta se produjo a escasos días del pronunciamiento. Consistió en
la aparición de un documento por el "no" al tratado con Chile, firmado por una
serie de figuras provenientes del justicialismo (diputados Jorge Connolly, Julio César
Aráoz, senadores José Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente
Leónidas Saadi, Olijuela del Valle Rivas, Libardo Sánchez, entre otros); del radicalismo
(como Ramón J. A. Vázquez); de corrientes nacionalistas (Marcelo Sánchez Sorondo,
Ricardo Paz, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff, entre otros; y de la izquierda (Alicia
Moreau de Justo, Jorge Abelardo Ramos, entre otros) en el que los firmantes justificaron
su negativa porque "no creemos que esa paz deba fundarse sobre el inútil e injusto
despojo argentino, y el consiguiente desequilibrio que entraña la expansión chilena
(31)".
A pesar de todas estas iniciativas, la mayor parte de las figuras
importantes dentro del partido Justicialista se pronunciaron por el "sí" el
día 25 de noviembre -tales los casos de Italo Luder, el gobernador de La Rioja Carlos
Menem, el asesor del presidente Alfonsín Angel Federico Robledo, el dirigente sindical
Lorenzo Miguel y la ex presidente Isabel Perón (32)-.
Por cierto, la consulta popular del 25 de noviembre otorgó un rotundo
apoyo al gobierno radical para que éste cerrara el conflicto pendiente con Chile: 81,32%
de los votos a favor de la firma del tratado de paz con Chile, 17,08 % en contra y 1,09 %
en blanco (33). Junto a las figuras del peronismo mencionadas en el párrafo anterior,
finalmente también se pronunciaron a favor del acuerdo con Chile la gran mayoría de la
Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia
Cristiana, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, la Iglesia Católica y
numerosos sectores sindicales, empresarios y culturales. En cambio, la liberal Unión del
Centro Democrático dejó en libertad de acción a sus partidarios. Por su parte, los
opositores al acuerdo abarcaron un espectro ideológico sumamente heterogéneo, desde
sectores de la extrema derecha nacionalista (el ya citado Movimiento de Afirmación de la
Soberanía (MAS) liderado por el almirante Rojas) hasta partidos de la izquierda marxista
(como el Frente de Izquierda Popular -FIP- y el Movimiento al Socialismo -MAS-), pasando
por la derecha y la izquierda del peronismo y sectores minoritarios del propio partido
Radical, como el Núcleo Radical de Afirmación Territorial (NURAT) y la corriente
sabattinista (34).
Como ocurriera con los actos proselitistas previos a las elecciones de
octubre de 1983, otra vez la televisión ayudó al radicalismo. El debate televisivo entre
el canciller Caputo y el presidente del bloque justicialista en el Senado, Vicente
Leónidas Saadi, fue ampliamente favorable al primero, al punto que Juan Gabriel Labaké,
miembro del Comando Superior Peronista, afirmó: "Hemos quemado por segunda vez
consecutiva un ataúd ante las cámaras de televisión (35)". No obstante, además de
la televisión, contribuyeron al triunfo de la posición radical en la consulta popular la
negativa presencia de figuras asociadas al Proceso militar en el "Frente del
No", y sobre todo el enfático deseo de paz de la mayor parte de la ciudadanía.
Amparado en los favorables guarismos de la consulta popular, el
gobierno radical dio el paso final. El 29 de noviembre de 1984, los cancilleres de la
Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano el Tratado de
Paz y Amistad. Este acuerdo otorgaba a Chile la totalidad de las islas en disputa (Picton,
Nueva y Lennox y nueve islas de menor tamaño); fijaba en tres millas la extensión del
mar territorial chileno; delimitaba un área de explotación económica exclusiva;
convalidaba la delimitación establecida por el Tratado General de Límites de 1881, que
disponía la neutralización a perpetuidad del Estrecho de Magallanes y su libre
navegabilidad a buques de cualquier bandera; y rechazaba el uso de la fuerza, directa o
indirecta, para solucionar eventuales controversias futuras. Para lograr el último
objetivo, establecía como primera instancia un mecanismo de negociación bilateral
(Comisión de Conciliación) y, como segunda alternativa, el recurso a un Tribunal
Arbitral cuyas sentencias tendrían carácter obligatorio para las partes. Asimismo, el
acuerdo creaba una Comisión Binacional permanente con el objeto de intensificar la
cooperación económica y la integración física entre los dos países (36).
No obstante la firma del Tratado de Paz y Amistad, las relaciones
bilaterales se vieron nuevamente sacudidas por dos incidentes ocurridos en el siguiente
mes de diciembre. El gobierno argentino conoció la versión de que Chile había cedido el
islote Diego Ramírez a Gran Bretaña para su utilización como base de sistemas
misilísticos y radares, información que el ministro de Defensa chileno desmintió
categóricamente. Asimismo, en ese mes Gran Bretaña transfirió una de sus bases en la
Antártida a Chile, mediante un acuerdo firmado en Londres. Ambos actos provocaron las
críticas de los sectores nacionalistas argentinos y la presentación de un proyecto de
resolución el día 13, por parte del diputado del PJ Florencio Carranza, denunciando los
mismos como "una afirmación de pretensiones individuales y/o conjuntas sobre la
Antártida y las islas Malvinas (37)".
Por otra parte, resultó difícil al gobierno de Alfonsín conseguir el
apoyo necesario en el Congreso para la ratificación del tratado con Chile. La oposición
-y muy especialmente el peronismo- esperaba librar por el Beagle una batalla en el Senado
similar a la que había culminado con el rechazo al proyecto de reordenamiento gremial
impulsado por el oficialismo (38). Por cierto, el peronismo tenía mayoría en el Senado,
ámbito donde presentó una dura oposición, al punto que el convenio fue aprobado el 14
de marzo de 1985 por una diferencia muy estrecha: 23 votos a favor (los de los senadores
radicales -salvo la abstención de Luis León-, los de los senadores bloquistas, el del
autonomista-liberal correntino, el desarrollista y el proveniente de uno de los dos
populares neuquinos, Jorge Solana); 22 en contra (los de los 21 representantes de la
bancada peronista más el voto del otro representante del partido popular neuquino, Elías
Sapag); y 1 abstención -la ya mencionada del senador radical Luis León (39)-.
A pesar de la ratificación, el 19 de marzo la prensa argentina
reprodujo las expresiones vertidas por el jefe de la Marina chilena, almirante José
Toribio Merino, quien relativizó la importancia del acuerdo de paz firmado con las
autoridades argentinas. Estas expresiones motivaron la presentación en la Cámara Baja de
un proyecto de resolución del diputado del PJ Florencio Carranza, repudiando como
"falsa, agraviante y ahistórica" la opinión del jefe de la Armada chilena
(40). Asimismo, fue factor de fricción en ese mes de marzo, la conversación que
aparentemente tuvieron los presidentes Reagan y Alfonsín, durante la visita del último a
Washington, respecto de la necesidad del retorno a la democracia en Chile. Un vocero de la
Cancillería chilena advirtió a las autoridades de Buenos Aires que éstas se habían
comprometido a respetar los principios de no intervención en los asuntos internos de
otros estados y de autodeterminación de los pueblos (41).
No obstante estos roces, el 2 de mayo de 1985, el gobierno radical
logró concretar el último paso pendiente para cerrar el conflicto del Beagle: el
intercambio de ratificaciones del Tratado de Paz y Amistad, acto que se llevó a cabo en
el Vaticano. En dicha ceremonia, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle se
abrazaron delante del Pontífice. Las largas y trabajosas gestiones del Santo Padre
habían logrado poner fin al diferendo, a pesar de la oposición de los sectores
ultranacionalistas de uno y otro lado de la cordillera, y de los numerosos obstáculos
político-diplomáticos derivados de las diferencias ideológicas entre el régimen
democrático argentino y la dictadura chilena (42). Por el lado de Chile, las dudas
terminaron de disiparse cuando el 14 de mayo el gobierno de Pinochet promulgó como ley de
la nación el tratado argentino-chileno (43).
La solución del diferendo limítrofe permitió el avance en la
integración económica bilateral. Así, a principios de mayo de 1985, 500 empresarios
privados se reunieron en la ciudad de Mendoza, y el 19 de octubre del mismo año se
constituyó oficialmente la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración
Física entre Chile y la Argentina (44). Asimismo, en octubre tuvo lugar la firma de un
acuerdo para solucionar problemas surgidos en el tránsito de camiones a través de la
frontera, y de un convenio aduanero que establecía un formulario único para los
vehículos que transitaban entre los dos países. Poco después, en diciembre se
suscribía un convenio por el cual se evitaba la doble tributación en materia de
impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios, y sobre el capital y el patrimonio.
Sin embargo, el proceso de integración contemplado en el Tratado de
Paz de 1984 ha avanzado en forma más lenta de lo esperado, subsistiendo las críticas a
la integración por parte de sectores internos en ambos lados de la cordillera -tal el
caso de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile. La común preocupación de los
gobiernos argentino y chileno por la lentitud del proceso de integración bilateral quedó
expresada en las tres reuniones de la Comisión Binacional Argentino-Chilena, realizadas
en abril de 1986 en Buenos Aires; en abril de 1987 en Santiago de Chile, y a fines de
junio de 1988 en Buenos Aires. También tuvo lugar a fines de mayo de 1988 en la Argentina
el Primer Encuentro Binacional del Cono Sur Argentino-Chileno. En todas estas ocasiones se
pusieron de manifiesto las dificultades del proceso de integración, aunque no cabe duda
que la falta de similitud en los regímenes políticos de ambos países también
constituyó un obstáculo para la concreción de dicho proceso (45).
Por cierto, el gobierno de Alfonsín percibió con inquietud el
potencial "efecto demostración" del partido Comunista chileno -cuya plataforma
contemplaba "todas las formas de lucha" para reconquistar la democracia- en la
izquierda argentina y en ciertos sectores del peronismo. A su vez, las autoridades
chilenas no vacilaron en alimentar la sospecha de que los grupos insurgentes chilenos como
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez recibían abastecimiento desde la Argentina,
acusaciones que perturbaron el clima diplomático bilateral. En enero de 1986, dos altos
jefes de la policía chilena habían sostenido que tenían evidencias de actividades
"terroristas" y "subversivas" de chilenos que operaban desde la
provincia argentina de Mendoza, declaración que fue desmentida por el canciller Caputo
(46).
Por su parte, en mayo de 1986 el Servicio de Inteligencia Naval
argentino señaló que desde diciembre de 1983 se había detectado una "red de
espionaje chilena que operaba en Mar del Plata para obtener información relativa,
preferentemente a los submarinos que operan en esa zona". Ante esta situación, el
embajador chileno en la Argentina, Arturo Fontaine Aldunate, el 20 de mayo declaró su
disposición a colaborar con las autoridades argentinas para efectuar cualquier
aclaración respecto del caso de espionaje descubierto en la base de submarinos de Mar del
Plata (47).
No obstante estos inconvenientes, cabe señalar la creación en 1986 de
un Foro Permanente de Integración que agrupaba a "dirigentes políticos
democráticos" de los dos países. También debe mencionarse el respaldo del gobierno
de Pinochet a la posición argentina frente al establecimiento de una zona de exclusión
pesquera alrededor de las islas Malvinas (48).
Pero los problemas reaparecieron pronto. Durante la Reunión de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1987, la delegación argentina votó
un proyecto condenatorio hacia el régimen chileno, mientras que ese mismo mes y en ese
mismo ámbito multilateral, la Argentina contribuyó con su voto a trabar la moción
norteamericana que condenaba la violación de los derechos humanos por parte del régimen
castrista cubano. La posición adoptada por la diplomacia argentina fue calificada como de
"doble estándar" tanto por los sectores liberales de la dirigencia política
argentina como por las autoridades y la prensa trasandinas. Como gesto de repudio por esta
actitud, el gobierno de Pinochet hizo saber a las autoridades del Palacio San Martín que
no estaba dispuesto a participar de la firma de un documento recordatorio del Acta de
Montevideo, ceremonia que estaba prevista para abril de 1987 (49). Asimismo, el 11 de
septiembre de ese mismo año, el embajador argentino en Santiago, José M. Alvarez de
Toledo, estuvo fuera de Chile, en repudio de la celebración de un nuevo aniversario del
golpe que derrocara a Salvador Allende y llevara al poder al general Augusto Pinochet.
Incluso, la Cancillería argentina no dejó de manifestar su apoyo a la posición
boliviana en el reclamo a Chile por la salida al mar (50).
Con todo, a principios de mayo de 1988 se realizó en la capital
chilena el primer encuentro del mecanismo de consultas diplomáticas entre ambos países.
En dicha ocasión, el jefe de la delegación argentina, Alberto Ferrari Etcheverry,
intercambió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ernesto Videla
Cifuentes, puntos de vista respecto de la cuestión de los derechos humanos, la acción
del Grupo de los Ocho, y la crisis centroamericana. Si bien este encuentro no despejó -e
incluso evidenció- la existencia de fuertes divergencias en la agenda política
bilateral, constituyó un primer paso hacia el descongelamiento de las relaciones
político-diplomáticas entre Buenos Aires y Santiago (51).
Los roces volvieron a producirse durante el segundo semestre de 1988,
al registrarse una serie de declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno chileno,
como el procurador general Ambrosio Rodríguez, el fiscal militar ad hoc Fernando
Torres, y el cónsul chileno en Mendoza, Oscar Fuentes, acusando al gobierno de Mendoza de
"permitir actividades subversivas" de los guerrilleros chilenos. Ante estas
acusaciones, la Cancillería argentina convocó al embajador chileno en Buenos Aires,
Sergio Gaete, para que diera explicaciones sobre la imputación (52).
El clima conflictivo en las relaciones se mantuvo, debido al respaldo
del gobierno argentino al resultado del plebiscito que, a principios de octubre de 1988,
marcó el inicio del fin del régimen de Pinochet en Chile. Por cierto, y tal como
argumentaron algunos funcionarios de la Cancillería argentina, el resultado del
plebiscito, desfavorable a Pinochet, aparejaba dos consecuencias muy trascendentes para la
relación bilateral con la Argentina. En primer lugar, el triunfo del "No"
debilitaba las apetencias de los sectores "golpistas" de las Fuerzas Armadas
argentinas, y en segundo término, aseguraba una transición relativamente más pacífica
hacia la democracia en Chile, factor que a su vez contribuiría a mejorar la conflictiva
agenda política bilateral con Buenos Aires (53).
El 15 de octubre de 1988, el presidente Alfonsín recibió en Olivos al
titular del Comando por el No de Chile, Juan Somavia, y al dirigente de ese núcleo de
partidos políticos chilenos, Mariano Fernández, quienes le agradecieron al primer
mandatario radical el "apoyo" recibido por parte de la democracia argentina
"en horas tan decisivas para el pueblo chileno". Ese mismo día, Alfonsín
recibió una carta del dirigente político trasandino Ricardo Lagos E., en la que éste
señalaba que "los chilenos no olvidaremos jamás vuestra ayuda en tantos años de
dolor y, en especial, la que nos han brindado en estas horas decisivas muchos de sus
compatriotas (54)". También el mandatario argentino recibió a Hortensia Bussi de
Allende, viuda del ex presidente Salvador Allende, quien también le agradeció a
Alfonsín su respaldo al "No" contra la continuidad del régimen pinochetista
(55).
Diez días después, los dirigentes de la oposición chilena agrupados
en el Comando Nacional por el No (el demócrata cristiano Gabriel Valdez; el socialista
Ricardo Lagos; el representante del Partido Humanista Tomás Hirsch; el radical Enrique
Silva Cima y Luis Maira por la Izquierda Democrática) decidieron viajar a Buenos Aires
para entrevistarse con el presidente argentino Alfonsín, y luego sumarse a las
deliberaciones del Grupo de los Ocho que tuvieron lugar a fines de ese mismo mes en la
ciudad uruguaya de Punta del Este (56).
Como era de esperarse, la cuestión del plebiscito por el
"Sí" o por el "No" a la continuidad de Pinochet en Chile fue un
elemento que no pudo estar ausente en la disputa electoral entre el oficialismo y la
oposición justicialista conducente a las elecciones presidenciales de 1989. Asi, el
canciller Caputo no dudó en atacar la ambigua posición que el candidato presidencial
Carlos Menem adoptó en este tema -y que, para ser justos, también había adoptado su
contrincante radical, Eduardo Angeloz-. En su ofensiva verbal, Caputo sostuvo que Menem
"mandó una carta felicitando por el sí y otra carta felicitando por el
no ". La respuesta del entonces gobernador de La Rioja y candidato
presidencial por el justicialismo no se hizo esperar: haciendo alusión al respaldo que
Caputo recibió de Chile en la elección con la que accedió a la presidencia de la ONU,
Menem replicó que "a mí no me votó Pinochet, a Caputo sí (57)".
Por cierto, el triunfo del "No" a la continuidad del régimen
chileno facilitó la transición en el país vecino e incluso las relaciones políticas
bilaterales a mediano y largo plazo, pero ello no implicó la inexistencia de incidentes
diplomáticos en el corto plazo, como lo demostraron las declaraciones del cónsul chileno
en Mendoza, quien no tuvo traumas en sostener que "Mendoza es un lugar importante de
apoyo a la actividad subversiva en Chile (58)". Como se encargaría de demostrar la
detención de cinco ciudadanos chilenos pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez por
tenencia de armas y municiones de guerra en la localidad bonaerense de Escobar a
principios de enero de 1989, las acusaciones del diplomático chileno no eran infundadas
(59).
NOTAS
(...) frente a versiones periodísticas originadas en medios de difusión británicos, respecto de un eventual acuerdo secreto celebrado entre Chile y Gran Bretaña durante el conflicto de las Malvinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estima conveniente señalar que se trata de aseveraciones cuya responsabilidad corre por exclusiva cuenta de quien las emite (...) una vez más, afirmaciones de esta naturaleza, dirigidas a comprometer las relaciones entre Chile y la Argentina, se originan en medios británicos, precisamente al aproximarse el tratamiento, por el Honorable Senado de la Nación, del Acuerdo de Paz y Amistad firmado entre ambos países el 29 de noviembre de 1984.
"Para la Cancillería, se busca entorpecer las relaciones", Clarín, 25 de enero de 1985, p. 7.
(...) cuando se trata de nuestros hermanos argentinos siempre hay que pensar en la intencionalidad antes que en la letra (...) si ustedes recuerdan, desde el año 1856 estamos firmando tratados de paz, amistad y comercio con Argentina y cuando llega el momento de una situación realmente seria, como fue el laudo de 1977, Argentina lo desconoce.
Ver declaraciones del almirante Merino y proyecto de resolución del diputado Carranza repudiando dichas declaraciones, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 47ª, Abril 10 de 1985, Tomo XII: Sesiones extraordinarias (del 21 de marzo de 1985 al 16 de abril de 1985), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1986, pp. 7735-7736.
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